Constitución, Democracia y Tolerancia en el México actual

CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y TOLERANCIA EN EL MEXICO ACTUAL

Por José Ramón González Chávez

El avance de la ciencia en general y particularmente de las ciencias sociales, ha puesto en evidencia que no existen verdades únicas, ni absolutas; que nadie puede tener patente sobre la concepción de la realidad, al contrario, hay más que nunca presenciamos que lo que podemos llamar Verdad, solo es posible construirla a partir de la suma de todas las verdades posibles, siempre que nos sujetemos todos a las mismas reglas y procedimientos.

Esto en la práctica política y social aplica totalmente. Como sabemos, el disenso es un presupuesto de la democracia; si todos pensáramos igual, no la necesitaríamos, de ahí que la tolerancia sea uno de los valores democráticos y de ética social fundamentales y uno de los pilares que sostienen todo Estado Constitucional.

Sin embargo, cuando hablamos de tolerancia no debemos hacerlo en el sentido de tener que “sobrellevar, aguantar o sufrir al otro”, con lo que nos pondríamos cerca de una especie de sacrificio al estilo religioso, sino más bien entenderla como una actitud que nos permita reconocer y aceptar al otro, escucharlo para comprenderlo, contrastar sus ideas con las nuestras a fin de diluir las diferencias y encontrar puntos de acuerdo en lo fundamental respecto a lo que nos concierne a todos y así estar en posibilidad de construir un proyecto colectivo factible.

De ahí que la tolerancia sea un presupuesto de todo régimen democrático que ofrece exponer en un marco de civilidad, diversidad de opiniones, preferencias, visiones y proyectos sujetos a ser confrontados mediante el diálogo, a fin de diluir las controversias y encontrar puntos de acuerdo en lo fundamental. Al final de cuentas eso significa la palabra política, la verdadera política: lo que atañe a la polis, lo que nos incumbe a todos los ciudadanos, aquello en lo que podemos estar de acuerdo haciendo a un lado los matices propios de nuestras diferencias personales o de grupo.

Es en este contexto que hay que considerar, las manifestaciones que miles de ciudadanos, desde sus autos, se llevaron a cabo el sábado y domingo pasados (30 y 31 de mayo del 2020) en 77 ciudades del país de 21 entidades federativas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos bajo las siguientes premisas:

1. La Libertad de expresión y por consecuencia el Derecho a la libre manifestación de las ideas, son derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 6° párrafo segundo, apartado B), fracciones IV y V) , y como tales son de carácter universal, inalienables, independientes de la política o la economía; más aún, son prerrogativas ciudadanas, es decir, una combinación de derecho ciudadano y obligación de índole ética política.

2. De ahí que el poder público, sus ramas y órganos en los distintos órdenes de gobierno, tal como consagra también nuestra Carta Magna (art. 1°), tiene la obligación de respetarlos, promoverlos, defenderlos y ante todo, garantizarlos. En tal sentido denostar, discriminar, minimizar mediáticamente y sobre todo no escuchar sus planteamientos y estrategias sería característico de regímenes autoritarios y fundamentalistas, impropio de estados constitucionales como el nuestro.

3. A lo largo de la historia del mundo occidental, al menos desde la época de la ilustración a nuestros días –los ejemplos sobran en el mundo y en México-, los primeros en protestar por las condiciones políticas, económicas y sociales han sido los pequeños propietarios, los comerciantes, los intelectuales. A ese sector de la ciudadanía Marx y Lennin le llamaron “la vanguardia revolucionaria”, de hecho Marx y Engels estaban en ese sector de la población.

4. Denostar o pretender minimizar de forma intolerante las manifestaciones del fin de semana pasado con el falso argumento de que se trató de “puro fifi dueños de coches de lujo” refleja en quienes así se han expresado un padecimiento de ceguera política, pues A) suponiendo que así hubiese sido –que no lo fue, hay una buena cantidad de fotos y videos que así lo muestran- en cualquier sociedad que se jacte de ser democrática todos los ciudadanos tienen iguales derechos, obligaciones y prerrogativas y en ese sentido gozan del pleno derecho de manifestar sus ideas preferencias y planteamientos, a lo que B) quienes no estuvieren de acuerdo tienen primero la obligación de escuchar y comprender con tolerancia sus argumentos, y luego el derecho de replicar, debatir y argumentar exponiendo su versión, pero nunca de anular esa posibilidad al otro, o considerarlo como adversario, o peor aún, como enemigo, lo cual sería a todas luces antidemocrático.

5. Considerar a quienes marcharon y sobre todo a quienes ellos representan como una minoría insignificante, es otra aflicción de oftalmología política, pues bajo el supuesto expresado por los detractores de las “manifestaciones sobre ruedas” de hace unos días, hay que recordar que no hay trabajadores ni obreros sin empresas. Lo que se denomina la micro, pequeña y mediana industria representa el 90% de los empleos formales a nivel nacional y el 85% del total de quienes pagan impuestos, de donde se financian entre otras cosas, los distintos proyectos y programas gubernamentales.

6. Estas manifestaciones se realizaron en 77 ciudades de las más grandes del país, lo cual, a diferencia también de lo que han opinado sus detractores, está lejos de ser un “asunto menor” por lo que ni siquiera vale la pena ocuparse de ello. Eso tiene sin duda muchas lecturas y una de ellas habla de la capacidad de convocatoria y organización de ese grupo, lo que debería verse con mayor acuciosidad, dado que como lo afirmó dicho grupo por distintas fuentes, es solo el primero de una serie de actos que se llevarán a cabo de aquí en adelante.

7. Otros detractores más han expresado que esa no es la vía, ni el modo, y que para eso están las elecciones. En este caso, ellos también sufren del mal de amnesia política y social, pues han olvidado que este es uno de los medios más fuertes que empleó durante más de 18 años de campaña el ahora presidente y su grupo para llegar al gobierno. Imposible sería imaginarse que la única opción de su estrategia política para lograr el triunfo en las urnas hubiera sido dedicarse en exclusiva a participar en los procesos electorales.

Se esté de acuerdo o no con los principios y fines de quienes se manifiestan, todos los ciudadanos en un espíritu democrático volteriano tenemos la obligación de respetar y defender el derecho que tienen a hacerlo, y para el gobierno en turno la responsabilidad de escuchar para comprender e integrar.

La unidad, no la división, es la fórmula para superar nuestras debilidades y desafíos, económicos, políticos y sociales. Sumando, se multiplica y se avanza; restando, se divide y se retrocede.

La Constitución mexicana: ¿Es o no es la de 1917?

A partir de un comentario que hace unos días me hiciera un colega respecto de la vigencia o no de la Constitución de 1917 y en tal sentido, recordando un texto de don Diego Valadés que leí cuando nuestra Carta Magna cumplió 100 años[1], me surgió la idea de compartir con ustedes la siguiente reflexión. Espero sea de su interés y genere sus comentarios.

_____________________________

LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA MEXICANA, ¿ES O NO ES LA DE 1917?

Por José Ramón González Chávez

Desde la época prehispánica, para los mexicanos la realidad es producto del vínculo inseparable entre vida y movimiento (ollin-yoliztli), y esta cualidad del ser y trascender humano es perfectamente aplicable a la realidad constitucional, pues el Derecho en general y la Constitución en particular, son productos culturales y la cultura nunca se detiene.

Como he escuchado y leído en aportes de varios juristas, la Constitucion de 1917 es a la vez momento, documento y ordenamiento. De ahí que la línea de tiempo que nos da el centenario de su promulgación, debe llevarnos a pensar al mismo tiempo en nuestra historia constitucional; en el valor del texto constitucional mismo para nuestra vida democrática y en general para la doctrina constitucional del presente; y para la génesis política y social del proyecto jurídico político que de aquí en adelante queremos y requerimos como mexicanos.

Poco reparamos en que la Constitución mexicana es la octava más antigua del orbe y de ellas, la segunda de corte republicano, solo después de la norteamericana[2]. Aunque cada una de ellas es distinta, por ejemplo, la inglesa tiene sus raíces en la edad media, la Estados Unidos de Norteamérica se funda en el siglo de las luces, otras cinco (Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos) en la filosofía y el pensamiento político de la monarquía constitucional del siglo XIX y la mexicana en el derecho y la doctrina social del siglo XX. No obstante, todas ellas persiguen a su manera y en su contexto los mismos objetivos, entre los que destacan:

  • Definir derechos fundamentales y sus garantías;
  • Establecer la estructura y organización del Estado;
  • Normar la forma y distribución de competencias y atribuciones de las ramas del poder público y ámbitos de gobierno;
  • Regular las relaciones entre gobernantes y gobernados;
  • Determinar las formas de control del ejercicio del poder público;
  • Prever los mecanismos para su reforma.

En todo caso, la constitucionalidad es un factor de cohesión eficaz, más aún en países que como el nuestro son tan heterogéneos en cuanto a sus elementos de integración nacional, tales como las etnias, las lenguas, las culturas, tradiciones, usos y costumbres, los climas, las orografías y hasta las religiones.

Sin duda, toda Constitución lleva en sí misma la huella genética de su respectivo pueblo. Su forma y fondo obedecen a un patrón propio de circunstancias de carácter histórico, jurídico, político, económico, social, cultural. Sin embargo, al menos en el caso de las constituciones de los ocho países que hemos mencionado, tienen en común que han surgido de procesos de independencia o revolucionarios, han sentado las bases para el perfeccionamiento del marco de derechos y libertades, así como de sus sistemas electorales, administrativos y jurisdiccionales y con ello, han podido avanzar en la consolidación de su democracia.

Cualquier Constitucion que pretendiera perpetuarse inalterada, soñando con un régimen inalterable, está condenada a su extinción. Las sociedades abiertas no se pueden regir mediante regulaciones cerradas con precisión suficiente para dar certeza y seguridad, pero con amplitud suficiente para permitir el ejercicio de la libertad. En México, en cumplimiento al inexorable principio de Vida y Movimiento, el rostro constitucional se transforma siempre con el tiempo y la circunstancia.

En 1916-17 el proyecto original de modificar la Carta Magna de 1857 presentado por Venustiano Carranza al congreso constituyente de Querétaro, fue modificado sustancialmente al añadirse ya en el debate los derechos agrarios y laborales, además de principios como el de no reelección entre otros; ajuste mayor, natural y comprensible, pues se trataba de plasmar en la constitución restablecida las causas de las principales facciones revolucionarias. En 100 años, la Carta Fundamental mexicana ha sido objeto de 227 decretos que han modificado 697 veces 114 de sus 136 artículos.

Pero al contrario de lo que se piensa, estas reformas no han sido “parches” o pegotes a un texto ya establecido con anterioridad, ni en su gran mayoría han sido nimiedades. Para muestra, de forma meramente enunciativa, menciono las siguientes[3]:

  • Seguridad Social;
  • Voto de la mujer;
  • Igualdad Jurídica entre hombres y mujeres y género;
  • Composición fija de los legisladores de mayoría y de representación proporcional;
  • Sistema Electoral autónomo;
  • Tribunal Constitucional;
  • Derecho a la vivienda;
  • Derecho a la planificación familiar;
  • Derechos de los niños;
  • Derechos indígenas;
  • Mar patrimonial y espacio aéreo como parte del territorio del Estado;
  • Acceso a la información;
  • Derechos humanos y sus garantías;
  • Medios de control constitucional;
  • Autonomía Universitaria;
  • Derechos, estructura y organización de las telecomunicaciones;
  • Tenencia de la tierra;
  • Distribución de competencias en los distintos ámbitos de gobierno;
  • Planeación del desarrollo;
  • Nuevas relaciones estado-iglesias;
  • Cambio de régimen jurídico político del Distrito Federal
  • Principio Pro Persona
  • Control de Convencionalidad.
  • Nuevo sistema de justicia penal.

Pero vale decir que estas nuevas instituciones constitucionales, imprescindibles en la actualidad, conviven al mismo tiempo con errores o padecimientos que se vuelven cada vez más graves. Me referiré solo a los dos más importantes:

  1. Desde mi punto de vista se ha cometido el error de –si se me permite la expresión- sobre procedimentalizar los nuevos temas, que se manifiesta de manera cada vez más evidente a medida que los ejecutivos federal y locales han ido dejando de contar con la mayoría del congreso a su favor, a grado tal que en el último de los temas citados (el nuevo sistema de justicia penal) se parecía que cerca de 80% de las reformas aprobadas son de carácter procedimental, mismas que como en el caso de las demás, en condiciones normales de constitucionalidad bien podrían haberse remitido a la legislación adjetiva o “secundaria”.

Este padecimiento, por ejemplo, técnicamente provoca la necesidad de ajustes que complican el equilibrio y la vigencia del ordenamiento jurídico en su conjunto, ya que la reforma a algún precepto procesal constitucional, provoca reformas a una gran cantidad de artículos constitucionales, leyes y disposiciones, tal como sucedió recientemente, para citar solo tres casos, con el cambio de régimen de responsabilidades de los servidores públicos, la transformación del distrito federal a la ciudad de México y el nuevo sistema de justicia, que en su conjunto implicaron modificaciones que contabilizan el 14% de todos los cambios hechos a la constitucion en 100 años (!).

Utilizo las comillas al adjetivo “secundaria” de la legislación porque es precisamente esta expresión un reflejo claro no solo del positivismo jurídico del cual todavía no podemos deshacernos, sino del lugar que por lo mismo tiene el resto del ordenamiento jurídico respecto de la norma constitucional, como si la legislación derivada federal y sus respectivas locales no pudieran hacerse valer desde la actividad jurisdiccional con la misma fortaleza y contundencia que como sucede en la mayor parte de los casos en tratándose de disposiciones constitucionales, siendo que en el nuevo sistema la constitucion no está ya solo en la cúspide del ordenamiento jurídico (pirámide Kelseniana) como era en el sistema anterior, sino que ahora su esencia se encuentra en el núcleo que cada norma del sistema, independientemente de su naturaleza (constitucionalismo multinivel).

Quizá sea la razón por la que el constituyente ha pretendido dar rango de ley suprema a los aspectos procedimentales y hasta administrativos del precepto fundamental, por el miedo a que este fuera “interpretado” o ajustado a modo en la legislación ordinaria o reglamentaria por parte de los ejecutivos federal o locales en turno; pero también y a contrario sensu por el recelo del ejecutivo federal de que sus reformas constitucionales fueran “matizadas” en la legislación secundaria por un congreso de mayoría contraria.

Y tal vez por el mismo motivo, la reforma al sistema de justicia solo se circunscribió al tema penal y “se omitió” un rasgo que todas las constituciones mencionadas comparten, salvo la mexicana: la relevancia de las decisiones jurisdiccionales y de las prácticas políticas y administrativas como parte sustantiva del andamiaje constitucional, factores que permiten mantener la coherencia entre deber ser y el ser de la norma, conseguir una vigencia fresca y objetiva del ordenamiento jurídico y en consecuencia, abonar a su credibilidad y legitimidad.

De ahí que la constitucion mexicana, por la desconfianza política entre ejecutivos y legislativos federales y locales, la falta de cabildeo (práctica aun no reconocida oficialmente en el sistema político mexicano) y de negociación política (cada vez más ausente en los distintos órdenes de gobierno), sufra con acento cada vez mayor de una grave distorsión respecto de su naturaleza y características originales, lo que aunado a la sumisión relativa, o si se quiere, débil autonomía de los miembros de los órganos jurisdiccionales, ha llevado a la desconfianza social, así como a la falta de credibilidad y legitimidad de los ciudadanos respecto de las autoridades y con ello, al debilitamiento de todo el ordenamiento constitucional.

Es por ello que en el marco de la nueva constitucionalidad, la verdadera reforma al sistema de justicia en general, no solo la operada en materia penal, resulta imprescindible que las decisiones jurisdiccionales gocen de cada vez mayor independencia de la presión política del ejecutivo y legislativo en turno, lo que permitiría, conseguir la ya mencionada interacción ser–deber ser del derecho y la coexistencia norma–normalidad, esto es, la seguridad y confianza de los ciudadanos sobre sus instituciones y autoridades y por ende su adhesión espontánea a los preceptos fundamentales, actitud que debe ser característica en todo estado constitucional contemporáneo.

  • Debido a la cantidad de reformas que ha tenido y sigue teniendo a lo largo de más de 100 años, la Constitución mexicana tiene otro grave padecimiento: la creciente desorganización de sus temas y la disolución en ella de los bienes jurídicos que protege cada uno de sus artículos.

Tal vez, en aras de no alterar la Constitución en cuanto a la cantidad de sus artículos, el ejecutivo federal y el constituyente permanente en turno, han optado por que una gran cantidad de dispositivos se refieran a cada vez más y variados conceptos, que en ciertos casos ni siquiera tienen que ver unos con otros, ni con los títulos ni capítulos donde se les ha ubicado.

Hasta hace un poco más de tres décadas (recuerdo mis épocas de estudiante de derecho) era relativamente sencillo, con un poco de estudio, conocer el contenido de cada artículo constitucional y relacionar cada uno con un concepto general, por ejemplo: artículo primero universalidad de derechos y garantías; 2° no esclavitud; 3° educación, 4° igualdad jurídica, etc.

Esta claridad conceptual permitió entre otras cosas la tan amplia difusión que en su momento tuvo la obra “Mexicano: esta es tu Constitución”, de Don Emilio Rabasa, obra que en este momento implicaría un trabajo maratónico y de resultados muy relativos en términos de aportación a la cultura constitucional.

En la actualidad es extremadamente complejo determinar el contenido de cada artículo y más aún identificarlo con un concepto general.

Es por ello que resulta necesario emprender una profunda labor de reorganización y reordenamiento de contenidos, tal como ha sucedido en otros países que tienen constituciones “antiguas” como la nuestra (por ejemplo, entre las ya citadas: Bélgica, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos) que sin alterar su estructura original la ponen al día y refrescan su contenido axiológico y normativo.

Así, en paralelo a esta tarea, debería contemplarse la posibilidad de fusionar preceptos, eliminar duplicidades y actualizar la redacción de apartados, a fin de hacerlos más claros y comprensibles para el grueso de la población, lo que facilitaría su eventual adecuación y les daría mayor estabilidad y permanencia, facilitaría la didáctica constitucional a todas las escalas, propiciando la construcción de una cultura constitucional renovada, capaz de ser sustentable en la práctica.

Con todos sus aciertos y sus problemas, con todas sus cualidades y desafíos, nuestra Constitución ahí está, reflejando a la vez nuestros logros, nuestras realidades y hasta nuestros sueños, como guía o referente de trazo que nos hace avanzar en nuestra ruta permanente en el andar siempre inacabado hacia nuestros valores absolutos, como la libertad, la igualdad, la democracia, la justicia.

De alguna suerte, la Constitución es la transposición del yo, el super yo y el ello Freudianos al ámbito del derecho y la política; refleja el ser, el deber ser y el tener que ser del Estado (población-territorio-poder) en un determinado momento. Es en este sentido y después de lo hasta aquí expuesto que considero que la pregunta sobre si la Constitución es o no es la que se promulgo el 5 de febrero de 1917 resulta en términos argumentativos un falso dilema: La Constitución es lo que debe ser y deberá seguir siendo para mantener y reconocer nuestros logros y conquistas, enfrentar los retos de nuestro presente y definir nuestras expectativas al porvenir y para tal fin debe tener siempre presente nuestro principio ancestral de vivir y afrontar la realidad en la eterna simbiosis entre vida y movimiento.


[1] Valadés, Diego, en “Los Grandes Temas Constitucionales”, textos introductorios a la obra de Fernández Ruiz, Jorge. “Derecho Administrativo”. Secretaría de Cultura, Secretaría de Gobernación, Instituto de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. México, 2017. P. 25 y ss.

[2] En el caso de Suiza, país con 42,290 km2 (para referencia es de similar tamaño al estado de Yucatán que comprende 2% del territorio nacional) y 8.5 millones de habitantes (es decir, 1000% más que Yucatán que cuenta con 780 mil habitantes), cabe mencionar que su Constitución es “nueva” de derecho (1999), aunque antigua de hecho (1874), pues luego un siglo de vigencia sumaba de 150 reformas por lo que pensó en llevar a cabo una renovación sin sustituirla para evitar la inquietud de ciertos grupos conservadores, proceso que tardó más de 25 años y que solo logro aclarar contenidos y actualizar algunos conceptos, incorporando además algunas normas consuetudinarias.

[3] Cada una de las cuales, por cierto, podría y debería ser sujeto de amplios y profundos análisis de carácter constitucional desde el enfoque constitucional contemporáneo

El Control Judicial de la Constitucionalidad y el Juicio de Amparo en México: Algunas líneas de reflexión sobre un libro de Luciano Silva Ramírez

EL CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIONALIDAD

Y EL JUICIO DE AMPARO EN MÉXICO:

Algunas líneas de reflexión sobre un libro de Luciano Silva Ramírez

Por José Ramón González Chávez

(Docto elaborado en abril de 2011)

____________________

1.- EL FENÓMENO.

Profunda crisis estructural, caracterizada por condiciones de inseguridad, empobrecimiento económico y político, descomposición social, desintegración axiológica.

A esto se añade:

1.1.

  • Un nuevo entorno del derecho internacional que pone a revisión la incontestabilidad de la Constitución.
  • La necesidad de marco jurídico nacional a la vanguardia y conforme  a las tendencias internacionales.

1.2.

Globalización, hecho inevitable del que México no puede sustraerse, que lo obliga a ponderar en qué medida la integra a su política y orden jurídico.

  • Estado de Derecho.
  • Defensa y promoción de los derechos humanos y los conflictos de interpretación respecto a la Constitución frente a los tratados internacionales en la materia.
  • Una mayor participación de la sociedad que exige:

– Recomposición de las estructuras del poder público

– Un nuevo marco de reglas

– Época de cambio – Cambio de época.

2.- RESPUESTAS ANTE EL FENÓMENO

2.1. Democracia de Calidad.

La democracia no se agota en los procesos electorales, continúa en el respeto irrestricto al principio de legalidad, a la participación y al fortalecimiento del Estado de Derecho.

  • Se requiere de un entramado político que distribuya el poder.
  • Igualmente, de un marco jurídico que permita el desarrollo de ese nuevo entramado político.
  • La democracia impulsa naturalmente el cambio institucional.

2.2. Supremacía Constitucional

  • Supremacía y rigidez, características de las constituciones occidentales modernas.
  • La Constitución como norma suprema, requiere robustecerse y perfeccionarse, a fin de que sea cada vez más expresión de un Estado de Derecho democrático y moderno.

2.3. Régimen jurídico confiable

Para hacer frente al entorno nacional e internacional se requiere un marco jurídico sólido, confiable y moderno, que permita consolidar la democracia, el Estado de Derecho, respetar los derechos fundamentales, y preservar la Constitucionalidad.

2.4. Mecanismos ad hoc de defensa de la constitucionalidad

  • Mecanismos para tutelar la constitucionalidad eficaces, eficientes y suficientes.

2.5. Órgano garante de la constitucionalidad

Debe ser un órgano fuerte pero equilibrado, imparcial, profesional, transparente y con herramientas legales suficientes para hacer cumplir sus determinaciones, sin que ello implique una invasión a la esfera competencial de los poderes del Estado.

3. EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD EN MÉXICO

3.1. Sistema de control constitucional híbrido

Sistema de control constitucional mexicano:

  • Fusión del concentrado y el difuso, dando como resultado un sistema híbrido.
  • Producto del estilo especial del ejercicio del poder en México, dadas sus condiciones históricas y políticas internas y externas.
  • Tiene influencia del sistema difuso porque el artículo 133 constitucional establece la supremacía de la Carta Magna, obligando a los tribunales estatales a apegarse a ella, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera haber en sus constituciones locales o en sus leyes.

* Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo al art. 99 de la Constitución las salas tienen posibilidad de no aplicar las leyes consideradas por la Corte como inconstitucionales.

  • Su tendencia concentrada radica en que el artículo 103 dota a los tribunales federales de la facultad de velar por el control judicial de la Constitución, así como el artículo 105, que reserva a la SCJN la atribución de resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.

3.2. Consolidación de un sistema de control preponderantemente judicial

La reforma de 1987, suprime la obligación de la SCJN de resolver los amparos sobre violación de leyes ordinarias, trasladándola a los tribunales colegiados, en la que se refrenda la capacidad del más alto tribunal de resolver sólo los juicios de garantías en los que se discutieran cuestiones de estricta y directa constitucionalidad, con  lo que consolida su carácter de intérprete final de la Constitución.

A partir de las reformas constitucionales de 1994, se refuerza el sistema jerárquico kelseniano aún más, dando paso a un importante medio de control constitucional: las acciones de inconstitucionalidad.

  • Recordar declaratoria de Zedillo de que las reformas consolidad a la Suprema Corte como Tribunal Constitucional.

3.3. Importancia de la Obra

Control de la constitucionalidad desde 2 perspectivas:

3.3.1 Control político-judicial-constitucional a través de controversias y acciones de inconstitucionalidad.

3.3.2. Control constitucional y de legalidad, a través del juicio de amparo. Critica el sistema de control de constitucional y propone interesantes innovaciones, basadas en su experiencia como litigante, combinada con las teorías del derecho procesal constitucional y la jurisprudencia.

3.4. Propuestas del Autor

3.4.1. Consolidación de la SCJN como Tribunal Constitucional

  • Un nuevo sistema de designación de miembros:. Es necesario atenuar la intervención del Ejecutivo en la designación de los ministros, para tener una Corte menos dependiente del Presidente.

     Una forma de lograrlo es:

  • Cambiar el procedimiento de evaluación de candidatos
  • Cambiar la forma de integración del consejo evaluador.
  • Autonomía presupuestaria
  • Facultad reglamentaria: Derogar la facultad de emitir acuerdos generales, pues su naturaleza es principalmente administrativa, y en su lugar dotar a la SCJN de la facultad de expedir reglamentos.
  • Redistribución de competencias: La SCJN debe resolver todos los amparos en revisión contra normas generales y asuntos de interés nacional.

3.4.2. En materia de amparo

  • Amparo colectivo: Procedencia del amparo para la protección de derechos difusos, ampliando la base de promoventes mediante la adopción del interés directo.
  • Amparo contra procedimiento de reformas constitucionales (Por qué no son atacables?)
  • Declaratoria general de inconstitucionalidad. Eliminar la “formula Otero”.
  • Interpretación conforme. Interpretando la norma general en armonía con la Constitución y partiendo de la presunción de constitucionalidad de la norma (Con esto la Corte se convierte en legislador?)

3.5. Propuestas adicionales propias

3.5.1. Consolidación de la SCJN como tribunal Constitucional

  • Facultad de iniciativa a la SCJN: Acotada a las materias relativas a su organización y al ejercicio de las funciones del PJF.
  • Facultad de investigación: Supresión de facultades no jurisdiccionales, preservando su calidad de Máximo Tribunal y permitiendo que se concentre en asuntos propios de su naturaleza.

     – No está reglamentada

     – No tiene efectos viculatorios: hace nugatoria la protección total de garantías individuales que se estimen violadas.

     – Facultad histórica; hoy hay otras instituciones (PGR, CNDH) que no existían a principios del siglo XX.

  • Controversias constitucionales: Ampliar los sujetos legitimados a organismos constitucionales autónomos.

     – Hoy carecen de un medio de defensa constitucional para salvaguardar su esfera de competencia, lo que limita su autonomía.

     – En Coahuila el Pleno del Tribunal Superior de Justicia tiene facultades de Tribunal Constitucional local, y contempla a organismos públicos autónomos para promover controversias constitucionales.

  • Acciones de inconstitucionalidad: Disminución del porcentaje de 33% mínimo requerido actual, para permitir el acceso de las minorías a la acción (25%?).
  •  Acciones de inconstitucionalidad por omisión: Impugnar la ausencia de una ley, siempre que ello suponga una violación constitucional (Veracruz, Tlaxcala, Chiapas y Quintana Roo, ya la han adoptado en sus constituciones). 
  • Control preventivo constitucional legislativo: Para vigilar que la producción legislativa se apegue siempre a las disposiciones constitucionales.

     – Opinión formulada por la SCJN, que forme parte del proceso legislativo -como en el caso de las iniciativas que son turnadas a comisiones no para efectos de dictamen, sino para opinión-. Así se evitaría el retraso en el proceso legislativo.

     – Fortalecería y enriquecería la tarea parlamentaria.

En Francia, el control constitucional ex ante está a cargo del Consejo Constitucional, que debe pronunciarse sobre los proyectos de ley, y su estricto apego a la norma fundamental. Si el Consejo la estima inconstitucional, no puede ser promulgada ni, en consecuencia, entrar en vigor.

3.5.2. En materia de amparo

Juicio de amparo 

  • Amparo contra violación de derechos humanos: Incluir el reconocimiento expreso de los derechos humanos en la parte dogmática de la Constitución  (Reformas al art. 1° Const.), con las únicas formalidades para su exigencia que establece el propio artículo 133.
  • Amparo colectivo: Procedencia del amparo para la protección de derechos difusos, ampliando la base de promoventes mediante la adopción del interés legítimo no directo, pues este último es muy abierto, entraña casi todos los supuestos y colapsaría al Poder Judicial.
  • Amparo contra normas generales: Cuando la SCJN siente jurisprudencia –ya sea por reiteración o contradicción– en la que determine inconstitucionalidad de una norma, deberá dar aviso de manera inmediata al órgano emisor, para que sea subsanada.

     – La intención es excluir del orden jurídico las normas declaradas inconstitucionales, con irrestricto respeto a las esferas competenciales de los poderes.

  • Participación del MP: La Constitución le otorga la facultad discrecional de abstenerse de intervenir cuando el caso de que se trate carezca, a su juicio, de interés público. 
  • Eliminar al MP como parte en el juicio de amparo, pues no es contraparte del quejoso, sin embargo, cuando interviene generalmente lo hace contra los intereses del impetrante, retardando los juicios y el cumplimiento de sus sentencias, causando graves perjuicios cuando la resolución impugnada es en sentido positivo.
  • Limitar su intervención a los juicios de amparo contra normas generales, pues en tales casos sí se acredita el interés público y su intervención fortalece el propio juicio y lo que en él se resuelva.

4. Una constitución garantista.

  • En un Estado de Derecho que compatibiliza libertades, el Derecho está más vigente que nunca.
  • El garantismo debe ser entendido como el reconocimiento de mayores derechos para las personas, el establecimiento de límites al poder y la garantía que la Constitución se da a si misma en para mantener sus principios y fines supremos, en el caso de reformas.
  • El derecho subjetivo debe estar limitado por las leyes,, mientras que el deber jurídico tiene que ser regido por el garantismo.
  • La Constitución debe ser permeada por el garantismo, tanto en su parte dogmática como en la orgánica, para consolidar la democracia constitucional que poco a poco hemos ido construyendo.
  • La constitución debe ser expresión del garantismo colectivo.
  • En este sentido, la obra es una gran aportación y refleja el compromiso del autor como ciudadano y como especialista en derecho procesal constitucional.
  • Enriquece el mundo jurídico con propuestas que adquieren plena vigencia ante la problemática del control judicial de la constitucionalidad que estamos viviendo día a día.

COMENTARIOS EN LA PRESENTACION:

  • El control de la Constitucionalidad es consecuencia obligada del proceso de democratización real del Sistema Político mexicano.
  • Proceso Madison vs. Marbury, antecedente del art. 133 const.
  • Es válido que la resolución de los asuntos más importantes para el país esté en manos de 11 ministros de la SCJN? (antes eran 25)
  • Jueces locales en materia de control de la constitucionalidad envían a la SCJN sus asuntos de inconstitucionalidad, esta lo resuelve y lo devuelve para su resolución local (combinación de control difuso y concentrado).
  • Juicio político y queja ante derechos humanos, son recursos de inconstitucionalidad?
  • Cómo se resolverán las acciones de inconstitucionalidad en el caso de los organismos constitucionales autónomos? (IFE, INEGI, B. de M., CNDH).
  • La votación necesaria para declarar la inconstitucionalidad de una ley es mínimo de 8 contra 3; qué pasa si es 7 contra 4?, ya no es inconstitucional? Tiene lógica? (que pasará en el supuesto de la reforma energética?)
  • Manuel Crescencio Rejón lo creó en 1840 para el poder judicial de Yucatán; Mariano Otero lo federalizó.
  • El libro omitió en análisis de lo referente al ámbito electoral.
  • La SCJN SÍ es un tribunal constitucional, porque tiene las mismas facultades que cualquier tribunal constitucional en el mundo.

_____________________

  • La corte vela por el Imperio de la Constitución y el apego de ciudadanos, autoridades y leyes a ella es lo que puede llamarse Constitucionalidad.
  • El art. 107 establece la competencia en exclusiva de la SCJN por inconstitucionalidad de las leyes (Art. 83 const. fV).
  • Control de la constitucionalidad  Su objeto es:

     1. El control del poder, y la obligación de su ejercicio en consonancia con la Constitución; de lo contrario, su sanción por inconstitucionalidad.

     2.- Establecer los Mecanismos de Control (tienen que se reestructurados) y

     3.- Los Organismos encargados de aplicarlos (deben de ser modernizados).

  • Al respecto hay que reflexionar sobre las atribuciones de la SCJN en caso de desaparición de los poderes en un Estado. Debería de permitirse que los estados puedan aportar pruebas en su defensa.
  • El Amparo no es un juicio mas, es un juicio constitucional, un mecanismo de control constitucional del poder.
  • Se plantean reformas para hacerlo las social, mas justiciero

Impunidad Garantizada

Una reflexión del Profesor Diego Valadés hecha en agosto de 2018 pero cuyo contenido mantiene vigencia, mas aun que como puede constatarse, por desgracia los factores clave para la reversión del asunto, (liderazgo, voluntad política, decisiones oportunas y adecuadas) siguen brillando por su ausenci, y ahora con mayor fulgor, y no solo la situación se ha mantenido sino aun peor, se ha agravado.

Bien merece ser leída y por supuesto comentada. Saludos cordiales.

José Ramón González Chávez

_____________________________

IMPUNIDAD GARANTIZADA
Por Diego Valadés

La violencia generalizada en el país tiene muchas causas. En términos generales el factor principal es el desarreglo institucional que se ha acumulado por décadas.Entre los elementos más perceptibles del déficit institucional que padecemos figura la discrecionalidad de quienes ejercen el poder.

Cuando un sistema está a expensas de las decisiones personales, lo mismo sucede que quien las toma lo haga con sabiduría política, honestidad y patriotismo, o que proceda de manera frívola, complaciente o caprichosa.

El mundo entero está presenciando y sufriendo los efectos de la discrecionalidad extrema en el poder. El hecho de que un solo sujeto, en este caso el presidente de Estados Unidos, pueda afectar la ecología planetaria y desfigurar el complejo sistema comercial del mundo sin que haya un aparato institucional que lo impida, denota las deficiencias agudas de los sistemas presidenciales que no se han renovado.

La situación de México es semejante. El régimen de gobierno se acomoda a las características de presidentes, gobernadores y alcaldes en sus respectivos ámbitos de poder, pues los mecanismos representativos son muy débiles. Las consecuencias son conocidas.

De cada titular en cada nivel de gobierno depende la solución de los problemas. Si los elegidos para esos cargos tienen atributos para resolver los agobios dominantes, son viables algunas soluciones, pero su vigencia está limitada a la presencia de los personajes, no a la permanencia de las instituciones jurídicas y políticas.

No dudo que en materia de seguridad el próximo gobierno federal ofrezca buenos resultados, aunque sus efectos estarán limitados al periodo sexenal. Si la fuente de los remedios sigue siendo una persona, lo más que se puede esperar es que también acierten los elegidos en 2024, en 2030 y así en lo sucesivo, en tanto carezcamos de instrumentos institucionales para que las políticas del Estado sean estables, evaluables, corregibles y controlables y duraderas.

En el caso del combate a la violencia todo indica que los titulares de los órganos gubernamentales incumbidos de llevarlo a cabo están tomando su papel en serio. Esto es positivo, pero no bastante si se mantiene incólume el deficiente entramado institucional que propicia la impunidad.

La violencia delictiva es un asunto que exige respuestas políticas y jurídicas; no es un tema de policías y ladrones. El meollo de la cuestión es que los sistemas federal, judicial, de gobierno, representativo y, de manera general, el ordenamiento jurídico, no están alineados para generar sinergias pues obedecen a lógicas distintas y se fueron construyendo de manera desordenada, fragmentaria e incluso contradictoria.

Ayudará cambiar de estilos, estrategias y tácticas, así como mejorar los sueldos, la capacitación y el equipamiento en las áreas de seguridad. Todo esto podrá dar resultados favorables que se adviertan en los indicadores delictivos. Empero, si subsisten las deficiencias jurídicas y políticas, la impunidad impedirá que esos efectos se consoliden en el largo plazo.

Está demostrado que la incidencia delictiva depende de la tasa de impunidad. Las acciones preventivas y represivas del delito son sólo una parte de lo que se requiere. En una gran estrategia de combate al delito, la integridad y la capacidad de las fuerzas de seguridad son indispensables; pero esto representa apenas un factor que debe ser complementado por otras medidas políticas y jurídicas.

Como en tantas ocasiones previas, la sociedad y sus expertos están siendo convocados a foros catárticos. Además del desahogo, habrá algunas opiniones valiosas. En cambio, falta que el Estado reaccione ante el desprestigio y también se escuche a sí mismo.

Contra el estereotipo, en el servicio público hay mucha gente honesta y experimentada. Existen administradores, juzgadores y agentes de seguridad al tanto de los errores legales y administrativos que propician la impunidad, pero lejanos a quienes deciden. A ellos también conviene oírlos.

Para que la pacificación del país sea amplia y duradera es menester revisar el federalismo, el amparo, el garantismo y el sistema de pruebas judiciales, porque en el ordenamiento jurídico nacional abundan las garantías para la impunidad, en perjuicio de las libertades y del Estado de derecho.

Luigi Ferrajoli: Algunos de sus postulados fundamentales

LUIGI Ferrajoli

Algunos de sus postulados fundamentales

Por Jose Ramon Gonzalez

SOBRE GARANTISMO

1.-Papel del Garantismo en el paradigma del Estado constitucional.

  • El Garantismo es introducido en el léxico jurídico en Italia en los 70’s dentro del ámbito del derecho penal, Sin embargo, su aplicación puede extenderse a todo sistema de garantías de los derechos fundamentales. 
  • El Garantismo es sinónimo de Estado Constitucional de Derecho. 
  • En un sistema jurídico concebido como Estado de Derecho en sentido fuerte, la ley no es solo condicionante sino que también está condicionada por el respeto a los derechos fundamentales. 
  • En el paradigma constitucional las leyes están subordinadas no solo a normas formales sobre su producción, sino también a normas sustanciales, esto es, a derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La existencia de las normas depende del apego al procedimiento formal para su producción, mientras que la validez la da el respeto y la coherencia con los principios constitucionales. 
  • En el Estado Constitucional de Derecho se incorpora no solo el ser, sino el deber ser del Derecho. bajo este postulado puede caber la posibilidad de que se dé un derecho formalmente válido pero ilegítimo. 
  • La omnipotencia del Legislativo, de la política, del legislador es hoy inaceptable. El Estado Garantista o Constitucional de Derecho es un Estado de Derecho perfeccionado en el que no existe poder que no esté sujeto a la Ley.

2.- Interpetación del garantismo a la luz de la teoría política clásica.

  • Esto se puede interpretar como más Locke y menos Rousseau. La primacía Rousseauniana de la voluntad general como expresión de la voluntad popular es una dimensión política formal de la democracia, esencial, pero en la democracia constitucional ya no exclusiva. En este nuevo paradigma no siempre lo que decide la mayoría por ese sólo hecho adquiere validez. Ninguna mayoría, ni aún por unanimidad se puede suprimir o limitar los derechos fundamentales (dimensión sustancial). Una cosa es quién decide y cómo; otra es qué es lícito decidir y que no. 
  • Pero a diferencia de Locke no se trata aquí solo de derechos negativos como el de libertad o el de propiedad, por cierto, de naturaleza muy distinta unos de otros. En el constitucionalismo moderno, junto con los derechos de libertad también existen derechos a prestaciones positivas, derechos sociales a la educación, a la salud, a la subsistencia, al trabajo, es decir, derechos que involucran una expectativa al comportamiento ajeno y a los que deben corresponder obligaciones o deberes públicos de hacer.

3.- Papel de la Jurisdicción en la protección de los derechos.

  • Cuanto más se desarrolla un sistema de límites y vínculos a los poderes públicos, más aumenta el papel de la jurisdicción como órgano de control de la elaboración del derecho. 
  • Desde el punto de vista de la jurisdicción constitucional, el juez tiene a su cargo el control de la legalidad producida por los poderes públicos. Pero desde el punto de vista garantista la jurisdicción está fuertemente limitada. Su legitimidad no tiene una base democrática como en la rama ejecutiva o legislativa, sino en el apego a la Ley y en un sentido más amplio por la verdad de sus decisiones. 
  • Una sentencia es fundada, no solo válida sino también legítima o justa si su  motivación es verdadera. El consenso de la mayoría no hace que lo verdadero sea falso o viceversa. La verdad jurídica depende de la existencia de garantías y del apego a la legalidad. 
  • El sistema de garantías puede reducir el espacio de discrecionalidad judicial, pero no eliminarlo. Persiste siempre en varias partes del proceso pero lo importante es que existan esas acotaciones pues esto facilita la definición de la verdad.

4.- Garantismo ante la corrupción de los poderes públicos y privados.

  • El garantismo es un paradigma de carácter general que procura un sistema de límites y vínculos respecto de los poderes. 
  • La corrupción de los poderes públicos supone una ruptura del paradigma del Estado de Derecho y la lesión del sistema democrático y sus principios de publicidad, transparencia, responsabilidad, visibilidad. 
  • La concepción demócrata liberal de que el garantismo es solo equivalente a la imposición de límites a la actuación del juez dejando fuera de su alcance a los poderes económico (libertad igual a poder ilimitado del mercado) y político (libertad igual a poder ilimitado de la mayoría) es neo-absolutista. 
  • En este sentido, el Estado de Derecho consiste en la sujeción de los poderes a la Ley y la jurisdicción en el medio de control de la ilegalidad de los actos de estos.

5.- Constitucionalismo Global y ciudadanía.

  • La Carta de la ONU es una embrionaria Constitución global; también la declaración universal de los derechos humanos de 1948. son cartas que han cambiado la naturaleza del derecho internacional, subordinando también los Estados a la Ley. El Estado de Derecho puso límites a la soberanía interna, sujetando a todos los poderes a la Ley. La Carta de la ONU puso límites ala soberanía externa cambiando la naturaleza de las relaciones internacionales, han pasado de ser un código fáctico a un ordenamiento jurídico, ya no solo a nivel diplomático sino también jurídico, eliminando derechos como el de guerra, y limitados por la existencia de normas como los derechos fundamentales que ya no solo se protegen dentro de los Estados sino también frente a ellos, con fundamento en la Carta aunque todavía carente de coercitividad objetiva, básicamente por la carencia de jurisdicción internacional penal que pueda convertir las disposiciones normativas en justiciables. 
  • No obstante, existe una gran ilegitimidad jurídica, antes que política o moral, en el sistema de relaciones internacionales, posee la gran laguna de la ausencia de garantismo que la cultura jurídica debe denunciar y la política llenar. 
  • En ese sentido, el horizonte del constitucionalismo global aparece aun muy lejano, aunque utópico, es decir, se mantiene como punto de referencia, igual que como lo ha sido por tanto tiempo el paradigma democrático. 
  • La ciudadanía nace como una característica propia del concepto de soberanía, basada en la igualdad, como fundamento de los derechos civiles y de la inclusión en el ámbito interno. Pero en el contexto internacional, es un requisito premoderno, el último elemento que distingue a las personas por un accidente de nacimiento y esta situación deberá ir cambiando con el tiempo (ahí está el caso de la ciudadanía múltiple europea).

Investigación y práctica Legislativa

Este texto lo expuse como ponencia el jueves 13 de octubre de 2011, en la I Expo Parlamentaria que se llevo a cabo en la Cámara de Diputados Federal, a la que me invitó como panelista en una mesa el Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria (CEDIP). en la Foto estoy con la Directora del Canal del Congreso, El Director General del CEDIP, y el Titular del Centro de Investigaciones Legislativas de Costa Rica. Espero que motive sus comentarios, reflexiones, etc. Saludos.

. . . . . . . . . .

INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA LEGISLATIVA

Por José Ramón González Chávez

La investigación, el conocimiento y la innovación constituyen elementos de valor estratégico de primer orden para el desarrollo integral de un país, pero al mismo tiempo retos de modernización que debemos de asumir.

En los regímenes democráticos el Poder Legislativo es uno de los pilares en los que se sustenta el Estado de Derecho; y en los países que experimentan procesos de transición y consolidación democrática, el Poder Legislativo es además el garante fundamental de la estabilidad y gobernabilidad.

En un mundo caracterizado por la hipercomplejidad, las distintas actividades que conforman en su conjunto lo que podemos llamar función legislativa tienen ante sí retos por demás significativos. La globalización, la recomposición geopolítica y geoeconómica, aunados al surgimiento de la llamada era de la información, todos ellos contemporáneos, han provocado la reorientación de los fines del Estado, considerándose de manera relevante entre ellos, la generación y administración del conocimiento, motivando en los gobiernos de muchos países la necesidad de incrementar la inversión para acompañar las actividades de Investigación y Desarrollo.

Por otra parte, en el campo Jurídico académico, la investigación en México y en Latinoamérica, históricamente ha tenido un carácter preponderantemente deontológico documental, esto es, se ha orientado al estudio de la norma jurídica legislada, debido sobre todo a la fuerte influencia del positivismo Kelseniano y sus variantes en la teoría y la praxis del Derecho de nuestro país y toda la región en general. Quizá por este motivo, durante el siglo XX y más notablemente a partir de la década de los 70, el conocimiento de lo jurídico ha sufrido un proceso de envejecimiento uniformemente acelerado.

Los problemas del presente y del futuro no pueden enfrentarse con herramientas y medios del pasado. La visión positivista o si se quiere formalista, que en su momento tuvo un gran alcance y utilidad, resulta cada vez más limitada, pues el Derecho, con todos los diferentes significados que pudiera implicar el término, se constriñe cada vez menos al mero producto del trabajo del legislador, del gobernante o del órgano jurisdiccional, abriéndose campo a una visión más amplia, ubicada en una nueva perspectiva que permite observarlo como un producto cultural, fuertemente permeado, en el plano horizontal, por los distintos factores del quehacer humano, ya sean sociales, económicos, políticos y culturales; y en lo vertical, como un fenómeno interactuante, al mismo tiempo en diferentes ámbitos, que se circunscriben a partir de lo local, hacia lo nacional, lo internacional, lo regional y lo global. De ahí que en la actualidad haya que legislar sobre cada vez más cosas y el tiempo y los recursos con los que se cuenta son cada vez más insuficientes.

El surgimiento y evolución de las redes, procesos y tecnologías de información y comunicación, junto con sus grandes ventajas, implican para quien investiga un verdadero desafío de navegación, pues se requiere procesar mayor información y generar productos de alto valor agregado para legislar, para tomar decisiones, para comunicar y en medio del el océano de datos, hoy más que nunca se debe tener, no solo un bien medio de trasporte y herramientas adecuadas, sino también y sobre todo, destino, rumbo, timón y conducción.

Este contexto, aunado a lo que Luigi Ferrajoli llama la hiperinflación jurídica, hacen que para los dedicados al Derecho en cualquiera de sus modalidades sea cada vez más difícil actualizarse, pues lo que podemos llamar Derecho se vuelve cada vez más complejo de conocer, comprender y aplicar. Este Diluvio de datos e información de múltiples calidades y valores agregados junto con esa hiperinflación normativa, están llevando al Derecho a una severa crisis, debilitando muchos de sus principios fundamentales, como por ejemplo aquel que postula que la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento, todo lo cual ha incluso llevado a ponerlo en duda como disciplina científica.

En efecto, a medida que la propia civilización avanza, que las personas, grupos y naciones amplían sus espectros de interacción, que la globalidad se impone objetivamente ante lo nacional y lo local, la actividad legislativa nos exige un cambio de actitud que nos permita al menos seguirle el paso y colocarnos a la altura de una sociedad cada vez más dinámica y demandante.

Resulta más que evidente que todas estas variables mencionadas impactan directo en el quehacer legislativo, tanto en su actividad parlamentaria como en su vida y actuar internos. Pero aquí más bien tendríamos que preguntarnos sobre qué hacer y cómo para afrontar y resolver este acertijo que nos plantea la hipermodernidad.

Estudiar y comprender la realidad social para interpretarla en normas que la conduzcan y acompañen a través del Derecho; observar el impacto objetivo de la producción legislativa sobre las conductas sociales y ajustarla para perfeccionar el sistema jurídico y hacerlo más accesible y cumplible, son tareas que hoy más que nunca deben estar en el interés de los organismos de investigación legislativa pues en eso precisamente se cifra la viabilidad del Estado de Derecho en nuestro país y sus entidades federativas.

Sin embargo, de nadie es ajeno que la contraposición de la creciente complejidad y mutabilidad de la dinámica social en sentido amplio con los esquemas tradicionales y cerrados de producción de conocimiento jurídico mencionados, está produciendo una contradicción esencial, primero al interior del Estado y luego en las instituciones de estudios e investigación, incluyendo desde luego las de carácter legislativo, la cual es necesario abordar desde diferentes trincheras, empezando desde mi punto de vista por la reingeniería de los principios, los fines, organización y funciones al interior de los propios organismos.

En particular, el legislativo debe realizar un esfuerzo serio de impulsa la investigación parlamentaria en la actualidad centrándose a nuestro juicio en la planeación y en general la buena administración institucional, la innovación y la mejora de los procesos internos, la formación y el desarrollo de personal especializado, la generación y difusión del conocimiento, la eficacia de la actividad parlamentaria, la colaboración interinstitucional y la interacción con la sociedad, en todos los sectores y a todas las escalas.

Los organismos dedicados a la investigación legislativa, deben de reenfocar sus recursos y esfuerzos en la actualización para adquirir e incrementar su capacidad de diagnosticar un problema jurídico, entregar un pronóstico y ofrecer posibles respuestas o alternativas de solución, siempre desde una triple conjunción entre ser, deber ser y tener que ser y para ello, requieren hoy más que nunca realizar investigación documental y empírica, que permita, entre otras muchas cosas:

  • Obtener más y mejores datos e información para analizarlos y tomar decisiones adecuadas en prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano;
  • Profundizar aspectos de una cada vez más amplia realidad socio jurídica;
  • Conocer nuevas teorías y sus desarrollos, para resolver problemas más complejos;
  • Analizar conceptos e ideas, comprobar o verificar hipótesis, vertidos todos ellos en infinidad de documentos existentes, y crear a partir de su reflexión y estudio nuevos enfoques metodológicos, tendientes siempre a reciclar conocimiento con valor agregado;
  • Vincular la teoría con la práctica, el deber ser con el ser social;
  • Modificar (crear, reformar extinguir) los diversos productos jurídicos para atender mejor y de manera más expedita las necesidades de la comunidad;
  • Evaluar la eficacia de las normas jurídicas; diagnosticar y conocer el derecho y su evolución en el tiempo y en el espacio y la manera en que contribuye al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural, a todas las escalas;
  • Ayudar a resolver problemas jurídicos concretos (conflictos, negociaciones, contradicciones, lagunas, imprecisiones, demandas, etc.).

No obstante, ante todo este panorama, los organismos de dirección de los congresos y sus autoridades, los investigadores y los centros de investigación, hemos reaccionado con una actitud hasta pasmosa. Basta simplemente con echar una mirada a los presupuestos dedicados a la investigación en las legislaturas recientes; a la infraestructura tecnológica instalada en los órganos de investigación de cada congreso; a los recursos de información y al personal especializado con que cuentan; a sus bases normativas de organización y funcionamiento y a sus programas institucionales de trabajo. Esto, sumado a la ausencia de un servicio de carrera y a la falta de líneas de trabajo institucional que superen el proceso de reinvención de los legislativos cada tres años, nos da una idea del complejo problema al que nos enfrentamos y a cuya solución estamos obligados al menos a contribuir.

Permítaseme al efecto realizar un modesto ejercicio y dibujar algunas líneas sobre las cuales podríamos abundar en esta mesa y darle seguimiento luego de terminado el evento que nos tiene aquí reunidos:

1.- Sería muy provechoso que de manera sistemática se establecieran en nuestros respectivos programas de trabajo, cursos de Argumentación y de Metodología de la Investigación Jurídica, complementándolos con algún taller, para estar en capacidad de aproximarse a la disciplina no solo en los estudios teóricos, sino también en la aplicación práctica de los principales métodos y técnicas, formas de análisis, observación e interpretación de la realidad, lo que contribuiría a la formación de especialistas con una visión integral y una actitud profesional, incolora, para atender la problemática planteada por legisladores, fracciones, comisiones y áreas de los congresos con una posición que asuma un rol proactivo y creativo en los procesos de búsqueda, adquisición y aplicación de los conocimientos necesarios para la actividad legislativa, materializados en opiniones calificadas, reportes, estudios de caso, elementos sólidos para la elaboración de proyectos de leyes, la sugerencia de políticas públicas, para un correcto ejercicio de las facultades de control, etc.

2.- Vale mencionar que gracias a las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación como la Internet, se están creando a nivel nacional, internacional y global, bibliotecas, hemerotecas y centros de información multimedia, así como redes y foros de investigación jurídica y legislativa en español, con lo que, si actuamos en el rumbo correcto, poco a poco podremos irnos colocando en posibilidad conocer los avances en la materia, sus tendencias y supuestos teóricos, sus implicaciones en cada país y región del mundo. En este sentido, en términos reales, dentro de nuestros congresos también se requiere de mejores y más institucionales mecanismos vinculación en términos operativos y estratégicos, entre las áreas de biblioteca y archivo con el organismo de investigación.

3.- Igualmente importante es para el estudioso la adquisición de aptitudes que mejoren desempeño en la generación de un conocimiento jurídico legislativo relevante, particularmente dentro de las líneas de investigación denominadas emergentes. Para lograrlo, es imprescindible implantar programas y acciones de capacitación y formación continua de los investigadores, con el fin de habilitarlos en su manejo eficiente y lograr un trabajo más eficaz. Recordemos que la modernización implica también el estar preparados para poderla recibir e implantar. Por tanto, el personal, como la infraestructura, debe también adecuarse para recibir y transmitir el cambio.

4.- Es impostergable que las instituciones de investigación legislativa, en aras no solo de tributar a la globalización, sino ante todo de aprovecharla, generen y mantengan líneas de investigación institucional y que estas no sean repetitivas y al contrario, se complementen con las realizadas por sus iguales en las entidades federativas, el legislativo federal, los congresos de otros países y los organismos internacionales. Esto antes que un asunto de normas internas o recursos, es cuestión de actitud y de organización.

5.- Es urgente que los congresos cuenten en lo individual y lo colectivo, con una estrategia de producción, gestión y difusión del conocimiento, lo cual implica detectar e incorporar nuevos elementos y valores, teniendo en cuenta que la innovación, antes que un asunto de máquinas y tecnología, es un proceso de generación de nuevas ideas que buscan implantarse con el afán de participar en la transformación positiva de la sociedad, interactuando con la sociedad, empleando las nuevas tecnologías de información y logrando productos de investigación que den mayor eficacia y legitimidad a la función legislativa.

Estos aspectos, mencionados solo de manera enunciativa, aunque insuficientes, si se observan podrían grandemente a lograr y mantener nuestra capacidad de oferta de productos de investigación propios y propuestas de solución originales y útiles, que contribuyan a resolver la problemática que se nos presenta en todos los ámbitos del quehacer institucional.

En fin, dada su estrecha relación con la dinámica social, la investigación legislativa en nuestro país necesita de manera impostergable, de un renovado camino de conocimiento con visión transversal y una perspectiva multidimensional, lo mismo que de métodos y técnicas ágiles y eficientes para investigar, y adquirir una comprensión interpretativa de la realidad que tenemos que conocer, entender y para atender la demanda de investigación de nuestros legislativos, generando productos de trabajo legislativo y soluciones de investigación específicos, y constituyan un factor real y positivo de Cambio, así con “C” mayúscula, al brindar un mejor apoyo a los legisladores y sus fracciones, a las comisiones, a las áreas operativas de nuestros congresos, así como a otras instituciones afines con las que compartimos esfuerzos.

En el ámbito Político Legislativo, de cara a las circunstancias actuales Los órganos del poder público del Estado, deben asumir con seriedad y al margen de la mera retórica, un verdadero compromiso de Estado, para apostar a la producción de conocimiento como condición imprescindible de la preservación de la soberanía y una vía insoslayable para el desarrollo sustentable en todos los aspectos, y en tal sentido, la investigación legislativa requiere adaptarse con una visión estratégica a los escenarios a los que nos enfrentamos y asumir los desafíos presentes y por venir.

El Derecho y la Justicia en el Teatro de Víctor Hugo Rascón Banda

Conoci a Victor Hugo Rascon, abogado y dramaturgo (genial combinación!), durante mi estancia laboral en Oaxaca. Hombre de una sensibilidad, creatividad e intuicion admirables. Justo reconocimiento a su aportacion al arte y el conocimiento nacional. En horabuena.

– – – – – – – – –

EL DERECHOY LA JUSTICIA EN EL TEATRO DE VICTOR HUGO RASCON BANDA

Desde épocas remotas los dramaturgos han llevado a los escenarios teatrales obras sobre sucesos que impactan a la sociedad, sobresaliendo los referentes a delitos, cuyo campo normativo corresponde al derecho penal. Este libro es novedoso e interesante porque está dedicado a la revisión de la biografía y dramaturgia de un autor mexicano contemporáneo con formación de jurista y literato. Víctor Hugo Rascón Banda (Uruáchic, Chihuahua, 1948-México, D.F., 2008) creó un amplio y sólido corpus dramático cuyos principales temas fueron los problemas actuales de la sociedad mexicana: la discriminación hacia las mujeres y los indígenas, la violación de los derechos humanos de los chicanos en Estados Unidos de Norteamérica y, en un lugar preponderante las conductas delictivas que laceran a México (corrupción de servidores públicos, feminicidios, narcotráfico, violencia intrafamiliar, robo, homicidio, secuestro).

Para los investigadores de la Sociología del Derecho y las Ciencias Penales esta obra puede revestir gran interés en virtud de que la dramaturgia de Rascón Banda fue vanguardista y premonitoria, pues en tiempos de gran conservadurismo se atrevió a abordar temas tabú como el de la homosexualidad, cuya represión o disimulo era el detonante de delitos como los que se describen en las obras La daga y La navaja (estrenadas en 1982). En la obra Contrabando (estrenada en 1991), Rascón retrató un conjunto de fenómenos sociales, producidos por el narcotráfico, que en ese tiempo eran nuevos y extraordinarios, mismos que con el transcurso de los años se han vuelto cotidianos y comunes.

En el primer capítulo del libro se expone una amplia biografía del escritor chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda, quien tuvo formación de literato, director y creador teatral (en el CADAC de la Ciudad de México) y además estudió la carrera de Derecho en la UNAM, carrera que ejerció en el sector bancario y el CONACYT hasta llegar a convertirse en presidente de la Sociedad General de Escritores de México (1998-2008). En dicho cargo impulsó importantes reformas a las leyes y reglamentos de cinematografía, derecho de autor y otras áreas de la cultura. En el ámbito de la creación teatral escribió más de 50 obras, además de una novela titulada Contrabando (publicada como obra póstuma) y un conjunto de cuentos publicados bajo el título de Volver a Santa Rosa. En su amplia carrera obtuvo varios premios, sus obras han sido representadas en varias naciones de Latinoamérica y Europa, así como en Estados Unidos de Norteamérica. La dramaturgia de Rascón Banda fue dirigida por importantes personajes de la escena nacional como Luis de Tavira, Ignacio Retes, Marta Luna y José Caballero. A su fallecimiento Rascón Banda pertenecía a la Academia Mexicana de la Lengua, sitio que ocupó gracias a la propuesta de los literatos Alí Chumacero y Carlos Montemayor, y del jurista Diego Valadés.

El segundo capítulo del libro está destinado a la exposición y análisis de las obras de Rascón sobre temas delincuenciales: Playa Azul, Por los caminos del Sur, Armas blancas, Homicidio calificado, Hotel Juárez, Contrabando, Fugitivos, Guerrero negro, La fiera del Ajusco y Manos arriba. En este capítulo también se estudia la trascendencia de la relación entre la literatura y el derecho, y se proporcionan nociones básicas sobre teoría literaria para ubicar la diferencia entre dramaturgia y narrativa.

En el último capítulo del libro se ofrece una visión panorámica de la narrativa del dramaturgo chihuahuense, la cual quedó plasmada en artículos periodísticos, principalmente publicados en las revistas Proceso, Paso de Gato y en la Revista de la Universidad de México. También se aborda la narrativa de Rascón en libros colectivos, como el texto que escribió en Homenaje a Andrés Henestrosa y La ciudad en el teatro. En los artículos periodísticos Rascón dejó un registro útil para construir la historia del teatro mexicano de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.

La ficha técnica del libro es: Berrueco García, Adriana, “El derecho y la justicia en el teatro de Víctor Hugo Rascón Banda”, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011.

(Se puede descargar en el sitio web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)

CORREO ELECTRÓNICO DE LA AUTORA: adriana_berrueco@yahoo.com.mx

TELÉFONO UNAM: 56-22-74-74 EXTS. 1200 Y 1218.

AUTORA: ADRIANA BERRUECO GARCIA

Caso Florence Cassez: Antiparadigma en la historia del Derecho en México.

Por José Ramón González Chávez

Mucho se ha escrito y seguramente mucho más se seguirá escribiendo y hablando sobre el caso Cassez. Sin perjuicio de ello, no puedo dejar pasar el momento sin expresar mi profunda indignación y tristeza por la resolución “de consigna” (por evidente resulta hasta grotesca) inducida por parte de tres miembros de la 1a sala de la Suprema Corte de “justicia” de la Nación sobre el caso Florence Cassez. Un asunto de simple argumentación (la forma no sustituye el fondo) se ha convertido en un paradigma de la injusticia y la impunidad en la historia jurídica de Mexico. He aquí algunas rápidas premisas, casi de escritura simultánea, que vienen a mi mente:

  • Resulta elemental –por ser de lógica básica- que errores de procedimiento (el teatro mediático armado por televisa-PGR-PF) no pueden anular hechos consumados (la coautoría intelectual y coparticipación en los secuestros) que constituyen en fondo de la Litis y que además fueron demostrados y resueltos judicialmente en 3 instancias diferentes, pero que de manera también lisa y llana como su “amparo” se ignoraron en la resolución de la Corte, como si importara más las deficiencias o errores en el proceso de detención, puesta a disposición y consignación, cuestiones todas ellas de forma, que la conducta delictiva, altamente peligrosa y continuada de esta persona, que es realmente el fondo del asunto, cuando una de las principales obligaciones de un juzgador es lograr un equilibrio congruente entre la verdad histórica y la verdad jurídica (un proverbio del derecho romano que sigue vigente en el derecho sustancial, reza: Daha Mihi Factum, Dabo Tibi Ius, dame los hechos, yo te daré el Derecho).
  • Si un principio general del Derecho es que Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, y la mayoría de los miembros de la sala 1 determinó parcialmente que los errores del procedimiento conllevaban la liberación de Cassez, cabría preguntarse entonces, ¿que le corresponde entonces a los secuestrados por ella y a sus familias, que han sufrido un daño material, físico y sobre todo psicológico irreparables y que ahora han quedado con las manos y el corazón vacíos de justicia sufirendo también y para colmo una lesión jurídica igualmente irreparable? Qué tipo de precedente judicial establece esta resolución? Cuántos delincuentes más saldrán libres invocando esta resolución por errores de procedimiento, pasándose por el arco del triunfo el fondo de la Litis y la seguridad pública nacional?
  • Existen sin duda responsabilidades se derivan de los actos jurídicos que conllevaron a la liberación de Cassez y al estado de indefensión de las víctimas y sus familiares. ¿Dónde están los responsables, públicos y privados, de todo este entuerto? (sin omitir desde luego a Televisa, primero implicada en el armado del teatro mediático de la detención y ahora también en el de la liberación).
  • Hay quien dice que Cassez se ha usado como moneda de cambio contra el caso de Maude Bersini, ex esposa de Arturo Montiel, quien recientemente había, entre otras cosas, amenazado con denunciar casos de corrupción en el Estado de México (http://www.sinembargo.mx/13-01-2012/119494) en los que se encontrarían involucrados no pocos funcionarios de la actual Administración Pública Federal que fueron colaboradores de EPN en el gobierno de edomex y que este asunto fue “negociado” a partir de la reciente visita de EPN al presidente de Francia François Holland, cosa de la que por cierto muy poco se habla en los medios (el magistrado Ortiz Mena, especialista en cuestiones fiscales, no penales, es de familia originaria de Edomex y fue ingresado a la corte hace apenas unos días; fue su primer caso como ministro, pero su ponencia y voto, junto con el cambio de sentido de la resolución de la ministra Sanchez Cordero, decidieron la resolución). Además la liberación de Cassez se da el mismo día que se anuncia la asistencia de EPN a una cumbre latinoamericana convocada por la Unión Europea.

Todo esto le deja a la sociedad un mal sabor de boca, sienta un pésimo precedente, implica un grave riesgo para la percepción de seguridad, y por todo ello, los ministros de la Corte involucrados tienen que rendirle cuentas, o al menos le deben una explicación… Espero atento sus comentarios.

Renovarse o Morir: Alternativas para el ejercicio de la profesión de abogado en el siglo XXI

Una nota digna de reflexión par quienes ejercemos la profesión de abogados. Saludos cordiales. José Ramón González Chávez

_________________________________________________________

LOS NUEVOS TRABAJOS DEL FUTURO QUE OCUPARÁN LOS ABOGADOS

Por Tino Fernández

La presión de los clientes, la necesidad de hacer cada vez más con menos y los cambios organizativos llevan a que los despachos no serán nunca más como antes, y generan nuevos perfiles profesionales.

Cambia la profesión y también el mercado y el modelo de negocio y organización de los despachos. Los clientes presionan para bajar las tarifas y aumenta el nivel de competencia de las firmas legales, en las que se transforma la dinámica profesional. Las carreras se hacen más largas y los criterios son cada vez más duros. Ignacio

Bao, presidente mundial de Signium International, explica que la crisis y la preocupación por los costes tienen mucho que ver con esta evolución profesional que da lugar a nuevos roles y perfiles: “Se tiende a reducir los costes, el número de asociados intermedios y también de socios, aunque estos últimos son los que más se van a demandar por parte de los clientes. En este escenario surgirán nuevas salidas profesionales, que tendrán que ver con aquellos abogados que se incorporen a lo que se conoce como paralegal”.

Bao describe una situación en la que las facturaciones se irán reduciendo e importará cada vez más el margen: “Se trata de hacer lo mismo con más gente y a un coste más bajo”. En esto coincide con Richard Susskind, una especie de Nostradamus legal que en su día pronosticó algo tan simple como la generalización del uso del correo electrónico entre los abogados, cuando los aspectos tecnológicos eran algo inimaginable para una profesión más preocupada por cuestiones de confidencialidad y pérdida de relevancia.

En su último libro premonitorio, The End of Lawyers (El fin de los abogados), Susskind plantea cómo la inteligencia artificial, los sistemas de gestión del conocimiento o la eliminación de las restricciones regulatrorias revolucionarán la práctica profesional y darán lugar a nuevos trabajos para cubrir nuevas necesidades. Susskind cree que la eficiencia y la colaboración son las dos estrategias centrales que ayudarán al objetivo de “hacer más con menos”, el que parece ser el gran reto de muchas firmas legales.

Juan San Andrés, director de recursos humanos de Gómez-Acebo & Pombo, asegura que “hoy resulta insuficiente pensar que la calidad del servicio depende sólo de los buenos conocimientos jurídicos de cada cual. Hay que pensar en costes, en eficiencia… Y el servicio jurídico debe estar coordinado por alguien que se encarga del conjunto del proyecto, distinto de las áreas de práctica”. Ignacio Bao insiste en que hay una parte del negocio que se puede hacer sin tanta especialización. Si atendemos a la profesión de abogado en los despachos se advierte cómo crece el peso de la gestión administrativa (paralegal), hacia donde tiende a parar una masa excedentaria de abogados dedicada a cuestiones como la redacción preliminar de escritos o el seguimiento procesal.

Todos estos cambios dan lugar, según Susskind, a nuevos perfiles y roles como el curator legal o el ingeniero de conocimiento, el consejero de confianza, los gestores de riesgos legales –que se anticipan a los problemas jurídicos y trabajan con los usuarios finales para reducir la necesidad de servicios legales más costosos– y lo que denomina híbridos legales, que son básicamente roles multidisciplinares desempeñados por profesionales que proporcionan consejo legal sofisticado y que sirven de puente entre diversas especialidades.

Project manager Se trata de un rol –no un puesto– implantado ya plenamente en mercados como el estadounidense. Suele estar ocupado por un abogado de forma temporal. Juan San Andrés identifica esta tarea con lo que supone la gestión de proyectos tradicional en cualquier industria. El director de recursos humanos de Gómez-Acebo & Pombo recuerda que “los abogados son profesionales muy individualistas”. Y ese individualismo configura organizaciones peculiares en las que el nivel de confianza en las personas es menor que en otro tipo de empresas. Al ser profesiones con un alto nivel de competitividad se dan ciertas dificultades para el trabajo en equipo. San Andrés explica que “el cliente reclama cada vez más cooperación, y por eso es necesaria una figura que coordine: es el project manager. Sabe cuáles son las fuentes de costes y tendrá sin duda un papel decisivo en el futuro de los despachos”. Ingeniero en conocimiento legal Juan San Andrés recuerda que “muchas actividades y operaciones que hay que realizar para un cliente determinado se han hecho ya para otros. Es posible reutilizar el conocimiento, y es precisamente el ingeniero en conocimiento legal quien aumenta las posibilidades de dar el servicio a tiempo, y también facilita la posibilidad de reducir costes”. Susskind coincide en que “serán necesarios profesionales con un gran talento para gestionar y organizar las ingentes cantidades de contenidos legales complejos que deben ser analizados, destilados y empaquetados. Se trata de una línea de trabajo que implica una alta especialización y capacidades muy específicas”.

Curator legal También en relación con la gestión del conocimiento, Susskind cree que en la era de la inflación informativa (aunado a la hiper inflación jurídica) éste puede ser un rol interesante para muchos abogados. Los servicios de curator legal no son lo mismo que facilitar consejo legal personalizado a un cliente. Susskind explica que se trata de resolver problemas de una gran parte del público que ni siquiera detecta un problema legal cuando se le presenta.

Consejero experto de confianza Ese rol puede ser desempeñado por un socio que sea cercano a un consejero delegado. Esta función se identifica con la del asesor de confianza, un abogado experto cuyo consejo se valora no sólo en los aspectos jurídicos.

Los buenos gestores, un perfil que cotiza al alza el hecho de que las firmas de abogados tiendan cada vez más a profesionalizar la gestión, buscando a los mejores managers, tendrá consecuencias profesionales en los despachos de abogados. Parece evidente que la crisis y la competitividad fuerzan a tomar medidas como la bajada de precios. Esto no se puede hacer sin un análisis de costes y sin tener buenos gestores, porque una mala estrategia en este sentido puede llevar a la ruina a un despacho.

Lo que Richard Susskind llama el Legal Management Consultant tiene que ver, según Juan San Andrés, director de recursos humanos de Gómez-Acebo & Pombo, con aquel profesional que conoce las leyes, pero también el funcionamiento del negocio por dentro.

  • La revista Fortune elevaba recientemente las deficiencias de management al rango de grave problema, y aseguraba que éstas se encuentran en la base de las rotaciones y salidas de un número creciente de profesionales que trabajan en las firmas de abogados.
  • Las cuestiones que tienen que ver con el management van dejando de ser consideradas como una cuestión menor, o una tarea engorrosa que recae provisionalmente en determinados socios que la van rotando, porque se considera una actividad fuera del núcleo central del negocio.
  • En el momento actual, el management resulta decisivo. Los despachos valoran de manera creciente a quien se dedica a la gestión. Se les encomienda este tipo de tareas precisamente porque tienen capacidad de liderazgo y de motivar. Eso sí, en muchos casos se procura que los gestores no abandonen la práctica profesional ni dejen de estar relacionados con los clientes.

A 40 años de la Carta de México por la Defensa del Patrimonio Cultural

Por José Ramón González Chávez

¿Qué se ha hecho desde entonces (gobierno y sociedad) para convertirla en hechos y actos concretos?

¿Qué necesita para ponerla al día y estar acorde a los requerimientos actuales y futuros?

Quedo atento a sus comentarios, sugerencias, reflexiones, etc. Saludos JRG

 – – – – – – – – –

CARTA DE MÉXICO

EN DEFENSA DEL PATRIMONIO CULTURAL

(1976)

El proceso mundial en curso presenta dos tendencias generales mutuamente opuestas cuya comprensión es de importancia crucial para la defensa de los valores humanos, tales son:

En primer lugar: una tendencia homogeneizadora que amenaza uniformar los modos de ser, de hacer y de sentir de todos los pueblos de la Tierra, con la consecuente pérdida de las características distintivas que los singularizan y les permiten expresarse a través de la creatividad propia.

En segundo lugar, una tendencia diversificadora, que apenas empieza a manifestarse a través de la creciente resistencia de los pueblos oprimidos a su avasallamiento cultural.

Frente a estas fuerzas en conflicto, cumple señalar que el patrimonio cultural humano comprende tanto las creaciones heredadas del pasado, que deben ser identificadas, defendidas y preservadas, y también principalmente la protección de la herencia viva de técnicas tradicionales, habilidades artísticas, de sensibilidades estéticas, de creencias y comprensiones a través de las cuales los pueblos actuales se expresan.

En el plano cultural, es aterradora, la amenaza de que sólo entreguemos a nuestros nietos bodegas museológicas llenas de las creaciones de nuestros abuelos. Es decir, que por la acción destructiva directa y por inacción en la defensa de los requisitos necesarios para el ejercicio de la creatividad, privemos de la herencia a nuestros sucesores de lo que el hombre tiene de más noble: su capacidad de rehacerse a sí mismo en libertad y de la capacidad de expresarse en múltiples formas.

Esta amenaza no es una quimera, toda vez que se concreta tanto por la acción de diversos medios modernos de comunicación de amplitud mundial que erosionan las energías creativas locales de todos los pueblos como por la explotación de su trabajo y la mercantilización del turismo, además de otras formas de agresión que avasallan y corrompen las comunidades humanas más creativas.

Nuestra esperanza de que la creatividad humana se salve, reside tan sólo en las referidas resistencias que empiezan a esbozarse en los pueblos dominados. Pero estas esperanzas sólo podrán florecer si los estados por fin admiten que el interés de sus pueblos no está en la homogeneización, sino en aceptar la pluralidad de culturas dentro del contexto de la nación.

Considerando que diversos organismos, nacionales e internacionales, han venido pronunciándose por la salvaguarda del patrimonio cultural con la debida conciencia del peligro en que se encuentra, sentimos la necesidad de ampliar y enriquecer estos enunciados, incorporando a esta salvaguarda todos los productos de la creatividad humana. Identificamos al patrimonio cultural de un país en el conjunto de los productos artísticos, artesanales y técnicos; de las expresiones literarias lingüísticas y musicales; de los usos y costumbres de todos los pueblos y grupos étnicos, del pasado y del presente y reivindicamos la necesidad y la urgencia de aplicar una política social y cultural que tienda a reconocer y salvaguardar dicho patrimonio en todos sus aspectos.

Por tanto es vital reconocer que para el propio desarrollo nacional autónomo es indispensable:

Primerodefender las condiciones de creatividad de cada comunidad humana diferenciada.

Segundocolocar al servicio de dicha pluralidad necesaria todos los recursos que ofrecen la tecnología moderna de comunicación de masas, en lugar de permitir que ésta siga actuando como factor de pérdida de identidad cultural.

Tercero, comprender que es indispensable incluir en todos los programas de desarrollo nacional y regional una preocupación activa por la defensa del patrimonio cultural, representado tanto por las creaciones heredadas del pasado, como por el legado de talentos y capacidades creativas en las poblaciones vivientes.

Cuarto, que los países de composición multiétnica deben reconocerse orgullosamente como tales y estructurarse de formo que no se ejerza opresión sobre los pueblos que los integran.

Quintoasegurar a todas las comunidades étnicas el pleno derecho al uso y cultivo de su propio idioma, instrumentándolas para que sean capaces de escribirlo y expresarse en él.

Sextogarantizar a cada una de las comunidades los medios de conservar y, desarrollar en libertad, su patrimonio cultural y defenderlo contra las presiones deformadoras de la mercantilización del turismo y de otras formas de agresión.

Séptimoreconocer que las realizaciones de los pueblos están íntimamente vinculadas a esas percepciones y relaciones específicas con la naturaleza y que en consecuencia, ésta también integra el patrimonio cultural de la humanidad, siendo indispensable que las políticas de desarrollo no limiten o destruyan la posibilidad de estas formas de usos racionales del ambiente.

Con el objeto de lograr una más adecuada y completa defensa del patrimonio cultural y en garantía de su supervivencia y vitalidad, es de fundamental importancia la toma de conciencia por parte de las propias comunidades del valor de su tradición cultural. Esto sólo se puede obtener a través de un progresivo y siempre más hondo conocimiento del carácter y de los elementos constitutivos del patrimonio mismo, mediante una investigación continua que comprometa la participación de la propia población local. Es también indispensable que esta documentación y sus resultados sean devueltos a la comunidad como un instrumento de defensa de la autenticidad y protección de su patrimonio.

México 12 de agosto de 1976