Investigación y práctica Legislativa

Este texto lo expuse como ponencia el jueves 13 de octubre de 2011, en la I Expo Parlamentaria que se llevo a cabo en la Cámara de Diputados Federal, a la que me invitó como panelista en una mesa el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria (CEDIP). en la Foto estoy con la Directora del Canal del Congreso, El Director General del CEDIP, y el Titular del Centro de Investigaciones Legislativas de Costa Rica. Espero que motive sus comentarios, reflexiones, etc. Saludos.

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INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA LEGISLATIVA

Por José Ramón González Chávez

La investigación, el conocimiento y la innovación constituyen elementos de valor estratégico de primer orden para el desarrollo integral de un país, pero al mismo tiempo retos de modernización que debemos de asumir.

En los regímenes democráticos el Poder Legislativo es uno de los pilares en los que se sustenta el Estado de Derecho; y en los países que experimentan procesos de transición y consolidación democrática, el Poder Legislativo es además el garante fundamental de la estabilidad y gobernabilidad.

En un mundo caracterizado por la hipercomplejidad, las distintas actividades que conforman en su conjunto lo que podemos llamar función legislativa tienen ante sí retos por demás significativos. La globalización, la recomposición geopolítica y geoeconómica, aunados al surgimiento de la llamada era de la información, todos ellos contemporáneos, han provocado la reorientación de los fines del Estado, considerándose de manera relevante entre ellos, la generación y administración del conocimiento, motivando en los gobiernos de muchos países la necesidad de incrementar la inversión para acompañar las actividades de Investigación y Desarrollo.

Por otra parte, en el campo Jurídico académico, la investigación en México y en Latinoamérica, históricamente ha tenido un carácter preponderantemente deontológico documental, esto es, se ha orientado al estudio de la norma jurídica legislada, debido sobre todo a la fuerte influencia del positivismo Kelseniano y sus variantes en la teoría y la praxis del Derecho de nuestro país y toda la región en general. Quizá por este motivo, durante el siglo XX y más notablemente a partir de la década de los 70, el conocimiento de lo jurídico ha sufrido un proceso de envejecimiento uniformemente acelerado.

Los problemas del presente y del futuro no pueden enfrentarse con herramientas y medios del pasado. La visión positivista o si se quiere formalista, que en su momento tuvo un gran alcance y utilidad, resulta cada vez más limitada, pues el Derecho, con todos los diferentes significados que pudiera implicar el término, se constriñe cada vez menos al mero producto del trabajo del legislador, del gobernante o del órgano jurisdiccional, abriéndose campo a una visión más amplia, ubicada en una nueva perspectiva que permite observarlo como un producto cultural, fuertemente permeado, en el plano horizontal, por los distintos factores del quehacer humano, ya sean sociales, económicos, políticos y culturales; y en lo vertical, como un fenómeno interactuante, al mismo tiempo en diferentes ámbitos, que se circunscriben a partir de lo local, hacia lo nacional, lo internacional, lo regional y lo global. De ahí que en la actualidad haya que legislar sobre cada vez más cosas y el tiempo y los recursos con los que se cuenta son cada vez más insuficientes.

El surgimiento y evolución de las redes, procesos y tecnologías de información y comunicación, junto con sus grandes ventajas, implican para quien investiga un verdadero desafío de navegación, pues se requiere procesar mayor información y generar productos de alto valor agregado para legislar, para tomar decisiones, para comunicar y en medio del el océano de datos, hoy más que nunca se debe tener, no solo un bien medio de trasporte y herramientas adecuadas, sino también y sobre todo, destino, rumbo, timón y conducción.

Este contexto, aunado a lo que Luigi Ferrajoli llama la hiperinflación jurídica, hacen que para los dedicados al Derecho en cualquiera de sus modalidades sea cada vez más difícil actualizarse, pues lo que podemos llamar Derecho se vuelve cada vez más complejo de conocer, comprender y aplicar. Este Diluvio de datos e información de múltiples calidades y valores agregados junto con esa hiperinflación normativa, están llevando al Derecho a una severa crisis, debilitando muchos de sus principios fundamentales, como por ejemplo aquel que postula que la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento, todo lo cual ha incluso llevado a ponerlo en duda como disciplina científica.

En efecto, a medida que la propia civilización avanza, que las personas, grupos y naciones amplían sus espectros de interacción, que la globalidad se impone objetivamente ante lo nacional y lo local, la actividad legislativa nos exige un cambio de actitud que nos permita al menos seguirle el paso y colocarnos a la altura de una sociedad cada vez más dinámica y demandante.

Resulta más que evidente que todas estas variables mencionadas impactan directo en el quehacer legislativo, tanto en su actividad parlamentaria como en su vida y actuar internos. Pero aquí más bien tendríamos que preguntarnos sobre qué hacer y cómo para afrontar y resolver este acertijo que nos plantea la hipermodernidad.

Estudiar y comprender la realidad social para interpretarla en normas que la conduzcan y acompañen a través del Derecho; observar el impacto objetivo de la producción legislativa sobre las conductas sociales y ajustarla para perfeccionar el sistema jurídico y hacerlo más accesible y cumplible, son tareas que hoy más que nunca deben estar en el interés de los organismos de investigación legislativa pues en eso precisamente se cifra la viabilidad del Estado de Derecho en nuestro país y sus entidades federativas.

Sin embargo, de nadie es ajeno que la contraposición de la creciente complejidad y mutabilidad de la dinámica social en sentido amplio con los esquemas tradicionales y cerrados de producción de conocimiento jurídico mencionados, está produciendo una contradicción esencial, primero al interior del Estado y luego en las instituciones de estudios e investigación, incluyendo desde luego las de carácter legislativo, la cual es necesario abordar desde diferentes trincheras, empezando desde mi punto de vista por la reingeniería de los principios, los fines, organización y funciones al interior de los propios organismos.

En particular, el legislativo debe realizar un esfuerzo serio de impulsa la investigación parlamentaria en la actualidad centrándose a nuestro juicio en la planeación y en general la buena administración institucional, la innovación y la mejora de los procesos internos, la formación y el desarrollo de personal especializado, la generación y difusión del conocimiento, la eficacia de la actividad parlamentaria, la colaboración interinstitucional y la interacción con la sociedad, en todos los sectores y a todas las escalas.

Los organismos dedicados a la investigación legislativa, deben de reenfocar sus recursos y esfuerzos en la actualización para adquirir e incrementar su capacidad de diagnosticar un problema jurídico, entregar un pronóstico y ofrecer posibles respuestas o alternativas de solución, siempre desde una triple conjunción entre ser, deber ser y tener que ser y para ello, requieren hoy más que nunca realizar investigación documental y empírica, que permita, entre otras muchas cosas:

  • Obtener más y mejores datos e información para analizarlos y tomar decisiones adecuadas en prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano;
  • Profundizar aspectos de una cada vez más amplia realidad socio jurídica;
  • Conocer nuevas teorías y sus desarrollos, para resolver problemas más complejos;
  • Analizar conceptos e ideas, comprobar o verificar hipótesis, vertidos todos ellos en infinidad de documentos existentes, y crear a partir de su reflexión y estudio nuevos enfoques metodológicos, tendientes siempre a reciclar conocimiento con valor agregado;
  • Vincular la teoría con la práctica, el deber ser con el ser social;
  • Modificar (crear, reformar extinguir) los diversos productos jurídicos para atender mejor y de manera más expedita las necesidades de la comunidad;
  • Evaluar la eficacia de las normas jurídicas; diagnosticar y conocer el derecho y su evolución en el tiempo y en el espacio y la manera en que contribuye al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural, a todas las escalas;
  • Ayudar a resolver problemas jurídicos concretos (conflictos, negociaciones, contradicciones, lagunas, imprecisiones, demandas, etc.).

No obstante, ante todo este panorama, los organismos de dirección de los congresos y sus autoridades, los investigadores y los centros de investigación, hemos reaccionado con una actitud hasta pasmosa. Basta simplemente con echar una mirada a los presupuestos dedicados a la investigación en las legislaturas recientes; a la infraestructura tecnológica instalada en los órganos de investigación de cada congreso; a los recursos de información y al personal especializado con que cuentan; a sus bases normativas de organización y funcionamiento y a sus programas institucionales de trabajo. Esto, sumado a la ausencia de un servicio de carrera y a la falta de líneas de trabajo institucional que superen el proceso de reinvención de los legislativos cada tres años, nos da una idea del complejo problema al que nos enfrentamos y a cuya solución estamos obligados al menos a contribuir.

Permítaseme al efecto realizar un modesto ejercicio y dibujar algunas líneas sobre las cuales podríamos abundar en esta mesa y darle seguimiento luego de terminado el evento que nos tiene aquí reunidos:

1.- Sería muy provechoso que de manera sistemática se establecieran en nuestros respectivos programas de trabajo, cursos de Argumentación y de Metodología de la Investigación Jurídica, complementándolos con algún taller, para estar en capacidad de aproximarse a la disciplina no solo en los estudios teóricos, sino también en la aplicación práctica de los principales métodos y técnicas, formas de análisis, observación e interpretación de la realidad, lo que contribuiría a la formación de especialistas con una visión integral y una actitud profesional, incolora, para atender la problemática planteada por legisladores, fracciones, comisiones y áreas de los congresos con una posición que asuma un rol proactivo y creativo en los procesos de búsqueda, adquisición y aplicación de los conocimientos necesarios para la actividad legislativa, materializados en opiniones calificadas, reportes, estudios de caso, elementos sólidos para la elaboración de proyectos de leyes, la sugerencia de políticas públicas, para un correcto ejercicio de las facultades de control, etc.

2.- Vale mencionar que gracias a las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación como la Internet, se están creando a nivel nacional, internacional y global, bibliotecas, hemerotecas y centros de información multimedia, así como redes y foros de investigación jurídica y legislativa en español, con lo que, si actuamos en el rumbo correcto, poco a poco podremos irnos colocando en posibilidad conocer los avances en la materia, sus tendencias y supuestos teóricos, sus implicaciones en cada país y región del mundo. En este sentido, en términos reales, dentro de nuestros congresos también se requiere de mejores y más institucionales mecanismos vinculación en términos operativos y estratégicos, entre las áreas de biblioteca y archivo con el organismo de investigación.

3.- Igualmente importante es para el estudioso la adquisición de aptitudes que mejoren desempeño en la generación de un conocimiento jurídico legislativo relevante, particularmente dentro de las líneas de investigación denominadas emergentes. Para lograrlo, es imprescindible implantar programas y acciones de capacitación y formación continua de los investigadores, con el fin de habilitarlos en su manejo eficiente y lograr un trabajo más eficaz. Recordemos que la modernización implica también el estar preparados para poderla recibir e implantar. Por tanto, el personal, como la infraestructura, debe también adecuarse para recibir y transmitir el cambio.

4.- Es impostergable que las instituciones de investigación legislativa, en aras no solo de tributar a la globalización, sino ante todo de aprovecharla, generen y mantengan líneas de investigación institucional y que estas no sean repetitivas y al contrario, se complementen con las realizadas por sus iguales en las entidades federativas, el legislativo federal, los congresos de otros países y los organismos internacionales. Esto antes que un asunto de normas internas o recursos, es cuestión de actitud y de organización.

5.- Es urgente que los congresos cuenten en lo individual y lo colectivo, con una estrategia de producción, gestión y difusión del conocimiento, lo cual implica detectar e incorporar nuevos elementos y valores, teniendo en cuenta que la innovación, antes que un asunto de máquinas y tecnología, es un proceso de generación de nuevas ideas que buscan implantarse con el afán de participar en la transformación positiva de la sociedad, interactuando con la sociedad, empleando las nuevas tecnologías de información y logrando productos de investigación que den mayor eficacia y legitimidad a la función legislativa.

Estos aspectos, mencionados solo de manera enunciativa, aunque insuficientes, si se observan podrían grandemente a lograr y mantener nuestra capacidad de oferta de productos de investigación propios y propuestas de solución originales y útiles, que contribuyan a resolver la problemática que se nos presenta en todos los ámbitos del quehacer institucional.

En fin, dada su estrecha relación con la dinámica social, la investigación legislativa en nuestro país necesita de manera impostergable, de un renovado camino de conocimiento con visión transversal y una perspectiva multidimensional, lo mismo que de métodos y técnicas ágiles y eficientes para investigar, y adquirir una comprensión interpretativa de la realidad que tenemos que conocer, entender y para atender la demanda de investigación de nuestros legislativos, generando productos de trabajo legislativo y soluciones de investigación específicos, y constituyan un factor real y positivo de Cambio, así con “C” mayúscula, al brindar un mejor apoyo a los legisladores y sus fracciones, a las comisiones, a las áreas operativas de nuestros congresos, así como a otras instituciones afines con las que compartimos esfuerzos.

En el ámbito Político Legislativo, de cara a las circunstancias actuales Los órganos del poder público del Estado, deben asumir con seriedad y al margen de la mera retórica, un verdadero compromiso de Estado, para apostar a la producción de conocimiento como condición imprescindible de la preservación de la soberanía y una vía insoslayable para el desarrollo sustentable en todos los aspectos, y en tal sentido, la investigación legislativa requiere adaptarse con una visión estratégica a los escenarios a los que nos enfrentamos y asumir los desafíos presentes y por venir.

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