Importancia de los Fideicomisos Públicos para el Desarrollo Nacional

IMPORTANCIA DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Por José Ramón González Chávez

De acuerdo al Derecho Administrativo y la teoría de la Administración Pública, hay dos formas de organización administrativa: 1) La administración centralizada, integrada por secretarias y departamentos de Estado y 2) La administración paraestatal, que se compone de organismos descentralizados, empresas de participación estatal, sociedades nacionales de crédito y organizaciones auxiliares, instituciones nacionales de seguros y fideicomisos públicos.

Al analizar estos últimos, ante todo debemos tener en cuenta qué son para qué sirven cómo funcionan, para saber si son necesarios, útiles o no para el ejercicio del gobierno y si se deben desaparecer o mantenerse.

Etimológicamente, la palabra fideicomiso proviene de las voces latinas fides que significa fe, confianza, y comissium, que significa encargar la realización de algo a alguien y puede haberlos de carácter privado, públicos o de participación mixta.

En el caso de los segundos, técnicamente el fideicomiso público es un contrato, por el que un organismo gubernamental, a quien se denomina fideicomitente, y que según la legislación de la materia es en exclusiva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), constituye un patrimonio autónomo con bienes y recursos de los que es titular para dedicarlos a un fin lícito, claro y específico, siempre de interés público, que llevará a cabo un organismo especializado en la materia respectiva llamado fideicomisario, asumiendo la titularidad del patrimonio fideicomitido y siendo responsable la administración de dichos bienes y fines una sociedad nacional de crédito llamada fiduciario.

En México y en el mundo, los fideicomisos públicos se han creado para fomentar el desarrollo económico, social y cultural, la investigación y diversas actividades de carácter educativo, académico, artístico y de salud pública; otorgar becas y formación de capital humano entre las más importantes, dando concreción y seguimiento a programas públicos.

Su administración y gestión implican la necesidad de un constante y permanente monitoreo en cuanto al cumplimiento de sus fines y el beneficio esperado.

Al respecto, existen con claridad dos posiciones encontradas de las que a continuación presentamos los argumentos más relevantes:

Por una parte, los diputados morenistas que obviamente votaron a favor de la iniciativa presidencial (aunque hubo algunos que no lo hicieron así), basaron su decisión en las siguientes “premisas”:

  1. Todos los fideicomisos son organismos incapaces de cumplir sus fines debido a la corrupción; generalización que mete a todos en el mismo saco, sin haberse realizado una sola auditoría, ni haberse presentado una sola prueba al respecto.
  2. La desaparición de los fideicomisos no implica el retiro del apoyo a las actividades que cada uno de ellos realizaba, se reasignaran directamente a los organismos y fines que tenía cada uno;
  3. Contradictoriamente con esta declaración, el propio congreso señaló que el presupuesto que actualmente se gasta en los fideicomisos (68 mil millones de pesos) se usará para comprar vacunas anti COVID, lo que es falso, pues por ley esos recursos deben permanecer sin movimiento ni destino en la SHCP y según lo manifestado por autoridades de esa Dependencia se aplicarán al pago de compromisos del ejecutivo en otros temas, pero que independientemente de ello va a destinar 1,659 millones de dólares (más de 35 mil 600 millones de pesos) para el pago las vacunas anti COVID (y los otros 33 mil millones?).

Por otra parte, hay una gran cantidad de organizaciones y actores políticos que se han manifestado en contra de la extinción a tabla rasa de los fideicomisos públicos, con los siguientes argumentos:

  1. No se puede meter a todos los fideicomisos en el mismo saco; antes de extinguirlos, debería hacerse una auditoria a cada uno de ellos y en caso de encontrar irregularidades, ineficiencias y/o corrupción, hacer las denuncias correspondientes con sus respectivas pruebas ante la FGR;
  2. No existe ni plan ni estrategia para la redistribución de los más de 68 mil millones de pesos a cada organismo o cada fin para los que fueron creados los fideicomisos que se pretende desaparecer; al contrario, hay una gran oscuridad y opacidad sobre el destino de esos recursos. Se corre el riesgo de perder la independencia de los programas y proyectos pues ahora tendrán que negociarse cada año con el ejecutivo y los legisladores que podrán asignar el presupuesto de acuerdo a sus intereses personales o de grupo.
  3. Es falso que esos recursos se vayan a destinar a comprar vacunas anti COVID, pues por ley esos recursos deben permanecer sin movimiento ni destino en la Tesorería de la Federación y según lo manifestado por autoridades de la SHCP se aplicarán al pago de compromisos del ejecutivo en otros temas, aunque respecto de la COVID dijo que va a destinar 1,659 millones de dólares (más de 35 mil 600 millones de pesos) para el pago las vacunas. Pero las cuentas no cuadran: ¿y los otros 33 mil millones? en la exposición de motivos del decreto que modifica 19 leyes y abroga 2 para eliminar esos 109 fideicomisos, se dice que también podrán destinarse a “programas sociales del bienestar” pero nadie sabe cuáles son, ni a qué dependencias se otorgarían, ni en qué montos. Además, ese dinero no se sabe si quedaría en el presupuesto de 2020 o del 2021. Hay quien afirma que lo van a ocupar para seguir financiando los tres proyectos emblemáticos del gobierno actual.

Un buen ejemplo de ello es el caso de los 68 fideicomisos públicos de los 109 a desaparecer (es decir dos terceras partes del total) que tienen como fin fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, con los que se financiaba casi la totalidad de su operación y que en un alto porcentaje reciben recursos internacionales, no solo del gobierno. Hasta el momento los organismos del sector desconocen cómo continuarán sus trabajos, con qué presupuesto, cómo tendrán acceso ahora a los recursos, etc., lo cual sumado al 75% de reducción de su presupuesto desde 2019, generará sin dudas graves problemas en términos de eficiencia y eficacia institucional, si se tiene en cuenta por ejemplo investigaciones y actividades de mediano y largo plazo que no se pueden detener o que de hacerlo se provocaría un retroceso de años o incluso décadas como en el caso de la biotecnología, la investigación médica, el medio ambiente, entre otros.

Otro ejemplo es en materia de protección civil: la desaparición del FONDEN es realmente de alto riesgo, pues por su propia naturaleza, muchos eventos catastróficos son imprevisibles, pero al mismo tiempo hay la certeza de que ocurrirán periódicamente, como huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, etc. Si la atención a dichas emergencias dependiera exclusivamente de los fondos asignados en el presupuesto anual, y dependieran de la asignación discrecional del podría darse el caso de que el presupuesto anual se consumiera en un cierto rubro especialmente importante para el gobierno (la política energética), y que, ante un sismo de 8 grados, no hubiera suficientes recursos disponibles para auxiliar a la población o a las autoridades locales. Esta es justamente la razón de ser de ese fideicomiso público llamado FONDEN: asegurarse de que, con independencia de las necesidades en el corto plazo, siempre haya dinero disponible para enfrentar catástrofes naturales.

En fin, sin perjuicio de lo planteado por estas dos posiciones es más que evidente que si bien hay fideicomisos que deberían ajustarse a sus fines de forma transparente y eficiente o incluso extinguirse, la desaparición por la generalización que por desgracia se está aplicando de aquellos que han demostrado su utilidad y eficiencia va a causar no de inmediato, pero tampoco en un tiempo muy lejano, grandes daños al desarrollo nacional, a la administración pública y a la ejecución de actividades que por su naturaleza no pueden ni deben depender de los designios individuales del gobernante en turno más aun cuando muchos de sus proyectos están más allá de las ideologías y trascienden los sexenios.

La iniciativa de “Reforma” al sistema de pensiones o el maquillista del paciente en terapia intensiva

INICIATIVA DE “REFORMA” AL SISTEMA DE PENSIONES

O EL MAQUILLISTA DEL PACIENTE EN TERAPIA INTENSIVA.

Por José Ramón González Chávez

El pasado viernes el Ejecutivo Federal envió al Congreso una iniciativa que desde su personal punto de vista implica o autodenomina una “Reforma” al sistema de pensiones, que jurídicamente no es más que una modificación casi cosmética pues solo habla del Sistema de Ahorro para el Retiro, dejando a un lado los aspectos de fondo que debería contener una verdadera reforma en la materia. Me explico:

En la actualidad hay dos sistemas para el retiro:

  1. El sistema antiguo, cuya última reforma se dio en 1973, denominado “Sistema de Reparto” o de “Beneficio Definido, donde había una gran bolsa (fondo de pensiones y de ahí mediante una fórmula según edad, tiempo de servicios nivel salarial entre otras cosas se determinaba cuánto se iba a recibir de pensión; y
  2. El “nuevo” sistema, establecido el 1° de julio 1997, denominado “de Contribución Definida”, que no establece beneficios y tiene que ver con el rendimiento que ese ahorro va a dejar en 1,250 semanas (= a + 25 años de cotización ininterrumpida).

La iniciativa que se ha denominado “Reforma al Sistema de Pensiones” no es tal, pues solo se refiere al SAR respecto de reducir la aportación de los trabajadores de .92% a .5%, que si es que llega a rendir frutos lo hará en 15 o 20 años pero que no se discutió con el sector patronal, a pesar de que afecta gravemente el fondeo del sistema pensionario.

También incluye algunas modificaciones a la Ley del IMSS correlativas a esa misma modificación del SAR, pero pasa por alto los verdaderos problemas del Sistema de Pensiones y que implican la necesidad de reformarlo en serio y a fondo, como las siguientes:

  • Para empezar, tenemos que recordar que la seguridad social implica además del salario, un conjunto de prestaciones que son médicas (preventivas, de tratamiento permanente, curativas), económicas (préstamos personales, hipotecarios) y sociales (servicios culturales, turísticos, educativos)
  • En el primer caso (prestaciones médicas) hay que tener en cuenta dos factores estrechamente relacionados: el aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento demográfico. Las personas viven más años, por lo que cada vez hay más adultos mayores.
  • El aumento de la incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas, muchas de ellas vinculadas a los adultos mayores (65 años) y su costo e impacto en el presupuesto dedicado al tema de pensiones.
  • La capacidad y el potencial para poder desempeñar un empleo es también mayor, lo que debería impactar en la eventual ampliación del tiempo de servicios (actualmente 1250 semanas o sea 25 años aprox.), lo que además compensaría la disminución de la oferta laboral por:
  • La disminución de la tasa de la natalidad. La gente tiene cada vez menos hijos y eso impacta en la cada vez menor oferta laboral y es la planta laboral la que precisamente con sus aportaciones sostiene el sistema de pensiones.

En cuanto a la segunda variable (prestaciones económicas), el sistema pensionario padece por décadas inamovilidad de los porcentajes de cotización y el tiempo de servicios, ni por parte de los trabajadores ni de los patrones, aunque sí una carga adicional para el ejecutivo federal, que incluyó en su proyecto de presupuesto para el 2021 un incremento del 12 a 13% en el capítulo de aportaciones pensionarias, tendencia que además ya se avisó que continuará en los años subsecuentes.

  • La necesidad de actualización de la ley del IMSS (cuya última reforma importante data de hace casi medio siglo), la del ISSSTE y la del ISSSFAM, que son las tres entidades federales de seguridad social en México, más las respectivas de sus similares en los estados.
  • La necesidad de incluir en el paquete que integraría una verdadera reforma al sistema un paquete de prestaciones médicas, económicas y sociales como proclaman las leyes de seguridad social mexicanas.

En este momento, el sistema que presenta un alto riesgo es el más antiguo (Sistema de Reparto, que es el problema central, pues ya se volvió inviable, porque al día de hoy más de 6 millones de trabajadores sujetos al régimen del IMSS (no se cuentan los que están en el ISSSTE o sus similares en los estados) son prospectos de jubilación y a pesar de que el gobierno asumió este adeudo como pasivo laboral, no hay con que pagarles, más los que se seguirán acumulando bajo dicho régimen en al menos unos 20 o 25 años más.

Pero todos estos aspectos la iniciativa presentada y que está subiendo a tribuna hoy en la cámara de diputados, ni de pasadita los toca.