El Cine Nacional: Patrimonio Cultural de los Mexicanos

Ponencia de mi factura que sera publicada en la memoria del II Festival Internacional de Cine del Centro Hisotrico de Toluca. Espero con atención sus comentarios, reflexiones, reacciones, preguntas, etc. Saludos JRG

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EL CINE MEXICANO: UNA MIRADA DESDE

EL DERECHO DEL PATRIMONIO CULTURAL

Por José Ramón González Chávez

PARTE I: Contexto.

El patrimonio cultural es la evidencia de la evolución en el tiempo y el espacio de todo grupo social, las modificaciones creativas a su entorno y su paso por la vida. En tal sentido, se conforma no solo con las creaciones palpables, materiales, sino también y sobre todo, con lo que proviene de la vida social, lo que se conserva con todo y sus fusiones y recreaciones; con sus penas, alegrías y esperanzas; con la tradición, es decir, de lo que ya se trae, lo colectivamente valioso que se ha mantenido con el tiempo y que está más allá de lo meramente físico o material, elementos todos ellos capaces de ser capturados, unificados y comunicados por el cine.

Existen creaciones cinematográficas producidas o coproducidas por México, que independientemente de sus cualidades formales de orden histórico, económico o técnico, deben formar parte de nuestro patrimonio cultural por el valor inmaterial que contienen y transmiten, lo que permitiría que tales obras pudieran ser preservadas y difundidas con tal carácter, estableciendo reglas necesarias para su uso adecuado. Darles esta calidad podría ser muy importante, no solo por razones vinculadas al desarrollo del sentimiento de identidad nacional -ya de por sí válidas- sino por el soporte e impulso que esto puede dar al cine mexicano como industria, a nivel nacional, latinoamericano y mundial. 

¿Cómo lograrlo?

Precisemos antes, desde el punto de vista jurídico, algunos conceptos fundamentales:

Concepto de Cultura.

Los instrumentos de derecho internacional reconocidos por el Gobierno Mexicano, forman parte de nuestro marco jurídico fundamental. En tal sentido, la UNESCO define formalmente el término Cultura como …“el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias”[1].

La Doctrina es también fuente primordial de lo jurídico, y en tal sentido, Guillermo Bonfil Batalla, la define como el “Conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, significados, formas de comunicación, organizaciones sociales y bienes materiales, que hacen posible la vida de una sociedad y le permiten transformarse y reproducirse como tal, de una generación a las siguientes” [2].

Concepto de Patrimonio.

Procede del latín patrimonium, término compuesto por las palabras patri (pater, padre) y onium (‘recibido de’), que significa en su conjutno “lo recibido por línea paterna” [3]. Se remonta al derecho romano antiguo, donde implicaba la pertenencia más que a una persona, a la familia. Por ende, tiene que ver con la herencia, ya sea individual o colectiva, trátese en este último caso los derechos adquiridos de manera consuetudinaria por una determinada comunidad o grupo social, ya sea de una familia, un grupo social, una nación, un grupo de naciones o de la humanidad entera.

Visión Materialista.

A partir del liberalismo, el derecho napoleónico transforma radicalmente el concepto de patrimonio, convirtiéndose en un conjunto más que de bienes, de derechos y obligaciones, susceptibles de ser valorados en dinero, inherentes a una persona individual o colectiva, connotación que ha impactado de manera muy importante el concepto de patrimonio cultural hasta nuestros días.

Lo anterior se refleja con toda claridad en la definición que sobre patrimonio da la Academia de la Lengua Española: “Conjunto de bienes propios de una persona o de una institución, susceptibles de estimación económica. (Patrimonio de la Iglesia; patrimonio del Estado; patrimonio histórico-artístico, conjunto de edificios, yacimientos arqueológicos, obras de arte, objetos y documentos de interés científico, histórico o artístico de un país)”, y a causa de la cual el patrimonio cultural adquiere una connotación preponderantemente pecuniaria.

Visión Consuetudinaria o Axiológica.

En contraposición a esta postura -a la que por cierto se suma actualmente gran cantidad de especialistas del tema-, existe otra corriente, desarrollada por autores como Teixeira Coelho [4], que considera que el Patrimonio Cultural debe ser definido como el “conjunto de bienes muebles e inmuebles existentes en el país cuya conservación sea de interés público, ya sea por su vinculación a hechos memorables o por su excepcional valor arqueológico o etnográfico, bibliográfico o artístico” [5].

Esta concepción implica un avance, pues suma al aspecto material o pecuniario, el que podemos denominar consuetudinario, al contemplar los dos requisitos indispensables que la costumbre debe tener para ser considerada por un grupo social fuente primordial de lo jurídico:

1) La práctica continuada en el tiempo (inveterada consuetudo); y

2) El reconocimiento generalizado de que dicha práctica tiene un alto valor intrínseco que es indispensable mantener y observar (opinio iuris seu necesitatis).

Con ello, lo intangible del patrimonio deja de ser una abstracción y se convierte en algo jurídicamente determinable, clasificable, exigible y en su caso, sancionable.

Concepto de Patrimonio Cultural Inmaterial.

Es el conjunto de derechos y obligaciones compuesto por el patrimonio intelectual, las tradiciones, los usos, las costumbres, el lenguaje (oral, escrito, gestual), patrones de conducta, expresiones artísticas, imágenes, geografías, paisajes urbanos, formas de ver y vivir la vida, transmitidas de generación en generación, que pertenecen a una determinada comunidad y le permiten diseñar su rostro, reconocerse a sí misma y ante los demás, y así establecer la importancia y la trascendencia de esa identidad propia ante el mundo, en el contexto global.

Los productos cinematográficos y su integración al patrimonio cultural inmaterial.

El cine es quizá la única forma de expresión artística cuyos productos, además de ser comercializables, son capaces de capturar esas prácticas, usos y costumbres; actitudes y formas de expresión escrita, oral y gestual; geografías, arquitecturas y paisajes urbanos; músicas, danzas y formas, compendiarlas y contenerlas de manera organizada, sistemática en unidades creativas, que si bien nacen con un propósito a la vez económico e intelectual, por el valor de sus contenidos y el reconocimiento generalizado a lo largo del tiempo, son susceptibles de integrarse a lo que podemos denominar lo mexicano, aquello que nuestros ancestros precoloniales denominaban el “mexicayotl”, y que ante las circunstancias actuales en nuestro país, nuestra región latinoamericana y el mundo, exigen una revisión, bajo la premisa de que en la realidad hipermoderna que nos ha tocado vivir, “no hay nada nuevo, pero todo es diferente” [6].

Patrimonio Cultural inmaterial y Globalización.

Uno de factores determinantes para comprender el patrimonio cultural en la actualidad y la forma de regularlo internamente y a nivel internacional, sobre todo en su aspecto intangible, es el concepto de globalización; contradicción en sí mismo, tal como lo advirtiera Habermas desde hace tiempo[7], ya que por un lado, implica un notable riesgo, dada la superposición de modelos de otros países o fuertes grupos e intereses extranjeros o multinacionales sobre los países más vulnerables; pero a la vez, permite igualmente –quiéralo o no- a través de conceptos ambiguos y maleables como el de diversidad y el de multiculturalismo, el reconocimiento social cada vez mayor la identidad propia y, con ello, la adquisición de instrumentos que nos permitan conocer de dónde venimos, quiénes somos, a dónde vamos, y así comprender y gobernar adecuadamente los entornos cambiantes de nuestra vida colectiva como nación, previniendo y enfrentando sus desafíos, para luego entenderla y asumirla como una pieza imprescindible del gran mosaico que constituye la humanidad.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] http://cccalaflor.blogspot.mx/2006/09/definicin-de-cultura-segn-la-unesco.html

[2] Bonfil Batalla, Guillermo. “De culturas populares y políticas culturales”, en “Culturas populares y política cultural”, México, MNCP/SEP, (1982). 

[3] Friedrich Engels: “El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado”, cap. VI La Gens y el Estado en Roma. Obras maestras del pensamiento contemporáneo. Ed. Planeta 1992. 

[4] Teixeira Coelho. “Diccionario de Políticas Culturales”. CNCA / CNDCR, Secretaría de Cultura de Jalisco, ITESO. México, (2000).

[5] Decreto Ley 25 promulgado en el Estado Novo, Brasil. 

[6] Z. Bauman. “La globalización. Consecuencias humanas”. México, DF. F.C.E. 1999. p. 132 

[7] Jürgen Habermas. “Problemas de legitimación en el capitalismo tardío”. Barcelona, Cátedra. 1999. p. 68 

PARTE II: Elementos para la construcción de un marco jurídico del Patrimonio Cultural Intangible que permita la integración de obras cinematográficas susceptibles de ser consideradas como Patrimonio Cultural de México.

Resulta impostergable llevar a cabo un análisis serio del conjunto de ordenamientos, disposiciones y normas que regulan el patrimonio cultural intangible, específicamente el relacionado con la actividad cinematográfica, así como un análisis de derecho comparado que genere información sobre lo que están haciendo otros países en la materia.

A)   Marco Internacional.

Organismos como la UNESCO, han reconocido al patrimonio cultural inmaterial –y dentro de él, por supuesto se entiende incluida la producción cinematográfica- como crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible. Por ello, han decidido asumir el compromiso de protegerlo ante los embates de ese aspecto colonizador de la globalización, pero también impulsar a los estados miembros al establecimiento de una identidad propia ante sí y ante el mundo.

Lo anterior, se ha venido instrumentando al aplicar diversas medidas tendientes a la identificación, documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valoración, transmisión y revitalización de su respectivo patrimonio cultural, bajo la premisa condicional de que el éxito en este esfuerzo dependerá en gran medida de tres factores:

1) El reconocimiento por parte de la sociedad del valor que implica la preservación de su patrimonio cultural;

2) La identificación de dicha sociedad con los elementos que deben componer su patrimonio cultural; y

3) El compromiso asumido por población y gobierno para colaborar de manera objetiva a su preservación y difusión, tanto interna como hacia el mundo.

Muestras recientes de acciones concretas dirigidas a la preservación del patrimonio cultural inmaterial pueden apreciarse en manifestaciones locales como el flamenco; nacionales como la cocina mexicana, la francesa y la de otros países; o incluso regionales, como la dieta mediterránea, cuyos argumentos para llegar a adquirir tal reconocimiento habría que estudiar para construir que requiere el cine mexicano para adquirir ese estatus.

B)   Marco Nacional.

En materia de cultura y en especial de patrimonio cultural intangible, el Derecho mexicano (me refiero no solo a la legislación, sino a todas las demás fuentes de producción jurídica como las normas internacionales, la jurisprudencia, la doctrina, las prácticas reconocidas formalmente, etc.) requiere de un esfuerzo serio de sistematización, actualización, creación, precisión y llenado de lagunas. Sin perjuicio de ello, vale decir que en lo referente a la actividad cinematográfica, este esfuerzo es urgente.

B.1. Constitución Federal [1].- Establece algunos derechos fundamentales (diversidad cultural, derecho a la cultura y su difusión, libertad de trabajo y de expresión apoyada en las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), planeación democrática)y atribuciones de órganos del poder público (facultades del congreso y la Asamblea legislativa del D. F. en material cultural), que relacionados con la actividad cinematográfica podrían sustentar el establecimiento de un catálogo de obras cinematográficas susceptibles de ser consideradas integrantes del patrimonio cultural inmaterial de México.

No obstante, algo digno de resaltar es que en nuestro texto constitucional aún brilla por su ausencia la definición de cultura y de patrimonio cultural, que le daría un sentido jurídico objetivo a dichos términos, permitiendo con ello establecer con claridad derechos y obligaciones, tan importantes como ya veíamos para integrar el patrimonio, así como precisar el diseño, operación y evaluación de políticas públicas, programas, mecanismos y acciones concretos en la materia.

B.2. Leyes federales y estatales. En este ámbito, la situación es más compleja, por ejemplo.

  • No existe una Ley Federal de Cultura, reglamentaria del artículo 4º constitucional en su párrafo respectivo, indispensable para:
  • La definición, defensa, protección y promoción del patrimonio cultural, incluyendo el patrimonio cultural inmaterial y la forma y términos de uso de las TICs en estos aspectos;
  • La creación y actualización de instituciones y organismos vinculados al tema, que establezcan con claridad sus atribuciones y mecanismos de planeación, programación coordinación, evaluación y transparencia y acceso a la información, así como los medios para articular e instrumentar las normas y compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano con los propios requeridos a nivel nacional en la materia;
  • La actual ley federal de cinematografía, al igual que las referentes al patrimonio cultural material (el tema del patrimonio cultural inmaterial aún no está presente), datan de hace más de 40 años y por lo mismo omite aspectos fundamentales del estudio, la creación, preservación y difusión del patrimonio inmaterial, incluyendo por supuesto, las obras cinematográficas.

B.3. Organismos:

  • El organismo a cargo de la cultura y el patrimonio cultural material e inmaterial (Conaculta) carece de Personalidad Jurídica, por lo que en términos formales solo tiene –como su nombre lo indica- carácter consultivo, si bien se dedica a actividades de información y promoción, sin mencionar las de pretendido control operativo, programático, etc. de sus instituciones aparentemente sectorizadas. Su patrimonio inmaterial publicado incluye solo expresiones locales y sus criterios formales de composición no se encuentran determinados. El organismo encargado de la preservación del patrimonio cultural (Comisión Nacional) es prácticamente inexistente[2].

Otros instrumentos y proyectos.

Existen algunos documentos y textos que podrían apoyar o abonar al diseño de los procedimientos, mecanismos y órganos y sectores sociales que intervendrían en la preparación de eventuales proyectos de declaratoria:

  • Carta de México en Defensa del Patrimonio Cultural (1976) [3]: A 37 años de haber sido suscrita, el fondo de sus contenidos mantiene una vigencia sorprendente por lo que sería interesante rescatarlos y ponerlos al día para emitir una nueva versión. 
  • Los considerandos de los proyectos de iniciativas de leyes de cultura, Federal y de las Entidades federativas (no todas tienen ley de cultura) así como argumentos de instituciones actuales.

Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta, precisados y formalizados a través de ajustes constitucionales y una propuesta de iniciativa de Ley Federal de Cultura, pues constituyen la base a la creación y modificación de instrumentos jurídicos derivados (decretos, reglamentos, acuerdos, etc.), de tal suerte que pueda crearse un entramado jurídico articulado y útil para planear, operar y evaluar políticas públicas, programas y acciones en la materia, aunque cabe remarcar que ante todo, la creación de este entramado debería constituir para el gobierno y los sectores sociales involucrados en una política pública en sí.

Inclusión de obras cinematográficas dentro del patrimonio cultural inmaterial de México, como proyecto viable, posible y realizable.

Ante este panorama ¿es posible pensar en la factibilidad real de lograr que ciertas obras cinematográficas sean reconocidas nacional e internacionalmente como patrimonio cultural inmaterial de México?

Pensamos que sí, aunque para ello resulta imprescindible:

1)    Hacer alarde de orden, de organización y ante todo, de criterio jurídico político, empleando los acuerdos y compromisos internacionales, del mismo modo como se ha hecho para las declaratorias de Patrimonio Nacional o de la Humanidad de otras manifestaciones del arte y la cultura, como la danza, la gastronomía, la música;

2)    Abrevar de la experiencia de otros países con sistema jurídico similar al nuestro e importante patrimonio cultural como en Europa Francia y España y en nuestra región continental como Perú y Colombia;

3)    Aprovechar la actual coyuntura política nacional de apertura a estos temas;

4)    Hacer un trabajo importante de sensibilización y aculturación respecto de la importancia económica y cultural de incluir las obras cinematográficas dentro del patrimonio cultural de México, a través de una participación real, organizada y efectiva de los distintos sectores que intervienen en el medio, así como de la sociedad civil, medios de comunicación, redes de información, etc., no solo en México, sino también entre la población mexicana e hispana en EUA y en Latinoamérica.

5)    Dejar claro para todos, que esta declaratoria es independiente y por lo tanto deja a salvo los derechos y obligaciones quienes han creado, producido o comercializado dichas obras. Que su fin no es expropiatorio, sino de promoción y difusión de este acervo que por sus características contiene y preserva los rasgos característicos de lo nuestro ante nosotros mismos y ante el mundo.

Por su propia naturaleza y características, la cuestión de declarar obras cinematográficas como patrimonio cultural inmaterial de México va más allá del enriquecimiento de la identidad nacional y del aspecto cultural de nuestra soberanía; es también un asunto de economía y de desarrollo sustentable, ambos elementos inseparables de nuestra seguridad, nuestro bienestar y nuestra trascendencia como sociedad, fines primeros y últimos de la organización política desde sus orígenes y de nuestro Estado Constitucional de Derecho actual y futuro.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf

[2] http://sic.conaculta.gob.mx/ficha.php?table=presencia_conaculta&table_id=216

[3] http://www.mcu.es/patrimonio/docs/MC/IPHE/Biblioteca/CARTA_DE_MEXICO.pdf

La Controversia Constitucional en México

LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL EN MÉXICO

Por José Ramón González Chávez

1/4 BREVE REPASO HISTORICO:

ANTECEDENTES.

La solución de conflictos entre poderes y órdenes de gobierno en el sistema político mexicano, ha tenido un largo historial, causa y a la vez consecuencia de no pocas ni menores lagunas y desaciertos.

Constitución de 1824.

Los derechos humanos y su protección, por un lado, y la organización política del poder público, por el otro, captaron la atención de los constituyentes y legisladores mexicanos de esa época, replicándose con ciertos ajustes propios de la realidad política y jurídica mexicana, los modelos francés y norteamericano, respectivamente.

En cuanto a la Controversia Constitucional, esta figura ya se encontraba vigente de manera formal desde 1824, aunque su falta de precisión y el desarrollo procedimental a la vista del derecho actual, puede leerse a la luz de la necesidad del ejercicio político entre poderes y niveles de gobierno para la solución de conflictos por la vía extrajurídica, tan importante para un Estado Republicano y Federal en gestación como el nuestro en esas épocas.

“Artículo 137, fracción I:Las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia son las siguientes:

A. Conocer de las diferencias que puede haber de uno a otro estado de la Federación, siempre que las reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso en que deba recaer formal sentencia y de las que se susciten entre un estado y uno o más vecinos de otro, o entre particulares, sobre pretensiones de tierras,bajo concesiones de diversos estados, sin perjuicio de que las partes usen de su derecho reclamando la concesión a la autoridad que la otorgó.”

Constitucionalismo Centralista.

a)LeyesConstitucionales de 1836 (“Constitución de las 7 leyes”).

La segunda Ley Constitucional, incluye un sistema para la resolución de conflictos entre órganos y mecanismos para el control de la constitucionalidad de las leyes. En su artículo 12 establece como atribuciones del Supremo Poder Conservador:

“- Declarar la nulidad de leyes o decretos dentro de los dos meses siguientes a su sanción por contravenir a la Constitución ,siempre que lo solicitaren el Poder Ejecutivo, la Alta Corte de Justicia o al menos 18 votos del Poder Legislativo;

– Declarar a petición de la Suprema Corte o del Poder Legislativo, la nulidad de los actos del Ejecutivo que fuesen contrarios a la Constitución, y

– Declarar la nulidad de los actos de la Suprema Corte a petición de los otros dos poderes, siempre que aquella hubiese invadido funciones”.

Adicionalmente, la Séptima Ley Constitucional en su artículo 5º otorga facultades al Congreso General para “resolver las dudas de interpretación de los artículos constitucionales fuera de litigio y controversia“.

b) Primer Proyecto de Constitución Política dela República Mexicana (ciudad de México, 25 de agosto de 1842).

Su artículo 112, fracción IV, señala: “son atribuciones de la corte de justicia: (…) IV. Conocer de la misma manera, de las demandas judiciales que un departamento intentare contra otro“.

Voto particular de la Comisión de la Constitución, emitido al día siguiente, el 26 de agosto de 1842, señala que el artículo 73, fracción IV, párrafo 1, confería ala Suprema Corte la atribución de “conocer de las diferencias de los estados entre sí y de las que se susciten entre un estado y uno o más vecinos de otro,siempre que las reduzcan a un punto contencioso en el que deba recaer formal sentencia“.

c) Segundo Proyecto de Constitución Política de la República Mexicana (ciudad de México,2 de noviembre de 1842).

El artículo 94, fracción IV, replica lo dispuesto en el primer proyecto.

d) Bases Orgánicas de la República Mexicana (publicadas por bando nacional y sancionadas por el gobierno provisional el 14 de junio de 1843). Fueron expedidas con base en los decretos del 19 y 23 de diciembre de 1842 que disponen lo previsto en los proyectos de constitución mencionados.

El artículo 118, fracción V, establecía: “Son facultades de la Corte Suprema de Justicia: (…) V. Conocer de la misma manera de las demandas judiciales que un departamento intentare contra otro, o los particulares contra un departamento, cuando se reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso“.

Voto particular de Mariano Otero al Acta de Reformas de 1847.

Los artículos 16, 17 y 18 (que terminaron siendo los artículos 22, 23 y 24 de la propia Acta), expresan la necesidad de mantener un régimen federal a través del cual se realizara la limitación de las esferas estatales, para lo cual consideró “…indispensable dar al Congreso de la Unión el derecho de declarar nulas las leyes de los estados que importen una violación al pacto federal o sean contrarias a las leyes generales, porque de otra manera el poder de un estado será superior al de la Unión, y el de éste se convertirá en irrisión”.

Artículo 22. Toda ley de los estados que ataque la Constitución o las leyes generales, será declarada nula por el Congreso; pero esta declaración sólo podrá ser iniciada en la Cámara de Senadores.

Artículo 23. Si dentro de un mes de publicada una ley del Congreso General, fuere reclamada como anticonstitucional, o por el presidente de acuerdo con su ministerio, o por diez diputados, o seis senadores, o tres legislaturas, la Suprema Corte, ante la que se hará el reclamo, someterá la ley al examen de las legislaturas, las que dentro de tres meses, y precisamente en un mismo día, darán su voto. Las declaraciones se remitirán a la Suprema Corte y ésta publicará el resultado, quedando anulada la ley si así lo resolviere la mayoría de las legislaturas.

Artículo 24. En el caso de los dos artículos anteriores, el Congreso General y las legislaturas, a su vez, se contraerán a decidir únicamente si la ley de cuya invalidez se trate es o no anticonstitucional; y en toda declaración afirmativa se insertarán la letra dela ley anulada y el textode la Constitución o ley general a que se oponga.

Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana (Palacio Nacional, 15 de marzo de 1856)

En su artículo 98, establece la facultad expresa ala SCJN para:

… Conocer sobre las diferencias que pueda haber de uno a otro estado de la nación, siempre que se las reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso, en que deba recaer formal sentencia y las que se susciten entre un estado y uno o más vecinos de otro, o entre particulares sobre pretensiones de tierras, bajo concesiones de diversos estados, sin perjuicio de que las partes usen de su derecho, reclamando la concesión a la autoridad que la otorgó.

Constitución de 1857.

El artículo 98 dispuso:

“Corresponde a la Suprema Corte de Justicia desdela primera instancia el conocimiento de las controversias que se susciten de un estado con otro, y de aquellos en que la Unión fuere parte”.

A finales del siglo XIX el gobierno no mostró avances en la conformación de un sistema de solución jurídica de controversias entre entidades públicas y órdenes de gobierno respecto de problemas de legalidad, legitimidad y constitucionalidad de sus actuaciones, ya que regularmente este tipo de incidentes se resolvían por la vía política.

Constitución de 1917.

El Constituyente de Querétaro de 1917 también contempló la figura de la Controversia Constitucional; aunque su aplicación concreta y su precisión jurídica y jurisdiccional no se habían estructurado como en la actualidad, como pieza clave dentro del proceso de transición del Estado de Derecho al Estado Constitucional.

El proyecto de artículo 105 dela Carta de Querétaro fue discutido en la sesión del 22 de enero de ese mismo año, en dos cuestiones fundamentales:

– El sentido de la expresión “constitucionalidad de un acto” respecto de los conflictos entre los poderes de los estados (desde mi punto de vista aún vigente en nuestros días), y

– Si debía ser el Senado o la Suprema Corte quien debiera conocer de las controversias”políticas” de estos poderes, sobre el argumento de que es esa instancia legislativa la que tiene la representación de las entidades federativas en todos sus elementos como Estados Soberanos (población,territorio, poder).

Finalmente, el texto del proyecto de Carranza no sufrió grandes alteraciones en la redacción final, quedando de la siguiente manera:

“Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más estados, entre los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno o más estados, así como de aquellos en que la Federación fuese parte”.

A pesar de su vigencia formal, el artículo transcrito apenas tuvo importancia en la práctica, dado que nunca fue dotado de una Ley Reglamentaria que permitiera su expresión fáctica, además de que los conflictos suscitados seguían teniendo un matiz preponderantemente político antes que jurídico, por lo que realmente eran resueltos por el Senado, con fundamento en las fracciones V y VI del artículo 76 constitucional, que le atribuyen:

V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo estado. El nombramiento del gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del presidente de la República con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes, y en los recesos, por la Comisión Permanente conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo gobernador constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de las convocatorias que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las Constituciones de los estados no prevean el caso y;

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado cuando alguno de ellos ocurra con este fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de armas. En este caso, el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución de la República y a la del estado,

El 25 de octubre de 1967, el artículo 105 constitucional sufrió una leve reforma, quedando de la siguiente manera:

Artículo 105. Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más estados, entre los poderes de un mismo estado sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno o más estados, así como de aquéllas en que la Federación sea parte en los casos que establezca la ley.

La reiterada falta de reglamentación de las controversias constitucionales motivó que el máximo tribunal aplicara en suplencia el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Coordinación Fiscal de 1978 y la Ley de Planeación de 1983, que le daban atribuciones para conocer de conflictos derivados de la aplicación de dichos ordenamientos.

El 25 de octubre de 1993, La redacción varió nuevamente para quedar como sigue:

Artículo 105. Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten entre dos o más estados; entre uno o más estados y el Distrito Federal; entre los poderes de un mismo estadoy entre órganos de gobierno del Distrito Federal,sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y uno o más estados, así como de aquéllas en que la Federación sea parte en los casos que establezca la ley.

La reforma constitucional del 5 de diciembre de 1994, para muchos constituye un parteaguas en la vida constitucional de México, pues proclama como nunca la supremacía constitucional, impulsa con nuevas y mayores atribuciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a fin de convertirla en un verdadero tribunal constitucional y en términos generales, produjo cambios sustanciales en la organización y funcionamiento del poder judicial.

La Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional vigente, consecuencia casi inmediata del a reforma de 1994, dota a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con nuevas atribuciones para revisar la regularidad de las normas establecidas por los poderes u órganos públicos; somete de un modo preciso la actuación de éstos al Derecho y ante todo, a la Constitución.Gracias a ella, un órgano del poder público del Estado en los distintos ámbitos de gobierno, cuenta con los elementos jurídicos y jurisdiccionales para impugnar un acto o norma emitido por otro órgano, y con ello, la solución de este tipo de conflictos pasa del terreno meramente político al jurídico.

A fin de percibir el cambio del modelo de Controversia Constitucional antes y después de la reforma de 1994, de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Unidad de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos que, desde 1917 y hasta 1993, solo se presentaron alrededor de 50 Controversias Constitucionales, la mayor parte de las cuales no llegaron a resolverse por haber sido planteadas por municipios, quienes en los términos del texto anterior del artículo 105 constitucional, no tenían reconocido el carácter de poderes. En cambio, de enero de 1995, fecha en la que entró en vigor la reforma constitucional, al 7 de junio de 2002, se habían presentado entre Controversias Constitucionales (626), Acciones de Inconstitucionalidad (142) y sus respectivos recursos (608), 1376 asuntos.

Así pues, el Poder Reformador, al dotar a la Suprema Corte de facultades para resolver los conflictos que se pudieran suscitar entre los órdenes jurídicos parciales, le asignó el carácter de intérprete privilegiado para realizar el control de la regularidad jurídica respecto de actos de poder e imperio que, si bien pudieran tener una connotación política, pudieran también producir efectos en el sistema jurídico nacional, afectando a los habitantes de cada uno de los órdenes parciales sobre los que se ejerce dicho control.

“Artículo 137, fracción I:Las atribuciones de la Corte Suprema de Justicia son las siguientes:

A. Conocer de las diferencias que puede haber de uno a otro estado de la Federación, siempre que las reduzcan a un juicio verdaderamente contencioso en que deba recaer formal sentencia y de las que se susciten entre un estado y uno o más vecinos de otro, o entre particulares, sobre pretensiones de tierras, bajo concesiones de diversos estados, sin perjuicio de que las partes usen de su derecho reclamando la concesión a la autoridad que la otorgó.”

2/4 RASGOS GENERALES

DEFINICION (daremos tres, que lejos de ser antagónicas, resultan complementarias):

1. Es un proceso jurisdiccional seguido ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación como instancia única en la que se dirimen conflictos de constitucionalidad o de legalidad surgidos a partir de las distribuciones competenciales de los órganos del poder público del Estado en los distintos órdenes de gobierno o derivados del principio de división de poderes.

2. Es un proceso jurisdiccional uni-instancial, colegiado por los once ministros de la SCJN, que se promueve por organismos del poder público del Estado en los distintos órdenes de gobierno, o bien por órganos legitimados por la propia Constitución Federal, en donde se dirimen conflictos (afectación o limitación de competencias) sobre la constitucionalidad de sus actos, disposiciones generales (excepto en materia electoral), que se susciten entre ellos, cuya resolución se hará por mayoría de dichos ministros.

3. SCJN: son juicios que se promueven en única instancia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando se suscitan conflictos entre poderes o niveles de gobierno, y lo que en ellas se controvierte es si alguno de ellos afecta a otro en su esfera competencial, contraviniendo con ello a la constitución federal.

Es importante señalar que el término “disposiciones generales” establecido por este artículo, debe entenderse en sentido material, esto es, como referente a leyes, reglamentos o tratados internacionales.

En adición, cabe subrayar también que no solo basta con la afectación de constitucionalidad de actos o disposiciones materia del conflicto, sino que este afecte el marco de atribuciones de un órgano del poder público.

OBJETIVOS:

A) GENERAL:

Obligar y constreñir a que todos los órganos y poderes que se derivan de la Constitución Federal conformen y ajusten su actuación y la realización de sus actos de acuerdo a lo que dispone la Constitución General de la República.

B) ESPECIFICOS:

1. Definir una competencia a favor de un órgano en conflicto.

Así, la conclusión de la sentencia se hará en el sentido de determinar cuál de los órganos involucrados actuó correctamente dentro de la esfera de sus atribuciones.

En el caso de controversia en la aplicación de normas, de ser declarada una norma general como inválida o inconstitucional, los efectos de dicha resolución se limitarán a las partes en la controversia, a menos que la resolución hubiere sido aprobada por una mayoría de ocho o más ministros, caso en el cual tendrá efectos generales, quedando excluida del ordenamiento

Cuando alguno de los órganos mencionados en el artículo 105 f. I constitucional estime vulnerada su competencia por actos concretos de autoridad o por disposiciones generales provenientes de otro de esos órganos, podrá ejercitar las acciones necesarias para plantea a la SCJN la anulación del acto o disposición general.

2. Preservar el sistema y la estructura de la Constitución Política Federal.

Tesis Jurisprudencial: “… La tutela jurídica de la controversia constitucional es la preservación del orden constitucional, en especial de los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes jurídicos federal, estatal, del D. f. y municipal, a saber:salvaguardar el federalismo y la Supremacía constitucional, dando unidad y cohesión a los órdenes jurídicos parciales citados en las relaciones de las entidades u órganos de poder que los conforman, siendo los órganos originarios del Estado los titulares de los derechos controvertidos en esta acción. Tesis P./J. 99/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, octubre, 2000, t. XII, p.6, a través de hacer respetar los límites que la propia Carta magna establece entre las facultades de los entes federativos(Garantía del art. 40 cont. y de Check and Balances integral), mediante:

  • La resolución de conflictos entre órdenes u órganos de gobierno, que tienen por objeto la asignación de competencias controvertidas
  • El control de la regularidad jurídica en general y el control de la regularidad constitucional.

3. Proteger el ámbito de atribuciones que la Constitución prevé para los órganos originarios del Estado, con el fin de fortalecer el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes, la supremacía constitucional y el sistema federal (arts. 40.41.49, en relación con los 115, 116, 122 de la Constitución de la República.

PERSPECTIVAS:

La Controversia constitucional puede ser considerada desde dos puntos de vista:

1. Como un medio de protección del sistema federal, a fin de mantener la efectividad delas normas constitucionales que dan atribuciones específicas a los órganos originarios del Estado;

2. Como un mecanismo de derecho procesal constitucional, que garantice la supremacía constitucional y el orden jurídico y de gobierno en su conjunto.

Las garantías constitucionales comprenden aquellos instrumentos predominantemente procesales y establecidos generalmente en la Constitución, cuya finalidad es la reintegración del orden constitucionalcuando éste ha sido desconocido o violado por los órganos del poder público del Estado, especialmente, cuando los medios de protección de la Constitución no han sido suficientes para evitar el quebranto de la norma superior.

En tal sentido, el derecho procesal constitucional,tiene como misión esencial el análisis de las garantías constitucionales en sentido actual, es decir, los instrumentos predominantemente procesales dirigidos a la reintegración del orden constitucional en riesgo de ser violentado y mantener la efectividad de las disposiciones de carácter fundamental.

Después de la segunda guerra mundial, da inicio una sistematización para lograr la plena efectividad de la normativa constitucional, que provoca el desdoblamiento genérico del concepto “Defensa dela Constitución” en dos categorías fundamentales:

1. La protección de la Constitución, integrada por los factores políticos, económicos y sociales, inclusive de técnica jurídica, incorporados a los textos fundamentales con la finalidad de limitar el poder y lograr el funcionamiento equilibrado de los órganos del poder público del Estado.

2. La protección de las garantías constitucionales, integrada por aquellos instrumentos jurídicos predominantemente procesales, establecidos por lo general en el propio texto fundamental, cuya finalidad es la reintegración del orden constitucional cuando ha sido quebrantado por los órganos públicos de los distintos órdenes de gobierno, particularmente cuando los medios de protección de la Constitución no han sido suficientes para evitar este quebranto.

Es de este modo que la materia de estudio del derecho procesal constitucional son las tendientes a proteger las garantías constitucionales.

De acuerdo con nuestra norma fundamental, las garantías constitucionales de seguridad jurídica son las siguientes:

A. El juicio de amparo (artículo 103 y 107 constitucionales).

B. Las controversias constitucionales (artículo 105, fracción I).

C. Las acciones de inconstitucionalidad (artículo 105, fracción II).

E. La facultad de investigación de la Suprema Corte (artículo 97, párrafos 2 y 3).

F. El juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos(artículo 99, fracción V).

G. El juicio de revisión constitucional electoral (artículo 99, fracción IV).

H. El juicio político (artículo 110);

I. El procedimiento ante los organismos autónomos protectores de los Derechos humanos (artículo 102-B). y

J. La responsabilidad patrimonial del Estado (artículo 113).

CARACTERÍSTICAS (criterio dela SCJN):

1. Se instaura como garante del principio de la división de poderes (coordinación entre órganos del poder público).

2. Constituye un verdadero juicio entre los órganos del poder público del estado y aun de ciertos organismos autónomos constitucionales.

3. Sólo pueden ejercitar la acción los órganos del poder público del Estado en los tres órdenes de gobierno, previstos en la fracción I del artículo 105 de la Carta Magna.

4. Supone la presencia de un eventual agravio en perjuicio del órgano actor.

5. Implica el desarrollo de todo un proceso jurisdiccional (demanda, contestación de la demanda, pruebas, alegatos y sentencia).

6. Es procedente para impugnar tanto normas generales como actos.

7. No es procedente para impugnar normas generales en materia electoral.

8. Los efectos de la sentencia, en el caso de normas generales, consistirán en declarar la invalidez de la norma con efecto erga omnes, siempre que se trate de disposiciones de los estados o de los municipios impugnadas por la Federación; de los municipios, impugnadas por los Estados; o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre que haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia.

9. En última instancia, la controversia constitucional propende a la protección de la sociedad al perfeccionar el ejercicio del poder público y del gobierno.

CATEGORÍAS DE LOS CONFLICTOS MATERIA DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL:

A) Los que se presentan entre los distintos órdenes jurídicos (federal, estatal, del Distrito Federal y municipal) con motivo de la constitucionalidad o legalidad de normas generales o individuales.

Ejemplo: El Estado de Jalisco, a través de su Gobernador, impugna la Norma Oficial Mexicana NOM -046– SSA2 – 2005 emitida por el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Salud por considerar, entre otras cuestiones, que vulnera su ámbito competencial al obligar a todos los hospitales del país a brindar la anticoncepción de emergencia en casos de violación. La Corte resuelve que dicha NOM es constitucional en la controversia constitucional 54/2009.

B) Los que se presentan entre órganos de distintos órdenes jurídicos con motivo de la constitucionalidad o legalidad de sus normas generales o individuales.

Ejemplo: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal impugna la Ley Federal de Seguridad Privada por considerar que invade su competencia exclusiva para legislar sobre la materia. La Corte resuelve que la ley federal impugnada es constitucional en la controversia constitucional 132/2006.

C) Los que se presentan entre órganos del mismo orden jurídico con motivo de la constitucionalidad de sus normas generales o individuales.

Ejemplo: El Presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo impugna la resolución de la Cámara de Diputados que rechaza las observaciones presidenciales al Presupuesto de Egresos de la Federación. En este caso, el Presidente argumenta tener facultad de vetar dicho presupuesto. La Corte resuelve que sí procede el veto presidencial al presupuesto en la controversia constitucional 109/2004.

Tesis Jurisprudencial: “… La tutela jurídica de la controversia constitucional es la preservación del orden constitucional, en especial de los principios que sustentan las relaciones jurídicas y políticas de los órdenes jurídicos federal, estatal, del D. f. y municipal, a saber: salvaguardar el federalismo y la Supremacía constitucional, dando unidad y cohesión a los órdenes jurídicos parciales citados en las relaciones de las entidades u órganos de poder que los conforman, siendo los órganos originarios del Estado los titulares de los derechos controvertidos en esta acción. Tesis P./J. 99/2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena época, octubre, 2000, t. XII, p.6

3/4 PROCESO

MARCO JURÍDICO QUE LA RIGE:

  • Artículo 105 f. I y II de la Constitución Federal;
  • Ley Reglamentaria de esos mismos dispositivos; y supletoriamente
  • Código Federal de Procedimientos Civiles

PARTES:

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano jurisdiccional ante el cual se sustancia y resuelve la Controversia Constitucional. En tal sentido, las partes que conforman la Litis constitucional, son:

1.Actor: Entidad, poder u órgano que promueva la controversia.

2.Demandado: Entidad, poder u órgano que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto que se presuma inconstitucional.

3.Tercero Interesado: Entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción I del artículo 105 y que sin tener el carácter de actores o demandados pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse.

4.Procurador General de la República. Con fundamento en lo dispuesto por el párrafo tercero del apartado “A” del artículo 102 Constitucional, se da intervención oficiosa y obligatoria a este funcionario como parte en la controversia, la cual se justifica por el carácter que tiene como uno de los responsables de hacer guardar la Constitución.

ACCION:

Actores: Únicamente pueden interponer la los órganos legitimados para hacerlo en los términos del art. 105 f. I Constitucional. En este sentido, los particulares no pueden promover una controversia constitucional.

Excepciones: La materia electoral. Sin embargo, el concepto “materia electoral” tiene límites difusos en la jurisprudencia. En el mismo sentido, la Corte se ha pronunciado en cuanto a la imposibilidad de impugnar reformas constitucionales a través de esta vía.

LEGITIMACIÓN:

a. En la causa (derecho sustantivo, atribución o disposición que se pretende violentada);

b. En el proceso. Se refiere a la capacidad para realizar actos jurídicos de carácter procesal en un juicio determinado, frecuentemente en nombre y representación de otra persona en este caso el órgano del poder público respectivo.

El actor, el demandado y, en su caso, el tercero perjudicado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO:

Podrá suspenderse el acto que motive la controversia constitucional (excepto en el caso de normas generales), en los casos en que se ponga en peligro la seguridad o la economía nacionales, las instituciones fundamentales, o pueda afectarse gravemente a la sociedad. Sin embargo, la ley prevé el recurso de reclamación en contra del auto que conceda o niegue la suspensión.

INCIDENTES,de especial pronunciamiento:

A.Nulidad de notificaciones;

B. Reposición de autos, y

C. Falsedad de documentos.

Esta delimitación implica que todos los demás incidentes surgidos durante la tramitación de los juicios (salvo el de la suspensión de los actos administrativos materia de la controversia) deberán fallarse en sentencia definitiva, con lo cual se evita la dilación de los procedimientos por cuestiones sin relevancia para efectos de la definición del fondo.

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO:

A) Improcedencia: Causales:

1. Contra decisiones de la Suprema Corte de Justicia;

2. Contra normas generales o actos en materia electoral;

3. Contra normas generales o actos que sean materia de una controversia que esté pendiente de resolver ,siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos  y conceptos de invalidez;

4. Contra normas generales o actos que hubieran sido materia de una ejecutoria dictada en otra controversia, siempre que exista identidad de partes, normas generales o actos y conceptos de invalidez, en los casos a que se refiere el artículo 105, fracción I, último párrafo, de la Constitución;

5. Cuando hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia;

6. Cuando no se haya agotado la vía legalmente prevista para la solución del propio conflicto;

7. Cuando la demanda se presentare fuera de los plazos previstos en el artículo;

8. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley;

B) Sobreseimiento: Causales:

  1. Las que derivan de un desistimiento. (Solamente procede en el caso de actos, no de disposiciones).

2. Que aparezca una causal de improcedencia durante el procedimiento.

3. La inexistencia del acto.

4. La celebración de un convenio entre las partes.

Al respecto, debe señalarse que cuando estén involucradas normas generales, no podrá decretarse el sobreseimiento, pues podría trastocarse directa y gravemente a la Constitución Federal.

LA DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN (Ley Reglamentaria, Art. 26)

Deberán cubrir los requisitos que señala la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 Constitucional, mismos que se especifican en los siguientes numerales:

Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

I. Tratándose de actos, treinta díascontados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al día en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

II. Tratándose de normas generales, de treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al en que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia, y

III. Tratándose de los conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de sesenta días contados a partir de la entrada en vigor de la norma general o de la realización del acto que los origine.

Requisitos de la Demanda:

1. La entidad, poder u órgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del funcionario que lo represente;

2. La entidad, poder u órgano demandado y su domicilio;

3. Las entidades, poderes u órganos terceros interesados, si los hubiera, y sus domicilios;

4. La norma general o acto cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubiere publicado;

5. Los preceptos constitucionales que, en su caso, se estimen violados;

6. La manifestación de los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande;

7. Los conceptos de invalidez.

LA INSTRUCCIÓN:

  • Recibida la demanda, el presidente de la Suprema Corte designa ministro instructor a fin de que se ponga el proceso en estado de resolución (Auto de Presidencia).
  • El Ministro Instructor funciona como un conductor y moderador de la actividad de las partes en la controversia constitucional. Examinará si existen causales de improcedencia. En caso de admitirse la demanda,se emplaza a la demandada para que conteste en el término de treinta días. El actor puede ampliar su demanda durante el plazo de quince días.
  • En caso de que la demanda, contestación, reconvención o ampliación sean oscuras o irregulares, se prevendrá a la parte respectiva para que subsane las irregularidades detectadas.

PRUEBAS:

  • Una vez transcurridos los plazos para contestar la demanda y, en su caso, la ampliación o reconvención, se señalará fecha para una audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas.
  • Las pruebas admitidas son todas las previstas en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Se pueden ofrecer toda case de pruebas, excepto la deposiciones y contrarias a derecho.
  • Las pruebas testimonial, pericial y de inspección ocular tienen un desahogo especial.
  • La no contestación de la demanda hace presumir ciertos los hechos que en la misma se hubieran señalado.
  • Las pruebas deben ofrecerse y rendirse en la audiencia respectiva, excepto la documental, la que podrá presentarse con anterioridad.
  • Abierta la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas, se recibirán las pruebas y los alegatos por escrito.
  • El ministro instructor podrá decretar pruebas para mejor proveer.
  • Una vez concluida la audiencia, el ministro instructor someterá el proyecto de resolución a consideración del Pleno.

AUDIENCIA(Art. 34 Ley Reglamentaria):

Se celebrarán con o sin la asistencia de las partes o de sus representantes legales.

Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas y los alegatos por escrito de las partes.

4/4 LA SENTENCIA, CONCLUSIONES Y BIBLIOGRAFÍA

LA SENTENCIA:

Las controversias constitucionales pueden dar lugar a tres tipos de sentencias:

A. De sobreseimiento. Declaran que, en virtud de una razón fáctica o jurídica, la controversia es improcedente.

B. Estimatorias. Son aquellas en que el pleno de la Corte considera que la norma general o los actos reclamados en la controversia atentan contra la competencia del órgano o poder promovente y de este modo violan la Constitución Política.

C. Desestimatorias. Declaran explícitamente la constitucionalidad de la norma general o acto impugnado o, por lo menos, no lo declaran inconstitucional, debido a que en la votación no se alcanzó la mayoría requerida por la ley.

En todos los casos, la Suprema Corte deberá suplir la deficiencia tanto de la demanda , como de la contestación, los alegatos o los agravios.

Contenido de la Sentencia(art.41 Ley Reglamentaria):

  1. Fijación de las normas generales o actos objeto de la controversia.

2. Preceptos que la fundamenten.

3. Consideraciones que la fundamenten.

4. Los alcances y efectos.

5. Puntos resolutivos.

6. En su caso, el término en el que la parte condenada deba realizar una actuación.

Las sentencias podrán tener efectos generales cuando declaren inválidas:

a) Disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnadas por la Federación;

b) De los municipios,impugnadas por los estados, o

c) En el caso de los incisos c, h y k del artículo 105, siempre que se vote por cuando menos por ocho ministros; de lo contrario, se declarará desestimada la controversia.

En los demás casos, la sentencia únicamente tendrá efectos inter partes.

La declaración de invalidez de la sentencia no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal.

La Suplencia:

Una de las características esenciales de las Controversias Constitucionales es que se han concebido en términos muy flexibles; por lo tanto, se dota al órgano jurisdiccional de importantes atribuciones para intervenir en el curso del proceso.

La deficiente expresión de argumentos de inconstitucionalidad en contra de las consideraciones de fondo del acto o norma impugnados no debe motivar la improcedencia de la reclamación, pues aún en el evento de que la parte actora no hubiese expresado debidamente conceptos de invalidez, tal situación no puede acarrear la improcedencia de la controversia constitucional, en virtud de que la Suprema Corte tiene la obligación de suplir los argumentos expuestos por las partes, sin que pueda considerarlos deficientes (arts. 39 y 40 de la Ley Reglamentaria).

Inicio de efectos de la sentencia:

  • Determinado por el pleno de la SCJN en el cuerpo de la misma.
  • El incumplimiento de la sentencia o la repetición de los actos o normas declarados inválidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación da lugar ala aplicación de las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 Constitucional, respecto de todas las autoridades a quienes resulte imputable el incumplimiento o la repetición, Incluso en aquellos casos en los que tales autoridades no hayan intervenido como partes en la controversia respectiva.

SANCIONES:

El incumplimiento de las sentencias es castigado con la pérdida del cargo y la consignación directa al juez de distrito para que se individualicen las penas que correspondan a los delitos contra la administración de justicia (Art. 107 f XVI Const.).

RECURSOS

En la controversia constitucional proceden los recursos de:

A) ReclamaciónProcede:

1. Contra los autos o resoluciones que admitan o desechen una demanda, su contestación o sus respectivas ampliaciones;

2. Contra los autos o resoluciones que pongan fin a la controversia o que su naturaleza trascendental y grave puedan causar un agravio material a una de las partes no reparable en la sentencia definitiva;

3. Contra las resoluciones dictadas por el Ministro Instructor al resolver cualquiera de los incidentes previstos por el artículo 12;

4. Contra los autos del Ministro instructor en que se otorgue, niegue, modifique o revoque la suspensión;

5. Contra los autos o resoluciones del Ministro Instructor que admitan o desechen pruebas;

6. Contra los autos o resoluciones del Presidente de la Suprema Corte de justicia de la Nación que tengan cumplimentadas las ejecutorias dictadas por el Pleno de las Suprema Corte de Justicia de la Nación.

B) Queja. Procede (Art. 55 de la Ley Reglamentaria):

1. Contra la parte demandada o cualquier otra autoridad, por violación, exceso o defecto en la ejecución del auto o resolución por el que se haya concedido la suspensión, y

2. Contra la parte condenada, por exceso o defecto en la ejecución de una sentencia.

CONCLUSIONES

Resulta evidente que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sufrido un cambio radical, tanto en su diseño institucional como en la evolución de su interpretación, que la han convertido en una especie de fiel de la balanza en esta nueva concepción del principio de separación de poderes (coordinación de órganos del poder público del Estado), que tradicionalmente era concebida como una mera atribución de funciones a los órganos del Estado, pero que actualmente busca limitar su poder y asegurar la libertad individual.

Es un valor entendido que el principio de división de poderes tolera la interdependencia en la formación y actuación de los mismos, pero ello supone la afirmación de un límite a estos, de tal manera que ningún poder pueda invadir el ámbito nuclear de los demás, es decir, que no puedan alterar los rasgos esenciales de su ámbito de funciones. Ello supone que ningún poder pueda ser reducido a la condición de órgano de ayuda o ejecución del otro. Desde esta perspectiva, lo importante no es la producción por parte de cada poder de determinados actos, sino la realización de determinados tipos de actuación.

En ese sentido, el reacomodo de la división de poderes en México se viene dando de distintas maneras, pero hoy he querido destacar que, en mucho, se debe a la evolución que ha conocido la justicia mexicana, por medio de los asuntos sujetos al control de la Corte. Esta evolución hace cada vez más visible el camino de la resolución jurisdiccional de controversias entre poderes y ordenes normativos; señala, cada vez con más claridad, la distancia entre la representación del juez como “boca de la ley” y las funciones que en realidad desempeña; busca la independencia y el control mutuo entre los poderes del Estado; y busca, en fin, respetar el sistema de competencias previsto constitucionalmente, dando primacía sobre cualquier otra norma a la Constitución.

Ello, por supuesto, requiere no solamente de un eventual control sobre su actuación, sino de condiciones y exigencias de carácter jurídico y político que los mismos poderes deben ir cumpliendo. Ningún poder o miembro de algún poder, ni nadie en este país debe considerarse por encima de las reglas. Todos nos hemos convertido en justiciables.

La expansión del Poder Judicial es un proceso irreversible y consustancial en todas las democracias modernas y, por lo tanto, se debe comenzar a pensar en esas condiciones y exigencias para controlar alguna posible consecuencia negativa de la judicialización.

Una democracia con un Poder Judicial fuerte es sencillamente una democracia más fuerte, porque los derechos de los ciudadanos están mejor tutelados; pero una democracia con todos los poderes que la componen fuertes es una democracia funcional.

La fortaleza de cada poder, reitero, se dará en la medida en que cada uno de ellos, respetuoso del otro, ejerza a cabalidad las funciones que la Constitución le atribuye, pues sólo así, sólo en esa medida, podrá lograr su independencia.

De este modo, tenemos que en el ejercicio del control constitucional el problema central de la hermenéutica que debe realizarse no es la connotación política del acto de poder, sino el hecho de que el texto constitucional refleja un sistema de valores que en ocasiones pueden presentar ambigüedades, fórmulas genéricas de contenido indeterminado o muy discutibles e incluso contradictorias, quedando a cargo del órgano de control actualizar e integrarlos valores imperantes en la Constitución, salvaguardando el lugar en que se encuentran dentro del sistema jurídico nacional, pues será siempre la decisión del tribunal constitucional una opción jurídica, aun cuando tenga un contenido político, pues la resolución siempre tendrá que emitirse y apegarse al derecho fundamental.

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BIBLIOGRAFÍA 

Baltazar Robles, CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, México, Ángel Editor, 2002.

Castro, Juventino V. EL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL, 5ª Edición. México, 2004.

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Cossío, José Ramón. OTRA IMPOSIBLE TAREA? Anuario iberoamericano de justicia constitucional. Madrid, nº 6, 2002.

Ferrer MacG regor, Eduardo, COMPENDIO DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL. Legislación, prontuario y bibliografía, México, Porrúa, 2005.

Gudiño Pelayo, José de Jesús, CONTROVERSIA SOBRE CONTROVERSIA, 3a. ed., México,Porrúa, 2004.

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Martínez Ramírez, Fabiola. “LAS CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES COMO MEDIO DE CONTROL CONSTITUCIONAL”. UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Estudios en Homenaje a Héctor Fix Zamudio. pp 567 – 602

Reyes Reyes, Pablo Enrique, LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD, México, Oxford University Press, 2000.

SupremaCorte de Justicia de La Nación, ¿QUÉ SON LAS ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD?,2a. ed., México, SCJN, 2004.

La Acción de Inconstitucionalidad en México

LA ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD EN MÉXICO

Por José Ramón González Chávez

La fracción II delartículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevéla figura de la Acción deInconstitucionalidad.

En conjunto con el Juicio de Amparo y la Controversia Constitucional la Acción de Inconstitucionalidad es un medio de control constitucional del régimen jurídico mexicano, que tiene por objeto determinar si una disposición de legislación ordinaria, ya sea federal o local, es contraria a alguna disposición constitucional.

A diferencia del juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad únicamente puede ser promovida por órganos del Poder Público del Estado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal Constitucional, en los términos siguientes:

– El 33%de los Diputados integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de laUnión, respecto de leyes federales o leyes emitidas por el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal;

– El 33%de los Senadores respecto de leyes federales o leyes emitidas por el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal, así como de tratados internacionales;

– El 33%de los Diputados locales respecto de leyes emitidas por las legislaturas estatales;

– El 33%de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respecto de leyes emitidas por la propia Asamblea;

– El Procurador General de la República en contra de leyes de carácter federal,estatal y del Distrito Federal, así como respecto de tratados internacionales;

– Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral en contra de leyes federales en materia electoral;

– Los partidos políticos con registro ante algún Instituto Electoral Estatal en contra de leyes en materia electoral emitidas en el Estado en el que tienen registro;

– La Comisión Nacional de los derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución.

– Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El artículo 105 establece claramente que para que el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia en las acciones de inconstitucionalidad pueda tener el efecto de declarar la invalidez de una norma, dicho pronunciamiento deberá ser aprobado por una votación no menor a ocho ministros.

La acción de inconstitucionalidad tiene como pretensión la invalidez de la disposición que sea declarada inconstitucional. Esto no conlleva a su derogación, pues el texto de la disposición inconstitucional no es eliminado, sino que únicamente pierde su fuerza de aplicación, esto es, se desaplica para el caso concreto.

Las sentencias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que resuelven las acciones de inconstitucionalidad son publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de hacerlas públicas.

Características de laacción de inconstitucionalidad:

1.- Es un medio al alcance de órganos del poder público del Estado, que no se limita a los casos de mera invasión de esferas de competencia, como es el caso de la controversia constitucional.

2.- Se avoca no sólo a contravenciones a la parte orgánica de la Constitución (lo que ocurre en el caso de la controversia constitucional), sino también de violaciones a derechos fundamentales y sus correspondientes garantías. Así,pone en manos de órganos públicos una herramienta para proteger a los gobernados contra leyes que pudiesen violar sus derechos y garantías.

3.- A través de ella, la Suprema Corte de Justicia de la Federación se puede pronunciar sobre la constitucionalidad de una norma en materia electoral. Alser una materia excluida dentro de los actos impugnables a través de un juiciode amparo, el pronunciamiento de la Corte sobre la constitucionalidad constituyeuna importante herramienta de normación de criterio para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En tal sentido, el artículo 105 de la Constitución Federal es tajante al establecer que la acción de inconstitucionalidad es el único medio a través del cual se puede impugnar la inconstitucionalidad de una disposición en dicha materia.

4.- En el único otro caso que la Suprema Corte de Justicia podrá pronunciarse sobre la constitucionalidad de una disposición en materia electoral, es en el supuesto de una contradicción entre el criterio sostenido por alguna Sala Regional o la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación y el criterio sostenido por las Salas o Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otro elemento que le añade gran importancia a la acción de inconstitucionalidad es que las consideraciones vertidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus resoluciones, tienen el carácter de jurisprudencia (ver rubro de la tesis 2/2004 de la Primera Sala de la SCJN: “Jurisprudencia. Tienen ese carácter las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, por lo que son obligatorias para los tribunales colegiados de circuito en términos del acuerdo general 5/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación“.

El Derecho Constitucional Penal como expresión del “Nuevo Sistema de Justicia”: de las buenas intenciones a los hechos

EL DERECHO CONSTITUCIONAL PENAL COMO EXPRESIÓN DEL

“NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO:

De las buenas intenciones a los hechos

Por José Ramón González Chávez

Con estas breves líneas de Reflexión, intento que nos acerquemos a un tema poco estudiado por los juristas y doctrinarios del Derecho: el Derecho Constitucional Penal, disciplina que en nuestro país se encuentra en gestación, como producto de una recomposición del paradigma jurídico nacional e internacional en la materia, que nos impele a sacudirnos el normativismo positivista que venimos arrastrando por nuestra formación (o deformación) académica y profesional, y por ende a conocer, comprender y aplicar el nuevo modelo en el desarrollo cotidiano de nuestras actividades, independientemente de cual sea la trinchera jurídica en la que nos desempeñemos.

Como hemos podido constatar, las reformas Constitucionales y a la legislación secundaria federal y locales son de reciente cuño (algunas se siguen modificando en estos momentos). La actividad legislativa, ejecutiva y jurisdiccional apenas comienza a adaptar su estructura, organización y actividades a esta nueva realidad que ya dejó de ser una buena idea y se ha convertido en una obligación para todos los órganos del poder público y quienes trabajan en él.

En el ámbito académico, desde la perspectiva multidisciplinaria, no se diga: los programas académicos de las carreras de Derecho y de otras ciencias sociales(Ciencia Política, Administración Pública, Sociología, Antropología, Criminología, solo por nombrar algunas), en la gran mayoría de los casos aún no han sido actualizados y los proyectos de investigación apenas se comienzan a enfocarse en estos temas, por lo que el material sobre Derecho Constitucional Penal es escaso y poco atento del nuevo paradigma.

En el contexto intradisciplinario, esto es, -como dijera Kelsen- del Derecho dentro del Derecho, dada la cantidad y amplitud de sus ramas, tradicionales y nuevas, el Derecho Constitucional Penal ha sido poco estudiado como tal por los juristas y doctrinarios, menos aun de manera transversal, es decir, no solo como materia exclusiva del ámbito penal, sino como sujeto de análisis, investigación y práctica de otras ramas (internacional, administrativo, sociología y psicología jurídicas,filosofía del derecho, etc.) con las que de manera directa e indirecta debe tener contacto.

 En fin, como sujeto de estudio individual, el Derecho Constitucional Penal se encuentra en una situación delicada, pues debe ser el fundamento, material y formal, de un sistema que no existe todavía. Legisladores, gobernantes y medios hablan de un nuevo “Sistema de Justicia Penal” pero lo cierto es que más allá de su uso como instrumento demagógico, desde el punto de vista sistémico (si entendemos “Sistema” como un conjunto de elementos integrados entre sí, y cuya integración conforma una entidad individual y con identidad propia), tenemos que no hay tal y lo que urge hacer es construirlo.

Para ello, hay que tener en cuenta que si bien existen una serie de elementos que como piezas de un rompecabezas se encuentran dispersos, faltan otros más que hay que confeccionar; otros ya no embonan y tienen que ser remplazados por otros diferentes o en su caso, ser actualizados.

¿Cuáles son los engranes y demás componentes de esa maquinaria social que requiere un sistema de justicia para ser considerado como tal, de la manera en que sí los notamos más o menos presentes, por ejemplo, en materia de derechos humanos, electoral o de transparencia?.

¿Cuáles son sus principios, sus fines?

¿Cuáles su estructura, su forma correcta de funcionamiento, su interacción con las demás partes y con el todo de dicha maquinaria?

¿Cuáles su misión y función en el ámbito político, económico, social y cultural de nuestro país y en el contexto global?

A partir de todo lo anterior, cómo podría construirse una definición y un concepto de Derecho Constitucional Penal?

Solo así podremos estar hablando de un verdadero Sistema de Justicia Penal (aunque la justicia en otras ramas siga pendiente) y solo así el Derecho Constitucional Penal podrá tener más y mejores posibilidades de irse construyendo sobre un piso firme.

Argumentación a nivel Constitucional: Algunas Reflexiones

Peitho, diosa de la persuación, seducción o encanto por el razonamiento

LA ARGUMENTACIÓN A NIVEL CONSTITUCIONAL

José Ramón González Chávez

“No hay dogmática sin historia, o no debería haberla, porque los conceptos y las instituciones no nacen de un vacío puro e intemporal, de un acto de iluminación, sino en un lugar y momento conocidos y en respuesta a procesos históricos de los que arrastran una carga quizá invisible,pero condicionante

F. Tomás y Valiente (Condiciones de tiempo ylugar).

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El nuevo paradigma jurídico exige al Juez actualizar (convertir en ACTOS concretos) la LEX (el sentido profundo de Justicia), pero esta obligación sólo se satisface cuando para decidir la aplicación de cualquier norma del ordenamiento, ese Juez ha meditado previamente acerca de la adecuación de esa norma a la Constitución (formal y material). No se trata entonces de una “aplicación mecánica” o literal, sino del resultado de una lectura reflexiva, marcada por el conjunto de los principios constitucionales.

En tal sentido, el Juez no podría (no debería)considerar la aplicación de la norma en forma acrítica e incondicionada, sino someterla al tamiz constitucional, garantizando así los preceptos en ella consagrados. Allí radica, sustancialmente, el fundamento de legitimidad de la jurisdicción.Una legitimación no equiparable a la que proviene de la representación política, derivada de la voluntad ciudadana (democracia electoral), sino relativa a la tutela de los derechos fundamentales consagrados, observados y protegidos,sobre los que se asienta la democracia sustancial”.

Los principios constitucionales, tal como se entienden en este contexto, son construcciones históricas incorporadas al Estado de Derecho y al funcionamiento de una sociedad democrática. Esta es la fórmula de la transición al Estado Constitucional. Ninguna decisión, por mayoritaria que fuere, podría abrogarlos y si así sucediere, aunque fuese de manera “legal”, esta sería inconstitucional.

De aquí que el Poder Judicial sea un factor esencial de la viabilidad y supervivencia del pacto jurídico político expresado en la Constitución, pues los jueces tienen sobre sus espaldas, en atención al mandato constitucional, la carga de sostenerla vigencia y positividad irrestrictas de los derechos fundamentales.

La Supremacía de la Constitución no es el resultado de ninguna operación lógica al interior de un sistema de normas, sino de su afirmación incansable como criterio último de interpretación y como principio legitimador de prácticas sociales.

La concepción de la Constitución como ordenamiento supremo, supone el reconocimiento de que su fuerza normativa reside en que se trata de un conjunto de reglas jurídico políticas fundamentales que requieren ser interpretadas y aplicadas e manera sustantiva y primordial.

Una Constitución tiene carácter fundamental no sólo por la naturaleza de las prescripciones que contiene (coercitividad, obligatoriedad) sino por la convicción de los individuos y de los grupos regidos por ella, en cuanto a su importancia y a la necesidad de que sea aplicada efectivamente (validez).

Son los órganos jurisdiccionales y muy particularmente los tribunales constitucionales- aquéllos para los cuales la obligación de someterse a la Constitución adquiere una significación especial que caracteriza cada uno de los actos que realizan en el ejercicio de su competencia.

Cuando un tribunal constitucional (en nuestro caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sesionando con tal carácter) es instado a validar o a dictar decisiones que inciden en preceptos constitucionales, se requiere de extrema prudencia para preservar el equilibrio propio del Estado Constitucional y, al mismo tiempo, con la energía, oportunidad y claridad necesarias para que todos los ciudadanos perciban que la Supremacía de la Constitución no es una mera declaración retórica, sino una regla sustantiva básica.

Es así que la interpretación constitucional debe hacerse siempre de modo que el conjunto de las normas constitucionales formen una unidad que obliga a contemplar cada una de ellas, no como partes aisladas, sino como elementos integrantes de una totalidad o un sistema (enfoque sistémico).

Ante el problema concreto, la decisión jurídica que lo defina y resuelva presupone la comprensión de que al aplicar una cláusula constitucional se aplica la constitución toda. La argumentación, entonces, debe ser sistemática, teniendo en cuenta la realidad, el hecho social o acto concreto y, desde la perspectiva o desde el lugar del juzgador (ahora, a partir de las reformas constitucionales recientes, de todo servidor público de cualquier órgano del poder público en cualquier ámbito de gobierno), como si con cada caso se estuviera creando un precedente.

De ahí la importancia de la interpretación y la argumentación en la aplicación práctica y concreta del nuevo paradigma constitucional.

Identidad de los Partidos y conformación del espectro político en el Legislativo

IDENTIDAD DE LOS PARTIDOS Y CONFORMACIÓN

DEL ESPECTRO POLÍTICO EN EL lEGISLATIVO

 (corte al 2006 (borrador)

 Por José Ramón González Chávez

Antecedentes:

Todo partido tiene en sus orígenes elementos que conforman su estructura ideológica y que por supuesto definen su posición o su estilo de gobierno.

PAN:

Derivado de una crisis de los grupos políticos de derecha que comienza a manifestarse en 1926 por la diversidad de opiniones en cuanto a sus estrategias de acción, sumada a la coyuntura del Vasconcelismo en 1929 y a la delicada situación económica que produjo la recesión, se generan dos fuertes corrientes, que posteriormente darían por resultado la creación, por una parte, de la Unión Nacional Sinarquista (1937), de tendencia moderada, que intentaba formar conciencia cívico religiosa en la sociedad, y por la otra, el Partido Acción Nacional, de postura más radical, que proponía luchar por cualquier medio para conseguir el poder.

Los tres sectores que aportaron su cuota a la fundación del PAN (los laicos formados a la militancia católica, los políticos liberales de inclinación conservadora y los identificados con el capital monopólico) cumplieron una función específica: los primeros le daban continuidad en el plano político a la lucha de la iglesia por la restitución de sus fueros y proveían al partido de su armazón ideológica a partir del Corpus doctrinario que institucionalizarón las encíclicas papales desde la Rerum Novarum. Los segundos en su mayoría portadores de eso que Carlos Monsiváis ha llamado la cultura del abogado, aseguraban la inserción del PAN en marco jurídico vigente para intentar su revisión dentro de las reglas del juego establecidas por el régimen. Y los terceros además del financiamiento aportaban la influencia de sus relaciones con la burocracia gobernante, que veía en ellos a su principal interlocutor, lo instrumentaba siguiendo una pauta simbiótica para obtener mediante presión un mayor margen de negociación de sus intereses de grupo [1].

Desde su nacimiento, el PAN consideró una amenaza para México o mejor dicho para las clases acomodadas del país, entre otras cosas, la sectorización del PNR ligada al reparto de tierras, la expropiación petrolera, el fortalecimiento del sindicalismo, la educación laica, la participación social en el proyecto revolucionario y la rectoría económica del Estado, amenaza que según su óptica, sólo podía combatirse a través de los principios de doctrina social de la iglesia católica y del liberalismo económico y político a ultranza.

En este contexto, el Partido Acción Nacional aparece como uno más de la buena cantidad de grupos sociales que se aglutinaron en torno a la candidatura del general Almazán, inconformes por el gobierno socialista promovido por el cardenismo.

El Partido Acción Nacional fue concebido en la sede del Banco de Londres de México. Varios de sus principales dirigentes eran además, banqueros o personajes ligados  de alguna manera a la actividad financiera[2]. Por esto, en sus inicios fue considerado como un partido de banqueros, pero también como un partido de católicos militantes que constituían el grueso de los fundadores de Acción Nacional. Según los analistas de aquel entonces, “los planteamientos del PAN no se diferenciaban de los del sinarquismo[3].

El PAN nace el 16 de septiembre de 1939, durante su Asamblea Constitutiva, reunida del 14 al 17 de ese mismo mes y año en en frontón “México” de la capital de la República, confirmada el 3 de febrero de 1946 de la unión de grupos católicos, empresariales, financieros, grupos de las clases media y alta, ex funcionarios e intelectuales. Representante del conservadurismo, su propósito original fue contrarrestar el régimen de reivindicaciones sociales de Lázaro Cárdenas y frenar con ello el “Desarrollo Socialista” del país[4], pugnando a la vez por el fortalecimiento de la influencia del clero en las decisiones políticas nacionales, deteriorada desde la Reforma.

En una entrevista concedida por el 25º aniversario de la fundación del PAN a los esposos Wilkie de la Universidad de California, Manuel Gómez Morín, uno de sus fundadores, se refiere a la situación que dio origen al partido como “intolerable, con amenazas de una nueva revolución que volvería a poner a otro general en el gobierno”. Según él, el problema político fundamental en México, era la falta de ciudadanía: “No habíamos sido formados ciudadanos; no teníamos antecedentes de ciudadanía. No tuvimos oportunidad de organizar nuestra democracia. Ante tal situación de largos antecedentes (Colonia, guerras civiles y de intervención, Porfiriato), pensamos que era indispensable reconocer esa realidad y empezar el trabajo desde la raíz: la formación de una conciencia y de una organización cívica. Decidimos entonces, la organización del partido”[5].

Durante el gobierno de Avila Camacho, las relaciones con el PAN mejoraron respecto de la gestión anterior. El Presidente ofreció a los dirigentes de Acción Nacional puestos dentro del gabinete, a decir de éstos. El panista Teófilo Olea y Leyva ingresó como ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el PAN mantenía sus acusaciones de corrupción y antidemocracia en contra del régimen, aunque suavizadas.

En la campaña de 1946, la candidatura de Miguel Alemán y la transformación del PRM en PRI provocó cierta desbandada de empresarios que habían participado en la fundación del PAN. Erráticamente, Acción Nacional, al no poder postular a Miguel Alemán, propuso a Luis Cabrera, quien no aceptó la oferta. Los militantes panistas quedaron en libertad para votar por cualquiera de los candidatos de los otros partidos, aunque la dirigencia se inclinó por Alemán.

En general, en sus primeros años, la presencia política del PAN fue precaria, sobre todo a causa de la desarticulación entre las facciones que lo integraban.

1947 ganó el PAN su primera presidencia municipal, la de Tacámbaro, Michoacán. En la legislatura local de este estado obtuvo una victoria, lo mismo que en el municipio oaxaqueño de Huajuapan de León. Las elecciones de 1949 confirmaron que el PAN había conseguido formar una corriente electoral estable y que se consolidaba ya como una fuerza importante

Por su parte, las políticas públicas alemanistas de industrialización y urbanización, propiciaron el surgimiento de nuevos grupos sociales que el PRI ni pudo coptar por su rígida y tradicional lógica de filiación corporativa (sectores obrero, campesino y popular), como en el caso de las clases medias urbanas, pequeños y medianos empresarios, así como agricultores y ganaderos, especialmente del norte del país. Como alternativa, la propuesta individualista del PAN se adaptó perfectamente a las aspiraciones de estos sectores medios en ascenso.

El crecimiento de la democracia cristiana.-

En este contexto, en 1951 se dio una fuerte campaña contra el artículo 3º constitucional, presentada por el PAN, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Unión Nacional Sinarquista.

Durante los años 70 Frente al liberalismo capitalista y al colectivismo, Acción Nacional contiene el solidarismo, que se define como la participación responsable y solidaria de la persona en la convivencia y organización de la autoridad y las instituciones, para promover y garantizar el orden, el progreso y la paz a la persona, la familia y a los grupos sociales”[6].

A principios de los setenta, la doctrina panista comienza a flexibilizarse. Está actitud es promovida por su Presidente Jose Angel Conchello, quien la concibe como una estrategia coyuntural de Marketing político, dirigido a capitalizar en su favor el antipriísmo, coptando a las organizaciones de tipo empresarial que a consecuencia del divorcio de la I. P. con el gobierno de LEA, comienzan a acercarse al PAN como una medida estratégica para ejercer presión política. La mezcla de estas dos variables, trae como consecuencia el surgimiento de una nueva corriente, denominada Neopanismo, que se confrontará después a las posturas de la corriente Conservadora.

José Angel Conchello, hombre de extracción empresarial, simpatizó muy poco con la reforma social propuesta por los documentos básicos de su partido, orientando al PAN a combatir la corrupción y la demagogia del régimen[7].

El PAN fue incrementando su arraigo en los grandes centros urbanos, donde apoyado por las estrategias de comunicación política de los grandes empresarios para deslegitimar el gobierno de LEA, comenzaba a extenderse un fuerte pesimismo social por la crisis económica.

La segunda gran crisis del PAN se da en 1975, dentro de la perspectiva de las elecciones presidenciales de 1976, cuando se generó un sisma interno entre el grupo pro empresarial de Conchello y el grupo doctrinario de González Morfín. Ninguno de los precandidatos presidenciales logró obtener el 80% de votos que de acuerdo a sus estatutos era necesario para la nominación. El desenlace fue un divisionismo interno que impidió a Acción Nacional postular candidato presidencial y generó la renuncia, dos años después, en 1978, de varios dirigentes del grupo doctrinario, quienes declararon que “la ideología panista había sido vendida al mejor postor, es decir, al Grupo Monterrey“.

A raíz del proceso de reforma política, el PAN tuvo que enfrentar ya no solamente al PPS y a otras organizaciones que se desprendieron del oficialismo, sino a otros partidos de nueva creación, entre ellos:

El Partido Comunista, cuya larga trayectoria política sin registro legal, situación que lo colocaba como una auténtica posición de izquierda; y

El Partido Demócrata Mexicano, con perfil cercano al propio PAN.

La Línea empresarial.

En 1984, la Convención Nacional panista eligió a Pablo Emilio Madero como presidente del partido. “Con esto, se consolidó la hegemonía de la corriente no tradicional con amplias coincidencias con los grupos empresariales, a la que se ha denominado neopanista”[8]. También en ese año, Acción Nacional protagonizó un escándalo de prensa a raíz de la asistencia de representantes del CEN a la Convención del Partido Republicano de los Estados Unidos. En la plataforma electoral de 1985 se trató de paliar la acusación de tener inclinaciones pro norteamericanas, apelando a la mexicaneidad de los panistas.

El modelo empezo a dar frutos en el norte, corriendose después hacia el bajío, donde el PAN adaptó el modelo a las circunstancias específicas de cada localidad. Las clases medias abajeñas encontraron en el PAN un canal apropiado para manifestar su inconformidad por el decremento de su nivel de vida, la arbitrariedad gubernamental, la corrupción, etc.

Poco después, se fueron sumando algunos grupos obreros del norte, que vieron en el PAN un medio de participación política fuera de los canales corporativos del priísmo que, según ellos, “sólo sirve para satisfacer los intereses personales de sus líderes (Como ejemplo, citamos el caso de los Obreros de AHMSA en Monclova, antigua sección 288 del Sindicato Minero Metalúrgico, de inclinación maoísta [?], aliados al PAN para continuar su lucha contra el sindicalismo oficial)”.

Todos estos elementos se conjugaron en la segunda mitad de los ochenta para conformar lo que más tarde se denominaría Neopanismo, cuyo primer exponente máximo fue su candidato presidencial, Manuel J. Clouthier.

Desde entonces y durante los años 90 Acción Nacional observa un radical cambio en su actitud política frente al gobierno de la República y con el PRI. Pasó del llamado a la desobediencia civil, como estrategia de protesta ante los resultados electorales de los comicios de 1988, a una actitud de diálogo y de negociación permanente, lo que ha hecho mejorar los niveles de entendimiento entre AN y el gobierno Federal.

El neopanismo vio triunfar su proyecto político al hacer llegar al poder al grupo encabezado por el Actual Presidente FOX, donde el ala tradicional del partido a quedado relegada a segundo termino respecto de los miembros de extracción empresarial donde el actual candidato Calderón parece ser un factor de equilibrio capaz de representar ambos sectores.

PRI

BREVE HISTORIA DEL PRI

Bajo el régimen de Porfirio Díaz (1877-1911) México había logrado altas tasas de crecimiento económico, pero ello a costa de un inequitativo reparto de la riqueza y de una creciente dependencia hacia el exterior.

La caída de Díaz fue originada por un enfrentamiento armado, la Revolución Mexicana, que culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, la más avanzada en su tiempo, pues fue la primera del mundo en incorporar disposiciones de contenido social.

México no tenía un camino hecho para cumplir con su destino democrático. Había que diseñar las instituciones que le dieran sustento; transitar, paso a paso, sobre vías propias y adecuadas a nuestras condiciones, e imaginar los nuevos derroteros después de cada conquista.

El PNR surge en 1929 como un partido de partidos, de convocatoria amplia, institución donde convergen fuerzas políticas afines pero distintas.

El PNR sería la institución más poderosa para la competencia política; fue entonces el lugar para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha por el poder público; el medio que llevó a la realización de relevos de gobiernos por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad.

El amplio acuerdo hizo que el PNR surgiera con un gran predominio, porque en él convergieron los líderes y organizaciones más importantes del país, pero nunca propuso el totalitarismo a través de un Estado que negara la participación de otras fuerzas políticas.

De manera incipiente tuvo lugar un sistema de partidos, junto con el gran dominio del Partido de la Revolución Mexicana -en que se transformó el PNR-, ya que a partir de 1939 surgieron una serie de partidos con ideologías y principios diametralmente opuestos al cambio y a la transformación de la sociedad, caracterizados por su oposición ideológica a los postulados de la Revolución.

En paralelo se desarrollan las normas necesarias para regular y resolver la lucha por el poder, como sucedió en 1918 con la expedición de la primera ley electoral, y más adelante los ordenamientos que mejorarían la organización de las elecciones; la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en 1946 y la Comisión Federal Electoral en 1951. México se ponía al día con las tendencias en la participación democrática del mundo, cuando en 1947 se reconoce el voto de la mujer en las elecciones municipales y en 1953 el derecho de votar y ser votada en cualquier elección.

La estabilidad de entonces iba de la mano con el predominio del PRI (que había sustituido al PRM en 1946); lo uno sin lo otro resulta difícil de imaginar, pero más que ello -en sí mismo no poco- la contribución del Partido estuvo en mirar siempre hacia una mejor democracia, aún cuando esa posición conduciría a elevar las exigencias que él mismo enfrentaba para la preservación y conquista de los espacios de poder público.

Con el PRI en el gobierno y por su compromiso con el destino democrático del país, fue posible superar las tentaciones hacia los autoritarismos de izquierda y de derecha, que aparecieron en el entorno de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Con el PRI se realizaría una transformación de gran profundidad, al dejar atrás la tradición de los gobiernos presididos por militares, para arribar a los de carácter civil, en un proceso sin fracturas ni enfrentamientos.

Un nuevo paso hacia delante hacía necesario llevar la pluralidad de partidos a una pluralidad política en la conformación del gobierno; el trayecto que se iniciaba en 1963 con los diputados de partido, a fin de asegurar que otras fuerzas políticas accedieran al Congreso y con ello se fortalecieran, enriqueciendo la vida política del país. Nuevamente el PRI vislumbra ese sendero y es quien lo lleva a la práctica.

El balance no puede omitir la emergencia de movimientos de inconformidad social suscitados a fines de los cincuenta y en los sesenta, que mostraron las limitaciones del sistema político, así como las contradicciones del esquema de desarrollo del país, con alto crecimiento económico y expansión de los servicios en un marco de estabilidad política y de precios, pero que no resultaban suficientes para una población que crecía a ritmo acelerado. Todo ello mostraba que el régimen político requería cambiar para mejorar su desempeño. Hacia ese punto se orientarían las transformaciones que el PRI alentaría.

El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política tienen su impulso definitivo con la reforma electoral de 1977. Es a partir de entonces que los partidos son reconocidos en la Constitución como entidades de interés público. La visión de esa iniciativa priísta no puede ser escatimada ni debe olvidarse; ella tuvo lugar con una oposición que parecía diluirse cuando en 1976 el candidato postulado por el Partido no enfrentó adversario alguno para la elección presidencial. Esa propuesta fue aprobada cuando el viraje hacia las dictaduras de derecha se encontraba en pleno auge en el sur del continente, con sus dramáticos saldos de represión y violación de derechos humanos. En un marco que llamaba al autoritarismo en Latinoamérica, México abrazaba la democracia. Eso lo debemos recordar y de ello nos debemos enorgullecer.

El PRI recorría el trayecto hacia una democracia plural y competitiva, a través de grandes transformaciones en el sistema electoral; fundamentalmente, en torno a las normas para la organización de las votaciones, las características de la institución encargada de ello, el sistema para la calificación de los comicios y la regulación de los partidos como entidades de interés público, con una vida institucional fortalecida a través de las disposiciones legales.

Frente a la crisis electoral de 1988, el PRI miró, una vez más, hacia la democracia. En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminan en 1996; este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, crearon el órgano jurisdiccional para la calificación electoral y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público.

En efecto, el PRI logró una permanencia como partido en el gobierno que continuó más allá de lo alcanzado por otros partidos en regímenes democráticos, pero el balance de su gestión es también único si se ubica en el punto de partida de una democracia incipiente, con antecedentes de inestabilidad y fracturas, cercana todavía a los enfrentamientos propios de la etapa revolucionaria y con gran influencia o dependiente de quienes tenían mando de fuerzas armadas.

El punto de partida fue difícil; no menos fue el camino subsecuente, surcado por amenazas y riesgos de distintas fracturas. Con el PRI en el poder, el país registró siempre un comportamiento en línea ascendente hacia la democracia; los desaciertos y equívocos de quienes ejercieron responsabilidades públicas están sujetos a revisión en los términos de las leyes y quien se compruebe que cometió ilícitos debe responder por ello. El PRI se pronuncia por la necesidad de llevar hasta sus últimas consecuencias legales el combate a la corrupción y se deslinda de los militantes que hayan cometido actos de esa índole, pues ponen en entredicho la honorabilidad de los miembros del Partido.

Como partido, el PRI impulsó una mejor vida democrática a través de las normas. Así, se vivió un proceso de nuevos equilibrios generados por una pluralidad cada vez más firme y amplia; ello condujo a combatir los rasgos autoritarios en el régimen político.

La crítica más importante al PRI tal vez no sea sobre el balance de sus realizaciones, sino respecto del ritmo de las transformaciones que impulsó; es evidente que siempre hubiera sido deseable un trayecto más corto en los cambios practicados, pero en el análisis de la política y sus márgenes de maniobra en los casos concretos, queda a discusión responder a la pregunta de si ello era posible.

El PRI y sus predecesores son organizaciones políticas que conjuntaron más de 70 años en el ejercicio del poder público; constituyen, en ese sentido, el actor principal de la hazaña democrática de México, incluso cuando otros flaqueaban o cuando por el cálculo de ganancias parciales e inmediatas, negaron su contribución a las reformas democráticas de México, como sucedió en 1996, cuando otras opciones políticas se opusieron a aprobar modificaciones legislativas de avanzada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que los legisladores priístas aprobaron sin ser acompañados por los legisladores, de ningún otro partido, después del consenso constituido para lograr las reformas constitucionales de ese año.

No debe olvidarse que cuando otros escatimaron su contribución, el PRI se puso al frente. Explicar ese comportamiento del Partido sólo puede hacerse si se piensa en una auténtica vocación democrática. Hay que reiterarlo, el PRI estuvo en la vanguardia del compromiso con las exigencias de la democracia; otros privilegiaron intereses electorales de corto plazo.

En México tuvo lugar la alternancia política porque había democracia; es falaz y mentiroso pretender que la alternancia del 2000 inaugura la democracia y que estamos en una transición. Esta opinión pervierte la realidad pero es la más conveniente para la derecha que ocupa la Presidencia de la República, pues crea la ilusión de ubicarla al frente de la vida democrática del país.

El PRI acreditó, en los hechos y por décadas, su compromiso con la democratización en la competencia por el ejercicio del poder público. Al hacerlo, fue democratizándose el propio ejercicio del poder y se vencían las tendencias al autoritarismo.

La alternancia del 2000 ocurrió sin necesidad de acuerdos especiales para vencer resistencias o para habilitar el traslado del poder de un partido a otro. No fue así porque había régimen democrático, no fue así porque el PRI actuó con responsabilidad democrática. En buena parte por el PRI, la alternancia ocurrió dentro de un régimen democrático y sin contratiempos, enfrentamientos o rupturas. Eso tampoco lo debemos olvidar.

Los hechos de la historia pudieron ser distintos si las decisiones se hubiesen encaminado por un rumbo diferente al emprendido por el PRI. Lo que se venció y se dejó a un lado fue el riesgo del totalitarismo, de un partido de Estado, de exclusión de los gobiernos civiles, de negación de la pluralidad, la competencia política y la alternancia. Lo que se dejó atrás fue el riesgo de la dictadura; de un proceso rumbo al autoritarismo, en vez de hacia la democracia en el régimen político. En todo ello ha sido fundamental el papel institucional que las fuerzas armadas de nuestro país han jugado a lo largo del siglo XX y en los inicios del siglo XXI. Sin su compromiso y lealtad a las instituciones y sin su labor en los distintos ámbitos de la vida social, el desarrollo político de nuestro país hubiera sido muy distinto.

Sin duda los priístas pudimos haber cometido errores, pero el Partido siempre optó por la democracia y cerró las opciones que hubiesen significado los costos más altos para todos. Porque ya había democracia, México no tuvo que pasar por una transición, y eso no es obra de la casualidad; así lo entendió e impulsó el PRI

El proceso que culminó en un ciclo hacia la democracia plenamente competitiva, con un sistema plural de partidos, mostró el arribo a un destino diseñado por la Constitución de 1917 al definir a México como una República representativa, democrática y federal. En ese sentido, el PRI cumplió con el proyecto de la Revolución Mexicana al comprometerse con el destino democrático que ésta se había propuesto alcanzar. El Partido Revolucionario Institucional luchará permanentemente por la preservación del régimen republicano, democrático, representativo y federal, sustentado en las grandes hazañas históricas liberales plasmadas en nuestra Carta Magna.

Ratificamos el fortalecimiento del sistema de división de poderes; así mismo seguiremos impulsando la integración a los congresos federal y locales de las minorías políticas que tengan un sustento popular, mediante el sistema de representación proporcional, que permite otorgar el espacio político que democráticamente le corresponda a las diversas corrientes de pensamiento que conforman el mosaico ideológico de la Nación Mexicana.

El PRI reivindica su contribución a la democracia; se asume como su principal promotor y compromete su visión para apoyar nuevas reformas que impulsen la democracia, la gobernabilidad y el compromiso social del Estado, así como para afirmar la realización más plena posible de la soberanía, porque ella da su vía de expresión al Estado Nacional Mexicano.

La perspectiva del porvenir pasa por la insistencia en los afanes democráticos a través de la consolidación de los partidos y de una competencia por el poder que privilegie la confrontación y contrastación de propuestas entre las fuerzas políticas y ajuste el papel e influencia del gasto en propaganda; la tarea de gobierno habrá de encontrar un andamiaje legal que le sea propicio, al tiempo que se deberá trabajar en el diseño que permita fincar nuevas capacidades de realización hacia el Estado social, que es la gran deuda del siglo XX, con todo y los avances que significaron los derechos sociales y las instituciones creadas para cumplirlos.

El PRI propone una visión del Estado, que se deriva de los afluentes que han orientado su devenir: el liberalismo de la Reforma, la política social, el nacionalismo, el compromiso por una vida normada por el derecho y la democracia.

El PRI se pronuncia a favor de un Estado democrático comprometido con el respeto irrestricto a las libertades individuales, que busca crear igualdad de condiciones para que cada individuo despliegue sus capacidades y encuentre las oportunidades que requiere para construir su destino; un Estado que crea opciones diferenciadas de desarrollo y que permite que el individuo elija entre alternativas diferentes y así ejerza cabalmente su libertad.

El PRI postula un Estado social, un Estado con claro compromiso con la justicia social, que se empeña en construir las mejores vías para superar los abismos de desigualdad entre grupos sociales, regiones o grupos étnicos; un Estado social que asume como la más grave injusticia la desigualdad fincada en la exclusión, la marginación y la falta de oportunidades; un Estado social empeñado en crear mejores posibilidades de desarrollo y opciones de superación para quienes mayor rezago enfrentan; un Estado social que se rebela a la idea de admitir como destino la pobreza para cualquier grupo de la sociedad y que busca recrear las condiciones del desarrollo de la Nación. De ahí, la vigencia de los valores expresados en el lema del Partido: Democracia y Justicia Social.

El PRI está por un Estado que viva en la ley, fundado en el derecho, como único medio para una convivencia armónica, en libertad y que otorgue certidumbre respecto del comportamiento de las autoridades y el desempeño del poder público promoviendo la justicia.

El PRI considera que el nacionalismo es expresión de la voluntad humana para vivir en comunidad, el derecho a poseer una identidad propia y a disfrutar de los recursos de un determinado territorio. El nacionalismo mexicano ha unido a los habitantes del país, incluso por encima de ideologías, ya que se sustenta en un pasado vivido en común, en una historia que se construyó en la lucha contra las intervenciones extranjeras, en la defensa de la soberanía del Estado y en un proyecto de país surgido de una revolución que se propuso hacer de México un país más justo y en virtud de ello reclamó para sí los recursos naturales. Los símbolos patrios son la expresión misma de nuestro nacionalismo y de nuestras raíces, nos pronunciamos por el respeto que éstos merecen dentro de la ley y por su defensa en contra de las expresiones publicitarias que los denigran y los pervierten.

Cada nacionalismo tiene su propia historia y expresión. El mexicano, a diferencia de otros, nunca pretendió fundarse en la expansión colonial, expandir su territorio o exportar sus principios. El nacionalismo mexicano ha sido, y deberá seguir siendo, pacifista, sin exclusivismos y respetuoso de la diversidad y, a la vez, celoso de la soberanía y opuesto a las hegemonías. Es el nacionalismo de la Revolución Mexicana.

Ese nacionalismo y su expresión, sin embargo, debemos llevarlo hacia delante, confrontarlo con la coyuntura y con la vida misma en la que la Nación está envuelta. Por ello el PRI se propone avanzar en la construcción de un Nacionalismo Democrático. Este deberá insistir en la vigencia de la Constitución Mexicana como una dinámica de cambio inconclusa, ya que existen muchas demandas insatisfechas. El Partido, entonces, deberá realizar una autocrítica de los errores del pasado, pero asumiendo la defensa de principios y demandas revolucionarias que siguen esperando su realización en el México actual.

El Nacionalismo Democrático define y defiende que sin hostilidades, ni exclusivismos, se privilegie la comprensión y solución de los problemas nacionales y así mismo asuma cabalmente, la defensa de nuestra independencia política y económica.

En conclusión, los priístas entendemos por Nacionalismo Democrático el cuerpo ideológico que conjuga la libertad, la igualdad, la democracia y la defensa de la soberanía. Un nuevo nacionalismo incluyente, moderno, firme en la defensa de los intereses populares y nacionales.

En suma, el PRI reivindica la aportación y capacidad que hacia el futuro otorgan cuatro afluentes principales, como lo son el pensamiento democrático-liberal, la justicia social, el orden jurídico como principio de la convivencia civilizada y el nacionalismo; en ese sentido la visión del PRI hacia el Estado es por uno de carácter liberal en lo político, social en sus propósitos y cuya acción siempre esté basada en el derecho; un Estado que honre la Constitución General de la República, como la máxima expresión de la soberanía y del acuerdo político. Un Estado que se realice en la Constitución y una Constitución que se realice a través del Estado.

El origen del PRI hay que buscarlo en la guerra civil que estalló en 1914. Como repuesta a este conflicto interno, surge una revolución de carácter izquierdista y laico, que más tarde quedaría estabilizada bajo el dominio del Partido Revolucionario Institucional, en el poder desde 1929.

La Revolución Mexicana deja un semblante de pobreza generalizada en el país al final de la segunda década del siglo XX. En medio de la preponderancia de caudillos poderosos y de severos problemas financieros con el exterior, se presenta la amenaza de un golpe de Estado.

Así, los partidos de tendencia revolucionaria se unen para formar el Partido Nacional Revolucionario. El nuevo partido servía como marco para la integración y organización de las facciones de la Revolución en un solo organismo político.

En diciembre de 1928 tiene lugar el primer Comité Organizador del PNR, con el general Plutarco Elías Calles como líder y presidente.

Sin embargo, la formación oficial del embrión del PRI tuvo que esperar hasta el 4 de marzo de 1929. Desde ese mismo año, no se ha apartado de las mieles del poder.

A lo largo de todo este tiempo, uno de los presidentes más emblemáticos ha sido, precisamente, el general Lázaro Cárdenas, que gobernó México entre 1934 y 1940, cuyo hijo concurre a estas elecciones como opositor al PRI.

La gestión de Lázaro Cárdenas todavía es reverenciada por el pueblo mexicano, por su amplio programa de reparto de tierras y por haber llevado a cabo la expropiación de la industria petrolera en1938. Esto le proporcionó al líder del entonces PRD gran popularidad entre obreros y campesinos.

El PRI, nacido a rebufo de la revolución, ha sido fundamentalmente un partido presidencialista: el jefe del Ejecutivo decidía casi todo. Durante más de seis decenios, ganó elecciones por aclamación, pero ahora se dio cuenta de que una creciente oposición, que empezaba a madurar, podía arrebatarle el liderazgo.

En medio de este panorama, en los últimos tiempos se hacía necesario imponer un clima de democratización en el seno del PRI. El Presidente en funciones, Ernesto Zedillo renunció a su capacidad de designar a su sucesor, como había sido tradición priísta. Con esta estrategia, dudada por muchos, se intentaba poner fin a una larga tradición de mecanismos como el «dedazo» o el «tapadismo».

Primer Comité Organizador del PNR. Lo integran: Plutarco Elías Calles, Luis. L. León, Manuel Pérez Treviño, Aarón Sáenz y Bartolomé García.

Se decide que el método de selección será la consulta abierta. El 7 de Noviembre de 1999 Francisco Labastida derrota a sus contrincantes: Manuel Bartlett, Roberto Madrazo y Humberto Roque. Así lo decidió la mayoría de los casi 10 millones de mexicanos que acudieron a las urnas. Labastida era el candidato oficial del partido, el favorito de Zedillo, como el propio presidente ha reconocido en los últimos días.

Más tarde, para propiciar la reconciliación tras la dura lucha interna de las primarias, Labastida consigue aparecer en los medios de comunicación abrazando a su principal opositor dentro del partido, el tabasqueño Roberto Madrazo.

Ahora sí. Con la foto de la reconciliación, se cierra un incómodo capítulo. El rebelde Madrazo vuelve al redil, se disipan los temores de ruptura interna y el PRI, más fortalecido que nunca, ya está listo para poner en marcha su maquinaria electoral para las presidenciales.

El PRI tiene mucho que ganar en estos comicios: Sobre todo, mantenerse en pie. Al menos, no echar por tierra el éxito en las urnas durante tanto tiempo.

En los últimos 65 años, el PRI había mantenido una mayoría absoluta que disminuyó paulatinamente desde el 98% en 1930 al 50,79% recibida en 1988.

Pero en 1994 perdió su histórica mayoría absoluta al obtener el 48,7% de los votos emitidos, mientras que la oposición sumó el 48,28.

PRD

Su origen se remonta a la denominada “Corriente Democrática” que se da al interior del PRI en 1986. Para 1987 los principales actores de esta corriente fueron expulsados del PRI, cuando Cuauhtemoc Cárdenas acepta ser postulado a la Presidencia de la República por el PARM. Posteriormente Cárdenas concitó el apoyo del PPS y el PFCRN, así como de agrupaciones de la llamada “izquierda social” tales como la Coordinadora Obrero-Campesino Estudiantil del Istmo de Oaxaca (COCEI), la Asamblea de Barrios, el Consejo Nacional de Obreros y Campesinos (CNOC), la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la UNAM.

La izquierda socialdemócrata y poscomunista, que ensayaba un nuevo intento de unificación a través del Partido Mexicano Socialista (PMS), abanderó en un principio la candidatura de Heberto Castillo, pero ante el empuje del movimiento neocardenista optó finalmente por unirse a la postulación de Cárdenas. De esta forma, se conformó el Frente Democrático Nacional (FDN),para contender en los comicios a celebrarse el 6 de julio de 1988.

Tras el nombre de Cárdenas convivieron, lombardistas, comunistas (entre ellos disidentes del PRT), miembros de la llamada izquierda social o línea de masas (guerrilla rural y urbana), trotskistas, maoístas y ecologístas. Dos puntos en común los unieron: la renovación del discurso nacionalista y el objetivo de acabar con la hegemonía del PRI.

Entre los principales fundadores del FDN destacan: Carlos E. Cantú Rosas,PARM; Rafael Aguilar Talamantes,PFCRN; Jorge Cruickshank, PPS;  Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Roberto Robles Garnica, Ifigenia Martínez, principalmente, Corriente Democrática; Ana Irene Arellano, PSD; Arturo Martínez Nateras, Unidad Democrática; Eusebio Bravo,Partido Verde;  Celia Torres, Fuerzas Progresistas; Leopoldo López, Consejo Nacional de Obreros y Campesinos.

Después de las elecciones federales de 1988, las direcciones del PFCRN, del PPS y del PARM dijeron no a la invitación formal para iniciar los trabajos que darían con la  conformación de un nuevo partido, debido a las decisiones no concertadas que adoptó Cuauhtemoc Cárdenas para postular candidatos en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El 21 de septiembre del mismo año, Cárdenas invita a todos los partidos y organizaciones democráticas a formar “un verdadero partido que luche por el poder y por las reivindicaciones sociales, políticas y económicas de los mexicanos”. Tras esta causa, el PMS cede su registro de manera que el día 5 de mayo de 1989 se funda el PRD, cuyo primer presidente fue su hasta ahora líder moral Cuauhtemoc Cárdenas.

El hecho respondió a que el PMS y numerosas organizaciones -ya mencionadas anteriormente-  sin registro pero con  fuerte presencia regional y ascendencia sectorial, predominantemente estudiantil, popular y magisterial, atendieron de manera inmediata el llamado del “hijo del general”.  Con esta decisión, se dijo que se tendría “…La confluencia orgánica de dos corrientes que han sido protagonistas importantes en la historia del país.  Por un lado, la corriente democratizadora que representa la continuación de la izquierda que emerge de la revolución mexicana y por el otro, la amplia corriente socialista -marxista que encabezaba el PMS, a la que se adhieren organizaciones antes dispersas”.

La discusión ideológica sobre la identidad del Partido se postergó hasta noviembre del 90, fecha en la que se realizó su Primer Congreso.  En ese espacio se confirmó la hegemonía de la Corriente Democrática y se definió el PRD como un partido de centro izquierda que pregona el nacionalismo revolucionario.  Las fuerzas provenientes del socialismo defendieron su origen y lograron el reconocimiento de algunos de sus postulados en la conformación del nuevo partido.

Derivado de las elecciones presidenciales de 88 el PRD cobra fuerza en algunas entidades donde los movimientos y partidos de izquierda han contando con presencia y sobre todo en la ciudad de México, donde estos movimientos y partidos cobraron una gran fuerza derivada de la desatención del gobierno federal a la problemática social causada y aflorada por los sismos de 1985.

En 1994 el PRI no obstante el surgimiento mediático del EZLN, la guerra sucia entre Colosio y Manuel Camacho, lo que llevaría desembocaría en el asesinato del primero, logro un amplio margen electoral en el Proceso Presidencial y en el gobierno del D. F. donde gano todos los distritos de mayoría.

En 1997 el PRD obtiene el triunfo en el Distrito Federal y Cuauhtemoc Cárdenas se convierte en el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero con el, se da también la lucha real por el poder, que produce la generación de las ahora denominadas “tribus” y la tendencia a engrosar sus filas con actores provenientes de otros partidos políticos, principalmente del PRI, que fueron ganando posiciones al interior del partido y luego en las candidaturas a puestos de elección popular a todos los niveles, desplazando al grupo fundador del cual pocos quedan en la estructura partidaria operativa e ideológica.

[1]Abraham Nuncio, “El PAN” pp. 194-195.

[2]A. Nuncio. El PAN. p.31

[3]V. Joaquín y J. Romero. Un PAN que no se come. Biografía de Acción Nacional. p.11.

[4]Secretaría de Gobernación,  Departamento de Estudios Comparados de Sistemas Políticos, Monografía sobre el Partido Acción Nacional, 1991.

[5]J. Wilkie y E. Monzón de W. México visto en el siglo XX. pp. 55,56.

[6] Id., p. 63.

[7]Id., p. 66.

[8]Id., p. 72

Derecho y Estado Constitucional en el Siglo XXI

DERECHO Y ESTADO CONSTITUCIONAL EN EL SIGLO XXI

Por José Ramón González Chávez

Queremos la paz,

pero la paz no puede ser nunca mera ausencia de violencia,

sino que debe ser presencia y vigencia de la Constitución,

sin coacciones, extorsiones ni amenazas.

Fernando Savater

El uso de las Tecnologías y Sistemas de Información y Comunicación para producir conocimiento y en la práctica cotidiana sigue transformando cada vez con mayor fuerza nuestra realidad; por ello, la Ciencia en general y las ciencias sociales en específico han visto caer muchos de sus paradigmas que hasta hace poco parecían inalterables. En este contexto, el Derecho, el Estado y la Política, pilares en los que se sustenta el edificio constitucional, no están ajenos a este proceso de cambios tan profundos y trascendentes para el presente y el futuro de nuestra sociedad.

En la actualidad, una Constitución debe dejar de ser vista como un mero código, sino apreciarse ahora como un ordenamiento jurídico en sentido amplio, esto es, como un sistema ordenado de normas, principios y prácticas que independientemente de estar codificados o no, se consideran fundamentales y por lo tanto deben ser protegidos, exigidos y cumplidos por la autoridades y sociedad, dado que sobre ellos existe un sentido eminentemente político: un acuerdo en lo fundamental sobre el valor de sus contenidos, independientemente de las inclinaciones o gustos que cada individuo o grupo pueda tener.

De ahí que, al menos en su concepción sustancial, la Constitución sea ante todo y como su nombre lo indica, Política, si bien, en su aspecto técnico jurídico, el Estado Constitucional se conciba como una estructura institucional capaz de ofrecer un sistema jurídico político que, por un lado, establezca el más amplio espectro de derechos fundamentales, con sus respectivas obligaciones para ciudadanos y autoridades; y por el otro, determine las bases de la organización del poder público a fin de garantizar al interior, el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes, y al exterior, conducir acciones para promover y defender los intereses y expectativas del Estado como miembro de la comunidad internacional y a la vez influenciar la toma de decisiones globales, como un factor determinante de la soberanía en la actualidad.

¿En qué se distingue este nuevo régimen jurídico político denominado Estado Constitucional o Garantista del anterior llamado Estado de Derecho, o Legalista? Responder a esta pregunta excede por mucho los alcances de este breve texto; por tanto, de manera solo enunciativa me atreveré a señalar algunos de los elementos más importantes a riesgo de omitir algunos de similar envergadura:

  • En el antiguo régimen la positividad de una norma la daba su coercitividad es decir, su capacidad de ser impuesta, aun mediante el uso de la fuerza pública, en contra de la voluntad del sujeto de la misma. Por su parte, el nuevo modelo considera que una norma es positiva si al mismo tiempo se basa: a) en valores y principios; b) se produce formalmente de acuerdo a procesos previamente establecidos en el propio ordenamiento jurídico; y c) es dotada además del elemento coercitivo, de otro de carácter persuasivo por el contenido positivo de su esencia, que le da validez, al ser realmente observada y aplicada en la práctica social por considerarse que en su contenido existen valores que es importante cumplir por todos y de ahí su sentido político. Con ello, la norma – regla, es sustituida por la norma – principio.

En tal sentido, la Supremacía Constitucional debe ser respetada ahora ya no como cúspide de una estructura piramidal monolítica, tal como la consideraba Kelsen y el positivismo jurídico, sino como esencia nuclear de toda norma, principio o práctica que componga el sistema en su conjunto, pues de lo contrario, se despojaría a la Constitución, considerada tanto en su aspecto formal como material, de su carácter de Ley Primordial.

  • En los regímenes positivistas, la institucionalidad basada en leyes –que hasta cierto punto pudiera encontrar justificación histórica-, poseía por naturaleza un corte legalista, autoritario. De tal suerte, una gobernabilidad concebida desde esa óptica como Estado Legislativo, no trata de hacer justicia, sino de cumplir a pie juntillas con la disposición, aunque con ello pueda llegar a dejarse sin solución el fondo de la Litis, o en el peor de los casos, a producirse una injusticia, cayendo en un grave error de fondo: confundir legalidad con legitimidad de las decisiones jurídicas.
  • El modelo constitucional contemporáneo es de corte individualista. Coloca la dignidad humana y los derechos fundamentales en el centro de la estructura constitucional; mientras que, en el anterior sistema, las razones de Estado y el interés público se anteponían a los atributos jurídicos personales. De ahí que el nuevo modelo prevea un catálogo más amplio de derechos fundamentales y se internacionalice su protección, complementándose con un sistema complejo de mecanismos nacionales e internacionales encargados de garantizar su cobertura y ejercicio objetivo, cuando en el esquema de mediados del siglo XIX  a fines del XX el tema del contenido constitucional en la materia era, en última instancia, competencia exclusiva del régimen interior y de una sola instancia deliberativa en la materia: la Suprema Corte.
  • En la actualidad, todo código constitucional ya no es, como en el pasado, mero producto de una decisión legislativa suprema, sino más bien resultado del consenso mayoritario de los miembros de la comunidad política, con lo que la constitucionalidad adquiere ahora un sentido eminentemente democrático, ya no solo representativo, sino preponderantemente participativo, entendiéndose entonces la democracia como una consecuencia organizativa del ejercicio de la dignidad humana y en última instancia, de la constitucionalidad.
  • La rigidez formal que el principio de Supremacía Constitucional había impuesto secularmente el viejo esquema a la norma sustantiva abstracta, debe ahora de encontrar su justo medio, permitiendo que esta cuente con suficiente flexibilidad para que pueda materialmente ser capaz de ajustarse a las circunstancias que le marca el contexto en el que debe observarse, interpretarse y aplicarse a los casos concretos. En este esfuerzo, todos los operadores jurídicos, independientemente de la labor que realicemos, y la sociedad en su conjunto, tenemos el grave compromiso de lograr en la práctica cotidiana, construir, en el lenguaje de Häberle, una sociedad abierta a la interpretación constitucional, bajo la premisa de que todo aquel que vive la norma constitucional tiene el derecho y la obligación de interpretarla y aplicarla.

En efecto, en un Estado Constitucional y por ende democrático, todos tenemos algo –mucho- que decir y por lo mismo, habrá necesidad de aceptar diversas formas de hacerlo, todas ellas valiosas y considerables, bajo el entendido de que, tal como lo propone Stephen Hawkin, la verdad –en este caso, la verdad constitucional- deba ser conformada a partir de la suma y síntesis de todas las verdades posibles. Es ahí donde adquiere importancia medular la argumentación como requisito sine qua non de esta tan requerida interpretación, como vehículo indispensable para desentrañar la esencia profunda de la Lex (esencia profunda del sentido de justicia).

Esta tendencia a la justificación argumentativa (actuación en el sentido de justicia mediante argumentos), tiene su base en el principio actual de falibilidad de la ciencia e implica la necesidad de un mayor uso de la ponderación –con lo que la labor del juzgador adquiere un nuevo realce-, cuando en el viejo paradigma la subsunción y la decisión fundada en las atribuciones para tomarla bastaban para aplicar la Ley. El Derecho Constitucional se abre entonces a la multidisciplinariedad horizontal, cuando desde la Teoría Pura positivista el Derecho solo podía ser estudiado de forma vertical, desde el Derecho mismo.

  • En fin, desde la perspectiva neo constitucional, el Poder Constituyente cifra su legitimidad al pasar de ser el Gran Legislador, a erigirse en fuente principal de interpretación de la esencia primera y última de lo Constitucional, con el objeto de construir preceptos fundamentales que para ser válidos antes que coercibles, deberán reflejar de la manera más congruente posible el Ser, el Deber Ser y el Querer Ser del Estado, y habrán de estar contenidos en el núcleo de toda norma jurídica, independientemente de su materia y alcance, so pena de volverse inaplicables. Es ahí donde la Constitución adquiere en el nuevo paradigma toda su fuerza normativa, pasando de ser un mero manifiesto político a ser norma normarum, fuente del Derecho por excelencia y por ende, base del ordenamiento jurídico en su conjunto.

Sin perjuicio de lo anterior, valga decir que para pasar de la teoría a la práctica, el Estado Constitucional contemporáneo habrá de encontrar la fórmula de hacer convivir un modelo de Derecho Dúctil –tal como lo propone Zagrebelski, entre otros- que responda con eficacia a las exigencias de una sociedad líquida, producto de la Hipermodernidad globalizadora, cuya presencia, nos guste o no, es tangible e insoslayable, junto con los legítimos requerimientos de los núcleos sociales en desarrollo que, a pesar de todo, están haciendo un gran esfuerzo por construir una sustentabilidad política, económica, social y cultural y necesitan ser atendidos no solo de forma paliativa, sino en el largo plazo, al igual que las necesidades más imperiosas de comunidades de nuestro país, por desgracia no pocas, que deben ser rescatadas de una precariedad de corte pre moderno y se mantienen sumergidas desde hace décadas y aun siglos, en la exclusión y el olvido estructural.

¿Qué tan cerca o tan lejos está el sistema constitucional mexicano de convertir todos estos componentes del nuevo paradigma en actos jurídicos reales? Resulta indudable que podremos avanzar si todos asumimos con civilidad el compromiso de considerar la Constitución desde esta nueva óptica y volverla parte de nuestra cotidianeidad, hasta que el ejercicio continuo y permanente la conviertan en una forma de ver y vivir la vida social. Solo así podremos caminar realmente hacia la construcción y sustentabilidad de un verdadero Estado Constitucional para todas y todos los mexicanos.

Violencia y Democracia

VIOLENCIA Y DEMOCRACIA

Por José Ramón González Chávez

La democracia es causa eficiente, motor y razón del Estado Constitucional. Sin embargo, pareciera ser frágil ante factores que en la actualidad le son tan determinantes como la violencia, flagelo social de configuración dinámica y compleja al que incluso en un principio podría considerársele antagónico, pues la primera implica tolerancia, inclusión, acuerdos en lo fundamental, en lo que nos es común y nos afecta a todos independientemente de nuestros intereses y preferencias personales, y la segunda, la imposición de la fuerza a la razón y por ende, la negación de todos aquellos principios.

Para nadie es ajeno que la violencia es un gran instrumento mediático; el morbo que provoca el llamado “gancho de sangre” ha llevado a muchos medios de comunicación a emplearlo como modus vivendi y por ello durante años -si no es que décadas- se han dedicado a cultivarlo; lo fortalecen y lo hacen permanecer a tal grado que algunos de ellos han llegado a dedicarle casi la totalidad de sus espacios.

Morbo, temor, expectativa, divulgación, entre otras muchas cosas más, han venido generando y acrecentando una verdadera opinión pública que gira alrededor de la violencia; ha dejado de ser tema de especialistas o comunicadores de nota roja o amarilla para convertirse en vox populi. Todos hablan de ella, refieren anécdotas propias o ajenas, se convierten en jueces penales o criminólogos. Desde hace tiempo es más conocido el nombre de los grandes exponentes de la violencia que de muchos personajes de nuestra historia, pero casi nadie sabe qué es, quién la crea y la alimenta, por qué y cómo opera, para qué, para quién y cómo afecta a la vida democrática y al tan invocado Estado de Derecho. Quizá por ello todos, de una forma u otra, en mayor o menor medida, tengamos algo de culpa en el empoderamiento del tema.

Al igual que la seguridad, la violencia es ante todo una percepción. Lo preocupante es que esta ha permeado profundamente en muchas democracias contemporáneas incluyendo la nuestra. Ahora parece que un candidato, un partido o un gobierno es más popular ya no por sus propuestas de solución a los problemas sociales, económicos o políticos sino en la medida en que su discurso se torna violento hacia sus opositores, hacia las instituciones y los gobiernos, constituidos o precedentes.

Lo vimos en el reciente proceso electoral, tanto en los “debates” como en sus declaraciones ante los medios, cuando un candidato resultaba mejor calificado no en la medida en que era capaz de ofrecer soluciones convincentes a los problemas comunes, sino mientras más insultos profería a sus contendientes, convirtiendo el intercambio y discusión de visiones de gobierno en una simple, llana y triste guerra de lodo

Esto tal vez pudiera deberse a una lectura equivocada de la actitud ciudadana de considerar la violencia en el lugar más alto en sus preocupaciones, por encima de temas tan cruciales para el desarrollo democrático y social como la seguridad, el empleo, la salud, la educación, la gobernabilidad; y es que la violencia rasga ese entramado de relaciones, intereses y expectativas individuales y de grupo que llamamos el tejido social con balas, descuartizamientos, genocidios, terror, impunidad; la violencia llegó para quedarse en él y ocupa desde hace tiempo ya y por quien sabe cuánto tiempo un lugar de privilegio en las historias locales y por supuesto en la nacional.

Todos, gobernantes gobernados, líderes de opinión, ciudadanos de a pie, hemos aprendido a vivir con la violencia, en hacerla parte de nuestro entorno cotidiano; a volvernos resistentes y a veces hasta indolentes ante los delitos, los abusos, los insultos, las amenazas; indiferentes frente a crímenes de lesa humanidad, ante los genocidios de campesinos, de migrantes, ante las fosas clandestinas llenas de gente sin cara, sin nombre, mostrándonos que la violencia quizá no sea más que la cara visible de un conflicto social que prevalece en el fondo, lo que nos mete en un ciclo autodestructivo que pareciera llevarnos a un callejón sin salida.

En este estado de cosas, surge obligadamente preguntas como ¿qué relación hay entre transición democrática e incremento uniformemente acelerado de la violencia y la criminalidad? ¿de qué forma construir y mantener un sistema democrático en este entorno? ¿Será posible superar este panorama, pasar de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón, sin más crueldad, sin más violencia, sin derramar más sangre?

Los estudios sobre violencia y democracia surgen en Sudamérica a inicios de los años 60, en países que desde esas épocas han sufrido esta cruda situación como Colombia (vid Guzmán, Fals y Umaña “La Violencia en Colombia. Estudio de un Proceso Social”, Bogotá, Ed. Tercer Mundo”, 1962).

En México, el fenómeno de la relación entre violencia y democracia está modificando la estructura, conducta e imagen del país tanto al interior como al exterior y por ende trastoca la planeación, diseño y operación de la política pública y la denominada gobernanza a todos los niveles: federal, estatal, municipal; sin embargo, existen muy pocos textos sobre el tema y los que hay son superficiales o poco recientes. Basta un simple chapuzón a la Internet para constatarlo.

Parece paradójico que la violencia sea un tema de mayor preocupación en la opinión pública y que contradictoriamente exista poco interés o una especie de “autocensura” para estudiar y comprender con seriedad su naturaleza y características, causas y consecuencias, así como su obligada vinculación con la democracia y el Estado Constitucional, a fin de buscar y ofrecer opciones viables para su solución, lo que hasta el momento no ha sucedido y por desgracia no vemos cómo pueda suceder, tomando en consideración el discurso que hasta el momento ha mantenido el gobierno entrante.

De la PGR a la Fiscalía General: Algunas implicaciones jurídicas

DE LA PGR A LA FISCALÍA GENERAL: ALGUNAS IMPLICACIONES JURÍDICAS

Por José Ramon González Chávez

Uno de los temas que ocupan un lugar preponderante en la agenda política nacional desde hace tiempo –al menos desde 2008 que comenzó el proceso de reforma al sistema de justicia- es el relativo a la conversión de la Procuraduría General de La República (PGR) en “Fiscalía General” y su esperada -por muchos- autonomía jurídico funcional. Vale mencionar que este asunto, que desde la campaña electoral está entre los previstos en la agenda del próximo ejecutivo federal, no es un asunto menor; tiene un buen número de aristas que deben de apreciarse en toda su amplitud y profundidad, primordialmente en materia jurídica y constitucional. En esta ocasión me referiré de manera tangencial y enunciativa solo a algunas de las más importantes:

Dentro de la estrategia transicional, es de la mayor relevancia separar del tema político de la designación del titular lo que es el delicado proceso de reingeniería institucional, tan necesario para lograr tanto la eficiencia del paradigma jurídico constitucional vigente y su nuevo sistema de justicia, como para evolucionar el modelo anterior de la hasta ahora PGR al nuevo requerido de una fiscalía general que entre otros tiene el gran reto de integrar además otros organismos de alta relevancia para la gobernanza de nuestro país, como las fiscalías anticorrupción y la electoral.

Ante todo, debe tenerse en cuenta que la procuración de justicia es un elemento imprescindible de todo sistema integral de seguridad y justicia, junto con las actividades de policía preventiva, administración de justicia y penitenciaria y el hasta ahora tan olvidado tema de la reinserción social, enfoque sistémico que debería por fin ser aplicado por la nueva administración federal, ya que las anteriores lo han mantenido en el mero terreno de la retórica.

Con base en lo anterior, el proceso de conversión de la PGR a Fiscalía General deberá prever una revisión seria de la situación que guardan los procesos internos de procuración de justicia, y con visión estratégica dimensionar los recursos que requiere la nueva institución para hacer frente a sus retos actuales y futuros, así como los mecanismos de coordinación intra e interinstitucional vitales para su eficiencia y eficacia operativa.

El plan estratégico para la transición deberá desarrollarse de forma armónica con los términos de la reforma, y comprender necesariamente el diseño de una nueva estructura orgánica y funcional, tarea técnica administrativa que deberá ser congruente con los retos y expectativas institucionales, así como a los planes programas y acciones específicas requeridos para su atención. En este ámbito faltará hacer, y sobre todo mantener actualizados, los manuales generales de organización, procedimientos y servicios al público, de lo cual –hay que decirlo- se ha carecido en términos reales hasta ahora.

En paralelo y por cuerda separada, la transición deberá abordar y resolver el delicado asunto de la designación del titular y sus demás funcionarios, que se ha convertido en una cabeza de turco que exige ser desenmarañada de una vez por todas. Todo indica que al menos por el momento no habrá necesidad de reformar el artículo 102 de la Constitución de la República (Creación de la Fiscalía General y desaparición de la PGR); sin embargo, habrá que poner en vigencia la aun pendiente ley orgánica del mismo, ordenamiento que debería prever con especial énfasis temas como la mencionada actualización permanente de la estructura orgánica y funcional y el reglamento interior; la creación de un Consejo Consultivo de la Fiscalía y de un Consejo ciudadano que se conciba como mecanismo de participación directa de la ciudadanía en las decisiones relacionadas con políticas, planes y programas, con su respectiva ponderación previa y evaluación una vez operados, con lo que se generen condiciones para conseguir la recuperación de la confianza ente los actores y sujetos involucrados dentro y fuera de la institución.

Todo parece indicar que no habrá el denominado “pase automático” de todo el personal de PGR a fiscalía. La transición implica forzosamente un proceso paulatino de depuración, que deberá estar acompañado de acciones jurídicas que lo fundamenten y den garantías al personal. Al mismo tiempo, para su consolidación y sustentabilidad de la nueva plantilla, deberá diseñarse y ponerse en operación un servicio de carrera que tendrá que ir acompañado de un soporte jurídico administrativo que permita la reestructuración en serio de plazas, puestos, salarios, prestaciones, equipamiento y acciones de formación, capacitación y actualización permanentes.

En cuanto al nombramiento del titular y otros funcionarios relevantes de la nueva fiscalía, cabe decir que es el aspecto que mantiene mayor opacidad; su manoseo e incluso enlodamiento en la instrumentación de las disposiciones constitucionales, han llevado a un estancamiento que hace otras cosas que la PGR carezca de titular hasta ahora, lo cual es verdaderamente inaceptable teniendo en cuenta que todo Estado debe garantizar la integridad seguridad jurídica de la población y, más allá de la mera aplicación a la letra de la ley, dar Justicia, que es lo que exige el nuevo sistema.

Es evidente que por la naturaleza de sus atribuciones el nuevo Fiscal General requerirá de una verdadera autonomía de decisión y acción respecto del presidente de la República, pero no se aprecia hasta el momento voluntad política para que así suceda en la realidad. En todo caso, el tema es por demás delicado, sobre todo si se tiene en consideración que se prevé que sea el Fiscal General ya no el Senado, quien a partir de ahora tenga la responsabilidad de nombrar a los fiscales anticorrupción y electoral. Lo cierto es que esto sigue sin quedarle muy claro a la ciudadanía a partir de las declaraciones hechas recientemente por el presidente electo, mismas que incluso han llegado a caer en contradicción con las de quien se supone estará a cargo del gobierno interior desde la Secretaría de Gobernación.

En la misma tesitura, algo que ha sido poco abordado por propios y extraños es lo referente al marco de autonomía o libertad de acción de los servidores públicos con cargos directivos hacia adentro de la Dependencia (vicefiscales, titulares de unidades especializadas en investigación y persecución del delito, servicios periciales, entre otros), para que puedan convertir en actos concretos los principios de imparcialidad interna, flexibilidad de nombramiento, actualización de estructuras, creación extinción de órganos, independencia de investigadores, entre otros tópicos que iremos abordando en entregas posteriores.

Todo lo anterior nos hace ver que el proceso de transición que debe llevar a la PGR a convertirse en Fiscalía General de la República ha rebasado por mucho la retórica electoral que debe ya quedar atrás, y que el reto ahora consiste en avocarse a su análisis transversal, multidisciplinario, minucioso y responsable por parte de la próxima administración, la ciudadanía y los medios.

¿Descentralización o centralización expandida?

¿DESCENTRALIZACIÓN O CENTRALIZACIÓN EXPANDIDA?

Por José Ramón González Chávez

(Publicado en agosto de 2018)

Entre los temas que se ha lanzado a la opinión pública justo después de las elecciones federales –no para comunicar decisiones sino ver la reacción de la opinión pública y los distintos sectores y actores políticos, económicos y sociales- es el de la “Descentralización” de las Secretarías de Estado a las capitales de las entidades de la federativas.

Apenas a una semana de las elecciones AMLO anunciaba ante líderes de la Concamin su “Plan para descentralizar” Dependencias y Entidades, bajo la premisa de “que el fin es que haya desarrollo parejo en todo el territorio” pues los estados del norte, centro y occidente crecen más mientras que los del sur están estancados o de plano han decrecido.

Como especialista en Administración Pública y desarrollo regional me siento comprometido precisar al menos tres aspectos técnicos fundamentales sobre el tema:

1. El término “descentralización” es poco adecuado para denominar esa medida.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé en su artículo 1° que ésta es Centralizada y Paraestatal; la primera integrada por Dependencias (Secretarías de Estado, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Órganos Reguladores Coordinados, además de que también en este rubro técnicamente están los Departamentos que desde mi opinión erróneamente los han desaparecido) y la segunda por Entidades (organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones y organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y fideicomisos públicos).

En este segundo rubro, la doctrina señala que la descentralización es una forma de organización administrativa distinta de la centralización y la desconcentración por por tener régimen jurídico y patrimonio propio, así como autonomía de gestión, motivo por el que las Secretarias en tanto Dependencias del ejecutivo federal no pueden ser descentralizadas, ya que forman parte de la administración pública central y como tales no cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, ni autonomía de gestión; por lo mismo, tampoco podrían considerarse como organismos desconcentrados, puesto que las Delegaciones Estatales ya lo son de estas, son sus representantes a nivel local. De darse así, se caería en la aberración de tener organismos desconcentrados de organismos desconcentrados, extendiéndose el problema a la organización y funcionamiento de los también propuestos “Delegados Generales”, provocando contraposición o duplicidad con el régimen jurídico, administrativo y de gestión de las Secretarias en los Estados donde serían reubicadas y llevándonos a una especie de centralización expandida y simplemente dispersa hacia los territorios estatales, que podría traer más desventajas que bondades.

2. La mera presencia de una Secretaria en la capital de un estado no provoca por sí misma el desarrollo en una entidad federativa.

Según datos del INEGI[1], dentro de las entidades que crecen por arriba de la media nacional también hay sureñas como Yucatán y Quintana Roo y entre las que tienen una contribución al crecimiento menor a la media o incluso tasa negativa, también hay estados del norte y del centro, como Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Zacatecas y Morelos. También se contradice con el caso de la Secretaria de Economía, que supuestamente sería reubicada en la capital de Nuevo Leon, estado con uno de los mayores índices de crecimiento económico del país, que no ha requerido de la presencia de ninguna Secretaria en su territorio para lograrlo.

Independientemente de lo que signifique el término “crecimiento parejo” el próximo ejecutivo federal debería impulsar el desarrollo regional no a partir del aumento de la burocracia federal en los territorios estatales, sino mediante el fortalecimiento de la organización y la actividad económica y social en cada estado y sus municipios; del relanzamiento de la participación transversal de las dependencias y entidades a través de sus delegaciones para acompañar los proyectos y programas locales prioritarios; con el soporte financiero de la Secretaría de Hacienda hacia esos proyectos y su correspondiente supervisión y evaluación en cuanto a contenidos, montos y resultados.

3. La medida tal como ha sido expuesta en los medios no reúne las características requeridas para ser considerada técnicamente un “Plan”.

Hasta el momento se desconoce de la existencia de un verdadero Plan en términos estratégicos que en sí mismo exige tiempo, dinero y trabajo, debiendo contemplar visión, misión, objetivos, políticas, estrategias y acciones, derivadas del análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos; tomadas en cuenta las necesarias estimaciones económicas, sindicales, laborales, sociales, de logística, tiempos de implementación, infraestructura adecuada en las ciudades que recibirían de un golpe a miles de trabajadores con sus familias, cuyos miembros necesitan escuelas, hospitales, vías de comunicación, transportes, mercados, servicios urbanos, compatibilidad en caso de que haya en la familia quienes trabajen en diferentes dependencias o entidades federales, implicaciones culturales de adaptabilidad, entre otros muchos temas delicados de los cuales por cierto se ha prescindido de consulta, tanto ciudadana como de especialistas y de los organismos públicos, estados y municipios y afectados.

El espacio se agota y quedan muchas aristas siquiera por señalar. Cerraré la nota comentando que la idea (eso es hasta el momento) tal como se ha venido planteando carece de elementos técnicos básicos para la concreción de un Plan de desarrollo de alcance nacional, que para tener utilidad práctica que en lugar de basarse en llenar de burocracia federal a las capitales estatales, lo haga en políticas públicas transversales que realmente logren que ningún estado contribuya a menos del 0.1% del PIB nacional, con especial atención a los cinco estados que se mantienen con tasa negativa, lo que realmente sí sería un logro a nivel nacional.

Quizá por eso sea que de hecho la mal llamada “descentralización” ya ha sido descartada públicamente por varios de los colaboradores cercanos del presidente electo, entre ellos Alfonso Romo su designado jefe de gabinete y Esteban Moctezuma propuesto como Secretario de Educación Pública. Usted mi único lector, ¿qué opina?


[1] http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx.