Análisis de la Iniciativa de Ley Federal de Acceso y Aprovechamiento de los Recursos Genéticos

desruralsust

Investigación realizada para el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable, Cámara de Diputados Federal, Congreso de La Unión, México, 28 de septiembre de 2005.

Por José Ramón Gonzalez Chávez

____________________________________________

 

Presentación

El presente es un análisis de la iniciativa de Ley Federal de Acceso  Aprovechamiento a los Recursos Genéticos desde el punto de vista jurídico. Para su realización primero se sintetizó la estructura de la iniciativa, y a partir de ahí se hicieron comentarios a diversos aspectos de ella, siguiendo el orden en que están colocados en la Ley. Las partes que se comentan son aquellas que nos parecen claves y no están suficientemente claras en su contenido y alcance; no guardan congruencia en su uso a lo largo del texto de la iniciativa, o se contradicen con otras leyes o tratados internacionales firmados por México y, por tanto, válidos como parte del orden jurídico mexicano, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 133 de nuestra Carta Magna.

1. Cuestiones formales

La iniciativa de Ley que se analiza se compone de una exposición de motivos, tres títulos, once capítulos,  seis secciones, ochenta y siete artículos y seis artículos transitorios.

El primer título se denomina “Disposiciones Generales”, el segundo “De la Administración, Manejo y Acceso a Recursos Genéticos” y el último “De la Inspección y Vigilancia, Medidas de Seguridad, Infracciones, Sanciones y Responsabilidad”.

El primer título a su vez se divide en dos capítulos, el primero se denomina “Normas Preliminares” y el segundo “Atribuciones y Acciones de Coordinación”, abarcando entre ambos 19 artículos; el título segundo se divide en 8 capítulos: “Modalidades de Acceso a los Recursos Genéticos”, “De los requisitos”, “De la Solicitud”, “Del Consentimiento Previo, Expreso e Informado”, “Del Dictamen Técnico”, “Del Contrato de Acceso”, “De la Autorización de Acceso” y “De la Distribución de Beneficios”, y contiene 55 artículos. El último título se divide en cuatro capítulos: “Inspección y Vigilancia”, “Medidas de Seguridad o de Urgente Aplicación” e “Infracciones, Sanciones y Responsabilidades” y Recurso de Revisión”, abarcando 12 artículos.

El capítulo primero del titulo segundo, a su vez se subdivide en dos secciones, la primera, “Disposiciones Generales” y la segunda “Investigación y Acuerdos de Transferencia”. De igual manera, el capítulo sexto del mismo título segundo se divide en dos secciones: “Disposiciones Generales” y “De la Terminación y Nulidad del Contrato”. Por último, el capítulo tercero del título tercero se divide dos secciones: “Infracciones” y “Sanciones”, respectivamente.

2.  Del título I.

2.1. El carácter de la ley

En el artículo primero de la Iniciativa, relativo a las disposiciones Preliminares” del “Titulo Primero”, que a su vez contiene “Disposiciones Generales”, es decir, que permean a toda la Ley se establece que la misma es de orden público y de interés social, de observancia general en toda la República. Que la Ley expresamente tenga este carácter reviste una importancia que no se puede obviar en el análisis ya que eso convierte a sus disposiciones en normas que deben prevalecer frente a otras que no lo tengan.. El mismo artículo establece como objeto de la Ley,  regular el acceso, uso, aprovechamiento conservación in situ y ex situ y protección de los recursos genéticos, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del aprovechamiento y comercialización de los mismos. De ello se puede concluir que con esta Ley se establece un régimen jurídico para el acceso a los recursos genéticos, a través de disposiciones de orden público e interés social, por lo que en caso de antinomia con otras leyes prevalecerán estas.

2.2. La constitucionalidad de la ley

Una ausencia muy importante en la Iniciativa de Ley es que no expresa si es reglamentaria de alguna disposición constitucional. Es probable que no haga referencia a ninguna porque no existe norma sobre el tema en la Constitución Federal. Esto en principio no vuelve anticonstitucional a la iniciativa pero si le crea problemas para poder fundamentar el objeto de regulación y el alcance que se le pretende dar. Y ahí si ya entra en inconsistencias jurídicas, de carácter constitucional.

Una de ellas es la disposición del artículo segundo, el cual contiene una norma declarativa donde se expresa que

Los recursos genéticos contenidos en los recursos biológicos localizados en el territorio nacional y las zonas en las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción son propiedad de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Un primer problema es que la norma constitucional la que se alude no hace referencia a los recursos genéticos. Textualmente expresa lo siguiente:

La Nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad.

El segundo problema es que en la exposición de motivos en la Iniciativa, se expresa que la fracción a la que se hace referencia no es la tercera sino la cuarta, pero esto tampoco resulta jurídicamente correcto pues el contenido de la mencionada norma no guarda correspondencia alguna con el artículo segundo de la iniciativa que se comenta. Para mayor claridad de la falta de congruencia entre ambos ordenamientos citamos el artículo 27, párrafo cuarto de la Constitución Federal, que textualmente prescribe:

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que fije el derecho internacional.

Como bien puede verse, esta norma se refiere a los recursos naturales ubicados en una parte de las aguas marinas y su objeto es hacer patente la soberanía de la Nación sobre ellas, pero de ahí no puede desprenderse que todos los recursos naturales, en este caso genéticos, que se encuentren en el territorio mexicano son propiedad de la Nación. De hecho, la Ley Federal del Mar, en su artículo 62, define la Plataforma Continental en los siguientes términos:

La Plataforma Continental y las Plataformas Insulares mexicanas, comprenden el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá del mar territorial, y a todo lo largo de la prolongación natural del territorio nacional hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos de que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia, de acuerdo con lo dispuesto por el derecho internacional. La definición anterior comprende la plataforma de islas, cayos y arrecifes que forman parte del territorio nacional.[1]

En esta situación lo que hay que concluir es que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contiene norma alguna que funde la afirmación de que los recursos genéticos son propiedad de la Nación, como pretende la Iniciativa de Ley que se comenta. En esta situación, lo procedente desde un punto de vista jurídico, es atenerse a lo prescrito en la fracción primera del propio artículo 27 constitucional, donde se expresa que son propiedad originaria de nación las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, la cual tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada;  así como a la fracción VII del mismo artículo, que reconoce la personalidad jurídica de ejidos y comunidades y mandata una protección especial para las tierras indígenas. En este sentido, dado que los recursos naturales, incluidos los genéticos, se localizan en algunas de estas tierras, como accesorios de ellas, deberían ser considerados como propiedad de los propietarios de las tierras.

Así ya lo reconoce la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, en su artículo 5°, que a la letra dice:

La propiedad de los recursos forestales comprendidos dentro del territorio nacional corresponde a los ejidos, las comunidades, pueblos y comunidades indígenas, personas físicas o morales, la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios que sean propietarios de los terrenos donde aquéllos se ubiquen. Los procedimientos establecidos por esta Ley no alterarán el régimen de propiedad de dichos terrenos.[2]

En un sentido diferente, se puede argumentar que la norma jurídica citada se refiere a recursos forestales y no a biológicos ni genéticos, como lo hace la Iniciativa que se analiza, pero en ese caso hay que decir que los recursos forestales son parte de los recursos naturales y los recursos biológicos, como los genéticos, también forman parte de ellos. Así, bien puede concluirse que en todos los casos se está hablando del mismo género, por lo que es aplicable el principio que donde existe la misma razón debe regir la misma disposición.

2.3. La utilidad pública y el interés público

Otra disposición del “Titulo Primero” que es importante comentar, es la del artículo 5° de la Iniciativa, donde establece tres actividades relacionadas con los recursos genéticos  que se declaran de utilidad pública. Entre estos se encuentran

I.- La formulación y ejecución de acciones de protección y conservación de la biodiversidad del territorio nacional y las zonas sobre las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción;

II.- La formulación y ejecución de acciones para garantizar la protección, conservación ex situ, acceso, uso y aprovechamiento de recursos genéticos, así como los productos biotecnológicos y comerciales derivados de ellos, y

III.- La distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del acceso a los recursos genéticos, así como los productos biotecnológicos y comerciales; derivados de ellos.

Sobre este tema la exposición de motivos de la iniciativa expresa:

De manera complementaria se establecen las causales de utilidad pública en la Ley y se incorpora expresamente a las especies, poblaciones, razas o variedades, con poblaciones reducidas, en peligro de extinción, endémicas, o altamente fragmentadas como prioritarias para la conservación. La incorporación de dichas especies como causas de utilidad pública está orientado a establecer lineamientos para que, con base en criterios científicos y el principio precautorio, se restrinja su aprovechamiento por considerárseles prioritarias para la conservación, sin que ello implique una restricción al comercio.

Una comparación entre el texto del artículo 5° y el de la exposición de motivos muestra que no existe relación entre ellos y más bien, el último hace referencia al artículo séptimo de la Iniciativa de Ley, referente a las causas de interés público. Pero entre ambos conceptos existen diferencias sustanciales que es preciso considerar para conocer los efectos de la ley, en caso de aprobarse como está. La utilidad pública es un concepto ligado a la facultad de expropiación del Estado, de acuerdo con el párrafo segundo de la Constitución Política, que estipula:

Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.

No existe una definición jurídica sobre el concepto, aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido algunos criterios, no específicamente sobre lo que debe entenderse por utilidad pública, pero si sobre algunos de sus rasgos. Así, ha dicho que

La tesis de ‘utilidad pública’, en sentido genérico, abarca tres causas específicas: ‘la utilidad pública’ en sentido estricto, o sea, cuando el bien expropiado se destina directamente a un servicio público; la ‘utilidad social’ que caracteriza por la necesidad de satisfacer de manera inmediata y directa a una clase social determinada e inmediatamente a toda la colectividad; y la ‘utilidad nacional’, que exige se satisfaga la necesidad que tiene un país, de dictar medidas para hacer frente a situaciones que le afecten como entidad política o como entidad internacional.[3]

De lo anterior se deduce que las causales contempladas en las fracciones del artículo 5, de la Iniciativa de Ley, al declararse de utilidad pública tendrían como efecto que se pudieran expropiar los bienes sobre los que se encuentran para alcanzar los fines que se pretenden. En ello se sigue la práctica mexicana de no definir la ‘utilidad publica’ sino enunciarlas casuísticamente, como lo hace la Ley de Expropiación y la Ley Agraria, entre otras. Lo que se debe valorar en todo caso es si los supuestos contenidos en esas fracciones caen en el supuesto de expropiación o no.

Por su parte, el interés público es, de acuerdo con el Diccionario Jurídico Mexicano,  “el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado”.[4]  Así, son correctas las disposiciones de los artículos 7 y 8 de la Iniciativa, pues en los casos que enuncia, el Estado podrá intervenir cuando existan condiciones o acciones que afecten las especies numeradas en este artículo.

No se puede pasar por alto que la expresión “interés público” también tiene otro sentido, referido a que lo que se declara como tal no  puede estar sujeto a la voluntad de los particulares al menos teóricamente. Pero además, el artículo primero determina que toda la ley es de interés público, por lo que este artículo está de más pues su contenido queda regulado por el artículo primero.

2.4. Distribución “justa y equitativa” de beneficios

El artículo 10 de la Iniciativa de Ley establece el significado de una serie de conceptos clave que se usan en todo su texto. La mayoría de ellos coinciden con los que contienen otras leyes, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre, por lo que no requieren mayor comentario.

Sin embargo, llama la atención, que un concepto clave como “Distribución justa y equitativa de beneficios” no aparezca como se enuncia y usa en varias partes del texto de la Iniciativa, sino con otro sentido. En la fracción XVIII del artículo 10 se hace referencia a la “Distribución de Beneficios” no la distribución justa y equitativa de beneficios, que es a lo que la ley se refiere en su artículo 1°. De acuerdo con la citada fracción, la distribución de beneficios es:

Toda forma de compensación por el acceso a los recursos genéticos y el componente intangible asociado, ya sea en dinero o en especie, incluyendo en particular, la participación en la investigación científica y desarrollo tecnológico y la disposición de resultados de la investigación científica;

El capítulo VIII del titulo segundo está referido al tema pero se denomina “De la distribución de beneficios”, no de la distribución justa y equitativa; sin embargo, el artículo 69, ubicado en ese titulo  establece que:

Derivado del aprovechamiento, uso, acceso, comercialización de los recursos genéticos y transferencia de los derechos derivados de la propiedad intelectual de dichos recursos, la distribución de los beneficios deberá ser justa y equitativa.

Relacionado con esta definición, el artículo 70, refiriéndose al uso de esta expresión determina que:

Debido a la diversidad de productos y procesos biotecnológicos susceptibles de obtener de los recursos genéticos accesados, la distribución de los beneficios derivados del acceso a recursos genéticos deberá ser analizada caso por caso y determinada de común acuerdo entre las partes, con la finalidad de garantizar que sea justa y equitativa.

Asimismo, el artículo 71, referido a los beneficios, determina que:

Los beneficios derivados del acceso podrán consistir, entre otros, en:

I.- Montos previamente estipulados entre las partes por el acceso;

II.- Transferencia de tecnologías y de conocimientos utilizados en la investigación por quien accede al recurso;

III.- Participación mediante el pago de regalías o en los beneficios económicos por el uso comercial;

IV.- Generación y desarrollo de capacidad científica nacional;

V.- Participación y capacitación de personal nacional en el equipo de investigación, bajo los términos acordados;

VI.- Los demás que las partes estipulen, y

VII.- Los establecidos en otros ordenamientos jurídicos aplicables.

En ese mismo sentido, el artículo 48, referida a los requisitos de los contratos de acceso, en su fracción VII, establece, enunciativamente:

Condiciones para la distribución equitativa de beneficios derivados del acceso, uso, transformación y comercialización, entre otros;

Lo que se saca en conclusión es que la expresión “distribución justa y equitativa de beneficios” presentada como objeto de la iniciativa de ley desaparece en la definición que la misma ofrece de términos claves usados en todo su texto y así, aunque en algunos casos se usa como similar de “distribución de beneficios” a la hora de la interpretación prevalecerá esta última por ser la que se encuentra definida por la misma iniciativa. Además, nótese que la expresión distribución justa y equitativa de beneficios se usa como facultad de la autoridad estatal, no como derecho de los proveedores del recurso genético. Por último hay que decir que si la ley de de orden público e interés social no debería dejar a la voluntad de las partes lo que se deberá entender por distribución justa y equitativa de beneficios y establecer un mínimo de ellos.

Pero para que esto sea posible se necesita modificar la definición contenida en la fracción XVIII del artículo 10 y homogeneizar su uso en el texto de la iniciativa.

Sin embargo, el artículo 13, referido a las atribuciones que de aprobarse la Iniciativa, tendría  la SEMARNAT, establece en su fracción II la de

Regular la distribución justa y equitativa de los beneficios derivados del acceso, aprovechamiento y comercialización de los recursos genéticos, localizados en el territorio nacional y las zonas en las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

En el mismo sentido, el artículo 35, referido a los requisitos para el acceso a los recursos genéticos, en su fracción VII establece, entre otros:

La distribución justa y equitativa de los beneficios actuales y potenciales;

En conclusión, el término distribución de beneficios se usa al referirse a los derechos de los proveedores de los recursos y en cambio se usa la distribución justa y equitativa de beneficios, al referirse a las facultades del Estado en esta materia.

2.5. Aplicación de la Ley

La Iniciativa de Ley que se analiza propone otorgarle a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, una serie de facultades regulatorias, ejecutoras, de evaluación, inspección, registro y promoción de la Ley, lo que en la práctica la convierte en una institución que controla todas las actividades relativas al acceso y aprovechamiento de los recursos genéticos Inclusive, en asuntos que guardan relación con facultades de otras instituciones de la administración pública federal, lo que propone es que la Semarnat se coordine con ellas, entre otras, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Procuraduría Agraria; así como con los gobiernos estatales y municipales para la debida aplicación de la Ley.

Pensando en un reparto de funciones entre las diversas instancias del gobierno federal, de acuerdo a la naturaleza y competencia de cada uno de ellas, valdría la pena pensar la posibilidad de que sea la Ley la que regule todas las actividades relativas al acceso y aprovechamiento de los recursos genéticos, es decir, prescindir de los reglamentos, para acotar las facultades del Poder Ejecutivo en materia regulatoria  En ese mismo sentido, sería importante pensar mas que en una coordinación de la SEMARNAT con las otras Secretarias u órganos centralizados o descentralizados, entregarles las facultades que les correponden de acuerdo a la materia de la que se ocupan.

3. Del título II

3.1. Modalidades de Acceso a los Recursos Genéticos

Los artículos 26, 27, 28 y 29 que integran la primera sección, del capítulo primero “Modalidades de Acceso a los Recursos Genéticos”, que a su vez forma parte del título segundo “De la Administración, Manejo y Acceso de los Recursos Genéticos”,  resultan clave para entender las modalidades a que se refiere el capítulo. El primero de ellos expresa que:

Artículo 26.- Se permiten dos formas básicas de acceso a recursos genéticos: a partir de colecta de materiales In situ, y a partir de colecta de materiales Ex situ.

El acceso in situ y ex situ estará permitido con fines de Bioprospección, investigación científica y biotecnológica sin fines de lucro, siempre y cuando no pongan en riesgo la conservación de la biodiversidad. En todos los casos deberá llevarse a cabo al amparo de un proyecto de acceso.

La Secretaría determinará, con criterios científicos y bajo el principio precautorio, qué organismos no serán sujetos de acceso y aprovechamiento, sin que ello implique una restricción al comercio.

De acuerdo con su contenido, la iniciativa propone dos formas básicas para acceder a los recursos genéticos: in situ y ex situ. A su vez, ambas pueden asumir tres formas específicas, según sus fines: bioprospección con fines de lucro, científica y biotecnológica sin fines de lucro. De acuerdo con la fracción V, del artículo 10 de la propia iniciativa, la bioprospección es:

(la) Actividad que tiene por objeto la obtención y proceso de muestras, para su utilización en la biotecnología con fines comerciales, de compuestos químicos, genes, proteínas, compuestos secundarios, estructuras moleculares, procesos metabólicos y otros con valor económico actual o potencial, que provengan de los recursos genéticos contenidos en los recursos biológicos que se encuentran en el territorio nacional y las zonas en las que la Nación ejerce su soberanía y jurisdicción.

El artículo 27 de la Iniciativa de Ley expresa que “todo proyecto de acceso a recursos genéticos contenidos en recursos biológicos, que pretenda realizarse en el territorio nacional y en las zonas donde la Nación ejerce su soberanía, requerirá de una Autorización de Acceso”.  Y el siguiente artículo determina que:

…los requisitos, términos y plazos a que se sujetarán los interesados en la obtención de autorizaciones de acceso se establecen en el Capítulo II de este Título y en el reglamento de esta Ley.

De acuerdo con el citado artículo 28 de la Iniciativa, la Ley sólo regularía el acceso y aprovechamiento de recursos genéticos para el caso de la bioprospección; la investigación científica sería regulada por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; mientras que la investigación biotecnológica sin fines de lucro se sujetaría a lo que disponga el reglamento de la Ley, según el artículo 29 de la iniciativa que expresa:

Las disposiciones en materia de colecta científica per se se encuentran reguladas en otros ordenamientos jurídicos, tales como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre y la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Los proyectos de investigación biotecnológica sin fines de lucro se sujetarán a un procedimiento, conforme a lo que disponga el reglamento de esta Ley.

Los proyectos de investigación con fines biotecnológicos derivados de colectas científicas, se sujetarán a lo dispuesto en la Sección Segunda de este Capítulo y a lo dispuesto por el reglamento de esta Ley.

En el texto no queda suficientemente clara la diferencia entre las tres formas específicas de acceso a los recursos genéticos, pues no hay ninguna norma que impida que la investigación científica y la biotecnológica sin fines de lucro se conviertan en investigación de bioprospección, comercializando sus resultados. De igual manera, no existe razón lógica ni jurídica para que cada tipo de acceso a los recursos genéticos se regule de manera distinta, en diversas leyes, inclusive reglamentos, que siendo heterónomos, su contenido podría marcar el alcance y sentido del acceso a los recursos genéticos, sin que existiera forma de que quienes se sintieran perjudicados pudieran legalmente oponerse.  Inclusive existen opiniones de especialistas en biología quienes afirman que una vez ailado el recurso genético no es posible saber de donde fue obtenido, por lo que la investigación científica, o tecnológica sin fines de lucro no tendría sentido si no se estabolecen reglas para prohibir la comercialización de sus productos.

Mejor sería que todas las formas de acceso a los recursos genéticos y los conocimientos a ellos asociados se regularan en la propia Iniciativa. Además, en ésta , al mencionar las leyes que regularían su investigación científica, deja de lado a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y por lo mismo la materia a la que se refiere. De igual manera, quedan fuera otras materias reguladas por leyes específicas como la Ley Agraria, Ley para la Protección y Fomento de Semillas o la Ley de Productos Orgánicos, que no hacen referencia al acceso a los recursos genéticos, pero que en el futuro podrían regularlos por ser materia de ellas.

3.2. El conocimiento tradicional y los pueblos indígenas

Sobre este tema, en sus consideraciones, la Iniciativa expresa:

El conocimiento y aprovechamiento de la biodiversidad por las culturas nativas, como resultado de la interacción constante con un ambiente exuberante, es otra de las grandes riquezas que posee nuestro país. Sin embargo, una parte del acervo biológico y el conocimiento popular están seriamente amenazados.

 Cierto es que las consideraciones no son un elemento que afecte la iniciativa aprobada por el Senado, pero debería ser indicativo del contenido de ella en esta materia.

Por su parte, el artículo 4°, colocado en la parte de “Disposiciones Generales” de la Iniciativa, por lo que su contenido debería pernear todo el texto de la iniciativa, expresa que:

En los casos en que existan conocimientos y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos a los que se desea acceder, éstos serán respetados y protegidos dentro del ámbito de esta ley y de conformidad con los ordenamientos legales aplicables.

La expresión estos serán respetados y protegidos dentro del ámbito de esta ley indica que deberían existir normas que hagan efectiva esta declaración, sin embargo no existe.

El artículo 9 de la Iniciativa de Ley, cuyo contenido está dedicado a excluir materias que no se propone regular, expresa que:

Se excluyen del ámbito de esta ley:

(…)

II.- El intercambio, de recursos genéticos, sin fines de lucro, entre agricultores, ejidos, comunidades y pueblos indígenas;

El artículo 10, fracción XII, cuyo objeto es fijar el significado de una serie de conceptos clave que se usan en todo el cuerpo de la ley, define al conocimiento tradicional como

Conocimientos, innovaciones y prácticas, desarrolladas y conservadas de forma colectiva o individual por agricultores, médicos tradicionales, pueblos indígenas, ejidos, comunidades y demás personas que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sustentable de la diversidad biológica.

El artículo 25, ubicado en el titulo segundo denominado “De la Administración, Manejo y Acceso a los Recursos Genéticos” expresa:

Todos los procesos y decisiones en que se involucre a los ejidos, comunidades y pueblos indígenas, deberán llevarse a cabo en un idioma y formas comprensibles para ellos, incluido lo relativo al consentimiento previo, expreso e informado, y a la negociación del contrato de acceso”.

El artículo 35, que establece los requisitos para el acceso a los recursos genéticos, establece:

I.- El consentimiento previo, expreso e informado, otorgado por el Estado y, en su caso, los propietarios, ejidos, comunidades, y pueblos indígenas en los que se distribuye la biodiversidad, y que provean los recursos genéticos y, en su caso, el componente intangible.

El consentimiento previo, expreso e informado otorgado por ejidos, comunidades y pueblos indígenas deberá efectuarse conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento de esta Ley, los cuales serán acordes con lo dispuesto por la Ley Agraria y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, respectivamente.

El formato mediante el cual se otorga el consentimiento previo, expreso e informado será publicado por la Secretaría en el Diario Oficial de la Federación.

II.- La ratificación por parte de la Secretaría del consentimiento previo, expreso e informado otorgado por los propietarios, ejidos, comunidades y pueblos indígenas.

De esta forma tenemos que en la Iniciativa de Ley existe una norma declarativa de que se respetarán y protegerán los conocimientos y prácticas tradicionales asociadas a recursos genéticos; otra que excluye de la regulación de la ley el intercambio de recursos genéticos  sin fines de lucro, entre agricultores, ejidos, comunidades y pueblos indígenas; una tercera que define al conocimiento tradicional; otra cuarta que prescribe que los procesos y decisiones que involucren a pueblos y comunidades indígenas deberán llevarse a cabo en un idioma que entiendan –no dice que en su propio idioma- y la última donde se expresa que el consentimiento previo deberá realizarse “conforme a los procedimientos establecidos en el Reglamento de esta Ley, los cuales serán acordes con lo dispuesto por la Ley Agraria y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”.

Los contenidos de la ley contradicen varias disposiciones de nuestro orden jurídico, sobretodo constitucionales y de derecho internacional. Una primera contradicción se encuentra en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que reconoce la existencia de los pueblos indígenas como sujetos colectivos de derecho, en los siguientes términos:

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.[5]

El mismo artículo en su apartado A, fracción VI, establece.

    1. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

(…)

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en términos de ley.[6]

De acuerdo con lo anterior y dado que, como ya se expresó lineas atrás, no existe norma constitucional que declare a los recursos genéticos como propiedad de la Nación, los pueblos indígenas tienen derecho a acceder por ellos mismos al uso y disfrute preferente de los recursos existen en los lugares que habitan y no sólo a otorgar el consentimiento previo para que terceras personas accedan a ellos. Lo anterior incluye su derecho de aprovecharlos por ellos mismos, de la forma que más les convenga y de acuerdo con sus prácticas culturales, o por vía de terceros pero no porque estos así lo quieran y aquellos acepten, sino porque voluntariamente los pueblos indígenas así lo decidan porque les conviene, que es diferente.

En ese mismo sentido, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, en su artículo 15 establece que:

Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.

En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades.

Más específicamente, el Convenio sobre Diversidad Biológica, en su artículo 8 expresa que:

Cada Parte Contratante, en la medida de lo posible y según proceda:

(…)

j) Con arreglo a su legislación nacional, respetará, preservará y mantendrá los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia, con la aprobación y la participación de quienes posean esos conocimientos, innovaciones y prácticas, y fomentarle que los beneficios derivados de la utilización de esos conocimientos, innovaciones y prácticas se compartan equitativamente.[7]

Otra disposición internacional es el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, mas conocidos como TRIPs, por sus siglas en inglés, que en su artículo 27.b.3, expresa:

Los Miembros podrán excluir de la patentabilidad:

Las plantas y los animales excepto los microorganismos, y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, que no sean procedimientos no biológicos ni microbiológicos. Sin embargo, los Miembros otorgarán protección a todas las obtenciones vegetales mediante patentes, mediante un sistema eficaz sui generis o mediante una combinación de aquéllas y éste. Las disposiciones del presente apartado serán objeto de examen cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo por el que se establece la OMC.[8]

Congruente con las anteriores disposiciones jurídicas de derecho internacional, el Tratado de Libre Comercio entre el Estado mexicano y los Estados Unidos de América y el Estado de Canadá, también contempla un apartado sobre propiedad intelectual, y dentro de este se regulan las patentes, que es donde se inserta la apropiación de los recursos genéticos.

El artículo 1701.2 de este documento al referirse al tema expresa que:

Con el objeto de otorgar protección y defensa adecuada y eficaz a los derechos de propiedad intelectual, cada una de las partes aplicará, cuando menos, este capítulo y las disposiciones sustantivas de:

(…)

d) el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, 1978 (Convenio UPOV), o la Convención Internacional para la Protección de Nuevas Variedades de Plantas, 1991 (Convenio UPOV).

Las partes harán todo lo posible para adherirse a los textos citados de estos convenios si aun no son parte de ellos a la fecha de estrada en vigor de este tratado.[9]

Esta disposición se complementa con otra ubicada en la parte de Patentes, contenida en el artículo 1709.3, que a la letra dice:

Asimismo cada una de las partes podrá excluir de la patentabilidad:

(a) los métodos de diagnóstico, terapéuticos y quirúrgicos, para el tratamiento de seres humanos y animales;

(b) plantas y animales, excepto microorganismos; y

(c) procesos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, distintos de los procesos no biológicos y microbiológicos para dicha producción.

No obstante lo señalado en el inciso (b), cada una de las partes otorgará protección a las variedades de plantas mediante patentes, un esquema  efecto de protección sui géneris o ambos.[10]

De lo anterior se desprende que la iniciativa que aquí se analiza no responde ni a los derechos reconocidos a los pueblos indígenas en la legislación nacional, ni a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte y por lo mismo está obligado a respetar. Una legislación acorde sobre esta materia debería impulsar un sistema sui géneris de protección y aprovechamiento de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado a ellos. De la misma manera, debería establecer normas que aseguren el respeto, preservación y mantenimiento de los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales que entrañen estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica, tal como expresa el Convenio sobre Diversidad Biológica.

No está por demás recordar que el conocimiento tradicional es mucho más complejo de los que la legislación internacional reconoce, como prácticas e innovaciones. Algunos estudiosos del tema mencionan sus componentes, tales como:

  1. Los conocimientos propiamente dichos, de la flora y la fauna, los suelos, los fenómenos metereológicos y los procesos ecológicos y los procesos ecológicos u de los usos y propiedades de los recursos naturales y su manejo.
  2. Los sistemas de creencias, valores y costumbres, que influyen o determinan las reglas de comportamiento frente a la naturaleza y las formas de gestión del territorio y los recursos naturales. Esto tiene que ver con aspectos éticos y jurídicos, y también ideológicos y estéticos, de las culturas tradicionales.
  3. Las técnicas de producción agrícola, ganadera, forestal, cinegética o pesquera, principalmente en ambientes considerados convencionalmente marginales, tales como montañas, selvas húmedas y zonas áridas.
  4. Variedades de plantas cultivadas y de animales adaptadas a la producción en los ambientes marginales ya señalados. Se trata de la biodiversidad producto de la manipulación de la genética y reproducción de plantas y animales.[11]

Existe otro problema derivado de la propuesta de reconocer pueblos y comunidades indígenas, junto con ejidos y comunidades agrarias, como proveedores del recurso genético, según la definición de la fracción XXIX, artículo 10 de la propia iniciativa. Como ha quedado expuesto, los pueblos indígenas son los descendientes de los pobladores de lo que es el territorio nacional antes de la formación del estado, mantienen una continuidad histórica y sus propias instituciones o parte de ellas y tienen conciencia de pertenecer a una cultura distinta a la dominante. La misma Constitución Federal nos da una definición de comunidad indígenas expresando que “son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”.  En otras palabras, entre pueblo indígena y comunidad indígena existe la misma relación que entre el genero y la especie. Por otro lado, los ejidos y comunidades agrarias son formas de tenencia de la tierra que el Estado mexicano creo para reconocer o repartir la tierra rústica o rural después de la revolución de 1917.

Tanto los pueblos y comunidades indígenas, como los ejidos y las comunidades agrarias tienen derechos reconocidos por la Constitución Federal, pero de diversa naturaleza. Mientras los de los pueblos indígenas son de carácter colectivo, y abarcan derechos económicos, políticos, sociales y culturales, que se resumen en la autonomía, los de ejidos y comunidades son de carácter social y se restringen a derechos agrarios.

Aunado a lo anterior, en la realidad mexicana los pueblos indígenas contienen a las comunidades indígenas, a los ejidos y las comunidades agrarias. Las comunidades indígenas forman parte de las estructuras económicas y socioculturales de los pueblos indígenas mientras los ejidos y comunidades agrarias han sido formados tomando parte de estos pueblos.

Uno de los derechos de los pueblos indígenas, reconocido en el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, es el derecho al territorio. Así lo establece  en sus artículos 13 y 14:

Artículo 13

  1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, según los casos que ocupan o utilizan de alguna otra manera y en particular los aspectos colectivos de esa relación.
  2. La utilización del término «tierras» en los artículos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera.

Artículo 14

  1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular atención a la situación de los pueblos nómadas y de los agricultores itinerantes.
  2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean necesarias para determinar las tierras que los pueblos interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.
  1. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados.

Por otro lado, la legislación interna del Estado mexicano, como ya dijimos,  reconoce como formas de tenencia de la tierra el ejido, la comunidad agraria y la pequeña propiedad. Tenemos entonces que los pueblos indígenas y las comunidades que los integran son titulares de los territorios que ocupan pero los ejidos y las comunidades  son propietarios de las tierras ubicadas en esos territorios. Dos sujetos distintos son titulares de un mismo espacio con diferentes denominaciones y fines. En esta situación, el problema podría derivar al menos de las siguientes situaciones.

  • Que un ejido o comunidad agraria de su consentimiento para el acceso y aprovechamiento de los recursos genéticos, pero el pueblo indígena al que pertenece no.
  • Que un pueblo indígena de su consentimiento pero el ejido o comunidad no.
  • Que un ejido de su consentimiento pero su vecino, que también tiene la misma biodiversidad y recursos genéticos, o el componente intangible, no.

Otro problema es que la Iniciativa de Ley que aquí se analiza propone tres formas distintas de consulta.

La primera deberá ajustarse a los contenidos de la Ley Agraria, pero esta no contiene procedimiento alguno para hacerlo. Lo que esta Ley regula son facultades de la Asamblea General para tomar  acuerdos sobre determinados asuntos que a ella le incumben. De ajustarse a esto no habría consulta sino acuerdo de asamblea general.

La segunda forma es la contenida en el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que en su artículo 6 expresa:

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;

La tercera forma se establecería en el reglamento y no se sabe en que consistiría.

Para salvar el problema se tendría que diferenciar entre ejidos y comunidades agrarias que no pertenezcan a un pueblo indígena, por un lado, y por otro a los pueblos indígenas y las comunidades que los integran. A los primeros se les tendrían que solicitar su consentimiento mediante una asamblea general, en los términos de la Ley Agraria y a los segundos mediante el proceso establecido en el Convenio 169 de la  Organización Internacional del Trabajo, sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Así, ya no habría necesidad de incluir la materia en el reglamento.

3.3. Los contratos de acceso

El capitulo VI, sección segunda, del título segundo, regula la forma en que las partes deberán negociar los contratos de acceso. Llama la atención que estas se dejen a la libre voluntad de las partes, pues, como dijimos antes, el artículo primero de la misma Iniciativa de Ley declara que

…es de orden público e interés social’ por lo que se deberían regular en ella las condiciones de los contratos y no dejarlos a la voluntad de los contratantes.

En ese mismo sentido, la fracción III del artículo 47, reconoce como partes a los propietarios o legítimos poseedores de los predios en los que se distribuyen los recursos biológicos mediante los cuales se accederá a los recursos genéticos. Como en el caso de los pueblos indígenas y los ejidos y comunidades, también aquí se pueden generar problemas, ya que se puede presentar la hipótesis de que exista un propietario y un poseedor legítimo distinto al propietario, como en los casos de las renta de parcelas. En estos casos, el propietario es uno que tiene el derecho sobre la tierra pero no su posesión porque ha consentido que otro la ocupe. Pero ha rentado la tierra no los recursos naturales, biológicos o genéticos en ella existente.

De ahí que debería ser él quien otorgara su consentimiento, no el poseedor. Pero según la Iniciativa, esté también tendría el derecho de contratar, lo cual iría en contra de los derechos del propietario, quien podría impugnar ese acto. Lo prudente en este caso sería reducir el derecho para otorgar el consentimiento sólo a los propietarios de los predios.

4. Del título III.

4.1. Infracciones, Sanciones y Responsabilidades

Del título tercero importa comentar el capítulo tercero, “Infracciones, Sanciones y Responsabilidades”. En él sólo se contempla la responsabilidad civil por hechos ilícitos y deja fuera la responsabilidad  civil objetiva, siendo que existen muchas hipótesis que caerían dentro de esta segunda y que por lo mismo es necesaria su regulación. Para entender esta situación tal vez valga la pena anotar sus diferencias.

La responsabilidad civil surge como consecuencia de la violación del deber jurídico de no dañar a nadie, sea que provenga de la ley, caso en el cual estaríamos frente a una responsabilidad extracontractual, o por faltar a una obligación previamente contraída, situación esta que daría lugar a una responsabilidad contractual. En cualquier caso, para que exista responsabilidad civil se requiere la concurrencia de los siguientes elementos a)un hecho ilícito, b)la existencia de un daño, y c)un nexo de causalidad entre el hecho y el daño.[12]

A esta se refiere nuestro Código Civil en su artículo 1910, donde expresa:

El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro, está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

La responsabilidad civil objetiva, en cambio, no requiere que haya culpa o dolo del responsable porque el daño se causa por el sólo hecho de crear su autor un riesgo, a través del empleo de aparatos o sustancias que son peligrosas, sin importar que hayan sido utilizadas con las precauciones necesarias. Se sustenta en el hecho de que todo aquel que cause daño, por ser responsable de sus propios actos, debe indemnizar al perjudicado, haya culpa o no, en virtud de que el uso de cosas peligrosas presupone un aumento de su patrimonio y esto no puede hacerse en perjuicio de terceros.[13]

A esta hipótesis de refiere el Código Civil en su artículo 1913 cuando expresa que:

Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima.

Pues bien, la lectura de la iniciativa demuestra que en ella sólo se contempla la responsabilidad civil por hechos ilícitos, pero no la responsabilidad civil objetiva, siendo que muchas de las actividades de bioprospección podrían caer en este supuesto, por lo que es recomendable hacer la inclusión respectiva.

Otra observación es en la Sección Segunda, en donde se establece que las sanciones sólo son de carácter administrativo, ninguna de carácter penal, aunque muchos de los supuestos de violación a la ley bien podrían constituir tipos penales, como sería el robo de recursos, daños en propiedad ajena, abuso de confianza, por mencionar algunos que podrían especificarse, en referencia a los recursos genéticos. Esto trae como consecuencia que las violaciones a la ley sólo acarreen multas, pero no prevén medidas precautorias para evitar daños, ni posibilidades de reparación del daño cometido, menos pena privativa de libertad en caso de que fuera necesario.

Hay que decir que aunque en la legislación actual algunas conductas a sancionar pudieran constituir tipos penales, de aprobarse la Iniciativa en la Cámara de Diputados tal como la aprobó el Senado de la República, automáticamente se convertirían en conductas lícitas, por lo que no se podrían castiga penalmente.

 

Conclusiones

 De lo anteriormente expuesto, se puede sacar algunas conclusiones. Entre ellas, por su importancia y el efecto que pueden tener sobre la Iniciativa y su validez si llega a aprobarse por la Cámara de Diputados en los términos que se encuentra, así como el alcance de sus contenidos, se anotan las siguientes.

  1. Es necesario revisar la constitucionalidad de algunas de las disposiciones de la iniciativa. Entre ellas, el artículo segundo y las normas referidas a los pueblos indígenas y su relación con los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado a ellos, ya que, como se expresa en la argumentación correspondiente, la forma de su redacción puede contradecir disposiciones constitucionales, lo que convertiría a la Ley, de aprobarse la iniciativa tal como se encuentra, en inconstitucional.
  2. Se requiere armonizar diversos conceptos que a lo largo del texto se usan, con distinto alcance. Sobretodo aquellos que en el capítulo de definiciones tienen un alcance diferente al que se usa en el cuerpo de la iniciativa, como el caso de la distribución justa y equitativa de los beneficios..
  3. Igualmente, debe precisarse el contenido de la iniciativa, referido a derechos de los pueblos indígenas, sobretodo a la luz de las disposiciones constitucionales sobre la materia y algunos compromisos internacionales como los establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, la organización Mundial del Comercio y el Tratado de Libre Comercio, que se han expuesta en la parte conducente. Sobre este tema, y aunque no es materia del presente análisis, es importante recordar que en ambas Cámara del Congreso de la Unión han sido dictaminadas dos iniciativas específicas sobre conocimiento tradicional y una reforma a la Ley de Propiedad Industrial sobre el mismo tema. Valdría la pena valorar si no es con ellas donde se debe discutir el asunto de los recursos genéticos, el conocimiento tradicional y los pueblos indígenas.
  4. Hay que revisar los alcances de la ley referidos a los sujetos proveedores del recurso genético para aclarar los derechos de cada uno de ellos, porque así como se presenta, causa confusión y puede afectar la certeza jurídica de los actos que se les imputan.
  5. Se considera de relevancia que en la parte de infracciones y sanciones se contemplen delitos y faltas por responsabilidad objetiva, y no dejarlo todo en faltas administrativas derivadas de responsabilidad civil.
  6. Finalmente, es importante que antes de aprobar la ley, se realice una amplia consulta con actores especialistas en el tema, a fin de lograr una ley lo más apegada a la realidad y las necesidades de los sujetos de derecho que serán afectados con su aplicación y los intereses de la nación.

[1] Diario Oficial de la Federación, 8 de enero de 1986.

[2] Diario Oficial de la Federación, 25 de febrero del 2003

[3] Ibidem.

[4] Cornejo Certucha, Francisco, “Interés Público, en: Diccionario Jurídico Mexicano, Tomo I-O, UNAM-Porrúa, México, 1991, pp.1779-1780.

[5] Diario Oficial de la Federación, 14 de agosto del 2001

[6] Ibid

[7] Diario Oficial de la Federación, 7 de mayo de 1993. Entrada en vigor, 29 de diciembre de 1993.

[8] Vandana Shiva, Biopiratería. El saqueo de la naturaleza y el conocimiento, Icaria Antrazyt, Barcelona, 2001, p. 111.

[9] Tratado de Libre Comercio, Texto Oficial, SECOFI-Miguel Ángel Porrúa, México, 1994, p. 483.

[10] Tratado de Libre Comercio, Texto Oficial, SECOFI-Miguel Ángel Porrúa, México, 1994, p.491.

[11] Enrique J. Jardel P. y Bruce F. Benz, “El conocimiento tradicional del manejo de los recursos naturales y la diversidad biológica”, en: Enrique Florescano (coordinador), El Patrimonio Nacional de México, Tomo I, Biblioteca Mexicana, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes-Fondo de Cultura Económica, Primera Reimpresión, México, 2004, p.202.

[12] Ignacio Galindo Garfias, “Responsabilidad Civil”, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo VI, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa-UNAM, México, 2002, pp.279-282.

[13] María Carreras Maldonado, “Responsabilidad Objetiva”, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Tomo VI, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Porrúa-UNAM, México, 2002, pp. 302-304.

 

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .