Aumento al Salario Mínimo: Entre Luces y Sombras

Por Jose Ramon Gonzalez Chavez

La noche del pasado miércoles 16 de diciembre, AMLO anunció en su conferencia matutina que habrá un aumento de 15% en el salario mínimo, decisión que previamente ya había tomado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CoNaSaMi) con el voto a favor de los representantes del gobierno y trabajadores y el voto en contra de todas las organizaciones empresariales que proponían aumentarlo en 10%, de tal manera que pasará de 123.22 a 141.70 pesos diarios, mientras que en la zona especial de la frontera norte crecería de 185.56 pesos a 213.39 pesos al día.

El costo de ese incremento recaería en su totalidad las empresas, y en realidad será de 11.4%, tomando en cuenta que la estimación de la inflación el próximo año será de 3.6%, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), aunque equivale a 4.12 veces la inflación estimada para el cierre de 2020, de acuerdo con especialistas de la misma institución.

En su declaración el presidente dijo que el salario mínimo en México ha sufrido por 30 años los embates de los gobiernos neoliberales y que “es uno de los peores del mundo”, por lo que parafraseando un fragmento de la misa católica afirmó que el aumento “es justo y necesario”. Esta afirmación es falsa o en todo caso una verdad a medias, pues si bien es una buena expectativa mejorar en el ranking, tal como se pudo apreciar con toda claridad en la tabla que él mismo mostró, el país se encuentra en la media mundial, además de que prácticamente no hay trabajador formal en el país que gane esa cantidad.

En seguimiento a esta declaratoria, la novel servidora pública y actual Secretaria del Trabajo Ma Luisa Alcalde afirmó que “el aumento al salario mínimo no impacta en el aumento de inflación, tal como se ha demostrado en los aumentos de 2018 (16%) y 2019 (20%)”. Lo que no tiene en cuenta la Secretaria es que para tener mejores salarios hay que tener una mejor economía. En los dos años anteriores (2018-2019) en México no se tenía el escenario económico y laboral tan adverso como el que se tiene en la actualidad.

1. Solo en este año, 11 millones de trabajadores formales e informales han perdido sus empleos y más de un millón de empresas micro, pequeñas y medianas han quebrado. Respecto de este último punto, recordemos que:

  • Las Microempresas (10 trabajadores o menos) a) son más del 95% del total de las empresas del país, b) generan el 45.6% del empleo, y c) contribuyen con 15% del valor agregado de la economía.;
  • Las empresas pequeñas (de 11 a 30 trabajadores) son más del 3% del total de las empresas del país, b) generan el 15% del empleo, y c) contribuyen con 14% del valor agregado de la economía; y
  • Las empresas medianas (31 a 100 trabajadores) son casi 1% del total de las empresas del país, b) generan el 17% del empleo, y c) contribuyen con 22% del valor agregado de la economía. Lo anterior quiere decir que, en total, las MiPyMEs aportan:
  • Casi 99% del total de las empresas;
  • más del 77% del empleo formal; y
  • el 51% del PIB,

Por ende, este tipo de empresas serían las más afectadas por esta decisión, pues son las que más contratan a personal con salario cercano al mínimo.

2. En adición, el PIB se derrumbó a menos 9.8% y la inversión se desaceleró drásticamente incluyendo fuga de capitales y empresas completas se fueron del país.

3. ¿En qué mundo vivirá la Secretaria del trabajo cuando afirma que este gobierno aspira a estar entre las primeras 20 economías del mundo cuando este año México cayó tres lugares en la clasificación mundial de competitividad colocándose en el lugar 53 de 63 países por el declive de su desempeño económico? Y eso que las estimaciones tienen un año de retraso, es decir, aun no contemplan la debacle económica de este año que termina.

4. La premisa de que el salario mínimo a nivel mundial tiene el lugar 82 (pero el lugar 53 de 63 en el ranking de competitividad) es una verdad a medias pues prácticamente ningún trabajador formal en México gana el mínimo señalado en la ley.

¿Qué poder adquisitivo y capacidad de consumo va a fomentar el aumento del salario mínimo si la gente no tiene empleo o lo ha perdido o se lo han bajado con el pretexto de la pandemia?

Las empresas micro, pequeñas y medianas que aún sobreviven:

  • ¿Cómo van a soportar el aumento si tampoco tienen ingresos, no solo por la disminución de la demanda por falta de empleo e ingresos, sino también por la contingencia de salud que les obliga a cerrar o disminuir su actividad y además desde el gobierno se pide a la población no salir de sus casas?
  • Para compensar el incremento, ¿estas empresas tendrán que despedir a algunos empleados? incrementar sus precios?

Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sostiene que el gobierno federal ha ignorado las propuestas presentadas por el sector privado y la sociedad civil, entre ellas, las medidas para apoyar a las familias mexicanas ante el tan adverso contexto actual”.

Sobre el incremento al salario mínimo, el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que:

  •  Es irracional, sin gradualidad ni lógica. Se trata de una decisión unilateral, sin consenso;
  • Se transfiere toda la carga del aumento a las empresas, sin ningún compromiso de parte del gobierno federal;
  • Sería viable siempre y cuando el gobierno contribuyera también con la aplicación de un subsidio de 7.39 pesos diarios por trabajador, incluida una aportación extraordinaria por COVID, y por su parte, el sector privado aportaría 7.4% de aumento al salario mínimo, más el 4% de inflación, con lo que se llegaría a 142.25 pesos diarios, una cantidad incluso mayor a la que ya fue decidida, lo que implicaría un esfuerzo tripartito, prudente y acorde a la realidad y sin duda, ayudaría a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que mantengan sus empleos, a la vez que evitaría para el 2021 tanto el cierre de más de 700 mil empresas como la supresión de puestos de trabajo, a lo cual el gobierno federal no está de acuerdo.

“Exigimos prudencia y altura de miras. No se debe sucumbir ante ánimos populistas contrarios a la realidad económica. El resultado podría ser la pérdida de más empleos” señaló.

En consonancia con esta postura, el representante del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) afirmó que el aumento que se pretende perjudicará fuertemente a las micro, pequeñas y medianas empresas, haciendo inviable la sobrevivencia de muchas de ellas.

En fin, es mas que evidente el beneficio que puede conllevar el que un trabajador aumente su ingreso, pero no menos lo es que para que no acabe siendo contraproducente en términos de despidos y cierre de empresas, en atención a lo dispuesto en la Constitucion de la República, el incremento debería llevarse a cabo de acuerdo a las condiciones económicas del país en un momento tan atípico como el que vivimos y con la participación conjunta y el consenso de gobierno, trabajadores y patrones.

Reformas a la Ley del Banco de México: Autonomía y Estabilidad en Riesgo.

Reformas a la Ley del Banco de México: Autonomía y Estabilidad en Riesgo

Jose Ramon Gonzalez Chavez

El pasado miércoles 9 de diciembre, el senado, en su calidad de cámara de origen, aprobó una iniciativa para reformar el artículo 20 y 34 y adicionar los artículos 20 Bis y 20 Ter de la Ley del Banco de México, con la que, al contrario de lo esgrimido por los legisladores que la aprobaron en primera instancia, desde el punto de vista de especialistas en el tema, se pretende vulnerar su autonomía, dado que para empezar la institución no fue consultada previamente en cuanto al contenido y fines de tales modificaciones.

Para entender en palabras sencillas este asunto necesitamos hacer un poco de historia y contextualizar:

– La evolución del Banco de México hacia su autonomía ha sido resultado de un esfuerzo legal y técnico que se ha llevado más de 35 años logrado formalmente el 1° de abril del 1984, en el contexto de la apertura económica requerida por el proceso globalizador y la firma del TLC.

– A partir de entonces, los ejecutivos y legislativos federales (a pesar que estos últimos no siempre se han integrado con la mayoría del partido que los postuló) han respetado esta autonomía e incluso la han ido reforzando jurídica y administrativamente de manera gradual pero constante y permanente al grado de que Banxico es considerado desde hace tiempo en uno de los bancos centrales más sólidos y reconocidos del mundo.

– La actividad de Banxico ha tenido importantes resultados: en primer lugar, ha logrado disminuir sensiblemente la inflación y mantener el poder adquisitivo del peso. Recordemos que, en 1984, durante el gobierno de Miguel de Lamadrid, cuando inició este proceso de autonomía, esta era de casi 160% anual y a diciembre de 2019 fue de solo 2.8%. En segundo, ha conseguido estabilizar el tipo de cambio del peso respecto del dólar. El valor del peso mexicano “a valor presente” se ha mantenido sin cambios en términos reales desde ese ya mencionado 1984 (al respecto checar en internet “valor actual del peso en 1984”).

– Pero estos logros no se han dado por generación espontánea, se deben a la seriedad y capacidad técnica de quienes intervienen en su actividad cotidiana, insertar a personas sin ningún perfil ni experiencia en un ramo tan especializado, hacer reformas legales y administrativas sin sustento técnico, ni económico, ni jurídico, tendría consecuencias fatales para la institucional y para el país.

– La Actividad del Banco de México es transexenal. Su planeación y programación no dependen de los vaivenes del sexenio en turno. Por eso es que, entre otras cosas, ha logrado su estabilidad y fortaleza institucional. Sus reservas no son ahorros del gobierno, respaldan el dinero en circulación, por lo que usarlas para financiar el gasto público y la deuda atentaría contra ese respaldo. Además, las reservas internacionales forman parte de la balanza de pagos y usarlas para gastar conllevaría el riesgo de inflación y devaluación que ya sufrió México antes de 1984.

– La constitución establece en su art 73 f. VIII pfo. 1° que no se podrá otorgar crédito primario, lo que no es otra cosa que el Banco de México no podrá convertirse en el mecanismo de financiamiento del déficit del gobierno, en particular para comprar la deuda de Pemex y CFE.

– La Ley del Banco de México en su artículo 20 -que es el que se pretende modificar-dice a la letra:

Para efectos de esta Ley, el término divisas comprende: billetes y monedas metálicas extranjeros, depósitos bancarios, títulos de crédito y toda clase de documentos de crédito, sobre el exterior y denominados en moneda extranjera, así como, en general, los medios internacionales de pago.

Las divisas susceptibles de formar parte de la reserva son únicamente:

  1. Los billetes y monedas metálicas extranjeros;
  2. Los depósitos, títulos, valores y demás obligaciones pagaderos fuera del territorio nacional, considerados de primer orden en los mercados internacionales, denominados en moneda extranjera y a cargo de gobiernos de países distintos de México, de organismos financieros internacionales o de entidades del exterior, siempre que sean exigibles a plazo no mayor de seis meses o de amplia liquidez;
  3. Los créditos a cargo de bancos centrales, exigibles a plazo no mayor de seis meses, cuyo servicio esté al corriente, y
  4. Los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional.

La modificación al artículo 20 de la Ley del banco de México prevé que las divisas susceptibles de formar parte de las reservas internacionales del Banco de México sean:

“los billetes y monedas metálicas extranjeros”, y que se pueda además “adicionar todo el efectivo que no pueda ser repatriado a su país de origen”;

es decir, todo el efectivo que no esté contemplado en alguno de los parámetros establecidos por los contratos de corresponsalía entre Banco de México y los Bancos Centrales de otros países.

Con todo ello –dice la iniciativa-:

“se pretende generar un entorno más adecuado para la administración de los dólares en efectivo para que las familias mexicanas, los comercios, los fondos destinados a los programas sociales, de salud y de protección a las víctimas, entre otros, resulten beneficiados en el intercambio de divisas”.

Además de:

… “favorecer la recepción de dólares en efectivo en comercios ubicados en zonas turísticas y la zona fronteriza, con el fin de generar empleos y ganancias para la población de dichas áreas”…

Por su parte, la reforma al artículo 34 pretende establecer que las divisas sean vendidas directamente al Banco de México; en otras palabras, obliga al Banco central a comprar a los bancos el efectivo extranjero, lo cual provocará afectaciones y riesgos pues esta captación de dólares en efectivo por el Banco de México no podría ser parte de las reservas internacionales al no poder ser de liquidación inmediata, como sí lo son las transferencias electrónicas, además de que no tendría manera de saber si es legal o no la procedencia de estas divisas.

Adicionalmente, la iniciativa contempla que las dependencias y entidades de la administración pública federal que no tengan carácter de intermediarios financieros, así como la Fiscalía General de la República (FGR), mantengan sus divisas y realicen operaciones con estas sujetándose a normas, orientaciones y políticas que el Banxico tendrá que establecer, lo cual también es innecesario, pues en la actualidad ya existen mecanismos legales y administrativos que permiten que esto pueda hacerse sin problemas.

Con esto, Banxico estaría obligado a absorber los dólares en efectivo que circulen provenientes del turismo, las remesas y el excedente de los bancos que repatrian a sus corresponsales en el exterior, así como otros que pudieran ser de procedencia ilícita.

Alejandro Díaz de León, titular ejecutivo del Banxico, ha señalado que esta reforma que se pretende imponer viola y vulnera la autonomía de la institución, puesto que captar divisas extranjeras de particulares y verificar su legalidad no está en sus atribuciones, actividad que ya realiza históricamente, con normalidad y sujeto a normativa vigente la banca de primer piso o comercial, más aun, sería motivo de sanción a la institución por parte de organismos internacionales pues un banco central no puede hacer eso con la posibilidad de congelamiento de cuentas y activos y de la propia reserva internacional.

Los migrantes desde hace décadas, nunca traen dólares en efectivo a México, sobre todo por los robos y extorsiones de que son objeto cuando regresan de visita al país. De hecho, de los cerca de 40mil millones de dólares que implican las remesas en 2019-2020, 99% de ellas llegan a sus familias por medio de transferencias electrónicas, o sea que el 1% (400 millones de USD) en poco o prácticamente nada beneficia a ese importante sector, ni tampoco abona a la captación de divisas del Banco de México, ni a la regulación del tipo de cambio, pero sí podría prestarse para que cualquier persona, incluso el crimen organizado, pueda lavar sus dólares con toda impunidad y más aun con autorización del gobierno.

Las reservas del Banco de México que se han ido fortaleciendo con el tiempo, son de la institución, no del ejecutivo federal; pretender por parte del ejecutivo hacer uso de ellas para cubrir su gasto corriente y sus “programas sociales” y seguir tirando al inodoro el patrimonio federal es un despropósito de alto riesgo para el país.

Pero el senador Ricardo Monreal presidente en turno de la Cámara Alta dice en defensa de la iniciativa que:

– “Los que podrían tener afectaciones con las modificaciones a la legislación del Banco de México son los grandes Bancos extranjeros que tienen corresponsalías en sus países de origen con lo que hacen un gran negocio al repatriar las divisas que obtiene en efectivo en México”.

– “La ley que falta a mi parecer es la que nos diga hasta dónde llega la autonomía del Banco de México y que la Banca central se comprometa al desarrollo económico del país; también que los funcionarios de esta institución no sean parte de la oposición al Gobierno de la Cuarta Transformación.

– La Banca central mexicana no ha apoyado con recursos para salir de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19 y tal parece que parte de las funciones de los altos jefes del Banco, es criticar las acciones de la actual administración federal abonando al escepticismo de la población sobre todo de la gente de ingresos medios y altos sobre el presente y futuro económico de México.

La iniciativa, aprobada por el senado en un inédito tiempo récord de 40 minutos (!!!) desde que se le dio entrada al pleno para su discusión y aprobación, pasó a la Cámara de Diputados federal en su carácter de “Cámara revisora” para que ahí, con la opinión de la Asociación Mexicana de Bancos se analice, discuta y en su caso apruebe, aunque eso tendrá que suceder en el próximo periodo ordinario de sesiones que empieza el 1° de febrero y termina el 30 de abril del 2021 ya que el actual termina el próximo 15 de diciembre.

Ya sabemos cómo es la práctica oficiosa del “mayoriteo” en ambas Cámaras, sobre todo la de Diputados, así que de seguro será también aprobada en esa instancia, con el grave riesgo que va a implicar para Banxico, México y los mexicanos, esta decisión autocrática producto de la soberbia, la ignorancia y al autoritarismo.

La “Eliminación del Fuero al Presidente” a la luz del análisis constitucional.

Por Jose Ramon Gonzalez Chávez.

El pasado jueves 24 de noviembre el senado aprobó por la votación de 63 senadores a favor y 39 en contra una iniciativa que reforma dos artículos constitucionales que desde la silla presidencial y los legisladores federales del Morena y actores del propio movimiento se pretende hacer ver como que “anula el fuero presidencial”.

Al margen de los boletines oficiales, desde la perspectiva jurídica, es importante aclarar en qué consiste la iniciativa y cuál es el estado que guarda en términos de proceso constitucional.

1. La iniciativa por fin fue subida a pleno después de casi tres años (1° de febrero de 2018) de tenerla en la congeladora legislativa por razones de “timming político”, argumentando bloqueo de parte del grupo opositor. Consideraron que no tendría tanto impacto hacerlo antes y prefirieron esperarse al inicio del proceso electoral.

2. Falso que el senado aprobó la iniciativa que enviaron los diputados. De hecho, la  rechazó de facto tal como venía, pues incluía a la vez reformas que tienen que ver con el ejecutivo federal y con las Cámaras de Senadores y Diputados, y para no regresarla a la cámara de origen, optó por hacerle cambios al contenido y separar las reformas que inciden en el ejecutivo y las que impactan en el legislativo.

Para el primer caso -el ejecutivo federal-, los artículos 108 y 111 solo fueron adicionados con un par de párrafos para incluir como causales de enjuiciamiento al presidente los delitos electorales (el proyecto de los diputados Nahle y Caballero no incluían este punto) y la corrupción.

Esto quiere decir que:

A) La Constitución de 1917 en su artículo 108 párrafo segundo ya preveía desde la constitución de 1824 que el Presidente pudiera ser enjuiciado, y a partir de la constitución de 1857 ha existido la posibilidad de que esto suceda por traición a la patria y delitos graves del orden común.

B) Lo único que sucedió es que además ahora podrá ser sujeto de proceso judicial por estas dos “nuevas” causales (la constitucion de 1857 ya las preveía también). Al respecto cabe mencionar por ,un lado, que la “reforma” mantiene la oscuridad en lo que ya postulaba el artículo 108 en el caso de “traición a la patria”, en la constitucion no se señala y en la legislación secundaria es inexistente, con la excepción del código penal federal, que en su art. 123 hace un listado de los supuestos en los que se presentaría ese delito, pero todas están relacionadas con invasión y guerra contra otro país, siendo que hay otras conductas de naturaleza no militar que pueden ser calificadas así y no se contemplan, primero por “disciplina política” y luego por falta de definición constitucional de los conceptos “traición” y “patria”, siendo que hay otros textos constitucionales como el de Ecuador, que incluye como delitos por los que puede juzgarse al presidente los relativos a la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia, cumpliendo con lo dispuesto en el “Estatuto de Roma” de la Corte Penal Internacional, instrumento internacional que por cierto fue ratificado por México en 2005, todo lo cual en esta “reforma” fue pasado por alto.

C) En el mismo sentido, en esta modificación que se pretende tampoco se precisó cuáles de los delitos comunes son “graves”. Si bien el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal en su art. 268 (que solo podría ser aplicable en esa entidad, bien en otra por analogía y ponderación judicial) menciona que en esa entidad son los que tienen penalidad promedio mayor a 5 años, esa no es una referencia que pudiera generalizarse pues las legislaciones locales por su naturaleza conciben la “gravedad” de los delitos comunes de diferente forma de acuerdo a sus propias circunstancias.

D) Además, se sigue omitiendo lo relativo a los delitos federales, siendo que estos podrían tener aun mayor grado de gravedad.

E) En cuanto a los delitos electorales, si bien estos se encuentran definidos en las leyes penales y de la materia, la “reforma” no precisa tampoco cuáles de estos podría cometer el presidente y ser sujetos a acusación y juicio.

F) La reforma aprobada por el Senado añade una nueva causal: “corrupción” concepto que pese a lo obvio que parece a primera vista, es abstracto, ambiguo e ideológico, políticamente manipulable y por lo mismo poco útil en términos de proceso penal, pues para empezar el delito de corrupción no existe en la legislación mexicana y para continuar no se precisa qué es y que comprende para efectos jurídicos y judiciales ni en la Constitución, ni en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, ni en ninguna de sus leyes secundarias.

Acusar de un delito y llevar a juicio a un jefe de Estado y de gobierno es una cosa seria, y eso debería llevar al legislador a la mayor precisión jurídica respecto de las conductas que podrían dar lugar a una acusación y enjuiciamiento de ese tipo.

Por ello, además de la definición jurídica del término “corrupción”, la reforma debió aclarar qué delitos comprende esta denominación, de manera enunciativa que no limitativa, por ejemplo: tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, el uso político de la seguridad, la salud, el empleo, los programas sociales.

4) Desde hace varios sexenios, el artículo 109 constitucional ya también dispone que serán juzgados mediante juicio político sancionados los servidores públicos que incurran en responsabilidades por perjuicios y daños al interés público, indicando que serán sancionados por delitos según las leyes penales al igual que por responsabilidades administrativas y que cualquier ciudadano podrá hacer la denuncia respectiva ante la Cámara de Diputados Federal, excepto en el caso del Presidente de la República, que según el artículo 111 deberá hacerse ante la Cámara de Senadores, lo cual es a todas luces inconstitucional porque con ello el Senado adopta indebidamente atribuciones del Ministerio Público. En su lugar, como instancia determinadora solo debería declarar la procedencia, permitiendo entonces el inicio de las actuaciones penales y administrativas del caso concreto (vale indicar que para demandas de tipo civil no se necesita declaración de procedencia, tampoco si el servidor público comete un delito mientras está separado de su encargo).

De todo lo anterior, tenemos que la denominada “reforma que elimina el fuero presidencial” acaba siendo una simulación más, pues además de que aún no está aprobada pues para que eso suceda se necesita del voto del 50% más uno de los legisladores de al menos 17 (también mitad más uno) entidades federativas:

a) no elimina el fuero, simplemente porque no lo puede eliminar, ya que como sucede en cualquier país, el presidente y ciertos servidores públicos deben tenerlo por razones de su encargo, ejercerlo conforme a lo previsto en la ley y en caso de abusar de él o usarlo indebidamente, ser sancionados, lo que sigue sin suceder que es ahí donde está realmente el problema;

b) solo amplía las causales de enjuiciamiento para el presidente añadiendo una de muy alta ambigüedad como la “corrupción”;

c) mantiene sin definición ni precisión conceptos abstractos y hasta subjetivos como “la traición a la patria” y ahora “corrupción”;

d) omite la precisión de los delitos graves del orden común y los federales por los que se podría enjuiciar al presidente; y al final de cuentas

e) mantiene la impunidad en caso de que el presidente pudiera cometer actos ilícitos, antijurídicos y culpables, pues políticamente en el caso como el actual donde las dos cámaras están integradas mayoritariamente por legisladores del partido en el gobierno, simplemente ni siquiera sería recibida la demanda.