Caso Florence Cassez: Antiparadigma en la historia del Derecho en México.

Por José Ramón González Chávez

Mucho se ha escrito y seguramente mucho más se seguirá escribiendo y hablando sobre el caso Cassez. Sin perjuicio de ello, no puedo dejar pasar el momento sin expresar mi profunda indignación y tristeza por la resolución “de consigna” (por evidente resulta hasta grotesca) inducida por parte de tres miembros de la 1a sala de la Suprema Corte de “justicia” de la Nación sobre el caso Florence Cassez. Un asunto de simple argumentación (la forma no sustituye el fondo) se ha convertido en un paradigma de la injusticia y la impunidad en la historia jurídica de Mexico. He aquí algunas rápidas premisas, casi de escritura simultánea, que vienen a mi mente:

  • Resulta elemental –por ser de lógica básica- que errores de procedimiento (el teatro mediático armado por televisa-PGR-PF) no pueden anular hechos consumados (la coautoría intelectual y coparticipación en los secuestros) que constituyen en fondo de la Litis y que además fueron demostrados y resueltos judicialmente en 3 instancias diferentes, pero que de manera también lisa y llana como su “amparo” se ignoraron en la resolución de la Corte, como si importara más las deficiencias o errores en el proceso de detención, puesta a disposición y consignación, cuestiones todas ellas de forma, que la conducta delictiva, altamente peligrosa y continuada de esta persona, que es realmente el fondo del asunto, cuando una de las principales obligaciones de un juzgador es lograr un equilibrio congruente entre la verdad histórica y la verdad jurídica (un proverbio del derecho romano que sigue vigente en el derecho sustancial, reza: Daha Mihi Factum, Dabo Tibi Ius, dame los hechos, yo te daré el Derecho).
  • Si un principio general del Derecho es que Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, y la mayoría de los miembros de la sala 1 determinó parcialmente que los errores del procedimiento conllevaban la liberación de Cassez, cabría preguntarse entonces, ¿que le corresponde entonces a los secuestrados por ella y a sus familias, que han sufrido un daño material, físico y sobre todo psicológico irreparables y que ahora han quedado con las manos y el corazón vacíos de justicia sufirendo también y para colmo una lesión jurídica igualmente irreparable? Qué tipo de precedente judicial establece esta resolución? Cuántos delincuentes más saldrán libres invocando esta resolución por errores de procedimiento, pasándose por el arco del triunfo el fondo de la Litis y la seguridad pública nacional?
  • Existen sin duda responsabilidades se derivan de los actos jurídicos que conllevaron a la liberación de Cassez y al estado de indefensión de las víctimas y sus familiares. ¿Dónde están los responsables, públicos y privados, de todo este entuerto? (sin omitir desde luego a Televisa, primero implicada en el armado del teatro mediático de la detención y ahora también en el de la liberación).
  • Hay quien dice que Cassez se ha usado como moneda de cambio contra el caso de Maude Bersini, ex esposa de Arturo Montiel, quien recientemente había, entre otras cosas, amenazado con denunciar casos de corrupción en el Estado de México (http://www.sinembargo.mx/13-01-2012/119494) en los que se encontrarían involucrados no pocos funcionarios de la actual Administración Pública Federal que fueron colaboradores de EPN en el gobierno de edomex y que este asunto fue “negociado” a partir de la reciente visita de EPN al presidente de Francia François Holland, cosa de la que por cierto muy poco se habla en los medios (el magistrado Ortiz Mena, especialista en cuestiones fiscales, no penales, es de familia originaria de Edomex y fue ingresado a la corte hace apenas unos días; fue su primer caso como ministro, pero su ponencia y voto, junto con el cambio de sentido de la resolución de la ministra Sanchez Cordero, decidieron la resolución). Además la liberación de Cassez se da el mismo día que se anuncia la asistencia de EPN a una cumbre latinoamericana convocada por la Unión Europea.

Todo esto le deja a la sociedad un mal sabor de boca, sienta un pésimo precedente, implica un grave riesgo para la percepción de seguridad, y por todo ello, los ministros de la Corte involucrados tienen que rendirle cuentas, o al menos le deben una explicación… Espero atento sus comentarios.

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