Comentarios al artículo 199 de la Constitución de Guerrero (Reformas Constitucionales)

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El Artículo 199 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero: Reformas a la Constitución

Por Jose Ramón González Chávez

Uno de los grandes retos del Derecho — agudizado por la naturaleza dinámica de la realidad y atendiendo a las siempre importantes variables de tiempo y lugar — es el de adaptarse constantemente, en un perpetuo juego dialéctico entre las crecientes exigencias de una sociedad cada vez más demandante de derechos, bienes y servicios y la capacidad de respuesta de los órganos del poder público del Estado.

En tal contexto, las modificaciones constitucionales, que pueden consistir en adiciones, reformas o eliminaciones que puede sufrir un ordenamiento, ya sean parciales (derogación) o totales (abrogación), son consecuencia del propio desarrollo histórico, jurídico, político y social, dejando su huella indeleble en el presente y futuro de un pueblo.

Con tino, Jorge Carpizo afirma que “la Constitución habrá de modificarse para regular jurídicamente las nuevas situaciones, proteger con la mayor eficacia los derechos humanos y continuar el siempre inacabado proceso de perfeccionar el sistema democrático dentro de la realidad del país, sin descuidar las peculiaridades de su evolución política…”[1].

Así, la Constitución es, por decirlo de alguna manera, la huella dactilar de una nación. Tal como lo indica su etimología (Constitutio), refleja con gran nitidez su ser (ethos) jurídico político, sus conquistas, su realidad, sus retos, sus expectativas. De ahí, que en aras de lograr el equilibrio entre rigidez y flexibilidad deba ser modificada cada vez que así se requiera, aunque en el otro plato de la balanza hay que considerar que toda Constitución, para ser aplicable requiere estabilidad y tiempo para que la conozca la población, además de que en lo posible, debe quedar libre de presiones de los gobernantes en turno.

Si bien hay modificaciones que poseen carácter formal — esto es, dentro del texto constitucional mismo — también pueden haberlas de índole material cuando, por ejemplo, mantiene su redacción, pero cambian factores como el sentido en que debe ser interpretado, la evolución y perfeccionamiento de las instituciones jurídicas y políticas, los cambios ideológicos y tecnológicos, el avance democrático, solo por mencionar algunos.

Al nacer las primeras constituciones democráticas liberales, sobre todo en las de los Estados Unidos de América, Francia y España que incidieron en la creación de la nuestra, establecieron a su vez la facultad de todo pueblo a reformar su Código fundamental. En tal sentido, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano ampliada en 1793 postula que “Todo pueblo tiene derecho a revisar, reformar y cambiar su Constitución, dado que una generación no puede sujetar a sus leyes a las generaciones futuras”[2]; aunque en los hechos, el procedimiento para llevar a cabo modificaciones constitucionales haya sido complicado y rígido.

Nuestro país adoptó esta visión desde que fue redactada la Constitución de Apatzingán de 1814[3] que en su artículo 4° estableció:

Art. 4. Como el gobierno no se instituye para honra ò interés particular de ninguna familia, de ningún hombre ni clase de hombres; sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, estos tienen derecho incontestable á establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo, y abolirlo totalmente, cuando su felicidad lo requiera.

Sin duda, Morelos y sus juristas conocían la complejidad y rigidez de los requisitos formales para modificar las Constituciones de la época; por ello decidieron darle un carácter flexible, al omitir un procedimiento especial para reformar la Constitución y en su lugar disponer que fuera el mismo usado para la ley secundaria.

La Constitución de 1824 reiteró lo expresado por la de Apatzingán, aunque en su redacción muestra su simpatía con la doctrina constitucional francesa:

Art. 3°. La soberanía reside radical y esencialmente en la nación, y por lo mismo pertenece exclusivamente a ésta el derecho de adoptar y establecer por medio de sus representantes la forma de gobierno y demás leyes fundamentales que le parezca más conveniente para su conservación y mayor prosperidad, modificándolas o variándolas, según crea convenirle más.

En adición, el constituyente complementó el texto al disponer en el Título VII, Sección Única (artículos 165-171) un procedimiento similar en el fondo al de la Carta Magna francesa, pero más flexible en la forma al establecer los mecanismos para modificar su contenido de tal suerte que no fuera la misma legislatura que propone las modificaciones la que resolviera sobre su vigencia, con la excepción de los preceptos relacionados con la Independencia, Libertad, Religión, Forma de gobierno, Libertad de Imprenta y División de Poderes en la federación y los estados, a los que consideró intocables.

La Constitución de 1857 prevé la garantía de que el poder constituido no se convierta en constituyente de facto y dándole a todo cambio a la Carta Magna una dimensión realmente federal, al disponer que las reformas se voten por mayoría calificada (dos tercios) de los legisladores presentes y por la mayoría (mitad más uno) de los congresos locales, texto que pasó tal cual en la Constitución de 1917 y prevalece sin cambios en el texto vigente.

En el caso de la Constitución de Guerrero[4], la versión más reciente del texto oficial publicado por la consejería jurídica del estado contiene 140 alusiones a el término “reforma”, de las cuales 15 se encuentran comprendidos en el cuerpo del ordenamiento, regulando diversos aspectos que bien pueden considerarse requisitos de vigencia de toda modificación constitucional; por ejemplo: a) al concederle al Congreso la calidad de sujeto legitimado para llevar a cabo las reformas (artículo 61, fracciones I y XI); b) establecer candados para evitar que la Carta Fundamental del estado quede sujeta a iniciativas preferentes por parte del Ejecutivo (art. 65, fracción III); c) remitir a la ley orgánica del Congreso estatal para regular el procedimiento de reforma (art. 66); y d) establecer un plazo de 30 días para que los ayuntamientos discutan y en su caso aprueben las reformas enviadas por el legislativo para no caer en el supuesto de afirmativa (art. 67 último párrafo);

En lo referente al art. 199 que nos ocupa, resaltan algunos aspectos dignos de ser comentados en cuanto a los requisitos para reformar el texto constitucional:

  • En complemento a lo previsto por el art. 61, fracción I, añade al Ejecutivo como sujeto legitimado para presentar iniciativas constitucionales, si bien la fracción III del mismo numeral ya hace referencia indirecta al mismo;
  • Establece en consonancia con la Constitución Federal, que la aprobación de las propuestas de modificación se hará por mayoría calificada;
  • Repite lo mencionado en el último párrafo del art. 67 en cuanto al plazo de 60 días que tienen los ayuntamientos para discutir y aprobar en su caso las propuestas de modificación enviadas por el Congreso, redundancia innecesaria que a nuestro juicio debería ser corregida, eliminándola el texto del art. 199 y dejando el texto del primero, que nos parece más preciso en su redacción.
  • El párrafo 2 del numeral comentado dispone la función del Congreso para el conteo de votos aprobados, la declaratoria de mayoría simple y, en su caso, la promulgación y publicación de las modificaciones correspondientes.
  • Por último, el punto 3 igualmente reitera lo ya dispuesto en el artículo 66 ya mencionado, y en el mismo sentido, sería conveniente eliminar alguno de los dos textos para evitar redundancias innecesarias.

¿Qué es lo que debe cambiar para que el texto constitucional se adapte a la realidad y pueda servir mejor en la comprensión, interpretación y solución de nuestros problemas en materia de derechos fundamentales, de organización del Estado y los órganos de su poder público?, pero al mismo tiempo ¿qué es lo que hay que hay que preservar para que el Estado, el memorable lo stato maquiavelico, esa organización jurídico política producto de la inseparable intersección entre población, territorio y poder público y su evolución en el tiempo continúe siendo lo que es y no otra cosa al interior y siga distinguiéndonos como entidad sui generis en el contexto internacional? ¿Hasta dónde y en qué cantidad puede un Congreso Constituido modificar la Carta Fundamental sin asumir funciones de Congreso Constituyente pasando por encima de los requisitos de existencia y validez que debe tener uno de tal naturaleza, como tan lamentablemente ha sucedido a nivel federal y estatal en épocas recientes? Ese es el delicado equilibrio que el legislador encargado de hacer modificaciones constitucionales debe mantener en el ejercicio del arte de andar en la cuerda floja[5] del quehacer jurídico político fundamental.

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BIBLIOGRAFÍA:

[1] Carpizo Jorge, “La Reforma Constitucional en México. Procedimiento y Realidad”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, vol. 44, n° 131, mayo-agosto 2011, versión on line: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332011000200003

[2]Article 28. Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures”. Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano, actualización del 24 de junio de 1793, http://syti.net/DDH1793.html.

[3] Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionada el 22 de octubre de 1814, Imprenta Nacional, 1815, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1814.pdf.

[4] Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de Guerrero, http://i.guerrero.gob.mx/uploads/2011/06/CPELSG-23.pdf.

[5] González Pedrero, Enrique, “La Cuerda Floja”, Editorial Fondo de Cultura Económica, Colección Popular, México, 1982.

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