Comentarios al texto “Necesidad de una métrica legislativa” de Bárbara Leonor Cabrera Pantoja

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Comentarios al texto “Necesidad de una métrica legislativa”

de Bárbara Leonor Cabrera Pantoja[1]

Por Jose Ramon González Chávez

 

Recordemos que las mediciones del desempeño personal se remontan a fines del siglo XIX con Taylor y Fayol.

En el sentido de los autores señalados, me parece que esta materia, más que dársele un tratamiento constitucional, debería ubicársele dentro del ámbito de la administración pública legislativa, en el rubro de la evaluación del desempeño de legisladores.

Las percepción pública es, antes que causa, resultado de la actividad del poder legislativo en general y de los legisladores en particular.

Creo que antes que México, quien debería estar preparado para “medirlo” es el Congreso, pero por desgracia no es así. Para que eso pudiera ser, debería haber objetos de medición correctos, ciertos, regulados.

En todo caso, los parámetros de medición no tienen por qué ser “constitucionales”; las normas de este tipo tienen principios y fines particulares, muy diferentes a los perseguidos con la “medición” de la gestión institucional, que es una forma de seguimiento, de monitoreo, de control, materias todas ellas que son de carácter administrativo, por lo que mas bien deberían ubicarse en la ley orgánica respectiva, o mejor aun, en el reglamento correspondiente, incluso en algún decreto legislativo o acuerdo parlamentario que lo estableciera. Estoy de acuerdo que contribuiría a fortalecer el poder legislativo pero más que en su función dentro del estado de derecho, en su función como encargado de la administración pública parlamentaria, tema tan olvidado o si acaso menospreciado de la función legislativa.

La legitimidad del legislativo aumentara de cara a la ciudadanía en tanto que sus reglas de trabajo legislativo y judicial como de administración interna sean claras para todos, y ese es un tema en el que hay que trabajar mucho, no solo por parte de los legisladores, sino también de investigadores, académicos y la sociedad.

En lo que se refiere a la administración pública, no hay planes ni políticas institucionales de mediano  largo plazo, el congreso prácticamente se reinventa cada 3 años; se carece de información histórica de carácter institucional, y la que hay es poco o nada accesible; no existen reglas ni funciones de autocontrol claras y precisas; no hay claridad en la asignación de recursos por áreas, las mismas áreas necesitan de una revisión del manual de organización y funcionamiento de cada cámara, se requiere de una ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del legislativo; no existe un catálogo de puestos, plazas y y salarios, del personal administrativo del congreso, por lo mismo así no puede haber un servicio legislativo de carrera, ni administrativo ni de investigación, ni tampoco seguridad en el empleo, certeza en los ascensos y condiciones de trabajo; no hay reglas claras ni transparentes para capaces de determinar la cantidad, atribuciones, sueldos y condiciones de trabajo de los miembros de los cuerpos de asesoría de los diputados. Se carece de cursos de inducción para legisladores y para el personal de reciente ingreso y de un programa de formación continua sistematizado;  No hay criterios para la asignación presupuestal de la administración del legislativo y de las comisiones ni reglas serias para su conformación en cuanto a perfiles de integrantes, obligaciones de planeación de agenda de rendición de informes, etc., hacen falta manuales de procedimientos y de servicios al público, no hay un código de ética que de verdad contenga principios, fines pero también derechos y obligaciones, y sobre todo, sanciones por incumplimiento; hace falta una política y un programa serio de difusión, de acercamiento del legislativo al a sociedad, en fin.

Para medir, antes hay que tener qué medir, ni tampoco se puede dar u ofrecer hacia afuera lo que no se tiene hacia adentro. Todos estos elementos que se mencionan solo de manera enunciativa, deberían ser cubiertos antes de pensar en una medición, realmente objetiva y efectiva, repito, como parte de una administración pública integral, del legislativo, por un lado y como pieza fundamental – que no única- de control de la función legislativa (en pleno, comisiones, etc.) y de los legisladores en particular.

En lo personal considero -y creo que así lo ha demostrado la experiencia- que las leyes por si solas no pueden (ni deben) mejorar por sí mismas las condiciones de vida de la sociedad. De hecho, muchas de ellas obedecen a intereses de partidos (aun de fracciones) y de grupos de interés y de poder representados por ellos. La colaboración de los demás órganos del poder público, organismos constitucionales autónomos y la sociedad civil es crucial para alimentar y retroalimentar el sistema normativo que debe estar siempre en constante evolución, mejorando eso si, la calidad, sustancia y efectividad de las normas legales.

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[1] http://www.diputados.gob.mx/sedia/sia/redipal/CRV-V-03-12.pdf

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