¿Votar o no en la encuesta del 1° de agosto?: He ahí el dilema…

Por José Ramón González Chávez

El próximo 1° de agosto con fundamento en el artículo 35 párrafo 5° de la Constitución federal, se llevará a cabo una encuesta organizada por el INE que terminará de una vez con el uso faccioso de la expectativa mediática que provoca.

Basta con revisar la PREGUNTA modificada por la Suprema Corte a la original enviada por el ejecutivo Federal, con base en el artículo 35, apartado 3° de la Carta Magna:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las ACCIONES PERTINENTES (??), con apego al marco constitucional y legal (acaso se puede hacer en contra de ambos?), para emprender un PROCESO DE ESCLARECIMIENTO (??? no habla de juicio) de las DECISIONES POLÍTICAS (???) tomadas en los años pasados (del 1° de enero del 2021 para atrás, es decir incluye a los funcionarios del actual gobierno desde el inicio del sexenio hasta el 31 de diciembre del 2020) por los ACTORES POLÍTICOS, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Sobre ella, algunas reflexiones:

Para empezar, hemos de decir que ni es encuesta, ni es juicio, ni es exclusivamente para expresidentes y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes:

Primero: NO ES ENCUESTA.

  • Una encuesta es una técnica de investigación que consiste en a) una serie de preguntas, b) contenidas en un cuestionario, c) que se hace a una muestra de personas, d) para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado.
  • De lo anterior se desprende que hacer una sola pregunta y a TODO un universo de población, en este caso los mexicanos que integran el padrón electoral, no implica hacer una encuesta.
  • En todo caso, la figura estaría más cercana a la de un PLEBISCITO que puede definirse como el procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. Lo anterior no demuestra más que la falta de conocimientos técnicos y/o de definición de lo que se pretende con la pregunta;

Segundo: NO IMPLICA NINGUN JUICIO.

  • La pregunta no se refiere a proceso jurisdiccional alguno, sino simplemente a “emprender un proceso de ESCLARECIMIENTO, es decir, a recabar información sobre “DECISIONES POLITICAS” (habría que determinar previamente qué decisiones de qué actores serían sujetas de esclarecimiento, además de que quedan excluidas las decisiones administrativas o de otra índole que no sea política).
  • El objeto de este “proceso de esclarecimiento, es llevar a cabo “LAS ACCIONES PERTINENTES” (en su caso, pues derivado de dicho proceso tal como lo prevé el propio sistema de justicia se puede resolver que no hay culpabilidad).
  • Estas “acciones” podrían consistir en solicitar la apertura de una carpeta de investigación (no un juicio eso le toca a otra instancia), una sanción administrativa, una amonestación, una disculpa pública, y llegar hasta a “acusarlos con su mamá o con su abuelita, o darles de chanclazos” como lo ha sugerido el ejecutivo en funciones.
  • Reiteramos: Esclarecimiento no es juicio, y este se puede hacer también sin necesidad de consulta alguna, solo aplicando la ley y para previa denuncia ante el ministerio público y/o autoridades competentes llamarlo al o a los “actores políticos” a declarar, ya sea como testigos o probables responsables, según sea el caso, tomando por supuesto la consideración de la caducidad o prescripción de tales actos, independientemente de su naturaleza.

Tercero: NO ES PARA EX PRESIDENTES.

  • Tomando de base el Diccionario Electoral de Roberto Salcedo, actual secretario de la función pública, y Mario Martínez Silva, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Políticos (INEP) “ACTOR POLÍTICO es la persona o grupo que desempeña un papel políticamente relevante, es decir, que juega un rol que afecta directamente las operaciones de alguna estructura dentro del sistema político, sin importar lo pequeño que este efecto pueda ser”. Así, un votante, un candidato, un partido, un movimiento, un sindicato, un comité del Congreso, un dictador, un dirigentes y militantes partidistas, un magnicida y un grupo de presión o de interés, escritores, periodistas, líderes de opinión, personajes mediáticos, etc. son todos actores políticos. Así que la pregunta es genérica, no se refiere exclusivamente a los ex presidentes y menos a ciertos ex presidentes.
  • Sobre estos últimos cabe mencionar que el fuero es para el cargo no para la persona. Cuando un presidente o cualquier funcionario o representante popular con fuero deja el cargo retoma su calidad de ciudadano como cualquiera, con todos los derechos y obligaciones de cualquiera y por lo tanto puede ser sujeto de juicio como cualquiera si quien pudiera o tuviera que demandar contara con elementos y pruebas para hacerlo. Por qué entonces no se ha demandado a nadie incluyendo a los ex presidentes?
  • Pero ojo: Al mencionar la pregunta que se refiere a “decisiones políticas de actores políticos tomadas en años pasados” también incluye al presidente y funcionarios ACTUALES, desde el inicio de este gobierno hasta el 31 de diciembre de 2020, y además, según la definición invocada, a todos los que pueden tener la calidad de “actores políticos de años pasados”.

Precisiones finales:

  1. Según cifras oficiales, el padrón actual es cercano a los 93.5 millones de ciudadanos. Para que el resultado de la encuesta pueda ser vinculatorio, según el artículo 35, fracción VIII, párrafo 2°, la votación deberá de ser de 40% de dicho padrón, es decir, deberán ir a votar y expresar su afirmativa o negativa a la pregunta 37.5 millones de ciudadanos, lo cual es inviable o muy poco factible al menos por dos causas:
  1. La iniciativa del Ejecutivo Federal de presupuesto de egresos para el 2021 no previó partida ni monto alguno para llevar a cabo la consulta y la Cámara de Diputados no hizo ningún ajuste al respecto, por lo que el INE tendrá que hacer economías para de ahí poder cubrir los gastos respectivos, que ascienden más o menos a 500 millones de pesos que no paga el gobierno ni el INE sino que pagamos los ciudadanos, con lo que tendrá que ajustar la logística a esa cantidad, y en consecuencia solo podrá instalar el 10% de las casillas que puso en la elección del pasado 6 de junio, con la mucho mayor dificultad de la ciudadanía para poder acudir a las urnas.
  • Si en la pasada elección intermedia acudió a votar 52% del padrón, suceso que se ha calificado como histórico en cuanto a participación, que suceda lo mismo en esta consulta o al menos llegar al 40% requerido será muy difícil cuando no imposible por el contenido de la misma, las limitaciones logísticas señaladas y el desgaste del electorado que tendría que salir a votar apenas 2 meses después de la elección pasada.

Es más. aun en el muy remoto caso de que acudiera el 40% del padrón a votar, y que la mitad más uno de esos votantes, es decir, 18,750,000 se decidiera por el “sí” –cosa que también es muy remota pues la votación por morena y sus aliados el pasado 6 de junio no alcanzó mucho más allá de 16 millones- la vinculación no sería sobre ningún tema, pues como hemos dicho, no se refiere a llevar a cabo ningún juicio, ni tampoco alude de forma directa a ningún ex presidente.

Pero más todavía: la pregunta solo se refiere de forma por demás ambigua y abstracta a REALIZAR ACCIONES PERTINENTES (que no necesariamente sería un juicio) para ESCLARECER DECISIONES POLÍTICAS de ACTORES POLÍTICOS (también habría que definir con antelación quiénes dentro y fuera del gobierno tienen la calidad de “actor político”) TOMADAS EN AÑOS PASADOS (tendría que incluir obligadamente el “esclarecer” las propias “decisiones políticas” de los “actores políticos” del actual gobierno hasta el 31 de diciembre del 2020.

¿Se debe consultar al electorado para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, que por cierto es la única obligación jurada por el Ejecutivo al tomar posesión del cargo? Por qué la Ley no se aplica de una vez si se tienen elementos y pruebas para ello?.

¿En verdad, tiene sentido que la ciudadanía siga este juego perverso de manipulación?

¿Es necesario ejercer una prerrogativa ciudadana protegida por la Constitución para un fin tan vano siendo que la autoridad tiene la obligación también constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley sin que se requiera consulta alguna para ello?

¿Para qué?

¿Para quién?

En fin, todo esto no es más que una muestra de que nos encontramos de nuevo ante la ambigüedad, la abstracción y mal uso de los términos y lo que es peor, ante otro acto de simulación que nos hace ver cuán caro sale el populismo autocrático neo cesarista al despilfarrar tantos recursos, tiempo, trabajo y acción institucional.

Representación Proporcional: Para qué? Para quién?

Por José Ramón González Chávez

Contexto

Los resultados del proceso electoral del 6 de junio exacerbaron el interés del Ejecutivo federal por mantener el control del Congreso de la Unión, por lo que intenta busca pasar una iniciativa de reforma a fin de renovar el Consejo General del INE y desparecer a los legisladores plurinominales (diputados y senadores) bajo el mero pretexto de la austeridad, pero que en el fondo muestra la insistente tentación de aspirar al poder absoluto al reducir a su mínima expresión la pluralidad en el poder legislativo.

Justamente por eso, es conveniente recordar las razones por las cuales surgió la representación proporcional en México y cómo ha ido evolucionando en el tiempo y en la historia política nacional.

La representación proporcional (RP) en México, apareció en 1977 en respuesta a las presiones de la oposición (en ese entonces solo era el PAN pues los demás eran realmente satélites del Partido hegemónico) que exigía tener un Congreso más representativo y democrático frente al dominio casi absoluto del PRI en hasta ese momento. Esto trajo como resultado la primera reforma electoral de gran envergadura en nuestro país, impulsada por don Jesús Reyes Heroles, quien siendo secretario de Gobernación durante la gestión del presidente José López Portillo, impulsó la iniciativa y posterior aprobación de la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos electorales (LOPPE) en la que se incluyó a los diputados de representación proporcional o plurinominales.

Diversas voces como la de José Wolderbeng señalan que los plurinominales surgieron para democratizar al país y reconocer su pluralidad, como una incipiente manera de terminar con un régimen autoritario.

Concepto

¿Cuál es el valor jurídico político que protege la representación proporcional? Esta figura tiene como propósito, al interior del cuerpo legislativo, lograr un equilibrio incluyente de las distintas opciones partidistas en la misma proporción en que éstas han sido votadas y, frente al ejecutivo, por una parte, constituir un contrapeso real de la oposición ante las decisiones que este tome, pero también en contraposición para el gobierno, reforzar su legitimidad , mostrándose como plural.

En países como España y Portugal la RP es el único sistema electoral. En Alemania, de donde la legislación mexicana tomó sus bases, la elección del conjunto de la cámara se ajusta a este principio, como una forma estable de elección que no se supone ni transitoria ni asistencial.

En los hechos, tal como se puede constatar –aunque los menos informados no lo sepan-, tanto los unis (legisladores de mayoría) como los pluris (de representación proporcional) se votan en la misma boleta, solo que los nombres de los primeros aparecen al frente y los segundos al reverso. Lo mismo ocurre el presidente municipal y los regidores de ayuntamientos. Esto quiere decir que tanto unos como otros son votados.

Definición

La RP es un método de elección basado en la asignación de cargos tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una determinada región geográfica, con el afán de proteger la expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas y garantizar su participación en la integración del órgano legislativo, de tal manera que se refleje lo mejor posible lo que realmente paso en la elección en términos de preferencia electoral y representatividad.

De esta forma, en México la RP se utiliza para asignar 32 senadores en una lista nacional y 200 diputados federales en listas regionales por cada una de las cinco circunscripciones plurinominales.

La asignación de los espacios de representación en el Congreso de la Unión de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, se realiza a través de dos fórmulas matemáticas: cociente natural y resto mayor, mismas que por los alcances del presente trabajo sería extenso explicar, pero se encuentran definidas en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

A nivel estadual, los Congresos de las entidades federativas también se integran por legisladores electos tanto por mayoría como por Representación proporcional de acuerdo a sus propias legislaciones de la materia.

Ventajas:

El consejero del INE. Uuc-Kib Espadas Ancona ha apuntado queEn las democracias estables la representación proporcional es un mecanismo eficiente para equilibrar la conformación de los congresos en complemento al sistema de mayoría… Son los más votados, ganan elecciones, por lo que este es el mecanismo regular de elección de la mayoría en democracias estables”… Eliminar los cargos legislativos plurinominales “significaría despojar de representación en el Legislativo a aproximadamente 60% de los ciudadanos, lo que significaría un retroceso de 104 años para la democracia mexicana”. Y es que efectivamente la Constitución no prevé otra forma de elección de diputados o senadores que no sea la votación universal, secreta y directa (en México no hay elección indirecta) de los candidatos, independientemente de la figura electoral por la que se postulen.

Desviaciones

La idea original de la RP al establecerse en México era la de incorporar al trabajo parlamentario a especialistas en diversas materias sustantivas para enriquecer la producción legislativa, a falta de servicios legislativos de carrera proporcionados por especialistas, tal como sucede por ejemplo en España con el Cuerpo de Letrados.

Al paso del tiempo, por desgracia esta idea original se ha perdido y desde hace algunas décadas se ha convertido más bien en un mecanismo mediante el cual los partidos otorgan cuotas o bien recompensan lealtades, amistades, compadrazgos y compromisos, cuestión que sin duda debe desaparecer pues afecta la forma y contenido de la representación proporcional; pero desaparecerla más que solución, implicaría al contrario una grave regresión al viejo problema del autoritarismo unipartidista.

¿Exceso de legisladores? ¿Según quién? ¿Comparado con quién?

Quien haciendo eco de la “inquietud” presidencial presentó la propuesta para eliminar a los legisladores de representación proporcional es el diputado federal del Morena Oscar Eugenio Gutiérrez, teniendo como únicos argumentos: 1. que “son muchos legisladores” (cómo llegó a esa conclusión?) y 2. “por razones de austeridad hay que eliminarlos” (¿Cuánto cuesta la democracia?).

Por su parte, el senador Martí Batres, también del Morena, propuso eliminar a 100 de los 200 diputados que hay (siendo senador no habló del senado sino de un cuerpo legislativo al que no pertenece) y sustituir la actual lista de plurinominales por una basada en el principio de prelación, lo cual es un error porque dicho principio tiene que ver con la equidad de género en la integración del Congreso, no con la representación proporcional en la misma (ver jurisprudencia 36/2015 Coalición “Todos Somos Coahuila” y otros vs. Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral, con sede en Monterrey, Nuevo León. Representación proporcional. Paridad de género como supuesto de modificación del orden de prelación de la lista de candidaturas registrada).

El diputado Juan Martínez Flores, igualmente del Morena, propone también bajar a 100 los plurinominales, pero imponerles el requisito de haber ya desempeñado un cargo público de elección popular, lo cual es a todas luces inconstitucional, al contraponerse con el derecho de todo ciudadano a votar y ser votado, además de que tal como ya se expuso arriba, originalmente los legisladores plurinominales son escogidos por los partidos por ser gente especializada en ciertos temas a fin de enriquecer los contenidos de las propuestas legislativas y fortalecer el trabajo de las comisiones, no en razón de cuotas de poder al interior de los partidos, ni pretender añadir otra forma de reelección de legisladores, tal como sucede actualmente y al parecer por sus afirmaciones pretende dicho legislador que siga sucediendo.

Ahora bien, atreverse a afirmar que hay que acabar con los legisladores plurinominales porque “son demasiados” es absolutamente falso y abusivo de la ignorancia de un sector importante de la ciudadanía sobre el tema bajo el sello del populismo. En las democracias más sólidas los congresos se integran de forma proporcional al número de electores y prácticamente en todas ellas el número de legisladores por cada 10 mil ciudadanos es considerablemente mayor que en México e incluso va creciendo conforme el padrón lo hace. Veamos la siguiente tabla:

PaísPoblaciónPadrónDiputadosSenadores
Reino Unido67,000,000 -47.3% que México50,000,000 74% de la población650 1 x 103mil habs1,180 No electos 1 x 56mil habs
Estados Unidos330,222,422 +68% que México120,529,936 37% de la población435 1 x 759mil habs100 1 x 3.3millones habs
Francia67,000,000 -47.3% que México47,581,118 71% de la población577 1 x 116mil habs348 1 x 192mil habs
Alemania83,155,031 -35-6% que México46,976,341 56.5% de la población598 1 x 139mil habs299 1 x 278mil habs
México127,000,000  90,000,000 70% de la población500 1 x 524mil habs128 1 x 992mil habs

Como se desprende a simple vista, salvo en el caso de Estados Unidos y por razones específicas cuyo tratamiento se omite pues sobrepasaría los alcances del presente trabajo, en la tabla anterior –que es enunciativa más que limitativa pues hay muchos más ejemplos con las misas tendencia- todos los países mencionados tienen muchos más diputados por cada 10 mil habitantes que México.

El “Lado oscuro” de la propuesta

Resulta más que obvia la pretensión del presidente actual y sus voceros en ambas cámaras de extinguir la figura de la representación proporcional, misma que curiosamente fue, aunque más moderada, la misma que la que Enrique Peña propusiera sin éxito en las elecciones intermedias de 2015 para eliminar la mitad de diputados de RP, aunque cabe reiterar que ya con anterioridad -reiteramos- había habido otros que en su momento sugirieron lo mismo.

¿Qué hay detrás de esta “inquietud” de eliminar la RP? Lo que había antes de su establecimiento: acaparar Poder; construir mayorías absolutas y calificadas para pasar reformas legales y constitucionales a placer; aminorar la fuerza de sus opositores en el Congreso y quitarle voz y representación a la ciudadanía.

En tal sentido, una de las cosas en las que debe ponerse énfasis en el análisis de esta propuesta que se está impulsando de eliminación de la RP, es el aspecto meramente aritmético que se esconde detrás, pues basta con recalcular los porcentajes de curules para cada partido para darse cuenta con toda claridad del cambio negativo en su composición: De no existir las diputaciones plurinominales, según los resultados oficiales del INE de la pasada elección del 6 de junio, la coalición gobernante (Morena-PVEM-PT) se hubiera quedado con el 62% de las curules, siendo que en las urnas obtuvo una votación del 44%, mientras que actualmente gracias a la RP con todo y sus aliados llega a poco menos del 48%, es decir, se ubica dentro del rango previsto por la Constitución (-8%).

Como lo muestra este simple ejercicio aritmético, eliminar la RP como figura electoral de nuestro sistema jurídico político provocaría un perjudicial desequilibrio entre la ocupación de curules y lo que pasó realmente en las urnas, que es precisamente lo que busca y logra evitar y resolver la figura de la representación proporcional.

Conclusiones

Es cierto que toda legislación es perfectible y que disminuir el número de legisladores tanto en el Senado como en Cámara de Diputados no es una novedad, es un tema que siempre ha estado en la mesa; todos los partidos en el poder han buscado reducir al número de legisladores de RP para su beneficio en términos de poder y no para fortalecer y hacer evolucionar nuestro sistema democrático.

La disminución de legisladores de RP es susceptible de ser sometida a un análisis serio y previo mediante mecanismos como el parlamento abierto, a fin de hacer avanzar el sistema democrático en nuestro país por medios nuevos, pero siempre teniendo en mente el no regreso al autoritarismo entregándole el Congreso al presidente; el resguardo de la democracia y la pluralidad; y el rechazo a la intención de desaparecer los votos de quienes se expresaron en las urnas por otras opciones y tienen derecho a ser representados.

No se puede avanzar yendo hacia atrás o mirando por el retrovisor; quizá habría que revisar por ejemplo., la posibilidad de modificar la fórmula de elección de los plurinominales, poniendo opciones para que los votantes puedan escoger entre varios candidatos y que llegué el que más votos tenga, tal como sucede en otros países.

Eliminar la figura de la representación proporcional establecida desde el COFIPE desde 1976, implicaría un grave retroceso de medio siglo a la evolución democrática del país, cuando el presidente y el partido hegemónico tenían el control total del Poder Legislativo.

Si queremos mejores diputados, establezcamos normas y procedimientos jurídicos donde lo que se escoja sea buenos parlamentarios y no gestores u operadores eficaces al servicios de quien los puso en las listas. Reducir el número de legisladores de RP no hará sino agravar el problema.