Comentarios al Articulo 165 de la Constitución de Guerrero (Instituto de la Defensoría Pública)

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Artículo 165 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero:

El Instituto de la Defensoría Pública

Por José Ramón González Chávez (*)

 

La Defensoría Pública es una actividad que forma parte de la función judicial y tiene como objetivo garantizar de manera gratuita el acceso pleno a la justicia en condiciones de igualdad a las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios privados de defensa legal para proteger, defender y reclamar sus derechos.

En México, en su calidad de institución jurídico política, la Defensoría de Oficio surgió en la constitución de 1857[1] como parte de las acciones tendentes a concretar la orientación liberalista social de la flamante Constitución Federal, en cuyo artículo 20 aparece como garantía del acusado en asuntos del orden criminal:

(…) 5ª. Que se le oiga en defensa por sí, ó por persona de su confianza, ó por ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio para que elija el que, ó los que le convengan (…).

En el mismo sentido garantista, la constitución de 1917[2] mantuvo el texto, aunque precisó el contenido:

Se le oirá en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará la lista de los defensores de oficio para que elija el que o los que le convengan. Si el acusado no quiere nombrar defensores, después de ser requerido para hacerlo, al rendir su declaración preparatoria, el juez le nombrará uno de oficio (…)

Cinco años después, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero y 25 de septiembre de 1922 respectivamente, la Ley de Defensoría de Oficio Federal y su Reglamento, siendo reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 18 de octubre del año siguiente. En dichos ordenamientos se establecía que el titular y los defensores adscritos formaban parte de ese alto tribunal y por lo mismo este contaba con atribuciones para nombrarlos y removerlos. El titular de los defensores tomaba protesta ante la SCJN, los defensores del Distrito Federal ante el titular de la Dependencia y los foráneos ante los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad federativa.

Siete décadas después, como parte de las importantes reformas constitucionales de 1993[3], el artículo 20 constitucional en su fracción IX (ahora Apartado “B”, fracción VIII) evolucionó en su redacción, precisando esta garantía de defensa para el acusado del orden penal:

“Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera…”

A partir del profundo proceso de reformas al sistema de justicia, iniciado en 1994, se modificó el 26 de mayo de 1995 la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporándose la Unidad de Defensoría del Fuero Federal al flamante Consejo de la Judicatura como órgano auxiliar; y en 1996, la fracción X del mismo artículo 20 del Código Supremo extendió formalmente la garantía de defensa jurídica a las víctimas:

“En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que señalen las leyes.”

El 28 de mayo de 1998 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Defensoría Pública Federal, que actualiza las normas garantes del derecho a la defensa en materia penal, pero también amplía su espectro hacia la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias administrativa, fiscal y civil y para instrumentar esta disposición, se crea el Instituto de la Defensoría Pública Federal como organismo dotado de independencia técnica y administrativa, cuyas bases de organización y funcionamiento se publicaron el 9 de febrero de 2002 y fueron revisadas 13 de septiembre de 2004 y 19 de mayo de 2008.

Como parte de su reforma en materia procesal penal, la constitución federal de 2008 en el penúltimo párrafo de su artículo 17 obliga a las entidades federativas a reformar la “defensoría de oficio” a fin de proporcionar un servicio de calidad, universal y gratuito:

“La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.”

El 29 de enero de 2016, se reformó el penúltimo párrafo del artículo 17 constitucional estableciendo la Defensoría Pública ya no solo como un derecho sino ahora como una garantía constitucional, al abordar los aspectos primordiales para su correcta operación:

“La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.”

De lo expuesto con anterioridad, puede apreciarse que la Defensoría Pública desde su nacimiento en la Constitución desde 1857 ha venido evolucionando hasta concebirse en la actualidad como una garantía que lejos de visualizare como elemento subsidiario al sistema de justicia, se erige en uno de sus elementos sustanciales en términos de establecer el derecho a la igualdad jurídica y su correlativa garantía de equidad, sentando las bases para avanzar hacia una verdadera justicia social, no solo en el aspecto retórico o axiológico, sino como un instrumento tangible, capaz de producir resultados objetivos.

No obstante, si bien en el ámbito federal, desde su creación hasta la fecha la Defensoría Pública se ha concebido como una Dependencia de la SCJN y como tal ha tenido avances jurídicos importantes para institucionalizarla, cabe mencionar que a nivel de las entidades federativas hace falta mucho por hacer, pues en muchas de ellas sigue teniendo que afrontar los avatares del positivismo jurídico y el centralismo político que se aprecia aun en la actualidad a pesar de los cambios teóricos, legislativos, jurisdiccionales y administrativos tendentes a la implantación del Estado Constitucional y su nuevo sistema de justicia.

En la práctica aún falta mucho por hacer para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional[4], pues en lo operativo se padece de escasez de personal, estrategias y programas de capacitación y actualización adecuado, así como limitaciones de recursos financieros, materiales y tecnológicos, que le son necesarios para atender con eficiencia y eficacia a una ciudadanía cada vez más demandante de servicios asociados a la administración e impartición de justicia, debido esto sobre todo a factores como el crecimiento demográfico, el aumento de la incidencia y las ya sistemáticas y crecientes restricciones de índole presupuestal.

En el estado de Guerrero, jurídicamente, la Constitución ha seguido en términos generales la línea marcada por el artículo 20 de la Carta Magna, aunque resalta la publicación en el periódico oficial del estado el 5 de agosto de 1988 de la Ley de Servicio de Defensoría de Oficio, como parte de un esfuerzo de transformación integral de los sistemas de seguridad pública y de administración e impartición de justicia en la entidad impulsado por el entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu, con el cual se amplió la cobertura de esta garantía a grupos vulnerables como las mujeres, los indígenas y los menores infractores.

En lo administrativo, la Defensoría Pública dependió del ejecutivo estatal a través de la Secretaría General de Gobierno hasta el segundo semestre de 2015, cuando en cumplimiento a las reformas a la Constitución política del estado llevadas a cabo en 2014 se procedió a formalizar su traslación hacia el poder judicial.

En cuanto al artículo 165 de la Constitución guerrerense que nos ocupa, cabe mencionar que este no define la naturaleza ni las características, objetivos y alcances de la Defensoría Pública, limitándose únicamente a establecer el Instituto de la Defensoría Pública y a mencionar la denominación de su titular (Defensor General) que será nombrado por el Consejo de la Judicatura, lo que técnicamente nos parece impreciso, pues si bien como estructura del poder judicial estatal, administrativamente se entiende que esta dependencia debe estar vinculada al Consejo, jurídicamente su titular debería ser nombrado por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia estatal, por ser una dependencia íntimamente ligada a la actividad jurídica operativa del poder judicial del estado, además de un factor determinante para la realización del nuevo modelo constitucional y su reciente sistema de justicia acusatorio adversarial, que exige ante todo igualdad y equidad entre las partes.

El apartado número “1” del mismo numeral que establece un Consejo Consultivo para la Defensoría, debería de mejorar su redacción a fin de precisar su naturaleza, objetivos y alcances y que son sus miembros, no el organismo, quienes tienen carácter honorífico y cuyo nombramiento y competencias deberán darse en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en la entidad.

Por su parte, el apartado “2” debería de actualizarse para disponer que los órganos del poder público estatal involucrados den cumplimiento a lo ordenado por el artículo 17 de la Constitución Federal, pues en la actualidad se limita a remitir al Estatuto y Reglamento del Instituto de la Defensoría Pública exclusivamente para definir lo relativo a la suficiencia de su personal jurídico y administrativo, omitiendo otros temas cruciales para su buena operación, como la necesidad de que esos recursos humanos se especialicen mediante programas y acciones de capacitación y actualización; además de que cuenten con los recursos materiales, financieros y tecnológicos necesarios para cumplir con su función.

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(*) José Ramón González Chávez.

Servidor público desde 1977; profesor e investigador desde 1991; consultor desde 1998. Licenciado en Derecho titulado por la UNAM. Estudios de maestría y doctorales en administración pública en el Instituto Internacional de Administración Pública (IIAP) de la Escuela Nacional de Administración (ENA) Paris, Francia y la Facultad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, Universidad de la Sorbona (Paris II). Doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Diplomado en Teoría y Análisis Político (Colmex et. al.) en Administración Estratégica (UIA) Modernización de la Administración Pública (INAP) en Justicia y Democracia (ITAM) y en Argumentación Jurídica (Universidad de Barcelona).

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BIBLIOGRAFÍA:

[1] Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1857, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1857.pdf.

[2] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma a la de 5 de febrero de 1857, texto original, versión facsimilar, Secretaría de Gobernación, Diario Oficial, Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana, tomo V, 4ª época, número 30, 5 de febrero de 1917.

[3] Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm.

[4] Fix Fierro, Héctor y Abad Suárez Avila, Alberto, “Hacia una defensa pública de calidad, El nuevo diseño institucional de las defensorías públicas en las entidades federativas de la República mexicana”, revista Cuestiones Constitucionales, n° 32 México, ene.-jun-2015, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932015000100006.

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