La Ciencia en México: Una tragedia nacional

Hace mas de una década de esto y mantiene tanta vigencia, mayor aun pues hoy es mas grave el problema y paradójicamente desde hace año y medio la autora está ahora del otro lado del mostrador (Es Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del gobierno de la Ciudad de México). Saludos. José Ramón González Chávez

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LA CIENCIA EN MÉXICO, UNA TRAGEDIA NACIONAL: ROSAURA RUIZ

Un puntual y enérgico “ya basta” ante la discriminación a la ciencia que han hecho los gobiernos, surgió de la voz de la presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) hasta 2010, quien puntualiza la necesidad de que haya una política que nos permita como país superar problemas de rezago científico y de dependencia tecnológica.

(Extracto de un reportaje de Jorge Medina Viedas para Milenio Noticias).

El problema del virus de la influenza AH1N1 fue demasiado para las capacidades científicas nacionales. Depender de otros lleva a México a enfrentar, en condiciones de debilidad, situaciones como la de esa pandemia.

Las advertencias de los científicos mexicanos golpearon en la cara al gobierno federal, al Poder Legislativo, y en general a los políticos. Se lo dijeron de diversas formas y circunstancias. Con mucho tiempo de anticipación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, como presidente de la AMC, lo expresó en el Congreso, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y en varios foros: hay que invertir en ciencia y una de las prioridades debe ser en salud.

“México no es un país tan pobre para depender de lo que hagan otros; por falta de recursos para la investigación no pudimos hacer aquí las pruebas diagnósticas; ésta es la realidad actual: además, dependemos del extranjero para que se haga la vacuna y para los antivirales; dependemos de empresas que, además, hacen de todo ello un negocio porque no tienen interés social, sino mercantil”.

Esto es resultado de la dependencia científica y tecnológica, señaló evidentemente fastidiada, al recordar que la comunidad científica nacional (“pequeña pero muy capaz”, dijo) ha venido repitiendo la necesidad de invertir hasta 1 por ciento del producto nacional en ciencia y tecnología.

En sus oficinas de la Universidad Nacional, vestida de negro con una mascada color magenta cubriéndole parte del cuello, la doctora Ruiz habla para Campus. Su pasión: la ciencia y su papel en la sociedad, se transpira en el octavo piso de la rectoría de la UNAM. Su vocación por la evolución de las especies y del origen de la vida la convierte en una de las científicas mexicanas que mejor conoce la obra y la teoría de Darwin. Sus libros, El método en las ciencias: epistemología y darwinismo y Evolucionismo y cultura: darwinismo en Europa e Iberoamérica, elaborados con Francisco Ayala y Miguel Ángel Puig-Samper, respectivamente, junto con una serie de ensayos y conferencias sobre el tema, revelan sus inclinaciones científicas. Ha estudiado aspectos torales de la filosofía de la ciencia, y en el plano divulgatorio y de toma de posición política ha expuesto los problemas de la ciencia en México y ha elaborado propuestas que comparten la gran mayoría de sus colegas científicos. Lo ha dicho: no soy una militante política, soy una militante de la ciencia.

La ciencia es un lujo o “el presupuesto es estúpido”

Rosaura Ruiz Gutiérrez señala que la ciencia mexicana tiene problemas graves y variados. Pero uno destaca sobre los demás, el del presupuesto. No puede haber un desarrollo científico serio si no hay suficiente presupuesto. “Por lo visto, en los gobiernos, actual y anteriores, la ciencia se ha considerado como algo accesorio, algo que puede ser interesante, pero como alguna vez un funcionario del Conacyt dijo: ‘la ciencia es un lujo’; y que si México era un país pobre, no se puede dar grandes lujos”, comenta con cierta acritud la doctora Ruiz.

Se puede decir que México tiene científicos, tiene determinadas áreas con investigaciones de frontera, etc., pero nunca se ha visto a la ciencia como un factor de desarrollo del país, comienza diciendo. La ciencia requiere apoyo porque tiene que haber ciencia. El problema que ha tenido México es que no se ha visto a la ciencia y a la tecnología como factores de desarrollo. Pasa lo de siempre: lo que se dice es “qué bueno que haya ciencia”, pero no se le pueden dedicar grandes recursos porque México es un país pobre con otras prioridades como la educación y la salud.

Lo precisa: “esto es el centro de lo que yo llamaría tragedia nacional, en el sentido que hemos visto cómo en los países que se han desarrollado lo han hecho porque han invertido en ciencia. Hace mucho tiempo ya que los países que progresan son los que utilizan su conocimiento, aplican aquel que producen los propios científicos y lo explotan. Esta omisión en México, creo, revela que no se entiende que la ciencia no es solamente una forma de ver al mundo y de obtener conocimiento de la naturaleza y de la vida, social y natural en general: la ciencia es una actividad que puede sacar adelante a este país”, puntualiza.

Los gobernantes mexicanos, por sus opiniones, actitudes y respuestas, demuestran que no tienen la concepción de la ciencia que portan los gobernantes de los países desarrollados. Se advierte por los resultados, porque nunca ha habido un apoyo para que realmente haya un desarrollo científico del país. Existen, sí, lugares como la UNAM, el Cinvestav o el Politécnico, y otros donde los rectores o directores generales saben la importancia de la ciencia y hacen su mejor esfuerzo para impulsar su desarrollo, explica.

En la UNAM, recuerda, es muy notable el papel del rector Ignacio Chávez, luego de Guillermo Soberón, quienes le dieron a la ciencia un impulso impresionante y así han continuado los demás. Pero es un esfuerzo derivado de las vocaciones académicas y científicas de los rectores.

“Y quiero dejarlo claro —acota la doctora Ruiz—: sí hay ciencia en México, sí se hace ciencia y se hace bien, pero es una comunidad científica pequeña que no corresponde al tamaño del país. La producción científica en México, tal como se mide con los indicadores universales, implica cerca de 0.7 del conocimiento científico del mundo. Brasil, por ejemplo, produce el doble. Ése es un dato que explica la situación a que me refiero”, dice.

La política universitaria expone datos para fundamentar sus argumentos: México es el país de la OCDE que menos invierte en ciencia y tecnología: apenas 0.05% (cinco centésimas de punto porcentual) del PIB. Esto explica por qué en México hay un déficit de patentes y nuestro coeficiente en capacidad inventiva es uno de los más bajos del mundo. México tiene un coeficiente de apenas 0.05 (lo que sorprendentemente corresponde a la inversión mencionada), mientras que la capacidad de Japón es de 28.84; mientras que, en lo que corresponde a la compra de tecnología al extranjero, México, de 2000 a 2005, pasó de 406.7 millones a 2,093 millones de dólares, es decir, quintuplicó su gasto en este rubro.

Gobierno generoso con las empresas.

Pero hay otros datos más graves: entre 2001 y 2008, el gobierno mexicano otorgó a las empresas privadas estímulos fiscales para ciencia y tecnología por una cantidad de 18 mil 411 millones 857 mil pesos.

No es poco dinero, más de 18 mil millones de pesos en ocho años es una cantidad que no han visto nunca los centros donde se hace investigación en México. ¿Cómo y en qué se invirtieron esos recursos y donde están los resultados? “No sé si se perdieron, porque no tenemos suficientes datos, pero puedo decir que no hubo el resultado esperado, porque uno de los indicadores del desarrollo tecnológico son las patentes; otro la incorporación de los investigadores a las empresas y no se ve que esos indicadores se hayan movido de manera importante. No hay, no hubo un aumento en patentes de mexicanos”. Porque, además, la mayor parte de los recursos de estímulos para la investigación científica la obtuvieron empresas trasnacionales, como Dupont, Hewlett Packard, Chrysler, entre otras. Estas empresas aseguran que no recibieron dinero, “pero no pagaron impuestos, de manera que sí recibieron dinero”, precisa la doctora Ruiz.

Se supo, por ejemplo, que Mexicana de Aviación tuvo el apoyo de 50 millones de pesos para una serie de programas que no tenían nada que ver con el desarrollo científico. Esos programas eran, por ejemplo, mejorar la página web, que puede ser que mejore las ventas, pero no tiene que ver con desarrollo tecnológico. El gobierno, en suma, se ha visto muy generoso con las empresas como nunca se ha visto con la ciencia, asegura.

La prueba de esta política errónea es que el gobierno de Felipe Calderón anuló el Programa de Estímulos Fiscales y el nuevo da el apoyo directo a las empresas. Ahora se da una cantidad de recursos —que la ciencia básica nunca tiene— en tres programas que crea el Conacyt, para darle dinero a las empresas con el fin de que hagan investigación, esto a costa de la ciencia básica, al mismo tiempo que se redujo el número de becas de jóvenes al extranjero.

Para la doctora Ruiz, el propósito de dar dinero del presupuesto público a las empresas para investigación no es claro. De los 2 mil 500 millones de pesos que se van a dar directamente a empresas, sólo en 700 millones se pone como requisito estricto que haya vinculación con una institución de educación superior. El resto, apunta, es netamente para las empresas, para que ellos contraten a los científicos que quieran, se asocien con quien ellos quieran, pero podrían no asociarse con ninguna institución de investigación.

Lo correcto, menciona, sería que las instituciones, las universidades o los centros Conacyt o los institutos de salud se asociaran con empresas y hubiera desarrollo científico mexicano, como cualquier investigador que, por ejemplo, tenga una patente para hacer una vacuna o para desarrollar una medicina para una enfermedad que nos importe a los mexicanos. Pero la mayor parte de los recursos se dan a las empresas para que ellas hagan lo que quieran, cuando en México la ciencia, las instituciones de educación superior, los institutos de salud son los que verdaderamente hacen investigación.

“Para las empresas beneficiarias de los 1,800 millones de pesos no es obligatorio que se asocien con nosotros (las instituciones científicas); ellos pueden hacer lo que quieran, asociarse o no, según les convenga. Y lo digo ahora: va a ser otro fracaso y habrá que hacer la evaluación de ello en su momento.

Acciones urgentes en la materia

Pero algo habrá que hacer ahora, se le inquiere. Y no quita el dedo del renglón: el presupuesto tendría, al menos, que duplicarse. Dice con seguridad que cualquier institución, si tuviera el doble del presupuesto, sabría utilizarlo muy bien. Esto hablando de la producción científica y la ciencia básica.

Al respecto, la doctora Rosaura hace las precisiones que considera justas: “el gobierno tiene que ampliar su apoyo a la ciencia básica. Reitera que es incorrecto que se den al año 700 millones para ésta y 2 mil 500 para desarrollo tecnológico. O sea, es un absurdo que para lo que estamos haciendo bien, se den aproximadamente 700 millones que son para toda la comunidad científica mexicana que, insisto, ha hecho bien su tarea. Ahora, a la parte tecnológica que estamos aprendiendo, que hay algunos casos de éxito, a esos les dan 2, 500 millones de pesos. Esa desproporción no tiene ningún sentido. Me parece ilógico. ¿Qué haría yo? En primer lugar, solamente dar esos recursos para asociación con universidades. Porque además, las universidades sí hacemos desarrollo tecnológico, pero no tenemos esos apoyos, esos recursos tan importantes; es contradictorio. Y luego otro absurdo que da una idea de la falta de política en estos renglones: por el lado de la ciencia básica, si tú tienes un proyecto de desarrollo tecnológico y quieres un recurso, no te lo dan porque no es ciencia básica”, resalta la doctora.

En segundo lugar, hay que descentralizar la ciencia y hacerlo bien, con sentido estratégico. Éste es un problema que debe superarse: la desigualdad tremenda en los estados. “Hay una concentración del trabajo científico muy alto en la Ciudad de México y luego muy lejos siguen el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, pero lejos del DF. Luego algunos estados con desarrollos medianos y otros con nada. Sinaloa, por ejemplo, no tiene un desarrollo científico comparable con su economía. Es un estado rico —comparado con los del sur—, pero no tiene un desarrollo en ciencia correspondiente al nivel que ocupa en la economía”, manifiesta. Habría que crear más centros de investigación como los que se están desarrollando en Yucatán, Nuevo León y en Tabasco, señala.

En tercer lugar, hay que buscar la manera de que el conocimiento se aplique, que es otro de los grandes problemas. En esto se ha hecho muy poco, todavía menos que en ciencia. En ciencia básica hay un reconocimiento de que esta comunidad es, como cualquier otra del mundo, con menos apoyo y un número menor de participantes, una comunidad reconocida. Pero en cambio en la tecnología hay mucho menor desarrollo. Se tienen que dedicar más recursos en los ámbitos estatal y federal. Se está haciendo en el Estado de México, Nuevo León, Yucatán, Tabasco. En esta última, la AMC y la UNAM firmaron un convenio para crear un instituto multidisciplinario, con temas como los de energía y agua. Cada estado, apunta, debería estar viendo cuáles son sus temas prioritarios, hacer sus institutos y apoyarlos.

Asimismo, la doctora Ruiz considera que, pese a todo, los científicos deben estar más vinculados a las empresas. “Creo que hay una gran falla del país, y además de los académicos, no sólo de las empresas o de los gobiernos. No ha habido esta interacción; no la hemos buscado los científicos porque además tenemos lenguajes y objetivos absolutamente diferentes a los empresarios. No es fácil la comunicación. Creo que ahí hay una falla de los dos lados. En la actualidad, dice, esa es la realidad y tendremos que superarlo.

Por último, destaca la necesidad de que se resuelva la falta de confianza del gobierno en las universidades públicas. “Al menos en cuanto al desarrollo tecnológico. Hay propuestas que se relacionan con este tema del desarrollo tecnológico, que nos cuesta un trabajo tremendo tener recursos. Por ejemplo, un auto de motor de hidrógeno o una lámpara para las luminarias de la calle que también sea de hidrógeno o de energía solar, las cuales podrían perfectamente desarrollar instituciones de investigación de experiencia”, afirma la doctora.

La ciencia: una vieja gorda y fea

A la investigadora y funcionaria de la UNAM, le irrita recordar el hecho de que la Cámara de Diputados haya reducido el gasto presupuestal en ciencia para 2009. Un absurdo y un error imperdonable, dadas las circunstancias que vive el país, establece la doctora Ruiz.

Más aun, abunda, hubo una reducción. “¿A qué se debe esta actitud?”, se pregunta. Se responde sin detenerse: “se trata de un problema cultural de la sociedad. No hay suficiente cultura científica. Hay un desconocimiento de la ciencia impresionante”.

Cuenta una anécdota. Le preguntan a los alumnos en una escuela: “si la ciencia fuera una mujer, ¿cómo se la imaginarían?”. Varios dijeron “como una vieja gorda fea que no me cae nada bien y no me dice nada que me interese”. Otra niña dijo: “una señora gorda, que me da miedo, no le entiendo nada y es muy presumida”; otra, “una señora de blanco con los brazos abiertos y que quiere siempre saber más pero que sí es arrogante y presumida”.

“O sea, casi todo el grupo dijo que es desagradable, que no entienden ni les gusta y que la sienten como algo lejano. Esta es una muestra, aunque pequeña, de que los niños mexicanos ven a la ciencia como algo difícil, aburrido, lejano, a los científicos como arrogantes, presumidos, y no se les entiende nada. Entonces sí es un problema cultural. Desde que eres niño, en México, de una u otra manera te alejan de la ciencia. Los padres porque piensan en un hijo científico sin trabajo y los maestros no la hacen atractiva e interesante”, comenta.

La doctora Ruiz indica la importancia de incidir en la educación en general y la necesidad que hay de elevar la cultura científica de los niños; pero también de los adultos, para evitar que éstos, si llegan a ser diputados o gobernantes, asuman su importancia y no cometan el error de aprobar un presupuesto que está castigando tanto a la ciencia como ocurrió este año.

En el mismo sentido, dice la doctora Ruiz, es necesario que los medios de comunicación en general revisen sus políticas editoriales que le dan más importancia a los horóscopos que los temas científicos.

“Hoy como nunca, todos tendremos que darle a la ciencia el lugar que se merece. De su desarrollo depende nuestro futuro”, estipula la Doctora Rosaura Ruiz

Felipe Calderón: Evaluación Sexenal. Consulta Mitowsky

A lo largo de todo el sexenio 2006-2012 evaluamos mes a mes la opinión ciudadana sobre el presidente Felipe Calderón, en esta ocasión presentamos la evaluación final en el que se observa como resultado principal la aprobación final que logra es 53% con tendencia positiva en los últimos meses, pero el documento responde diversas interrogantes como las siguientes

 .La inseguridad fue el tema dominante en el gobierno de Felipe Calderón y no el empleo como planteaba en su campaña. De 2010 a 2012 la preocupación por la “inseguridad” crece pero no lo hacen ni la “drogadicción” ni el “narcotráfico”, por lo que entendemos que la queja ciudadana está más enfocada a la violencia y no a la presencia de las drogas.

Después de dos trimestres muy malos con evaluaciones ciudadanas alrededor de 45%, cierra el sexenio con una evaluación final de 53% y una desaprobación del 46%, es decir, una ciudadanía polarizada alrededor de la figura presidencial pero la aprobación subiendo en los últimos meses.

De los últimos 4 presidentes, quien inicia con una evaluación mayor es Vicente Fox (70%) y el que inicia en ese sentido con mala aprobación es Ernesto Zedillo (42%). Al final el mejor evaluado es Carlos Salinas (77%) y el peor Felipe Calderón (53%). En su último año de gobierno la evaluación promedio de Salinas fue 68%, de Fox y Zedillo 61% y de Felipe Calderón 50%. Si consideramos todo el sexenio, el presidente mejor evaluado en promedio fue Salinas (73%), seguido por Fox (58%), Calderón (57%) y Zedillo (55%).

A lo largo del sexenio la “salud”, la “educación” y la “seguridad” fueron las áreas donde más se le reconoce trabajando y por el contrario a Felipe Calderón se le ve lejano a la “protección de los migrantes”, de la “disminución de la corrupción” y del “control de la inflación”.

Se preguntó sobre 14 eventos que podrían marcar históricamente el sexenio de Felipe Calderón, se le aprueban con más del 60% los “festejos bicentenarios”, la “creación de una nueva policía” y la forma en que se “desenvuelve en los medios”. Las desaprobaciones nunca llegan al 40% salvo en el asunto del “conflicto de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el SME”, que es el único rubro en el que la desaprobación supera a la aprobación.

“Tolerancia con quienes lo critican” es el atributo mejor evaluado con 30% (8 puntos menos respecto a noviembre de 2006), seguido por “liderazgo” (29%) que a lo largo del sexenio cae 9 puntos porcentuales.

Al final del sexenio de Fox 32% consideraba que había cumplido todas o la mayoría de sus promesas de campaña y en el caso de Calderón ese porcentaje sube a 38%.

Vemos similitud en los finales de sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. En el caso del presidente 2006-2012 15% considera que superó expectativas y 58% que las defraudó, parecido al 18% y 57% que logró Fox.

A lo largo del siglo siempre ha sido mayor el grupo que considera que vamos por un rumbo equivocado. 2012 fue el peor de este sexenio; 36% considera que el país tiene un buen destino, tal vez aquí se resume el reto del próximo gobierno que entra en funciones el próximo 1 de diciembre de 2012, mostrar un rumbo correcto. A lo largo de todo el sexenio 2006-2012 evaluamos mes a mes la opinión ciudadana sobre el presidente Felipe Calderón, en esta ocasión presentamos la evaluación final en el que se observa como resultado principal la aprobación final que logra es 53% con tendencia positiva en los últimos meses, pero el documento responde diversas interrogantes como las siguientes   .La inseguridad fue el tema dominante en el gobierno de Felipe Calderón y no el empleo como planteaba en su campaña. De 2010 a 2012 la preocupación por la “inseguridad” crece pero no lo hacen ni la “drogadicción” ni el “narcotráfico”, por lo que entendemos que la queja ciudadana está más enfocada a la violencia y no a la presencia de las drogas.Después de dos trimestres muy malos con evaluaciones ciudadanas alrededor de 45%, cierra el sexenio con una evaluación final de 53% y una desaprobación del 46%, es decir, una ciudadanía polarizada alrededor de la figura presidencial pero la aprobación subiendo en los últimos meses.De los últimos 4 presidentes, quien inicia con una evaluación mayor es Vicente Fox (70%) y el que inicia en ese sentido con mala aprobación es Ernesto Zedillo (42%). Al final el mejor evaluado es Carlos Salinas (77%) y el peor Felipe Calderón (53%). En su último año de gobierno la evaluación promedio de Salinas fue 68%, de Fox y Zedillo 61% y de Felipe Calderón 50%. Si consideramos todo el sexenio, el presidente mejor evaluado en promedio fue Salinas (73%), seguido por Fox (58%), Calderón (57%) y Zedillo (55%).A lo largo del sexenio la “salud”, la “educación” y la “seguridad” fueron las áreas donde más se le reconoce trabajando y por el contrario a Felipe Calderón se le ve lejano a la “protección de los migrantes”, de la “disminución de la corrupción” y del “control de la inflación”.Se preguntó sobre 14 eventos que podrían marcar históricamente el sexenio de Felipe Calderón, se le aprueban con más del 60% los “festejos bicentenarios”, la “creación de una nueva policía” y la forma en que se “desenvuelve en los medios”. Las desaprobaciones nunca llegan al 40% salvo en el asunto del “conflicto de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el SME”, que es el único rubro en el que la desaprobación supera a la aprobación.“Tolerancia con quienes lo critican” es el atributo mejor evaluado con 30% (8 puntos menos respecto a noviembre de 2006), seguido por “liderazgo” (29%) que a lo largo del sexenio cae 9 puntos porcentuales.Al final del sexenio de Fox 32% consideraba que había cumplido todas o la mayoría de sus promesas de campaña y en el caso de Calderón ese porcentaje sube a 38%.Vemos similitud en los finales de sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón. En el caso del presidente 2006-2012 15% considera que superó expectativas y 58% que las defraudó, parecido al 18% y 57% que logró Fox.A lo largo del siglo siempre ha sido mayor el grupo que considera que vamos por un rumbo equivocado. 2012 fue el peor de este sexenio; 36% considera que el país tiene un buen destino, tal vez aquí se resume el reto del próximo gobierno que entra en funciones el próximo 1 de diciembre de 2012, mostrar un rumbo correcto.

Los 12 principios básicos de la Economía en Red

LOS 12 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ECONOMÍA EN RED

Por José Ramón González Chávez

Bienvenido siglo XXI. En espera de sus comentarios, observaciones adiciones etc en este espacio. Saludos

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LOS DOCE PRINCIPIOS DE LA ECONOMÍA DE RED

En un artículo pionero publicado en la revista Wired (Septiembre 5 de 1997) Kevin Kelly describió los Doce principios de la Economía de red. Según Kelly, las nuevas economías emergentes representan una revolución tectónica en nuestro mundo, un cambio social que reordena nuestras vidas mucho más que un simple software o hardware jamás podrían hacerlo. Tiene sus propias oportunidades fácilmente reconocibles y sus propias y nuevas reglas. Aquellos que cumplan las nuevas reglas prosperarán, mientras que quienes las ignoren no lo harán.

Kelly aduce que las nuevas reglas que rigen la reestructuración global giran en torno a 4 ejes principales:

  • En primer lugar, en este nuevo régimen, la riqueza fluye directamente de la innovación, no de la optimización; es decir, que la riqueza no se logra perfeccionando lo conocido, sino tratando de aprehender lo desconocido, aunque sea imperfectamente;
  • Segundo, el entorno ideal para cultivar lo desconocido consiste en utilizar la suprema agilidad y las ilimitadas posibilidades de las redes;
  • Tercero, la domesticación de lo desconocido implica inevitablemente el abandono de lo conocido, por exitoso que sea, deshaciendo lo perfeccionado; y por último:
  • Cuarto, en la telaraña cada vez más intrincada de la Economía de Red, el ciclo de “buscar, desarrollar y destruir” tiene lugar mucho más rápida e intensamente que antes.

Los siguientes 12 principios de la Economía de Red (Nueva Economía) pretenden proporcionar Nuevas reglas para la Era de Internet.

1. La Ley de la Conexión – Invierta en la mejor conexión: Del decadente microcosmos de los chips al floreciente telecosmos de las conexiones.

2. La Ley de la Plenitud – Más genera más: Los matemáticos han comprobado que la sumatoria de una red aumenta al cuadrado el número de miembros. En otras palabras, a medida que la cantidad de nodos de una red aumenta aritméticamente, el valor de la red crece exponencialmente.

3. La Ley del Valor Exponencial – El éxito no es lineal: Durante los primeros 10 años, las ganancias de Microsoft fueron ínfimas. Sus ganancias comenzaron a ser noticia alrededor de 1985. Pero una vez que comenzaron a crecer, explotaron y no dejaron de hacerlo.

4. La Ley de los Puntos de Quiebre – La importancia precede al impulso: En epidemiología, el punto en que una enfermedad ha infectado a suficientes anfitriones como para pasar de ser una mera infección local a una epidemia incontrolable en gran escala se denomina punto de quiebre. El impulso del contagio ha alcanzado el máximo en su camino ascendente enfrentando todas las vicisitudes para comenzar un sencillo descenso cuesta abajo. En biología, los puntos de quiebre de enfermedades fatales son bastante altos, pero en tecnología, estos parecen desencadenarse con menores porcentajes de individuos o víctimas.

5. La Ley de las Ganancias Crecientes – Trace círculos virtuosos, no viciosos: El valor eclosiona junto con la cantidad de miembros, y la explosión de valor atrae nuevos miembros, haciendo que el resultado sea compuesto. Un viejo adagio lo dice todo sucintamente: Aquellos que tienen recibirán.

6. La Ley del Precio Inverso – Anticípese al precio bajo: A través de la mayor parte de la Era Industrial, los consumidores obtenían leves mejoras de calidad con leves incrementos de precio. Pero con la llegada del microprocesador, la ecuación de precios se invirtió. En la Era de la Información, los consumidores esperan, con el tiempo, una calidad significativamente superior a un precio menor. Las curvas de precio y calidad se alejan tan drásticamente que a menudo parece que cuanto mejor es un objeto, más barato costará.

7. La Ley de la Generosidad – Siga lo gratuito: Hoy en día, regalar prácticamente los productos es una estrategia meditada y aplaudida que se apoya en las nuevas reglas de las redes. Como el aumento exponencial de los conocimientos de la red reduce el precio, el costo marginal de una copia adicional (tangible o intangible) es prácticamente nulo. Como el valor se aprecia en proporción a la abundancia, al existir una enorme cantidad de copias que inundan el mercado, aumenta el valor de todas las copias. Como a medida que las copias acumulan valor, más deseables son, la diseminación del producto se convierte en una autogratificación. Una vez establecido el valor y la calidad de indispensable del producto, la compañía vende servicios o actualizaciones adicionales, que le permiten continuar con su gran generosidad y mantener este círculo maravilloso.

8. La Ley de la Lealtad – Alimente a la red primero. La característica distintiva de las redes es que no tienen un centro ni límites definidos. La distinción principal entre nosotros y ellos, ejemplificada alguna vez por la lealtad del hombre a su organización durante la Era Industrial, se torna menos significativa durante la Economía de Red. Lo único que importa hoy es si uno está dentro o fuera de la red.

9. La Ley de la Involución – Abandone cuando esté en la cima del ciclo de vida de su producto. La naturaleza biológica de esta era implica que la desintegración repentina de los dominios establecidos será tan inevitable como la aparición repentina de los nuevos. En la Economía de Red, la posibilidad de abandonar un producto, ocupación o industria en su punto álgido, no tendrá precio.

10.  La Ley de la Destitución – Gana el neto. La pregunta “¿Cuánto crecerá el comercio en línea?” cada vez tendrá menos importancia porque la totalidad del comercio se está desplazando a Internet.

11.  La Ley de la Agitación – Busque un desequilibrio sostenible. La Economía de Red pasa del cambio a la agitación. El cambio, incluso en su forma más tóxica, significa rápidas diferencias. Por su parte, la agitación, es algo así como el dios hindú Shiva, una fuerza creativa de destrucción y génesis. La agitación tumba a aquellos sostenidos artificialmente y crea una plataforma ideal para la innovación y el nacimiento. Se trata de un “renacimiento exponencial”. Y este génesis permanece al borde del caos.

12.  La Ley de las Ineficiencias – No resuelva problemas. En la Economía de Red, la productividad no es el cuello de botella. Nuestra capacidad de resolver nuestros problemas sociales y económicos estará limitada principalmente por nuestra falta de imaginación para aprovechas las oportunidades, en lugar de tratar de encontrar soluciones. En las palabras de Peter Drucker, y tal como lo citara recientemente George Gilder “No resuelva problemas, busque oportunidades.”

80% de los mexicanos en riesgo de pobreza: CONEVAL

80% DE LA POBLACIÓN, POBRE O EN RIESGO DE SERLO: CONEVAL

En espera de sus comentarios, notas, observaciones, reacciones, etc. saludos

José Ramón González Chávez

Entre 2010 y 2012 aumentó la pobreza en el país, al pasar de 52.8 millones a 53.3 millones de personas; que representa casi la mitad de la población en México. Según el reporte “Medición de la Pobreza”, presentado ayer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 45.5% de los mexicanos son pobres y 40.7 millones más (es decir 34.7%) son vulnerables y podrían caer en pobreza, ya sea por tener ingresos bajos o por no tener acceso a la educación, salud, vivienda o seguridad social. En 2010, la población vulnerable fue de 38.8 millones de personas, 1.9 millones de personas menos que en 2012.

Datos de los investigadores de este organismo aseguran que si las cifras no son mayores es debido al aumento de programas sociales y transferencias monetarias, particularmente el Seguro Popular, el programa Piso Firme y Oportunidades. El acceso a la seguridad social, sin embargo, observó retrasos en estos indicadores, ya que hubo un aumento de 2.2 millones de personas que no cuentan con un sistema de pensiones.

Según el Coneval, entre 2010 y 2012 aumentó la población cuyos ingresos estuvieron por debajo de la línea de bienestar, situada en mil 125 pesos por persona al mes en zonas urbanas y en 800 pesos en zonas rurales. La población más afectada por el incremento de la pobreza fue la menor de 18 años, la que vive en zonas urbanas, las personas con discapacidad y los adultos mayores, quienes presentan rezago educativo y falta de oportunidades laborales. Por otra parte, las zonas rurales fueron las que mejoraron más su calidad de vida, pues el porcentaje de pobreza decreció de 64.9% a 61.6%, de 17.2 millones a 16.7 millones. También, 300 mil mexicanos indígenas superaron sus condiciones de marginación, detallan. En cambio, el número de mexicanos en pobreza que viven en zonas urbanas aumentó en un millón de personas.

En estos dos años las personas que no fueron capaces de adquirir la canasta básica alimentaria también aumentaron, al pasar de 23.1 millones de personas en comparación con los 21.5 millones de habitantes en 2010; medida sólo por ingreso; en tanto que la pobreza de capacidades —quienes no pueden cubrir sus gastos en salud y educación— aumentó a 32.9 millones, 2.4 millones de personas más. Se reducen carencias sociales

Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, aseguró durante la presentación ayer de este informe que “lo relevante es que a nivel nacional hubo una reducción de carencias sociales, como el acceso a la salud, el acceso a la vivienda y son elementos para la mejora social; pero hubo un incremento de la población por ingresos bajos y un aumento de la población en carencia en la seguridad social, en esta ocasión las mayores coberturas básicas no lograron compensar la problemática del ingreso y por eso el aumento de la pobreza en número de población”. Explicó que “a México le falta mucho por hacer en crecimiento económico, en reducir la informalidad y aumentar la productividad; ya que la pobreza va más allá de la política social y no nos ha ido bien en el tema económico”.

Según este reporte, en los últimos cuatro años la pobreza se ha incrementado en 3.8 millones de personas. A nivel nacional, agrega, sólo 23.2 millones de personas, 19.8%, son consideradas como “no pobres o no vulnerables”. Según el estudio, los cinco estados con la mayor reducción de la pobreza fueron Tabasco, con 7.4 puntos; Zacatecas con 6 puntos; Campeche con 5.8% de reducción; Oaxaca con 5.1% y Veracruz con 4.9 puntos menos de población en condiciones de marginación. Las entidades que empeoraron sus niveles de pobreza fueron: Nayarit, con un incremento de 6.3%; Querétaro con un incremento de 4.2%; Puebla con 3 puntos más; Jalisco con 2.7% de aumento y el Estado de México, con 2.4%. En pobreza extrema el estado con más población es Chiapas con un millón 629 mil personas viviendo bajo estas condiciones. Sin embargo, a nivel nacional en estos dos años el número de personas en marginación extrema se redujo de 11.3% a 9.8%; el número promedio de carencias sociales también disminuyó de 3.8 a 3.7. Sobre las carencias, la que más mejoró fue el acceso a los servicios de salud y aunque en 2010 ya se había registrado un incremento; para 2012, 8.2 millones de personas más ya contaban con el servicio.

También se reportó avances en las carencias por vivienda, pasando de 15.2% a 13.6%. John Scott, consejero académico del Coneval, dijo que existen retos en la política de desarrollo social, “en seguridad social vemos que no hay avances en los últimos dos años, un reto muy importante que no se ha resuelto es la pensión de los adultos mayores y esto indica que se necesita una reforma mucho más amplia para lograrlo”. En la presentación explicó que hay avances en vivienda y educación.

El Cine Nacional: Patrimonio Cultural de los Mexicanos

Ponencia de mi factura que sera publicada en la memoria del II Festival Internacional de Cine del Centro Hisotrico de Toluca. Espero con atención sus comentarios, reflexiones, reacciones, preguntas, etc. Saludos JRG

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EL CINE MEXICANO: UNA MIRADA DESDE

EL DERECHO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Por José Ramón González Chávez

PARTE I: Contexto.

El patrimonio cultural es la evidencia de la evolución en el tiempo y el espacio de todo grupo social, las modificaciones creativas a su entorno y su paso por la vida. En tal sentido, se conforma no solo con las creaciones palpables, materiales, sino también y sobre todo, con lo que proviene de la vida social, lo que se conserva con todo y sus fusiones y recreaciones; con sus penas, alegrías y esperanzas; con la tradición, es decir, de lo que ya se trae, lo colectivamente valioso que se ha mantenido con el tiempo y que está más allá de lo meramente físico o material, elementos todos ellos capaces de ser capturados, unificados y comunicados por el cine.

Existen creaciones cinematográficas producidas o coproducidas por México, que independientemente de sus cualidades formales de orden histórico, económico o técnico, deben formar parte de nuestro patrimonio cultural por el valor inmaterial que contienen y transmiten, lo que permitiría que tales obras pudieran ser preservadas y difundidas con tal carácter, estableciendo reglas necesarias para su uso adecuado. Darles esta calidad podría ser muy importante, no solo por razones vinculadas al desarrollo del sentimiento de identidad nacional -ya de por sí válidas- sino por el soporte e impulso que esto puede dar al cine mexicano como industria, a nivel nacional, latinoamericano y mundial. 

¿Cómo lograrlo?

Precisemos antes, desde el punto de vista jurídico, algunos conceptos fundamentales:

Concepto de Cultura.

Los instrumentos de derecho internacional reconocidos por el Gobierno Mexicano, forman parte de nuestro marco jurídico fundamental. En tal sentido, la UNESCO define formalmente el término Cultura como …“el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”[1].

La Doctrina es también fuente primordial de lo jurídico, y en tal sentido, Guillermo Bonfil Batalla, la define como el “Conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, significados, formas de comunicación, organizaciones sociales y bienes materiales, que hacen posible la vida de una sociedad y le permiten transformarse y reproducirse como tal, de una generación a las siguientes” [2].

Concepto de Patrimonio.

Procede del latín patrimonium, término compuesto por las palabras patri (pater, padre) y onium (‘recibido de’), que significa en su conjutno “lo recibido por línea paterna” [3]. Se remonta al derecho romano antiguo, donde implicaba la pertenencia más que a una persona, a la familia. Por ende, tiene que ver con la herencia, ya sea individual o colectiva, trátese en este último caso los derechos adquiridos de manera consuetudinaria por una determinada comunidad o grupo social, ya sea de una familia, un grupo social, una nación, un grupo de naciones o de la humanidad entera.

Visión Materialista.

A partir del liberalismo, el derecho napoleónico transforma radicalmente el concepto de patrimonio, convirtiéndose en un conjunto más que de bienes, de derechos y obligaciones, susceptibles de ser valorados en dinero, inherentes a una persona individual o colectiva, connotación que ha impactado de manera muy importante el concepto de patrimonio cultural hasta nuestros días.

Lo anterior se refleja con toda claridad en la definición que sobre patrimonio da la Academia de la Lengua Española: “Conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, susceptibles de estimación económica. (Patrimonio de la Iglesia; patrimonio del Estado; patrimonio histórico-artístico, conjunto de edificios, yacimientos arqueológicos, obras de arte, objetos y documentos de interés científico, histórico o artístico de un país)”, y a causa de la cual el patrimonio cultural adquiere una connotación preponderantemente pecuniaria.

Visión Consuetudinaria o Axiológica.

En contraposición a esta postura -a la que por cierto se suma actualmente gran cantidad de especialistas del tema-, existe otra corriente, desarrollada por autores como Teixeira Coelho [4], que considera que el Patrimonio Cultural debe ser definido como el “conjunto de bienes muebles e inmuebles existentes en el país cuya conservación sea de interés público, ya sea por su vinculación a hechos memorables o por su excepcional valor arqueológico o etnográfico, bibliográfico o artístico” [5].

Esta concepción implica un avance, pues suma al aspecto material o pecuniario, el que podemos denominar consuetudinario, al contemplar los dos requisitos indispensables que la costumbre debe tener para ser considerada por un grupo social fuente primordial de lo jurídico:

1) La práctica continuada en el tiempo (inveterada consuetudo); y

2) El reconocimiento generalizado de que dicha práctica tiene un alto valor intrínseco que es indispensable mantener y observar (opinio iuris seu necesitatis).

Con ello, lo intangible del patrimonio deja de ser una abstracción y se convierte en algo jurídicamente determinable, clasificable, exigible y en su caso, sancionable.

Concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Es el conjunto de derechos y obligaciones compuesto por el patrimonio intelectual, las tradiciones, los usos, las costumbres, el lenguaje (oral, escrito, gestual), patrones de conducta, expresiones artísticas, imágenes, geografías, paisajes urbanos, formas de ver y vivir la vida, transmitidas de generación en generación, que pertenecen a una determinada comunidad y le permiten diseñar su rostro, reconocerse a sí misma y ante los demás, y así establecer la importancia y la trascendencia de esa identidad propia ante el mundo, en el contexto global.

Los productos cinematográficos y su integración al patrimonio cultural inmaterial.

El cine es quizá la única forma de expresión artística cuyos productos, además de ser comercializables, son capaces de capturar esas prácticas, usos y costumbres; actitudes y formas de expresión escrita, oral y gestual; geografías, arquitecturas y paisajes urbanos; músicas, danzas y formas, compendiarlas y contenerlas de manera organizada, sistemática en unidades creativas, que si bien nacen con un propósito a la vez económico e intelectual, por el valor de sus contenidos y el reconocimiento generalizado a lo largo del tiempo, son susceptibles de integrarse a lo que podemos denominar lo mexicano, aquello que nuestros ancestros precoloniales denominaban el “mexicayotl”, y que ante las circunstancias actuales en nuestro país, nuestra región latinoamericana y el mundo, exigen una revisión, bajo la premisa de que en la realidad hipermoderna que nos ha tocado vivir, “no hay nada nuevo, pero todo es diferente” [6].

Patrimonio Cultural inmaterial y Globalización.

Uno de factores determinantes para comprender el patrimonio cultural en la actualidad y la forma de regularlo internamente y a nivel internacional, sobre todo en su aspecto intangible, es el concepto de globalización; contradicción en sí mismo, tal como lo advirtiera Habermas desde hace tiempo[7], ya que por un lado, implica un notable riesgo, dada la superposición de modelos de otros países o fuertes grupos e intereses extranjeros o multinacionales sobre los países más vulnerables; pero a la vez, permite igualmente –quiéralo o no- a través de conceptos ambiguos y maleables como el de diversidad y el de multiculturalismo, el reconocimiento social cada vez mayor la identidad propia y, con ello, la adquisición de instrumentos que nos permitan conocer de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, y así comprender y gobernar adecuadamente los entornos cambiantes de nuestra vida colectiva como nación, previniendo y enfrentando sus desafíos, para luego entenderla y asumirla como una pieza imprescindible del gran mosaico que constituye la humanidad.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] http://cccalaflor.blogspot.mx/2006/09/definicin-de-cultura-segn-la-unesco.html

[2] Bonfil Batalla, Guillermo. “De culturas populares y políticas culturales”, en “Culturas populares y política cultural”, México, MNCP/SEP, (1982). 

[3] Friedrich Engels: “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, cap. VI La Gens y el Estado en Roma. Obras maestras del pensamiento contemporáneo. Ed. Planeta 1992. 

[4] Teixeira Coelho. “Diccionario de Políticas Culturales”. CNCA / CNDCR, Secretaría de Cultura de Jalisco, ITESO. México, (2000).

[5] Decreto Ley 25 promulgado en el Estado Novo, Brasil. 

[6] Z. Bauman. “La globalización. Consecuencias humanas”. México, DF. F.C.E. 1999. p. 132 

[7] Jürgen Habermas. “Problemas de legitimación en el capitalismo tardío”. Barcelona, Cátedra. 1999. p. 68 

PARTE II: Elementos para la construcción de un marco jurídico del Patrimonio Cultural Intangible que permita la integración de obras cinematográficas susceptibles de ser consideradas como Patrimonio Cultural de México.

Resulta impostergable llevar a cabo un análisis serio del conjunto de ordenamientos, disposiciones y normas que regulan el patrimonio cultural intangible, específicamente el relacionado con la actividad cinematográfica, así como un análisis de derecho comparado que genere información sobre lo que están haciendo otros países en la materia.

A)   Marco Internacional.

Organismos como la UNESCO, han reconocido al patrimonio cultural inmaterial –y dentro de él, por supuesto se entiende incluida la producción cinematográfica- como crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible. Por ello, han decidido asumir el compromiso de protegerlo ante los embates de ese aspecto colonizador de la globalización, pero también impulsar a los estados miembros al establecimiento de una identidad propia ante sí y ante el mundo.

Lo anterior, se ha venido instrumentando al aplicar diversas medidas tendientes a la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valoración, transmisión y revitalización de su respectivo patrimonio cultural, bajo la premisa condicional de que el éxito en este esfuerzo dependerá en gran medida de tres factores:

1) El reconocimiento por parte de la sociedad del valor que implica la preservación de su patrimonio cultural;

2) La identificación de dicha sociedad con los elementos que deben componer su patrimonio cultural; y

3) El compromiso asumido por población y gobierno para colaborar de manera objetiva a su preservación y difusión, tanto interna como hacia el mundo.

Muestras recientes de acciones concretas dirigidas a la preservación del patrimonio cultural inmaterial pueden apreciarse en manifestaciones locales como el flamenco; nacionales como la cocina mexicana, la francesa y la de otros países; o incluso regionales, como la dieta mediterránea, cuyos argumentos para llegar a adquirir tal reconocimiento habría que estudiar para construir que requiere el cine mexicano para adquirir ese estatus.

B)   Marco Nacional.

En materia de cultura y en especial de patrimonio cultural intangible, el Derecho mexicano (me refiero no solo a la legislación, sino a todas las demás fuentes de producción jurídica como las normas internacionales, la jurisprudencia, la doctrina, las prácticas reconocidas formalmente, etc.) requiere de un esfuerzo serio de sistematización, actualización, creación, precisión y llenado de lagunas. Sin perjuicio de ello, vale decir que en lo referente a la actividad cinematográfica, este esfuerzo es urgente.

B.1. Constitución Federal [1].- Establece algunos derechos fundamentales (diversidad cultural, derecho a la cultura y su difusión, libertad de trabajo y de expresión apoyada en las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), planeación democrática)y atribuciones de órganos del poder público (facultades del congreso y la Asamblea legislativa del D. F. en material cultural), que relacionados con la actividad cinematográfica podrían sustentar el establecimiento de un catálogo de obras cinematográficas susceptibles de ser consideradas integrantes del patrimonio cultural inmaterial de México.

No obstante, algo digno de resaltar es que en nuestro texto constitucional aún brilla por su ausencia la definición de cultura y de patrimonio cultural, que le daría un sentido jurídico objetivo a dichos términos, permitiendo con ello establecer con claridad derechos y obligaciones, tan importantes como ya veíamos para integrar el patrimonio, así como precisar el diseño, operación y evaluación de políticas públicas, programas, mecanismos y acciones concretos en la materia.

B.2. Leyes federales y estatales. En este ámbito, la situación es más compleja, por ejemplo.

  • No existe una Ley Federal de Cultura, reglamentaria del artículo 4º constitucional en su párrafo respectivo, indispensable para:
  • La definición, defensa, protección y promoción del patrimonio cultural, incluyendo el patrimonio cultural inmaterial y la forma y términos de uso de las TICs en estos aspectos;
  • La creación y actualización de instituciones y organismos vinculados al tema, que establezcan con claridad sus atribuciones y mecanismos de planeación, programación coordinación, evaluación y transparencia y acceso a la información, así como los medios para articular e instrumentar las normas y compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano con los propios requeridos a nivel nacional en la materia;
  • La actual ley federal de cinematografía, al igual que las referentes al patrimonio cultural material (el tema del patrimonio cultural inmaterial aún no está presente), datan de hace más de 40 años y por lo mismo omite aspectos fundamentales del estudio, la creación, preservación y difusión del patrimonio inmaterial, incluyendo por supuesto, las obras cinematográficas.

B.3. Organismos:

  • El organismo a cargo de la cultura y el patrimonio cultural material e inmaterial (Conaculta) carece de Personalidad Jurídica, por lo que en términos formales solo tiene –como su nombre lo indica- carácter consultivo, si bien se dedica a actividades de información y promoción, sin mencionar las de pretendido control operativo, programático, etc. de sus instituciones aparentemente sectorizadas. Su patrimonio inmaterial publicado incluye solo expresiones locales y sus criterios formales de composición no se encuentran determinados. El organismo encargado de la preservación del patrimonio cultural (Comisión Nacional) es prácticamente inexistente[2].

Otros instrumentos y proyectos.

Existen algunos documentos y textos que podrían apoyar o abonar al diseño de los procedimientos, mecanismos y órganos y sectores sociales que intervendrían en la preparación de eventuales proyectos de declaratoria:

  • Carta de México en Defensa del Patrimonio Cultural (1976) [3]: A 37 años de haber sido suscrita, el fondo de sus contenidos mantiene una vigencia sorprendente por lo que sería interesante rescatarlos y ponerlos al día para emitir una nueva versión. 
  • Los considerandos de los proyectos de iniciativas de leyes de cultura, Federal y de las Entidades federativas (no todas tienen ley de cultura) así como argumentos de instituciones actuales.

Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta, precisados y formalizados a través de ajustes constitucionales y una propuesta de iniciativa de Ley Federal de Cultura, pues constituyen la base a la creación y modificación de instrumentos jurídicos derivados (decretos, reglamentos, acuerdos, etc.), de tal suerte que pueda crearse un entramado jurídico articulado y útil para planear, operar y evaluar políticas públicas, programas y acciones en la materia, aunque cabe remarcar que ante todo, la creación de este entramado debería constituir para el gobierno y los sectores sociales involucrados en una política pública en sí.

Inclusión de obras cinematográficas dentro del patrimonio cultural inmaterial de México, como proyecto viable, posible y realizable.

Ante este panorama ¿es posible pensar en la factibilidad real de lograr que ciertas obras cinematográficas sean reconocidas nacional e internacionalmente como patrimonio cultural inmaterial de México?

Pensamos que sí, aunque para ello resulta imprescindible:

1)    Hacer alarde de orden, de organización y ante todo, de criterio jurídico político, empleando los acuerdos y compromisos internacionales, del mismo modo como se ha hecho para las declaratorias de Patrimonio Nacional o de la Humanidad de otras manifestaciones del arte y la cultura, como la danza, la gastronomía, la música;

2)    Abrevar de la experiencia de otros países con sistema jurídico similar al nuestro e importante patrimonio cultural como en Europa Francia y España y en nuestra región continental como Perú y Colombia;

3)    Aprovechar la actual coyuntura política nacional de apertura a estos temas;

4)    Hacer un trabajo importante de sensibilización y aculturación respecto de la importancia económica y cultural de incluir las obras cinematográficas dentro del patrimonio cultural de México, a través de una participación real, organizada y efectiva de los distintos sectores que intervienen en el medio, así como de la sociedad civil, medios de comunicación, redes de información, etc., no solo en México, sino también entre la población mexicana e hispana en EUA y en Latinoamérica.

5)    Dejar claro para todos, que esta declaratoria es independiente y por lo tanto deja a salvo los derechos y obligaciones quienes han creado, producido o comercializado dichas obras. Que su fin no es expropiatorio, sino de promoción y difusión de este acervo que por sus características contiene y preserva los rasgos característicos de lo nuestro ante nosotros mismos y ante el mundo.

Por su propia naturaleza y características, la cuestión de declarar obras cinematográficas como patrimonio cultural inmaterial de México va más allá del enriquecimiento de la identidad nacional y del aspecto cultural de nuestra soberanía; es también un asunto de economía y de desarrollo sustentable, ambos elementos inseparables de nuestra seguridad, nuestro bienestar y nuestra trascendencia como sociedad, fines primeros y últimos de la organización política desde sus orígenes y de nuestro Estado Constitucional de Derecho actual y futuro.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

[2] http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=presencia_conaculta&table_id=216

[3] http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/CARTA_DE_MEXICO.pdf

Violencia y Democracia

VIOLENCIA Y DEMOCRACIA

Por José Ramón González Chávez

La democracia es causa eficiente, motor y razón del Estado Constitucional. Sin embargo, pareciera ser frágil ante factores que en la actualidad le son tan determinantes como la violencia, flagelo social de configuración dinámica y compleja al que incluso en un principio podría considerársele antagónico, pues la primera implica tolerancia, inclusión, acuerdos en lo fundamental, en lo que nos es común y nos afecta a todos independientemente de nuestros intereses y preferencias personales, y la segunda, la imposición de la fuerza a la razón y por ende, la negación de todos aquellos principios.

Para nadie es ajeno que la violencia es un gran instrumento mediático; el morbo que provoca el llamado “gancho de sangre” ha llevado a muchos medios de comunicación a emplearlo como modus vivendi y por ello durante años -si no es que décadas- se han dedicado a cultivarlo; lo fortalecen y lo hacen permanecer a tal grado que algunos de ellos han llegado a dedicarle casi la totalidad de sus espacios.

Morbo, temor, expectativa, divulgación, entre otras muchas cosas más, han venido generando y acrecentando una verdadera opinión pública que gira alrededor de la violencia; ha dejado de ser tema de especialistas o comunicadores de nota roja o amarilla para convertirse en vox populi. Todos hablan de ella, refieren anécdotas propias o ajenas, se convierten en jueces penales o criminólogos. Desde hace tiempo es más conocido el nombre de los grandes exponentes de la violencia que de muchos personajes de nuestra historia, pero casi nadie sabe qué es, quién la crea y la alimenta, por qué y cómo opera, para qué, para quién y cómo afecta a la vida democrática y al tan invocado Estado de Derecho. Quizá por ello todos, de una forma u otra, en mayor o menor medida, tengamos algo de culpa en el empoderamiento del tema.

Al igual que la seguridad, la violencia es ante todo una percepción. Lo preocupante es que esta ha permeado profundamente en muchas democracias contemporáneas incluyendo la nuestra. Ahora parece que un candidato, un partido o un gobierno es más popular ya no por sus propuestas de solución a los problemas sociales, económicos o políticos sino en la medida en que su discurso se torna violento hacia sus opositores, hacia las instituciones y los gobiernos, constituidos o precedentes.

Lo vimos en el reciente proceso electoral, tanto en los “debates” como en sus declaraciones ante los medios, cuando un candidato resultaba mejor calificado no en la medida en que era capaz de ofrecer soluciones convincentes a los problemas comunes, sino mientras más insultos profería a sus contendientes, convirtiendo el intercambio y discusión de visiones de gobierno en una simple, llana y triste guerra de lodo

Esto tal vez pudiera deberse a una lectura equivocada de la actitud ciudadana de considerar la violencia en el lugar más alto en sus preocupaciones, por encima de temas tan cruciales para el desarrollo democrático y social como la seguridad, el empleo, la salud, la educación, la gobernabilidad; y es que la violencia rasga ese entramado de relaciones, intereses y expectativas individuales y de grupo que llamamos el tejido social con balas, descuartizamientos, genocidios, terror, impunidad; la violencia llegó para quedarse en él y ocupa desde hace tiempo ya y por quien sabe cuánto tiempo un lugar de privilegio en las historias locales y por supuesto en la nacional.

Todos, gobernantes gobernados, líderes de opinión, ciudadanos de a pie, hemos aprendido a vivir con la violencia, en hacerla parte de nuestro entorno cotidiano; a volvernos resistentes y a veces hasta indolentes ante los delitos, los abusos, los insultos, las amenazas; indiferentes frente a crímenes de lesa humanidad, ante los genocidios de campesinos, de migrantes, ante las fosas clandestinas llenas de gente sin cara, sin nombre, mostrándonos que la violencia quizá no sea más que la cara visible de un conflicto social que prevalece en el fondo, lo que nos mete en un ciclo autodestructivo que pareciera llevarnos a un callejón sin salida.

En este estado de cosas, surge obligadamente preguntas como ¿qué relación hay entre transición democrática e incremento uniformemente acelerado de la violencia y la criminalidad? ¿de qué forma construir y mantener un sistema democrático en este entorno? ¿Será posible superar este panorama, pasar de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón, sin más crueldad, sin más violencia, sin derramar más sangre?

Los estudios sobre violencia y democracia surgen en Sudamérica a inicios de los años 60, en países que desde esas épocas han sufrido esta cruda situación como Colombia (vid Guzmán, Fals y Umaña “La Violencia en Colombia. Estudio de un Proceso Social”, Bogotá, Ed. Tercer Mundo”, 1962).

En México, el fenómeno de la relación entre violencia y democracia está modificando la estructura, conducta e imagen del país tanto al interior como al exterior y por ende trastoca la planeación, diseño y operación de la política pública y la denominada gobernanza a todos los niveles: federal, estatal, municipal; sin embargo, existen muy pocos textos sobre el tema y los que hay son superficiales o poco recientes. Basta un simple chapuzón a la Internet para constatarlo.

Parece paradójico que la violencia sea un tema de mayor preocupación en la opinión pública y que contradictoriamente exista poco interés o una especie de “autocensura” para estudiar y comprender con seriedad su naturaleza y características, causas y consecuencias, así como su obligada vinculación con la democracia y el Estado Constitucional, a fin de buscar y ofrecer opciones viables para su solución, lo que hasta el momento no ha sucedido y por desgracia no vemos cómo pueda suceder, tomando en consideración el discurso que hasta el momento ha mantenido el gobierno entrante.

¿Descentralización o centralización expandida?

¿DESCENTRALIZACIÓN O CENTRALIZACIÓN EXPANDIDA?

Por José Ramón González Chávez

(Publicado en agosto de 2018)

Entre los temas que se ha lanzado a la opinión pública justo después de las elecciones federales –no para comunicar decisiones sino ver la reacción de la opinión pública y los distintos sectores y actores políticos, económicos y sociales- es el de la “Descentralización” de las Secretarías de Estado a las capitales de las entidades de la federativas.

Apenas a una semana de las elecciones AMLO anunciaba ante líderes de la Concamin su “Plan para descentralizar” Dependencias y Entidades, bajo la premisa de “que el fin es que haya desarrollo parejo en todo el territorio” pues los estados del norte, centro y occidente crecen más mientras que los del sur están estancados o de plano han decrecido.

Como especialista en Administración Pública y desarrollo regional me siento comprometido precisar al menos tres aspectos técnicos fundamentales sobre el tema:

1. El término “descentralización” es poco adecuado para denominar esa medida.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé en su artículo 1° que ésta es Centralizada y Paraestatal; la primera integrada por Dependencias (Secretarías de Estado, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Órganos Reguladores Coordinados, además de que también en este rubro técnicamente están los Departamentos que desde mi opinión erróneamente los han desaparecido) y la segunda por Entidades (organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones y organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y fideicomisos públicos).

En este segundo rubro, la doctrina señala que la descentralización es una forma de organización administrativa distinta de la centralización y la desconcentración por por tener régimen jurídico y patrimonio propio, así como autonomía de gestión, motivo por el que las Secretarias en tanto Dependencias del ejecutivo federal no pueden ser descentralizadas, ya que forman parte de la administración pública central y como tales no cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, ni autonomía de gestión; por lo mismo, tampoco podrían considerarse como organismos desconcentrados, puesto que las Delegaciones Estatales ya lo son de estas, son sus representantes a nivel local. De darse así, se caería en la aberración de tener organismos desconcentrados de organismos desconcentrados, extendiéndose el problema a la organización y funcionamiento de los también propuestos “Delegados Generales”, provocando contraposición o duplicidad con el régimen jurídico, administrativo y de gestión de las Secretarias en los Estados donde serían reubicadas y llevándonos a una especie de centralización expandida y simplemente dispersa hacia los territorios estatales, que podría traer más desventajas que bondades.

2. La mera presencia de una Secretaria en la capital de un estado no provoca por sí misma el desarrollo en una entidad federativa.

Según datos del INEGI[1], dentro de las entidades que crecen por arriba de la media nacional también hay sureñas como Yucatán y Quintana Roo y entre las que tienen una contribución al crecimiento menor a la media o incluso tasa negativa, también hay estados del norte y del centro, como Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Zacatecas y Morelos. También se contradice con el caso de la Secretaria de Economía, que supuestamente sería reubicada en la capital de Nuevo Leon, estado con uno de los mayores índices de crecimiento económico del país, que no ha requerido de la presencia de ninguna Secretaria en su territorio para lograrlo.

Independientemente de lo que signifique el término “crecimiento parejo” el próximo ejecutivo federal debería impulsar el desarrollo regional no a partir del aumento de la burocracia federal en los territorios estatales, sino mediante el fortalecimiento de la organización y la actividad económica y social en cada estado y sus municipios; del relanzamiento de la participación transversal de las dependencias y entidades a través de sus delegaciones para acompañar los proyectos y programas locales prioritarios; con el soporte financiero de la Secretaría de Hacienda hacia esos proyectos y su correspondiente supervisión y evaluación en cuanto a contenidos, montos y resultados.

3. La medida tal como ha sido expuesta en los medios no reúne las características requeridas para ser considerada técnicamente un “Plan”.

Hasta el momento se desconoce de la existencia de un verdadero Plan en términos estratégicos que en sí mismo exige tiempo, dinero y trabajo, debiendo contemplar visión, misión, objetivos, políticas, estrategias y acciones, derivadas del análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos; tomadas en cuenta las necesarias estimaciones económicas, sindicales, laborales, sociales, de logística, tiempos de implementación, infraestructura adecuada en las ciudades que recibirían de un golpe a miles de trabajadores con sus familias, cuyos miembros necesitan escuelas, hospitales, vías de comunicación, transportes, mercados, servicios urbanos, compatibilidad en caso de que haya en la familia quienes trabajen en diferentes dependencias o entidades federales, implicaciones culturales de adaptabilidad, entre otros muchos temas delicados de los cuales por cierto se ha prescindido de consulta, tanto ciudadana como de especialistas y de los organismos públicos, estados y municipios y afectados.

El espacio se agota y quedan muchas aristas siquiera por señalar. Cerraré la nota comentando que la idea (eso es hasta el momento) tal como se ha venido planteando carece de elementos técnicos básicos para la concreción de un Plan de desarrollo de alcance nacional, que para tener utilidad práctica que en lugar de basarse en llenar de burocracia federal a las capitales estatales, lo haga en políticas públicas transversales que realmente logren que ningún estado contribuya a menos del 0.1% del PIB nacional, con especial atención a los cinco estados que se mantienen con tasa negativa, lo que realmente sí sería un logro a nivel nacional.

Quizá por eso sea que de hecho la mal llamada “descentralización” ya ha sido descartada públicamente por varios de los colaboradores cercanos del presidente electo, entre ellos Alfonso Romo su designado jefe de gabinete y Esteban Moctezuma propuesto como Secretario de Educación Pública. Usted mi único lector, ¿qué opina?


[1] http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx.

La Justicia para Adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: Cómo mejorarla?

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL NUEVO SISTEMA CONSTITUCIONAL: CÓMO MEJORARLA?

Por José Ramón González Chávez

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no debemos estar ajenos ni ser indiferentes, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar un proceso de evolución de su sistema jurídico transitando del paradigma positivista al Estado Constitucional, esto es, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En este afán, y en el marco del nuevo sistema, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño –suscrito desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces–, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, aquella franja de la población ubicada entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma del 12 de diciembre de 2005 al artículo 18 de la Carta Magna implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado que brinde a los y las adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este, como un modelo “a escala”, variando si acaso solo en la intensidad de la aplicación de las penas, lo cual constituye una seria deficiencia de apreciación, teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor preponderancia.

En tal sentido es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así poder brindarle un tratamiento integral, multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) y multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado es un actor y regulador sustancial en el nuevo sistema de justicia en la materia, al estar encargado de la fase de ejecución de la sentencia, donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia con el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que actúan de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad, impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia.

En el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada la evidente importancia social que reviste, juega un papel determinante para conseguir mejores condiciones de seguridad y lograr la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

Trump y el regreso de Carlos Salinas

EL ESCENARIO TRUMP Y EL REGRESO DE CARLOS SALINAS

Por José Ramón González

Publicado el 6 de marzo de 2017

Hasta el momento, las reacciones al “discurso de las trumpadas” (denominación acuñada por los “genios” de comunicación social del Senado de la República) lejos de ayudar a los migrantes o impedir la conclusión del Muro de la Tortilla (como se le llamó al inicio de su construcción durante el gobierno de George Bush papá a principios de los 90) no ha hecho más que abonar al posicionamiento de Trump y rescatar del baúl de los recuerdos de los norteamericanos los viejos fantasmas consecuencia natural del nacionalismo blanco: la cerrazón, la intolerancia, el racismo, la exclusión.

Esta coyuntura, parece ser terreno fértil para el reposicionamiento de otro fantasma, en este caso mexicano: El salinismo que de una u otra manera ha mantenido su presencia no solo en la mente del ser colectivo nacional sino en la integración de los gabinetes de los ejecutivos federales y muchos estatales, desde 1994 a la fecha, con una doble intención:

1. En lo económico, fortalecer tanto a las empresas y grupos que lo patrocinaron como a los que creó, al poder participar en la versión actualizada y recargada de su máxima obra macroeconómica que viera la luz hace 23 años y continua vigente: el TLCAN que dio origen a la estrategia de libre comercio mexicana, la que al paso de los años y sexenios ha producido casi medio centenar de tratados y acuerdos con diversos países, regiones y grupos económicos internacionales y cuyos contenidos por cierto giran alrededor de las llamadas “Reformas Estructurales”, siendo Comunicaciones y Energía, las más relevantes en tal sentido; y

2. En lo político, mover estratégicamente sus piezas clave en el ajedrez de las decisiones de gobierno, a fin de reinstalar y continuar su proyecto y recomponer su poco envidiable imagen histórica, creada en gran medida –también hay que decirlo- más que por hechos reales y objetivos, por los innumerables detractores con que cuenta dentro y fuera de su partido.

Recordemos que a fines del año pasado primero en noviembre en entrevista con “The Economist” y luego en el Reforma y el Universal, Carlos Salinas de Gortari hizo declaraciones mediante las que, contrario a la visión de Trump, se erigió en portador de la bandera en la defensa y renegociación, no extinción, del TLC, lo que desde su apreciación, traería grandes ventajas como:

– Contar con una estrategia regional de competitividad ante las industrias y productos chinos;

– Las Grandes empresas ante el incremento de su productividad “jalarían” a las Pymes de ambos lados de la frontera, reactivando las economías internas por ser este tipo de empresas las que más empleos generan;

– Por lo mismo, en lugar de que se eliminaran millones de empleos por la extinción del TLC, su renegociación constituiría para ambos países una solución a sus economías internas, además de contribuiría a disminuir sensiblemente la migración indocumentada.

Inmediatamente después a la publicación de este ensayo, su Sobrina Claudia Ruiz Massieu, entonces Secretaria de Relaciones exteriores, se reunió con el Consejero de Estado Chino Yang Jiechi para resolver diplomáticamente las diferencias bilaterales en relación con la repentina no firma de dos contratos multimillonarios en dólares: el tren de alta velocidad México – Querétaro, y el Dragon Mart, en los que la intervención del ex presidente Salinas ha sido expuesta por diversos medios.

Inmediatamente después también gente de los medios ligada al ex mandatario, omitiendo nombres que se conocen a voces, hablaron sobre esa propuesta y pusieron en evidencia la intención del grupo liderado por Carlos salinas para apoderarse de la política exterior y la renegociación del TLC. Solo así se explican los posteriores cambios que hizo el Presidente Enrique Peña Nieto, solo por mencionar algunos, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Luis Videgaray por Claudia Ruiz Massieu Salinas (ahora Secretaria General como lo fue su Padre Jose Francisco y quizá próxima presidente del CEN del PRI) y el nombramiento del titular de la embajada de México en EUA, que increíblemente tenía bastante tiempo acéfala siendo la más importante del servicio exterior de nuestro país y el cambio del discurso de Trump inclinado ahora a la renegociación de lo que para ellos es acuerdo, el NAFTA, no tratado, lo es para nosotros el TLCAN.

De la influencia de Carlos Salinas en la Política interior y el forcejeo y distanciamiento con el actual Ejecutivo Federal, mi único y querido lector, ya ni hablar: en ella tiene incrustada gente de primer y segundo nivel en no pocas carteras, así como en el manejo político y de medios de los procesos contra algunos gobernadores, desde Moreira hasta Borge, lo cual será materia de otra entrega…

Las nuevas tecnologías para el manejo de la información y su aplicación en la Administración pública

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN Y

SU APLICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI­CA

Por José Ramón González Chávez

elaborado en 1992

En la actualidad, el uso de tecnologías avanzadas para el manejo de información implica para la administración pública un considerable mejoramiento técnico que le permite ejercer sus actividades con un mayor índice de eficiencia.

Las nuevas herramientas de tipo informático constituyen un invaluable apoyo teórico y práctico dentro de la mayor parte del proceso administrativo, incluyendo la comunicación, la formación, la capacitación y en general, todo lo que implica el Ma­nagement del quehacer público. No obstante,  cabe señalar que es sólo a partir de cierto grado de equipamiento y de cultura informática del personal usuario donde realmente se hacen sentir los beneficios reales que aportan en términos de productividad las nuevas tecnologías de la información que, aunque con lentitud, van ad­quiriendo cada vez mayor presencia en todas las formas de organización administrativa y en las distintas instancias de gobierno.

En efecto, para los organismos de la administración pública, ya sea centralizada, desconcentrada o paraestatal, se ha vuelto indispensable el uso de herramientas informáticas como las redes de información compartida, que permiten dinamizar el flujo y la transmisión de textos y datos, con objeto de hacer más ágil la toma de decisiones.

Hoy en día, sería casi suicida permitir que la comunicación interna y externa entre los diversos organismos del sector público se siga llevando a cabo a través de mecanismos tradicionales, de métodos manuales y montañas de papel que ha­cen en extremo difícil una intercomunicación eficiente y racional. Por una parte, en este momento el proceso administrativo en todas sus etapas exige una mayor y mejor comunicación, lo que sólo es posible realizar empleando la informática electrónica; por otra, nos encontramos ante la perspectiva de construir un espacio interadministrativo homogéneo dada la inminente firma del tratado trilateral de libre comercio.

La explotación de útiles informáticos modernos permitirá establecer un adecuado nivel de comunicación con las administraciones de los países con los que mantendremos relaciones cada vez más complicadas y estrechas, haciendo de lado las múltiples diferencias que existen entre ellas y la nuestra. Un ejemplo claro, lo tenemos en el servicio de mensajería de la administración pública, que de por sí en el ámbito interno es muy lento y difícil de llevar a cabo a través del sistema tradicional y prácticamente inoperante si pensamos en la prestación de este servicio a escala internacional, dada la gran extensión terri­torial que nos separa de nuestros dos vecinos norteamericanos.

Para ciertas áreas donde la información es considerada materia prima en el desarrollo de las actividades cotidianas, el uso de estas modernas tecnologías traen como consecuencia obligada cambios radicales en los métodos y en el desarrollo mismo del trabajo administrativo. Una red para compartir información une a las distintas unidades de gestión y/o decisión, creando algo así como metaunidades que pueden llegar a ser capaces de trascender estructuras jerárquicas y ciertas barreras burocráticas, convirtiéndose en verdaderos Think Tanks o “tanques de ideas”.

Asimismo, la explotación de este tipo de redes asociadas a sistemas multimedia, permite enriquecer y distribuir de manera más racional el conocimiento, y por lo mismo son susceptibles de convertirse en poderosas armas -por ejemplo- para la ca­pacitación y la formación continua de los servidores públicos, con lo que la administración pública estaría en condiciones reales de adaptarse al actual proceso de modernización, sirviendo al Estado con un óptimo nivel de eficiencia para el cumplimiento de sus fines.

Sin embargo, Hay que resaltar que si lo que se quiere es lograr un cambio profundo y exitoso en la estructura y funcionamiento de la administración pública, hay que pensar en vincular la modernización tecnológica a la reorganización de los procedimientos para su implementación, y sobre todo, en diseñar estrategias eficientes para lograr un cambio de actitud, una transformación cultural, tanto de la sociedad civil, como de los servidores públicos y las autoridades, meta prioritaria que en materia de servicio público establece el actual Plan Nacional de Desarrollo.

Uno de los grandes obstáculos a superar para poder implantar estas nuevas tecnologías y sobre todo, para comprender y asimilar la nueva cultura que la implanta­ción conlleva, es la formación del personal técnico y operativo -y aún el ejecutivo-, que en términos generales carece actualmente de conocimientos y experiencia en la materia. Indudablemente, comparada con las de otros países, nuestra planta de servidores públicos sufre un rezago que hasta el momento no ha podido -o tal vez querido- superar.

Otra grave dificultad consiste en la persistencia de fuertes barreras burocráticas para la asignación presupuestal de recursos destinados a la adquisición de equipos de punta. Debe pensarse en flexibilizar al máximo y en el corto plazo los procedimientos vigentes, por supuesto sin perder el control, para que este tipo de inversiones dejen de ser vistas, por un lado, como gastos dispendiosos, ignorando el alto costo-beneficio que trae consigo la utilización de estos nuevos instrumentos de trabajo y por otro, como un elemento de tensión organizacional, en virtud del supuesto desplazamiento de personal -sobre todo operativo- que conllevaría la informatización, siendo que al con­trario, propiciaría la reasignación de las funciones de estos recursos humanos para aumentar su productividad al eximirlos, por ejemplo, de infinidad de tareas repetitivas, con lo que sin duda se obtendría un considerable incremento de la productividad.

Estos y otros muchos problemas a los que se enfrenta la modernización administrativa en nuestro país nos mueven a reflexionar seriamente sobre la necesidad imperiosa de transformar los patrones de estructura, organización y funcionamiento del sector público, adaptándolos a las exigencias presentes y futuras que nos impo­ne la sociedad de nuestro tiempo. Solo así podremos participar dignamente dentro de la nueva dinámica global, en lo que a administración pública se refiere. Por esta razón, el tema tendrá que ocupar un espa­cio importante en las plataformas de los partidos políticos, de cara a los procesos electorales del año próximo.

Los nuevos sistemas para el manejo de in­formación tendrán que ir abarcando poco a poco cada una de las fases administrativas del sector público, desde la planeación hasta el reciclaje o feedback, en un proceso irreversible de mo­dernidad -como ya sucede en los países industrializados- pues de lo contrario, se correrá el grave riesgo de “perder el paso” en la veloz carrera de la modernización, más aun si se tiene en cuenta el aumento constante en la calidad y cantidad de los canales y flujos de información, que sin duda se mul­tiplicará geométricamente a partir de la puesta en marcha del Tratado Trila­teral de Libre Comer­cio con los Estados Unidos de América y Canadá.