¿La Paz por decreto?

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LA PAZ POR DECRETO?

Comentarios a declaraciones recientes del Ministro José Ramón Cossío

Por Jose Ramón Gonzalez

Hace unos días el ministro del a Suprema corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío publicó un artículo por el que expresa una especie “sugerencia” para que el ejecutivo Federal –y por ende es de suponerse que los ejecutivos de las entidades Federativas– tengan que justificar todas sus decisiones en materia de seguridad cuando intervienen las fuerzas armadas.[1]

El Argumento “cojea” notablemente al menos en su premisa principal, tanto en fondo como en forma, y más bien pareciera que ha sido producto de una invitación que le hubiera hecho “alguien” para escribir sobre el asunto, con el fin de preparar el camino a próximas reformas –tal como ha sucedido en ocasiones anteriores— que una idea propia que pretendiese atender y más aún resolver un asunto relevante de los muchos que por cierto tiene nuestra nutrida agenda constitucional. Se trata de la visión simplista y maniquea de la posición de las fuerzas armadas para determinar sus atribuciones, ya sea en tiempos de guerra o de paz, bajo la tónica de que si “no es blanco es negro”, lo que nos lleva a una falacia básica, cuando en el constitucionalismo moderno la interpretación y aplicación de las normas, prácticas y principios jurídicos se caracterizan por su flexibilidad, a fin de adaptarse a la realidad y su contexto y poder dar justicia, antes que aplicar de forma positivista a pie juntillas la ley, lo que es principio y fin del orden constitucional moderno.

En el terreno de las relaciones entre estados, una guerra, es decir, el fin del estado de Paz, se declara; hay tratados y protocolos internacionales al respecto. Pero una guerra interna es un hecho social que transgrede el orden establecido y al que el poder constituido debe hacer frente a fin de restablecer y mantener el orden constitucional, tal como lo señala la propia Carta Magna en sus artículos finales, 135 y 136.

Por si fuera poco, debemos recordar que en 2006 quizá el primer acto de gobierno del entonces presidente Felipe Calderón fue “declarar la guerra al crimen organizado”, a todo, no solo al que se dedica al narcotráfico; y el actual presidente, lejos de desmentir o extinguir esa declaración, ha comentado que lo que hay que hacer es un cambio de visión y estrategia, aunque todavía, a más de la mitad de su mandato, todavía no sabemos cuál sea y menos, por supuesto, cómo se pretenda aplicar y en los hechos, el mantener la tónica del régimen anterior.

Sin perjuicio de lo antes dicho, la atribución del ejecutivo para disponer de las fuerzas armadas por verse comprometida la seguridad del país, se encuentra en al artículo 89 fracción VI de la Constitución de la República y las atribuciones que se asignan en ese propio ordenamiento y en las leyes secundarias tanto al ejército como a la marina y fuerza aérea se entienden extendidas al ejecutivo, por ser este su comandante supremo.

La forma y términos en que ese ejecuta esta atribución se da en función de la naturaleza del problema a resolver (seguridad interior) y en atención al propio sistema de gobierno previsto en la Carta Magna: El ejecutivo, en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas puede y debe tomar decisiones tácticas y estratégicas para hacer frente a una contingencia de seguridad interior, tal como lo dispone el artículo 89 constitucional, mantener el orden y en su caso, restablecer la paz. Así sucede en cualquier otro país que en un momento de su historia ha tenido problemas de seguridad interior, como en EE UU, Reino Unido, Francia, España, etc.; ejemplos claros de cómo le han hecho frente a tales contingencias podemos ubicarlos fácilmente en el pasado reciente y aún en la actualidad. Baste ver lo sucedido en pasado 14 de julio ante el ataque terrorista en Niza, Francia.

Imagínense si para cada acción de defensa o de seguridad nacional se tuviera que hacer su respectiva y previa fundamentación legal; nos veríamos indefectiblemente en el riesgo de caer en una burocracia positivista que no abonaría en nada a la eficacia gubernamental que intenta imponer la nueva constitucionalidad.

En todo caso y en síntesis, me parece que antes que un asunto de legalidad, se trata de un tema de estrategia y táctica en términos de legitimidad política y de eficiencia operativa, en ejercicio de una atribución constitucional que busca la defensa y mantenimiento de la soberanía interior.

Pero aquí lo que sin duda ha descuidado el ejecutivo mexicano en años (sexenios?) recientes es lo relativo a la comunicación social interna y externa y a la administración y control de posibles riesgos a partir de las decisiones tomadas. No es un “asunto de semántica” como lo propone Cossío, sino de comunicación, de legitimidad y –reitero– de eficacia operativa. Ahí ni el ejecutivo ni sus fuerzas armadas, ni las de seguridad pública, han sabido encontrar el discurso y los métodos argumentativos adecuados para “vender” a la ciudadanía las decisiones tomadas, lo que se agrava aún más con una soberanía debilitada -desde adentro y desde afuera- por actores políticos y medios.

A donde va Cossio con su declaratoria? qué es lo que hay atrás? quizá habrá que releer a Karl Schmidt y/o a Kelsen y hurgar un poco en las hemerotecas para entender cómo se justificaron legalmente las acciones de Hitler, sin duda sustentadas en términos jurídicos, solapadas por el fanatismo político, pero de dudosa legitimidad en términos de derechos humanos.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/13/mexico/1468377245_737792.html

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