Importancia de la Argumentación Jurídica en la constitucionalidad y el Desarrollo Profesional del Derecho

Por José Ramón González Chávez

Importancia de la Argumentación Jurídica en la Constitucionalidad y el Desarrollo Profesional del Derecho

Por José Ramón González Chávez

El nuevo paradigma jurídico de tipo garantista adoptado por el sistema constitucional mexicano, exige a todo operador jurídico, actualizar la LEX, es decir, convertir en actos concretos el sentido profundo de Justicia y esta obligación sólo se satisface cuando para decidir la aplicación de cualquier norma del ordenamiento, el ejercitante de la abogacía ha meditado previamente acerca de la congruencia de la norma o instrumento jurídico respectivo con la Constitución, tenida esta en sentido tanto formal como material. No se trata entonces de una «aplicación mecánica» o literal, sino del resultado de una lectura y análisis reflexivos, y de una ponderación marcada por el conjunto de los principios contenidos en la norma.

Esto es en especial importante para el juzgador, quien debería dejar a un lado la simple aplicación de la norma en forma acrítica e incondicionada, y en su lugar, someterla al tamiz de la Constitución, garantizando así los preceptos fundamentales en ella consagrados. Allí radica, sustancialmente, el verdadero y actual sentido de legitimidad de la jurisdicción, una legitimación no equiparable a la que proviene de la representación política, derivada de la voluntad ciudadana (democracia electoral), sino relativa a la tutela de los derechos fundamentales consagrados, observados y protegidos, sobre los que se asienta la democracia sustancial (sentido democrático del Derecho).

Los principios constitucionales, tal como se entienden en el contexto y bajo el paradigma actual, son construcciones históricas incorporadas al Estado de Derecho para el funcionamiento de una sociedad democrática. Esta es la fórmula de la transición del Estado de Derecho de corte paleo positivista al Estado Constitucional de tipo garantista. Ninguna decisión, por mayoritaria o autoritaria que fuere, podría abrogarlos y si así se pretendiera aunque fuese por la vía legislativa o la mera subsunción, esta sería inconstitucional y por lo tanto el servidor público respectivo estaría obligado a su no aplicación.

De aquí que el Poder Judicial sea un factor esencial de la viabilidad y supervivencia del pacto jurídico político expresado en la Constitución, pues los jueces tienen sobre sus espaldas – en atención al mandato constitucional- la carga de sostener la vigencia y positividad irrestrictas de los derechos fundamentales y bajo control la actuación de servidores públicos e instituciones encargados de garantizarlos.

La Supremacía constitucional no es el resultado de la mera operación lógica al interior de un sistema de normas formales, sino de su afirmación incansable como criterio último de interpretación y como principio legitimador de las prácticas sociales.

La concepción de la Constitución como ordenamiento supremo, supone el reconocimiento de que su fuerza normativa reside en un conjunto de reglas jurídico políticas fundamentales que requieren ser interpretadas, aplicadas y garantizadas de manera sustantiva y primordial.

Una Constitución tiene carácter fundamental no sólo por la naturaleza de las prescripciones que contiene (coercitividad, obligatoriedad) sino por la convicción de los individuos y de los grupos regidos por ella, en cuanto a su importancia y a la necesidad de que sea aplicada efectivamente (validez).

De acuerdo al nuevo sistema constitucional, todos los organismos y funcionarios del poder público del Estado, tienen la obligación de someterse a la Constitución, consigna que adquiere una significación especial y debe caracterizar a cada uno de los actos que realizan en el ejercicio de sus respectivas competencias y jurisdicciones.

Cuando un tribunal constitucional (en nuestro caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación actuando en tal carácter) es instado a validar o a dictar decisiones que inciden en preceptos constitucionales, se requiere de extrema prudencia para lograr y preservar el equilibrio propio del Estado Constitucional entre derechos fundamentales y actuación de órganos y servidores públicos, al mismo tiempo, con la energía, oportunidad y claridad necesarias para que todos podamos constatar que la Supremacía de la Constitución no es una mera declaración retórica, sino una regla sustantiva básica y viviente.

Es así que el estudio, construcción, operación e interpretación de la norma fundamental deben hacerse siempre de modo que el conjunto de las normas constitucionales formen una unidad que obliga a contemplar cada una de ellas no como partes aisladas, sino como elementos integrantes de una totalidad o un sistema articulado de normas, principios y prácticas (enfoque sistémico).

Ante el problema concreto, la decisión jurídica que lo defina y resuelva presupone la comprensión de que al aplicar una cláusula constitucional se aplica la constitución toda. La argumentación, entonces, debe ser sistemática, teniendo en cuenta la realidad, el hecho social o acto concreto y, desde la perspectiva o desde el lugar del juzgador (ahora, a partir de las reformas constitucionales recientes, de todo servidor público de cualquier órgano del poder público en cualquier ámbito de gobierno), como si con cada caso se estuviera creando un precedente.

De ahí la importancia de la interpretación y la argumentación en la aplicación práctica y concreta del nuevo paradigma constitucional, verticalmente en todas las normas jurídicas independientemente de su naturaleza y jerarquía, y horizontalmente en todos los campos del quehacer jurídico.

Bibliografía:

  • Atienza, M. 2013. Curso de Argumentación Jurídica. España. Editorial Trotta.
  • Ferrajoli, L. 2005. Fundamentos de los Derechos Fundamentales. España. Editorial Trotta.
  • Ferrajoli, L. 2006. Garantismo, una Discusión sobre Derecho y Democracia. España. Editorial Trotta.
  • Galindo, 2009. E. Argumentación Jurídica: Técnicas de Argumentación para el Abogado y el Juez. México. Ed. Porrúa.
  • Pizorusso, A. 2007. Justicia, Constitución y Pluralismo. Lima Perú. Ed. Palestra.

Comandancia General del Ejército: Mando paralelo?

Por José Ramón González Chávez

Comandancia del Ejército Mexicano: Mando paralelo?

Por José Ramón González Chávez

El pasado 13 de marzo (efemérides de la firma de los tratados de Teoloyucan) en el campo marte el ejecutivo federal presidió acto mediático de presentación de la Comandancia General de las fuerzas armadas la ceremonia de designación del titular de la Comandancia General del Ejercito Mexicano.

Fue designado como titular de esta nueva área quien ocupara desde septiembre del año pasado el cargo de comandante de la IX Región Militar con sede en Acapulco, Guerrero, el general Eufemio Ibarra Flores, (quien quedó en su lugar?). Y antes estuvo en la Sección Séptima (S-7, Operaciones Contra el Narcotráfico-OCN), donde ocupó el cargo de Jefe de la Sección de Análisis y Estadística y en la extinta Procuraduría General de la República (PGR), ocupó el cargo de Director General de Intercepción en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud (FEADS).

Eufemio Ibarra Flores es originario de Tlaxiaco, Oaxaca, con 60 años de edad, es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra (ESG) y tiene la Maestría en Administración Militar, Seguridad y Defensa Nacional, misma que cursó en el Colegio de Defensa Nacional.

Antes:

Con anterioridad a la estructura pretendida, la Secretaría de la Defensa Nacional había conservado una estructura orgánica casi inamovible:

  • Estado Mayor de la Defensa Nacional;
  • Subsecretaría y Oficialía Mayor;
  • Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea;
  • Comandancia de la Fuerza Aérea;
  • Órganos del fuero de guerra;
  • Direcciones Generales;

Con esa estructura y organización la Secretaría de la Defensa Nacional cumplía una doble función:

  • Una como Secretaría de Estado;
  • Otra como Cuartel General Superior del Ejército;
  • Además, el Secretario de la Defensa Nacional tenía una triple función:
  • Como Secretario de Estado;
  • Como Alto Mando para ejercer el control conjunto del Ejército y la Fuerza Aérea;
  • Como Comandante del Ejército Mexicano.

Por qué?

El argumento para la creación de la nueva unidad administrativa, es que la Sedena “se encontraba inmersa en una centralización de funciones así como en un escalonamiento para interactuar con la Administración Pública Federal”.

Qué?

  1. En el ámbito administrativo lograr una gestión más ágil de la Sedena mediante la delegación de funciones hacía sus órganos administrativos y comandancias del ejército y fuerza aérea;

A través del Estado Mayor de la Defensa Nacional, se cumplirán funciones de un Estado Mayor conjunto (ejército – fuerza aérea) como sucede en la mayoría de los países, «aunque conservará su misma denominación por el sentido de identidad y pertenencia de sus integrantes”.

  • En el ámbito operativo, se homologa la estructura funcional del Ejército y de la Fuerza Aérea, aunque cada uno seguirá contando con su propia comandancia y su Estado Mayor, con las funciones que antes materializaba el Estado Mayor de la Defensa Nacional.

El pasado 3 de mayo el Estado Mayor de la Defensa Nacional (EMDN), elaboró un documento titulado “Reorganización de la SEDENA”, en el cual a la Comandancia del Ejército estarán adscritos los mandos de las 12 regiones, 46 zonas militares y 19 Bases Aéreas Militares. También las direcciones de infantería (con más de 50 mil elementos), caballería, artillería, arma blindada, policía militar (con 12 brigadas integradas por unos 36 mil efectivos), defensas rurales e ingenieros; además los cuerpos especiales integrados por militares altamente especializados.

Luego, el pasado 15 de junio el ejecutivo anunció que promoverá una reforma constitucional para que “el país tenga una democracia plena” y en el paquete va incluida la adición de la Guardia Nacional a la Sedena.

Posteriormente 19 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que “el apoyo más importante que ha recibido el gobierno que encabezo es el que me han brindado la Defensa Nacional y la Marina y afirmó que “si la Guardia Nacional (GN) quedaba adscrita a la Sedena mediante una reforma, no se pudrirá como según él, pasó con la Policía Federal”.

En esta ocasión, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que la propia Sedena contará con la Comandancia de la Guardia Nacional una vez aprobada una eventual iniciativa de reforma constitucional.

Para qué? Principios/Objetivos Generales:

Seguir contribuyendo a:

  • Contar con una dependencia moderna, eficaz y eficiente, incrementando sus capacidades y hacer frente a retos futuros.
  • Contar con organismos ágiles y prácticos para atender las demandas de la sociedad;
  • Incrementar la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos humanos, materiales y financieros;
  • Formar líderes para ejercer el mando y la toma de decisiones
  • Una mejor acción del Ejército y Fuerza Aérea, que fortalecerá estructura funcional;
  • Seguir contribuyendo al progreso de México;
  • La seguridad y al bienestar del pueblo, y sobre todo;
  • Al bien supremo de la patria;
  • Por México y su pueblo hacemos del deber una forma de vida;
  • Por México y su pueblo hacemos del deber una forma de vida, el Ejército y la Fuerza Aérea seguirán siendo instituciones leales, dignas y confiables.
  • En términos reales se crea una instancia paralela al Srio. de la defensa que como se sabe es miembro del grupo del Gral. Cienfuegos con lo que para efectos operativos el Jefe de las fuerzas armadas ya no tendrá que depender de él. Sin embargo, eso corre el riesgo de crear una gran tensión al interior del ejército en el contexto de los altos mandos militares.

Tareas específicas:

  • Unificar y homologar el Sistema Educativo Militar, dotándolo de una ruta profesional para el Ejército y Fuerza Aérea, incluyendo el Doctorado en el Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales,
  • Generar doctrina;
  • Optimizar el funcionamiento de los diferentes organismos de la Sedena para atender asuntos de la Administración Pública Federal, separando aquellos del ámbito militar como Fuerzas Armadas de tierra y aire;
  • Actualizar la División Territorial (su distribución territorial) conforme las necesidades operativas y de creación de nuevas unidades
  • Fungir como auxiliar inmediato del Alto Mando
  • Transmitir las disposiciones que se giren a las comandancias del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y verificar y supervisar su cumplimiento
  • Desarrollar la fuerza a través de:
  • Generar doctrina;
  • Impulsar un adiestramiento realista, objetivo y práctico, orientado al cumplimento de las misiones orgánicas que tiene asignadas el ejército y fuerza aérea;
  • Estandarizar y modernizar el equipamiento del personal para mayor protección y comodidad en el desarrollo de sus actividades cotidianas para ponerlos a disposición de las áreas operativas,

Todo lo anterior complementado con un eficiente control administrativo que garantice el cumplimiento de las misiones.

  • Facilitar la transparencia y rendición de cuentas conforme a la normativa vigente
  • Encargarse de “las relaciones bilateral y multilaterales” de la fuerza armada.
  • Por su parte, el titular de la SEDENA ejercerá el control de la política nacional de defensa, la administración de los recursos humanos, el desarrollo de la política presupuestal y de comunicación social. Así como los sistemas operativos, logísticos, administrativos, de inteligencia, educativo, adiestramiento, de doctrina y liderazgo militar.

Por otra parte, la SEDENA creará el Estado Mayor de la Defensa Nacional Conjunto, como parte de los cambios organizacionales decretados desde mayo pasado. Esta área coordinará las acciones de la Fuerza Aérea, el Ejército y la Guardia Nacional y mantendrá la autonomía de los órganos del fuero de guerra.

En una primera etapa se contempla

  1. Una reforma jurídica consistente en modificaciones al marco constitucional, y a la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, su Reglamento Interior y su Manual de Organización General.
  2. En una segunda fase, se espera que en 2022 la Guardia Nacional quede incorporada formalmente a la SEDENA. Este nuevo modelo de operatividad está basado en la organización de las fuerzas armadas de España, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

¿Votar o no en la encuesta del 1° de agosto?: He ahí el dilema…

Por José Ramón González Chávez

El próximo 1° de agosto con fundamento en el artículo 35 párrafo 5° de la Constitución federal, se llevará a cabo una encuesta organizada por el INE que terminará de una vez con el uso faccioso de la expectativa mediática que provoca.

Basta con revisar la PREGUNTA modificada por la Suprema Corte a la original enviada por el ejecutivo Federal, con base en el artículo 35, apartado 3° de la Carta Magna:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las ACCIONES PERTINENTES (??), con apego al marco constitucional y legal (acaso se puede hacer en contra de ambos?), para emprender un PROCESO DE ESCLARECIMIENTO (??? no habla de juicio) de las DECISIONES POLÍTICAS (???) tomadas en los años pasados (del 1° de enero del 2021 para atrás, es decir incluye a los funcionarios del actual gobierno desde el inicio del sexenio hasta el 31 de diciembre del 2020) por los ACTORES POLÍTICOS, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

Sobre ella, algunas reflexiones:

Para empezar, hemos de decir que ni es encuesta, ni es juicio, ni es exclusivamente para expresidentes y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes:

Primero: NO ES ENCUESTA.

  • Una encuesta es una técnica de investigación que consiste en a) una serie de preguntas, b) contenidas en un cuestionario, c) que se hace a una muestra de personas, d) para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado.
  • De lo anterior se desprende que hacer una sola pregunta y a TODO un universo de población, en este caso los mexicanos que integran el padrón electoral, no implica hacer una encuesta.
  • En todo caso, la figura estaría más cercana a la de un PLEBISCITO que puede definirse como el procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. Lo anterior no demuestra más que la falta de conocimientos técnicos y/o de definición de lo que se pretende con la pregunta;

Segundo: NO IMPLICA NINGUN JUICIO.

  • La pregunta no se refiere a proceso jurisdiccional alguno, sino simplemente a “emprender un proceso de ESCLARECIMIENTO, es decir, a recabar información sobre “DECISIONES POLITICAS” (habría que determinar previamente qué decisiones de qué actores serían sujetas de esclarecimiento, además de que quedan excluidas las decisiones administrativas o de otra índole que no sea política).
  • El objeto de este “proceso de esclarecimiento, es llevar a cabo «LAS ACCIONES PERTINENTES» (en su caso, pues derivado de dicho proceso tal como lo prevé el propio sistema de justicia se puede resolver que no hay culpabilidad).
  • Estas “acciones” podrían consistir en solicitar la apertura de una carpeta de investigación (no un juicio eso le toca a otra instancia), una sanción administrativa, una amonestación, una disculpa pública, y llegar hasta a «acusarlos con su mamá o con su abuelita, o darles de chanclazos» como lo ha sugerido el ejecutivo en funciones.
  • Reiteramos: Esclarecimiento no es juicio, y este se puede hacer también sin necesidad de consulta alguna, solo aplicando la ley y para previa denuncia ante el ministerio público y/o autoridades competentes llamarlo al o a los “actores políticos” a declarar, ya sea como testigos o probables responsables, según sea el caso, tomando por supuesto la consideración de la caducidad o prescripción de tales actos, independientemente de su naturaleza.

Tercero: NO ES PARA EX PRESIDENTES.

  • Tomando de base el Diccionario Electoral de Roberto Salcedo, actual secretario de la función pública, y Mario Martínez Silva, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Políticos (INEP) “ACTOR POLÍTICO es la persona o grupo que desempeña un papel políticamente relevante, es decir, que juega un rol que afecta directamente las operaciones de alguna estructura dentro del sistema político, sin importar lo pequeño que este efecto pueda ser”. Así, un votante, un candidato, un partido, un movimiento, un sindicato, un comité del Congreso, un dictador, un dirigentes y militantes partidistas, un magnicida y un grupo de presión o de interés, escritores, periodistas, líderes de opinión, personajes mediáticos, etc. son todos actores políticos. Así que la pregunta es genérica, no se refiere exclusivamente a los ex presidentes y menos a ciertos ex presidentes.
  • Sobre estos últimos cabe mencionar que el fuero es para el cargo no para la persona. Cuando un presidente o cualquier funcionario o representante popular con fuero deja el cargo retoma su calidad de ciudadano como cualquiera, con todos los derechos y obligaciones de cualquiera y por lo tanto puede ser sujeto de juicio como cualquiera si quien pudiera o tuviera que demandar contara con elementos y pruebas para hacerlo. Por qué entonces no se ha demandado a nadie incluyendo a los ex presidentes?
  • Pero ojo: Al mencionar la pregunta que se refiere a “decisiones políticas de actores políticos tomadas en años pasados” también incluye al presidente y funcionarios ACTUALES, desde el inicio de este gobierno hasta el 31 de diciembre de 2020, y además, según la definición invocada, a todos los que pueden tener la calidad de “actores políticos de años pasados”.

Precisiones finales:

  1. Según cifras oficiales, el padrón actual es cercano a los 93.5 millones de ciudadanos. Para que el resultado de la encuesta pueda ser vinculatorio, según el artículo 35, fracción VIII, párrafo 2°, la votación deberá de ser de 40% de dicho padrón, es decir, deberán ir a votar y expresar su afirmativa o negativa a la pregunta 37.5 millones de ciudadanos, lo cual es inviable o muy poco factible al menos por dos causas:
  1. La iniciativa del Ejecutivo Federal de presupuesto de egresos para el 2021 no previó partida ni monto alguno para llevar a cabo la consulta y la Cámara de Diputados no hizo ningún ajuste al respecto, por lo que el INE tendrá que hacer economías para de ahí poder cubrir los gastos respectivos, que ascienden más o menos a 500 millones de pesos que no paga el gobierno ni el INE sino que pagamos los ciudadanos, con lo que tendrá que ajustar la logística a esa cantidad, y en consecuencia solo podrá instalar el 10% de las casillas que puso en la elección del pasado 6 de junio, con la mucho mayor dificultad de la ciudadanía para poder acudir a las urnas.
  • Si en la pasada elección intermedia acudió a votar 52% del padrón, suceso que se ha calificado como histórico en cuanto a participación, que suceda lo mismo en esta consulta o al menos llegar al 40% requerido será muy difícil cuando no imposible por el contenido de la misma, las limitaciones logísticas señaladas y el desgaste del electorado que tendría que salir a votar apenas 2 meses después de la elección pasada.

Es más. aun en el muy remoto caso de que acudiera el 40% del padrón a votar, y que la mitad más uno de esos votantes, es decir, 18,750,000 se decidiera por el “sí” –cosa que también es muy remota pues la votación por morena y sus aliados el pasado 6 de junio no alcanzó mucho más allá de 16 millones- la vinculación no sería sobre ningún tema, pues como hemos dicho, no se refiere a llevar a cabo ningún juicio, ni tampoco alude de forma directa a ningún ex presidente.

Pero más todavía: la pregunta solo se refiere de forma por demás ambigua y abstracta a REALIZAR ACCIONES PERTINENTES (que no necesariamente sería un juicio) para ESCLARECER DECISIONES POLÍTICAS de ACTORES POLÍTICOS (también habría que definir con antelación quiénes dentro y fuera del gobierno tienen la calidad de “actor político”) TOMADAS EN AÑOS PASADOS (tendría que incluir obligadamente el “esclarecer” las propias “decisiones políticas” de los “actores políticos” del actual gobierno hasta el 31 de diciembre del 2020.

¿Se debe consultar al electorado para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, que por cierto es la única obligación jurada por el Ejecutivo al tomar posesión del cargo? Por qué la Ley no se aplica de una vez si se tienen elementos y pruebas para ello?.

¿En verdad, tiene sentido que la ciudadanía siga este juego perverso de manipulación?

¿Es necesario ejercer una prerrogativa ciudadana protegida por la Constitución para un fin tan vano siendo que la autoridad tiene la obligación también constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley sin que se requiera consulta alguna para ello?

¿Para qué?

¿Para quién?

En fin, todo esto no es más que una muestra de que nos encontramos de nuevo ante la ambigüedad, la abstracción y mal uso de los términos y lo que es peor, ante otro acto de simulación que nos hace ver cuán caro sale el populismo autocrático neo cesarista al despilfarrar tantos recursos, tiempo, trabajo y acción institucional.

Representación Proporcional: Para qué? Para quién?

Por José Ramón González Chávez

Contexto

Los resultados del proceso electoral del 6 de junio exacerbaron el interés del Ejecutivo federal por mantener el control del Congreso de la Unión, por lo que intenta busca pasar una iniciativa de reforma a fin de renovar el Consejo General del INE y desparecer a los legisladores plurinominales (diputados y senadores) bajo el mero pretexto de la austeridad, pero que en el fondo muestra la insistente tentación de aspirar al poder absoluto al reducir a su mínima expresión la pluralidad en el poder legislativo.

Justamente por eso, es conveniente recordar las razones por las cuales surgió la representación proporcional en México y cómo ha ido evolucionando en el tiempo y en la historia política nacional.

La representación proporcional (RP) en México, apareció en 1977 en respuesta a las presiones de la oposición (en ese entonces solo era el PAN pues los demás eran realmente satélites del Partido hegemónico) que exigía tener un Congreso más representativo y democrático frente al dominio casi absoluto del PRI en hasta ese momento. Esto trajo como resultado la primera reforma electoral de gran envergadura en nuestro país, impulsada por don Jesús Reyes Heroles, quien siendo secretario de Gobernación durante la gestión del presidente José López Portillo, impulsó la iniciativa y posterior aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos electorales (LOPPE) en la que se incluyó a los diputados de representación proporcional o plurinominales.

Diversas voces como la de José Wolderbeng señalan que los plurinominales surgieron para democratizar al país y reconocer su pluralidad, como una incipiente manera de terminar con un régimen autoritario.

Concepto

¿Cuál es el valor jurídico político que protege la representación proporcional? Esta figura tiene como propósito, al interior del cuerpo legislativo, lograr un equilibrio incluyente de las distintas opciones partidistas en la misma proporción en que éstas han sido votadas y, frente al ejecutivo, por una parte, constituir un contrapeso real de la oposición ante las decisiones que este tome, pero también en contraposición para el gobierno, reforzar su legitimidad , mostrándose como plural.

En países como España y Portugal la RP es el único sistema electoral. En Alemania, de donde la legislación mexicana tomó sus bases, la elección del conjunto de la cámara se ajusta a este principio, como una forma estable de elección que no se supone ni transitoria ni asistencial.

En los hechos, tal como se puede constatar –aunque los menos informados no lo sepan-, tanto los unis (legisladores de mayoría) como los pluris (de representación proporcional) se votan en la misma boleta, solo que los nombres de los primeros aparecen al frente y los segundos al reverso. Lo mismo ocurre el presidente municipal y los regidores de ayuntamientos. Esto quiere decir que tanto unos como otros son votados.

Definición

La RP es un método de elección basado en la asignación de cargos tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una determinada región geográfica, con el afán de proteger la expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas y garantizar su participación en la integración del órgano legislativo, de tal manera que se refleje lo mejor posible lo que realmente paso en la elección en términos de preferencia electoral y representatividad.

De esta forma, en México la RP se utiliza para asignar 32 senadores en una lista nacional y 200 diputados federales en listas regionales por cada una de las cinco circunscripciones plurinominales.

La asignación de los espacios de representación en el Congreso de la Unión de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, se realiza a través de dos fórmulas matemáticas: cociente natural y resto mayor, mismas que por los alcances del presente trabajo sería extenso explicar, pero se encuentran definidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A nivel estadual, los Congresos de las entidades federativas también se integran por legisladores electos tanto por mayoría como por Representación proporcional de acuerdo a sus propias legislaciones de la materia.

Ventajas:

El consejero del INE. Uuc-Kib Espadas Ancona ha apuntado queEn las democracias estables la representación proporcional es un mecanismo eficiente para equilibrar la conformación de los congresos en complemento al sistema de mayoría… Son los más votados, ganan elecciones, por lo que este es el mecanismo regular de elección de la mayoría en democracias estables”… Eliminar los cargos legislativos plurinominales “significaría despojar de representación en el Legislativo a aproximadamente 60% de los ciudadanos, lo que significaría un retroceso de 104 años para la democracia mexicana”. Y es que efectivamente la Constitución no prevé otra forma de elección de diputados o senadores que no sea la votación universal, secreta y directa (en México no hay elección indirecta) de los candidatos, independientemente de la figura electoral por la que se postulen.

Desviaciones

La idea original de la RP al establecerse en México era la de incorporar al trabajo parlamentario a especialistas en diversas materias sustantivas para enriquecer la producción legislativa, a falta de servicios legislativos de carrera proporcionados por especialistas, tal como sucede por ejemplo en España con el Cuerpo de Letrados.

Al paso del tiempo, por desgracia esta idea original se ha perdido y desde hace algunas décadas se ha convertido más bien en un mecanismo mediante el cual los partidos otorgan cuotas o bien recompensan lealtades, amistades, compadrazgos y compromisos, cuestión que sin duda debe desaparecer pues afecta la forma y contenido de la representación proporcional; pero desaparecerla más que solución, implicaría al contrario una grave regresión al viejo problema del autoritarismo unipartidista.

¿Exceso de legisladores? ¿Según quién? ¿Comparado con quién?

Quien haciendo eco de la “inquietud” presidencial presentó la propuesta para eliminar a los legisladores de representación proporcional es el diputado federal del Morena Oscar Eugenio Gutiérrez, teniendo como únicos argumentos: 1. que “son muchos legisladores” (cómo llegó a esa conclusión?) y 2. “por razones de austeridad hay que eliminarlos” (¿Cuánto cuesta la democracia?).

Por su parte, el senador Martí Batres, también del Morena, propuso eliminar a 100 de los 200 diputados que hay (siendo senador no habló del senado sino de un cuerpo legislativo al que no pertenece) y sustituir la actual lista de plurinominales por una basada en el principio de prelación, lo cual es un error porque dicho principio tiene que ver con la equidad de género en la integración del Congreso, no con la representación proporcional en la misma (ver jurisprudencia 36/2015 Coalición «Todos Somos Coahuila» y otros vs. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo León. Representación proporcional. Paridad de género como supuesto de modificación del orden de prelación de la lista de candidaturas registrada).

El diputado Juan Martínez Flores, igualmente del Morena, propone también bajar a 100 los plurinominales, pero imponerles el requisito de haber ya desempeñado un cargo público de elección popular, lo cual es a todas luces inconstitucional, al contraponerse con el derecho de todo ciudadano a votar y ser votado, además de que tal como ya se expuso arriba, originalmente los legisladores plurinominales son escogidos por los partidos por ser gente especializada en ciertos temas a fin de enriquecer los contenidos de las propuestas legislativas y fortalecer el trabajo de las comisiones, no en razón de cuotas de poder al interior de los partidos, ni pretender añadir otra forma de reelección de legisladores, tal como sucede actualmente y al parecer por sus afirmaciones pretende dicho legislador que siga sucediendo.

Ahora bien, atreverse a afirmar que hay que acabar con los legisladores plurinominales porque “son demasiados” es absolutamente falso y abusivo de la ignorancia de un sector importante de la ciudadanía sobre el tema bajo el sello del populismo. En las democracias más sólidas los congresos se integran de forma proporcional al número de electores y prácticamente en todas ellas el número de legisladores por cada 10 mil ciudadanos es considerablemente mayor que en México e incluso va creciendo conforme el padrón lo hace. Veamos la siguiente tabla:

PaísPoblaciónPadrónDiputadosSenadores
Reino Unido67,000,000 -47.3% que México50,000,000 74% de la población650 1 x 103mil habs1,180 No electos 1 x 56mil habs
Estados Unidos330,222,422 +68% que México120,529,936 37% de la población435 1 x 759mil habs100 1 x 3.3millones habs
Francia67,000,000 -47.3% que México47,581,118 71% de la población577 1 x 116mil habs348 1 x 192mil habs
Alemania83,155,031 -35-6% que México46,976,341 56.5% de la población598 1 x 139mil habs299 1 x 278mil habs
México127,000,000  90,000,000 70% de la población500 1 x 524mil habs128 1 x 992mil habs

Como se desprende a simple vista, salvo en el caso de Estados Unidos y por razones específicas cuyo tratamiento se omite pues sobrepasaría los alcances del presente trabajo, en la tabla anterior –que es enunciativa más que limitativa pues hay muchos más ejemplos con las misas tendencia- todos los países mencionados tienen muchos más diputados por cada 10 mil habitantes que México.

El «Lado oscuro” de la propuesta

Resulta más que obvia la pretensión del presidente actual y sus voceros en ambas cámaras de extinguir la figura de la representación proporcional, misma que curiosamente fue, aunque más moderada, la misma que la que Enrique Peña propusiera sin éxito en las elecciones intermedias de 2015 para eliminar la mitad de diputados de RP, aunque cabe reiterar que ya con anterioridad -reiteramos- había habido otros que en su momento sugirieron lo mismo.

¿Qué hay detrás de esta “inquietud” de eliminar la RP? Lo que había antes de su establecimiento: acaparar Poder; construir mayorías absolutas y calificadas para pasar reformas legales y constitucionales a placer; aminorar la fuerza de sus opositores en el Congreso y quitarle voz y representación a la ciudadanía.

En tal sentido, una de las cosas en las que debe ponerse énfasis en el análisis de esta propuesta que se está impulsando de eliminación de la RP, es el aspecto meramente aritmético que se esconde detrás, pues basta con recalcular los porcentajes de curules para cada partido para darse cuenta con toda claridad del cambio negativo en su composición: De no existir las diputaciones plurinominales, según los resultados oficiales del INE de la pasada elección del 6 de junio, la coalición gobernante (Morena-PVEM-PT) se hubiera quedado con el 62% de las curules, siendo que en las urnas obtuvo una votación del 44%, mientras que actualmente gracias a la RP con todo y sus aliados llega a poco menos del 48%, es decir, se ubica dentro del rango previsto por la Constitución (-8%).

Como lo muestra este simple ejercicio aritmético, eliminar la RP como figura electoral de nuestro sistema jurídico político provocaría un perjudicial desequilibrio entre la ocupación de curules y lo que pasó realmente en las urnas, que es precisamente lo que busca y logra evitar y resolver la figura de la representación proporcional.

Conclusiones

Es cierto que toda legislación es perfectible y que disminuir el número de legisladores tanto en el Senado como en Cámara de Diputados no es una novedad, es un tema que siempre ha estado en la mesa; todos los partidos en el poder han buscado reducir al número de legisladores de RP para su beneficio en términos de poder y no para fortalecer y hacer evolucionar nuestro sistema democrático.

La disminución de legisladores de RP es susceptible de ser sometida a un análisis serio y previo mediante mecanismos como el parlamento abierto, a fin de hacer avanzar el sistema democrático en nuestro país por medios nuevos, pero siempre teniendo en mente el no regreso al autoritarismo entregándole el Congreso al presidente; el resguardo de la democracia y la pluralidad; y el rechazo a la intención de desaparecer los votos de quienes se expresaron en las urnas por otras opciones y tienen derecho a ser representados.

No se puede avanzar yendo hacia atrás o mirando por el retrovisor; quizá habría que revisar por ejemplo., la posibilidad de modificar la fórmula de elección de los plurinominales, poniendo opciones para que los votantes puedan escoger entre varios candidatos y que llegué el que más votos tenga, tal como sucede en otros países.

Eliminar la figura de la representación proporcional establecida desde el COFIPE desde 1976, implicaría un grave retroceso de medio siglo a la evolución democrática del país, cuando el presidente y el partido hegemónico tenían el control total del Poder Legislativo.

Si queremos mejores diputados, establezcamos normas y procedimientos jurídicos donde lo que se escoja sea buenos parlamentarios y no gestores u operadores eficaces al servicios de quien los puso en las listas. Reducir el número de legisladores de RP no hará sino agravar el problema.

Salud Pública: Derecho Humano y Garantía Constitucional

SALUD PÚBLICA: DERECHO HUMANO Y GARANTÍA CONSTITUCIONAL

Por José Ramón González Chávez

A mi primo hermano Ramon Augusto Gonzalez Romero, Odontologo Servidor público, que ayer en Villahermosa, Tabasco, se sumó a los mas de 2500 que fora(ba)n parte del personal de salud publica (no se si solo esten contando a los médicos) que ahora ha muerto por SARSCOV2 por tener que trabajar siendo de alto riesgo por diversos factores, el mas importante de los cuales es la pésima gestión de la pandemia. Descansa ya, primo…

22 de enero del 2021…

Desde que la pandemia COVID19 fue decretada oficialmente en marzo del 2020, se ha dicho en incontables ocasiones y de manera oficial por parte del presidente y las autoridades sanitarias, principalmente de su vocero Hugo Lopez Gatell, que su control y contención debe hacerse simple y sencillamente con la práctica de ciertas medidas profilácticas de cuidado personal, es decir:

  • uso de cubrebocas,
  • lavado de manos, y
  • sana distancia.

Pero sin restarle importancia a estas medidas es muy importante para toda la población distinguir entre la salud personal y la salud pública, cosas que, por supuesto tienen vinculación, pero son muy diferentes una de la otra.

Qué es un servicio público:

En términos generales de derecho administrativo, un servicio público se define como aquella actividad de los distintos órganos del poder público del Estado que se realiza de forma regular, continua y permanente, ya sea de manera directa por las mismas instituciones o indirecta a través de terceros, para garantizar de acuerdo con lo previsto en la ley el ejercicio de un derecho y/o la atención eficiente de una necesidad de la sociedad.

Principios del Servicio Público:

  1. Rectoría del Estado. Su prestación debe ser regulada, supervisada y evaluada por el órgano u órganos del poder público encargado(s) del tema.
  2. Prestación de Bienes y Servicios de interés público y beneficio social.
  3. Disposición de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos adecuados para su prestación regular constante y permanente.
  4. Mejora Continua en la cobertura y calidad de los bienes y servicios asociados, para mantenerlo siempre en condiciones óptimas de prestación y acorde a las necesidades y requerimientos sociales.

Tipos de Servicio Público.

POR SU IMPORTANCIA
Esenciales. Los que son prioritarios para la vida y el bienestar de la población, precisamente como la salud, la seguridad, la educación, la estabilidad económica, el agua, muy relacionados con los derechos humanos; y  Secundarios o complementarios. Por exclusión serían los que no entran en la descripción anterior.  
POR SU TEMPORALIDAD
Permanentes Como los esenciales ya mencionados más el agua, la energía eléctrica, el transporte públicoCoyunturales Como los que se prestan en el caso de una contingencia o emergencia, derivados de catástrofes naturales, entre otros factores.

POR EL SECTOR PRODUCTIVO QUE ATIENDAN
Industriales  Comerciales  De Servicios  
POR SU ALCANCE TERRITORIAL
MunicipalRegionalNacionalInternacional  

De acuerdo con esta clasificación, la Salud como servicio público es esencial, permanente, de servicios y nacional, y en el caso de la pandemia por su naturaleza también internacional.

Algo importante de subrayar es que la naturaleza pública de un servicio no se determina porque la institución o instituciones que deben prestarlo son públicas, privadas o incluso sociales, como los sindicatos, cooperativas, etc., sino porque cumple con los requisitos y características ya mencionados.

Concepto y elementos de la Salud como servicio público:

La salud pública es el conjunto de responsabilidades del poder público del Estado, con participación de la sociedad, tendientes garantizar mediante normas, políticas, infraestructura, recursos, programas y acciones sanitarias de carácter sectorial y transversal, el derecho universal a la salud, a fin de prevenir enfermedades y proteger, promover y lograr la recuperación de la salud de las personas en lo individual y colectivo dentro del territorio nacional.

Funciones esenciales de la salud pública:

  1. Diagnóstico, evaluación, análisis y seguimiento de la situación de la salud en el país (federación entidades federativas, municipios);
  2. Vigilancia, que implica conocimiento, control de riesgos y daños en la salud pública.
  3. Educación y promoción de la salud en la sociedad en sus distintos sectores, estratos, grupos de edad.
  4. Participación de la población en la prevención, mantenimiento y mejoramiento de la salud;
  5. Desarrollo de políticas, programas y acciones, así como capacidad institucional de planificación, y gestión pública en materia de salud;
  6. Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación, y fiscalización en materia de salud pública;
  7. Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios;
  8. Generación y desarrollo de recursos humanos formados en salud pública.
  9. Garantía y mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y la calidad de los servicios de salud, individuales y colectivos.
  10. Investigación en salud pública.
  11. Reducción del impacto de las emergencias y desastres en materia de salud.

Como se puede ver de este listado de elementos que conforman la salud pública, solo el punto 4 se refiere a la participación de la sociedad mediante el cuidado personal, es decir, constituye solamente uno de los muchos elementos de la salud pública que, en su conjunto –repito-, como garantía constitucional, es responsabilidad del poder público del Estado.

La salud como derecho y garantía:

De lo expuesto hasta aquí, tenemos que constitucionalmente la salud es a la vez:

1) Un derecho universal, es decir, inherente a todo ser humano, consagrado primero en la declaración universal de los derechos humanos de 1948 de la ONU, instrumento internacional vinculante para México que 35 años después, en 1983, se incluyó en la Const. Pol. de los EE UU MM en su artículo 4° y en 2011 con la reforma al sistema constitucional mexicano entró al catálogo de derechos fundamentales, esto es, de derechos humanos contemplados por la Constitución;

2) Pero también es una obligación del poder público del Estado, cuyos órganos y autoridades tienen a su cargo el respeto, atención promoción y garantía de tal derecho fundamental para convertirlo en actos concretos, tal como lo dispone el artículo 1° de la propia Carta Magna.

Evolución:

Todavía al término de la Revolución Mexicana, la salud pública no se consideraba un servicio público, sino una actividad humanitaria, de beneficencia, de caridad. En caso de conflictos armados, catástrofes naturales, epidemias, o atención a la salud de la comunidad, la atención de los pacientes era brindada por voluntarias y voluntarios, de carácter civil o religioso.

De hecho, por este motivo antes de que la salud en México se elevara a rango de derecho constitucional en 1983, la institución encargada del tema se llamaba Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) cuando se cambió su denominación a Secretaría de Salud, para dejar sentado que ya no es una actividad privada sino que ahora encargada a organismos capaces de garantizar este derecho fundamental mediante normas, políticas públicas, programas y acciones concretas en la materia y coordinar la actividad de otros que intervienen o participan en dicho sector.

Situación Actual.

Desde entonces, se empezó a construir el andamiaje de lo que hasta hoy se denomina “sistema nacional de salud” un sistema multiinstitucional, especializado y complejo, cuya inversión pública se colocaba hasta diciembre de 2018 arriba de la media internacional de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero que desde el inicio de la actual administración se ha visto gravemente disminuido, y agravado por la emergencia sanitaria y la sorprendente decisión de anular la necesaria atención de otras enfermedades graves, entre las que se encuentran las que requieren vacunación permanente como las que están en la cartilla de vacunación (polio, difteria, sarampión, viruela, etc.), más otras contagiosas como el dengue chicungunya, paludismo, etc. y las  crónico degenerativas como cáncer, diabetes, hipertensión, cardiovasculares, solo por mencionar un ejemplo.

Otra cosa importante es que de enero de 2019 a la fecha no se ha llevado a cabo la evaluación de la salud pública que es una obligación internacional, además de haberse cancelado el Seguro Popular cuyos resultados están documentados, sin tenerse una propuesta alternativa que lo sustituyera. El Instituto para la Saludo y el Bienestar (INSABI) se creó más de año y medio después de la extinción por decreto del primero y hasta el momento se desconoce cómo se estructura como se ha insertado o qué papel juega en el sistema nacional de salud, sus principios, fines, metas, etc.

Esta situación que ha estado presente desde enero de 2019, se ha agravado por la pandemia, la que por desgracia no ha sido atendida ni combatida con eficiencia, lo que se demuestra con evidente la falta de medicamentos, cierre de hospitales, falta de camas y todo lo que debe estar alrededor de ellas, áreas de terapia intensiva, respiradores, equipo para el personal médico (México es el país con más número de personal médico muerto por el virus SARSCOV2), despido masivo de personal del sector salud, la desaparición de facto del Consejo de Salubridad General organismo en el que por fuerza debe apoyarse la toma de decisiones en la materia, todo lo cual se ha traducido en las cifras record a nivel mundial de contagiados y muertos según incluso cifras oficiales, sin tener en cuenta, repito, el aumento de incidencias de enfermos y muertes por los demás padecimientos que ahora ya no se atienden.

El período 2019-2020 se ha convertido en el lapso con mayor índice de enfermedades y muertes (incluyendo SARSCOV2) en la historia de México después de la Revolución Mexicana.

La respuesta del gobierno federal ha sido por demás simplista:

  • Echarle la culpa al pasado, las cifras de morbilidad y mortalidad, así como de infraestructura, atención y servicios dedicados a la salud de 2008 a 2018 y su comparativo 2019-2020 son más que evidentes de como se ha dado en lo que va de este gobierno la desatención a la salud de los mexicanos;
  • El decremento a partir del 2019 del presupuesto de salud en general que va de 75 a 90%; lo cual parece realmente suicida;
  • El endoso de la responsabilidad de la cabeza del sector, sin presupuesto ni recursos adicionales a los gobiernos de las entidades federativas para la atención y contención de la pandemia, es más, reduciéndolos, como lo ha denunciado la denominada “alianza federalista”;
  • El haber descargado la responsabilidad de la atención y contención de la pandemia a la población mediante el mero cuidado personal, pretendiendo argumentar que estamos como estamos porque todos somos o viejos, o gordos, o consumidores compulsivos de comida chatarra, o alcohol, o tabaco, o hipertensos y que por nuestra culpa el problema se agrava y que por lo tanto la solución está en los auto cuidados;
  • En relación con lo anterior, hacer a un lado, repito, la obligación del ejecutivo federal como cabeza de sector, para atender y combatir todo lo que afecta la salud como servicio público –incluyendo la pandemia-, y en su lugar convertirse en vocero del sector como simple “gritón de lotería” de las cifras diarias de contagiados y muertos, como si ahí acabara su responsabilidad, cifrando la esperanza de la reversión del problema en “la vacuna” (son varias de varios países y productores), que ni han comprado;
  • El error de pretender convertir la vacuna en panacea y asumiendo también erróneamente que se cuenta con los recursos humanos, financieros, materiales y de logística para aplicarla a 127 millones de mexicanos (por dos dosis, o sea 254 millones), y con eso como varita mágica desaparecer de un golpe la situación tan grave en que nos encontramos como país, sin saber hasta la fecha cuánto costarán (se dice que en promedio cuestan de 100 a 200 pesos por dosis), con qué se van a pagar (el secretario de hacienda acaba de decir en otras palaras que no hay con qué cubrir los montos), cómo se recibirán, transportarán y distribuirán y cómo se van a almacenar en los lugares de destino (no hay cadena de frio para mantenerlas hasta el destino final a 70 grados centígrados bajo cero), quién y cómo se van a aplicar, cuánto tiempo se van a tardar en que el mexicano 127 millones esté vacunado (mientras seguirá habiendo más contagiados y muertos) entre otros “pequeños detalles”.

Es ahí donde en relación con la Salud como servicio público se encuentra una gran falsedad: la salud y la protección personales y la salud pública como política de Estado, como asunto de Seguridad Nacional, son a todas luces distintas; la primera es parte de la segunda, cada una con sus obligaciones y sus responsables de cumplirlas. Endosar la responsabilidad gubernamental como garante de la salud pública a la población –que, repito, no tiene a su cargo más que su salud personal para protección de sí y los demás, que no es menor pero deme considerarse en su justa dimensión- es ingenuo cuando no perverso, pero independientemente de ello inútil, pues como podemos constatar si no hay directriz de la cabeza de sector para asumir esta responsabilidad –como sí está sucediendo en otros países- el asunto lejos de resolverse puede agravarse con serias consecuencias para el futuro nacional.

Importancia de los Órganos Constitucionales Autónomos en el Estado Democrático de Derecho

IMPORTANCIA DE LOS ÓRGANOS CONTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Por José Ramón González Chávez

En todo sistema constitucional, la ciencia y el arte de la Administración Pública dada la creciente complejidad del quehacer público, tiende a la construcción de gobiernos respetuosos y garantes de los derechos fundamentales, innovadores y al servicio de la sociedad.

Es así que los organismos constitucionales autónomos (OCA) nacen a nivel mundial al término de la segunda guerra mundial, aunque en México aparecen casi medio siglo después, a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, como parte de la Reforma del Estado de Derecho y su tránsito hacia el Estado Constitucional, en respuesta a la desconfianza en el presidencialismo a ultranza y al autoritarismo gubernamental.

Como afirma Norberto Bobbio, la separación de poderes y la asignación de competencias a los órganos autónomos permite un control recíproco que tiende al control del ejercicio del poder público, esto con la finalidad de evitar la concentración del poder que históricamente se convirtió en terribles violaciones a los derechos humanos y graves abusos de autoridad.

Como su nombre lo indica, los OCA son en cualquier país entidades que surgen por disposición constitucional y por la naturaleza de sus atribuciones, vinculadas principalmente a garantizar derechos fundamentales o tareas esenciales del Estado, no pueden ni deben adscribirse a ninguno de los poderes constituidos.

Lo anterior implica que su regulación, objetivos, metas y actividad trascienden los gobiernos y los gobernantes en turno, puesto que el ejercicio de los derechos fundamentales y su garantía son per se de carácter permanente y apartidista.

Los OCAs son órganos de equilibrio jurídico y político del sistema constitucional del Estado que en general enriquecen y hacen evolucionar el principio “división de poderes” hacia la “coordinación entre órganos o ramas del poder público”, haciéndolo más democrático, perfeccionando el principio de “checks and balances” (controles y equilibrios). Lejos de constituir un lastre para el gobierno, lo ayudan a legitimar técnicamente y profesionalizar sus decisiones y evitan que sea juez y parte al separar de éste ciertas actividades fundamentales para el Estado y la sociedad.

Si bien existen diferentes puntos de vista respecto de sus características, me parece que sí existen rasgos generales que los distinguen:

  • Ser creados por disposición constitucional;
  • No estar adscritos ni subordinados a otro órgano o rama del poder público;
  • Sus actos y resoluciones no dependen de factores partidistas ni coyunturales, pero pueden ser sujetos de revisión por las instancias judiciales;
  • Contar con independencia y autonomía financiera y funcional respecto de los órganos o ramas del poder público: Ejecutiva, Legislativa o Judicial;
  • Atender asuntos primordiales y específicos del Estado Constitucional que redunden beneficio para la sociedad en cuanto a la protección, promoción y garantía de sus derechos fundamentales y tareas prioritarias del Estado;
  • Realizar sus actividades con estricto apego al a legalidad;
  • Tomar sus decisiones de manera imparcial y objetiva, basándose para ello en criterios técnicos y profesionales especializados;
  • Nombrar y remover a sus funcionarios de forma independiente

La importancia de los OCAs radica justamente en la supervisión institucional del ejercicio y garantía de los derechos fundamentales y de ciertas actividades prioritarias del Estado en las que el gobierno en turno, sus ideologías, estilos de ejercer la autoridad, etc. no pueden ni deben convertirse en juez y parte, contribuyendo de tal suerte al sostenimiento y fortalecimiento del sistema constitucional, principalmente en cuanto al siempre necesario pero frágil equilibrio entre derechos fundamentales y ejercicio del poder público.

Entre los principales OCA están:

  • El Banco de México (BdeM);
  • La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE);
  • La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH);
  • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL);
  • La Fiscalía General de la República (FGR);
  • El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT);
  • El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI);
  • El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y
  • El Instituto Nacional Electoral (INE); más
  • Los tribunales de lo Contencioso Administrativo;
  • Las Universidades Autónomas;

Estos organismos que en nuestro país ha costado mucho dinero, tiempo y esfuerzo construir, constituyen verdaderas conquistas del Estado Democrático Constitucional y garantizan su estabilidad. Al paso del tiempo, se han ido perfeccionando, actualizando, corrigiendo sus defectos lagunas, etc., lo que es producto de la necesaria evaluación permanente y mejora continua, tareas que por su naturaleza son de carácter permanente, pues siempre tendrán que irse ajustando a los requerimientos y expectativas presentes y futuros de la sociedad.

Uno de los grandes temas que desde hace tiempo están presentes en algunos OCAs es lo referente al deterioro gradual de su independencia y autonomía por la creciente incidencia de la partidocracia que ha suplantado en algunos casos, por ejemplo, la designación y remoción interna de sus titulares por el principio de “cuotas” partidarias, politizando sus decisiones e incluso condicionándolas bajo la amenaza permanente de la reducción presupuestal.

También está pendiente en muchos casos la construcción de un marco de normas y procedimientos para su rendición de cuentas y fiscalización, lo que dará transparencia a su funcionamiento y mayor legitimidad a sus decisiones.

Otro punto estrechamente ligado al anterior, es el de la carencia de información al público en general respecto de su razón de ser e importancia; sus principios, objetivos y prioridades; programas, acciones y resultados; sus retos y expectativas. Esta puede ser una de sus grandes debilidades ante la amenaza de una eventual desaparición o su estrangulamiento por falta de presupuesto bajo las falsas premisas de que “se gasta mucho en ellos” (Pemex pierde en una semana más dinero que el presupuesto de todos los OCAS en un año) y “solo son instrumentos del régimen neoliberal” (cuando organismos como el INE, la CNDH y el INAI han sido producto de las luchas de institutos políticos y activistas de izquierda al menos desde mediados de la década de 1970), pues la gente no sabe a ciencia cierta qué hacen muchos de ellos y por ende, los poco o nada informados podrían de forma simple, llana y peligrosa, respaldar una decisión que pudiera terminar con ellos o disminuirlos drásticamente por falta de recursos, lo que implicaría un grave retroceso en materia de política y gobierno.

Sin duda, hay cosas que pueden mejorarse de estos organismos, incluso algunos de ellos podrían fusionarse o incluso restructurarse, pero de ahí a hacer tabla rasa para demolerlos y tirar a la basura lo logrado en más de tres décadas de contribución al fortalecimiento de nuestro sistema constitucional, es otra cosa…

Aumento al Salario Mínimo: Entre Luces y Sombras

Por Jose Ramon Gonzalez Chavez

La noche del pasado miércoles 16 de diciembre, AMLO anunció en su conferencia matutina que habrá un aumento de 15% en el salario mínimo, decisión que previamente ya había tomado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CoNaSaMi) con el voto a favor de los representantes del gobierno y trabajadores y el voto en contra de todas las organizaciones empresariales que proponían aumentarlo en 10%, de tal manera que pasará de 123.22 a 141.70 pesos diarios, mientras que en la zona especial de la frontera norte crecería de 185.56 pesos a 213.39 pesos al día.

El costo de ese incremento recaería en su totalidad las empresas, y en realidad será de 11.4%, tomando en cuenta que la estimación de la inflación el próximo año será de 3.6%, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), aunque equivale a 4.12 veces la inflación estimada para el cierre de 2020, de acuerdo con especialistas de la misma institución.

En su declaración el presidente dijo que el salario mínimo en México ha sufrido por 30 años los embates de los gobiernos neoliberales y que “es uno de los peores del mundo”, por lo que parafraseando un fragmento de la misa católica afirmó que el aumento “es justo y necesario”. Esta afirmación es falsa o en todo caso una verdad a medias, pues si bien es una buena expectativa mejorar en el ranking, tal como se pudo apreciar con toda claridad en la tabla que él mismo mostró, el país se encuentra en la media mundial, además de que prácticamente no hay trabajador formal en el país que gane esa cantidad.

En seguimiento a esta declaratoria, la novel servidora pública y actual Secretaria del Trabajo Ma Luisa Alcalde afirmó que “el aumento al salario mínimo no impacta en el aumento de inflación, tal como se ha demostrado en los aumentos de 2018 (16%) y 2019 (20%)”. Lo que no tiene en cuenta la Secretaria es que para tener mejores salarios hay que tener una mejor economía. En los dos años anteriores (2018-2019) en México no se tenía el escenario económico y laboral tan adverso como el que se tiene en la actualidad.

1. Solo en este año, 11 millones de trabajadores formales e informales han perdido sus empleos y más de un millón de empresas micro, pequeñas y medianas han quebrado. Respecto de este último punto, recordemos que:

  • Las Microempresas (10 trabajadores o menos) a) son más del 95% del total de las empresas del país, b) generan el 45.6% del empleo, y c) contribuyen con 15% del valor agregado de la economía.;
  • Las empresas pequeñas (de 11 a 30 trabajadores) son más del 3% del total de las empresas del país, b) generan el 15% del empleo, y c) contribuyen con 14% del valor agregado de la economía; y
  • Las empresas medianas (31 a 100 trabajadores) son casi 1% del total de las empresas del país, b) generan el 17% del empleo, y c) contribuyen con 22% del valor agregado de la economía. Lo anterior quiere decir que, en total, las MiPyMEs aportan:
  • Casi 99% del total de las empresas;
  • más del 77% del empleo formal; y
  • el 51% del PIB,

Por ende, este tipo de empresas serían las más afectadas por esta decisión, pues son las que más contratan a personal con salario cercano al mínimo.

2. En adición, el PIB se derrumbó a menos 9.8% y la inversión se desaceleró drásticamente incluyendo fuga de capitales y empresas completas se fueron del país.

3. ¿En qué mundo vivirá la Secretaria del trabajo cuando afirma que este gobierno aspira a estar entre las primeras 20 economías del mundo cuando este año México cayó tres lugares en la clasificación mundial de competitividad colocándose en el lugar 53 de 63 países por el declive de su desempeño económico? Y eso que las estimaciones tienen un año de retraso, es decir, aun no contemplan la debacle económica de este año que termina.

4. La premisa de que el salario mínimo a nivel mundial tiene el lugar 82 (pero el lugar 53 de 63 en el ranking de competitividad) es una verdad a medias pues prácticamente ningún trabajador formal en México gana el mínimo señalado en la ley.

¿Qué poder adquisitivo y capacidad de consumo va a fomentar el aumento del salario mínimo si la gente no tiene empleo o lo ha perdido o se lo han bajado con el pretexto de la pandemia?

Las empresas micro, pequeñas y medianas que aún sobreviven:

  • ¿Cómo van a soportar el aumento si tampoco tienen ingresos, no solo por la disminución de la demanda por falta de empleo e ingresos, sino también por la contingencia de salud que les obliga a cerrar o disminuir su actividad y además desde el gobierno se pide a la población no salir de sus casas?
  • Para compensar el incremento, ¿estas empresas tendrán que despedir a algunos empleados? incrementar sus precios?

Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sostiene que el gobierno federal ha ignorado las propuestas presentadas por el sector privado y la sociedad civil, entre ellas, las medidas para apoyar a las familias mexicanas ante el tan adverso contexto actual”.

Sobre el incremento al salario mínimo, el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que:

  •  Es irracional, sin gradualidad ni lógica. Se trata de una decisión unilateral, sin consenso;
  • Se transfiere toda la carga del aumento a las empresas, sin ningún compromiso de parte del gobierno federal;
  • Sería viable siempre y cuando el gobierno contribuyera también con la aplicación de un subsidio de 7.39 pesos diarios por trabajador, incluida una aportación extraordinaria por COVID, y por su parte, el sector privado aportaría 7.4% de aumento al salario mínimo, más el 4% de inflación, con lo que se llegaría a 142.25 pesos diarios, una cantidad incluso mayor a la que ya fue decidida, lo que implicaría un esfuerzo tripartito, prudente y acorde a la realidad y sin duda, ayudaría a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que mantengan sus empleos, a la vez que evitaría para el 2021 tanto el cierre de más de 700 mil empresas como la supresión de puestos de trabajo, a lo cual el gobierno federal no está de acuerdo.

“Exigimos prudencia y altura de miras. No se debe sucumbir ante ánimos populistas contrarios a la realidad económica. El resultado podría ser la pérdida de más empleos” señaló.

En consonancia con esta postura, el representante del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) afirmó que el aumento que se pretende perjudicará fuertemente a las micro, pequeñas y medianas empresas, haciendo inviable la sobrevivencia de muchas de ellas.

En fin, es mas que evidente el beneficio que puede conllevar el que un trabajador aumente su ingreso, pero no menos lo es que para que no acabe siendo contraproducente en términos de despidos y cierre de empresas, en atención a lo dispuesto en la Constitucion de la República, el incremento debería llevarse a cabo de acuerdo a las condiciones económicas del país en un momento tan atípico como el que vivimos y con la participación conjunta y el consenso de gobierno, trabajadores y patrones.

Reformas a la Ley del Banco de México: Autonomía y Estabilidad en Riesgo.

Reformas a la Ley del Banco de México: Autonomía y Estabilidad en Riesgo

Jose Ramon Gonzalez Chavez

El pasado miércoles 9 de diciembre, el senado, en su calidad de cámara de origen, aprobó una iniciativa para reformar el artículo 20 y 34 y adicionar los artículos 20 Bis y 20 Ter de la Ley del Banco de México, con la que, al contrario de lo esgrimido por los legisladores que la aprobaron en primera instancia, desde el punto de vista de especialistas en el tema, se pretende vulnerar su autonomía, dado que para empezar la institución no fue consultada previamente en cuanto al contenido y fines de tales modificaciones.

Para entender en palabras sencillas este asunto necesitamos hacer un poco de historia y contextualizar:

– La evolución del Banco de México hacia su autonomía ha sido resultado de un esfuerzo legal y técnico que se ha llevado más de 35 años logrado formalmente el 1° de abril del 1984, en el contexto de la apertura económica requerida por el proceso globalizador y la firma del TLC.

– A partir de entonces, los ejecutivos y legislativos federales (a pesar que estos últimos no siempre se han integrado con la mayoría del partido que los postuló) han respetado esta autonomía e incluso la han ido reforzando jurídica y administrativamente de manera gradual pero constante y permanente al grado de que Banxico es considerado desde hace tiempo en uno de los bancos centrales más sólidos y reconocidos del mundo.

– La actividad de Banxico ha tenido importantes resultados: en primer lugar, ha logrado disminuir sensiblemente la inflación y mantener el poder adquisitivo del peso. Recordemos que, en 1984, durante el gobierno de Miguel de Lamadrid, cuando inició este proceso de autonomía, esta era de casi 160% anual y a diciembre de 2019 fue de solo 2.8%. En segundo, ha conseguido estabilizar el tipo de cambio del peso respecto del dólar. El valor del peso mexicano “a valor presente” se ha mantenido sin cambios en términos reales desde ese ya mencionado 1984 (al respecto checar en internet “valor actual del peso en 1984”).

– Pero estos logros no se han dado por generación espontánea, se deben a la seriedad y capacidad técnica de quienes intervienen en su actividad cotidiana, insertar a personas sin ningún perfil ni experiencia en un ramo tan especializado, hacer reformas legales y administrativas sin sustento técnico, ni económico, ni jurídico, tendría consecuencias fatales para la institucional y para el país.

– La Actividad del Banco de México es transexenal. Su planeación y programación no dependen de los vaivenes del sexenio en turno. Por eso es que, entre otras cosas, ha logrado su estabilidad y fortaleza institucional. Sus reservas no son ahorros del gobierno, respaldan el dinero en circulación, por lo que usarlas para financiar el gasto público y la deuda atentaría contra ese respaldo. Además, las reservas internacionales forman parte de la balanza de pagos y usarlas para gastar conllevaría el riesgo de inflación y devaluación que ya sufrió México antes de 1984.

– La constitución establece en su art 73 f. VIII pfo. 1° que no se podrá otorgar crédito primario, lo que no es otra cosa que el Banco de México no podrá convertirse en el mecanismo de financiamiento del déficit del gobierno, en particular para comprar la deuda de Pemex y CFE.

– La Ley del Banco de México en su artículo 20 -que es el que se pretende modificar-dice a la letra:

Para efectos de esta Ley, el término divisas comprende: billetes y monedas metálicas extranjeros, depósitos bancarios, títulos de crédito y toda clase de documentos de crédito, sobre el exterior y denominados en moneda extranjera, así como, en general, los medios internacionales de pago.

Las divisas susceptibles de formar parte de la reserva son únicamente:

  1. Los billetes y monedas metálicas extranjeros;
  2. Los depósitos, títulos, valores y demás obligaciones pagaderos fuera del territorio nacional, considerados de primer orden en los mercados internacionales, denominados en moneda extranjera y a cargo de gobiernos de países distintos de México, de organismos financieros internacionales o de entidades del exterior, siempre que sean exigibles a plazo no mayor de seis meses o de amplia liquidez;
  3. Los créditos a cargo de bancos centrales, exigibles a plazo no mayor de seis meses, cuyo servicio esté al corriente, y
  4. Los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional.

La modificación al artículo 20 de la Ley del banco de México prevé que las divisas susceptibles de formar parte de las reservas internacionales del Banco de México sean:

“los billetes y monedas metálicas extranjeros”, y que se pueda además “adicionar todo el efectivo que no pueda ser repatriado a su país de origen”;

es decir, todo el efectivo que no esté contemplado en alguno de los parámetros establecidos por los contratos de corresponsalía entre Banco de México y los Bancos Centrales de otros países.

Con todo ello –dice la iniciativa-:

“se pretende generar un entorno más adecuado para la administración de los dólares en efectivo para que las familias mexicanas, los comercios, los fondos destinados a los programas sociales, de salud y de protección a las víctimas, entre otros, resulten beneficiados en el intercambio de divisas».

Además de:

… “favorecer la recepción de dólares en efectivo en comercios ubicados en zonas turísticas y la zona fronteriza, con el fin de generar empleos y ganancias para la población de dichas áreas”…

Por su parte, la reforma al artículo 34 pretende establecer que las divisas sean vendidas directamente al Banco de México; en otras palabras, obliga al Banco central a comprar a los bancos el efectivo extranjero, lo cual provocará afectaciones y riesgos pues esta captación de dólares en efectivo por el Banco de México no podría ser parte de las reservas internacionales al no poder ser de liquidación inmediata, como sí lo son las transferencias electrónicas, además de que no tendría manera de saber si es legal o no la procedencia de estas divisas.

Adicionalmente, la iniciativa contempla que las dependencias y entidades de la administración pública federal que no tengan carácter de intermediarios financieros, así como la Fiscalía General de la República (FGR), mantengan sus divisas y realicen operaciones con estas sujetándose a normas, orientaciones y políticas que el Banxico tendrá que establecer, lo cual también es innecesario, pues en la actualidad ya existen mecanismos legales y administrativos que permiten que esto pueda hacerse sin problemas.

Con esto, Banxico estaría obligado a absorber los dólares en efectivo que circulen provenientes del turismo, las remesas y el excedente de los bancos que repatrian a sus corresponsales en el exterior, así como otros que pudieran ser de procedencia ilícita.

Alejandro Díaz de León, titular ejecutivo del Banxico, ha señalado que esta reforma que se pretende imponer viola y vulnera la autonomía de la institución, puesto que captar divisas extranjeras de particulares y verificar su legalidad no está en sus atribuciones, actividad que ya realiza históricamente, con normalidad y sujeto a normativa vigente la banca de primer piso o comercial, más aun, sería motivo de sanción a la institución por parte de organismos internacionales pues un banco central no puede hacer eso con la posibilidad de congelamiento de cuentas y activos y de la propia reserva internacional.

Los migrantes desde hace décadas, nunca traen dólares en efectivo a México, sobre todo por los robos y extorsiones de que son objeto cuando regresan de visita al país. De hecho, de los cerca de 40mil millones de dólares que implican las remesas en 2019-2020, 99% de ellas llegan a sus familias por medio de transferencias electrónicas, o sea que el 1% (400 millones de USD) en poco o prácticamente nada beneficia a ese importante sector, ni tampoco abona a la captación de divisas del Banco de México, ni a la regulación del tipo de cambio, pero sí podría prestarse para que cualquier persona, incluso el crimen organizado, pueda lavar sus dólares con toda impunidad y más aun con autorización del gobierno.

Las reservas del Banco de México que se han ido fortaleciendo con el tiempo, son de la institución, no del ejecutivo federal; pretender por parte del ejecutivo hacer uso de ellas para cubrir su gasto corriente y sus “programas sociales” y seguir tirando al inodoro el patrimonio federal es un despropósito de alto riesgo para el país.

Pero el senador Ricardo Monreal presidente en turno de la Cámara Alta dice en defensa de la iniciativa que:

– “Los que podrían tener afectaciones con las modificaciones a la legislación del Banco de México son los grandes Bancos extranjeros que tienen corresponsalías en sus países de origen con lo que hacen un gran negocio al repatriar las divisas que obtiene en efectivo en México”.

– “La ley que falta a mi parecer es la que nos diga hasta dónde llega la autonomía del Banco de México y que la Banca central se comprometa al desarrollo económico del país; también que los funcionarios de esta institución no sean parte de la oposición al Gobierno de la Cuarta Transformación.

– La Banca central mexicana no ha apoyado con recursos para salir de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19 y tal parece que parte de las funciones de los altos jefes del Banco, es criticar las acciones de la actual administración federal abonando al escepticismo de la población sobre todo de la gente de ingresos medios y altos sobre el presente y futuro económico de México.

La iniciativa, aprobada por el senado en un inédito tiempo récord de 40 minutos (!!!) desde que se le dio entrada al pleno para su discusión y aprobación, pasó a la Cámara de Diputados federal en su carácter de “Cámara revisora” para que ahí, con la opinión de la Asociación Mexicana de Bancos se analice, discuta y en su caso apruebe, aunque eso tendrá que suceder en el próximo periodo ordinario de sesiones que empieza el 1° de febrero y termina el 30 de abril del 2021 ya que el actual termina el próximo 15 de diciembre.

Ya sabemos cómo es la práctica oficiosa del “mayoriteo” en ambas Cámaras, sobre todo la de Diputados, así que de seguro será también aprobada en esa instancia, con el grave riesgo que va a implicar para Banxico, México y los mexicanos, esta decisión autocrática producto de la soberbia, la ignorancia y al autoritarismo.

La «Eliminación del Fuero al Presidente» a la luz del análisis constitucional.

Por Jose Ramon Gonzalez Chávez.

El pasado jueves 24 de noviembre el senado aprobó por la votación de 63 senadores a favor y 39 en contra una iniciativa que reforma dos artículos constitucionales que desde la silla presidencial y los legisladores federales del Morena y actores del propio movimiento se pretende hacer ver como que “anula el fuero presidencial”.

Al margen de los boletines oficiales, desde la perspectiva jurídica, es importante aclarar en qué consiste la iniciativa y cuál es el estado que guarda en términos de proceso constitucional.

1. La iniciativa por fin fue subida a pleno después de casi tres años (1° de febrero de 2018) de tenerla en la congeladora legislativa por razones de “timming político”, argumentando bloqueo de parte del grupo opositor. Consideraron que no tendría tanto impacto hacerlo antes y prefirieron esperarse al inicio del proceso electoral.

2. Falso que el senado aprobó la iniciativa que enviaron los diputados. De hecho, la  rechazó de facto tal como venía, pues incluía a la vez reformas que tienen que ver con el ejecutivo federal y con las Cámaras de Senadores y Diputados, y para no regresarla a la cámara de origen, optó por hacerle cambios al contenido y separar las reformas que inciden en el ejecutivo y las que impactan en el legislativo.

Para el primer caso -el ejecutivo federal-, los artículos 108 y 111 solo fueron adicionados con un par de párrafos para incluir como causales de enjuiciamiento al presidente los delitos electorales (el proyecto de los diputados Nahle y Caballero no incluían este punto) y la corrupción.

Esto quiere decir que:

A) La Constitución de 1917 en su artículo 108 párrafo segundo ya preveía desde la constitución de 1824 que el Presidente pudiera ser enjuiciado, y a partir de la constitución de 1857 ha existido la posibilidad de que esto suceda por traición a la patria y delitos graves del orden común.

B) Lo único que sucedió es que además ahora podrá ser sujeto de proceso judicial por estas dos “nuevas” causales (la constitucion de 1857 ya las preveía también). Al respecto cabe mencionar por ,un lado, que la “reforma” mantiene la oscuridad en lo que ya postulaba el artículo 108 en el caso de “traición a la patria”, en la constitucion no se señala y en la legislación secundaria es inexistente, con la excepción del código penal federal, que en su art. 123 hace un listado de los supuestos en los que se presentaría ese delito, pero todas están relacionadas con invasión y guerra contra otro país, siendo que hay otras conductas de naturaleza no militar que pueden ser calificadas así y no se contemplan, primero por “disciplina política” y luego por falta de definición constitucional de los conceptos “traición” y “patria”, siendo que hay otros textos constitucionales como el de Ecuador, que incluye como delitos por los que puede juzgarse al presidente los relativos a la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia, cumpliendo con lo dispuesto en el “Estatuto de Roma” de la Corte Penal Internacional, instrumento internacional que por cierto fue ratificado por México en 2005, todo lo cual en esta “reforma” fue pasado por alto.

C) En el mismo sentido, en esta modificación que se pretende tampoco se precisó cuáles de los delitos comunes son “graves”. Si bien el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal en su art. 268 (que solo podría ser aplicable en esa entidad, bien en otra por analogía y ponderación judicial) menciona que en esa entidad son los que tienen penalidad promedio mayor a 5 años, esa no es una referencia que pudiera generalizarse pues las legislaciones locales por su naturaleza conciben la “gravedad” de los delitos comunes de diferente forma de acuerdo a sus propias circunstancias.

D) Además, se sigue omitiendo lo relativo a los delitos federales, siendo que estos podrían tener aun mayor grado de gravedad.

E) En cuanto a los delitos electorales, si bien estos se encuentran definidos en las leyes penales y de la materia, la “reforma” no precisa tampoco cuáles de estos podría cometer el presidente y ser sujetos a acusación y juicio.

F) La reforma aprobada por el Senado añade una nueva causal: “corrupción” concepto que pese a lo obvio que parece a primera vista, es abstracto, ambiguo e ideológico, políticamente manipulable y por lo mismo poco útil en términos de proceso penal, pues para empezar el delito de corrupción no existe en la legislación mexicana y para continuar no se precisa qué es y que comprende para efectos jurídicos y judiciales ni en la Constitución, ni en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, ni en ninguna de sus leyes secundarias.

Acusar de un delito y llevar a juicio a un jefe de Estado y de gobierno es una cosa seria, y eso debería llevar al legislador a la mayor precisión jurídica respecto de las conductas que podrían dar lugar a una acusación y enjuiciamiento de ese tipo.

Por ello, además de la definición jurídica del término “corrupción”, la reforma debió aclarar qué delitos comprende esta denominación, de manera enunciativa que no limitativa, por ejemplo: tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, el uso político de la seguridad, la salud, el empleo, los programas sociales.

4) Desde hace varios sexenios, el artículo 109 constitucional ya también dispone que serán juzgados mediante juicio político sancionados los servidores públicos que incurran en responsabilidades por perjuicios y daños al interés público, indicando que serán sancionados por delitos según las leyes penales al igual que por responsabilidades administrativas y que cualquier ciudadano podrá hacer la denuncia respectiva ante la Cámara de Diputados Federal, excepto en el caso del Presidente de la República, que según el artículo 111 deberá hacerse ante la Cámara de Senadores, lo cual es a todas luces inconstitucional porque con ello el Senado adopta indebidamente atribuciones del Ministerio Público. En su lugar, como instancia determinadora solo debería declarar la procedencia, permitiendo entonces el inicio de las actuaciones penales y administrativas del caso concreto (vale indicar que para demandas de tipo civil no se necesita declaración de procedencia, tampoco si el servidor público comete un delito mientras está separado de su encargo).

De todo lo anterior, tenemos que la denominada “reforma que elimina el fuero presidencial” acaba siendo una simulación más, pues además de que aún no está aprobada pues para que eso suceda se necesita del voto del 50% más uno de los legisladores de al menos 17 (también mitad más uno) entidades federativas:

a) no elimina el fuero, simplemente porque no lo puede eliminar, ya que como sucede en cualquier país, el presidente y ciertos servidores públicos deben tenerlo por razones de su encargo, ejercerlo conforme a lo previsto en la ley y en caso de abusar de él o usarlo indebidamente, ser sancionados, lo que sigue sin suceder que es ahí donde está realmente el problema;

b) solo amplía las causales de enjuiciamiento para el presidente añadiendo una de muy alta ambigüedad como la “corrupción”;

c) mantiene sin definición ni precisión conceptos abstractos y hasta subjetivos como “la traición a la patria” y ahora “corrupción”;

d) omite la precisión de los delitos graves del orden común y los federales por los que se podría enjuiciar al presidente; y al final de cuentas

e) mantiene la impunidad en caso de que el presidente pudiera cometer actos ilícitos, antijurídicos y culpables, pues políticamente en el caso como el actual donde las dos cámaras están integradas mayoritariamente por legisladores del partido en el gobierno, simplemente ni siquiera sería recibida la demanda.

Importancia de los Fideicomisos Públicos para el Desarrollo Nacional

IMPORTANCIA DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Por José Ramón González Chávez

De acuerdo al Derecho Administrativo y la teoría de la Administración Pública, hay dos formas de organización administrativa: 1) La administración centralizada, integrada por secretarias y departamentos de Estado y 2) La administración paraestatal, que se compone de organismos descentralizados, empresas de participación estatal, sociedades nacionales de crédito y organizaciones auxiliares, instituciones nacionales de seguros y fideicomisos públicos.

Al analizar estos últimos, ante todo debemos tener en cuenta qué son para qué sirven cómo funcionan, para saber si son necesarios, útiles o no para el ejercicio del gobierno y si se deben desaparecer o mantenerse.

Etimológicamente, la palabra fideicomiso proviene de las voces latinas fides que significa fe, confianza, y comissium, que significa encargar la realización de algo a alguien y puede haberlos de carácter privado, públicos o de participación mixta.

En el caso de los segundos, técnicamente el fideicomiso público es un contrato, por el que un organismo gubernamental, a quien se denomina fideicomitente, y que según la legislación de la materia es en exclusiva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), constituye un patrimonio autónomo con bienes y recursos de los que es titular para dedicarlos a un fin lícito, claro y específico, siempre de interés público, que llevará a cabo un organismo especializado en la materia respectiva llamado fideicomisario, asumiendo la titularidad del patrimonio fideicomitido y siendo responsable la administración de dichos bienes y fines una sociedad nacional de crédito llamada fiduciario.

En México y en el mundo, los fideicomisos públicos se han creado para fomentar el desarrollo económico, social y cultural, la investigación y diversas actividades de carácter educativo, académico, artístico y de salud pública; otorgar becas y formación de capital humano entre las más importantes, dando concreción y seguimiento a programas públicos.

Su administración y gestión implican la necesidad de un constante y permanente monitoreo en cuanto al cumplimiento de sus fines y el beneficio esperado.

Al respecto, existen con claridad dos posiciones encontradas de las que a continuación presentamos los argumentos más relevantes:

Por una parte, los diputados morenistas que obviamente votaron a favor de la iniciativa presidencial (aunque hubo algunos que no lo hicieron así), basaron su decisión en las siguientes “premisas”:

  1. Todos los fideicomisos son organismos incapaces de cumplir sus fines debido a la corrupción; generalización que mete a todos en el mismo saco, sin haberse realizado una sola auditoría, ni haberse presentado una sola prueba al respecto.
  2. La desaparición de los fideicomisos no implica el retiro del apoyo a las actividades que cada uno de ellos realizaba, se reasignaran directamente a los organismos y fines que tenía cada uno;
  3. Contradictoriamente con esta declaración, el propio congreso señaló que el presupuesto que actualmente se gasta en los fideicomisos (68 mil millones de pesos) se usará para comprar vacunas anti COVID, lo que es falso, pues por ley esos recursos deben permanecer sin movimiento ni destino en la SHCP y según lo manifestado por autoridades de esa Dependencia se aplicarán al pago de compromisos del ejecutivo en otros temas, pero que independientemente de ello va a destinar 1,659 millones de dólares (más de 35 mil 600 millones de pesos) para el pago las vacunas anti COVID (y los otros 33 mil millones?).

Por otra parte, hay una gran cantidad de organizaciones y actores políticos que se han manifestado en contra de la extinción a tabla rasa de los fideicomisos públicos, con los siguientes argumentos:

  1. No se puede meter a todos los fideicomisos en el mismo saco; antes de extinguirlos, debería hacerse una auditoria a cada uno de ellos y en caso de encontrar irregularidades, ineficiencias y/o corrupción, hacer las denuncias correspondientes con sus respectivas pruebas ante la FGR;
  2. No existe ni plan ni estrategia para la redistribución de los más de 68 mil millones de pesos a cada organismo o cada fin para los que fueron creados los fideicomisos que se pretende desaparecer; al contrario, hay una gran oscuridad y opacidad sobre el destino de esos recursos. Se corre el riesgo de perder la independencia de los programas y proyectos pues ahora tendrán que negociarse cada año con el ejecutivo y los legisladores que podrán asignar el presupuesto de acuerdo a sus intereses personales o de grupo.
  3. Es falso que esos recursos se vayan a destinar a comprar vacunas anti COVID, pues por ley esos recursos deben permanecer sin movimiento ni destino en la Tesorería de la Federación y según lo manifestado por autoridades de la SHCP se aplicarán al pago de compromisos del ejecutivo en otros temas, aunque respecto de la COVID dijo que va a destinar 1,659 millones de dólares (más de 35 mil 600 millones de pesos) para el pago las vacunas. Pero las cuentas no cuadran: ¿y los otros 33 mil millones? en la exposición de motivos del decreto que modifica 19 leyes y abroga 2 para eliminar esos 109 fideicomisos, se dice que también podrán destinarse a “programas sociales del bienestar” pero nadie sabe cuáles son, ni a qué dependencias se otorgarían, ni en qué montos. Además, ese dinero no se sabe si quedaría en el presupuesto de 2020 o del 2021. Hay quien afirma que lo van a ocupar para seguir financiando los tres proyectos emblemáticos del gobierno actual.

Un buen ejemplo de ello es el caso de los 68 fideicomisos públicos de los 109 a desaparecer (es decir dos terceras partes del total) que tienen como fin fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, con los que se financiaba casi la totalidad de su operación y que en un alto porcentaje reciben recursos internacionales, no solo del gobierno. Hasta el momento los organismos del sector desconocen cómo continuarán sus trabajos, con qué presupuesto, cómo tendrán acceso ahora a los recursos, etc., lo cual sumado al 75% de reducción de su presupuesto desde 2019, generará sin dudas graves problemas en términos de eficiencia y eficacia institucional, si se tiene en cuenta por ejemplo investigaciones y actividades de mediano y largo plazo que no se pueden detener o que de hacerlo se provocaría un retroceso de años o incluso décadas como en el caso de la biotecnología, la investigación médica, el medio ambiente, entre otros.

Otro ejemplo es en materia de protección civil: la desaparición del FONDEN es realmente de alto riesgo, pues por su propia naturaleza, muchos eventos catastróficos son imprevisibles, pero al mismo tiempo hay la certeza de que ocurrirán periódicamente, como huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, etc. Si la atención a dichas emergencias dependiera exclusivamente de los fondos asignados en el presupuesto anual, y dependieran de la asignación discrecional del podría darse el caso de que el presupuesto anual se consumiera en un cierto rubro especialmente importante para el gobierno (la política energética), y que, ante un sismo de 8 grados, no hubiera suficientes recursos disponibles para auxiliar a la población o a las autoridades locales. Esta es justamente la razón de ser de ese fideicomiso público llamado FONDEN: asegurarse de que, con independencia de las necesidades en el corto plazo, siempre haya dinero disponible para enfrentar catástrofes naturales.

En fin, sin perjuicio de lo planteado por estas dos posiciones es más que evidente que si bien hay fideicomisos que deberían ajustarse a sus fines de forma transparente y eficiente o incluso extinguirse, la desaparición por la generalización que por desgracia se está aplicando de aquellos que han demostrado su utilidad y eficiencia va a causar no de inmediato, pero tampoco en un tiempo muy lejano, grandes daños al desarrollo nacional, a la administración pública y a la ejecución de actividades que por su naturaleza no pueden ni deben depender de los designios individuales del gobernante en turno más aun cuando muchos de sus proyectos están más allá de las ideologías y trascienden los sexenios.