La Corrupción en México*

MORENA-CORRUPCIÓNPor José Ramón González Chávez

* Elaborado como ponencia para el VIII Congreso de la Red De Investigadores Parlamentarios de América Latina (REDIPAL) del Congreso de la Unión, México, abril 2015.

email: jrglezch@hotmail.com

Facebook: /jrglezch

Twitter: @jrglezch

Abstract:

La corrupción, como vicio de la conducta humana, está presente en todas las civilizaciones de todos los tiempos y en prácticamente todas las ramas de la actividad social.

En México, la cultura social se ha enfrentado desde hace siglos, con notoria presencia desde la conquista, aunque con particular énfasis desde hace algunas décadas, a una gran cantidad de retos en lo que se refiere a conocer y comprender, prevenir y resolver el grave flagelo de la corrupción, que ha causado y sigue causando severos daños de muy diversa naturaleza.

Cómo entender la problemática y encaminarse hacia propuestas de solución viables, posibles y realizables, para contener, disminuir y prevenir este flagelo social? Desde qué perspectivas y con qué enfoques? La intención del presente ensayo es acercarse hacia posibles respuestas a estas interrogantes.

————————-

Introducción.

La corrupción, entendida como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio privado; es un vicio de la conducta humana y por lo mismo, se encuentra presente en todos los países, en todos los tiempos, en todas las esferas de la actividad social, a tal grado que podemos afirmar que la historia de la corrupción corre al lado de la historia de la humanidad misma.

En México, la cultura social se ha enfrentado desde hace siglos, aunque con particular énfasis desde hace algunas décadas, a una gran cantidad de retos en lo que se refiere a conocer y comprender, prevenir y resolver el grave flagelo de la corrupción, que ha causado y sigue causando severos daños de muy diversa naturaleza, entre los que se encuentran solo por mencionar algunos, los materiales, humanos, jurídicos, políticos, internacionales, sociales y económicos.

El crimen organizado, no solo el que se relaciona con las drogas y todo su ciclo económico (producción, distribución, consumo) ha penetrado prácticamente todas las esferas del sistema judicial, legislativo y administrativo en los tres ámbitos de gobierno, municipal, estatal y federal, incluyendo por supuesto todo el aparato de seguridad pública nacional, pero también el comercio, la industria, la educación, las organizaciones religiosas, la vida social y en general la cultura, provocando una gran frustración en la población y un gran desencanto en las instituciones jurídicas y políticas, lo que ha provocado y sigue provocando desconfianza, deslegitimación y por ende, el debilitamiento de nuestro Estado Constitucional.

Los políticos, convertidos luego de las elecciones en gobernantes, han llenado sus discursos anticorrupción de falsas promesas y expectativas y lo cierto es que desde se inició en 1982, primero como propuesta político electoral y luego como política pública en 1983 con el título de “Renovación Moral de la Sociedad”, se ha gastado y podría decirse que despilfarrado una gran cantidad de dinero en personal, equipos, políticas públicas, programas, reformas legales, publicidad gubernamental, y hasta fines del año pasado los resultados han sido pobres, cuando no hasta contraproducentes, pues parece ser que el único resultado después de 30 años es que la corrupción ha contaminado aún más el tejido social, tal como lo muestran todos los días los medios de comunicación.

Para entender la problemática y tratar de caminar hacia propuestas de solución viables, posibles y realizables, hay que abordar el asunto desde una óptica multidimensional, y desde luego, con un enfoque ético jurídico.

 

  1. Antecedentes:

Para entender cómo se fue arraigando la corrupción en México, habría que remontarse al menos hasta nuestros orígenes como nación.

En la época prehispánica, se sabe que los funcionarios y figuras públicas, y hasta los ciudadanos, eran sancionados severamente por cometer actos de corrupción. Eran exhibidos públicamente, despojados de sus bienes y títulos y aun desterrados.

Sin embargo, está documentado también en varias fuentes que a partir del mismo descubrimiento de América, luego durante la conquista, pero sobre todo a partir de la caída de México-Tenochtitlan y con ella del imperio azteca en 1521, se cometieron diversos actos de corrupción, que se realizaban prácticamente en plena impunidad, ante la ausencia del control del gobierno imperial. En las expediciones al “nuevo continente”, el reino de España enviaba algunos representantes para supervisar asuntos de carácter administrativo y jurídico. Pero los viajes eran muy largos y las comunicaciones prácticamente nulas, lo que se reportaba el funcionario quedaba a su total criterio, por lo que la información que proporcionaba era muy subjetiva y no podía ser sujeta de comprobación.

Al enterarse el Rey de España Carlos V, de la caída de la capital azteca (meses después de que esto ocurrió), éste le prohibió a Hernán Cortés la aplicación a la población indígena las denominadas encomiendas, sistema que emplearon los propios españoles desde 30 años antes (1495) en la Antillas, mediante el cual, cada español tenía a su servicio miles de indígenas quienes por lo rudo del trabajo, la mala alimentación y a las enfermedades europeas terminaban por sucumbir.

Hernán Cortés, y los funcionarios reales que venían con él, a pesar de la orden del Rey que indicaba que los indios eran vasallos libres de la Corona y como tales no deberían de ser encomendados a particulares. Pero para Cortés era claro que sin la apropiación de la tierra no había conquista, la población no podría ser controlada y sin control no habría riqueza; así que hizo caso omiso de las órdenes de su Rey e inició el reparto de los pueblos indios entre los miembros de su ejército. Este acto de corrupción llevó a que en unas cuantas décadas la población indígena de la Nueva España se extinguiera en un 90%, en uno de los mayores genocidios que haya conocido la humanidad.

La encomienda hecha a espaldas del Rey, se inició en el pueblo de Coyoacan, al sur de la ciudad de México, con el nombramiento de 500 españoles, todos ellos burdos soldados sin ninguna instrucción, o incluso prófugos de la justicia en sus países, como encargados de otros tantos pueblos, acto de corrupción con el cual dio inicio también la flamante dominación española en América.

Lo inmenso del territorio de la Nueva España y lo precario de las comunicaciones hacían muy fácil el evadir todos los procedimientos oficiales, por lo que cada encomendero dominaba a plenitud y con total impunidad su señorío. Era una especie de señor feudal (recordemos que la dominación musulmana acababa de terminar en España hacía apenas unos pocos años, y el sistema feudal aun prevalecía), con facultades para atacar cualquier insubordinación. Incluso, lograron hacer alianzas con los caciques indígenas que aun ejercían el control de territorios y población, quienes a cambio de protección y ciertas canonjías abandonaban a sus pueblos, y en algunos casos llegaban a convertirse en auxiliares de los encomenderos en la recaudación de los tributos y la aplicación de sus actos de autoridad. Algo similar sucedía con los encargados del sistema de control impuesto por el clero católico a través de las capellanías, curatos, diócesis, etc., distribuidas a todo lo largo y ancho del territorio colonial, que también llegaban a aliarse con los encomenderos.

Pero la corrupción venía también desde arriba: como ejemplo, el primer Virrey Antonio de Mendoza fue acusado de recibir dádivas y presentes por parte de algunos encomenderos para aumentar los beneficios de los que gozaban o para acrecentar sus extensiones territoriales. Igualmente, se le acusó de embolsarse 2,000 ducados de oro anualmente durante los 19 años de su gobierno, los cuales habían sido asignados por el Rey Carlos V para pagar los salarios de las personas que estaban a su servicio. Evidentemente que si la cabeza del Virreinato promovía la corrupción, sus subordinados seguían el lamentable ejemplo.

Dado el aumento de la carga impositiva y la deslegitimación de la autoridad del cacique, aunado la ilegitimidad del gobierno colonial impuesto a sangre y fuego, la corrupción se fue extendiendo, por ejemplo, hacia el no cobro mediante dádivas, del pago de los tributos que debían ser entregados tanto al encomendero como a la Corona. Para recaudar impuestos, el Virreinato creó las alcabalas (aduanas interiores) por las que quien transportaba sus mercancías debía de pagar una cuota para pasar. Como es de imaginarse, un alto porcentaje de dichos impuestos no eran recabados, pues los encargados de dichas aduanas pedían y recibían sobornos.

Así, durante los 300 años de dominación española, muchas figuras de corrupción enquistaron en la sociedad, salieron a la luz durante la guerra de independencia. El régimen colonial, rígido en cuanto a la dominación y explotación económica, pero muy laxo en cuanto al control del poder, junto con los acontecimientos políticos en España y Europa que produjeron la división entre la clase gobernante colonial, formaron el caldo de cultivo para el inicio del movimiento independentista, que en lo que a corrupción se refiere, tuvo como una de sus primeras banderas la proclama de Hidalgo “¡Muera el mal gobierno!”, con la que resume de manera paradigmática el esquema de corrupción de toda la época colonial a todas las escalas y en todo el país.

Otro hecho de corrupción digno de traer a la memoria y que marcó singularmente nuestra historia política y jurídica, fue la traición hecha por Iturbide a Guerrero en Acatempan, donde las partes acordaron la paz a cambio de un gobierno compartido, mismo que nunca se dio, pues mientras terminaba el conflicto armado y entraba el ejército trigarante a la ciudad de México, se pactaba en la iglesia de la Profesa, a espaldas del movimiento insurgente que defendía el ideal republicano, la firma del acta de independencia que constituía el Primer Imperio. El acta de independencia no fue firmada por ningún insurgente, sino por caciques, militares y clérigos, es decir, por los detentadores del poder durante toda la colonia, gracias a la cual pudieron seguirlo manteniendo hasta la Reforma, movimiento jurídico político que mediante la Constitución de 1857 y sus leyes reglamentarias (Leyes de Reforma) eliminaba sus privilegios centenarios, ante el que estos mismos grupos reaccionaron promoviendo y sosteniendo el establecimiento del efímero Segundo Imperio.

Poco tiempo después, estos factores reales de poder fueron recuperando sus privilegios a fines del siglo XIX y principios del XX junto a los renovados intereses de potencias extranjeras, logrando un paulatino contubernio con el gobierno autócrata porfirista, y que se tradujo auxiliado por el resurgimiento de la corrupción generalizada, en el grave deterioro jurídico, político económico y social de nuestro país que desembocó en el movimiento revolucionario de 1910-1917.

De ahí que, si algún extranjero critica a nuestro país por el grado de corrupción que sufrimos, habría que recordarle que ese sistema alguna vez cruzó el Atlántico y llegó a nuestras tierras para ser asimilado paulatinamente a nuestra cultura social durante casi 500 años, y que en muchos episodios notables de la misma, ellos también han sido partícipes, sin perjuicio de los no pocos casos de corrupción que sigue habiendo en aquel continente, y que son verdaderamente escandalosos y que han causado y siguen causando grandes desgracias para sus pueblos, como los presentados recientemente en Italia, Grecia, España, Francia y aun en organismos internacionales como el FMI (caso Christinne Lagarde – Lionel Jospin), los bancos europeos, etc. o en Estados Unidos, donde ejemplos pasados y presentes sobran y que hacen que movimientos sociales como el de “Los Indignados” tengan entre sus principales postulados, el “Ya basta” a la corrupción, y la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas.

 

2.- Carácter multidimensional del Problema:

Ante todo lo anteriormente expuesto, resulta evidente que habría que hacer un esfuerzo de gran magnitud para si no erradicarla de nuestra sociedad -lo que me parece realmente imposible, pues como he dicho, nos encontramos ante una actitud deplorable, desde luego, pero que por desgracia es propia de la naturaleza humana y social en todo el mundo- si controlarla, prevenirla y sancionarla a través del Derecho, que es precisamente el regulador de la conducta humana en sociedad.

Para lograrlo, dese mi personal punto de vista, habría que comprender primero que nada, que estamos ante la presencia de un problema multidimensional, esto es, que no se trata de casos aislados, ni nuevos, ni solo jurídicos o solo políticos, sino que en él confluyen una gran cantidad de aspectos o vectores de muy diversa índole, que interactúan y se encuentran enlazados de manera muy estrecha, por lo que su atención como fenómeno o sujeto jurídico, debe darse también de manera multidisciplinaria.

 

Abordaré a continuación solo de manera enunciativa, cinco aspectos de los más importantes sobre el tema que nos ocupa:

2.1. Corrupción y Drogas.

En años recientes, los cárteles en México se han vuelto cada vez más poderosos, debido principalmente la desaparición de los cárteles en Colombia y a la versión globalizadora de tipo colonial de Estados Unidos para América Latina, primer consumidor de drogas en el mundo. Estos cárteles hacen uso de grupos armados de tipo paramilitar para crear y mantener un clima de terror, violencia, inseguridad, intimidación de ciudadanos empresarios, comerciantes y gobierno, lo que provoca un ambiente propicio para el desarrollo de sus actividades. Los Zetas, grupo armado del Cartel del Golfo, se creó a finales de los 90. con militares mexicanos entrenados en Estados Unidos en la Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, con el objetivo oficial de formar un cuerpo capaz de enfrentar y neutralizar a los carteles mexicanos, pero que después por un “error de cálculo”, desertaron y se pasaron a las filas de cada uno de los cárteles que se pretendía combatir. Junto con ellos, también fueron entrenados militares que ya estaban aliados a los cárteles y que siguen estando dentro del ejército y las fuerzas de seguridad pública en los tres niveles de gobierno.

2.2. Corrupción y Sociedad:

A estas guardias blancas del narco se han venido sumando soldados del ejército formal (de 2007 a la fecha ha desertado un 2.5% del total de reclutados), policías federales, estatales y municipales, así como un buen número de miembros de pandillas de mexicoamericanos del sur de Estados Unidos, mezclados con grupos de civiles, principalmente jóvenes de escasos recursos (la gran mayoría nini’s), provenientes de diversas regiones del país de las franjas fronterizas del norte y sur y bajío, a los que se sumaron a cambio de la promesa de buen salario, buena comida y buena ropa, vivienda, seguro de vida, diversiones y el automóvil nuevo o camión que deseen. Así los menores y adolescentes ven en los zetas más que a un empleador, un modelo a seguir y hasta como un objeto de culto (vgr. Jesús Malverde, Juan Castillo Morales), lo cual tiene un impacto profundo en la cultura social, sobre todo en el sector de la población que represente el futuro de nuestro país.

Ciudades enteras como en Ciudad Juárez se convierten cada vez más en ciudades fantasma por el éxodo debido a infinidad de factores, entre ellos el crimen organizado, la el desempleo, la falta de oportunidades. Muchos niños se enfrentan a la separación de sus familias con el fin de mantener la seguridad, causándoles un trauma a largo plazo. Los niños, los jóvenes y la sociedad en general están en riesgo de ser despojados de su cultura familiar, comunitaria y social, de su identidad local y nacional; la imposibilidad de juego, de interacción, de esparcimiento, les impide la socialización, cayendo en un estado de desarrollo moral y material mucho menor comparativamente al de quienes no sufren de este tipo tan complejo de violencia.

2.3. Corrupción política y gobierno:

Desde la época colonial, los ciudadanos han sido muy tolerantes con la corrupción menor, como los pequeños sobornos a burócratas y policías por disputas o delitos menores, pero los riesgos han aumentado considerablemente en las últimas décadas por los miles de millones de dólares provenientes del negocio de las drogas ilícitas y distribuidos de manera masiva y a todas las escalas. Los cárteles han logrado hacer más eficiente su operación al corromper, cooptar, intimidar o asesinar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y realizar una campaña de descrédito de las fuerzas del orden que han comprado los medios, todo lo cual ha llevado el esquema tradicional de corrupción menor, a un nivel completamente nuevo.

Cabe señalar dentro de este mismo tema que otro “error de cálculo”, la operación rápido y furioso permitió a los carteles la compra de grandes cantidades de armamento exclusivo de las fuerzas armadas, como parte de un supuesto operativo para conocer la ruta de los cárteles pero que sorpresivamente se le salió de las manos a ese gobierno, y al mexicano con el que estaba de acuerdo, aunque cabe mencionar que aún no se explica el papel y la toma de decisiones del gobierno federal mexicano en este operativo.

Desde 1983 pero con especial énfasis desde los últimos 20 años, el gobierno mexicano a todos los niveles, ha realizado grandes gastos para combatir la corrupción. Sin embargo, tal como lo señala el informe 2010 de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la Organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Crimen (UNOCD)[1], el problema sigue siendo grave.

La corrupción no sólo ha afectado a México, se ha venido extendiendo a velocidad cada vez más acelerada en las fronteras con Estados Unidos, donde una gran cantidad de miembros del Ejército y agentes de la Patrulla Fronteriza de aquel país, también conocidos como porteros corruptos, han sido declarados culpables de aceptar sobornos del narcotráfico. Por ejemplo, en el condado de Starr, Texas, el sheriff fue acusado de utilizar su posición para ayudar a miembros de alto rango de los cárteles de la droga. Esa es una de 19 acusaciones por conspiración para introducir cocaína y marihuana desde México hacia el interior de Estados Unidos que se han promovido en las cortes norteamericanas. De hecho de 2004 a 2007, solo en tres años, los casos oficiales de corrupción de fuerzas armadas, de seguridad y migración norteamericanas es de más del doble.

En lo político, los partidos también participan en la corrupción, mezclándose con el crimen organizado, el tráfico de influencias, el abuso de autoridad, los compadrazgos. Usan las debilidades para ocultar la corrupción de sus oponentes, exhibiéndola en los medios en los tiempos políticos propicios, no antes ni después, es decir, aprovechando su capital político, de cara a las elecciones o a las coyunturas políticas. Los partidos y políticos descubiertos tratan de responder a las acusaciones con argumentos insostenibles o con otra acusación, no para resolver el asunto de corrupción en boga, sino para neutralizarlo con otro igual, utilizando la falacia de que “sí lo hago, pero también el otro lo hace; por lo tanto ¿cuál es el problema?”, en un intolerable absurdo, cuando sabemos por lógica y por ética que dos actos negativos no producen un acto positivo.

En lo administrativo, la tradicional corrupción menor se ha convertido en una especie de folclore que se socialmente se asume de manera casi generalizada como una práctica común o normal y hasta como una virtud, como lo muestra el lema “El que no tranza no avanza”, lo que también abona de manera singular al arraigo de esta práctica en nuestra cultura social.

2.4. Corrupción y medios:

Del mismo modo que en el caso de las fuerzas del orden público y funcionarios, los medios también son intimidados, cooptados, corrompidos por el crimen organizado ligado a las drogas. Imágenes a todas horas y todos los días de montones de cuerpos sacrificados junto al patio de la escuela o cabezas cortadas colocadas sobre postes en toda la ciudad. Las notas sobre las drogas y sus crímenes relacionados ocupan cada vez más espacio en los caros tiempos de televisión y radio, así como en la prensa escrita y la Internet. Obviamente el escándalo genera desconfianza, ésta el debilitamiento institucional y en muchos casos, el riesgo de ingobernabilidad, todo lo cual es por demás nefasto para nuestro Estado de Derecho.

2.5. Corrupción y Educación:

He dejado al último este tema, pero no por eso es menos importante. Resulta más que evidente que el sistema educativo nacional, primordialmente a nivel de educación elemental, se encuentra grandemente contaminado por las prácticas de corrupción, lo cual se muestra de manera evidente en las prácticas tradicionales de las organizaciones sindicales del magisterio, de lo cual hemos presenciado testimonios recientes y cuya dimensión ha venido creciendo progresivamente al incluir dentro de la educación básica a la secundaria y ahora a la preparatoria.

A nivel superior nuestro país también sufre de la complacencia compartida entre alumnos, profesores, autoridades académicas de muchas instituciones públicas y privadas, donde unos hacen como que enseñan y otros como que estudian, cayendo en una mediocridad que nos colocan a los egresados en un alto riesgo a nivel de competitividad, comparativamente con otras instituciones con planes, programas y prácticas de excelencia, lo cual también es corrupción.

 

Propuesta de Solución.

En primer lugar, como fue señalado con anterioridad, una forma de acercarse a una posible solución, es primero que nada concebir el problema desde una perspectiva multidimensional y multidisciplinaria, dado que se trata de un asunto que es a la vez político, jurídico, económico, social, educativo, cultural, mediático, etc., visión que debería tener el legislador federal y estatal para crear un marco jurídico que ataque el problema de manera articulada y transversal, atendiendo todos sus aspectos e involucrando a todos los niveles de gobierno.

La recientemente creada Fiscalía Anticorrupción del gobierno federal debe contar con esa visión, así como con medios suficientes y adecuados para vincular a las administraciones públicas de todos los ámbitos de gobierno para incluir dentro de sus atribuciones las relacionadas con la transparencia, la rendición de cuentas, la prevención y sanción de actos de corrupción, así como la tolerancia cero ante las ofertas de corrupción de los particulares. Sin embargo hasta el momento desconocemos sus principios, sus fines, alcances y estrategias.

Al respecto, cabe mencionar que dentro de este esquema debería incluirse no solo al ejecutivo, sino también al legislativo, al judicial, y a los organismos constitucionales autónomos, que por cierto hasta el momento están exentos de la obligación de contar con una gestión transparente y de rendir de cuentas de la misma, así como de proporcionar información a la ciudadanía sobre su actuación.

También a través de los organismos públicos correspondientes, habría que involucrar en esta labor contra la corrupción a las cámaras industriales y comerciales, para que asuman el compromiso de infundir en sus agremiados la cultura de la denuncia contra la extorsión, y demás delitos y faltas cometidas por los servidores públicos.

Desde el ámbito social, también deberían crearse los mecanismos adecuados para asegurar la participación de las ONG’s registradas previo sometimiento a reglas de transparencia y rendición de cuentas. Así como a ciudadanos conocedores e interesados en el tema.

La denominada “Reforma Educativa” emprendida por el gobierno federal actual, intenta llevar a cabo acciones para contener las prácticas corruptas tradicionales del magisterio, pero parece limitada al atender solo ese aspecto, dejando de fuera otros tanto o más importantes, como la creación de una verdadera política pública educativa nacional, que actualice programas de estudio, que capacite y forme para el empleo, para la industria, el comercio, las artes y los oficios, que se concentre en el mejoramiento de la competitividad no solo en términos cuantitativos, sino también cualitativos, y que permita la supervisión de metas, con participación de todos los sectores sociales y la ciudadanía.

En fin, me parece que el asunto de la educación desde nivel preescolar hasta postgrado en la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la tolerancia cero de gobernantes y gobernados, basada en un marco jurídico que cuente con normas, principios y prácticas que sean no solo obligatorios sino social y axiológicamente válidos, es crucial para tener resultados realmente efectivos contra la corrupción.

 

Conclusiones:

  • El tema de la corrupción está relacionado con la naturaleza humana, por lo tanto no es exclusivo de una persona o de una sociedad y por sus propias características es muy complejo y delicado.
  • En México, de ser un asunto menor y tolerado socialmente desde inicios de la época colonial, en tiempos recientes y dadas las circunstancias actuales que han originado su amplificación por el involucramiento en ella de factores como el crimen organizado y su creciente expansión en todos los ámbitos de la vida social, requiere de una atención urgente, pues crea desconfianza, ineficacia gubernamental, ingobernabilidad y por ende, afecta de manera progresiva las instituciones, la cultura social y el Estado de Derecho.
  • La corrupción es de naturaleza multidisciplinaria y multidimensional, y por lo mismo requiere de un tratamiento en el mismo sentido, por el legislador, el juez, el gobernante, los distintos sectores sociales y la ciudadanía en su conjunto.
  • La corrupción debe ser desterrada de la cultura social, y para lograrlo existen medios y herramientas jurídicas, políticas y sociales; no obstante, la voluntad política de las autoridades y la participación ciudadana son fundamentales para que esto pueda darse.
  • El Derecho como regulador de la conducta social, constituye un factor imprescindible para el logro de acciones concretas y contundentes contra la corrupción y a favor de una cultura de la transparencia, la rendición de cuentas, así como del pleno ejercicio del derecho fundamental a la información.
  • Entre todos los factores que pueden contribuir a una reversión de la corrupción hacia la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el pleno acceso al ejercicio del derecho fundamental a la información, la educación y la cultura juegan un papel medular e imprescindible, pues sin ellas, todas las demás acciones que se realicen serían estériles, tal como lo ha demostrado la historia reciente.

 

Referencias bibliográficas:

http://www.nytimes.com/2009/03/23/us/23border.html?_r=0

[1] http://www.cinu.mx/minisitio/JIFE/multimedia/index.php

 

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .