El Fuero Constitucional: Algunas reflexiones jurídico políticas

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El Fuero Constitucional: Algunas Reflexiones Jurídico Políticas

Por José Ramón González Chávez (2009)

revisado y puesto al día en julio del 2018

 

Inmunidad Legislativa y Juicio de Procedencia.

 Fuero Constitucional.

 Definiciones:

Etimología. La palabra fuero proviene de la raíz latina, fórum, que significa foro “recinto” o “plaza pública”, haciendo referencia al lugar donde antiguamente se administraba la justicia. En Roma, se establecían los tribunales en las plazas, para vigilar y sancionar las transacciones mercantiles. Posteriormente, en todo el mundo los jueces se limitaron a atender en sus propias instalaciones, pero éstas siguieron conociéndose con el nombre de foros.

 El Diccionario de la Lengua Española indica que, en sentido antiguo, fuero equivale a una exención o privilegio otorgado a alguna persona o clase social.

La inmunidad como facultad derivada del ejercicio de una función pública en su origen encuentra sustento en la necesidad política de contar con un emisario capaz de transmitir de manera segura y sin represalias los mensajes importantes a la contraparte en asuntos bélicos, políticos, económicos, diplomáticos.

Desde sus orígenes se concibió como un privilegio o estatus de excepción; luego fue adquiriendo el significado de medio de protección diplomática, hasta llegar a convertirse en protección institucional del poder legislativo, extendido posteriormente a ciertos servidores públicos de alto rango de los poderes ejecutivo y judicial, e incluso titulares de organismos constitucionales autónomos, denominándosele técnicamente por algunos como Fuero Constitucional, que ha sido parte de la agenda temática de la denominada “Reforma del Estado” en México.

En tal sentido, Dieter Nöhlen se refiere a la Inmunidad como “la exención, liberación, privilegio o prerrogativa con que cuentan ciertas autoridades en razón de las atribuciones y funciones propias de su encargo [1]”.

En lo que respecta específicamente al poder legislativo, la Inmunidad es un instrumento que permite a este órgano representativo depositario de la soberanía del Estado, expresar libremente la voluntad popular a través de sus representantes.

Desde una perspectiva que podría denominarse jurídico funcional, el principio de división de poderes prevé un sistema de lo que se ha llamado pesos y contrapesos (mejor dicho, medios de control y equilibrio: Checks and balances) gracias al cual en la conocida frase de Montesquieu “Que el Poder Controle al Poder” y bajo tal premisa, una de las obligaciones primordiales del legislativo es hacer que el ejecutivo se responsabilice de sus actos, fungiendo como una fuerza externa que le exija conformar un gobierno íntegro, honesto, transparente; de lo contrario, el gobierno fracasaría y si eso sucediera la gran perdedora sería la sociedad [2]; tal como lo afirmó Sófocles hace tantos siglos: “Un Estado donde queden impunes la insolencia y la libertad de hacerlo todo, termina por hundirse en el abismo”.

Por ello, el funcionamiento libre e independiente del parlamento resulta indispensable para el desarrollo integral y sostenible de toda Nación, y en tal afán, la Inmunidad Parlamentaria se erige en condición imprescindible del ejercicio democrático y en herramienta útil para el ejercicio eficiente de la función legislativa –no solo de sus representantes sino de la institución misma-, así como del buen gobierno en general.

En términos generales, con los matices propios del sistema jurídico donde se instaure, la Inmunidad Parlamentaria en sentido amplio, consta de dos atributos:

1. Inviolabilidad. Consiste en la facultad que el Estado otorga al Poder Legislativo para salvaguardar su independencia y un desempeño institucional eficiente en el marco de las actividades propias de este órgano del Poder Público; y a la vez, permitir la libre expresión de las opiniones de sus miembros, la toma de posturas;

2. Inmunidad. En sentido estricto, es un atributo que protege primero a la institución esto es, a la rama legislativa del poder público y en específico a todo legislador de la formación de proceso judicial por el ejercicio de sus funciones sin previa justificación ni autorización, haciéndose obligatorio en tal caso seguir un procedimiento calificador.

Esto quiere decir, que la Inviolabilidad para el pleno ejercicio de la libertad de expresión es una atribución institucional del Poder Legislativo, de interés público, y que quienes lo integran se benefician del derecho reflejo de la inmunidad institucional para no ser sujetos de enjuiciamiento por ejercer sus funciones como legisladores [3] y que ejercido en su conjunto hace que el fuero constitucional por su naturaleza sea irrenunciable.

De ahí que, ambos atributos: Inmunidad e Inviolabilidad, se consideren fundamentales para la existencia y operación de la función legislativa. No se trata de dar privilegios personales a nadie, ni de dejar sin sanción a quienes sean acreedores a ella, sino de garantizar la independencia, la integridad y la libertad del Congreso, cuyos miembros, en tanto que representantes populares, tienen la misión básica de velar por los intereses de la Nación, defenderlos en el parlamento, participar en la supervisión y el control en el ejercicio del gobierno e informar con toda amplitud y claridad a la ciudadanía de sus gestiones sin el riesgo de ser enjuiciados o sancionados por la libre expresión de sus ideas.

La Inmunidad Parlamentaria se consagra constitucionalmente en prácticamente todos los países democráticos y el marco jurídico que la reglamenta se establece por lo general en su legislación secundaria. No obstante, vale referir que subsisten casos donde este marco regulatorio es débil o aún inexistente, lo que aleja a esta facultad de la posibilidad de contribuir al fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho, tanto en la organización y funcionamiento no solo del legislativo sino de los demás poderes públicos, como en el respeto a los derechos fundamentales, poniéndose por el contrario en grave riesgo de ser convertida en un mecanismo anacrónico que lesionaría el principio fundamental de la igualdad de todos ante la ley, propiciando nepotismo, deshonestidad, corrupción y dando pie eventualmente a la revancha política.

Independientemente de su estructura técnica formal en términos jurídico-políticos, sería delicado y aún irresponsable ignorar la existencia de casos –algunos de ellos muy bien conocidos- en los que algunos legisladores, abusando de esta prerrogativa, o bien de lagunas en su regulación, se han aprovechado de ella con el propósito de cometer actos de corrupción o de beneficio personal, difamación o autoritarismo, o la han usado como escudo para evitar ser procesados por actos cometidos en su calidad de ciudadanos, lo que ha abonado al gran descontento y la desconfianza ciudadana, no sólo hacia los Congresos federal y locales y sus representantes (las estadísticas de legitimidad de instituciones y servidores públicos son más que elocuentes, al colocar a los diputados en el último nivel de la tabla), sino hacia el poder público en general, con un grave impacto en la credibilidad y la gobernabilidad, factores imprescindibles de todo sistema democrático.

Pero del mismo modo, de poco o nada serviría dejar de reconocer que en varios países también se han dado experiencias donde la inmunidad parlamentaria ha mostrado sus cualidades y fortalezas –o sus defectos y debilidades- como instrumento de protección al legislador contra quienes han pretendido de manera temeraria, sin fundamento y con fines mediáticos, político-electorales o de otra índole, denunciar judicialmente, difamar o desacreditar la imagen y/o los actos de un legislador o de un servidor público relevante, su ideología, lo que representa y aún a quién representa.

Todas estas realidades ponen en evidencia que la inviolabilidad y la inmunidad parlamentaria, elementos del fuero constitucional, necesitan ser sometidas a un análisis profundo, cuyas conclusiones permitan tomar medidas urgentes para colocar a esa figura al nivel de las exigencias del constitucionalismo moderno, tanto en el contexto internacional, como también al interior de nuestro país y en cada una de nuestras entidades federativas.

 

Contexto Histórico General.

Gran Bretaña. En el siglo XVII, aparecieron los conceptos de Inmunidad Parlamentaria (“freedom from speech”) y de Inviolabilidad Parlamentaria (“freedom from arrest”) –excepción de prisión por deudas-, a través del cual se protegía la libertad personal frente a las acciones judiciales de carácter civil, no así frente a las acciones judiciales de tipo penal.

Francia. A partir de la Revolución francesa, en la naciente Primera República, el Decreto del 26 de junio de 1790 y luego la Ley de junio de 1791, regularon la Inmunidad Parlamentaria, mencionando que los miembros de la Asamblea Nacional gozaban de la inviolabilité, figura mediante la cual se otorgaba protección al poder legislativo contra los mandatos de los reyes.

España. El Decreto del 24 de septiembre de 1810, como en el sistema inglés, protegía al parlamentario de las infracciones penales y no del arresto por responsabilidad civil. En la Constitución de Cádiz inspirada por los textos constitucionales de EE.UU. -1787- y Francia –1791- mencionaba entre los derechos y libertades el reconocimiento de los fueros castrense y eclesiástico, la Inviolabilidad y la Inmunidad Parlamentaria (art. 128, segunda parte), señalando que las causas criminales contra diputados serán juzgadas por el Tribunal de las Corte:

Los diputados serán inviolables por sus opiniones, y en ningún tiempo ni caso, ni por ninguna autoridad, podrán ser reconvenidos por ellas. En las causas criminales, que contra ellos se intentaren, no podrán ser juzgados sino por el Tribunal de las Cortes, en el modo y forma que se prescriba en el reglamento del gobierno interior de las mismas. Durante las sesiones de las Cortes, y un mes después, los diputados no podrán ser demandados civilmente ni ejecutados por deudas.

 

La Inmunidad Parlamentaria en México.

El Glosario de Términos Legislativos del Congreso Mexicano del Senado de la República, define el Fuero Constitucional como una prerrogativa de los legisladores con relación a la Inviolabilidad de las opiniones vertidas en el ejercicio de su cargo, por las que no podrán ser reconvenidos o procesados; y protección legal para no ser detenidos ni enjuiciados hasta que no se agote la garantía de procedibilidad constitucional.

Perspectiva desde la Doctrina Mexicana:

Para David Cienfuegos, los diputados encuentran en la Inviolabilidad la protección necesaria para desarrollar su labor. Pero adviértase que la protección se da, en un primer momento, frente a los órganos del Poder Público, distinto de los particulares, aun cuando éstos no quedan expresamente excluidos. Asimismo, el jurista señala que el Fuero no incluye la figura de la Inviolabilidad, toda vez que los demás funcionarios, distintos de los legisladores, pueden ser acusados conforme al procedimiento constitucional por sus expresiones, gozando de Fuero Constitucional. Es decir, el Fuero no protege la libertad de pensamiento y pronunciamiento cuando se afectan intereses particulares o públicos. En cambio, en tratándose de los parlamentarios, la prohibición es absoluta, es decir, jamás podrán ser reconvenidos. Esto debe entenderse así por el simple hecho de que se trata de instituciones diversas.

Héctor Rivera Estrada, por su parte, define el Fuero como “un privilegio (1), que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones”. Posee un doble aspecto: como inviolabilidad (2), es decir, como garantía constitucional que protege a la libertad de crítica; e inmunidad (3), no impunidad, como privilegio y garantía, que es temporal de conformidad a la duración del cargo y relativa debido a que si se integra una averiguación previa pero no se llevan a cabo las formalidades en tanto no lo decide el órgano legislativo”.

1. Privilegio. Etimológicamente deriva del latín privu individual y legium, lex, y significa ley que afecta a un individuo. Debe entenderse como la prerrogativa, el derecho exclusivo, la inmunidad o la ventaja especial.

2. Inviolabilidad. Proviene del latín in-violare, imposibilidad de infringir, profanar, tratar con violencia o con fuerza; hace referencia a lo que no puede ser violado. Violar es infringir (una ley o precepto). En el caso que nos ocupa, la Inviolabilidad ha transmutado hacia el sentido de lo que no puede ser atacado, lo que no puede tener repercusión negativa. Esta Inviolabilidad se refiere a la imposibilidad jurídica de reconvenir a los legisladores por la expresión de sus ideas en el ejercicio de su encargo constitucional. Pedroza de la Llave señala que la inviolabilidad de los diputados y senadores por sus opiniones es “aquella protección procesal que los parlamentarios tienen, ni siquiera cuando éstos hubiesen terminado su encargo, de no poder ser demandados o arrestados por sus opiniones, es decir, por la mera expresión de sus ideas, ya sea por lo que digan, escriban o realicen en el ejercicio de su encargo o quehacer parlamentario, a pesar de que estas manifestaciones pudiesen constituir un delito como la difamación, la calumnia o la injuria.

 3. Inmunidad. Proviene del latín im, no, sin, y munis, servicios ejecutados para la comunidad, significando quien queda exento de impuestos o de realizar ciertos servicios públicos. En este caso la Inmunidad sería la consecuencia del Fuero, sería la concreción del privilegio de no quedar sometido a los tribunales, a menos que se cumplan con ciertos requisitos previamente señalados en la ley.

De acuerdo con la doctrina jurídico-constitucional mexicana, El Fuero consiste en la imposibilidad de poner en actividad el órgano jurisdiccional, local o federal, contra quien está investido del carácter en su calidad de servidor público sujeto a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 111 constitucional, durante el tiempo de su encargo, para seguir esa clase de procesos tan sólo cuando haya dejado de tener el cargo público de referencia o cuando haya sido declarado por el órgano de estado competente, que ha perdido el impedimento o el llamado “fuero de no procedibilidad”. Es aquella prerrogativa de senadores, diputados y otros servidores públicos contemplados en la Carta Magna que los exime de ser detenidos o presos, excepto en los casos que determinan las leyes, o procesados y juzgados sin previa autorización del órgano respectivo. Se entiende también como un privilegio conferido a determinados servidores públicos para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado dentro de regímenes democráticos y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.

Por otro lado, puede llegar a existir responsabilidad civil de los legisladores, quienes para responder a su exigencia no requieren de someterse a declaración de procedencia, ya que en su esfera como particulares se les podrá demandar por la realización u omisión de actos o el incumplimiento de obligaciones señaladas en el Código Civil, los cuales siempre tienen una obligación reparadora o bien el otorgamiento de una indemnización. Este término es de uso coloquial o común, y suele utilizarse como sinónimo de inmunidad parlamentaria.

La Base normativa del Fuero Constitucional se encuentra enmarcada en los artículos 13, 61, 108, 109, 110 y 111 de la Carta Magna Vigente. En términos generales, reitera lo previsto al respecto por su antecesora, con excepción a una modificación al artículo 111 donde se señalaba la necesidad de expedir una ley de responsabilidad de los funcionarios y empleados de la Federación, cuyo contenido se refiriera a determinar los delitos o faltas oficiales que puedan provocar un perjuicio a los intereses públicos.

Perspectiva desde la Jurisprudencia.

 En abril de 1946, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló, que “los miembros del Poder Legislativo gozan de una inmunidad que se conoce entre nosotros como fuero constitucional”.

 En 1996, el Pleno de la Corte determinó:

“… la circunstancia de que un servidor público esté provisto de inmunidad no imposibilita que se lleve a cabo la averiguación previa correspondiente a fin de determinar si la conducta que se le imputa constituye o no algún delito. La inmunidad de que están investidos los servidores públicos aludidos está en relación directa con el ejercicio de la acción penal ante las autoridades jurisdiccionales competentes, quienes tienen la obligación de respetarla, no a la facultad-deber que tiene la institución del Ministerio Público Federal para investigar hechos probablemente criminosos”.

En junio del mismo año, el máximo órgano jurisdiccional precisó que el fuero es, según su génesis, un privilegio conferido a determinados servidores públicos para mantener el equilibrio entre los poderes del Estado, dentro de regímenes democráticos y salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento.

 

Evolución de la Inmunidad Parlamentaria en el Derecho y la Política Internacionales.

 En cuanto a la evolución de la Inmunidad Parlamentaria como institución jurídico política, existen avances interesantes en el ámbito internacional. En las reuniones más recientes de la GOPAC (por sus siglas en inglés, Organización Global de Parlamentarios Contra la Corrupción), se ha reiterado la necesidad de tomar acuerdos conjuntos y aplicar acciones concretas en los respectivos sistemas jurídicos nacionales con el fin de dar claridad y certeza jurídica al ejercicio práctico de la Inmunidad Parlamentaria, especialmente en lo que se refiere a las actividades de fiscalización, creación legislativa y representación, así como a la adopción de medidas para evitar, y en su caso sancionar, su empleo inadecuado.

 A partir de estas reflexiones, cada país miembro, de acuerdo con sus propias características y circunstancias, ha dado un sentido, un ritmo y una cadencia particular a la instrumentación de estas medidas y acciones mediante reformas a su marco normativo, así como a sus métodos y prácticas de operación, produciéndose en los hechos, efectos de muy variada naturaleza, que facilitarán su perfeccionamiento y modernización, en la medida en que se vayan definiendo sus aspectos más significativos e incrementándose su eficiencia práctica.

Digno igualmente de reconocimiento es el trabajo de otras organizaciones que mostrando su preocupación por el tema, han realizado importantes esfuerzos para encontrar propuestas viables a la problemática que presenta. Entre ellas se encuentran: 

a) La USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) que ha realizado un número importante de foros, cursos, estudios, programas y acciones de apoyo legislativo, y otras actividades generadoras de productos que por su interés merecen una revisión detallada, y que sin duda contribuirán a encontrar formas adecuadas de acompañamiento de los procesos de modernización normativa y operativa en la materia que nos ocupa, en el seno de cada uno de nuestros países;

b) La FIA (Fundación Interamericana de Abogados), que ha desarrollado una seria investigación sobre las normas, principios y valores de la Inmunidad Legislativa en América Latina, lo que le ha permitido sugerir una serie de acciones tendientes a mejorar su estructura conceptual y operativa, entre las que destaca la propuesta de que la sección latinoamericana de la OMPCC (Organización Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción), la PLACC (Parlamentarios Latinoamericanos contra la Corrupción), participen con mayor energía y asuman el liderazgo político necesario para la adopción de medidas correctivas en todos y cada uno de los países adscritos; y

c) El esfuerzo realizado por el grupo de trabajo mundial de miembros de la GOPAC, creado por acuerdo de este mismo foro en la reunión de 2006, dirigido a estudiar las investigaciones realizadas por la UIP (Unión Interparlamentaria Mundial), la USAID, la Inter American Bar Foundation (IABF) y otras organizaciones, con el propósito de elaborar propuestas de normas mundiales generales en la materia; promover comités regionales de análisis y promoción de actividades basadas en dichas normas; y proponer acuerdos y medidas futuras que puedan ser implementadas en cada país miembro.

Sin embargo, tal como fue planteado durante la Conferencia Mundial de Parlamentarios Contra la Corrupción realizada en Kuwait en noviembre de 2008, dichas organizaciones deberían encaminar sus esfuerzos hacia la consecución de acuerdos sobre ciertos aspectos de atención impostergable, entre los que, solo de manera enunciativa, podríamos mencionar los siguientes:

  • La posibilidad de avanzar hacia la homogeneidad en la interpretación de estos términos, la naturaleza y características de los conceptos privilegio o fuero legislativo; inviolabilidad; no responsabilidad (non-accountability, non-liability); e inmunidad parlamentarias, lo que permitiría definir mejor los problemas que se presenten en la práctica y en consecuencia, realizar las respectivas propuestas de solución con una mayor claridad;
  • La necesidad de que se precise sobre la duración de este privilegio, de tal suerte que pueda ser ejercido exclusivamente por el tiempo que el legislador se mantenga en su encargo, y que la protección que otorga sea efectiva no sólo en sesiones formales, sino que pudiera extenderse a sus demás actividades como legislador, dentro y fuera del recinto parlamentario.
  • Del mismo modo, conseguir la definición de las características de una eventual aplicación del concepto flagrante delicto como causal de suspensión de la Inmunidad y del tipo de delitos comprendidos en este supuesto; reflexionar sobre la conveniencia de que la acción parlamentaria del legislador implicado continúe durante el procedimiento o bien, se interrumpa hasta la declaración de procedencia de la suspensión de su Inmunidad, y en su caso, determinar la sanción del responsable cuando la denuncia formulada se trate de una mera maquinación política; en fin, para considerar la suspensión del cómputo de tiempo para efectos de prescripción de la causa penal durante el lapso que permanezca el legislador en su encargo.

Así mismo y sin perjuicio de lo anterior, dentro del ámbito nacional resulta imprescindible caminar hacia la actualización y vigencia efectiva del marco normativo de dichos mecanismos de protección de la actividad parlamentaria, haciéndolo extensivo a otros órganos del poder público donde también extenderse dada la naturaleza de sus atribuciones y en tal sentido, los grupos y actores políticos y sociales, así como la opinión pública, deben propiciar que los gobiernos federal y estatales en sus diversas instancias establezcan y lleven a cabo medidas tales como las siguientes:

  • Incluir el tema de la inviolabilidad y la inmunidad parlamentarias dentro de sus respectivas agendas de trabajo;
  • Revisar –o en su caso, crear- el marco jurídico y administrativo referente al tema, a fin de que se consagren límites, restricciones, causales, supuestos, procedimientos de suspensión y sanciones sobre la Inmunidad Parlamentaria, y tal actualización normativa permita la generación de políticas públicas, programas y acciones tendientes a dar mayor transparencia a la gestión de los órganos públicos, así como a prevenir y combatir la corrupción;
  • Con el propósito de evitar el mal uso de los nuevos mecanismos de control, definir con claridad a los sujetos facultados para solicitar el procedimiento de retiro de la Inmunidad, los plazos y términos de cada paso y las autoridades encargadas de realizar la respectiva declaratoria de procedencia, considerando las ventajas y desventajas de que el poder que determine la procedencia no sea el mismo al que pertenece el acusado;
  • Introducir como política institucional en el seno de los congresos federal y estatales, la capacitación en dicha materia de legisladores y personal parlamentario, llevando a cabo una adecuada y amplia difusión a los distintos sectores sociales, a fin de incrementar el nivel de educación y cultura general que debe tenerse al respecto;
  • Dentro del marco del respeto a la inviolabilidad parlamentaria, pero también en acato a los principios de transparencia y rendición de cuentas, estudiar la posibilidad de que las actividades parlamentarias de los miembros del Poder Legislativo puedan ser sujetas a investigación, sin interferir su actividad ni lesionar sus derechos como legisladores.

El intercambio de ideas y experiencias y los acuerdos a los que eventualmente pudiera llegarse en materia doctrinal, aunados a la asunción de ciertos compromisos para convertir las ideas en hechos por parte de los órganos del Poder Público y los actores políticos y sociales involucrados, ayudarían a lograr ese delicado equilibrio entre principios, normas y prácticas y contribuirían a la construcción de un sistema realmente funcional, que, por un lado, proteja efectivamente a los congresos y sus legisladores en la expresión libre de sus ideas y el cumplimiento de sus funciones con seguridad jurídica; pero también, por otro, que al establecer con claridad las reglas del juego para ejercer la Inmunidad, evite que ésta se convierta en Impunidad y por ende, en una invitación al delito, todo lo cual sin duda abonará al fortalecimiento de nuestro sistema constitucional y democrático.

De ahí la importancia del presente análisis a la legislación de las 32 entidades federativas en materia de Inmunidad Parlamentaria, que sin duda contribuirá a la obtención de un conocimiento y comprensión más amplios y profundos del tema y consecuentemente al planteamiento de propuestas que permitan una adecuada evolución del concepto en las leyes orgánicas respectivas.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Diccionario de Ciencia Política, Editorial Porrúa, El Colegio de Veracruz, México, 2006, p. 720.

[2] Palabras del presidente de la OMPCC en la ONU, 14 de noviembre de 2006.

[3] Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Primera Sala, SJF, LXXXVII, pág. 1881.

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BIBLIOGRAFÍA:

  • Cámara de Diputados, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Derechos del Pueblo Mexicano, México a través de sus Constituciones, Porrúa-UNAM, cuarta edición, México, 1994.
  • Diccionario Jurídico Mexicano, Instituto de Investigaciones Legislativas, UNAM, 1999.
  • Diccionario Universal de Términos Parlamentarios.
  • Fix-Zamudio, Héctor y Valencia Carmona, Salvador, Derecho Constitucional Mexicano y Comparado, México, Porrúa-UNAM, Segunda Edición, 2001.
  • García, Eloy, Inmunidad Parlamentaria y Constitución Democrática,en Revista de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, España, 1989.
  • González Oropeza, Manuel, Comentario al artículo 61, en Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Comentada, México, PGR-UNAM, 1994.
  • Pedroza de la Llave, Susana Talía, El Congreso General Mexicano, 2003.

Ordenamientos legales:

  • Acta Constitutiva y de Reformas sancionada por el Con­greso Extraordinario Constituyente de los Estados Unidos Mexicanos.
  • Adiciones y Reformas introducidas en la Constitución de 1857.
  • Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana, 1836.
  • Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada y jurada por el Congreso General Constituyente el día 5 de febrero de 1857.
  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2007.
  • Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.
  • Reglamento para Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

Sitios de Internet:

 

 

 

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