¿Votar o no en la encuesta del 1° de agosto?: He ahí el dilema…

Por José Ramón González Chávez

El próximo 1° de agosto con fundamento en el artículo 35 párrafo 5° de la Constitución federal, se llevará a cabo una encuesta organizada por el INE que terminará de una vez con el uso faccioso de la expectativa mediática que provoca.

Basta con revisar la PREGUNTA modificada por la Suprema Corte a la original enviada por el ejecutivo Federal, con base en el artículo 35, apartado 3° de la Carta Magna:

¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las ACCIONES PERTINENTES (??), con apego al marco constitucional y legal (acaso se puede hacer en contra de ambos?), para emprender un PROCESO DE ESCLARECIMIENTO (??? no habla de juicio) de las DECISIONES POLÍTICAS (???) tomadas en los años pasados (del 1° de enero del 2021 para atrás, es decir incluye a los funcionarios del actual gobierno desde el inicio del sexenio hasta el 31 de diciembre del 2020) por los ACTORES POLÍTICOS, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?».

Sobre ella, algunas reflexiones:

Para empezar, hemos de decir que ni es encuesta, ni es juicio, ni es exclusivamente para expresidentes y como dijo Jack el Destripador, vamos por partes:

Primero: NO ES ENCUESTA.

  • Una encuesta es una técnica de investigación que consiste en a) una serie de preguntas, b) contenidas en un cuestionario, c) que se hace a una muestra de personas, d) para reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado.
  • De lo anterior se desprende que hacer una sola pregunta y a TODO un universo de población, en este caso los mexicanos que integran el padrón electoral, no implica hacer una encuesta.
  • En todo caso, la figura estaría más cercana a la de un PLEBISCITO que puede definirse como el procedimiento jurídico por el que se somete a votación popular una ley o un asunto de especial importancia para el Estado. Lo anterior no demuestra más que la falta de conocimientos técnicos y/o de definición de lo que se pretende con la pregunta;

Segundo: NO IMPLICA NINGUN JUICIO.

  • La pregunta no se refiere a proceso jurisdiccional alguno, sino simplemente a “emprender un proceso de ESCLARECIMIENTO, es decir, a recabar información sobre “DECISIONES POLITICAS” (habría que determinar previamente qué decisiones de qué actores serían sujetas de esclarecimiento, además de que quedan excluidas las decisiones administrativas o de otra índole que no sea política).
  • El objeto de este “proceso de esclarecimiento, es llevar a cabo «LAS ACCIONES PERTINENTES» (en su caso, pues derivado de dicho proceso tal como lo prevé el propio sistema de justicia se puede resolver que no hay culpabilidad).
  • Estas “acciones” podrían consistir en solicitar la apertura de una carpeta de investigación (no un juicio eso le toca a otra instancia), una sanción administrativa, una amonestación, una disculpa pública, y llegar hasta a «acusarlos con su mamá o con su abuelita, o darles de chanclazos» como lo ha sugerido el ejecutivo en funciones.
  • Reiteramos: Esclarecimiento no es juicio, y este se puede hacer también sin necesidad de consulta alguna, solo aplicando la ley y para previa denuncia ante el ministerio público y/o autoridades competentes llamarlo al o a los “actores políticos” a declarar, ya sea como testigos o probables responsables, según sea el caso, tomando por supuesto la consideración de la caducidad o prescripción de tales actos, independientemente de su naturaleza.

Tercero: NO ES PARA EX PRESIDENTES.

  • Tomando de base el Diccionario Electoral de Roberto Salcedo, actual secretario de la función pública, y Mario Martínez Silva, publicado por el Instituto Nacional de Estudios Políticos (INEP) “ACTOR POLÍTICO es la persona o grupo que desempeña un papel políticamente relevante, es decir, que juega un rol que afecta directamente las operaciones de alguna estructura dentro del sistema político, sin importar lo pequeño que este efecto pueda ser”. Así, un votante, un candidato, un partido, un movimiento, un sindicato, un comité del Congreso, un dictador, un dirigentes y militantes partidistas, un magnicida y un grupo de presión o de interés, escritores, periodistas, líderes de opinión, personajes mediáticos, etc. son todos actores políticos. Así que la pregunta es genérica, no se refiere exclusivamente a los ex presidentes y menos a ciertos ex presidentes.
  • Sobre estos últimos cabe mencionar que el fuero es para el cargo no para la persona. Cuando un presidente o cualquier funcionario o representante popular con fuero deja el cargo retoma su calidad de ciudadano como cualquiera, con todos los derechos y obligaciones de cualquiera y por lo tanto puede ser sujeto de juicio como cualquiera si quien pudiera o tuviera que demandar contara con elementos y pruebas para hacerlo. Por qué entonces no se ha demandado a nadie incluyendo a los ex presidentes?
  • Pero ojo: Al mencionar la pregunta que se refiere a “decisiones políticas de actores políticos tomadas en años pasados” también incluye al presidente y funcionarios ACTUALES, desde el inicio de este gobierno hasta el 31 de diciembre de 2020, y además, según la definición invocada, a todos los que pueden tener la calidad de “actores políticos de años pasados”.

Precisiones finales:

  1. Según cifras oficiales, el padrón actual es cercano a los 93.5 millones de ciudadanos. Para que el resultado de la encuesta pueda ser vinculatorio, según el artículo 35, fracción VIII, párrafo 2°, la votación deberá de ser de 40% de dicho padrón, es decir, deberán ir a votar y expresar su afirmativa o negativa a la pregunta 37.5 millones de ciudadanos, lo cual es inviable o muy poco factible al menos por dos causas:
  1. La iniciativa del Ejecutivo Federal de presupuesto de egresos para el 2021 no previó partida ni monto alguno para llevar a cabo la consulta y la Cámara de Diputados no hizo ningún ajuste al respecto, por lo que el INE tendrá que hacer economías para de ahí poder cubrir los gastos respectivos, que ascienden más o menos a 500 millones de pesos que no paga el gobierno ni el INE sino que pagamos los ciudadanos, con lo que tendrá que ajustar la logística a esa cantidad, y en consecuencia solo podrá instalar el 10% de las casillas que puso en la elección del pasado 6 de junio, con la mucho mayor dificultad de la ciudadanía para poder acudir a las urnas.
  • Si en la pasada elección intermedia acudió a votar 52% del padrón, suceso que se ha calificado como histórico en cuanto a participación, que suceda lo mismo en esta consulta o al menos llegar al 40% requerido será muy difícil cuando no imposible por el contenido de la misma, las limitaciones logísticas señaladas y el desgaste del electorado que tendría que salir a votar apenas 2 meses después de la elección pasada.

Es más. aun en el muy remoto caso de que acudiera el 40% del padrón a votar, y que la mitad más uno de esos votantes, es decir, 18,750,000 se decidiera por el “sí” –cosa que también es muy remota pues la votación por morena y sus aliados el pasado 6 de junio no alcanzó mucho más allá de 16 millones- la vinculación no sería sobre ningún tema, pues como hemos dicho, no se refiere a llevar a cabo ningún juicio, ni tampoco alude de forma directa a ningún ex presidente.

Pero más todavía: la pregunta solo se refiere de forma por demás ambigua y abstracta a REALIZAR ACCIONES PERTINENTES (que no necesariamente sería un juicio) para ESCLARECER DECISIONES POLÍTICAS de ACTORES POLÍTICOS (también habría que definir con antelación quiénes dentro y fuera del gobierno tienen la calidad de “actor político”) TOMADAS EN AÑOS PASADOS (tendría que incluir obligadamente el “esclarecer” las propias “decisiones políticas” de los “actores políticos” del actual gobierno hasta el 31 de diciembre del 2020.

¿Se debe consultar al electorado para cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, que por cierto es la única obligación jurada por el Ejecutivo al tomar posesión del cargo? Por qué la Ley no se aplica de una vez si se tienen elementos y pruebas para ello?.

¿En verdad, tiene sentido que la ciudadanía siga este juego perverso de manipulación?

¿Es necesario ejercer una prerrogativa ciudadana protegida por la Constitución para un fin tan vano siendo que la autoridad tiene la obligación también constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley sin que se requiera consulta alguna para ello?

¿Para qué?

¿Para quién?

En fin, todo esto no es más que una muestra de que nos encontramos de nuevo ante la ambigüedad, la abstracción y mal uso de los términos y lo que es peor, ante otro acto de simulación que nos hace ver cuán caro sale el populismo autocrático neo cesarista al despilfarrar tantos recursos, tiempo, trabajo y acción institucional.

Un comentario sobre “¿Votar o no en la encuesta del 1° de agosto?: He ahí el dilema…

  1. ES triste ver al destripado por partes, y saber que es un rompecabezas en el que ninguna pieza encaja con otra. Más gasto, más division, más entretenimiento y menos resultados públicos, solo privados.

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