Modernidad, Postmodernidad y Derecho

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MODERNIDAD, POSTMODERNIDAD Y DERECHO

Por José Ramón González Chávez

El papel del Derecho en un mundo en crisis como el actual, sujeto al mismo tiempo a la globalización y a la contextualización, ya no puede seguir siendo ni el de una simple sujeción a los mandatos de la ley, propuesta por la modernidad, como si el juez no tuviera un amplio espectro de interpretación; ni tampoco -según la propuesta postmoderna- el de la libre creación del Derecho sin sujeción a regla alguna, puesto que la racionalidad y la previsibilidad de las decisiones son premisas a las que los ciudadanos no están dispuestos a renunciar.

Dentro de esta crisis en la que actualmente se encuentra inmerso el Derecho, la clásica definición positivista que aprendimos de nuestros profesores de Introducción al Derecho queda corta o se ve como pieza de museo frente a la nueva y amplia dimensión de lo jurídico. Esto, lejos de desalentarnos, debe implicar para nosotros una motivación; pues de hecho la misma palabra Crisis denota en su definición más que un estado incertidumbre negativa, un momento crucial, que ciertamente implica amenazas y retos, pero que también trae consigo ventajas y oportunidades. Es así como hay que verla cuando tratamos de comprender el papel del Derecho y del abogado en el siglo XXI.

Postmodernidad vs. Modernidad:

La postmodernidad se caracteriza como una época en la cual lo moderno es atacado, enfrentando sus fundamentos y sometiéndolos a crítica, con lo cual se pretende estructurar una forma de pensamiento que supere sus deficiencias e incorpore al modelo original los nuevos sujetos y los nuevos problemas que afectan al ser humano.

La crisis del paradigma de la modernidad se refleja necesariamente en el modelo jurídico que lo sustenta. El Derecho moderno, de corte Kelseniano puro, al encerrarse en su concha por temor a ser contagiado por elementos externos al mundo de lo estrictamente jurídico, se muestra cada vez más incapaz de dar solución a los problemas que aquejan a los nuevos sujetos de lo jurídico.

Al copiar el Derecho moderno el modelo racional newtoniano de ciencia, basado en la generalización y la sistematización accesible mediante la interpretación lógica, el sistema jurídico se convirtió en un sistema de reglas lógicamente claro, consistente y completo, bajo el cual toda situación era factible de ser racionalmente subsumida.

Así, en el Derecho de la modernidad, la solución al caso concreto y el sistema en su conjunto garantizaron su efectividad gracias a la fría y neutral sujeción a las leyes, sin tener en cuenta los factores extra jurídicos.

Según Max Weber los postulados de este derecho “Moderno” pueden resumirse en las siguientes premisas:

  • Toda decisión legal concreta debe ser resultado de aplicar una proposición abstracta a un caso concreto.
  • En todo caso concreto, es posible derivar la decisión de las proposiciones abstractas legales por la simple interpretación de su sentido lógico.
  • La ley es de hecho o virtualmente un sistema completo de proposiciones legales o, al menos, debe ser tratada como tal.
  • Lo que no puede ser construido legalmente en términos jurídicos debe ser considerado irrelevante para el Derecho.
  • Toda acción social de los seres humanos debe ser vista como una aplicación o ejecución de proposiciones legales o como una infracción a las mismas.

Este esquema, acentuado en el positivismo y afectado desde hace décadas por la cultura de la eficiencia economicista, ha tenido marcados efectos en todo el Derecho, sobre todo en el derecho público, colocándolo en la posición de simple agente de control gubernamental, realizador de la Razón de Estado; de un subsistema social sujeto ciegamente a la razón funcionalista, perdiendo así toda su dimensión como producto de la cultura.

Ante la encrucijada en la que nos coloca este cambio de época que os ha tocado vivir, los abogados, independientemente del espacio donde nos desempeñemos (académicos, postulantes, legisladores, servidores públicos del ejecutivo, juzgadores, políticos, miembros de la sociedad civil) y de la materia de la que nos ocupemos, debemos estar concientes de esta nueva realidad, y adoptar nuevos enfoques para encontrar mejores y más originales formas de afrontarla. Así:

– Para los académicos, es vital asumir que ahora el Derecho debe ser abordado no solo desde dentro, sino también desde fuera del ámbito estrictamente jurídico (papel de la política, de la economía, la sociología, etc. en la definición de lo jurídico) lo que resulta imprescindible si queremos generar una teoría jurídica fuerte y multiplicar la planta de profesionales aptos y de calidad.

– Para los postulantes este momento se presenta como una oportunidad de revalorar la profesión, rescatarla del descrédito social en el que se encuentra y contribuir a la formación de un marco ético que sustente un nuevo esquema de relaciones con la sociedad, que dé certeza y confianza.

– Para los abogados legisladores, el compromiso es grande, pues el número y profundidad de temas que se abordan es cada vez mayor, lo que nos exige una gran aplicación personal y un criterio abierto para comprenderlos e interpretar su relación con las necesidades y demandas sociales.

– Para quienes se desempeñan en los ejecutivos federal y locales, resulta más que obvia esta renovación en la forma de ver y entender lo jurídico, en tanto que encargados de aplicar no solo la ley, sino sobre todo la esencia que contiene, en un marco de servicio, de transparencia y de cuentas claras.

– Para los juzgadores, el reto está en reconocer que ya no es posible afirmar sin más que su papel se limita a la mera solución de los casos sometidos a su conocimiento; ni siquiera es posible sostener que su función sea simplemente la de decir cuál es el Derecho aplicable al caso concreto, pues su interpretación debe dejarse “contaminar” por otros subsistemas y considerar cada vez más a los sujetos, a fin de enriquecer su criterio y así ejercer su actividad de forma más social y justiciera.

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