El Feminicidio: Algunas Consideraciones

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 EL FEMINICIDIO: ALGUNAS CONSIDERACIONES

Por José Ramón González

(Investigación realizada para el Instituto de Estudios Legislativos “INESLE”

del Congreso del estado de México, octubre, 2010)

(Gracias A Mónica Soistata por su tan valiosa colaboración)

PARTE I.

Introducción y Marco Teórico.

Desde la revolución industrial en el Siglo XIX y por la reciente y profunda trasformación de los procesos económicos, se han producido una apertura gradual pero ininterrumpida de espacios para las mujeres, gracias a los cuales ellas día a día crean oportunidades y participan activamente en los más diversos ámbitos de la sociedad, la cultura, la economía y la política.

A fines del siglo XIX y principios del XX, mujeres de distintos países luchan en contra de la opresión y comienzan a crear una conciencia crítica sobre la condición de las mujeres, así como la necesidad de contar con principios, normas y prácticas sociales modernas y democráticas. Se denuncia la discriminación, la marginación, la explotación y la enajenación, la violencia y la complicidad, el encierro, el silencio y el tabú. Surge la ideología feminista, que a lo largo del siglo se fortalece y cobra un gran auge en los años 60, trasformando estructuras fundamentales en todos los ámbitos.

A fines del Siglo XX, una nueva transformación política económica: la unipolarización y uno de sus medios de expresión más contundentes: la globalización (al menos para los países del mundo occidental) dan forma a un modelo económico innovador que, entre otras cosas, considera la mano de obra femenina crucial para su implantación, y para tal fin exige la adecuación de los sistemas políticos, jurídicos sociales y culturales.

Los cambios en la vida y la dinámica social, el incremento de la inseguridad, la ruptura de tabúes, la denuncia pública de hechos antes callados, entre otros factores, exponen a la mujer a mayores riesgos de ser víctima de actos de violencia, segregación e inequidad, fobias y desigualdades, todo lo cual por ser a todas luces contrario a los derechos fundamentales, constituye uno de los problemas sociales más graves y de más urgente atención en México y el mundo.

A causa del modelo patriarcal, la mujer sufre diferentes acciones violentas, que en algunos países son ignoradas o menospreciadas por razones de índole cultural, religiosa, social y educativa. En tal contexto, la violencia denominada “de género” (por el vocablo inglés “gender”, referente al sexo de una persona) es una situación cultural que mantiene a las mujeres en desventaja y desigualdad social, les impide el acceso a bienes, recursos y oportunidades, y contribuye a desvalorizarlas y denigrarlas.

Al extremo de este tipo de violencia, el Feminicidio o Femicidio, neologismo producto de la traducción de los vocablos ingleses “femicide” o “gendercide“, referente a la muerte evitable de mujeres, ha sido objeto de una gran polémica, al alejarse de su concepción original, llegando a usarse incluso como sinónimo de homicidio genérico contra mujeres y adquiriendo una significación ya no jurídica, sino más política, ideológica, de clase y de género.

De hecho, como realidad social, desde hace ya algunas décadas el feminicidio ha sido adoptado por el feminismo como parte de su bagaje teórico ideológico, sintetizado primordialmente por las norteamericanas Jill Radford y Diana E. H. Russell (vid. “Femicide: The politics of woman killing” Twayne Publishers, New York, USA, 1992). Desde esta corriente ideológica, la violencia de género se coloca como un gran problema político a nivel mundial y afirma que el feminicidio se da a causa del ambiente ideológico y social de machismo, de misoginia, de violencia consentida o tolerada contra las mujeres, así como por la ausencia de normas jurídicas, políticas públicas y acciones concretas de carácter preventivo, educativo y coercitivo, lo que genera condiciones de inseguridad para las mujeres que impiden detectar, prevenir y eventualmente sancionar las conductas delictivas, llegando a poner en riesgo su vida y su integridad física y emocional. De ahí que considere el machismo como un factor determinante para la presentación y el crecimiento de este delito.

Algunas organizaciones feministas han sustentado interpretaciones más profundas y que retoman estos presupuestos, argumentando que los homicidios de mujeres son parte de una violencia contra las mujeres que sustentada en la histórica desigualdad entre mujeres y hombres y que impide reconocer a las mujeres como personas y sujetos de Derecho. En este mismo tenor, Bonino (1998)[1], nos habla de micro machismos, a los que clasifica en tres tipos:

1) Coercitivo, el más grave, ya que el varón usa la fuerza ya sea moral, psíquica, económica o de la propia personalidad para intentar doblegar a la mujer, limitar su libertad, expoliar su pensamiento y restringir su capacidad de decisión. Les provocan un acrecentado sentimiento de derrota cuando comprueban la pérdida, ineficacia o falta de fuerza y capacidad para defender las decisiones o razones propias. Todo esto suele promover en la mujer inhibición, desconfianza en sí misma y disminución de la autoestima, provocadora de un mayor desbalance de poder;

2) Intimidatorio, especie de violencia psicológica donde el varón genera temor cuando llega a contar con cierta fama (fantaseada o real) de ser abusivo o agresivo. Este tipo de hombre advierte expresa o tácitamente que de no ser obedecido algo le podrá suceder a la mujer. Ya sea con la mirada, el tono de voz, la postura o cualquier otra característica que pudiera ser utilizada como atemorizante y ejercer así alguna muestra de poder abusivo, ya sea físico, sexual o económico. Con este tipo de violencia psicológica el hombre llega a conseguir la disponibilidad de la mujer para realizar los actos que él desee y también el de no ser molestado o cuestionado cuando realice algún acto en contra de la mujer;

3) Insistencia abusiva, o como nos dice el mismo autor[2] en términos populares el “ganar por cansancio”, que consiste en obtener lo que quiere por insistencia inagotable, que hace que la mujer se canse de mantener su propia opinión y al final acepte lo impuesto a cambio de un poco de paz.

Como reflejo de la influencia cultural norteamericana, la palabra feminicidio surgió en castellano a partir de la traducción que del término inglés “femicide” hizo la doctora Marcela Lagarde[3], convirtiéndose en una voz homóloga a homicidio pero añadiéndole el ingrediente de género y concibiéndose como el conjunto de hechos de lesa humanidad que se relacionan con los crímenes y las desapariciones de mujeres de tipo masivo (una especie de genocidio específico hacia las mujeres) y que pueden darse tanto en condiciones de guerra como de paz, cuando las condiciones histórico culturales generan prácticas sociales que permiten o toleran atentados contra la integridad, la salud, la libertad y la vida de las mujeres.

Feminicidio, Conocimiento y Realidad Mundial.-

Gracias al apoyo de las ciencias sociales, ha sido posible definir distintas formas de violencia hacia la mujer, conocer sus causas y consecuencias de carácter social, jurídico, cultural y educacional, y con ello avanzar en el combate de actos inaceptables, como el crimen pasional, la violación, el estupro, el incesto, el acoso, la violencia conyugal y familiar, la violencia callejera, la inequidad, entre otras, que se presentan en los ámbitos laboral, patrimonial, psicológico, intelectual, simbólico, lingüístico, económico, jurídico o político, solo por citar algunos.

En el tiempo y el espacio se presentan actos lesivos contra las mujeres que conducen en muchos casos a una muerte violenta y cruel; y lo que resulta todavía más indignante al constatar que algunos de estos actos son cometidos personas conocidas de la víctima: sus parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; pero también son perpetrados por desconocidos y anónimos e incluso por miembros del crimen organizado. Sin embargo, todos tienen en común la consideración de los agresores de que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables, desechables y coinciden además en su extrema crueldad, por lo que el feminicidio ha llegado a ser considerado como crimen de odio.

Si bien, como se anotó previamente, existen diversos agentes de tipo cultural que influyen de manera determinante en la presentación de esta conducta, en términos de atención gubernamental es intolerable constatar la ineficacia del poder público para ofrecer garantías a las mujeres y crear condiciones de seguridad para el desarrollo de su vida en la comunidad, ya sea en la casa, en los espacios de trabajo, tránsito o esparcimiento; y más lamentable aún, que los servidores públicos sean poco o nada eficientes en sus funciones para prevenir, atender y sancionar este tipo de conductas, que se muestran con toda claridad por ejemplo, en la atención a víctimas, en las instancias de justicia, el maltrato a las internas en las cárceles y aun en el personal femenino, siendo llegado a considerar incluso como un Crimen de Estado.

Según el Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), maridos, ex cónyuges, novios, convivientes, son en la mayoría de los casos los responsables de las muertes violentas de mujeres. Más de 50% de las mujeres muere por ataques de sus parejas (en ciertos países llega a 70%). Adicionalmente a las muertes violentas por su condición femenina, a esta deben añadirse otros tipos de violencia a los que están mayormente expuestas en sus países y en sus familias y que sin llegar al homicidio también se consideran graves, como la agresión física y sexual (al menos 25% de las mujeres adultas sufrirá un ataque sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida), el acoso psicológico y otras conductas, como impedir que la mujer mantenga contacto con su familia o amistades y limitarle el acceso a la información o posible ayuda.

Otras estadísticas indican que a nivel mundial, el femicidio es la sexta causa de muerte de mujeres entre 15 y 49 años. Más de mil mujeres mueren anualmente a manos de sus parejas y se calcula que ascienden a 3 millones las mujeres que sufren abusos físicos por parte de sus maridos o novios cada año. En España, los cálculos oficiales cuentan entre 50 y 70 las mujeres muertas a causa de la violencia doméstica cada año. En Estados Unidos, en 1992, se contaron 5,373 casos de femicidio, la mitad de los cuales fueron perpetrados por esposos u hombres con quienes las víctimas habían mantenido relaciones. En Puerto Rico, la coordinadora de la organización Paz para la Mujer, informó que de 1990 a noviembre de 2002, se han presentado 287 feminicidios, según datos suministrados por la Policía nacional. De acuerdo a investigaciones realizadas por activistas, médicas, abogadas y periodistas involucradas en la Campaña de esa Red, la manera cómo los medios de comunicación, los jueces, abogados defensores y gran parte de la opinión pública abordan los casos de asesinatos de mujeres, está permeada por conceptos estereotipados y creencias culturales basados en una imagen devaluada de lo femenino. Las razones que afloran principalmente en los juzgados y en los medios son que cuando un hombre agrede y mata a su mujer, es porque “se encontraba ofuscado y perdió la cabeza”, “era celoso”, estaba “obsesionado” con ella. La policía suele decir “Mató por razones sentimentales”. En algunos titulares de prensa se puede leer “Fue un crimen pasional”, “mató bajo una emoción violenta”, de manera que se implanta a priori la sospecha que el comportamiento de la mujer fue el detonante del hecho.

PARTE II.

Situación del Feminicidio en México.

En México, muchas mujeres viven alguna forma de violencia en razón de su sexo, no solo de índole sexual, sino también racista, religiosa, judicial, política, laboral, cultural, entre otras. La mentalidad y la actitud de considerar en condiciones de inferioridad a las mujeres provienen de varios factores muchos de los cuales ya han sido señalados líneas arriba. Formas de imitación y aculturación verdaderamente ancestrales y otras adquiridas en distintos momentos han modelado las actitudes de hombres y mujeres, creando esquemas de carácter unilateral, antidemocrático, autoritario, a grado tal que, por ejemplo, el hombre es considerado proveedor absoluto en lo económico aun en los casos en que la mujer cuenta con un trabajo remunerado y aporta al gasto familiar.

Entre los datos nacionales que sobresalen respecto de esta situación, está el hecho de que existe un promedio anual de cerca de 1,200 homicidios dolosos contra mujeres entre los 21 y 40 años de edad[4]. 41% de esas víctimas murió por uso excesivo de fuerza y agresiones físicas como asfixia, heridas de armas punzocortantes y traumatismo craneoencefálico y 25% a causa de un disparo de arma de fuego. En cuanto a los sitios donde se han cometidos estos asesinatos, 41% fueron en la vía pública (lugares públicos, lotes baldíos, tiraderos de basura); 35% en casas-habitación; y lo que en aun más oprobioso: en 19% de los casos (casi uno de cada cinco, las mujeres también fueron víctimas de tortura y abuso sexual; y respecto de los sujetos activos, resulta indignante que 32% de ellos son familiares o personas cercanas y que 89% del total de los casos presentados quedan impunes.

En México, las desapariciones y homicidios de niñas y mujeres se consideran hechos aislados. Un esposo celoso, problemas de amantes, un homicida psicópata, una banda de narcotraficantes, delincuencia que cruza por la frontera o cualquier otro argumento sirve para aislar y minimizar el problema. En general, la tendencia sigue siendo responsabilizar a las mujeres de su muerte violenta a manos principalmente de hombres. Respecto a la denuncia y seguimiento por violencia contra las mujeres -incluido el feminicidio- han sido los familiares de las mujeres desaparecidas y asesinadas, principalmente sus madres, así como las organizaciones de mujeres y feministas quienes han encabezado la denuncia y recabado evidencias de los hechos. Han logrado hacer alianza con algunas legisladoras y funcionarias y en colaboración han consolidado mecanismos vinculatorios para las autoridades competentes a fin de de prevenir, atender, sancionar, reparar los daños y erradicar estas conductas, aunque hasta la fecha la respuesta no haya sido eficaz.

Ahora bien, socialmente, el feminicidio, aunque mediatizado hasta la explotación del escándalo, ha logrado tomar un lugar preponderante en la opinión pública nacional y gracias a ellos se ha conseguido la modificación de diversos ordenamientos legales. No obstante, en su concepción aun prevalecen multitud de mitos, tabúes, conceptos, indefiniciones y vaguedades que obstaculizan su positivación jurídica, política y cultural. Sin embargo, la actualización normativa es ineficaz o queda a nivel de meros buenos proósitos cuando no existen políticas y acciones concretas y articuladas de parte de los órganos del poder público y de la sociedad, orientadas a prevenir, educar, atender y castigar este tipo de conductas y garantizar los derechos fundamentales de las mujeres.

Las desapariciones y homicidios de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, así como las distintas hipótesis (elaboradas en muchos casos de manera poco informada fuera del país) que intentan explicar estos hechos en México, se han convertido en un referente usado para explicar la implantación de una figura sui generis de feminicidio que en nuestro país, en la que se mezclan otros subtipos de homicidio y aun otras clases de violencia donde la víctima es una mujer. En tal contexto, se ha generado una intensa especulación y hasta producción literaria y artística: documentales, obras de teatro, danza, obra plástica, entre otras formas, básicamente centrados en el tema de “las Muertas de Ciudad Juárez”, como si la incidencia de esta conducta delictiva se produjera solo en esa localidad. Incluso gran parte de la investigación realizada en otras entidades federativas tiene como punto de referencia o tiene que ver con los sucesos de Ciudad Juárez, cuando en otras entidades como por ejemplo, el Distrito Federal, es prácticamente nula la investigación y atención a estos casos.

Este concepto de feminicidio a la mexicana ha sido erróneamente asumido por algunas autoridades y medios de comunicación como el simple equivalente de un homicidio contra una mujer, por lo que llega a utilizarse hasta en plural, tal como lo exhibe el propio nombre de la “Comisión Especial de Feminicidios”, que después corrigió el error cambiando el término a singular, aunque en su uso mediático, coloquial y aun la propia presidente de dicha Comisión se ha seguido usando el término en plural. Con la misma perspectiva, también se ha comenzado a utilizar en México el término por demás abigarrado de feminicidio sexual sistémico, cuya definición aún sigue siendo poco clara[5].

En lo que a investigación en México se refiere, desde 1993 cuando se denunciaron las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, se ha realizado un amplio número de investigaciones nacionales, extranjeras e internacionales con distintos enfoques sobre el tema. Aunque como decíamos en su gran mayoría son recurrentes a lo que sucede en esa localidad, otras, por desgracia todavía las menos, comienzan a analizar y estudiar el desarrollo del fenómeno, ya sea con visión nacional o específicamente, de manera local. De manera enunciativa, la siguiente tabla muestra algunas de las más importantes:

Fecha Organización Título
Noviembre, 1999 ONU Informe de la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias
Enero, 2002 ONU Informe del relator especial sobre la Independencia de Jueces y Magistrados
Marzo, 2003 Comisión Interamericana de Derechos Humanos Informe de la Relatora sobre Derechos de las Mujeres de la “Situación de los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a no ser Objeto de Violencia y Discriminación”
Agosto, 2003 Amnistía Internacional Muertes intolerables: Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”
Noviembre, 2003 ONU contra la Droga y el Delito Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua
Diciembre, 2003 ONU Diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Enero, 2005 CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) Informe y recomendaciones resultado de la solicitud de organizaciones mexicanas de derechos de la mujer y con el apoyo del Gobierno mexicano
Mayo, 2005 Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo Informe de la Relatora del Comité de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres en México.
Enero, 2006 ONU Informe sobre violencia contra las Mujeres, sus causas y consecuencias. Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: la violencia contra la mujer
Noviembre, 2006 PGR Informe final de evaluación y monitoreo sobre el trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua

Homicidios en general cometidos contra mujeres en las entidades de la República.-

Estados como Veracruz, Morelos, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Sonora y Chiapas, ya han iniciado investigaciones locales. Sin embargo todavía no se logra un pronunciamiento generalizado de la sociedad civil mexicana sobre el delito específico de feminicidio y su distinción de otros tipos de homicidio y violencia contra las mujeres.

Otras investigaciones que incluyen a varias entidades de la república son las realizadas en 2003 por el Grupo de Educación Popular con Mujeres, A.C., en el Distrito Federal y los estados de Chihuahua, México y Michoacán y por la Red Nacional por un Milenio Feminista en 12 entidades: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Veracruz. En ambos estudios se documenta además del análisis legislativo, las políticas públicas y programas correspondientes, así como profundas entrevistas a mujeres que acuden a las diversas instituciones encargadas de la atención en este ámbito en dichas entidades. También realizan monitoreo a medios de comunicación masiva (TV y Prensa) y a los programas y acciones en instituciones de educación primaria, con el objetivo de evaluar la manera en que estos espacios contribuyen o no, a la sensibilización así como a la difusión de información acerca del tema.

Muchas de las investigaciones que se han realizado en torno a los homicidios de mujeres en México en general y en sus entidades federativas en particular, han sido compiladas en el Archivo del Feminicidio, administrado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque sería prudente distinguir de este importante trabajo del general de los asesinatos que se han cometido contra mujeres, aquellos con el móvil específico de feminicidio en los términos de su definición típica penal. Este Archivo cuenta con documentación oficial proporcionada por las Procuradurías de Justicia Estatales y del D. F. sobre el número de asesinatos en general de niñas y mujeres en cada entidad y por los Tribunales Estatales de justicia sobre las causas penales radicadas en cada uno de los expedientes relacionadas con dichos homicidios; además de libros, revistas, materiales audiovisuales y gráficos relacionados con la violencia contra las mujeres, principalmente en México, aunque también incluye datos de otros países.

De acuerdo con un reporte realizado por la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, en el periodo 1999-2005 en nuestro país 6,000 mujeres han sido asesinadas con violencia, esto es, un promedio de mil mujeres por año, sin contar las que pierden la vida por situaciones relacionadas con la violencia intrafamiliar, que siguen siendo calificadas como muerte natural. Sin perjuicio ello, entre los datos sobresalientes que arroja el informe, es que las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran principalmente en 10 entidades: Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, Estado de México, Colima, Nayarit y Baja California.

Otro informe de la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios, revela que entre 2006 y 2007 se contabilizaron en México 2,232 asesinatos de mujeres, denominándose genéricamente como “feminicidios”: El Distrito Federal y el Estado de México, entidades con la mayor población, son también aquellas donde se registra el mayor número de asesinatos de mujeres, reveló un estudio de la Cámara de Diputados Federal. El documento subraya que el Estado de México y el Distrito Federal ocuparon el primero y segundo lugar en número de homicidios de mujeres con 299 y 244 casos en ese período, respectivamente. Sin perjuicio de que la estadística criminal mide la incidencia de delitos por cada mil habitantes, lo que relativiza los porcentajes por ser estas las entidades más pobladas, estas cifras mueven a la reflexión sobre la dimensión metropolitana del asunto, pues es en esta región donde se concentra cerca del 20% de la población nacional. A estas dos entidades les siguió el Estado de Michoacán, con 202 homicidios; Guerrero, 129; Veracruz, con 135; Jalisco, 119; Puebla, 109; Baja California, 105; Chihuahua, 84; Sinaloa, 80; Tabasco, 59 y Sonora, con 57. Digno de resaltar es que todas estas entidades y otras más, superaron al norteño Chihuahua, donde se localiza Ciudad Juárez. Finalmente, el documento reporta que los estados mexicanos con el menor índice de homicidios de mujeres que en general se están denominando “feminicidios”, son Colima (3), Campeche (4), Yucatán (8), Tlaxcala y Aguascalientes (10 cada uno), Baja California Sur (11), Durango y Querétaro (16 cada uno).

En general, los datos oficiales disponibles sobre defunciones de mujeres por causas no naturales, sólo pueden ser obtenidos de estadísticas de seguridad pública y de salud, en las que desafortunadamente se encuentran mezclados tanto los homicidios como las muertes imprudenciales y accidentales, de manera que no se puede identificar de forma clara los asesinatos de mujeres y cuáles de esos podrían ser considerados como feminicidios. De ahí la necesidad de hacer un esfuerzo conjunto entre ciudadanía, ONG’s y autoridades para superar esta deficiencia y contar con registros confiables, tal como lo ha requerido a nuestro país la Corte Internacional de Justicia.

Al respecto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra las Mujeres, de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció que las estadísticas no reflejan la magnitud del problema de las agresiones en contra de las mujeres, ya que hay una “cifra negra”, de mujeres que no denuncia. Se menciona que dos terceras partes del registro de mujeres asesinadas en un año, de acuerdo con los datos oficiales, murieron a consecuencia de agresiones en el hogar, pero no sólo a manos del marido, sino también por novios, padres, hermanos, amigos, familiares y otro tipo de parientes. Agregó que los riesgos no se miden por las cifras, sino por el temor fundado que tienen las mujeres de terminar con la violencia. Ese es el riesgo y esa es la gravedad, ya que de acuerdo a los resultados de estudios, entrevistas, encuestas y denuncias, el problema de la violencia intrafamiliar es realmente grande.

En cuanto a otros tipos de violencia contra la mujer, algunos juristas han denunciado que la militarización de las ciudades causa una mayor vulnerabilidad hacia las mujeres, ya que por ejemplo, en lugares como Ciudad Juárez, en los retenes militares es común que en las “inspecciones” realizadas se llegue a abusar de la autoridad para lesionar su intimidad corporal.

Situación en Chihuahua.

Los datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua precisan que de 1993 cuando empezaron a documentarse los crímenes contra mujeres a la fecha, 890 mujeres han sido asesinadas.

Del 21 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2007 se tienen registrados 428 homicidios de mujeres, mientras que 2008 hubo 87; en 2009, 164; y de 2010 hasta el 15 de septiembre se habían cometido 211, esto es, un pormedio de 2 diarios.

En los casos anteriores a 2008, la causa principal de los homicidios fue la violencia intrafamiliar y los feminicidios, pero la situación cambió a causa de la guerra entre bandas de narcotraficantes.

En Ciudad Juárez, núcleo de atención estatal, nacional e internacional en materia de feminicidios, los homicidios de mujeres de han incrementado. Sin embargo, no todas las muertes violentas de mujeres pueden ni deben ser considerados feminicidios en los términos en que se ha expuesto a lo largo del presente documento, es decir, como homicidios donde el móvil primordial es el odio, la discriminación, el menosprecio a la mujer por el solo hecho de serlo.

Al respecto, hasta hace poco, la Procuradora General de Justicia Estatal, Patricia González Rodríguez[6], ha dicho que estos casos no pueden ser procesados como feminicidios a pesar de que es una cifra alta”, ya que, por ejemplo, “los homicidios relacionados con el crimen organizado son investigados como tales y no como la nueva figura delictiva creada por el Congreso del Estado de Ataque a la Mujer”, al cual se le ha dado en llamar Feminicidio.

La procuradora afirma que “el feminicidio es un crimen de misoginia y de odio contra la figura femenina, tipo que no corresponde a los asesinatos que se han presentado últimamente en el Estado, principalmente en Chihuahua y Ciudad Juárez, donde se vive una intensa lucha entre los cárteles de la droga”. Señaló que “en efecto, se tiene una mayor incursión de la mujer en el narcotráfico y los asesinatos recientes de mujeres serán investigados como tales por la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida”.

Bajo esta premisa, de los 211 crímenes de mujeres presentados en lo que va de este año, solamente 11 llegaron a ser considerados feminicidios e investigados como tales por la Fiscalía Especial de Homicidios contra Mujeres.

Situación en el Estado de México.

En el Estado de México la violencia contra las mujeres, es uno de los principales problemas que afectan a la sociedad mexiquense. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo, mientras que en el Estado de México 54 de cada 100 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia infligida por su pareja (ENDIREH, 2006).

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en el Estado de México ocurre el 23% de los homicidios dolosos contra mujeres registrados en el país. De tal suerte, el Estado de México encabeza la lista de mayor índice de homicidios de mujeres, con 672 casos en los últimos cuatro años; aunque esto debe ser dimensionado, teniendo en consideración que también es la entidad con mayor población en el país.

Otro dato sobresaliente es que en 100 de los 125 municipios mexiquenses, la cifra de feminicidios supera la media nacional, desde luego con las consideraciones de dimensionamiento señaladas en el párrafo anterior.

Datos del Observatorio Ciudadano de Feminicidios, revelan que en el Estado de México se cometieron 556 asesinatos hacia mujeres entre 2007 y 2009. La entidad está entre los tres estados con mayor índice de asesinatos violentos cometidos hacia mujeres. Las cifras van en aumento, y según el Observatorio, muchas de esas muertes quedan impunes.

En marzo del 2008 el Gobernador del Estado y los 125 municipios del Estado de México firmaron el Acuerdo para dar cumplimiento a la convocatoria del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que todos los Poderes de la Unión, los Gobiernos de las Entidades Federativas y los municipios se sumarán al Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se conoce del año 2000 al 2008, 641 mujeres han sido asesinadas en esa entidad y tan sólo entre 2006 y 2008, se registraron 362 feminicidios y al menos el 52% de los casos siguen de manera irresponsable sin ser solucionados por la institución estatal de procuración de justicia.

Al interior del Estado de México, la ciudad de Toluca mantiene la mayor tasa de homicidios del país (10 por cada 100,000 habitantes) y desde 2007, en promedio, una mujer es asesinada cada dos días en Ecatepec, Netzahualcóyotl, Chimalhuacán o los Reyes la Paz que son los otros municipios donde prevalecen de mayor manera esos crímenes. Lo más grave es que al gobierno del Estado de México no parece importarle la cuestión; ya que, además de desaparecer al Instituto Estatal de la Mujer y minimizar, por parte de las autoridades de procuración de justicia la trascendencia del problema, no se ha actualizado la legislación protectora de género, ni se tienen políticas públicas consistentes y suficientes para solucionar el entuerto.

El INEGI ha generado y difundido información estadística que contribuye a un conocimiento más objetivo de la magnitud y características de la violencia que sufren las mujeres, lo cual constituye un elemento de gran valor para determinar las acciones a emprender para su combate y erradicación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH), 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia de pareja, comunitaria, laboral, familiar o docente a lo largo de su vida. De estas formas de violencia la más frecuente es la ejercida por el esposo o compañero, declarada por 43.2% de las mujeres. Le siguen la comunitaria, padecida por 39.7% de las mujeres de 15 años y más, la laboral con 29.9% de mujeres, la familiar y escolar con 15.9 y 15.6%, respectivamente.

Lourdes Barrera, de Amnistía Internacional, menciona que ninguna mujer víctima de violencia en San Salvador Atenco durante el conflicto de 2006 ha podido acceder a justicia al denunciar las vejaciones sufridas en su contra por parte de los cuerpos policíacos del Estado de México.

PARTE III.

Marco Jurídico sobre la violencia hacia las mujeres.

Tener una vida libre de violencia es un derecho reconocido por las leyes Nacionales e internacionales.

En términos constitucionales, el artículo 4º de la Carta Magna establece la igualdad del hombre y la mujer ante la Ley. Esto implica la idea que ante la comisión de un acto ilícito, resulta indistinto que éste haya sido realizado en contra de un hombre o una mujer, o que el agresor haya sido un hombre o una mujer y en tal sentido, la penalidad en su caso deberá aplicarse tomando en consideración las circunstancias específicas en las que se llevó a cabo el acto respectivo, con independencia del sexo de los sujetos tanto activo como pasivo.

Bajo esta premisa, el feminicidio como tal no está previsto y por ende no es sancionado ni a nivel federal ni en las entidades federativas, aunque cabe mencionar que desde el 19 de diciembre de 2006, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque todavía no se ha publicado.

Dicha ley, propone entre otras cosas, la creación de un nuevo título en el código penal federal mexicano sobre delitos de género, en el que se aborde el feminicidio bajo el a nuestro juicio endeble argumento de que es un delito que se ha generalizado, y con base en él, propone sea tipificado como delito permanente y continuo, suponiendo que esta tipificación contribuirá a eliminar el silencio social y la falta de acciones concretas.

El mencionado proyecto de Ley propone para este delito la redacción siguiente: “A quien atente, sin importar la finalidad de la acción, en contra de la vida, la dignidad, la integridad física o mental de mujeres en una determinada comunidad o región donde de manera recurrente se hubieran cometido estos delitos, se le impondrá una pena de 20 a 40 años, además de las penas que corresponden por los delitos cometidos (homicidio, desaparición forzada, secuestro, violación, mutilación, lesiones graves, trata de personas, tráfico de personas, tortura, abuso sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, discriminación por orígenes étnicos, raciales, preferencias sexuales o por estado de gravidez)”.

Sin embargo, desde entonces (diciembre 2006) la propuesta permanece congelada en el Senado de la República. En tal sentido, Rocío García Gaytán, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), expresó ante la Comisión Especial para los Femicidios, que lamentablemente este delito (el femincidio) no está penalizado a nivel federal porque no existe en la ley. [7] En todo caso, la carencia de normatividad penal aplicable y por tanto coercible sobre el particular, trae como resultado que cualquier denuncia que llega a la fiscalía especializada para los casos de feminicidios queda impune.

En efecto, el feminicidio es definido en términos sociológicos, políticos, mediáticos, culturales, etc., pero no se encuentra legislado, y por ello, la discusión sobre el tema permanece en dichas áreas, aunque de manera poco sólida por falta de datos e información sólidos, objetivos, confiables, que permitan una adecuada argumentación, de ahí que aun no permeen en el terreno jurídico, no solo en el aspecto legal, sino en la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre jurídica, etc.

Legislación Federal:

Constitución Federal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º reconoce desde 1974 la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer y desde 2001 prohíbe en su artículo 1º la discriminación motivada por origen étnico o racial, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra conducta que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Existen argumentos para poder sustentar la necesidad de una legislación que impulse la equidad en el ejercicio de derechos fundamentales y oportunidades, como un paso imprescindible para alcanzar la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, tal como lo establece el Texto Constitucional Federal.

Para ello, es necesario que el poder público promueva y garantice dicha equidad a través de instrumentos legales e instituciones, mediante políticas, programas y acciones contra la discriminación, la violencia de un sexo contra el otro, que faciliten el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de mujeres y les permitan una vida libre de violencia, contribuyendo así a la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho, justo y democrático.

Es bajo tal entorno que el legislador ha remitido a la ley secundaria, expidiendo una serie de disposiciones defensoras de la equidad, entre las que se encuentran las siguientes:

Leyes Federales.

Es complicado definir desde el punto de vista técnico jurídico al feminicidio como “delito”, ya que el concepto no se encuentra previsto en la Ley Penal. En todo caso, el feminicidio podría ubicarse como una modalidad agravada del homicidio doloso cuando puedan detectarse y comprobarse elementos adicionales al subtipo, tales como el odio, la discriminación, el abuso sexual, o la violencia por el mero hecho de que la víctima sea mujer.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el delito de homicidio contempla en igualdad de jurídica tanto a hombres como a mujeres en atención a lo previsto por los ya mencionados artículos 1° y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el homicidio está catalogado como del fuero común, esto es, que el legislador de cada entidad federativa, debe de regular en específico, tomando en consideración a las condiciones históricas, económicas, sociales y culturales propias de la entidad.

Bajo tal contexto, en lo que toca precisamente al feminicidio, conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  • La causa estructural de la violencia de género es la desigualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres permanecen para la sociedad y el poder público, en una situación de subordinación, desigualdad y discriminación en relación con los hombres.
  • No existe un argumento sólido para justificar la subordinación de la mujer y su desigualdad jurídica y social, contraria a todas luces –repetimos- al derecho y la razón.
  • Mientras mayor es el arraigo de la cultura patriarcal en una comunidad, mayor es la subordinación, menores son las libertades y derechos de las mujeres y por ende menor el ejercicio de su condición de ciudadanas y su participación democrática.
  • Las comunidades y regiones con mayores tasas de inequidad en el desarrollo, de contraste social, de conflictividad y mayor índice delictivo, sumadas a la poca presencia de la autoridad pública, generan condiciones de mayor inseguridad, propicias para la violencia contra las mujeres y el feminicidio.
  • La violencia ligada a la condición de género, aunque en grados diferentes, abarca a todas las mujeres de todas las edades y estratos; está presente a lo largo de su vida y se presenta tanto en los ámbitos público como privado. El daño que provoca se incrementa al coincidir los tipos e intensidades de violencia ligados a otras formas de segregación y opresión de las mujeres, como edad, etnia, clase y grupo socioeconómico, situación educativa, profesional y cultural, salud, estado civil y estado legal.
  • En fin, la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide que las mujeres, en igualdad con los hombres, puedan ejercer a plenitud sus derechos y libertades. Por ello, enfrentar de manera integral y coordinada la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, requiere abordar el problema desde una perspectiva amplia que abarque todo el espectro de los derechos fundamentales.

1. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11de junio de 2003.

El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

2. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público, interés social y observancia general en todo el Territorio Nacional. Establece un Capítulo V denominado “De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”.

3. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al igual que el ordenamiento anterior, las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.

4. Ley para prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Tiene por objeto la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior. Esta Ley se aplicará en todo el territorio nacional en materia del Fuero Federal.

5. Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana. Tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de darle cumplimiento.

6. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de:

  • Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.
  • Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de género en los estados y municipios.
  • Fortalecimiento de vínculos, con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal.

7. Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo relativo al Poder Ejecutivo Federal y las bases de coordinación necesarias para su ejecución entre éste, las entidades federativas y los municipios.

8. Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres.

El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 (PROIGUALDAD), fue formulado para dar cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley del INMUJERES.

Para su integración, el Instituto Nacional de las Mujeres realizó una consulta ciudadana y derivado de ella consideró las recomendaciones derivadas de la aplicación en el país de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), además de otros instrumentos internacionales.

Contribuye al cumplimiento de los cinco ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y como innovación establece una plataforma de líneas básicas de acción y objetivos estratégicos para garantizar los derechos fundamentales para las mujeres, como la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad y fortalecer sus capacidades para ampliar sus oportunidades y potenciar su bienestar económico.

9. Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046-SSA2-2005) [8].

En materia de Salud. Publicada 16 de abril de 2009. Tiene el título “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención”. Establece los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación en materia de violencia familiar y sexual que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud, en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual.

Dicha norma actualiza la NOM-190-SSA1-1999, “Prestación de servicios de salud”, que define con mayor amplitud criterios para la atención médica de la violencia familiar, al hacer más explícita la atención en lo referente a la violencia sexual y contra las mujeres fuera del ámbito familiar.

Además, resalta que referente a los criterios específicos para el tratamiento de las mujeres afectadas por violencia sexual; enfatiza la obligación del personal de salud de proporcionarles servicios de anticoncepción de emergencia o en su defecto, informarles sobre las alternativas para la interrupción legal del embarazo en los términos de la legislación estatal aplicable y garantizarles el servicio médico si lo requieren.

Igualmente, establece la necesidad de brindar a las personas que viven en situación de violencia familiar o sexual una atención con el enfoque de género que permita comprender de manera integral el problema de la violencia; y define los criterios a observar en la notificación al Ministerio Público de los casos de violencia familiar o sexual detectados en los establecimientos de salud.

También contribuye a la prevención y atención de la violencia familiar y sexual; obliga al personal de salud a identificar oportunamente a las personas que viven en esa situación y brindarles una atención integral y de calidad, con el propósito de evitar o minimizar las consecuencias de la violencia vivida en su salud, integridad y desarrollo.

Establece que la atención médica integral de casos de violencia familiar y sexual comprende la promoción, protección y restauración de su salud física y mental a través de tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas e información de opciones frente a la violencia.

La actualización de la Norma es el resultado del impulso que se ha en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, logrando en primer término una serie de ordenamientos jurídicos para que todas tengan derecho a vivir una vida digna.

Instrumentos Internacionales.

Durante los últimos años, los organismos internacionales, los Estados y las organizaciones pro mujeres han subrayado la importancia de dar prioridad a la incorporación del enfoque de género y de derechos humanos en la formulación de políticas, la planeación y las estrategias de desarrollo. Asimismo, han visualizado el papel decisivo que las mujeres han jugado en los procesos de ampliación de la democracia y la consolidación de la paz en sus países. Los contenidos de estos avances encaminados a la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales de las mujeres han quedado plasmados en diversos tratados internacionales y leyes nacionales.

Para la ONU, el tema de los feminicidios en México es prioritario. Al respecto expresa que “son casos en los que hay impunidad, porque no hay una respuesta efectiva de justicia identificando a los responsables, sancionándolos y reparando el daño”. [9]

El Máximo organismo internacional destaca que el gobierno mexicano debe atender las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y las que le han hecho llegar los organismos internacionales preocupados por la violencia contra las mujeres “en especial los feminicidios, que son una preocupación internacional”. [10]

El artículo 133 de la constitución Mexicana establece que los tratados internacionales ratificados por el Senado de la República tienen vigencia en el territorio mexicano. Sin embargo, su lugar en la jerarquía normativa ha generado múltiples discusiones. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Constitución y por encima del derecho federal y local.

No obstante, cabe mencionar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha guardado silencio frente a la denuncia de Legisladores del Parlamento Europeo y fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en el sentido de que la diplomacia mexicana se ha empeñado en bloquear cualquier mención de los feminicidios durante la cumbre de la Unión Europa y América Latina. [11]

1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).

Conocida como “La Carta Magna de las Mujeres”, fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU. Tiene carácter jurídicamente vinculante por los países firmantes. Enuncia los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer que se aplican en todos los ámbitos.

El fundamento de la convención como su nombre lo indica, está en la “prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer”.

Exige además que se le reconozcan derechos en igualdad a los de los hombres.

Prescribe las medidas a adoptarse por las naciones firmantes para asegurar que en todas partes las mujeres puedan gozar de los derechos que les asisten.

El artículo 17 de la Convención prevé la creación de un Comité ad-hoc, cuya función principal es vigilar la aplicación de la Convención por los Estados Partes.

México ha ratificado esta Convención, su protocolo Facultativo y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

2. Otros instrumentos internacionales.-

  • Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, sobre los derechos humanos de las mujeres, como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos. (1993)
  • Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Resolución 48/104 de la Asamblea General de Naciones Unidas. (1993)
  • Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, (“Convención de Belem Do Para”). Organización de Estados Americanos. (1994).
  • Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo (1994).
  • Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. Incluye un Capítulo D, denominado La Violencia contra la Mujer (1995).
  • Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Asamblea General de Naciones Unidas. (1999).

Legislación Estatal.

1. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México.

Es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en todo el Estado de México. Establece la coordinación entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de cualquier edad. Define las políticas y acciones gubernamentales para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; impulsar su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, y garantizar con ello su desarrollo integral.

En su Capítulo V denominado “De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, define la Violencia Feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y de niñas”.

Igualmente describe la Alerta de Violencia de Género como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Cuando se presenten casos de violencia feminicida, los Gobiernos Estatal y Municipales dispondrán las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las situaciones de desigualdad en que se encuentren.

2. Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.

Expedido por Decreto el 18 de febrero de 2009. Contiene los principios específicos aplicables a la protección de la integridad física y psíquica, así como la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia.

3. Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.

Promueve el bienestar social integral de las mujeres y los adultos mayores, su incorporación plena y activa en los ámbitos económico, cultural, político y recreativo para mejorar su condición y el reconocimiento de la equidad de género en el Estado de México.

Algunas Conclusiones.

  • En términos jurídicos, con la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007, se dio inicio a un proceso normativo y de aculturación que requiere ser continuado y reforzado permanentemente.
  • En la actualidad, sigue pendiente una amplia agenda de compromisos –principalmente por parte del sector público, aunque no exclusivos- para actualizar y dotar de efectividad al marco normativo en la materia; dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los diversos organismos internacionales que se han referido al tema y vigilar el desempeño y la eficacia de los organismos dedicados a atender esta problemática, prevenirla y en su caso, aplicar las disposiciones relativas para corregirla y sancionar a quienes atenten contra los derechos fundamentales de las mujeres.
  • Es necesario abrir un amplio debate sobre la determinación de las medidas más eficaces para atender, prevenir y en su caso castigar la violencia contra las mujeres (cuidando desde luego lo dispuesto en los artículos 1º y 4º constitucionales), entre las que se encuentra la posibilidad de una eventual tipificación del delito de feminicidio, tanto a nivel federal como en el Estado de México en los términos que expresan las leyes locales que ya lo han abordado. Sin perjuicio de ello, nunca debe perderse de vista que las normas por sí solas difícilmente lograrán disminuir y eventualmente erradicar una conducta antisocial, si estas no se acompañan de políticas, programas y acciones claros y concretos, encaminados a lograr realmente una transformación positiva de la cultura social, encaminada al logro de la equidad y en última instancia, a la igualdad entre el hombre y la mujer y la no discriminación ni intolerancia de nadie contra nadie, derechos fundamentales y principios axiológicos consagrados en la Carta Magna.
  • En la consecución de este objetivo del mayor interés nacional, resulta imprescindible hacer una revisión integral del marco jurídico regulatorio correspondiente, a fin de actualizarlo, darle articulación así como capacidad de eficacia a través de planes, programas y acciones en los distintos ámbitos de gobierno.
  • Ello constituirá sin duda un detonante para llevar a cabo el proceso de revisión y armonización de este nuevo marco jurídico normativo nacional y estatal con los instrumentos y recomendaciones internacionales en la materia.
  • Existen condiciones políticas, normativas y financieras para crear un Fondo Nacional de Reparaciones a Violaciones a los Derechos Humanos, del que puedan hacer uso las víctimas, que refuerce y haga más efectiva la actividad actual de los organismos públicos de derechos humanos federal y estatales del país, y permita que quienes atenten contra ellos sean castigados y las víctimas sean atendidos y se logre su recuperación material y moral.
  • Deben eliminarse todo tipo de obstáculos para cumplir las sentencias y los compromisos adquiridos en este ámbito. El apoyo material del Instituto Nacional de las Mujeres, útil y hasta imprescindible, resulta un factor determinante para brindar la atención a las víctimas y sus familiares.
  • En tal sentido y reconociendo el papel clave que al respecto juegan las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, el Instituto Nacional de las Mujeres está en pláticas para constituir a propuesta de ellas una mesa de seguimiento, monitoreo y evaluación de los instrumentos y mecanismos dedicados a la implementación de la sentencia, para verificar la articulación de las disposiciones con las estrategias y acciones que faciliten y coadyuven con el Estado mexicano a dar cumplimiento dichas resoluciones y recomendaciones.
  • Sobre todo, se debe escuchar la voz de las mujeres, a efecto de que los principios de base, las normas emitidas y las acciones tomadas se adapten a las necesidades, requerimientos y expectativas de este sector que es pilar fundamental de nuestra sociedad y del Estado mexicano.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Las otras formas de violencia hacia las mujeres. Ponencia en el marco de las Jornadas “Mujer y acoso”, organizadas por el Centro de la Mujer de Guadalajara.

[2] Luis Bonino Méndez, “Las otras formas de violencia hacia las mujeres. Ponencia marco de Jornadas “Mujer y Acoso“, organizadas por el Centro de la Mujer de Guadalajara, 1998.

[3] Antropóloga y feminista, “Género y feminismo: desarrollo humano y democracia”, 1996.

[4] Se refiere a homicidio doloso en general, esto es, no solo feminicidio, y comprende solo 31 de las 33 entidades de la República. Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, periodo enero 2007 a julio 2008.

[5] Vid. “Feminicidio sexual sistémico: víctimas y familiares” Tesis doctoral en Ciencias Sociales, Julia Monárrez, UAM Xochimilco. 2005.

[6] Periódico “La Jornada”, 16 septiembre 2010, publicado por Rubén Villalpando.

[7] Califica al feminicidio como un crimen de Estado que se produce tanto en condiciones de guerra como de paz y reflexiona que es en la inexistencia de un Estado de Derecho y en sus fracturas donde se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo y donde se favorece la impunidad. Señala los casos de secuestros y desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional, llegando a hablar incluso de genocidio contra las mujeres, cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten continuos atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres en manos de conocidos y desconocidos, de violentos y violadores, de asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales. Estos crímenes, seriales o individuales, tienen en común el considerar a las mujeres como objetos usables, prescindibles, maltratables y desechables.

[8] Se refiere a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

[9] La representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liliana Valiña, publicado en el periódico la Jornada, con fecha 14 de mayo de 2010.

[10] Ibidem.

[11]  Dicha cumbre fue llevada a cabo en Madrid, España, el día 18 de mayo de 2010, contando con los principales líderes de América Latina.

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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • Jill Radford y Diana E. H. Russell , “Femicide: The politics of woman killing” Twayne Publishers, New York, USA, 1992.
  • Luis Bonino Méndez, “Las otras formas de violencia hacia las mujeres”, 1998.
  • Marcela Lagarde, “Género y feminismo: desarrollo humano y democracia”, 1996.
  • “Feminicidio sexual sistémico: víctimas y familiares” Tesis doctoral en Ciencias Sociales, desarrollada por Julia Monárrez, UAM Xochimilco. 2005.

 Referencias (páginas electrónicas)

  • Presidencia de la República (www.presidencia.gob.mx)
  • Cámara de Diputados Federal (cddhcu.gob.mx)
  • Procuraduría General de la República (www.pgr.gob.mx)
  • Senado de la República (www.senado.gob.mx)
  • Consejo Nacional de Población (www.conapo.gob.mx)
  • Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inegi.gob.mx)
  • Congreso del Estado de México (www.cddiputados.gob.mx)
  • Gobierno del Estado de México (edomex.gob.mx)
  • Procuraduría General de Justicia del Estado de México (pgjem.gob.mx)
  • Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (chihuahua.gob.mx)
  • Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (observatoriodelfeminicidio.blogspot.com)
  • Organización de las Naciones Unidas (onu.org.mx)
  • Organización Mundial de la Salud (www.oms.org.mx)

 

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