Salud Pública: Derecho Humano y Garantía Constitucional

SALUD PÚBLICA: DERECHO HUMANO Y GARANTÍA CONSTITUCIONAL

Por José Ramón González Chávez

A mi primo hermano Ramon Augusto Gonzalez Romero, Odontologo Servidor público, que ayer en Villahermosa, Tabasco, se sumó a los mas de 2500 que fora(ba)n parte del personal de salud publica (no se si solo esten contando a los médicos) que ahora ha muerto por SARSCOV2 por tener que trabajar siendo de alto riesgo por diversos factores, el mas importante de los cuales es la pésima gestión de la pandemia. Descansa ya, primo…

22 de enero del 2021…

Desde que la pandemia COVID19 fue decretada oficialmente en marzo del 2020, se ha dicho en incontables ocasiones y de manera oficial por parte del presidente y las autoridades sanitarias, principalmente de su vocero Hugo Lopez Gatell, que su control y contención debe hacerse simple y sencillamente con la práctica de ciertas medidas profilácticas de cuidado personal, es decir:

  • uso de cubrebocas,
  • lavado de manos, y
  • sana distancia.

Pero sin restarle importancia a estas medidas es muy importante para toda la población distinguir entre la salud personal y la salud pública, cosas que, por supuesto tienen vinculación, pero son muy diferentes una de la otra.

Qué es un servicio público:

En términos generales de derecho administrativo, un servicio público se define como aquella actividad de los distintos órganos del poder público del Estado que se realiza de forma regular, continua y permanente, ya sea de manera directa por las mismas instituciones o indirecta a través de terceros, para garantizar de acuerdo con lo previsto en la ley el ejercicio de un derecho y/o la atención eficiente de una necesidad de la sociedad.

Principios del Servicio Público:

  1. Rectoría del Estado. Su prestación debe ser regulada, supervisada y evaluada por el órgano u órganos del poder público encargado(s) del tema.
  2. Prestación de Bienes y Servicios de interés público y beneficio social.
  3. Disposición de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos adecuados para su prestación regular constante y permanente.
  4. Mejora Continua en la cobertura y calidad de los bienes y servicios asociados, para mantenerlo siempre en condiciones óptimas de prestación y acorde a las necesidades y requerimientos sociales.

Tipos de Servicio Público.

POR SU IMPORTANCIA
Esenciales. Los que son prioritarios para la vida y el bienestar de la población, precisamente como la salud, la seguridad, la educación, la estabilidad económica, el agua, muy relacionados con los derechos humanos; y  Secundarios o complementarios. Por exclusión serían los que no entran en la descripción anterior.  
POR SU TEMPORALIDAD
Permanentes Como los esenciales ya mencionados más el agua, la energía eléctrica, el transporte públicoCoyunturales Como los que se prestan en el caso de una contingencia o emergencia, derivados de catástrofes naturales, entre otros factores.

POR EL SECTOR PRODUCTIVO QUE ATIENDAN
Industriales  Comerciales  De Servicios  
POR SU ALCANCE TERRITORIAL
MunicipalRegionalNacionalInternacional  

De acuerdo con esta clasificación, la Salud como servicio público es esencial, permanente, de servicios y nacional, y en el caso de la pandemia por su naturaleza también internacional.

Algo importante de subrayar es que la naturaleza pública de un servicio no se determina porque la institución o instituciones que deben prestarlo son públicas, privadas o incluso sociales, como los sindicatos, cooperativas, etc., sino porque cumple con los requisitos y características ya mencionados.

Concepto y elementos de la Salud como servicio público:

La salud pública es el conjunto de responsabilidades del poder público del Estado, con participación de la sociedad, tendientes garantizar mediante normas, políticas, infraestructura, recursos, programas y acciones sanitarias de carácter sectorial y transversal, el derecho universal a la salud, a fin de prevenir enfermedades y proteger, promover y lograr la recuperación de la salud de las personas en lo individual y colectivo dentro del territorio nacional.

Funciones esenciales de la salud pública:

  1. Diagnóstico, evaluación, análisis y seguimiento de la situación de la salud en el país (federación entidades federativas, municipios);
  2. Vigilancia, que implica conocimiento, control de riesgos y daños en la salud pública.
  3. Educación y promoción de la salud en la sociedad en sus distintos sectores, estratos, grupos de edad.
  4. Participación de la población en la prevención, mantenimiento y mejoramiento de la salud;
  5. Desarrollo de políticas, programas y acciones, así como capacidad institucional de planificación, y gestión pública en materia de salud;
  6. Fortalecimiento de la capacidad institucional de regulación, y fiscalización en materia de salud pública;
  7. Evaluación y promoción del acceso equitativo a los servicios de salud necesarios;
  8. Generación y desarrollo de recursos humanos formados en salud pública.
  9. Garantía y mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y la calidad de los servicios de salud, individuales y colectivos.
  10. Investigación en salud pública.
  11. Reducción del impacto de las emergencias y desastres en materia de salud.

Como se puede ver de este listado de elementos que conforman la salud pública, solo el punto 4 se refiere a la participación de la sociedad mediante el cuidado personal, es decir, constituye solamente uno de los muchos elementos de la salud pública que, en su conjunto –repito-, como garantía constitucional, es responsabilidad del poder público del Estado.

La salud como derecho y garantía:

De lo expuesto hasta aquí, tenemos que constitucionalmente la salud es a la vez:

1) Un derecho universal, es decir, inherente a todo ser humano, consagrado primero en la declaración universal de los derechos humanos de 1948 de la ONU, instrumento internacional vinculante para México que 35 años después, en 1983, se incluyó en la Const. Pol. de los EE UU MM en su artículo 4° y en 2011 con la reforma al sistema constitucional mexicano entró al catálogo de derechos fundamentales, esto es, de derechos humanos contemplados por la Constitución;

2) Pero también es una obligación del poder público del Estado, cuyos órganos y autoridades tienen a su cargo el respeto, atención promoción y garantía de tal derecho fundamental para convertirlo en actos concretos, tal como lo dispone el artículo 1° de la propia Carta Magna.

Evolución:

Todavía al término de la Revolución Mexicana, la salud pública no se consideraba un servicio público, sino una actividad humanitaria, de beneficencia, de caridad. En caso de conflictos armados, catástrofes naturales, epidemias, o atención a la salud de la comunidad, la atención de los pacientes era brindada por voluntarias y voluntarios, de carácter civil o religioso.

De hecho, por este motivo antes de que la salud en México se elevara a rango de derecho constitucional en 1983, la institución encargada del tema se llamaba Secretaría de Salubridad y Asistencia (SSA) cuando se cambió su denominación a Secretaría de Salud, para dejar sentado que ya no es una actividad privada sino que ahora encargada a organismos capaces de garantizar este derecho fundamental mediante normas, políticas públicas, programas y acciones concretas en la materia y coordinar la actividad de otros que intervienen o participan en dicho sector.

Situación Actual.

Desde entonces, se empezó a construir el andamiaje de lo que hasta hoy se denomina “sistema nacional de salud” un sistema multiinstitucional, especializado y complejo, cuya inversión pública se colocaba hasta diciembre de 2018 arriba de la media internacional de acuerdo a los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), pero que desde el inicio de la actual administración se ha visto gravemente disminuido, y agravado por la emergencia sanitaria y la sorprendente decisión de anular la necesaria atención de otras enfermedades graves, entre las que se encuentran las que requieren vacunación permanente como las que están en la cartilla de vacunación (polio, difteria, sarampión, viruela, etc.), más otras contagiosas como el dengue chicungunya, paludismo, etc. y las  crónico degenerativas como cáncer, diabetes, hipertensión, cardiovasculares, solo por mencionar un ejemplo.

Otra cosa importante es que de enero de 2019 a la fecha no se ha llevado a cabo la evaluación de la salud pública que es una obligación internacional, además de haberse cancelado el Seguro Popular cuyos resultados están documentados, sin tenerse una propuesta alternativa que lo sustituyera. El Instituto para la Saludo y el Bienestar (INSABI) se creó más de año y medio después de la extinción por decreto del primero y hasta el momento se desconoce cómo se estructura como se ha insertado o qué papel juega en el sistema nacional de salud, sus principios, fines, metas, etc.

Esta situación que ha estado presente desde enero de 2019, se ha agravado por la pandemia, la que por desgracia no ha sido atendida ni combatida con eficiencia, lo que se demuestra con evidente la falta de medicamentos, cierre de hospitales, falta de camas y todo lo que debe estar alrededor de ellas, áreas de terapia intensiva, respiradores, equipo para el personal médico (México es el país con más número de personal médico muerto por el virus SARSCOV2), despido masivo de personal del sector salud, la desaparición de facto del Consejo de Salubridad General organismo en el que por fuerza debe apoyarse la toma de decisiones en la materia, todo lo cual se ha traducido en las cifras record a nivel mundial de contagiados y muertos según incluso cifras oficiales, sin tener en cuenta, repito, el aumento de incidencias de enfermos y muertes por los demás padecimientos que ahora ya no se atienden.

El período 2019-2020 se ha convertido en el lapso con mayor índice de enfermedades y muertes (incluyendo SARSCOV2) en la historia de México después de la Revolución Mexicana.

La respuesta del gobierno federal ha sido por demás simplista:

  • Echarle la culpa al pasado, las cifras de morbilidad y mortalidad, así como de infraestructura, atención y servicios dedicados a la salud de 2008 a 2018 y su comparativo 2019-2020 son más que evidentes de como se ha dado en lo que va de este gobierno la desatención a la salud de los mexicanos;
  • El decremento a partir del 2019 del presupuesto de salud en general que va de 75 a 90%; lo cual parece realmente suicida;
  • El endoso de la responsabilidad de la cabeza del sector, sin presupuesto ni recursos adicionales a los gobiernos de las entidades federativas para la atención y contención de la pandemia, es más, reduciéndolos, como lo ha denunciado la denominada “alianza federalista”;
  • El haber descargado la responsabilidad de la atención y contención de la pandemia a la población mediante el mero cuidado personal, pretendiendo argumentar que estamos como estamos porque todos somos o viejos, o gordos, o consumidores compulsivos de comida chatarra, o alcohol, o tabaco, o hipertensos y que por nuestra culpa el problema se agrava y que por lo tanto la solución está en los auto cuidados;
  • En relación con lo anterior, hacer a un lado, repito, la obligación del ejecutivo federal como cabeza de sector, para atender y combatir todo lo que afecta la salud como servicio público –incluyendo la pandemia-, y en su lugar convertirse en vocero del sector como simple “gritón de lotería” de las cifras diarias de contagiados y muertos, como si ahí acabara su responsabilidad, cifrando la esperanza de la reversión del problema en “la vacuna” (son varias de varios países y productores), que ni han comprado;
  • El error de pretender convertir la vacuna en panacea y asumiendo también erróneamente que se cuenta con los recursos humanos, financieros, materiales y de logística para aplicarla a 127 millones de mexicanos (por dos dosis, o sea 254 millones), y con eso como varita mágica desaparecer de un golpe la situación tan grave en que nos encontramos como país, sin saber hasta la fecha cuánto costarán (se dice que en promedio cuestan de 100 a 200 pesos por dosis), con qué se van a pagar (el secretario de hacienda acaba de decir en otras palaras que no hay con qué cubrir los montos), cómo se recibirán, transportarán y distribuirán y cómo se van a almacenar en los lugares de destino (no hay cadena de frio para mantenerlas hasta el destino final a 70 grados centígrados bajo cero), quién y cómo se van a aplicar, cuánto tiempo se van a tardar en que el mexicano 127 millones esté vacunado (mientras seguirá habiendo más contagiados y muertos) entre otros “pequeños detalles”.

Es ahí donde en relación con la Salud como servicio público se encuentra una gran falsedad: la salud y la protección personales y la salud pública como política de Estado, como asunto de Seguridad Nacional, son a todas luces distintas; la primera es parte de la segunda, cada una con sus obligaciones y sus responsables de cumplirlas. Endosar la responsabilidad gubernamental como garante de la salud pública a la población –que, repito, no tiene a su cargo más que su salud personal para protección de sí y los demás, que no es menor pero deme considerarse en su justa dimensión- es ingenuo cuando no perverso, pero independientemente de ello inútil, pues como podemos constatar si no hay directriz de la cabeza de sector para asumir esta responsabilidad –como sí está sucediendo en otros países- el asunto lejos de resolverse puede agravarse con serias consecuencias para el futuro nacional.

Importancia de los Órganos Constitucionales Autónomos en el Estado Democrático de Derecho

IMPORTANCIA DE LOS ÓRGANOS CONTITUCIONALES AUTÓNOMOS EN EL ESTADO DEMOCRÁTICO DE DERECHO

Por José Ramón González Chávez

En todo sistema constitucional, la ciencia y el arte de la Administración Pública dada la creciente complejidad del quehacer público, tiende a la construcción de gobiernos respetuosos y garantes de los derechos fundamentales, innovadores y al servicio de la sociedad.

Es así que los organismos constitucionales autónomos (OCA) nacen a nivel mundial al término de la segunda guerra mundial, aunque en México aparecen casi medio siglo después, a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, como parte de la Reforma del Estado de Derecho y su tránsito hacia el Estado Constitucional, en respuesta a la desconfianza en el presidencialismo a ultranza y al autoritarismo gubernamental.

Como afirma Norberto Bobbio, la separación de poderes y la asignación de competencias a los órganos autónomos permite un control recíproco que tiende al control del ejercicio del poder público, esto con la finalidad de evitar la concentración del poder que históricamente se convirtió en terribles violaciones a los derechos humanos y graves abusos de autoridad.

Como su nombre lo indica, los OCA son en cualquier país entidades que surgen por disposición constitucional y por la naturaleza de sus atribuciones, vinculadas principalmente a garantizar derechos fundamentales o tareas esenciales del Estado, no pueden ni deben adscribirse a ninguno de los poderes constituidos.

Lo anterior implica que su regulación, objetivos, metas y actividad trascienden los gobiernos y los gobernantes en turno, puesto que el ejercicio de los derechos fundamentales y su garantía son per se de carácter permanente y apartidista.

Los OCAs son órganos de equilibrio jurídico y político del sistema constitucional del Estado que en general enriquecen y hacen evolucionar el principio “división de poderes” hacia la “coordinación entre órganos o ramas del poder público”, haciéndolo más democrático, perfeccionando el principio de “checks and balances” (controles y equilibrios). Lejos de constituir un lastre para el gobierno, lo ayudan a legitimar técnicamente y profesionalizar sus decisiones y evitan que sea juez y parte al separar de éste ciertas actividades fundamentales para el Estado y la sociedad.

Si bien existen diferentes puntos de vista respecto de sus características, me parece que sí existen rasgos generales que los distinguen:

  • Ser creados por disposición constitucional;
  • No estar adscritos ni subordinados a otro órgano o rama del poder público;
  • Sus actos y resoluciones no dependen de factores partidistas ni coyunturales, pero pueden ser sujetos de revisión por las instancias judiciales;
  • Contar con independencia y autonomía financiera y funcional respecto de los órganos o ramas del poder público: Ejecutiva, Legislativa o Judicial;
  • Atender asuntos primordiales y específicos del Estado Constitucional que redunden beneficio para la sociedad en cuanto a la protección, promoción y garantía de sus derechos fundamentales y tareas prioritarias del Estado;
  • Realizar sus actividades con estricto apego al a legalidad;
  • Tomar sus decisiones de manera imparcial y objetiva, basándose para ello en criterios técnicos y profesionales especializados;
  • Nombrar y remover a sus funcionarios de forma independiente

La importancia de los OCAs radica justamente en la supervisión institucional del ejercicio y garantía de los derechos fundamentales y de ciertas actividades prioritarias del Estado en las que el gobierno en turno, sus ideologías, estilos de ejercer la autoridad, etc. no pueden ni deben convertirse en juez y parte, contribuyendo de tal suerte al sostenimiento y fortalecimiento del sistema constitucional, principalmente en cuanto al siempre necesario pero frágil equilibrio entre derechos fundamentales y ejercicio del poder público.

Entre los principales OCA están:

  • El Banco de México (BdeM);
  • La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE);
  • La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH);
  • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL);
  • La Fiscalía General de la República (FGR);
  • El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT);
  • El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI);
  • El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); y
  • El Instituto Nacional Electoral (INE); más
  • Los tribunales de lo Contencioso Administrativo;
  • Las Universidades Autónomas;

Estos organismos que en nuestro país ha costado mucho dinero, tiempo y esfuerzo construir, constituyen verdaderas conquistas del Estado Democrático Constitucional y garantizan su estabilidad. Al paso del tiempo, se han ido perfeccionando, actualizando, corrigiendo sus defectos lagunas, etc., lo que es producto de la necesaria evaluación permanente y mejora continua, tareas que por su naturaleza son de carácter permanente, pues siempre tendrán que irse ajustando a los requerimientos y expectativas presentes y futuros de la sociedad.

Uno de los grandes temas que desde hace tiempo están presentes en algunos OCAs es lo referente al deterioro gradual de su independencia y autonomía por la creciente incidencia de la partidocracia que ha suplantado en algunos casos, por ejemplo, la designación y remoción interna de sus titulares por el principio de “cuotas” partidarias, politizando sus decisiones e incluso condicionándolas bajo la amenaza permanente de la reducción presupuestal.

También está pendiente en muchos casos la construcción de un marco de normas y procedimientos para su rendición de cuentas y fiscalización, lo que dará transparencia a su funcionamiento y mayor legitimidad a sus decisiones.

Otro punto estrechamente ligado al anterior, es el de la carencia de información al público en general respecto de su razón de ser e importancia; sus principios, objetivos y prioridades; programas, acciones y resultados; sus retos y expectativas. Esta puede ser una de sus grandes debilidades ante la amenaza de una eventual desaparición o su estrangulamiento por falta de presupuesto bajo las falsas premisas de que “se gasta mucho en ellos” (Pemex pierde en una semana más dinero que el presupuesto de todos los OCAS en un año) y “solo son instrumentos del régimen neoliberal” (cuando organismos como el INE, la CNDH y el INAI han sido producto de las luchas de institutos políticos y activistas de izquierda al menos desde mediados de la década de 1970), pues la gente no sabe a ciencia cierta qué hacen muchos de ellos y por ende, los poco o nada informados podrían de forma simple, llana y peligrosa, respaldar una decisión que pudiera terminar con ellos o disminuirlos drásticamente por falta de recursos, lo que implicaría un grave retroceso en materia de política y gobierno.

Sin duda, hay cosas que pueden mejorarse de estos organismos, incluso algunos de ellos podrían fusionarse o incluso restructurarse, pero de ahí a hacer tabla rasa para demolerlos y tirar a la basura lo logrado en más de tres décadas de contribución al fortalecimiento de nuestro sistema constitucional, es otra cosa…

Aumento al Salario Mínimo: Entre Luces y Sombras

Por Jose Ramon Gonzalez Chavez

La noche del pasado miércoles 16 de diciembre, AMLO anunció en su conferencia matutina que habrá un aumento de 15% en el salario mínimo, decisión que previamente ya había tomado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (CoNaSaMi) con el voto a favor de los representantes del gobierno y trabajadores y el voto en contra de todas las organizaciones empresariales que proponían aumentarlo en 10%, de tal manera que pasará de 123.22 a 141.70 pesos diarios, mientras que en la zona especial de la frontera norte crecería de 185.56 pesos a 213.39 pesos al día.

El costo de ese incremento recaería en su totalidad las empresas, y en realidad será de 11.4%, tomando en cuenta que la estimación de la inflación el próximo año será de 3.6%, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), aunque equivale a 4.12 veces la inflación estimada para el cierre de 2020, de acuerdo con especialistas de la misma institución.

En su declaración el presidente dijo que el salario mínimo en México ha sufrido por 30 años los embates de los gobiernos neoliberales y que “es uno de los peores del mundo”, por lo que parafraseando un fragmento de la misa católica afirmó que el aumento “es justo y necesario”. Esta afirmación es falsa o en todo caso una verdad a medias, pues si bien es una buena expectativa mejorar en el ranking, tal como se pudo apreciar con toda claridad en la tabla que él mismo mostró, el país se encuentra en la media mundial, además de que prácticamente no hay trabajador formal en el país que gane esa cantidad.

En seguimiento a esta declaratoria, la novel servidora pública y actual Secretaria del Trabajo Ma Luisa Alcalde afirmó que “el aumento al salario mínimo no impacta en el aumento de inflación, tal como se ha demostrado en los aumentos de 2018 (16%) y 2019 (20%)”. Lo que no tiene en cuenta la Secretaria es que para tener mejores salarios hay que tener una mejor economía. En los dos años anteriores (2018-2019) en México no se tenía el escenario económico y laboral tan adverso como el que se tiene en la actualidad.

1. Solo en este año, 11 millones de trabajadores formales e informales han perdido sus empleos y más de un millón de empresas micro, pequeñas y medianas han quebrado. Respecto de este último punto, recordemos que:

  • Las Microempresas (10 trabajadores o menos) a) son más del 95% del total de las empresas del país, b) generan el 45.6% del empleo, y c) contribuyen con 15% del valor agregado de la economía.;
  • Las empresas pequeñas (de 11 a 30 trabajadores) son más del 3% del total de las empresas del país, b) generan el 15% del empleo, y c) contribuyen con 14% del valor agregado de la economía; y
  • Las empresas medianas (31 a 100 trabajadores) son casi 1% del total de las empresas del país, b) generan el 17% del empleo, y c) contribuyen con 22% del valor agregado de la economía. Lo anterior quiere decir que, en total, las MiPyMEs aportan:
  • Casi 99% del total de las empresas;
  • más del 77% del empleo formal; y
  • el 51% del PIB,

Por ende, este tipo de empresas serían las más afectadas por esta decisión, pues son las que más contratan a personal con salario cercano al mínimo.

2. En adición, el PIB se derrumbó a menos 9.8% y la inversión se desaceleró drásticamente incluyendo fuga de capitales y empresas completas se fueron del país.

3. ¿En qué mundo vivirá la Secretaria del trabajo cuando afirma que este gobierno aspira a estar entre las primeras 20 economías del mundo cuando este año México cayó tres lugares en la clasificación mundial de competitividad colocándose en el lugar 53 de 63 países por el declive de su desempeño económico? Y eso que las estimaciones tienen un año de retraso, es decir, aun no contemplan la debacle económica de este año que termina.

4. La premisa de que el salario mínimo a nivel mundial tiene el lugar 82 (pero el lugar 53 de 63 en el ranking de competitividad) es una verdad a medias pues prácticamente ningún trabajador formal en México gana el mínimo señalado en la ley.

¿Qué poder adquisitivo y capacidad de consumo va a fomentar el aumento del salario mínimo si la gente no tiene empleo o lo ha perdido o se lo han bajado con el pretexto de la pandemia?

Las empresas micro, pequeñas y medianas que aún sobreviven:

  • ¿Cómo van a soportar el aumento si tampoco tienen ingresos, no solo por la disminución de la demanda por falta de empleo e ingresos, sino también por la contingencia de salud que les obliga a cerrar o disminuir su actividad y además desde el gobierno se pide a la población no salir de sus casas?
  • Para compensar el incremento, ¿estas empresas tendrán que despedir a algunos empleados? incrementar sus precios?

Al respecto, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) sostiene que el gobierno federal ha ignorado las propuestas presentadas por el sector privado y la sociedad civil, entre ellas, las medidas para apoyar a las familias mexicanas ante el tan adverso contexto actual”.

Sobre el incremento al salario mínimo, el líder de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, dijo que:

  •  Es irracional, sin gradualidad ni lógica. Se trata de una decisión unilateral, sin consenso;
  • Se transfiere toda la carga del aumento a las empresas, sin ningún compromiso de parte del gobierno federal;
  • Sería viable siempre y cuando el gobierno contribuyera también con la aplicación de un subsidio de 7.39 pesos diarios por trabajador, incluida una aportación extraordinaria por COVID, y por su parte, el sector privado aportaría 7.4% de aumento al salario mínimo, más el 4% de inflación, con lo que se llegaría a 142.25 pesos diarios, una cantidad incluso mayor a la que ya fue decidida, lo que implicaría un esfuerzo tripartito, prudente y acorde a la realidad y sin duda, ayudaría a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores que mantengan sus empleos, a la vez que evitaría para el 2021 tanto el cierre de más de 700 mil empresas como la supresión de puestos de trabajo, a lo cual el gobierno federal no está de acuerdo.

“Exigimos prudencia y altura de miras. No se debe sucumbir ante ánimos populistas contrarios a la realidad económica. El resultado podría ser la pérdida de más empleos” señaló.

En consonancia con esta postura, el representante del Consejo Coordinador Empresarial (CEE) afirmó que el aumento que se pretende perjudicará fuertemente a las micro, pequeñas y medianas empresas, haciendo inviable la sobrevivencia de muchas de ellas.

En fin, es mas que evidente el beneficio que puede conllevar el que un trabajador aumente su ingreso, pero no menos lo es que para que no acabe siendo contraproducente en términos de despidos y cierre de empresas, en atención a lo dispuesto en la Constitucion de la República, el incremento debería llevarse a cabo de acuerdo a las condiciones económicas del país en un momento tan atípico como el que vivimos y con la participación conjunta y el consenso de gobierno, trabajadores y patrones.

Reformas a la Ley del Banco de México: Autonomía y Estabilidad en Riesgo.

Reformas a la Ley del Banco de México: Autonomía y Estabilidad en Riesgo

Jose Ramon Gonzalez Chavez

El pasado miércoles 9 de diciembre, el senado, en su calidad de cámara de origen, aprobó una iniciativa para reformar el artículo 20 y 34 y adicionar los artículos 20 Bis y 20 Ter de la Ley del Banco de México, con la que, al contrario de lo esgrimido por los legisladores que la aprobaron en primera instancia, desde el punto de vista de especialistas en el tema, se pretende vulnerar su autonomía, dado que para empezar la institución no fue consultada previamente en cuanto al contenido y fines de tales modificaciones.

Para entender en palabras sencillas este asunto necesitamos hacer un poco de historia y contextualizar:

– La evolución del Banco de México hacia su autonomía ha sido resultado de un esfuerzo legal y técnico que se ha llevado más de 35 años logrado formalmente el 1° de abril del 1984, en el contexto de la apertura económica requerida por el proceso globalizador y la firma del TLC.

– A partir de entonces, los ejecutivos y legislativos federales (a pesar que estos últimos no siempre se han integrado con la mayoría del partido que los postuló) han respetado esta autonomía e incluso la han ido reforzando jurídica y administrativamente de manera gradual pero constante y permanente al grado de que Banxico es considerado desde hace tiempo en uno de los bancos centrales más sólidos y reconocidos del mundo.

– La actividad de Banxico ha tenido importantes resultados: en primer lugar, ha logrado disminuir sensiblemente la inflación y mantener el poder adquisitivo del peso. Recordemos que, en 1984, durante el gobierno de Miguel de Lamadrid, cuando inició este proceso de autonomía, esta era de casi 160% anual y a diciembre de 2019 fue de solo 2.8%. En segundo, ha conseguido estabilizar el tipo de cambio del peso respecto del dólar. El valor del peso mexicano “a valor presente” se ha mantenido sin cambios en términos reales desde ese ya mencionado 1984 (al respecto checar en internet “valor actual del peso en 1984”).

– Pero estos logros no se han dado por generación espontánea, se deben a la seriedad y capacidad técnica de quienes intervienen en su actividad cotidiana, insertar a personas sin ningún perfil ni experiencia en un ramo tan especializado, hacer reformas legales y administrativas sin sustento técnico, ni económico, ni jurídico, tendría consecuencias fatales para la institucional y para el país.

– La Actividad del Banco de México es transexenal. Su planeación y programación no dependen de los vaivenes del sexenio en turno. Por eso es que, entre otras cosas, ha logrado su estabilidad y fortaleza institucional. Sus reservas no son ahorros del gobierno, respaldan el dinero en circulación, por lo que usarlas para financiar el gasto público y la deuda atentaría contra ese respaldo. Además, las reservas internacionales forman parte de la balanza de pagos y usarlas para gastar conllevaría el riesgo de inflación y devaluación que ya sufrió México antes de 1984.

– La constitución establece en su art 73 f. VIII pfo. 1° que no se podrá otorgar crédito primario, lo que no es otra cosa que el Banco de México no podrá convertirse en el mecanismo de financiamiento del déficit del gobierno, en particular para comprar la deuda de Pemex y CFE.

– La Ley del Banco de México en su artículo 20 -que es el que se pretende modificar-dice a la letra:

Para efectos de esta Ley, el término divisas comprende: billetes y monedas metálicas extranjeros, depósitos bancarios, títulos de crédito y toda clase de documentos de crédito, sobre el exterior y denominados en moneda extranjera, así como, en general, los medios internacionales de pago.

Las divisas susceptibles de formar parte de la reserva son únicamente:

  1. Los billetes y monedas metálicas extranjeros;
  2. Los depósitos, títulos, valores y demás obligaciones pagaderos fuera del territorio nacional, considerados de primer orden en los mercados internacionales, denominados en moneda extranjera y a cargo de gobiernos de países distintos de México, de organismos financieros internacionales o de entidades del exterior, siempre que sean exigibles a plazo no mayor de seis meses o de amplia liquidez;
  3. Los créditos a cargo de bancos centrales, exigibles a plazo no mayor de seis meses, cuyo servicio esté al corriente, y
  4. Los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional.

La modificación al artículo 20 de la Ley del banco de México prevé que las divisas susceptibles de formar parte de las reservas internacionales del Banco de México sean:

“los billetes y monedas metálicas extranjeros”, y que se pueda además “adicionar todo el efectivo que no pueda ser repatriado a su país de origen”;

es decir, todo el efectivo que no esté contemplado en alguno de los parámetros establecidos por los contratos de corresponsalía entre Banco de México y los Bancos Centrales de otros países.

Con todo ello –dice la iniciativa-:

“se pretende generar un entorno más adecuado para la administración de los dólares en efectivo para que las familias mexicanas, los comercios, los fondos destinados a los programas sociales, de salud y de protección a las víctimas, entre otros, resulten beneficiados en el intercambio de divisas”.

Además de:

… “favorecer la recepción de dólares en efectivo en comercios ubicados en zonas turísticas y la zona fronteriza, con el fin de generar empleos y ganancias para la población de dichas áreas”…

Por su parte, la reforma al artículo 34 pretende establecer que las divisas sean vendidas directamente al Banco de México; en otras palabras, obliga al Banco central a comprar a los bancos el efectivo extranjero, lo cual provocará afectaciones y riesgos pues esta captación de dólares en efectivo por el Banco de México no podría ser parte de las reservas internacionales al no poder ser de liquidación inmediata, como sí lo son las transferencias electrónicas, además de que no tendría manera de saber si es legal o no la procedencia de estas divisas.

Adicionalmente, la iniciativa contempla que las dependencias y entidades de la administración pública federal que no tengan carácter de intermediarios financieros, así como la Fiscalía General de la República (FGR), mantengan sus divisas y realicen operaciones con estas sujetándose a normas, orientaciones y políticas que el Banxico tendrá que establecer, lo cual también es innecesario, pues en la actualidad ya existen mecanismos legales y administrativos que permiten que esto pueda hacerse sin problemas.

Con esto, Banxico estaría obligado a absorber los dólares en efectivo que circulen provenientes del turismo, las remesas y el excedente de los bancos que repatrian a sus corresponsales en el exterior, así como otros que pudieran ser de procedencia ilícita.

Alejandro Díaz de León, titular ejecutivo del Banxico, ha señalado que esta reforma que se pretende imponer viola y vulnera la autonomía de la institución, puesto que captar divisas extranjeras de particulares y verificar su legalidad no está en sus atribuciones, actividad que ya realiza históricamente, con normalidad y sujeto a normativa vigente la banca de primer piso o comercial, más aun, sería motivo de sanción a la institución por parte de organismos internacionales pues un banco central no puede hacer eso con la posibilidad de congelamiento de cuentas y activos y de la propia reserva internacional.

Los migrantes desde hace décadas, nunca traen dólares en efectivo a México, sobre todo por los robos y extorsiones de que son objeto cuando regresan de visita al país. De hecho, de los cerca de 40mil millones de dólares que implican las remesas en 2019-2020, 99% de ellas llegan a sus familias por medio de transferencias electrónicas, o sea que el 1% (400 millones de USD) en poco o prácticamente nada beneficia a ese importante sector, ni tampoco abona a la captación de divisas del Banco de México, ni a la regulación del tipo de cambio, pero sí podría prestarse para que cualquier persona, incluso el crimen organizado, pueda lavar sus dólares con toda impunidad y más aun con autorización del gobierno.

Las reservas del Banco de México que se han ido fortaleciendo con el tiempo, son de la institución, no del ejecutivo federal; pretender por parte del ejecutivo hacer uso de ellas para cubrir su gasto corriente y sus “programas sociales” y seguir tirando al inodoro el patrimonio federal es un despropósito de alto riesgo para el país.

Pero el senador Ricardo Monreal presidente en turno de la Cámara Alta dice en defensa de la iniciativa que:

– “Los que podrían tener afectaciones con las modificaciones a la legislación del Banco de México son los grandes Bancos extranjeros que tienen corresponsalías en sus países de origen con lo que hacen un gran negocio al repatriar las divisas que obtiene en efectivo en México”.

– “La ley que falta a mi parecer es la que nos diga hasta dónde llega la autonomía del Banco de México y que la Banca central se comprometa al desarrollo económico del país; también que los funcionarios de esta institución no sean parte de la oposición al Gobierno de la Cuarta Transformación.

– La Banca central mexicana no ha apoyado con recursos para salir de la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de Covid-19 y tal parece que parte de las funciones de los altos jefes del Banco, es criticar las acciones de la actual administración federal abonando al escepticismo de la población sobre todo de la gente de ingresos medios y altos sobre el presente y futuro económico de México.

La iniciativa, aprobada por el senado en un inédito tiempo récord de 40 minutos (!!!) desde que se le dio entrada al pleno para su discusión y aprobación, pasó a la Cámara de Diputados federal en su carácter de “Cámara revisora” para que ahí, con la opinión de la Asociación Mexicana de Bancos se analice, discuta y en su caso apruebe, aunque eso tendrá que suceder en el próximo periodo ordinario de sesiones que empieza el 1° de febrero y termina el 30 de abril del 2021 ya que el actual termina el próximo 15 de diciembre.

Ya sabemos cómo es la práctica oficiosa del “mayoriteo” en ambas Cámaras, sobre todo la de Diputados, así que de seguro será también aprobada en esa instancia, con el grave riesgo que va a implicar para Banxico, México y los mexicanos, esta decisión autocrática producto de la soberbia, la ignorancia y al autoritarismo.

La “Eliminación del Fuero al Presidente” a la luz del análisis constitucional.

Por Jose Ramon Gonzalez Chávez.

El pasado jueves 24 de noviembre el senado aprobó por la votación de 63 senadores a favor y 39 en contra una iniciativa que reforma dos artículos constitucionales que desde la silla presidencial y los legisladores federales del Morena y actores del propio movimiento se pretende hacer ver como que “anula el fuero presidencial”.

Al margen de los boletines oficiales, desde la perspectiva jurídica, es importante aclarar en qué consiste la iniciativa y cuál es el estado que guarda en términos de proceso constitucional.

1. La iniciativa por fin fue subida a pleno después de casi tres años (1° de febrero de 2018) de tenerla en la congeladora legislativa por razones de “timming político”, argumentando bloqueo de parte del grupo opositor. Consideraron que no tendría tanto impacto hacerlo antes y prefirieron esperarse al inicio del proceso electoral.

2. Falso que el senado aprobó la iniciativa que enviaron los diputados. De hecho, la  rechazó de facto tal como venía, pues incluía a la vez reformas que tienen que ver con el ejecutivo federal y con las Cámaras de Senadores y Diputados, y para no regresarla a la cámara de origen, optó por hacerle cambios al contenido y separar las reformas que inciden en el ejecutivo y las que impactan en el legislativo.

Para el primer caso -el ejecutivo federal-, los artículos 108 y 111 solo fueron adicionados con un par de párrafos para incluir como causales de enjuiciamiento al presidente los delitos electorales (el proyecto de los diputados Nahle y Caballero no incluían este punto) y la corrupción.

Esto quiere decir que:

A) La Constitución de 1917 en su artículo 108 párrafo segundo ya preveía desde la constitución de 1824 que el Presidente pudiera ser enjuiciado, y a partir de la constitución de 1857 ha existido la posibilidad de que esto suceda por traición a la patria y delitos graves del orden común.

B) Lo único que sucedió es que además ahora podrá ser sujeto de proceso judicial por estas dos “nuevas” causales (la constitucion de 1857 ya las preveía también). Al respecto cabe mencionar por ,un lado, que la “reforma” mantiene la oscuridad en lo que ya postulaba el artículo 108 en el caso de “traición a la patria”, en la constitucion no se señala y en la legislación secundaria es inexistente, con la excepción del código penal federal, que en su art. 123 hace un listado de los supuestos en los que se presentaría ese delito, pero todas están relacionadas con invasión y guerra contra otro país, siendo que hay otras conductas de naturaleza no militar que pueden ser calificadas así y no se contemplan, primero por “disciplina política” y luego por falta de definición constitucional de los conceptos “traición” y “patria”, siendo que hay otros textos constitucionales como el de Ecuador, que incluye como delitos por los que puede juzgarse al presidente los relativos a la seguridad del Estado, concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, genocidio, tortura, desaparición forzada, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia, cumpliendo con lo dispuesto en el “Estatuto de Roma” de la Corte Penal Internacional, instrumento internacional que por cierto fue ratificado por México en 2005, todo lo cual en esta “reforma” fue pasado por alto.

C) En el mismo sentido, en esta modificación que se pretende tampoco se precisó cuáles de los delitos comunes son “graves”. Si bien el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal en su art. 268 (que solo podría ser aplicable en esa entidad, bien en otra por analogía y ponderación judicial) menciona que en esa entidad son los que tienen penalidad promedio mayor a 5 años, esa no es una referencia que pudiera generalizarse pues las legislaciones locales por su naturaleza conciben la “gravedad” de los delitos comunes de diferente forma de acuerdo a sus propias circunstancias.

D) Además, se sigue omitiendo lo relativo a los delitos federales, siendo que estos podrían tener aun mayor grado de gravedad.

E) En cuanto a los delitos electorales, si bien estos se encuentran definidos en las leyes penales y de la materia, la “reforma” no precisa tampoco cuáles de estos podría cometer el presidente y ser sujetos a acusación y juicio.

F) La reforma aprobada por el Senado añade una nueva causal: “corrupción” concepto que pese a lo obvio que parece a primera vista, es abstracto, ambiguo e ideológico, políticamente manipulable y por lo mismo poco útil en términos de proceso penal, pues para empezar el delito de corrupción no existe en la legislación mexicana y para continuar no se precisa qué es y que comprende para efectos jurídicos y judiciales ni en la Constitución, ni en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, ni en ninguna de sus leyes secundarias.

Acusar de un delito y llevar a juicio a un jefe de Estado y de gobierno es una cosa seria, y eso debería llevar al legislador a la mayor precisión jurídica respecto de las conductas que podrían dar lugar a una acusación y enjuiciamiento de ese tipo.

Por ello, además de la definición jurídica del término “corrupción”, la reforma debió aclarar qué delitos comprende esta denominación, de manera enunciativa que no limitativa, por ejemplo: tráfico de influencias, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, el uso político de la seguridad, la salud, el empleo, los programas sociales.

4) Desde hace varios sexenios, el artículo 109 constitucional ya también dispone que serán juzgados mediante juicio político sancionados los servidores públicos que incurran en responsabilidades por perjuicios y daños al interés público, indicando que serán sancionados por delitos según las leyes penales al igual que por responsabilidades administrativas y que cualquier ciudadano podrá hacer la denuncia respectiva ante la Cámara de Diputados Federal, excepto en el caso del Presidente de la República, que según el artículo 111 deberá hacerse ante la Cámara de Senadores, lo cual es a todas luces inconstitucional porque con ello el Senado adopta indebidamente atribuciones del Ministerio Público. En su lugar, como instancia determinadora solo debería declarar la procedencia, permitiendo entonces el inicio de las actuaciones penales y administrativas del caso concreto (vale indicar que para demandas de tipo civil no se necesita declaración de procedencia, tampoco si el servidor público comete un delito mientras está separado de su encargo).

De todo lo anterior, tenemos que la denominada “reforma que elimina el fuero presidencial” acaba siendo una simulación más, pues además de que aún no está aprobada pues para que eso suceda se necesita del voto del 50% más uno de los legisladores de al menos 17 (también mitad más uno) entidades federativas:

a) no elimina el fuero, simplemente porque no lo puede eliminar, ya que como sucede en cualquier país, el presidente y ciertos servidores públicos deben tenerlo por razones de su encargo, ejercerlo conforme a lo previsto en la ley y en caso de abusar de él o usarlo indebidamente, ser sancionados, lo que sigue sin suceder que es ahí donde está realmente el problema;

b) solo amplía las causales de enjuiciamiento para el presidente añadiendo una de muy alta ambigüedad como la “corrupción”;

c) mantiene sin definición ni precisión conceptos abstractos y hasta subjetivos como “la traición a la patria” y ahora “corrupción”;

d) omite la precisión de los delitos graves del orden común y los federales por los que se podría enjuiciar al presidente; y al final de cuentas

e) mantiene la impunidad en caso de que el presidente pudiera cometer actos ilícitos, antijurídicos y culpables, pues políticamente en el caso como el actual donde las dos cámaras están integradas mayoritariamente por legisladores del partido en el gobierno, simplemente ni siquiera sería recibida la demanda.

Importancia de los Fideicomisos Públicos para el Desarrollo Nacional

IMPORTANCIA DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO NACIONAL

Por José Ramón González Chávez

De acuerdo al Derecho Administrativo y la teoría de la Administración Pública, hay dos formas de organización administrativa: 1) La administración centralizada, integrada por secretarias y departamentos de Estado y 2) La administración paraestatal, que se compone de organismos descentralizados, empresas de participación estatal, sociedades nacionales de crédito y organizaciones auxiliares, instituciones nacionales de seguros y fideicomisos públicos.

Al analizar estos últimos, ante todo debemos tener en cuenta qué son para qué sirven cómo funcionan, para saber si son necesarios, útiles o no para el ejercicio del gobierno y si se deben desaparecer o mantenerse.

Etimológicamente, la palabra fideicomiso proviene de las voces latinas fides que significa fe, confianza, y comissium, que significa encargar la realización de algo a alguien y puede haberlos de carácter privado, públicos o de participación mixta.

En el caso de los segundos, técnicamente el fideicomiso público es un contrato, por el que un organismo gubernamental, a quien se denomina fideicomitente, y que según la legislación de la materia es en exclusiva la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), constituye un patrimonio autónomo con bienes y recursos de los que es titular para dedicarlos a un fin lícito, claro y específico, siempre de interés público, que llevará a cabo un organismo especializado en la materia respectiva llamado fideicomisario, asumiendo la titularidad del patrimonio fideicomitido y siendo responsable la administración de dichos bienes y fines una sociedad nacional de crédito llamada fiduciario.

En México y en el mundo, los fideicomisos públicos se han creado para fomentar el desarrollo económico, social y cultural, la investigación y diversas actividades de carácter educativo, académico, artístico y de salud pública; otorgar becas y formación de capital humano entre las más importantes, dando concreción y seguimiento a programas públicos.

Su administración y gestión implican la necesidad de un constante y permanente monitoreo en cuanto al cumplimiento de sus fines y el beneficio esperado.

Al respecto, existen con claridad dos posiciones encontradas de las que a continuación presentamos los argumentos más relevantes:

Por una parte, los diputados morenistas que obviamente votaron a favor de la iniciativa presidencial (aunque hubo algunos que no lo hicieron así), basaron su decisión en las siguientes “premisas”:

  1. Todos los fideicomisos son organismos incapaces de cumplir sus fines debido a la corrupción; generalización que mete a todos en el mismo saco, sin haberse realizado una sola auditoría, ni haberse presentado una sola prueba al respecto.
  2. La desaparición de los fideicomisos no implica el retiro del apoyo a las actividades que cada uno de ellos realizaba, se reasignaran directamente a los organismos y fines que tenía cada uno;
  3. Contradictoriamente con esta declaración, el propio congreso señaló que el presupuesto que actualmente se gasta en los fideicomisos (68 mil millones de pesos) se usará para comprar vacunas anti COVID, lo que es falso, pues por ley esos recursos deben permanecer sin movimiento ni destino en la SHCP y según lo manifestado por autoridades de esa Dependencia se aplicarán al pago de compromisos del ejecutivo en otros temas, pero que independientemente de ello va a destinar 1,659 millones de dólares (más de 35 mil 600 millones de pesos) para el pago las vacunas anti COVID (y los otros 33 mil millones?).

Por otra parte, hay una gran cantidad de organizaciones y actores políticos que se han manifestado en contra de la extinción a tabla rasa de los fideicomisos públicos, con los siguientes argumentos:

  1. No se puede meter a todos los fideicomisos en el mismo saco; antes de extinguirlos, debería hacerse una auditoria a cada uno de ellos y en caso de encontrar irregularidades, ineficiencias y/o corrupción, hacer las denuncias correspondientes con sus respectivas pruebas ante la FGR;
  2. No existe ni plan ni estrategia para la redistribución de los más de 68 mil millones de pesos a cada organismo o cada fin para los que fueron creados los fideicomisos que se pretende desaparecer; al contrario, hay una gran oscuridad y opacidad sobre el destino de esos recursos. Se corre el riesgo de perder la independencia de los programas y proyectos pues ahora tendrán que negociarse cada año con el ejecutivo y los legisladores que podrán asignar el presupuesto de acuerdo a sus intereses personales o de grupo.
  3. Es falso que esos recursos se vayan a destinar a comprar vacunas anti COVID, pues por ley esos recursos deben permanecer sin movimiento ni destino en la Tesorería de la Federación y según lo manifestado por autoridades de la SHCP se aplicarán al pago de compromisos del ejecutivo en otros temas, aunque respecto de la COVID dijo que va a destinar 1,659 millones de dólares (más de 35 mil 600 millones de pesos) para el pago las vacunas. Pero las cuentas no cuadran: ¿y los otros 33 mil millones? en la exposición de motivos del decreto que modifica 19 leyes y abroga 2 para eliminar esos 109 fideicomisos, se dice que también podrán destinarse a “programas sociales del bienestar” pero nadie sabe cuáles son, ni a qué dependencias se otorgarían, ni en qué montos. Además, ese dinero no se sabe si quedaría en el presupuesto de 2020 o del 2021. Hay quien afirma que lo van a ocupar para seguir financiando los tres proyectos emblemáticos del gobierno actual.

Un buen ejemplo de ello es el caso de los 68 fideicomisos públicos de los 109 a desaparecer (es decir dos terceras partes del total) que tienen como fin fomentar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico, con los que se financiaba casi la totalidad de su operación y que en un alto porcentaje reciben recursos internacionales, no solo del gobierno. Hasta el momento los organismos del sector desconocen cómo continuarán sus trabajos, con qué presupuesto, cómo tendrán acceso ahora a los recursos, etc., lo cual sumado al 75% de reducción de su presupuesto desde 2019, generará sin dudas graves problemas en términos de eficiencia y eficacia institucional, si se tiene en cuenta por ejemplo investigaciones y actividades de mediano y largo plazo que no se pueden detener o que de hacerlo se provocaría un retroceso de años o incluso décadas como en el caso de la biotecnología, la investigación médica, el medio ambiente, entre otros.

Otro ejemplo es en materia de protección civil: la desaparición del FONDEN es realmente de alto riesgo, pues por su propia naturaleza, muchos eventos catastróficos son imprevisibles, pero al mismo tiempo hay la certeza de que ocurrirán periódicamente, como huracanes, terremotos, inundaciones, sequías, etc. Si la atención a dichas emergencias dependiera exclusivamente de los fondos asignados en el presupuesto anual, y dependieran de la asignación discrecional del podría darse el caso de que el presupuesto anual se consumiera en un cierto rubro especialmente importante para el gobierno (la política energética), y que, ante un sismo de 8 grados, no hubiera suficientes recursos disponibles para auxiliar a la población o a las autoridades locales. Esta es justamente la razón de ser de ese fideicomiso público llamado FONDEN: asegurarse de que, con independencia de las necesidades en el corto plazo, siempre haya dinero disponible para enfrentar catástrofes naturales.

En fin, sin perjuicio de lo planteado por estas dos posiciones es más que evidente que si bien hay fideicomisos que deberían ajustarse a sus fines de forma transparente y eficiente o incluso extinguirse, la desaparición por la generalización que por desgracia se está aplicando de aquellos que han demostrado su utilidad y eficiencia va a causar no de inmediato, pero tampoco en un tiempo muy lejano, grandes daños al desarrollo nacional, a la administración pública y a la ejecución de actividades que por su naturaleza no pueden ni deben depender de los designios individuales del gobernante en turno más aun cuando muchos de sus proyectos están más allá de las ideologías y trascienden los sexenios.

La iniciativa de “Reforma” al sistema de pensiones o el maquillista del paciente en terapia intensiva

INICIATIVA DE “REFORMA” AL SISTEMA DE PENSIONES

O EL MAQUILLISTA DEL PACIENTE EN TERAPIA INTENSIVA.

Por José Ramón González Chávez

El pasado viernes el Ejecutivo Federal envió al Congreso una iniciativa que desde su personal punto de vista implica o autodenomina una “Reforma” al sistema de pensiones, que jurídicamente no es más que una modificación casi cosmética pues solo habla del Sistema de Ahorro para el Retiro, dejando a un lado los aspectos de fondo que debería contener una verdadera reforma en la materia. Me explico:

En la actualidad hay dos sistemas para el retiro:

  1. El sistema antiguo, cuya última reforma se dio en 1973, denominado “Sistema de Reparto” o de “Beneficio Definido, donde había una gran bolsa (fondo de pensiones y de ahí mediante una fórmula según edad, tiempo de servicios nivel salarial entre otras cosas se determinaba cuánto se iba a recibir de pensión; y
  2. El “nuevo” sistema, establecido el 1° de julio 1997, denominado “de Contribución Definida”, que no establece beneficios y tiene que ver con el rendimiento que ese ahorro va a dejar en 1,250 semanas (= a + 25 años de cotización ininterrumpida).

La iniciativa que se ha denominado “Reforma al Sistema de Pensiones” no es tal, pues solo se refiere al SAR respecto de reducir la aportación de los trabajadores de .92% a .5%, que si es que llega a rendir frutos lo hará en 15 o 20 años pero que no se discutió con el sector patronal, a pesar de que afecta gravemente el fondeo del sistema pensionario.

También incluye algunas modificaciones a la Ley del IMSS correlativas a esa misma modificación del SAR, pero pasa por alto los verdaderos problemas del Sistema de Pensiones y que implican la necesidad de reformarlo en serio y a fondo, como las siguientes:

  • Para empezar, tenemos que recordar que la seguridad social implica además del salario, un conjunto de prestaciones que son médicas (preventivas, de tratamiento permanente, curativas), económicas (préstamos personales, hipotecarios) y sociales (servicios culturales, turísticos, educativos)
  • En el primer caso (prestaciones médicas) hay que tener en cuenta dos factores estrechamente relacionados: el aumento de la expectativa de vida y el envejecimiento demográfico. Las personas viven más años, por lo que cada vez hay más adultos mayores.
  • El aumento de la incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas, muchas de ellas vinculadas a los adultos mayores (65 años) y su costo e impacto en el presupuesto dedicado al tema de pensiones.
  • La capacidad y el potencial para poder desempeñar un empleo es también mayor, lo que debería impactar en la eventual ampliación del tiempo de servicios (actualmente 1250 semanas o sea 25 años aprox.), lo que además compensaría la disminución de la oferta laboral por:
  • La disminución de la tasa de la natalidad. La gente tiene cada vez menos hijos y eso impacta en la cada vez menor oferta laboral y es la planta laboral la que precisamente con sus aportaciones sostiene el sistema de pensiones.

En cuanto a la segunda variable (prestaciones económicas), el sistema pensionario padece por décadas inamovilidad de los porcentajes de cotización y el tiempo de servicios, ni por parte de los trabajadores ni de los patrones, aunque sí una carga adicional para el ejecutivo federal, que incluyó en su proyecto de presupuesto para el 2021 un incremento del 12 a 13% en el capítulo de aportaciones pensionarias, tendencia que además ya se avisó que continuará en los años subsecuentes.

  • La necesidad de actualización de la ley del IMSS (cuya última reforma importante data de hace casi medio siglo), la del ISSSTE y la del ISSSFAM, que son las tres entidades federales de seguridad social en México, más las respectivas de sus similares en los estados.
  • La necesidad de incluir en el paquete que integraría una verdadera reforma al sistema un paquete de prestaciones médicas, económicas y sociales como proclaman las leyes de seguridad social mexicanas.

En este momento, el sistema que presenta un alto riesgo es el más antiguo (Sistema de Reparto, que es el problema central, pues ya se volvió inviable, porque al día de hoy más de 6 millones de trabajadores sujetos al régimen del IMSS (no se cuentan los que están en el ISSSTE o sus similares en los estados) son prospectos de jubilación y a pesar de que el gobierno asumió este adeudo como pasivo laboral, no hay con que pagarles, más los que se seguirán acumulando bajo dicho régimen en al menos unos 20 o 25 años más.

Pero todos estos aspectos la iniciativa presentada y que está subiendo a tribuna hoy en la cámara de diputados, ni de pasadita los toca.

La Educación Pública: Una Tragedia Nacional Más?

LA EDUCACIÓN PÚBLICA ¿UNA TRAGEDIA NACIONAL MAS?

Por José Ramón González Chávez

Estamos a unos días de que oficialmente comience el ciclo escolar 2020-2021 y para la sociedad en general como para quienes trabajamos en el ámbito académico existen más preguntas que respuestas.

Permítanme que por esta ocasión me limite a mostrar los datos más relevantes de las declaraciones oficiales vertidas hasta el momento sobre el tema y que sobre ellos solo apostille algunos comentarios que motiven a la reflexión y al comentario “ARGUMENTADO” que espero recibir de ustedes, sobre todo de quienes estén estudiando o trabajen en el sector:

  • El presidente López anunció en su conferencia matutina habitual del lunes 3 de agosto pasado que el ciclo escolar 2020-2021 arrancará de acuerdo al plan educativo (¿alguien lo conoce?) el próximo lunes 24 “de manera virtual” (que el plan no es “a distancia”?) y con toda formalidad. No es lo mismo ni se planifica y estructura igual un plan de educación a distancia, que uno en línea o uno virtual:
  • El primero, no requiere de internet, puede usar materiales físicos y darse por TV, Radio o incluso por correspondencia;
  • El segundo, implica interacción de maestro y alumnos en vivo, con internet y computadora que cuente con micrófono y cámara donde las sesiones pueden grabarse para consulta posterior;
  • El tercero, requiere por fuerza de computadora y conexión a internet para entrar a una “plataforma” gracias a la cual el alumno accede sin un tiempo fijo a materiales subidos por el profesor que no requiere dar clase en vivo, plantea dudas, participa en foros, entrega trabajos en ciertos plazos y es evaluado.
  • El presidente dijo también que “no es un curso de emergencia y transitorio, ni significa que por ser virtual (no que “en línea”?) no tenga validez oficial o sea aburrido” (sic).
  • El ejecutivo señaló, que para impartirlo, en un contexto “histórico e inédito” (y las telesecundarias? y la red EDUSAT de la SEP creada en 1994 que cuenta con una docena de canales de TV?) se logró un “acuerdo” con cuatro de las televisoras nacionales más importantes: TV Azteca (por supuesto, canal 7.3), Televisa (¿no que “televisa te idiotiza”? canal 5.2), Grupo Imagen (no que Ciro “fifi, chayotero, neoliberal, adversario”, etc.? canal 3.2.) y Multimedios (canal 6.3).
  • Les pidió a los niños y a las niñas “portarse bien”, ser puntuales prepararse con su banquita, y mesita para seguir aprendiendo” (sic). A quienes no les pidió lo mismo fue a los maestros de la Coordinadora CNTE (¿con Elba Esther Gordillo Detrás?) que siguen plantados en el zócalo rechazando el “plan” oficial y afirmando que manejarán sus propios cursos con fotocopias y estaciones de radio comunitaria. En el mismo sentido se han manifestado organizaciones sindicales como la CETEG (Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero) que apenas ayer llamó a “desobedecer el plan de la SEP de dar clases por TV por no existir condiciones para ello” y que en su lugar pondrá en marcha el que denominó “Proyecto Guerrerense Altamiranista”.
  • Acto seguido, en el mismo evento, el Secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma (Secretario General del CEN del PRI en la época de Carlos Salinas tras la muerte de Colosio; secretario de Gobernación y de Desarrollo social durante el período del también priísta Ernesto Zedillo; coordinador de Campaña del también priísta candidato presidencial Francisco Labastida y miembro de Grupo Salinas Pliego y fundación azteca, quien había dicho que las clases empezarían el 1° de julio), mencionó que no es posible iniciar clases de forma presencial por el asunto de la pandemia, por lo que el “convenio” (el presidente dijo que se trataba de un “acuerdo”?, jurídicamente hay marcadas diferencias) con las televisoras mencionadas para transmitir en 6 canales (el presidente solo informó de 4) las 24 horas del día (¿quién tomará clases a las 3 de la mañana y de qué grados?. Como parte del contexto hay que señalar que, a un mes de la suspensión de cursos, el 26 de abril, el Secretario de Educación Pública dijo que el ciclo escolar 2019-2020 se reanudaría por la televisión pública, lo que “olvidó” ahora en su nuevo discurso, mencionando solo a las emisoras privadas.
  • Luego, uno de los dueños de televisoras corrigió al Secretario mencionando que el horario sería de las 8 a las 19 horas y que quienes no tengan Televisión digital (70% de las familias mexicanas no la tienen) en su caso habrá transmisiones en 36 emisoras de radio (no dijo cuales estaciones son ni tampoco si suscribieron el “acuerdo” o “convenio” y en tal caso en qué horarios se harían las transmisión ni cuál sería la programación), televisoras públicas y culturales (tampoco dijo cuáles ni en qué términos) y cuadernos gratuitos (¿alguien los ha visto? ¿Habrá querido decir “libros de texto gratuito” o se tratará de otra cosa?), de tal manera que 30 millones de estudiantes (le dieron el dato de la población menor de 18 años en México lo cual es erróneo pues no todos van a la escuela) de 16 grados escolares puedan tomar clases (yo sumo doce: 6 de primaria, 3 de secundaria y 3 de preparatoria. ¿Cuáles serán los 4 restantes? ¿Se tratará de los 3 de vocacional puesto que tienen programas educativos distintos a los de la preparatoria? de todos modos en la suma faltaría uno. Además, el sindicato de maestros ¿aceptará este tipo de trabajo de sus agremiados en horas que no son laborables?). De tal manera –mencionó- (y a pesar de que el presidente las ha desacreditado sistemáticamente durante 18 años) las televisoras privadas se vuelven “aliadas de la educación”.

Concluyó mencionando que el 25 de marzo pasado por la pandemia se afectó a 250,000 (luego se dijo que 300 mil) establecimientos educativos de nivel básico (¿estará hablando de primaria y secundaria?), 18,000 de medio superior (¿se le olvidó que la preparatoria también es parte de la educación básica o el ejecutivo federal se está desentendiendo de ellos?), 4,000 de nivel superior y 1,200,000 maestros (a las universidades públicas se les recortó 75% de su presupuesto  desde 2019 ¿cómo harán para adaptarse a las nuevas modalidades de educación? Además que un alto porcentaje de alumnos no cuenta con computadora ni internet).

  • Alfonso Zepeda Salas líder del Sindicato de Maestros (SNTE) (no confundir con los de la CNTE, esos están plantados en el zócalo y movilizados a nivel estatal) dijo que los maestros están listos para iniciar el ciclo escolar “con los medios de que se disponga”. (¿Tendrá idea de cuáles son esos medios? ¿de cómo van a trabajar con los alumnos después de las emisiones de TV y radio si no hay clases en aula? ¿de qué clases van a dar si se ha dicho que quienes van a impartir los cursos son “expertos”, no maestros sindicalizados?).

Sin embargo, luego el líder del SNTE apuntó que es necesario “cerrar la brecha digital y reanudar el suministro de computadoras a escuelas y a maestros” (¿pues no que era “virtual” o “a distancia” o en línea?; sabrá las diferencias entre los tres? ¿está reconociendo que los maestros no tienen con que iniciar el ciclo en este nuevo programa? ¿para qué quiere computadoras para planteles y maestros, si los planteles van a estar cerrados y las clases las darán “expertos” y  si son “expertos” en sus materias, lo serán también en didáctica para enseñar ante grupo a alumnos de distintos niveles educativos por TV y Radio? Siendo que quienes realmente las necesitan son el 70% de los alumnos que no cuentan con una, no tienen acceso a medios digitales como TV digital, internet y al menos un millón de ellos ni siquiera tienen electricidad en sus casas?).

  • Marcos Bucio Mújica Subsecretario de educación básica (político de larga tradición priísta: diputado federal por ese partido en la LVII Legslatura; secretario de Francisco Labastida, funcionario de alto nivel en los gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderon y Peña; Director General de Talleres Gráficos de la Nación cuando Esteban Moctezuma era Secretario de Gobernación; pero sin experiencia en administración académica y/o escolar) dijo que “estamos realizando un diagnóstico (¿Cómo?, si las clases empiezan en 15 días?) para determinar la ubicación geográfica, grado escolar y matricula de los alumnos (!!!) que pasen de la escuela privada a la pública (se presupone que más de un millón de alumnos que ya no podrán ir a la escuela por falta de dinero para las colegiaturas y que solo en este año 12 millones de personas, la mayoría de ellos padres de familia, se han quedado sin empleo) puedan inscribirse” y que “no hay problema porque muchas escuelas cuentan con capacidad para atender a los nuevos alumnos (pues no que era “virtual” o “a distancia” o “en línea”?). Al respecto el Secretario Moctezuma precisó que no habrá apoyos para padres que tienen adeudos de colegiaturas con las escuelas privadas. Reconoció que hay escuelas que aún no han iniciado inscripciones y que para ellas el periodo comenzará el 6 de agosto y hasta el 11 de septiembre (¿tres semanas después de iniciados los cursos?).
  • También el Secretario Moctezuma mencionó que los exámenes de admisión en educación media superior han comenzado “en algunas entidades federativas” ¿cuáles? ¿Cuántas faltan?) pero que la fecha limite será al 28 de agosto (¿otra vez, examen de admisión ya que inició el ciclo escolar?).
  • Maria teresa Meléndez Irigoyen directora general de desarrollo curricular de la SEP dijo antier que se impartirán nuevas materias como “Vida Saludable” y “Educación cívica y ética”, pero que aún no hay programas ni libros (sic), pero que las impartirán “expertos” (o sea que los maestros sindicalizados no impartirán esas materias?). Tampoco dijo en qué niveles se impartirán esas materias y cuáles son sus respectivos programas. De igual forma olvido mencionar como le van a hacer para capacitar a los maestros y padres de familia en esos y los demás temas.

Pues bien, después de todo este gran despliegue retórico, y todo el spaghetti declarativo preparado con buenos deseos, datos cruzados y cifras alegres, aquí van algunos datos duros de fuentes 100% oficiales como INEGI, CONEVAL, entre otros:

  • México es el 11° país más poblado del mundo (+127 millones de habitantes);
  • En el país viven más de 32.5 millones de familias, lo que equivale a 4.1 personas por familia, es decir, más de 2 hijos por familia
  • La población menor de 18 años es de más de 30 millones de los cuales 54% viven en pobreza y de esos más de 4 de cada 10 están en pobreza extrema;
  • Solo 33% de los mexicanos (42 millones) tiene una computadora, y eso es un promedio pues hay quien tiene más de una (pc, en su casa y en su trabajo, laptop, tablet) y de esos no todos, solo 8 de cada 10 tienen internet
  • Más de 500 mil viviendas en México no tienen electricidad, lo que implica a más de un millón de escolares según el promedio de integrantes mencionado;
  • Solo 14.3 millones de familias tienen al menos una TV digital, esto quiere decir que 33% o una tercera parte de las familias mexicanas no cuenta con una (¿qué pasará si la familia tiene solo una TV y/o una computadora y varios hijos en edad escolar en distintos niveles educativos?).

Algunos apuntamientos finales (solo menciono diez):

  1. A nadie nos conviene confundir la esfera privada con la pública. Una cosa es lo que puede y debe hacerse a nivel personal y familiar en la educación de los menores, pero otra muy diferente es la educación pública, que es responsabilidad del ejecutivo federal por ser rector en el tema, y por los mismo está obligado a elaborar y operar políticas, programas y ACCIONES CONCRETAS en la materia y DAR RESULTADOS TANGIBLES, que incidan POSITIVAMENTE en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, lo primero que hizo el presidente López al sentarse en la silla fue desmantelar y eliminar la reforma educativa, que preveía en su segunda etapa la renovación de los planes de estudio de primaria, secundaria y preparatoria y para ello incorporaba tecnologías de información y comunicación, así como concretar el derecho constitucional al acceso generalizado a la banda ancha, previendo como una opción utilizar la infraestructura de la Comisión Federal de electricidad lo cual sería de gran beneficio y rentabilidad teniendo en cuenta que 99% de los mexicanos tiene electricidad en su casa.
  2. Derivado de las declaraciones oficiales de las autoridades del sector educativo (presidente, Secretario, Sindicato) es la evidente confusión de los términos “educación a distancia, en línea y virtual”, cada una con sus diferencias y peculiaridades que involucran tecnologías, equipamiento y recursos de distinta naturaleza.
  3. La participación de los “nuevos aliados” del ejecutivo federal para la impartición del nuevo ciclo escolar ¿participarán “de a gratis”? ¿qué costo -en dinero o en especie- se prevé en las cláusulas del “convenio” (o en los términos del “acuerdo” se desconoce de que tipo de instrumento se trata) con las televisoras por la programación 11 horas diarias durante todo el ciclo escolar?).
  4. Nada se ha dicho de la capacitación a maestros, padres de familia y alumnos para trabajar el ciclo escolar 2020-2021 con el nuevo “plan”. No se sabe cuándo comenzará ni quiénes ni cómo producirán y distribuirán los manuales y demás materiales que se requieren para ello.
  5. ¿Los padres que trabajan como le harán para apoyar que sus hijos tomen clases en TV o radio en su ausencia?
  6. ¿Los maestros cómo le harán para complementar lo visto en clase, supervisar sus tareas y trabajos y evaluarlos?
  7. Qué equipamiento necesita tener cada alumno en lo particular y el 100% de alumnos en general de todos los niveles educativos? ¿Cuántos cuentan con ella?
  8. Las escuelas privadas ¿cómo se integrarán al “plan”?
  9. ¿Quién y cómo se modificaron los planes de estudio y libros de texto para poner en operación la versión a distancia?
  10. Donde están los nuevos libros de texto, manuales para maestros, alumnos y padres de familia requeridos para poder operar el supuesto nuevo modelo educativo en el actual ciclo escolar? Si existieran, como se van a distribuir esos libros y manuales para hacérselos llegar a todos los alumnos (+ 15 millones de alumnos) maestros y padres?

Ante la inminencia del ciclo escolar, la incertidumbre sigue creciendo y las dudas y preguntas sobre la eficiencia y la eficacia de un “plan” que no se conoce y que en su caso conllevaría nuevo modelo educativo que aún no existe, la educación pública se encuentra en el alto riesgo de convertirse en un fracaso más del régimen actual, junto con la economía, el empleo, la seguridad y la salud, la modernización energética, la cultura, la ciencia y la tecnología, todos ellos temas cruciales del desarrollo nacional y el bienestar de los mexicanos.

Constitución, Democracia y Tolerancia en el México actual

CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y TOLERANCIA EN EL MEXICO ACTUAL

Por José Ramón González Chávez

El avance de la ciencia en general y particularmente de las ciencias sociales, ha puesto en evidencia que no existen verdades únicas, ni absolutas; que nadie puede tener patente sobre la concepción de la realidad, al contrario, hay más que nunca presenciamos que lo que podemos llamar Verdad, solo es posible construirla a partir de la suma de todas las verdades posibles, siempre que nos sujetemos todos a las mismas reglas y procedimientos.

Esto en la práctica política y social aplica totalmente. Como sabemos, el disenso es un presupuesto de la democracia; si todos pensáramos igual, no la necesitaríamos, de ahí que la tolerancia sea uno de los valores democráticos y de ética social fundamentales y uno de los pilares que sostienen todo Estado Constitucional.

Sin embargo, cuando hablamos de tolerancia no debemos hacerlo en el sentido de tener que “sobrellevar, aguantar o sufrir al otro”, con lo que nos pondríamos cerca de una especie de sacrificio al estilo religioso, sino más bien entenderla como una actitud que nos permita reconocer y aceptar al otro, escucharlo para comprenderlo, contrastar sus ideas con las nuestras a fin de diluir las diferencias y encontrar puntos de acuerdo en lo fundamental respecto a lo que nos concierne a todos y así estar en posibilidad de construir un proyecto colectivo factible.

De ahí que la tolerancia sea un presupuesto de todo régimen democrático que ofrece exponer en un marco de civilidad, diversidad de opiniones, preferencias, visiones y proyectos sujetos a ser confrontados mediante el diálogo, a fin de diluir las controversias y encontrar puntos de acuerdo en lo fundamental. Al final de cuentas eso significa la palabra política, la verdadera política: lo que atañe a la polis, lo que nos incumbe a todos los ciudadanos, aquello en lo que podemos estar de acuerdo haciendo a un lado los matices propios de nuestras diferencias personales o de grupo.

Es en este contexto que hay que considerar, las manifestaciones que miles de ciudadanos, desde sus autos, se llevaron a cabo el sábado y domingo pasados (30 y 31 de mayo del 2020) en 77 ciudades del país de 21 entidades federativas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos bajo las siguientes premisas:

1. La Libertad de expresión y por consecuencia el Derecho a la libre manifestación de las ideas, son derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 6° párrafo segundo, apartado B), fracciones IV y V) , y como tales son de carácter universal, inalienables, independientes de la política o la economía; más aún, son prerrogativas ciudadanas, es decir, una combinación de derecho ciudadano y obligación de índole ética política.

2. De ahí que el poder público, sus ramas y órganos en los distintos órdenes de gobierno, tal como consagra también nuestra Carta Magna (art. 1°), tiene la obligación de respetarlos, promoverlos, defenderlos y ante todo, garantizarlos. En tal sentido denostar, discriminar, minimizar mediáticamente y sobre todo no escuchar sus planteamientos y estrategias sería característico de regímenes autoritarios y fundamentalistas, impropio de estados constitucionales como el nuestro.

3. A lo largo de la historia del mundo occidental, al menos desde la época de la ilustración a nuestros días –los ejemplos sobran en el mundo y en México-, los primeros en protestar por las condiciones políticas, económicas y sociales han sido los pequeños propietarios, los comerciantes, los intelectuales. A ese sector de la ciudadanía Marx y Lennin le llamaron “la vanguardia revolucionaria”, de hecho Marx y Engels estaban en ese sector de la población.

4. Denostar o pretender minimizar de forma intolerante las manifestaciones del fin de semana pasado con el falso argumento de que se trató de “puro fifi dueños de coches de lujo” refleja en quienes así se han expresado un padecimiento de ceguera política, pues A) suponiendo que así hubiese sido –que no lo fue, hay una buena cantidad de fotos y videos que así lo muestran- en cualquier sociedad que se jacte de ser democrática todos los ciudadanos tienen iguales derechos, obligaciones y prerrogativas y en ese sentido gozan del pleno derecho de manifestar sus ideas preferencias y planteamientos, a lo que B) quienes no estuvieren de acuerdo tienen primero la obligación de escuchar y comprender con tolerancia sus argumentos, y luego el derecho de replicar, debatir y argumentar exponiendo su versión, pero nunca de anular esa posibilidad al otro, o considerarlo como adversario, o peor aún, como enemigo, lo cual sería a todas luces antidemocrático.

5. Considerar a quienes marcharon y sobre todo a quienes ellos representan como una minoría insignificante, es otra aflicción de oftalmología política, pues bajo el supuesto expresado por los detractores de las “manifestaciones sobre ruedas” de hace unos días, hay que recordar que no hay trabajadores ni obreros sin empresas. Lo que se denomina la micro, pequeña y mediana industria representa el 90% de los empleos formales a nivel nacional y el 85% del total de quienes pagan impuestos, de donde se financian entre otras cosas, los distintos proyectos y programas gubernamentales.

6. Estas manifestaciones se realizaron en 77 ciudades de las más grandes del país, lo cual, a diferencia también de lo que han opinado sus detractores, está lejos de ser un “asunto menor” por lo que ni siquiera vale la pena ocuparse de ello. Eso tiene sin duda muchas lecturas y una de ellas habla de la capacidad de convocatoria y organización de ese grupo, lo que debería verse con mayor acuciosidad, dado que como lo afirmó dicho grupo por distintas fuentes, es solo el primero de una serie de actos que se llevarán a cabo de aquí en adelante.

7. Otros detractores más han expresado que esa no es la vía, ni el modo, y que para eso están las elecciones. En este caso, ellos también sufren del mal de amnesia política y social, pues han olvidado que este es uno de los medios más fuertes que empleó durante más de 18 años de campaña el ahora presidente y su grupo para llegar al gobierno. Imposible sería imaginarse que la única opción de su estrategia política para lograr el triunfo en las urnas hubiera sido dedicarse en exclusiva a participar en los procesos electorales.

Se esté de acuerdo o no con los principios y fines de quienes se manifiestan, todos los ciudadanos en un espíritu democrático volteriano tenemos la obligación de respetar y defender el derecho que tienen a hacerlo, y para el gobierno en turno la responsabilidad de escuchar para comprender e integrar.

La unidad, no la división, es la fórmula para superar nuestras debilidades y desafíos, económicos, políticos y sociales. Sumando, se multiplica y se avanza; restando, se divide y se retrocede.

La Constitución mexicana: ¿Es o no es la de 1917?

A partir de un comentario que hace unos días me hiciera un colega respecto de la vigencia o no de la Constitución de 1917 y en tal sentido, recordando un texto de don Diego Valadés que leí cuando nuestra Carta Magna cumplió 100 años[1], me surgió la idea de compartir con ustedes la siguiente reflexión. Espero sea de su interés y genere sus comentarios.

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LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA, ¿ES O NO ES LA DE 1917?

Por José Ramón González Chávez

Desde la época prehispánica, para los mexicanos la realidad es producto del vínculo inseparable entre vida y movimiento (ollin-yoliztli), y esta cualidad del ser y trascender humano es perfectamente aplicable a la realidad constitucional, pues el Derecho en general y la Constitución en particular, son productos culturales y la cultura nunca se detiene.

Como he escuchado y leído en aportes de varios juristas, la Constitucion de 1917 es a la vez momento, documento y ordenamiento. De ahí que la línea de tiempo que nos da el centenario de su promulgación, debe llevarnos a pensar al mismo tiempo en nuestra historia constitucional; en el valor del texto constitucional mismo para nuestra vida democrática y en general para la doctrina constitucional del presente; y para la génesis política y social del proyecto jurídico político que de aquí en adelante queremos y requerimos como mexicanos.

Poco reparamos en que la Constitución mexicana es la octava más antigua del orbe y de ellas, la segunda de corte republicano, solo después de la norteamericana[2]. Aunque cada una de ellas es distinta, por ejemplo, la inglesa tiene sus raíces en la edad media, la Estados Unidos de Norteamérica se funda en el siglo de las luces, otras cinco (Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos) en la filosofía y el pensamiento político de la monarquía constitucional del siglo XIX y la mexicana en el derecho y la doctrina social del siglo XX. No obstante, todas ellas persiguen a su manera y en su contexto los mismos objetivos, entre los que destacan:

  • Definir derechos fundamentales y sus garantías;
  • Establecer la estructura y organización del Estado;
  • Normar la forma y distribución de competencias y atribuciones de las ramas del poder público y ámbitos de gobierno;
  • Regular las relaciones entre gobernantes y gobernados;
  • Determinar las formas de control del ejercicio del poder público;
  • Prever los mecanismos para su reforma.

En todo caso, la constitucionalidad es un factor de cohesión eficaz, más aún en países que como el nuestro son tan heterogéneos en cuanto a sus elementos de integración nacional, tales como las etnias, las lenguas, las culturas, tradiciones, usos y costumbres, los climas, las orografías y hasta las religiones.

Sin duda, toda Constitución lleva en sí misma la huella genética de su respectivo pueblo. Su forma y fondo obedecen a un patrón propio de circunstancias de carácter histórico, jurídico, político, económico, social, cultural. Sin embargo, al menos en el caso de las constituciones de los ocho países que hemos mencionado, tienen en común que han surgido de procesos de independencia o revolucionarios, han sentado las bases para el perfeccionamiento del marco de derechos y libertades, así como de sus sistemas electorales, administrativos y jurisdiccionales y con ello, han podido avanzar en la consolidación de su democracia.

Cualquier Constitucion que pretendiera perpetuarse inalterada, soñando con un régimen inalterable, está condenada a su extinción. Las sociedades abiertas no se pueden regir mediante regulaciones cerradas con precisión suficiente para dar certeza y seguridad, pero con amplitud suficiente para permitir el ejercicio de la libertad. En México, en cumplimiento al inexorable principio de Vida y Movimiento, el rostro constitucional se transforma siempre con el tiempo y la circunstancia.

En 1916-17 el proyecto original de modificar la Carta Magna de 1857 presentado por Venustiano Carranza al congreso constituyente de Querétaro, fue modificado sustancialmente al añadirse ya en el debate los derechos agrarios y laborales, además de principios como el de no reelección entre otros; ajuste mayor, natural y comprensible, pues se trataba de plasmar en la constitución restablecida las causas de las principales facciones revolucionarias. En 100 años, la Carta Fundamental mexicana ha sido objeto de 227 decretos que han modificado 697 veces 114 de sus 136 artículos.

Pero al contrario de lo que se piensa, estas reformas no han sido “parches” o pegotes a un texto ya establecido con anterioridad, ni en su gran mayoría han sido nimiedades. Para muestra, de forma meramente enunciativa, menciono las siguientes[3]:

  • Seguridad Social;
  • Voto de la mujer;
  • Igualdad Jurídica entre hombres y mujeres y género;
  • Composición fija de los legisladores de mayoría y de representación proporcional;
  • Sistema Electoral autónomo;
  • Tribunal Constitucional;
  • Derecho a la vivienda;
  • Derecho a la planificación familiar;
  • Derechos de los niños;
  • Derechos indígenas;
  • Mar patrimonial y espacio aéreo como parte del territorio del Estado;
  • Acceso a la información;
  • Derechos humanos y sus garantías;
  • Medios de control constitucional;
  • Autonomía Universitaria;
  • Derechos, estructura y organización de las telecomunicaciones;
  • Tenencia de la tierra;
  • Distribución de competencias en los distintos ámbitos de gobierno;
  • Planeación del desarrollo;
  • Nuevas relaciones estado-iglesias;
  • Cambio de régimen jurídico político del Distrito Federal
  • Principio Pro Persona
  • Control de Convencionalidad.
  • Nuevo sistema de justicia penal.

Pero vale decir que estas nuevas instituciones constitucionales, imprescindibles en la actualidad, conviven al mismo tiempo con errores o padecimientos que se vuelven cada vez más graves. Me referiré solo a los dos más importantes:

  1. Desde mi punto de vista se ha cometido el error de –si se me permite la expresión- sobre procedimentalizar los nuevos temas, que se manifiesta de manera cada vez más evidente a medida que los ejecutivos federal y locales han ido dejando de contar con la mayoría del congreso a su favor, a grado tal que en el último de los temas citados (el nuevo sistema de justicia penal) se parecía que cerca de 80% de las reformas aprobadas son de carácter procedimental, mismas que como en el caso de las demás, en condiciones normales de constitucionalidad bien podrían haberse remitido a la legislación adjetiva o “secundaria”.

Este padecimiento, por ejemplo, técnicamente provoca la necesidad de ajustes que complican el equilibrio y la vigencia del ordenamiento jurídico en su conjunto, ya que la reforma a algún precepto procesal constitucional, provoca reformas a una gran cantidad de artículos constitucionales, leyes y disposiciones, tal como sucedió recientemente, para citar solo tres casos, con el cambio de régimen de responsabilidades de los servidores públicos, la transformación del distrito federal a la ciudad de México y el nuevo sistema de justicia, que en su conjunto implicaron modificaciones que contabilizan el 14% de todos los cambios hechos a la constitucion en 100 años (!).

Utilizo las comillas al adjetivo “secundaria” de la legislación porque es precisamente esta expresión un reflejo claro no solo del positivismo jurídico del cual todavía no podemos deshacernos, sino del lugar que por lo mismo tiene el resto del ordenamiento jurídico respecto de la norma constitucional, como si la legislación derivada federal y sus respectivas locales no pudieran hacerse valer desde la actividad jurisdiccional con la misma fortaleza y contundencia que como sucede en la mayor parte de los casos en tratándose de disposiciones constitucionales, siendo que en el nuevo sistema la constitucion no está ya solo en la cúspide del ordenamiento jurídico (pirámide Kelseniana) como era en el sistema anterior, sino que ahora su esencia se encuentra en el núcleo que cada norma del sistema, independientemente de su naturaleza (constitucionalismo multinivel).

Quizá sea la razón por la que el constituyente ha pretendido dar rango de ley suprema a los aspectos procedimentales y hasta administrativos del precepto fundamental, por el miedo a que este fuera “interpretado” o ajustado a modo en la legislación ordinaria o reglamentaria por parte de los ejecutivos federal o locales en turno; pero también y a contrario sensu por el recelo del ejecutivo federal de que sus reformas constitucionales fueran “matizadas” en la legislación secundaria por un congreso de mayoría contraria.

Y tal vez por el mismo motivo, la reforma al sistema de justicia solo se circunscribió al tema penal y “se omitió” un rasgo que todas las constituciones mencionadas comparten, salvo la mexicana: la relevancia de las decisiones jurisdiccionales y de las prácticas políticas y administrativas como parte sustantiva del andamiaje constitucional, factores que permiten mantener la coherencia entre deber ser y el ser de la norma, conseguir una vigencia fresca y objetiva del ordenamiento jurídico y en consecuencia, abonar a su credibilidad y legitimidad.

De ahí que la constitucion mexicana, por la desconfianza política entre ejecutivos y legislativos federales y locales, la falta de cabildeo (práctica aun no reconocida oficialmente en el sistema político mexicano) y de negociación política (cada vez más ausente en los distintos órdenes de gobierno), sufra con acento cada vez mayor de una grave distorsión respecto de su naturaleza y características originales, lo que aunado a la sumisión relativa, o si se quiere, débil autonomía de los miembros de los órganos jurisdiccionales, ha llevado a la desconfianza social, así como a la falta de credibilidad y legitimidad de los ciudadanos respecto de las autoridades y con ello, al debilitamiento de todo el ordenamiento constitucional.

Es por ello que en el marco de la nueva constitucionalidad, la verdadera reforma al sistema de justicia en general, no solo la operada en materia penal, resulta imprescindible que las decisiones jurisdiccionales gocen de cada vez mayor independencia de la presión política del ejecutivo y legislativo en turno, lo que permitiría, conseguir la ya mencionada interacción ser–deber ser del derecho y la coexistencia norma–normalidad, esto es, la seguridad y confianza de los ciudadanos sobre sus instituciones y autoridades y por ende su adhesión espontánea a los preceptos fundamentales, actitud que debe ser característica en todo estado constitucional contemporáneo.

  • Debido a la cantidad de reformas que ha tenido y sigue teniendo a lo largo de más de 100 años, la Constitución mexicana tiene otro grave padecimiento: la creciente desorganización de sus temas y la disolución en ella de los bienes jurídicos que protege cada uno de sus artículos.

Tal vez, en aras de no alterar la Constitución en cuanto a la cantidad de sus artículos, el ejecutivo federal y el constituyente permanente en turno, han optado por que una gran cantidad de dispositivos se refieran a cada vez más y variados conceptos, que en ciertos casos ni siquiera tienen que ver unos con otros, ni con los títulos ni capítulos donde se les ha ubicado.

Hasta hace un poco más de tres décadas (recuerdo mis épocas de estudiante de derecho) era relativamente sencillo, con un poco de estudio, conocer el contenido de cada artículo constitucional y relacionar cada uno con un concepto general, por ejemplo: artículo primero universalidad de derechos y garantías; 2° no esclavitud; 3° educación, 4° igualdad jurídica, etc.

Esta claridad conceptual permitió entre otras cosas la tan amplia difusión que en su momento tuvo la obra “Mexicano: esta es tu Constitución”, de Don Emilio Rabasa, obra que en este momento implicaría un trabajo maratónico y de resultados muy relativos en términos de aportación a la cultura constitucional.

En la actualidad es extremadamente complejo determinar el contenido de cada artículo y más aún identificarlo con un concepto general.

Es por ello que resulta necesario emprender una profunda labor de reorganización y reordenamiento de contenidos, tal como ha sucedido en otros países que tienen constituciones “antiguas” como la nuestra (por ejemplo, entre las ya citadas: Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos) que sin alterar su estructura original la ponen al día y refrescan su contenido axiológico y normativo.

Así, en paralelo a esta tarea, debería contemplarse la posibilidad de fusionar preceptos, eliminar duplicidades y actualizar la redacción de apartados, a fin de hacerlos más claros y comprensibles para el grueso de la población, lo que facilitaría su eventual adecuación y les daría mayor estabilidad y permanencia, facilitaría la didáctica constitucional a todas las escalas, propiciando la construcción de una cultura constitucional renovada, capaz de ser sustentable en la práctica.

Con todos sus aciertos y sus problemas, con todas sus cualidades y desafíos, nuestra Constitución ahí está, reflejando a la vez nuestros logros, nuestras realidades y hasta nuestros sueños, como guía o referente de trazo que nos hace avanzar en nuestra ruta permanente en el andar siempre inacabado hacia nuestros valores absolutos, como la libertad, la igualdad, la democracia, la justicia.

De alguna suerte, la Constitución es la transposición del yo, el super yo y el ello Freudianos al ámbito del derecho y la política; refleja el ser, el deber ser y el tener que ser del Estado (población-territorio-poder) en un determinado momento. Es en este sentido y después de lo hasta aquí expuesto que considero que la pregunta sobre si la Constitución es o no es la que se promulgo el 5 de febrero de 1917 resulta en términos argumentativos un falso dilema: La Constitución es lo que debe ser y deberá seguir siendo para mantener y reconocer nuestros logros y conquistas, enfrentar los retos de nuestro presente y definir nuestras expectativas al porvenir y para tal fin debe tener siempre presente nuestro principio ancestral de vivir y afrontar la realidad en la eterna simbiosis entre vida y movimiento.


[1] Valadés, Diego, en “Los Grandes Temas Constitucionales”, textos introductorios a la obra de Fernández Ruiz, Jorge. “Derecho Administrativo”. Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobernación, Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2017. P. 25 y ss.

[2] En el caso de Suiza, país con 42,290 km2 (para referencia es de similar tamaño al estado de Yucatán que comprende 2% del territorio nacional) y 8.5 millones de habitantes (es decir, 1000% más que Yucatán que cuenta con 780 mil habitantes), cabe mencionar que su Constitución es “nueva” de derecho (1999), aunque antigua de hecho (1874), pues luego un siglo de vigencia sumaba de 150 reformas por lo que pensó en llevar a cabo una renovación sin sustituirla para evitar la inquietud de ciertos grupos conservadores, proceso que tardó más de 25 años y que solo logro aclarar contenidos y actualizar algunos conceptos, incorporando además algunas normas consuetudinarias.

[3] Cada una de las cuales, por cierto, podría y debería ser sujeto de amplios y profundos análisis de carácter constitucional desde el enfoque constitucional contemporáneo