La Justicia para Adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: Cómo mejorarla?

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL NUEVO SISTEMA CONSTITUCIONAL: CÓMO MEJORARLA?

Por José Ramón González Chávez

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no debemos estar ajenos ni ser indiferentes, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar un proceso de evolución de su sistema jurídico transitando del paradigma positivista al Estado Constitucional, esto es, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En este afán, y en el marco del nuevo sistema, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño –suscrito desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces–, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, aquella franja de la población ubicada entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma del 12 de diciembre de 2005 al artículo 18 de la Carta Magna implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado que brinde a los y las adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este, como un modelo “a escala”, variando si acaso solo en la intensidad de la aplicación de las penas, lo cual constituye una seria deficiencia de apreciación, teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor preponderancia.

En tal sentido es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así poder brindarle un tratamiento integral, multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) y multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado es un actor y regulador sustancial en el nuevo sistema de justicia en la materia, al estar encargado de la fase de ejecución de la sentencia, donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia con el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que actúan de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad, impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia.

En el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada la evidente importancia social que reviste, juega un papel determinante para conseguir mejores condiciones de seguridad y lograr la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

Sociología, Educación y Comunicación Jurídicas en el Nuevo Modelo de Estado Constitucional

SOCIOLOGÍA, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN JURÍDICAS

EN EL NUEVO MODELO DE ESTADO CONSTITUCIONAL

Por José Ramón González Chávez

El hecho social es al mismo tiempo la causa eficiente y el objetivo de todo sistema jurídico. Provoca a través de la interpretación, la creación de normas y disposiciones, que a través de la persuasión y la coercitividad se aplican en la sociedad, la que a su vez al reflejarse en la actividad cotidiana, dan validez social a la norma y al mismo tiempo provocan ajustes que reciclan en términos positivos, -esto es, visto el Derecho a la vez como orden normativo, realidad social y catálogo de valores jurídicos- el sistema en su conjunto.

La sociología del Derecho, es la disciplina que estudia los problemas, los principios, objetivos, implicaciones y prácticas concernientes a las relaciones entre el sistema jurídico y la sociedad y la eficacia de lo jurídico como sistema regulador de la conducta social, aplicado por los órganos del poder público del Estado.

De ahí su estrecha relación con el Derecho Constitucional, fuente normativa primordial del sistema constitucional de toda nación, de la cual se desprende el marco de libertades y derechos fundamentales y sus mecanismos para garantizarlos; así como la organización política jurídica del Estado y la actuación de los órganos del poder público encargados de convertir en actos jurídicos concretos sus postulados primordiales.

En cuanto al segundo punto (organización política del Estado y del poder público como su brazo ejecutor) vale remarcar que las normas constitucionales son fundamentales en cuanto ellas expresan un marco general de principios rectores, que por su estabilidad y permanencia sirven de sustento a la organización de la comunidad, tanto interna como en la comunidad internacional, mismos que pueden ser de naturaleza orgánica y procedimental o bien, de contenido material.

Los primeros, señalan las tareas que el poder público del Estado debe cumplir; configuran las competencias e instituyen los órganos que las realizan; gracias a ellos, se regulan los procesos de creación y aplicación de las normas y se establecen mecanismos de coordinación entre ellos y los medios de control para atender y resolver abusos en el ejercicio del poder.

Los segundos consagran los objetivos primordiales del Estado, los principios y valores máximos de la sociedad y los ámbitos de libertades, derechos y obligaciones de los individuos, los distintos grupos sociales y la comunidad política.

En cuanto al marco de libertades y derechos fundamentales la Constitución está concebida de tal manera que lo que antes se denominaba Parte Orgánica sólo adquiere sentido y razón de ser a partir de la aplicación y puesta en operación objetiva de los principios, derechos y obligaciones que proclama.

La sociología nace del acercamiento al tema del impacto de la interacción entre lo jurídico y lo social abordado por los clásicos de la Sociología desde su origen como disciplina. Hay que recordar que sus tres fundadores Marx, Durkheim y Weber hicieron su tesis de grado en Derecho. De ellos solo el último desarrolló una conceptualización específica para el Derecho y en particular para la disciplina.

En México, recientemente se han llevado a cabo profundas reformas constitucionales que en su conjunto modificarán sustancialmente la estructura, organización y funcionamiento de nuestra vida como país: Derechos Fundamentales, Garantismo, nuevas instituciones como el principio Pro Persona, el interés superior del menor; flamantes medios de control constitucional y de solución de conflictos, nuevo sistema de Justicia; modernos esquemas de participación ciudadana, solo por contar algunos. Sin embargo, en muchos casos, su complejidad técnica y la manipulación que de sus contenidos hacen los medios y redes sociales, los líderes y organizaciones políticas, hacen difícil conocerlos por iniciativa propia.

El Derecho en general y el Derecho Constitucional en particular, deben de una vez por todas dejar de ser un tema de especialistas e iluminados para convertirse en parte de la cultura política y social de los mexicanos de todas las edades, y niveles educativos. Pero para que eso suceda no solo es necesaria la voluntad política de los gobernantes a todas las escalas, sino ante todo, la acción directa y decidida de quienes de una u otra forma participamos en la vida cotidiana de lo jurídico, desde todas y cada una de sus tan variadas trincheras: en la docencia, el proceso legislativo, en la actividad ejecutiva y jurisdiccional, en la gestión pública y social, los medios de comunicación, la asesoría y defensa jurídica, en fin, en todas las ramas del quehacer humano donde incide el Derecho de forma preponderante.

Es por ello que desde nuestro punto de vista el nuevo modelo educativo que se pretende implantar ha omitido la necesidad de la aculturación jurídica de la sociedad para conocer y asumir el nuevo modelo de Estado Constitucional, siendo que forzosamente tiene que ser parte integrante del mismo, sin olvidar por supuesto el papel crucial que juegan los medios de comunicación como conductos o vehículos para divulgar y asumir sus principios, fines y organización; sus nuevas instituciones, ordenamientos, disposiciones y normas; sus nuevas prácticas y actitudes.

De lo contrario las meras reformas legales llevadas a cabo hasta el momento no tendrán más destino que convertirse en catálogos de buenas intenciones cuando no en letra muerta.

El Día de los Inocentes y el Derecho

EL DÍA DE LOS INOCENTES Y EL DERECHO

Por José Ramón González Chávez

El 28 de diciembre se conmemora el día del año 2 de la Era Cristiana en que según el libro de Mateo de la biblia Herodes I El Grande mandó asesinar a todos los niños varones de menores de dos años que vivían en Belén, Judea, con el fin de eliminar a Jesús de Nazareth.

Algunos historiadores dicen que esa matanza no ocurrió en esa fecha, sino un par de días después de que se llevara a cabo la tan famosa Adoración de los Reyes a Jesús, que aunque no se sabe a ciencia cierta la fecha exacta, como pasa también con todas las fechas de la temporada por no estar en los evangelios bíblicos, tradicionalmente se festeja el 6 de enero.

Sea cierto o no, el asunto es que como sucede con muchas cosas serias e incluso poco agradables y hasta deplorables, en México y Latinoamérica ya saben que todo se agarra para broma, sarcasmo, etc. y es así que desde tiempos seculares es casi un deporte nacional que el 28 de diciembre todo el mundo diga mentiras o haga a quien se deje toda clase de bromas, desde las más ingenuas hasta pesadas o de mal gusto. Llega ese día y hasta nos despertamos con la idea de hacerle una broma o correrle una mentira al prójimo.

Si el tema no pasara de ahí, de lo privado, pues bueno, quedaría todo en el terreno de las relaciones personales; pero cuando una supuesta inocentada llega a rozar o traspasar los límites de la legalidad, es ahí donde ya se involucra el tema jurídico, pues hay veces que se llegan a cometer actos contrarios a derechos fundamentales como el derecho a la información o transgresores del derecho civil, entre otros, todos ellos quedando impunes debido –cuando no a la ignorancia o a la conciencia subdesarrollada- a una mala interpretación de la exigibilidad de la norma por el simple y sencillo pretexto de la fecha, perdiendo de vista que el contenido de valor de toda norma jurídica debe protegerse todos los días, a todas horas. Me explico en un par de ejemplos:

Simular públicamente una situación de peligro o catástrofe, ya sea de índole natural, económica, política o social, tal como lo hacen muchos medios de comunicación masiva en esta fecha, llegando a provocar confusión y hasta daños materiales y humanos, puede traer consecuencias importantes en países como España, donde este acto antijurídico se castiga hasta con un año de prisión y multa. Aquí en México este tipo de publicaciones son hasta festejadas, y es más, parece que existiera competencia entre los medios para ver quien publica la nota más ingeniosa y creíble, con total impunidad en términos no solo de la ley de la materia sino constitucionales, de acuerdo lo dispuesto por el artículo 6° de la Carta Magna.

En Internet, en donde ya parece normal la violación sistemática a derechos, obligaciones y disposiciones en materia civil, en otros países quien haga una publicación donde sea, que vulnere la fama pública, el honor, la intimidad o la propia imagen de una persona deberá pagarle una indemnización por daños y perjuicios más los gastos y costos judiciales. Aquí a todos esos actos también se les hace fiesta, así, como perritos moviendo la cola. Se vuelven virales sin importar el daño que se le hace a quien es víctima de sus ofensas; se compite para ser el más gracioso, ocurrente y/o difamante (si contiene todo eso junto mucho mejor) y no contentos con eso, hasta los replican, convirtiéndose jurídicamente en coautores de la infamia.

Todos estos actos antijurídicos quedan impunes, en términos no solo civiles, sino aun constitucionales, atendiendo al artículo 6° apartado A fracción II (protección de la vida privada y los datos personales) y apartado B fracción III (la radiodifusión es un servicio público de interés general que debe prestarse en condiciones de calidad, beneficio cultural, etc. preservando la veracidad de la información publicada); el artículo 16 párrafo doceavo (las comunicaciones personales son inviolables y su violación constituye delito) relacionado al 73 fracción XXI penúltimo párrafo (competencia de las autoridades federales en la materia para hacerlo aplicable) y al tan mentado y “novedoso” pero por desgracia tan poco respetado Principio Pro Persona uno de los principales garantes del principio universal de Dignidad Humana (artículo 1°, párrafo segundo, interpretación de las normas siempre favorable a la persona y la más amplia protección de sus derechos).

Ante todo esto hay quien erróneamente arguye el ejercicio de su libertad de expresión. Nada más falso, pues esta libertad no es un derecho absoluto, tiene límites, entre los que se encuentran la imagen, la fama pública, el honor, la intimidad de las personas a las que se involucra negativamente y en su perjuicio.

Hace poco en Madrid, 5 jóvenes vestidos de payasos irrumpieron en un cine provocando el horror colectivo mientras filmaban felices el evento para subirlo a YouTube. Provocaron la movilización de la fuerza pública; fueron detenidos. A ese ejemplo pueden sumarse otros en los que se disque informa de robos, se amenaza con hacer explotar bombas o sacando un arma falsa diciendo que se va a usar contra la gente, ataques terroristas, suicidios, accidentes, que han llegado a provocar daños en la salud física y psicológica de quienes las ven o leen, además de que pueden incitar a que los afectados lesionen o vulneren derechos al bromista, provocando también consecuencias legales en su contra. Esto sin mencionar el tema de que los sujetos activos o pasivos sean menores de edad, donde entrarían otros principios y normas jurídicos cuyo tratamiento excede los alcances de esta columna.

¿Se puede hacer cualquier cosa con el pretexto de que “pues es que es día de los inocentes”? Donde está el límite? Hasta dónde una broma o mentira deja de ser eso para convertirse en un acto antijurídico, constitucional, civil, penal o de otra índole? Como dice Luigi Ferrajoli, el Sentido Común en Derecho siempre será el principio a considerar, aunque como ya sabemos por desgracia, tal como afirmó Plastócrates de Efeso “es el menos común de los sentidos”.

Recordemos que exactamente lo mismo pasaba con los baños y el despilfarro de agua el Sábado de Gloria, otro día de conmemoración religiosa, que todo el mundo festejaba con el pretexto del “es que hoy pos si se vale” hasta que tuvo que ser regulado por el derecho administrativo y el penal y que también trae a colación el lamentable y troglodita asunto de la producción venta y uso de explosivos (unos light y otros no tan light) denominados coloquialmente “cuetes” (cohetes para los amantes del buen decir), que siguen usándose sin control, ni regulación, ni sanción jurídica porque “pues es que es para las fiestas religiosas”; “es que es pa’ la pachanga”, aunque contaminen el aire, con el ruido, la basura, provoquen incendios forestales, lesiones, mutilaciones y hasta muertes, como las que lamentablemente sucedieron hace unos días, tema que da para una columna en exclusiva.

Reforma del Estado y Profesionalización de la Función Pública

REFORMA DEL ESTADO Y PROFESIONALIZACION DE LA FUNCIÓN PUBLICA

Por José Ramón González Chávez

Uno de los temas cruciales del desarrollo de la cultura política y social en nuestro país, y en particular de la Reforma del Estado, es sin duda el de la burocracia; y al utilizar este término, no lo hago en el sentido peyorativo que emplearan por primera vez los detractores del absolutismo en Francia e Inglaterra para criticar la forma antidemocrática mediante la cual la élite cortesana accedía a los cargos públicos como un privilegio otorgado por el monarca. De acuerdo con Weber, me refiero a ella más bien como la institución integrada por servidores públicos que cuentan con sueldos fijos y ciertos, que establece entre ellos relaciones de autoridad legales, legítimas y ordenadas sistemáticamente, separando al titular del puesto y en donde nombramientos y ascensos dependen tanto de acuerdos contractuales regulados previamente, como de la  preparación técnica y de la experiencia particular de cada trabajador.

Ya en otra ocasión comentábamos que la administración pública no es sólo cuestión de ciencia y de técnica, sino también de visión y voluntad políticas, de sentido común, de inteligencia y de convicción social; en pocas palabras, de factor humano, elemento sin el cual resultaría difícil concebir una estrategia modernizadora integral de y en la administración pública, ya se trate de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, o bien, de la administración central o paraestatal.

Una idea generalmente aceptada en la opinión pública, es la que se refiere al hecho de que en materia de modernización, la administración pública se enfrenta a grandes retos externos, sobre todo ante el incremento de la comunicación administrativa que está trayendo como resultado, entre otras cosas, el porceso globalizador y en particular la puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio con las diversas regiones comerciales del mundo, la creciente participación ciudadana en las decisiones gubernamentales, las nuevas tecnologías de comunicación. Sin perjuicio de ello, a nuestro juicio, una buena forma de enfrentar esta situación, es estudiando y resolviendo primero, los problemas de modernización en nuestro país dentro de su propia esfera de acción.

En adición a lo anterior, puede afirmarse que si hablamos de una reforma integral del Estado, y sobre todo, si a ésta la enfocamos hacia adentro, tenemos que referirnos obligadamente al tratamiento profundo de los asuntos que inciden en aquella parte significativa de la ciudadanía que está a su servicio. De tal suerte que reformar la función pública implica al mismo tiempo, reformar significativamente la estructura estatal, ya que de lo contrario, puede caerse en una grave contradicción que haría de la modernización de la administración pública como parte de la reforma del Estado, nada más que un castillo de arena.

Por tal motivo, en los asuntos que atañen a la administración pública, en especial en el caso que nos ocupa, la función pública, debe existir una complementaridad de acciones, a efecto de que técnicos y políticos actúen conjuntamente para enfrentar y resolver, cada uno en el ámbito de su competencia, cuestiones con implicaciones complejas de uno y otro lados y al mismo tiempo requieren de una interpretación seria y comprometida del Derecho y del interés general.

En México parece que se ha tenido una precaución, hasta cierto punto excesiva, para evitar caer en la aparente contradicción entre la profesionalización de la función pública como un mecanismo eficaz para dar respuesta a la inminente necesidad de mejorar los índices de calidad y eficiencia en la gestión gubernamental y el adelgazamiento del aparato estatal por políticas públicas internas y presiones de la política financiera internacional, simplemente evitando la referencia a este tópico. No obstante, en términos reales, la contradicción no sólo es aparente, sino que las dos políticas -profesionalización burocrática y racionalización del aparato público- son perfectamente compatibles, siempre y cuando se empleen las herramientas de planeación estratégica adecuadas.

Hay que tomar en cuenta que la actividad cotidiana de los trabajadores de la administración pública determina en gran medida el grado de consecución de los objetivos del gobierno. Precisamente por esta razón debe pensarse en concebir una nueva idea de la función pública, integrada por trabajadores que tengan capacidad técnica basta y suficiente para atender los problemas que en todos los ámbitos del quehacer humano se presentan en la gestión pública, pero que también posean capacidad política, que estén conscientes del alcance e impacto de sus decisiones y sus actos, buenos o malos, dentro de la comunidad.

Es por eso que el marco de acciones tendientes a modernizar la función pública debería buscar garantizar a los servidores públicos la consecución de un nivel considerable de competencia técnica, siempre dentro de un marco eficiente de protección jurídica, propiciando un alto grado de responsabilidad en el ejercicio libre y creativo de sus funciones y facultades discrecionales, separando la actividad partidista de la función administrativa, lo que permitiría construir un piso sólido sobre el que podría establecerse en el mediano plazo un servicio público profesional en todos los ámbitos y niveles de gobierno.

Ante los nuevos retos que le plantea la modernidad, la administración pública mexicana tiene que darse a la difícil pero inpostergable tarea de adecuar al menos sus principales temas a las exigencias y expectativas de la comunidaduno d elos cuales es sin duda el de la función pública, que requiere modernizarse para responder con calidad y eficiencia a la demanda social contemporánea; para actuar con mayor transparencia y cercanía a la comunidad; para ser en realidad un verdadero motor del desarrollo nacional.

Mencionamos a continuación algunos de los asuntos más importantes en los que a nuestro juicio, habría que reflexionar en materia de función pública:

1.- Estabilidad en el empleo, cuestión íntimamente relacionada con los métodos de selección, reclutamiento y promoción de personal, misma que de ser meramente técnica-administrativa, se ha convertido en política y a la que se ha tratado de resolver de varias maneras. Tal vez un método de reclutamiento mixto que combinara equilibradamente las virtudes de los sistemas de concurso y cuotas podría traer buenos resultados, pues al abrir la oferta a la ciudadanía el proceso de reclutamiento se encaminaría a escoger los concursantes de mayor capacidad técnica y mejor perfil en una proporción representativa de los distintos grupos que integran la comunidad.

De igual forma, sería conveniente realizar o en su caso, mantener actualizado un censo de los recursos rumanos ya adscritos, a fin de saber la dimensión de la plantilla, conocer la distribución racional del personal, su escolaridad y tipo de formación, las necesidades institucionales en materia de capacitación y otros datos de incalculable valor dentro del proceso de planeación y desarrollo estratégico de dichos recursos (edad, estado civil, sexo, domicilio, número y edad de dependientes económicos, etc.).

Un censo confiable y objetivo, nos permitiría contar con valiosos datos para definir, por ejemplo, el catálogo de puestos, actualizar los tabuladores de sueldos para efectos de escalafón, planear estrategias adecuadas de capacitación, etc.

2.- Competencia Técnica, ligada estrechamente a la formación, la capacitación, el adiestramiento y la actualización, para una mayor y mejor capacidad de respuesta del servidor público ante la demanda comunitaria. En adición, un sistema eficiente de promoción del personal y de estabilidad en el empleo tendrá que estar forzosamente apoyado por un sólido programa institucional de capacitación, adiestramiento y formación continua.

Dentro de este rubro, sería ideal que los encargados de la función pública fueran capacitados para mejorar su actuación en aspectos de comunicación y relaciones humanas, a efecto de revalorar su trabajo, con lo que se lograría tener en cada servidor público un agente del cambio, mejorando con ello el clima organizacional y la calidad de su atención al público.

3.- Modernizar el marco jurídico administrativo que regula las relaciones entre el gobierno, los servidores públicos, los servicios prestados y la población, a efecto de hacerlo congruente con las necesidades de eficiencia y productividad que requiere el Estado en la gestión de los asuntos del gobierno, las exigencias ciudadanas de mas y mejores servicios, así como con la realidad laboral de los servidores públicos, que defina con claridad sus obligaciones, pero que también garantice el pleno ejercicio de sus derechos, eliminando vicios y simulaciones en su régimen de contratación como empleados de base, de confianza, por honorarios, iterinos, eventuales, etc.

4.- Algo digno de remarcar es que un análisis a fondo de la cultura organizacional para la adecuación de los métodos y procedimientos, a cargo de las unidades administrativas de cada organización, sería de gran apoyo en este rubro y ayudaría a transformar la Cultura del Servicio Público, aspecto de la mayor relevancia, cuya atención permitiría convertir en acciones concretas los propósitos que en el ámbito del Servicio Civil han sido señalados por el titular del ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, en el sentido de promover un cambio de actitud, que involucre por igual a funcionarios tomadores de decisiones, a servidores públicos y a la sociedad civil, contribuyendo juntos a la construcción de un nuevo modelo que actualice y legitime la función pública bajo parámetros tanto de objetividad como de corresponsabilidad.

Un amplio y sistemático proceso de consulta popularserá muy útil para conocer el espectro de necesidades que la colectividad exige sean resueltos por el servidor público en términos cuantitativos y cualitativos, así como su grado de participación y las tareas en las que podría colaborar como gestor, contralor social e incluso en calidad de prestador de bienes y servicios.

No está por demás recalcar qla importancia de definir y aplicar estrategias adecuadas de modernización, empleando recursos materiales y técnicos que nos ayuden a tener un mejor servicio civil. Pero tanto o más lo es el hecho de que cualquier esfuerzo, por más encomiable que sea, será estéril si no existe voluntad política para tomar decisiones, coordinar esfuerzos (incluyendo los de cooperación, asistencia técnica e investigación básica y especializada), no sólo en las distintas instancias de gobierno, sino también a nivel intra e interinstitucional y -lo que es más importante- para acercarse a la comunidad, con objeto de conocer sus realidades, requerimientos, aspiraciones a fin de instrumentarlos y convertirlos en actos concretos de gobierno, con lo que se le otorgaría al servicio público su merecida calidad de motor del desarrollo y de la modernización nacional.

Por último, cabe mencionar que a pesar de que ya existen algunos casos en donde la profesionalización del servicio público, es todo un hecho, por ejemplo, en el servicio exterior y el servicio profesional electoral, deben redoblarse esfuerzos para extender esta profesionalización a todas las esferas del quehacer gubernamental.

Con ello, estaremos sentando las bases para un servicio público de calidad y acorde a las exigencias internas y externas de nuestro tiempo y contribuyendo a un verdadero cambio estructural en el Estado Mexicano

La Revolución Mexicana: Algunas reflexiones

“REFLEXIONES ACERCA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”

Por Raúl Ávila Ortiz y José Ramón González Chávez

“pecado de juventud”, publicado en conmemoración del 20 de noviembre. 1984.

CADA NACIÓN TIENE DETERMINADAS FECHAS QUE SIMBOLIZAN LA INFLUENCIA DEL PASADO EN EL PRESENTE, QUE MANIFIESTAN SU VIGENCIA EN EL EXISTIR ACTUAL. EN MÉXICO, HASTA LA RANCHERÍA MÁS REMOTA, EN LA CHOZA MÁS LEJANA, NO PUEDE PASAR INADVERTIDO UN DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, UN VEINTE DE NOVIEMBRE, TAMPOCO ENTRE NOSOSTROS.

El presente trabajo busca brindar un breve marco general de referencia acerca de las causas, antecedentes, evolución y consecuencias de la Revolución Mexicana.

Para entender la naturaleza de ésta, es necesario, desde el punto de vista dialéctico, conocer la diferencia entre dos conceptos: Movimiento y Revolución.

Según distinguido autor, “Revolución es el cambio fundamental de las estructuras económicas; es la transformación  total de un sistema de vida por otro completamente distinto”(1) en tanto que “ Movimiento, es el cambio parcial de las estructuras económicas, y total o parcial de las estructuras sociales, políticas o jurídicas ”(2).

Para Carpizo (3), los movimientos son clasificables en base a dos criterios que no obstante ser diferentes se entrecruzan y dan las diferentes clases de movimientos que conoce la historia:

1. Según su finalidad, el movimiento puede ser de índole político o social

1.1. El movimiento político puede perseguir un cambio de persona, principios jurídicos, sistema o independencia.

A) El cambio de persona puede perseguir la destitución de: un gobernante constitucional, un gobierno de ipso, un usurpador o un dictador.

B) El cambio de principios jurídicos, por su parte, puede perseguir la adición o supresión de ciertas normas: fundamentales, si se refiere a una decisión fundamental del orden jurídico; primarias, si la norma es de índole constitucional; y secundarias si es una norma no constitucional.

C) El cambio de sistema es la renovación de una forma de gobierno que determina una modificación profunda en el orden jurídico.

1.2. El movimiento de finalidad social, por otro lado, persigue que el hombre viva una vida mejor acabando con las injusticias sociales.

2.- Desde la arista de quien realice el movimiento, este puede ser efectuado por: el pueblo, por una clase social, por uno o más de los poderes públicos, por él ejercito o parte de él, o por una minoría ágil. Según algunos autores, los movimientos sociales siempre implican un cambio político, es decir, son una etapa más avanzada en el desarrollo de los movimientos.

Expuesto lo anterior es dable afirmar que los llamados cuartelazos, asonadas, motines, revueltas, etc., bastante numerosos en el pasado siglo en México, fueron movimientos con finalidades políticas cuyos ejemplos más ilustrativos se encuentran en los cambios de un sistema federal a un sistema central y viceversa, consignados en diferentes ordenamientos jurídicos de esa centuria.

En este orden de ideas, pocas revoluciones registra la historia; El paso de la esclavitud al sistema de servidumbre, del de servidumbre al sistema liberal burgués y de éste, en algunos países, al socialismo. En México, entonces, ¿es posible llamar revolución a los hechos ocurridos a partir de 1910?

La Revolución Mexicana de 1910, o de 1913, como lo han afirmado varios autores, es mal llamada Revolución. No existió una transformación fundamental, de esencia, en las estructuras económicas. En realidad fue un movimiento que en 1910 tuvo una finalidad política doble: derrocar a una persona y su proyecto (el dictador Díaz y lo que representaba hasta el momento) y llevar a la Constitución el principio de la no-reelección. Este movimiento político se convirtió en movimiento social en 1913, aunque el movimiento de Carranza siempre tuvo carácter político y -aclarando, en desacuerdo con algunos autores que sostienen que fue un movimiento efectuado por el pueblo, por que del pueblo partió la idea de las reformas sociales y no de quienes conducían el movimiento-, que desde el punto de vista de quién lo efectúo, se conjuga una clase social, uno o más de los poderes públicos, el ejército o parte de él y una minoría ágil.

Las causas motivadoras de éste movimiento político-social fueron, según opiniones generalmente aceptadas: el régimen de gobierno en el cual se vivió al margen de la Constitución; el rompimiento de ligas del poder con el pueblo que consecuentó la deplorable situación del campesino y del obrero; el gobierno central, donde la única voluntad fue la del presidente; la inseguridad jurídica en que se vivió, donde el poderoso todo lo pudo y el menesteroso no fue protegido por la ley; el uso de la fuerza tanto para reprimir huelgas como para aniquilar a un pueblo o a un individuo; haberse permitido una especie de esclavitud donde las deudas se transmitían de generación en generación; intransigencia política que se representó en la rotunda negativa a cambiar al vicepresidente para el período 1910-1916; la entrega de la economía nacional al elemento extranjero; y el raquitismo político de una clase media cuya intervención en los asuntos públicos era completamente nula.

A manera de antecedentes de este acontecimiento histórico, en términos generales podemos citar los siguientes: el Programa del Partido Liberal Mexicano; el Plan de San Luis; las Huelgas de Río Blanco, de Cananea y la Ferrocarrilera, y las rebeliones campesinas, el mismo proceso electoral de 1910.

A continuación, y siempre tocando los puntos salientes, trataremos la evolución o desarrollo del movimiento de que venimos hablando.

En 1901 se forma el grupo “Ponciano Arriaga” que dirigió Camilo Arriaga y de cuyo seno saldrían más tarde los redasctores del Manifiesto del Partido Liberal. Éste, expedido en 1906 en Saint Louis, Mo. por Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan y Manuel Sarabia, Antonio I. Villarreal, Librado Rivera y Rosalío Bustamante, luego de examinar profundamente nuestra situación política, social, económica y religiosa. Marcaba los puntos concretos a realizar, los que en forma sintética, pueden agruparse en: libertad de expresión, reformas de tipo político, de carácter educativo, control sobre la iglesia católica, disposiciones de carácter económico y medidas tendientes a mejorar las condiciones de obreros y campesinos. Este Manifiesto proporciona la fuerza ideológica que necesitaban éstos últimos para concretar sus acciones traducidas en las huelgas de Cananea y Río Blanco, por citar algunas.

La efervescencia política, sentida en 1908 debido a la supuesta apertura política propiciada por el General Díaz, con motivo de las próximas elecciones, propició la creación de los Partidos “Democrático”, “Nacionalista Democrático” y “Antirreleccionista”, ideológicamente contrapuestos al Partido Releccionista.

Francisco I. Madero, quien junto con Emilio Vázquez Gómez dirigían al penúltimo de los nombrados, publica el libro “La Sucesión Presidencial en 1910” obra que causara gran inquietud en la opinión pública. Oriundo del Estado de Nuevo León, Madero persigue un fin político al procurar una transacción con el Presidente electo Díaz, aceptando que continuará en el poder pero cediera la vicepresidencia y parte de las curules y gobernaturas al partido antirreleccionista. Después de estériles diálogos conciliatorios entre Madero y Díaz, éste se reelige, y ocupa la Vicepresidencia Ramón Corral, mediante proceso un electoral fraudulento. Madero, luego de ser apresado arbitrariamente, se fuga a los Estados Unidos y expide en octubre de 1910, en San Antonio Texas, el Plan de San Luis, que convocaba a la Insurgencia con obvias implicaciones políticas y cuya fecha de inicio se preveía para el 20 de noviembre. Dada la persistencia del clima político, el movimiento armado estalló en tal fecha en diversas partes del país.

Madero, luego de diferentes hechos de armas, toma Ciudad Juárez declarándola capital provisional de la República; de declara Presidente legítimo de México e integra su gabinete con personajes como Venustiano Carranza y José María Pino Suárez.

Por su parte, Díaz luego de firmado los tratados de la Cd. Juárez y ante la fuerte presión política y social, renuncia y marcha en autoexilio a Europa.

Siendo Presidente provisional Francisco León de la Barra, se convoca a nuevas elecciones. Madero, quién creó el Partido Constitucional Progresista suprimiendo el Nacional Antirreleccionista, triunfa en las elecciones de noviembre de 1911, ocupando la Vicepresidencia de José María Pino Suárez. El gabinete nombrado por el nuevo Presidente causó gran descontento, pues defraudo a los representantes de los intereses y ambiciones de los representantes de los grupos que apoyaron a Madero (vgr.: de los ocho secretarios de estado solo tres eran revolucionarios); pero el error fundamental consistió en ratificar el sistema porfirista, pues no hubo cambios en el sistema burocrático, político, administrativo o social.

Madero olvidó los principios que lo habían guiado en la lucha, se desentendió de las demandas del pueblo, del sector obrero y campesino que le habían dado el triunfo. Pronto empezaron las sublevaciones: Zapata desconoció el gobierno de Madero y lanzó el Plan de Ayala, de contenido primordialmente agrario, reconociendo como Jefe Revolucionario a Pascual Orozco. Wilson, por su parte, luego de fraguar maquiavélico plan en contra de Madero, respondiendo a mezquinos intereses, logró hacerle renunciar obligadamente en febrero diecinueve de 1913, imponiendo a Huerta, que ya como Presidente Provisional se conviertió en un simple pero incondicional ejecutor de las acciones dictadas por la embajada norteamericana,. Huerta, quién juró  no atentar contra la vida de Madero, mandó matarlo junto con J.M. Pino Suárez, el 22 de febrero de ese año, culminado con ello la llamada “decena trágica”.

De esta manera se cierra un capítulo para abrirse otro en la historia que nos ocupa. Ante tales hechos, Carranza, entonces Gobernador del Estado de Coahuila, mediante manipulación del Congreso Local, desconoció al Gobierno de Huerta instando a otros Estados a sublevarse. Investido con facultades extraordinarias para legislar, luego de varios hechos de armas, expide el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, firmándolo entre otros, Álvaro Obregón. Dicho documento, que según Carranza “no era de contenido social por motivos estratégicos”, contenía proposiciones tales como las de derrocar el espurio gobierno de Huerta y formar un ejército constitucionalista. Después de luchas armadas, Carranza llega a Hermosillo en septiembre 20 de 1913, organiza su primer gabinete y reordena su ejército. Los Estados del Norte ya lo apoyaban. Allí habla de crear una nueva Constitución que aparentemente respondería a las demandas sociales. No implicaba un cambio de hombres en el poder, solo “amplias” reformas sociales.

En tanto, Orozco se vendía a Huerta, por lo que fue desconocido por Zapata en Mayo de 1913. Ante las tensiones políticas entre el Congreso y el Ejecutivo que produjeron la muerte del senador Belisario Domínguez, entre otros, y una posible intervención armada norteamericana, la fórmula Huerta-Blanquet, descaradamente, se postuló como postulante a las elecciones extraordinarias celebradas en octubre de 1913, Ante el incontenible avance de las fuerzas carrancistas, la pérdida de apoyo por parte del gobierno norteamericano y la inminente invasión a Veracruz, Huerta, renuncia al poder.

A fines de 1913 el movimiento constitucionalista llega a su apogeo; con Obregón como ariete militar, tenía en sus manos dos tercios del país.

En agosto de 1914 Carranza entra a México. Sin embargo, hay discordias entre Villa y Zapata.

Ante la intransigencia de Zapata y Villa, Carranza convoca a una Convención en la Ciudad de México, en la que es ratificado como Primer Jefe de la Nación. Trasladada la Convención a Aguascalientes, donde ocurrieron serias divergencias entre el pensamiento zapatista y el carrancista. Al adoptar como bandera el Plan de Ayala, la Convención de Aguascalientes nombra como Presidente provisional a Eulalio Gutiérrez, mientras que el Jefe del Ejército Convencionista nombra a Villa, desconociéndose a Carranza, quien huye a Veracruz. Entretanto, Villa y Zapata entran a la Capital.

Desde Veracruz, en diciembre de 1914, Carranza adiciona el Plan de Guadalupe. El movimiento político se convierte forzadamente en social, por evidentes razones de carácter político, pues Carranza y su grupo perdían la partida. De tales adiciones se derivan la Ley Agraria de 1915, la Ley de Relaciones Familiares y la Ley del Municipio Libre, fuentes directas de las futuras reformas constitucionales.

Paralelamente a lo anterior, Obregón destruye a las fuerzas Villistas, con lo que se preparaba el regreso de Carranza a la Ciudad de México.

De está manera, el Congreso Constituyente de 1916-1917, causa final del movimiento carrancista y causa eficiente de la Constitución de 1917 hoy vigente, uno y otra consecuencia política del proceso a grandes rasgos descrito, condensaría las vertientes ideológicas surgidas antes y durante el movimiento político mal llamado “Revolución Mexicana”, y conciliaría, asimismo los intereses económicos, políticos y sociales que le dieron origen.

El principio de la no-reelección, la reforma educativa, la reforma agraria, el municipio libre y la legislación laboral, principalmente, fueron los logros incorporados a la Constitución. No obstante ello, ésta no instrumentó cambios significativos en la estructura del Estado, simplemente legalizó ciertas situaciones de facto, producto del Movimiento sentido.

Los regímenes post-revolucionarios, a ejemplo, han tenido que luchar para dar solución a los problemas no resueltos desde la época porfiriana. Tales soluciones, en su gran mayoría, han sido de carácter político y buscando aliviar solamente a corto plazo dichos conflictos.

La importancia reconocida entonces al sector obrero como elemento de impulso al desarrollo nacional explica el gran avance manifiesto en la seguridad social pero el olvido del primero se traduce también en la crisis de la segunda; la derrota de la facción agrarista ha significado la postrer opresión del sector campesino, quien no fue ni ha podido ser incorporado a la producción nacional. Para nadie es un secreto que la Reforma Agraria resultó en un rotundo fracaso y la política de la dádiva desde hace décadas hasta la fecha resulta inútil cuando no es contraproducente.

Las exigencias del sector social, por otro lado, provocaron el conocido proteccionismo de Estado, cuyo peso ha soportado fundamentalmente la clase media hasta su deterioro paulatino desde mediados de los años 70 hasta la fecha.

La reciente historia de México es un intento frustrado por acercarse al orden jurídico ideal insito en la Carta Magna y las leyes complementarias; un intento a modo de algunos gobernantes por modificar la normativa referente los cada vez más agudos problemas sociales, y un contra-ataque de otros buscando retroceder al estado que guardaban las cosas a mediados antes de la caída de Díaz. Todo esto en medio de enormes presiones internas e internacionales que condicionan el rumbo de cualquier política de tinte genuinamente nacionalista, obligando a la sumisión, voluntaria o no, del neoliberalismo, del cambio neo demócrata cristiano, o como se le quiera llamar.

Coincidimos en que México está en el umbral de una nueva etapa histórica en cuanto a su desarrollo integral, lo que hace necesario un profundo conocimiento de nuestro pasado para comprender la situación actual y dar un paso firme hacia el futuro. Sostenemos que nadie puede participar efectivamente del cambio si no es consciente de la esencia y el objeto de ese cambio al que tanto se invoca.

Los ciudadanos que tenemos conciencia de nosotros mismos como células de la comunidad política y de nuestro entorno social, jugamos un papel decisivo en dicho proceso de conocimiento y concientización; conocimiento del deber de construir y mantener una visión del Estado al que pertenecemos y debemos vivificar con nuestra participación activa; y conscientización de que todos somos uno y de que cada uno somos todos.

¿En qué medida la ciudadanía participará en la definición de la naturaleza y características del tan mentado cambio y del rumbo que este deberá tomar para que haya una verdadera modificación de las estructuras políticas, económicas y sociales que redunden en beneficio de los mexicanos?

Esta en todos y en cada uno de nosotros, dar respuesta a esta tan delicada interrogante.

Estudio sobre el papel del legislativo y los legisladores en el perfeccionamiento de las estrategias de reducción de la pobreza en México

Estudio de aproximación sobre el papel del poder legislativo

y los legisladores en el perfeccionamiento de las estrategias

de reducción de la pobreza en México

Por José Ramón González Chávez

(elaborado para el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) con sede en Estocolmo, Suecia. México, enero de 2009)

INDICE

I.- Introducción  3  
II.- Marco de Referencia Política, Gobierno y PobrezaRealidad Actual  5
III.- Perspectivas y Visiones Vertiente InstitucionalVertiente Político PartidariaVertiente Académica  7
IV.- Aplicación de Cuestionario y sus Resultados Inclinaciones políticas y motivaciones para trabajar en el combate a la pobrezaVisión y sensibilidad respecto de la problemática y sus posibles formas de soluciónRecursos disponiblesConocimiento y vinculación con mecanismos de cooperación internacionalFactores complementarios  10 10     11     11   13     13  
V.- Conclusiones y Consideraciones Finales  13  
Referencias  15
Anexos Términos de Referencia Metodología de Evaluación Directorio de Legisladores entrevistados Matriz de análisis y contrastación Entrevistas escritas Entrevistas orales               

I.- INTRODUCCION.

Las nuevas tecnologías, la recomposición política del mundo, la dinámica poblacional, los cambios organizacionales, la explotación global de los recursos naturales, las nuevas formas de acceder y administrar la información, la dinámica financiera global, inciden de manera directa en el desarrollo de las naciones, dentro del cual, la pobreza ocupa también un lugar preponderante. Al reflexionar sobre este vínculo tan estrecho, se constata la cruda veracidad de una paradójica premisa: el progreso no necesariamente trae consigo bienestar, es más, pareciera ser que a medida que la ciencia, la tecnología y el mercado avanzan, más crecen los índices de marginación, la brecha social se ensancha.

De ahí que en la actualidad, el aumento de la pobreza recupere su posición privilegiada como elemento de interés y de especial atención a escala nacional e internacional. Resulta innegable que la implementación generalizada de las políticas neoliberales, el abandono paulatino del Estado en materia de programas sociales, la pobre o nula efectividad de las políticas de los gobiernos nacionales en la materia, constituyen en su conjunto la fórmula productora del empeoramiento de las condiciones socioeconómicas en Latinoamérica y por supuesto en México. Esta situación, sin duda, se verá acentuada por la denominada crisis financiera global, que contribuye de manera significativa a la intensificación del clima de incertidumbre, que por cierto, se vive ya desde hace tiempo.

Durante la década pasada, gran parte de los esfuerzos de cooperación internacional se han enfocado al apoyo y aseguramiento de condiciones apropiadas para desarrollar en cada país beneficiario estrategias efectivas de reducción de los índices de pobreza (PRS por sus siglas en inglés). Buena parte de estos fondos se dedicó a fortalecer el nivel de conocimiento y los recursos de los actores políticos para asumir un compromiso real con dichas estrategias. En la actualidad, ante el escenario global, los organismos internacionales financieros y de cooperación para el desarrollo se ven en la imperiosa necesidad de hacer un replanteamiento de sus políticas, estrategias y acciones, a fin de reorientar la asignación de recursos y apoyos hacia objetivos más precisos y confiables, que produzcan resultados más efectivos. Para lograrlo, la colaboración de los gobiernos beneficiarios resulta imprescindible.

En tal contexto, un elemento de importancia capital en el diseño, definición, implementación y aplicación de dichas estrategias consiste en evaluar las metas, así como el tipo de recursos y apoyos necesarios y acordes a las circunstancias específicas de cada país que recibe acciones de cooperación internacional encaminadas a disminuir sus indicadores de pobreza, haciendo que los resultados de los esfuerzos realizados tengan un mayor impacto.

Bajo la pauta indicada por el Instituto para la Democracia y el Desarrollo Electoral (IDEA), aplicada ya en varios países, y tal como subraya el reporte sobre el caso peruano, la arena legislativa constituye el escenario más representativo donde convergen los más diversos intereses, económicos, regionales, ideológicos, y en la que se llevan a cabo labores cruciales, tanto de definición y asignación de recursos, como de aplicación de medios de control sobre el ejecutivo federal para evaluar su ejercicio.

Por ello, el presente trabajo tiene por objetivo fundamental brindar elementos para identificar motivaciones, percepciones, recursos y capacidades de los legisladores del congreso federal de México (diputados y senadores), a fin de ampliar su margen de participación y hacer más efectivos los recursos y apoyos dedicados a tal fin.

El asunto no esta tarea fácil, pues si bien ya de suyo evaluar desde una perspectiva general el papel que juega la sociedad política, en particular los legisladores, en la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas de desarrollo y reducción de la marginación y la pobreza plantea importantes retos de tipo teórico y metodológico, realizarlo para comprender la realidad mexicana resulta por demás complejo, dada la cantidad, variedad y calidad de antecedentes económicos, políticos y sociales que existen en este rubro, así como la gran diversidad de políticas públicas, normas, instituciones y acciones gubernamentales que han existido y siguen existiendo en la materia, tanto a escala federal, como estatal, regional y municipal.

Para lograr el objetivo mencionado, la metodología de evaluación establecida de manera preliminar en los Términos de Referencia (TOR’s) se centra en la aplicación de un cuestionario, ya sea al oral (se anexan CD’s con entrevistas) o por escrito, a diputados federales y senadores que dentro del Congreso y del medio político nacional ocupan una posición protagónica en la toma de decisiones respecto de diversos aspectos que tienen que ver con el combate a la pobreza.

El espectro original previsto de legisladores fue de 26, de los cuales, 20 de ellos son diputados y 6 senadores. De ellos, solo fue posible entrevistar a 13 (7 diputados y 6 Senadores) no obstante nuestra insistencia para hacer contacto con ellos, aunque en la matriz de evaluación aparecen solo 10 muestras, dado que tres de ellos contestaron prácticamente en los mismos términos que la mayoría de los diputados, no sin aportar nada original a la base de datos, por lo que se tomó la decisión de no incluirlos en ella y evitar así volver redundante la información. Esta situación resulta digna de resaltarse, pues en cierta medida refleja su disposición para interactuar con fuentes de información y de investigación externas al propio Congreso.

Todos los parlamentarios seleccionados en la muestra se distinguen por el hecho de haber ocupado en otros momentos, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, cargos en la administración pública relacionados con diversos aspectos del desarrollo; Originalmente se previo una muestra de quince legisladores aunque por lo que, si bien la muestra pudiera apreciarse a primera vista como relativamente modesta, dada la calidad y peso político de los entrevistados, resulta ser bastante representativa y consistente.

Dentro de la metodología se ha considerado muy importante incluir en del marco de referencia un breve repaso a los hechos, políticas instituciones, programas y acciones que sobre el particular se han presentado en México a partir de inicios del siglo XX hasta la fecha, lo que permite descubrir y explorar tres ejes o perspectivas desde donde puede ser abordada la problemática: Hemos preferido dejar las tablas y estadísticas correspondientes en los apéndices con la documentación tomada como referencia, a fin de no apartarnos del propósito central del trabajo.

El siguiente apartado se dedica a la interpretación de las respuestas que dieron los legisladores entrevistados al cuestionario empleado, ordenándolas de acuerdo a los bloques temáticos en que fueron dispuestas, a saber: A) inclinaciones políticas y motivaciones para su participación en el combate a la pobreza; B) visión y sensibilidad respecto de la problemática y de sus posibles formas de solución; C) recursos disponibles para incidir en el tema; D) conocimiento de las estructuras, métodos y mecanismos disponibles a nivel internacional, útiles para fortalecer su participación en la definición, instrumentación, operación y evaluación de las normas, políticas, programas y acciones tendientes a reducir los índices de pobreza; y E) algunos otros factores no aplicables a los rubros anteriores pero que se consideren importantes de considerar para efectos del trabajo.

En la parte final se presenta una síntesis con los aspectos más relevantes que produjo esta aproximación y consideraciones finales sobre la forma en que podría lograrse una mayor eficacia en la aplicación de recursos y apoyos de cooperación internacional en la materia.

II.- MARCO DE REFERENCIA.

A) Política, Gobierno y Pobreza.

La pobreza es uno de los fenómenos que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Atender los tres indicadores más importantes para dimensionar la pobreza: alimentación, patrimonio y capacidad para afrontar las variables del entorno, ha sido una preocupación medular en todas las sociedades de todos los tiempos y lugares, al grado de llegar a constituir uno de fines primordiales del Estado y de la comunidad internacional.

En México, la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la marginación, es un problema ancestral, que persiste a pesar de las políticas adoptadas por los diferentes gobiernos y de los avances registrados a lo largo de la historia:

Ya desde fines del siglo XIX y principios del XX, los ideales de “Orden y Progreso” del liberalismo positivista, menguados a causa de la inestabilidad política, las asonadas militares locales y los cacicazgos, cobraron nueva fuerza durante el Porfiriato, que pretendió aspirar al desarrollo mediante la implantación desde el centro de un proyecto modernizador de alcance nacional, que preveía la inserción económica y cultural de México en el mundo “global” de entonces, pero a un alto costo político y social.

Después de la severa crisis económica de 1907, la organización de los obreros y los campesinos se tradujo en el movimiento armado de 1910, cuyas demandas se elevaría siete años más tarde en derechos sociales de carácter constitucional. No obstante, la endeble gobernabilidad, sumada a la presión de los poderosos intereses económicos extranjeros y trasnacionales, entre otros factores, constituyeron un gran obstáculo para la implementación de medidas contra la pobreza.

Los primeros gobiernos post revolucionarios hicieron intentos por integrar a los indígenas y los campesinos a la vida económica y social; sin embargo, la falta de capacidad técnica requerida por la modernización los excluyó nuevamente del proyecto de desarrollo, siendo sustituidos por la propuesta de las empresas privadas, que acomodaron los objetivos planteados por la Revolución a sus propios intereses.

En tal contexto, surge la figura del Presidente Lázaro Cárdenas, que relanza el proyecto nacionalista revolucionario con innovadoras formas de organización de corte social: se expropian las industrias ferroviaria y petrolera, que se encontraban en manos trasnacionales; se da una verdadera reforma agraria; se crean las grandes centrales obreras y organizaciones sindicales; surgen las instituciones de seguridad social. Se establece la educación básica gratuita y universal. El Partido Nacional Revolucionario se reorganiza en sectores sociales: obrero, campesino y popular.

La segunda guerra mundial impulsa el proceso de industrialización mexicano de los años 1940-50. La activación económica que produce genera empleo y por ende, propicia un mejoramiento en las condiciones económicas de una población que de manera creciente comienza a trasladarse del campo a las ciudades. Posteriormente, bajo el modelo de “desarrollo estabilizador” se dio un crecimiento económico elevado y sostenido con estabilidad de precios, que concentró sus beneficios en los centros urbanos y en los poseedores de grandes capitales, quienes gozaron de fuertes subsidios, un proteccionismo desmedido y una estructura oligopólica del mercado.

Buscando subsanar estas deficiencias, en 1971 el Presidente Luis Echeverría lanza su propia versión del modelo con el nombre de “desarrollo compartido”, plataforma que impulsó importantes reformas económicas y mecanismos de organización social, pero financiados mediante subsidios cubiertos por una creciente deuda externa. A partir de 1976, la vulnerabilidad de la economía mexicana se acentúa. El auge y luego la caída de los precios del petróleo y la rampante devaluación del peso, paralizan la política social y la convierten en un fracaso, reconocido incluso desde el gobierno.

B) Realidad Actual.

Si bien, a pesar de todo, los índices de pobreza y desigualdad, así como los indicadores sociales presentaron mejoras entre 1950 hasta fines de los años 1970, en los ochentas, la crisis de la deuda y su secuela, aumentarion la pobreza y la desigualdad; si bien los indicadores sociales continuaron mejorando, lo hicieron a tasas menores y beneficiaron solo a ciertos grupos pequeños.

En este momento comenzó la aplicación de las políticas neoliberales; una leve y breve recuperación económica de 1989 a 1992 trajo una disminución relativa de la pobreza, pero ubicada por encima de los niveles de 1984. La tendencia cambió negativamente entre 1992 y 1994, probablemente debido a la desaceleración de la tasa de crecimiento, recrudeciéndose la crisis del peso a fines de 1994. En los 6 años siguientes, a pesar de la estabilidad y la recuperación macroeconómica de la que el Presidente Zedillo hizo gala dentro y fuera del país, en términos reales los índices de marginalidad y pobreza aumentaron.

La alternancia política de 2000 no produjo cambios en la visión del gobierno sobre la pobreza y sus formas de atacarla, más aún la incrementó. Dadas las circunstancias actuales de crisis financiera global, el problema de la pobreza tiende a acentuarse, pues de nadie es ajeno que ante recesiones económicas o estancamientos en el crecimiento del PIB y altas tasas de inflación, la pobreza crece.

III.- Perspectivas y Visiones.

Derivado de esta amplitud y complejidad de variables apenas esbozada en el punto anterior, en el intento de explicar el fenómeno de la pobreza en México, su problemática, formas de atención y resultados, existen tres vertientes o perspectivas de información que pueden ser consideradas cruciales para una comprensión objetiva y amplia del tema:

A) Vertiente Institucional

En México, la transición política se ve reflejada no tanto en la alternancia en la titularidad del ejecutivo, como en la recomposición política del legislativo. La necesidad de logar consensos parlamentarios, de los cuales depende hoy en buena medida el éxito de las iniciativas enviadas por el Presidente de la República; la actividad de los grupos y comisiones parlamentarios que han dejado de ser un mero requisito de formalidad para aprobar los proyectos de leyes del ejecutivo, constituyendo ahora un medio de discusión intensa y debate serio de los grandes temas nacionales (ahí está como ejemplo claro el caso de la Reforma a Pemex), son factores que han incidido de manera determinante en la planeación, instrumentación y puesta en marcha de las políticas públicas para abatir el rezago económico de los grupos menos favorecidos.

Desde la perspectiva de la administración pública federal, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su informe ejecutivo sobre la pobreza en México 2007, admite que “a pesar de la tendencia a la reducción de la pobreza en los últimos años, … este indicador se encuentra hoy en niveles similares a los de 1992: 47% de la población del país está en situación de pobreza patrimonial y 18.2% en pobreza alimentaria. De no incrementarse de manera acelerada los salarios reales y el empleo en el país, la pobreza no podrá reducirse de manera sustantiva en el mediano y largo plazos”. Afirma en sus conclusiones que si bien los esfuerzos de política social han traído el mejoramiento de la cobertura de los servicios básicos, incluso entre la población en condiciones de pobreza, esto no se ha traducido en un incremento en los ingresos, que son la base para la reducción sostenida de la pobreza; por tanto, el reto más importante es: a) consolidar políticas públicas que continúen fortaleciendo el acceso a servicios básicos especialmente en las regiones económicamente más deprimidas; y b) coordinar una política económica y social que eleve el ingreso y el empleo, especialmente de la población que se encuentra en situación de pobreza, haciendo énfasis en la capacitación para el trabajo, que sufre de un rezago histórico.

En cuanto a las relaciones y la coordinación ejecutivo – legislativo, al menos a lo largo del primer tercio de la presente administración, se percibe que si bien, el primero no ignora, sí menosprecia el papel trascendental del congreso como factor decisivo para la planeación definición e instrumentación de los cambios importantes de la política publica nacional en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas. En ejemplo claro de ello ha sido el envío de la iniciativa de reforma a Pemex sin evidencia de ningún cabildeo previo, lo que produjo su rechazo unánime por parte de las fracciones de todos los partidos de oposición tal como venía, generando un desgaste político innecesario y una presión tal que hubo de realizarse a posteriori, desde el legislativo, y de manera correctiva en lugar de preventiva,un largo y denso proceso de consulta, que al final modificó puntos sustanciales del proyecto original.

B) Vertiente Político Partidaria.

El renovado sistema democrático mexicano, aunque con avances notables, no logra todavía -al menos desde los ejecutivos federal y locales- avanzar hacia una distinción neta entre política y administración pública. El Presidente de la República, muchos gobernadores e incluso presidentes municipales, dan la impresión de seguir en campaña electoral aún después de haber sido electos y encontrarse ejerciendo su cargo. En consecuencia, los temas de la pobreza, la marginación el apoyo a las comunidades más necesitadas, en muchos casos se siguen empleando como una herramienta político electoral, y no como lo que debiera ser: una política pública institucional. Las acciones concretas relacionadas con el abatimiento de la pobreza continúan ofreciendo resultados inmediatos mediante paliativos que nada tienen que ver con el ataque a fondo del asunto, en aras de ganar adeptos y votos para el próximo proceso electoral.

La composición dinámica y cambiante del mapa político electoral, la tonalidad ideológica del ejecutivo federal y la falta de acuerdos de éste con los ejecutivos estatales para lograr una coordinación efectiva en términos de administración pública, deja pendiente la conformación de una estrategia seria de descentralización que podría ser una buena manera de atacar los diversos aspectos de la pobreza; al distribuir facultades, recursos, decisiones y responsabilidades compartidas de manera más equitativa, se permitiría una planeación concertada, a la vez que un mejor esquema de control y evaluación de la eficiencia institucional y del impacto real en las condiciones socioeconómicas de la población.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, el Ejecutivo federal plantea como eje fundamental de su estrategia un concepto altamente subjetivo: el “Desarrollo Humano Sustentable” (uno de los ejes ideológicos históricos del Partido Acción Nacional -al que pertenece el Presidente). Al no haber pasado, tal como lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por un real proceso de consulta popular, convocante de los sectores público y privado así como de los actores más relevantes de la sociedad civil para conformar un instrumento rector de la política pública para el desarrollo nacional (artículos 25 y 26), el PND pareciera ser una mera carta de buenos propósitos, ubicados en el terreno retórico pero muy alejados de una verdadera línea directiva para elaborar los programas sectoriales e institucionales de rango federal y lograr una coordinación efectiva con los programas de desarrollo de las entidades federativas, regiones y municipios.

En otro de sus apartados denominado “Objetivos Nacionales” el PND establece en quinto lugar de su estrategia “Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución”; y en el sexto sitio “Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación”. En adición, el PND al plantear lo que denomina una estrategia integral de política pública, reconoce que “los retos que enfrenta nuestro país son multidimensionales” y que “avanzar en sólo algunos ámbitos de acción, descuidando la necesaria complementariedad entre las políticas públicas, es una estrategia condenada a un desarrollo desequilibrado e insuficiente”.Sin embargo, en los hechos, los programas de desarrollo y combate a la pobreza carecen de una articulación eficaz y siguen siendo financiados en buena medida desde el exterior.

C) Vertiente Académica.

Desde esta perspectiva, se advierte una tendencia poco optimista en la evaluación de las políticas, programas y acciones que se llevan a cabo, principalmente por el gobierno federal, para atender la pobreza y la marginación. El sustento de las críticas de una buena parte de este sector se encuentra en declaraciones como la que por ejemplo ha hecho el Banco Mundial (BM) casi al inicio de la presente administración (27 de septiembre de 2007) respecto del estancamiento en el proceso de reducción de la pobreza en México durante el sexenio 2000-2006, de la inequidad en la distribución del ingreso y del aumento de los niveles de marginación en las zonas rurales e indígenas. El reporte del BM advierte también la pervivencia de grupos de intereses creados que para mantener el “statu quo” obstaculizan las reformas de política económica y social que podrían contribuir a mejorar la situación del país, que continúan siendo los únicos los beneficiarios de un régimen de impuestos bajos; de la gran dependencia de las divisas generadas por el petróleo; de los altos costos de las telecomunicaciones: de la eliminación de subsidios al campo: de los altos costos del agua, la electricidad y en general de la energía, todo lo cual constituye una versión renovada de la situación que prevalecía en el país hace muchas décadas atrás.

Desde tal perspectiva, la supuesta disminución en términos macroeconómicos de los índices de pobreza en México según cifras oficiales, se debe no tanto al éxito de las políticas públicas correspondientes, sino a un reacomodo de la pobreza debido a factores tales como: a) El incremento sustancial de la migración, a los Estados Unidos de América y a los grandes centros urbanos del país, lo que estadísticamente reduce el índice poblacional y por ende elimina de las cifras a los que por falta de empleo y oportunidades tienen que irse de su lugar de origen; y b) el consecuente envío de remesas provenientes de recursos generados en el exterior, lo que eleva el nivel de ingresos de las familias de los trabajadores, con efectos exclusivamente de consumo, no de inversión. En consecuencia, en solo 6 años, la sombra de la pobreza ha pasado a cubrir del 50% al 70% de la población, impactando con un énfasis significativamente mayor a la población indígena, históricamente olvidada de los regímenes políticos, y aquella con ocupación de bajo nivel.

Al igual que como sucede con el ejecutivo federal, en términos generales, los académicos pasan por alto la importancia del legislativo como elemento determinante en la construcción, aplicación y evaluación de las políticas públicas y de la acción gubernamental para el combate a la pobreza. Esto puede ser debido en ambos casos, a la poca sensibilización del papel que juega el legislativo en la definición y armonización de las políticas públicas con la asignación de recursos y en los medios de control de la gestión pública de unas y otros.

IV.- APLICACIÓN DE CUESTIONARIO Y SUS RESULTADOS

A) Inclinaciones políticas y motivaciones para trabajar en el combate a la pobreza.

En general, los legisladores entrevistados conciben la política como el medio idóneo para dar cauce a su vocación de servicio, así como para localizar y utilizar todos los mecanismos adecuados para el mejoramiento de las condiciones de bienestar social.

Del mismo modo, existe una buena motivación al igual que una considerable disposición para colaborar en el perfeccionamiento de las formas de coordinación:

  • Vertical, entre los distintos órdenes de gobierno, federal, estatales, municipales, uno de cuyos detonantes es una política integral de descentralización, que dé mayor autonomía a las colectividades territoriales, pero también que establezca mejores mecanismos de control y evaluación; y
  • Horizontal, dado el carácter multidisciplinario de los múltiples y muy diversos aspectos que comprende la problemática de la pobreza y la marginación, con sus soluciones viables, posibles y realizables que redunden en el mejoramiento de la eficiencia institucional y sectorial de las dependencias, entidades y demás organismos públicos, privados y sociales que participan en su atención.

B) Visión y sensibilidad respecto de la problemática y sus posibles formas de solución.

Se percibe entre los legisladores entrevistados coincidencia en la percepción de los factores internos y externos que inciden en la gravedad del problema de la pobreza, al que conciben mayoritariamente como el principal dentro de la agenda nacional de gobierno a todos los niveles. Igualmente, se destaca la convicción por parte de los congresistas de la importancia del papel del legislativo en la formulación e instrumentación de las políticas públicas de combate la pobreza, aunque cabe reiterar la falta de reciprocidad del ejecutivo en este aspecto, pues en ninguno de los documentos analizados se encontró alguna mención de la corresponsabilidad y la coordinación entre ambos poderes en el diseño instrumentación, seguimiento y evaluación de programas y acciones en ese sentido.

No obstante, existe divergencia de opiniones en lo referente a los métodos más adecuados para combatir la pobreza y en cuáles de éstos que han sido aplicados han dado los mejores resultados. De manera paradójica, un buen número de los congresistas entrevistados da mayor importancia a la planificación de acciones a nivel centralizado, lo que parece contradecir su opinión de brindar mayores y más directos recursos y facultades a las comunidades.

Cabe subrayar que dentro de los métodos aludidos en la entrevista, se han considerado solamente aquellos de tipo cuantitativo y económico; esto nos parece una deficiencia considerable si se toma en consideración que históricamente el desarrollo y el crecimiento económico siempre han sido solo un medio, nunca el fin para alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de la población; existen otros factores de tipo cualitativo que también gozan del mismo peso e incidencia en la transformación de las condiciones de vida de los más pobres.

Vale indicar también que en sus respuestas, la totalidad los entrevistados omitió comentar lo referente a la evaluación de la gestión pública, la eficiencia del ejecutivo en la aplicación de los recursos y en la efectividad de los programas y acciones que se llevan a cabo en la materia, labores fundamentales que están a cargo del legislativo.

Los Diputados y Senadores entrevistados coinciden en que la legislación y la negociación de las partidas presupuestales en los diferentes aspectos que inciden en el tema constituyen la mejor forma de participar en las soluciones desde el legislativo y que esto lo realizan generalmente mediante el trabajo en comisiones.

C) Recursos disponibles.

La mayoría de los legisladores expresa que cuentan con mecanismos de comunicación permanente y directa con su electorado y que la llevan a cabo de forma material y electrónica: periódicamente visitan los municipios de su entidad y realizan sesiones de audiencia pública para oír de primera mano las necesidades y reclamos más sentidos de la población; cuentan con oficinas de atención para recibir y gestionar la demanda ciudadana, así como con equipos encargados de dar seguimiento de los asuntos planteados.

Las respuestas del cuestionario también arrojan como indicador de interés que los legisladores disponen cada vez más de medios y recursos tecnológicos para recibir solicitudes, denuncias, quejas, y mantener informada a la comunidad del estado de su gestión y de su labor legislativa, lo que a pesar del hecho de que la gran mayoría de los mexicanos de escasos recursos no tiene acceso a la Internet, abre no obstante la posibilidad de contar con una mayor capacidad de cobertura de atención y gestión, con una forma de comunicación más directa con la ciudadanía y desde luego con un medio de establecer y mantener contacto con organismos nacionales e internacionales que puedan brindarle información, capacitación y medios de apoyo y cooperación.

Tal como lo manifiestan la gran mayoría de los parlamentarios interrogados, si bien tienen conocimiento general de la problemática concreta en materia de pobreza y marginación de su electorado, parecieran encontrarse hasta cierto punto desvinculados de las soluciones o dan la impresión de no contar con conocimientos suficientes para ofrecerlas y gestionarlas.

  • La gran mayoría de los planteamientos hechos por la ciudadanía, desde el punto de vista de los legisladores, proviene de los grupos sociales más desprotegidos sin importar su filiación social o política, lo bien si realizan las peticiones y demandas a incluso a título personal. Esto demuestra, en términos de las necesidades reales de la población más necesitada, la presencia de facto de una desvinculación de ésta de los asuntos de la política -y sobre todo de los de la política partidista o electoral- a los de la administración pública, sobre todo en lo relacionado con la gestión de servicios y apoyos ligados al desarrollo social y urbano.
  • En términos generales, los requerimientos sociales planteados a los legisladores pueden clasificarse en tres tipos principales:
  1. asistencial inmediato (alimentación, bienes de primera necesidad);
    1. de infraestructura (obra civil, agua, caminos) y
    1. de servicios (educación, salud, empleo, apoyo al campo, ayuda para la gestión de trámites ante las autoridades)

Esto resulta por demás interesante, ya que la especificidad en los rubros que más afectan a la población de escasos recursos estaría dejando fuera de lugar muchos de los aspectos a los que se han aplicado por décadas los recursos y demás apoyos para atender a los grupos en condiciones de pobreza, lo que podría implicar además, la necesidad de realizar una transformación a fondo y un replanteamiento integral de las estrategias del gobierno y los organismos internacionales en ese en la materia.

D) Conocimiento y vinculación con mecanismos de cooperación internacional.

Se percibe de los legisladores un conocimiento muy general y poca familiaridad con los principios y fines de los organismos internacionales, la forma en que operan y los programas, mecanismos y acciones que éstos ofrecen para apoyar el desarrollo y combatir a la pobreza en nuestro país. En ese sentido, cabe mencionar, que sus respuestas a las preguntas del cuestionario fueron evasivas y evitaron referirse a puntos específicos de las propuestas de los organismos internacionales que les fueron enunciados.

No obstante, cabe subrayar que la mayor parte de los entrevistados reconoce la importancia de tomar cuenta sus indicadores y sugerencias para lograr un buen desempeño de su labor, lo cual indica ante todo su disposición a escuchar las propuestas y las ofertas de dichos organismos y llevaría a la reflexión sobre la conveniencia de incrementar los esfuerzos y recursos de dichas organizaciones para mejorar el nivel de conocimiento y la capacitación y actualización de los congresistas involucrados en el tema, así como de los miembros de sus respectivos equipos de apoyo y personal parlamentario en cuanto al os principios, organización, objetivos y oferta de cada uno de estos organismos.

E) Factores complementarios.

Se percibe a partir de las respuestas de los legisladores, que en general las decisiones políticas y legislativas son tomadas primero por la fracción parlamentaria correspondiente, y luego interpretadas en lo personal por cada legislador, tomando en consideración las pautas marcadas por su partido y su grupo.

Esto resulta interesante, pues los esfuerzos de cooperación internacional para la sensibilización y conocimiento de la problemática en materia de marginación y pobreza podrían enfocarse a los líderes de las fracciones parlamentarias, presidentes de comisiones y a los líderes nacionales y locales de los partidos, dado que cuentan con posición de liderazgo en la definición de las líneas ideológicas y de trabajo, acatadas o consideradas sustantivamente por cada uno de los legisladores en su labor.

V. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES.

En México, la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la marginación, es parte de la propia historia nacional; un problema que a pesar de la extensa gama de políticas, normas, programas y acciones que se han llevado a cabo en distintos momentos por el gobierno en turno para combatirla, no han conseguido siquiera mantenerse bajo control, al contrario, ha ido en aumento, sobre todo en las últimas tres décadas.

El sistema presidencial junto con el modelo de partido predominante, producto ambos de la propia historia política nacional, trajeron consigo, entre muchas otras cosas, que las políticas programas y acciones para abatir los índices de marginación y pobreza se diseñaran y operaran de manera centralizada desde el ejecutivo federal, quedando las decisiones del legislativo subordinadas a las directrices marcadas por el Presidente de la República.

La transición política produjo la alternancia del ejecutivo federal y los gobiernos estatales, y singularmente una recomposición política del legislativo que han hecho necesaria una recomposición de los códigos de comunicación y coordinación entre poderes, cuyas reglas aún se siguen escribiendo. Una de ellas involucra precisamente el peso y la corresponsabilidad del legislativo en el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas, programas, desempeño y resultados en materia de combate a la pobreza, de donde resulta apremiante la actualización del marco jurídico y político que regula estas relaciones.

Existe una gran vulnerabilidad de la economía mexicana, respecto de las decisiones del exterior, que incide directamente en la toma decisiones y en los resultados vinculados al tema del combate a la pobreza. En tal escenario, la crisis financiera global, sin duda, agravará la situación prevaleciente, aunque alentará los procesos que tiendan al menos a contener el avance en el deterioro de las condiciones y la calidad de vida de los mexicanos más pobres. De ahí la necesidad de encontrar nuevos y mejores mecanismos para lograr resultados mas contundentes, labor cuyo éxito depende en una muy buena parte de la actividad del legislativo coordinada con la del ejecutivo y los programas y acciones de los organismos nacionales e internacionales de cooperación y apoyo.

Se percibe la convicción en la mayoría de los legisladores de ser parte activa y protagónica en la definición y la aplicación y evaluación de las políticas públicas para combatir la pobreza. No obstante, es de resaltar que ni en la ley ni en los planteamientos del ejecutivo, ni en la apreciación de los académicos, los parlamentarios son tomados en cuenta.

La gran mayoría de los parlamentarios entrevistados, no manifiesta una posición crítica respecto de las políticas, programas y acciones de la materia. Esto tal vez se deba a la falta de conocimiento puntual sobre los mismos y sobre el impacto real que estos han tenido en la disminución de los índices de pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades, labor en la que pueden colaborar de forma por demás eficiente los organismos internacionales.

Al igual que en muchos otros temas de la agenda nacional, no existe en materia de combate a la pobreza una política de Estado; en su lugar, se presentan, o más bien coexisten de manera desarticulada políticas de gobierno federales, con las estatales y municipales y las llevadas a cabo por las instituciones públicas de carácter nacional. Los esfuerzos que realizan organizaciones de la sociedad civil al respecto se ven desaprovechadas por falta de conducción y acompañamiento, tan necesarios para lograr resultados concretos y tangibles en este rubro.

En tal sentido, los legisladores tienen mucha tarea pendiente que hacer respecto de la simplificación y actualización permanente del marco legal que regula los derechos, atribuciones, funciones, reglas de operación, coordinación interinstitucional, participación horizontal, entre otros aspectos, de las distintas actividades relacionadas con el tema, a fin de hacerlas más fáciles de comprender y aplicar para todos.

Del mismo modo, existe como tarea pendiente la creación de reglas claras, que den forma y consistencia a un sistema de seguimiento y evaluación de las políticas, programas, acciones, el desempeño e impacto social que tienen que ver con el combate a la pobreza, a efecto de detectar, prevenir y resolver a tiempo posibles desviaciones, deficiencias y errores.

Sigue ausente de la estrategia de combate a la pobreza la descentralización, no solo de recursos y funciones, sino también de decisiones, en el marco del respeto a las prácticas y rasgos culturales de cada comunidad y con un esquema serio de evaluación de la gestión de recursos, de la eficiencia institucional y de la eficacia en los resultados. Igualmente resulta fundamental la consideración de variables cualitativas, no solo cuantitativas en la atención de este problema.

Por último, sería recomendable incrementar el apoyo y los recursos de cooperación internacional para elevar el nivel de conocimiento y actualización de legisladores y funcionarios del ejecutivo, sus equipos de trabajo y personal institucional respecto de la problemática, la desvinculación de la política con la administración y la gestión pública, así como de los factores cuantitativos y cualitativos que inciden en ella, sus alternativas de solución nacionales e internacionales y sus resultados.

REFERENCIAS:

  • Campos, Julieta. “Qué hacemos con los pobres? La reiterada querella por la Nación”. Editorial Aguilar. Col. Nuevo Siglo. México, 1995,
  • Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. “México Hacia el 2025”. Coordinador Alberto Montoya Martín del Campo. Noriega Editores. Tomo 1. México, 2005. pp. 567 y ss.
  • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Informe ejecutivo sobre la pobreza en México, junio 2007.
  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
  • Heat, Johnattan. “Desarrollo Estabilizador?”. http://www.jonathanheath.net/index.php?option=com_content&task=view&id=836&Itemid=75 , consultada en noviembre de 2008.
  • Instituto Nacional de Geografía e Informática. Boletín de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica. Vol. 3 Núm.3, sep.-dic. 2007.
  • Lustig, Nora Claudia y Szekely, Miguel. “Mexico: Evolución Económica, pobreza y desigualdad. Washington, D. C., E.U.A. Dic. 1997. http://www.iadb.org/sds/doc/877spa.pdf, consultada en noviembre de 2008.
  • Mejía Valladares, José. “Do legislatures –and legislators- matter for poverty reduction? Peru Country Report, for IDEA. nov. 2008.
  • Presidencia de la República. “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”. http://pnd.presidencia.gob.mx/ , consultada en noviembre de 2008.
  • Ramírez de la O, Rogelio. “¿Hacia un cambio de modelo económico en México?”. En Le Monde Diplomatique. Primera plana. México, 5 de enero de 2009.
  • Revista “Fortuna”: “Fox Incremento la pobreza rural”. Ramírez, Erika. Año IV, Vol. 44, septiembre 2006. http://www.revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2006/septiembre/htm/fox_pobreza_rural.htm, consultado en noviembre de 2008.
  • Verdeja López, Jorge. “Tres Décadas de Pobreza en México. 1970-2000. Diagnóstico y Propuestas”. Instituto Polítécnico Nacional. México, 2001.

Sobre la Soberanía del Estado Mexicano

SOBRE LA SOBERANÍA DEL ESTADO MEXICANO

Por José Ramón González Chávez

La soberanía (del latín super–omnia: por sobre todas las cosas) es un concepto que sostiene nuestra organización política y robustece la dignidad de la Nación; nos da capacidad para tomar decisiones políticas fundamentales y crear normas en el marco de la constitución y fundamenta nuestra existencia como país libre e independiente; entraña supremacía dentro de las fronteras e igualdad en las relaciones con otros países.

Como forma de conciliar el poder de hecho con el de Derecho, la soberanía ha adquirido diversos matices según la manera en que se ha organizado y ejercido el poder político en una comunidad. Por la vinculación inevitable con aquél, desde que surgió, la soberanía ha sido uno de los tópicos más controvertidos de la Teoría Política y el Derecho Constitucional, a tal grado que es posible afirmar que hay tantos conceptos de soberanía como autores se han dedicado a su estudio, y que en sus respectivas argumentaciones la han defendido, atacado o aun negado.

Referencias Históricas

La soberanía, con las características que la han distinguido tradicionalmente, surgió en el medioevo como un instrumento para resolver los conflictos de poder entre el rey, el papado y los señores feudales. Al crear la figura del “soberano”, gobernante supremo del Estado-Nación, se legitima el poder al interior y al exterior del territorio. En el siglo XIV, Juan Bodino definió y sistematizó el concepto, y al hacerlo, legitimó el ejercicio del poder para crear las normas jurídicas y hacerlas cumplir coactivamente.

En el siglo XVIII, con el surgimiento del liberalismo, el concepto de soberanía se fue desplazando cada vez más del terreno político al jurídico. El debate en lo intelectual se centró entonces en la naturaleza, origen, residencia y ejercicio de la soberanía, y en los hechos, se reflejó en una contraposición de tesis: de un lado, los contractualistas (Hobbes, Locke, Rousseau) la situaron con todos sus atributos (inalienable, imprescriptible, suprema y absoluta) en una entidad colectiva: el pueblo, afirmando que la sociedad surge de un acuerdo de voluntades y que el Estado, producto de la razón, subsiste como unidad de poder que tiene su asiento en la “voluntad general”, auténtica soberana y, como tal, creadora de la constitución y el Derecho.

Del otro, los nacionalistas (La Salle, Sieyès) hicieron depositar la soberanía en la Nación, concepto basado en elementos de carácter sociológico, antropológico, étnico, geopolítico y cultural que permiten la permanencia de la tradición y crean en sus habitantes un sentido de identidad común. Esta última postura fue adoptada por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y por la constitución francesa de 1791, de donde pasó a España y de ahí, al pensamiento político y al constitucionalismo en hispanoamérica.

Al poco tiempo, el concepto de soberanía se convirtió en base conceptual de los movimientos independentistas, de gran utilidad para justificar la autodeterminación política, la identidad socio-cultural propia, la descolonización y la protección del patrimonio nacional, y en el ámbito internacional, les dio argumentos para demandar a los demás países un trato igual.

Por otra parte, al referirnos a nuestro país, cabe recordar que el conflicto bélico en Europa y el vacío de poder por el exilio de Fernando VII a causa de la invasión napoleónica a España, permitieron la germinación de los movimientos de independencia en las colonias novohispanas desde dos posiciones políticas divergentes: de una parte, los “realistas”, conservadores, comerciantes, clérigos y militares, defensores de la monarquía y de la doctrina de la soberanía nacional porque ésta garantizaba el mantenimiento de sus privilegios; y de otra, los “insurgentes”, liberales, republicanos, en su mayoría de base criolla y mestiza, defensores de la doctrina de la soberanía popular.

En la Nueva España, entre los documentos constitucionales más relevantes de la época insurgente, destacan los “Sentimientos de la Nación” del 14 de septiembre de 1813, que expresan en su punto número cinco que “la soberanía es popular y que es voluntad del pueblo depositarla en sus representantes”. De manera sobresaliente, la Constitución de Apatzingán de 1814, define con claridad y amplitud el concepto de soberanía (facultad de dictar leyes y definir la forma de gobierno); sus características (inalienable, imprescriptible, absoluta), su residencia (en el pueblo); y la forma como se ejerce (de manera directa, por los principios de autodeterminación, autolimitación; y derivada, a través de la representación nacional y la división de poderes); a su vez, el Acta Constitutiva de la Federación, del 31 de enero de 1824, prescribió: “La soberanía reside radical y esencialmente en la Nación”.

En la constitución de 1824 la expresión “soberanía” está ausente; si acaso en su introducción es mencionada como atributo del congreso. Durante las tres décadas posteriores, los diversos grupos políticos que disputaban el poder, se arrogaban la posesión y defensa de la soberanía nacional, convirtiéndola en un recurso retórico que era indispensable invocar.

La constitución de 1857 proclamó en su artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Con este precepto, aun vigente, el constituyente logró conciliar con gran sensibilidad y talento legislativo las nociones nacional y popular, e integrar los elementos básicos que conforman políticamente al estado mexicano: soberanía, pueblo, poder público y gobierno.

En la actualidad resurge en México, como en muchos otros países, un intenso debate sobre las distintas formas de concebir la soberanía, su naturaleza y características. Así, hay quienes postulan que la soberanía en un estado federal moderno se establece a partir de un arreglo institucional que permite una distribución vertical de competencias entre ámbitos de gobierno, la que se garantiza por el constituyente, único poder capaz de crearla y modificarla. En este marco de competencias, cada uno de ellos dispone de una soberanía limitada a su ámbito de acción. Otros afirman que si la soberanía es indivisible, los estados federados no gozan más que de una autonomía jurídica, política y administrativa.

Desde la perspectiva del constitucionalismo mexicano, según lo establecido en la Carta Magna, la soberanía se concibe como dual: su artículo 40 expresa que la república mexicana es “…democrática, representativa y federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación…”; por su parte, el artículo 41 dispone que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de éstos y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores…”. Esto no quiere decir que existan dos soberanías, ya que ésta por su naturaleza indivisible tiene un solo origen e idéntica legitimación, proviene de la voluntar popular expresada mediante el voto, pero se expresa en dos distintas vías: los poderes de la Unión y los de los estados. Este esquema permite un equilibrio eficaz entre el ejercicio de la soberanía en el ámbito federal y la de los estados, que se manifiesta fundamentalmente en las facultades de expedir su propia constitución y de formar parte de importantes instancias como el constituyente permanente, responsable de las reformas y adiciones a la Carta Magna.

La soberanía puesta al día

En el siglo XX, el estado nacional entró en un proceso de profunda transformación. Los conflictos bélicos mundiales, la guerra fría, el surgimiento de bloques regionales integrados, como la Unión Europea y el debate sobre la “globalización” obligan hoy a una profunda revisión del concepto clásico de soberanía desde la perspectiva internacional. En la era de la globalización tecnológica, política, económica, social y cultural, la realidad internacional influye de manera contundente en la constitución de todo país, sea cual sea su forma de organización jurídica y política.

Desde esta perspectiva, la vieja pugna entre contractualistas y nacionalistas se da ahora, según Dietr Nöhlen, entre los neo idealistas y los neo realistas: los primeros afirman que la soberanía debe ser vista y comprendida en sus relaciones con el pensamiento regionalista o universalista sobre la responsabilidad global (paz, derechos humanos, multiculturalidad, medio ambiente), que conduzca a un nuevo orden internacional organizado federativamente y basado en un “contrato social mundial”; también, que el carácter absoluto de la soberanía nacional ha entrado en colisión con el postulado de la sociedad mundial, lo que impide resolver adecuadamente los problemas globales, tanto estructurales (subdesarrollo, hambruna, amenaza ecológica, armamentismo) como de coyuntura (proteccionismo, recesión, endeudamiento).

En contraparte, los segundos sostienen que la soberanía nacional es la única forma de mantener el poder de cada estado y justificar su existencia en el sistema internacional, haciendo valer sus intereses; que debe regresarse a los esquemas de protección y defensa de las identidades locales como forma eficiente de garantizar al interior, el bienestar y la seguridad, y al exterior, construir en el marco global una entidad ordenadora internacional con una soberanía estatal limitada. Una tercera posición manifiesta que la soberanía nacional es una ficción, que de hecho nunca ha existido en su estado puro, pues siempre se han dado relaciones de interdependencia e influencia entre estados y que, más bien, lo que hay son ciertos espacios de libertad, merced a los cuales, los estados nacionales establecen su régimen interno, tomando en cuenta las necesidades y los márgenes de aceptación social.

LOS RETOS DE LA SOBERANÍA EN MÉXICO

En nuestro país, como en todo el mundo, el concepto de soberanía demanda una revisión a fondo. La recomposición en el ejercicio del poder, la necesidad de revitalizar el federalismo, el surgimiento de una sociedad civil cada vez más demandante, la presencia de nuevos actores políticos, la magnitud de la problemática social, entre otros factores, obligan a interrogarnos si el concepto de soberanía incorporado en las constituciones federal y local sigue siendo adecuado y suficiente para dar la base que requiere nuestra organización jurídico-política, frente a un entramado de relaciones cada vez más complejas al interior y al exterior de nuestras fronteras.

Es evidente que el concepto es necesario y útil, como lo es que debe ser puesto al día. Quizá los textos constitucionales que consagran la idea de soberanía pueden mantenerse intactos, aunque podría ampliarse su aprovechamiento merced a una visión más moderna y eficaz del Derecho. Mantenerse anclados en la lógica tradicional es ignorar los retos y desafíos y, también, las ventajas y oportunidades que nos impone el cambio de época que nos ha tocado vivir.

Los preceptos alusivos a la soberanía en la Carta Magna, poseen elementos que mantienen su plena vigencia y positividad, como el que radica esencial y originalmente en el pueblo y que por tener ese origen popular, se perfecciona en su ejercicio frecuente, como es el caso del voto; que se expresa de manera dual, a través de los poderes públicos federal y local, y dentro de nuestra entidad federativa, también por medio de los ayuntamientos.

Adicionalmente, en la doctrina y en algunos textos constitucionales de otras latitudes, existen figuras jurídicas que permiten la manifestación frecuente de la voluntad soberana ciudadana, como es el caso de las formas de participación democrática directa, que en la constitución general están ausentes. Habrá que revisar la pertinencia de incorporar al texto fundamental figuras como el referéndum, la iniciativa ciudadana, el plebiscito y la revocación del mandato, tal como ya lo han hecho constituciones de algunas entidades federativas.

Por lo que atañe a la dimensión internacional del concepto, el ejercicio de la soberanía no debe limitarse a la salvaguarda del territorio y de sus habitantes, lo que entraña una actividad pasiva, sino aprovechar el potencial proveniente de la globalización y lograr los mejores acuerdos, en posición de igualdad, con otros países, con los diversos sujetos de Derecho Internacional Público e, incluso, con las crecientemente activas organizaciones sociales con presencia internacional.

Por otra parte, se podría explorar la posibilidad de que los estados, que hoy sólo pueden celebrar “acuerdos interinstitucionales” en el ámbito internacional, los cuales se asemejan a declaraciones de “buenas intenciones”, sean capaces de suscribir tratados, si éstos se limitan a sus “regímenes interiores” y a asuntos de su competencia, con la participación de los poderes legislativo y ejecutivo de la entidad y, eventualmente, del Senado de la República, para verificar su constitucionalidad y legalidad, habida cuenta que, actualmente, muchas relaciones políticas, comerciales, culturales, etcétera, con entes extranjeros, se fincan en los intereses y las posibilidades de los gobiernos locales que también se han abierto al mundo, sin que esto atente contra las autoridades nacionales.

Finalmente, si la libertad es a los individuos, lo que la soberanía es a las autoridades, ésta debe ser inteligentemente ejercida, buscando pactos que se conviertan en oportunidades para las personas, sin las cuales, ella carecería de sentido.

BIBLIOGRAFIA

Arnaiz Amigo, Aurora (1980). “Soberanía y Potestad”. México, Ed. Porrúa, 2ª edición.

Bobbio, Norberto y Matteucci, Nicola (1982). “Diccionario de Política”. México, Ed. Siglo XXI. 1ª edicion en español, pp. 1534-1545.

Cárdenas García, Jaime. “México a la Luz de los Modelos Federales”. Boletín Mexicano de Derecho Comparado, Nueva Serie. Año XXXVII, n° 110, mayo-agosto 2004, pp. 479-510

Carpizo, Jorge (1983). “La Constitución de 1917”. México, Ed. Porrúa, 6ª Edición.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Comentada (1985). México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México (1995). Toluca, México, H. Cámara de Diputados, LII Legislatura.

Kotzur, Markus (2003). “La Soberanía Hoy. Palabras Clave para un Diálogo Europeo-Latinoamericano sobre un Atributo del Estado Constitucional Moderno”, en “De la Soberanía al Derecho Constitucional Común: Palabras Clave para un diálogo Europeo-Latinoamericano”. Häberle, Peter; Kotzur, Markus, Autores. Fix-Fierro, Héctor, Traductor. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas. 1ª edición, 2001; 1ª reimpresión 2003.

Ley Sobre Celebración de Tratados. Diario Oficial de la Federación, 2 de enero de 1992.

Nöhlen, Dietr. “Diccionario de Ciencia Política”. Ed. Porrúa y el Colegio de Veracruz, México, 2006, pp. 1268 a 1271.

Salazar Mayén, Rubén (1984). “Desarrollo Histórico del Pensamiento Político”. México, UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Serie Estudios, n° 16, 2 tomos, 4ª edición.

Unión Europea. “La Construcción Europea a Través de los Tratados. Los Principios Fundacionales de la Unión”. http://europa.eu/scadplus/constitution/objectives_es.htm. Consult. 2 de enero 2008.

Verdross, Alfred (1983). “Filosofía del Derecho del Mundo Occidental”. México, UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas, colección Filósofos Contemporáneos, Serie Textos Fundamentales, 2ª edición en español.

Modernidad, Postmodernidad y Derecho

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MODERNIDAD, POSTMODERNIDAD Y DERECHO

Por José Ramón González Chávez

El papel del Derecho en un mundo en crisis como el actual, sujeto al mismo tiempo a la globalización y a la contextualización, ya no puede seguir siendo ni el de una simple sujeción a los mandatos de la ley, propuesta por la modernidad, como si el juez no tuviera un amplio espectro de interpretación; ni tampoco -según la propuesta postmoderna- el de la libre creación del Derecho sin sujeción a regla alguna, puesto que la racionalidad y la previsibilidad de las decisiones son premisas a las que los ciudadanos no están dispuestos a renunciar.

Dentro de esta crisis en la que actualmente se encuentra inmerso el Derecho, la clásica definición positivista que aprendimos de nuestros profesores de Introducción al Derecho queda corta o se ve como pieza de museo frente a la nueva y amplia dimensión de lo jurídico. Esto, lejos de desalentarnos, debe implicar para nosotros una motivación; pues de hecho la misma palabra Crisis denota en su definición más que un estado incertidumbre negativa, un momento crucial, que ciertamente implica amenazas y retos, pero que también trae consigo ventajas y oportunidades. Es así como hay que verla cuando tratamos de comprender el papel del Derecho y del abogado en el siglo XXI.

Postmodernidad vs. Modernidad:

La postmodernidad se caracteriza como una época en la cual lo moderno es atacado, enfrentando sus fundamentos y sometiéndolos a crítica, con lo cual se pretende estructurar una forma de pensamiento que supere sus deficiencias e incorpore al modelo original los nuevos sujetos y los nuevos problemas que afectan al ser humano.

La crisis del paradigma de la modernidad se refleja necesariamente en el modelo jurídico que lo sustenta. El Derecho moderno, de corte Kelseniano puro, al encerrarse en su concha por temor a ser contagiado por elementos externos al mundo de lo estrictamente jurídico, se muestra cada vez más incapaz de dar solución a los problemas que aquejan a los nuevos sujetos de lo jurídico.

Al copiar el Derecho moderno el modelo racional newtoniano de ciencia, basado en la generalización y la sistematización accesible mediante la interpretación lógica, el sistema jurídico se convirtió en un sistema de reglas lógicamente claro, consistente y completo, bajo el cual toda situación era factible de ser racionalmente subsumida.

Así, en el Derecho de la modernidad, la solución al caso concreto y el sistema en su conjunto garantizaron su efectividad gracias a la fría y neutral sujeción a las leyes, sin tener en cuenta los factores extra jurídicos.

Según Max Weber los postulados de este derecho “Moderno” pueden resumirse en las siguientes premisas:

  • Toda decisión legal concreta debe ser resultado de aplicar una proposición abstracta a un caso concreto.
  • En todo caso concreto, es posible derivar la decisión de las proposiciones abstractas legales por la simple interpretación de su sentido lógico.
  • La ley es de hecho o virtualmente un sistema completo de proposiciones legales o, al menos, debe ser tratada como tal.
  • Lo que no puede ser construido legalmente en términos jurídicos debe ser considerado irrelevante para el Derecho.
  • Toda acción social de los seres humanos debe ser vista como una aplicación o ejecución de proposiciones legales o como una infracción a las mismas.

Este esquema, acentuado en el positivismo y afectado desde hace décadas por la cultura de la eficiencia economicista, ha tenido marcados efectos en todo el Derecho, sobre todo en el derecho público, colocándolo en la posición de simple agente de control gubernamental, realizador de la Razón de Estado; de un subsistema social sujeto ciegamente a la razón funcionalista, perdiendo así toda su dimensión como producto de la cultura.

Ante la encrucijada en la que nos coloca este cambio de época que os ha tocado vivir, los abogados, independientemente del espacio donde nos desempeñemos (académicos, postulantes, legisladores, servidores públicos del ejecutivo, juzgadores, políticos, miembros de la sociedad civil) y de la materia de la que nos ocupemos, debemos estar concientes de esta nueva realidad, y adoptar nuevos enfoques para encontrar mejores y más originales formas de afrontarla. Así:

– Para los académicos, es vital asumir que ahora el Derecho debe ser abordado no solo desde dentro, sino también desde fuera del ámbito estrictamente jurídico (papel de la política, de la economía, la sociología, etc. en la definición de lo jurídico) lo que resulta imprescindible si queremos generar una teoría jurídica fuerte y multiplicar la planta de profesionales aptos y de calidad.

– Para los postulantes este momento se presenta como una oportunidad de revalorar la profesión, rescatarla del descrédito social en el que se encuentra y contribuir a la formación de un marco ético que sustente un nuevo esquema de relaciones con la sociedad, que dé certeza y confianza.

– Para los abogados legisladores, el compromiso es grande, pues el número y profundidad de temas que se abordan es cada vez mayor, lo que nos exige una gran aplicación personal y un criterio abierto para comprenderlos e interpretar su relación con las necesidades y demandas sociales.

– Para quienes se desempeñan en los ejecutivos federal y locales, resulta más que obvia esta renovación en la forma de ver y entender lo jurídico, en tanto que encargados de aplicar no solo la ley, sino sobre todo la esencia que contiene, en un marco de servicio, de transparencia y de cuentas claras.

– Para los juzgadores, el reto está en reconocer que ya no es posible afirmar sin más que su papel se limita a la mera solución de los casos sometidos a su conocimiento; ni siquiera es posible sostener que su función sea simplemente la de decir cuál es el Derecho aplicable al caso concreto, pues su interpretación debe dejarse “contaminar” por otros subsistemas y considerar cada vez más a los sujetos, a fin de enriquecer su criterio y así ejercer su actividad de forma más social y justiciera.

¿La Paz por decreto?

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LA PAZ POR DECRETO?

Comentarios a declaraciones recientes del Ministro José Ramón Cossío

Por Jose Ramón Gonzalez

Hace unos días el ministro del a Suprema corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío publicó un artículo por el que expresa una especie “sugerencia” para que el ejecutivo Federal –y por ende es de suponerse que los ejecutivos de las entidades Federativas– tengan que justificar todas sus decisiones en materia de seguridad cuando intervienen las fuerzas armadas.[1]

El Argumento “cojea” notablemente al menos en su premisa principal, tanto en fondo como en forma, y más bien pareciera que ha sido producto de una invitación que le hubiera hecho “alguien” para escribir sobre el asunto, con el fin de preparar el camino a próximas reformas –tal como ha sucedido en ocasiones anteriores— que una idea propia que pretendiese atender y más aún resolver un asunto relevante de los muchos que por cierto tiene nuestra nutrida agenda constitucional. Se trata de la visión simplista y maniquea de la posición de las fuerzas armadas para determinar sus atribuciones, ya sea en tiempos de guerra o de paz, bajo la tónica de que si “no es blanco es negro”, lo que nos lleva a una falacia básica, cuando en el constitucionalismo moderno la interpretación y aplicación de las normas, prácticas y principios jurídicos se caracterizan por su flexibilidad, a fin de adaptarse a la realidad y su contexto y poder dar justicia, antes que aplicar de forma positivista a pie juntillas la ley, lo que es principio y fin del orden constitucional moderno.

En el terreno de las relaciones entre estados, una guerra, es decir, el fin del estado de Paz, se declara; hay tratados y protocolos internacionales al respecto. Pero una guerra interna es un hecho social que transgrede el orden establecido y al que el poder constituido debe hacer frente a fin de restablecer y mantener el orden constitucional, tal como lo señala la propia Carta Magna en sus artículos finales, 135 y 136.

Por si fuera poco, debemos recordar que en 2006 quizá el primer acto de gobierno del entonces presidente Felipe Calderón fue “declarar la guerra al crimen organizado”, a todo, no solo al que se dedica al narcotráfico; y el actual presidente, lejos de desmentir o extinguir esa declaración, ha comentado que lo que hay que hacer es un cambio de visión y estrategia, aunque todavía, a más de la mitad de su mandato, todavía no sabemos cuál sea y menos, por supuesto, cómo se pretenda aplicar y en los hechos, el mantener la tónica del régimen anterior.

Sin perjuicio de lo antes dicho, la atribución del ejecutivo para disponer de las fuerzas armadas por verse comprometida la seguridad del país, se encuentra en al artículo 89 fracción VI de la Constitución de la República y las atribuciones que se asignan en ese propio ordenamiento y en las leyes secundarias tanto al ejército como a la marina y fuerza aérea se entienden extendidas al ejecutivo, por ser este su comandante supremo.

La forma y términos en que ese ejecuta esta atribución se da en función de la naturaleza del problema a resolver (seguridad interior) y en atención al propio sistema de gobierno previsto en la Carta Magna: El ejecutivo, en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas puede y debe tomar decisiones tácticas y estratégicas para hacer frente a una contingencia de seguridad interior, tal como lo dispone el artículo 89 constitucional, mantener el orden y en su caso, restablecer la paz. Así sucede en cualquier otro país que en un momento de su historia ha tenido problemas de seguridad interior, como en EE UU, Reino Unido, Francia, España, etc.; ejemplos claros de cómo le han hecho frente a tales contingencias podemos ubicarlos fácilmente en el pasado reciente y aún en la actualidad. Baste ver lo sucedido en pasado 14 de julio ante el ataque terrorista en Niza, Francia.

Imagínense si para cada acción de defensa o de seguridad nacional se tuviera que hacer su respectiva y previa fundamentación legal; nos veríamos indefectiblemente en el riesgo de caer en una burocracia positivista que no abonaría en nada a la eficacia gubernamental que intenta imponer la nueva constitucionalidad.

En todo caso y en síntesis, me parece que antes que un asunto de legalidad, se trata de un tema de estrategia y táctica en términos de legitimidad política y de eficiencia operativa, en ejercicio de una atribución constitucional que busca la defensa y mantenimiento de la soberanía interior.

Pero aquí lo que sin duda ha descuidado el ejecutivo mexicano en años (sexenios?) recientes es lo relativo a la comunicación social interna y externa y a la administración y control de posibles riesgos a partir de las decisiones tomadas. No es un “asunto de semántica” como lo propone Cossío, sino de comunicación, de legitimidad y –reitero– de eficacia operativa. Ahí ni el ejecutivo ni sus fuerzas armadas, ni las de seguridad pública, han sabido encontrar el discurso y los métodos argumentativos adecuados para “vender” a la ciudadanía las decisiones tomadas, lo que se agrava aún más con una soberanía debilitada -desde adentro y desde afuera- por actores políticos y medios.

A donde va Cossio con su declaratoria? qué es lo que hay atrás? quizá habrá que releer a Karl Schmidt y/o a Kelsen y hurgar un poco en las hemerotecas para entender cómo se justificaron legalmente las acciones de Hitler, sin duda sustentadas en términos jurídicos, solapadas por el fanatismo político, pero de dudosa legitimidad en términos de derechos humanos.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/13/mexico/1468377245_737792.html

Importancia de la Investigación Jurídica en el México del Siglo XXI

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IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN EL MÉXICO DEL SIGLO XXI

Por José Ramón González[1]

(Publicado en la revista “Mundo del abogado”, agosto 2009)

 

La investigación es una de las actividades más importantes para el desarrollo de toda nación. Ésta, junto con la docencia y la extensión académica, conforma la trilogía básica con que debe contar toda institución de enseñanza superior, pública o privada.

En el campo del Derecho, históricamente y hasta hace relativamente poco, la investigación en México y en general en Latinoamérica ha tenido un carácter deontológico documental, es decir, se ha orientado al estudio de la norma jurídica escrita, debido sobre todo a la fuerte influencia del positivismo Kelseniano y sus variantes en la teoría y la praxis jurídica de toda la región y los países que la conforman.

Durante el siglo XX y más notablemente a partir de la década de los 70, el conocimiento ha sufrido un envejecimiento uniformemente acelerado. Mantenerse al día es cada vez más difícil para los dedicados al derecho, independientemente de su actividad profesional. El surgimiento y evolución de las redes, procesos y tecnologías de información y comunicaciones, aunados a lo que llama Luigi Ferrajoli la hiperinflación jurídica, hacen que lo que podemos llamar Derecho se vaya volviendo cada vez más complejo de conocer, comprender y aplicar, a tal grado que el mismo principio general que postula que la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento se encuentra en una severa crisis, productora de un serio debate que lo llega a poner en tela de duda.

Estudiar y comprender la realidad social para conducirla a través del Derecho; observar el impacto objetivo de las normas sobre las conductas del ente colectivo para perfeccionar el sistema jurídico, es un quehacer que desde siempre nos ha ocupado a los juristas. Pero a medida que la propia civilización avanza, que las personas, grupos y naciones amplían sus espectros de interacción, que la globalidad se impone objetivamente ante lo nacional y lo local, la profesión nos exige un cambio de actitud que nos permita al menos seguirle el paso a una sociedad cada vez más dinámica, y nos coloque a la altura de las circunstancias, convirtiendo en normas la realidad viviente.

Los problemas del presente y del futuro no pueden enfrentarse con herramientas y medios del pasado. La visión positivista o si se quiere formalista, que en su momento tuvo un gran alcance y utilidad, resulta cada vez más limitada, pues el Derecho, con todos los diferentes significados que pudiera implicar el término, se constriñe cada vez menos al mero producto del trabajo del legislador, del gobernante o del órgano jurisdiccional, abriéndose campo una visión más amplia, ubicada en una nueva perspectiva  que permite observarlo como un producto cultural, fuertemente permeado, en el plano horizontal, por los distintos factores del quehacer humano, ya sean sociales, económicos, políticos y culturales; y en lo vertical, como un fenómeno interactuante al mismo tiempo en diferentes ámbitos, que se circunscriben desde lo local, hacia lo nacional, lo internacional, lo regional y lo global.

En el contexto de la investigación jurídica, lo anterior nos lleva a afirmar que la contraposición de esta creciente complejidad y mutabilidad de la dinámica social en sentido amplio con los esquemas tradicionales y cerrados de producción de conocimiento jurídico, produce una contradicción esencial, primero al interior del Estado y luego en las instituciones de enseñanza superior, a la cual se intenta hacer frente desde diferentes trincheras.

Expliquémonos:

Desde su nacimiento como disciplina del saber humano, el Derecho ha tenido que buscar la manera –aunque hay que admitir que no siempre con éxito– de ponerse en forma y al día para seguirle el paso a la realidad, comprenderla, interpretarla y darle a la sociedad una forma de organización y convivencia más actual y eficiente. En este sentido, la investigación jurídica cumple un papel crucial en toda sociedad, en tanto que diagnostica un problema jurídico, entrega un pronóstico y ofrece posibles respuestas o alternativas de solución desde el punto de vista jurídico, considerado el Derecho como una triple conjunción entre ser, deber ser y tener que ser. De ahí que el Derecho requiera hoy más que nunca de una investigación documental y empírica actual, a fin de, entre otras muchas cosas:

  • Obtener más y mejores datos e información para analizarlos y tomar decisiones adecuadas en prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano;
  • Profundizar aspectos de una cada vez más amplia realidad socio jurídica;
  • Conocer nuevas teorías y sus desarrollos, para resolver problemas más complejos;
  • Analizar conceptos e ideas, comprobar o verificar hipótesis, vertidos todos ellos en infinidad de documentos existentes, y crear a partir de su reflexión y estudio nuevos enfoques metodológicos, tendientes siempre a reciclar conocimiento con valor agregado;
  • Vincular la teoría con la práctica, el deber ser con el ser social;
  • Modificar (crear, reformar extinguir) los diversos productos jurídicos para atender mejor y de manera más expedita las necesidades de la comunidad;
  • Evaluar la eficacia de las normas jurídicas; diagnosticar y conocer el derecho y su evolución en el tiempo y en el espacio y la manera en que contribuye al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural, a todas las escalas;
  • Ayudar a resolver problemas jurídicos concretos (conflictos, negociaciones, contradicciones, lagunas, imprecisiones, demandas, etc.).

En el ámbito académico, en general, los juristas hemos reaccionado con relativa lentitud. No es sino hasta tiempos relativamente recientes (curiosamente primero en el postgrado, pero afortunadamente ahora también en licenciatura) que las instituciones de enseñanza superior se han preocupado –y sobre todo ocupado– por incluir al inicio de sus programas de estudio la materia de Metodología de la Investigación Jurídica, con el objetivo de aproximarse a la disciplina no solo en los estudios teóricos, sino también en la aplicación práctica de los principales métodos y técnicas, formas de análisis y observación de la realidad. Para tal efecto, han incorporado tal asignatura en calidad de obligatoria a veces, electiva en otras.

En licenciatura, empero, es necesario resolver ante todo, la contradicción (desde nuestro punto de vista solo aparente) entre la investigación científica del Derecho y la orientación específica de alto sentido pragmático de las universidades privadas que cuentan con esta carrera.

En cuanto al postgrado, la asignatura de Metodología de la Investigación Jurídica intenta, a partir de un nuevo enfoque tanto en las especialidades como en maestría, formar a un especialista con una visión integral y una actitud científica, de tal manera que enfrente la realidad con una posición que vaya más allá de lo que el formalismo jurídico le plantea; y por ende, que asuma un rol activo y creativo en los procesos de búsqueda, adquisición y aplicación de los conocimientos jurídicos, que se materializarán en la presentación de resultados, mediante tesis, reportes de prácticas de campo, estudios de caso, proyectos de ley de resoluciones judiciales, de políticas públicas, etc.

A nivel de Doctorado, la asignatura de Metodología de la Investigación Jurídica resulta un gran aporte cualitativo y cuantitativo para el estudioso en su labor de generación de un conocimiento jurídico relevante, particularmente dentro de las líneas de investigación denominadas emergentes. Es impostergable que las instituciones de ecuación superior asignen a sus profesores e investigadores objetivos institucionales de investigación, tal como se realiza desde hace tiempo en las universidades de los países con alto nivel de desarrollo. Esto antes que un asunto de recursos materiales, es cuestión de actitud y de organización, de lo cual ejemplos sobran.

Vale mencionar que gracias a las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación como la Internet, se están creando a nivel nacional, internacional y global, bibliotecas, hemerotecas y centros de información multimedia, así como redes y foros de investigación jurídica en español, con lo que, si actuamos en el rumbo correcto, poco a poco podremos irnos colocando en posibilidad conocer los avances en la materia, sus tendencias y supuestos teóricos, sus implicaciones en cada país y región del mundo y podremos aportar nuestros propios productos de investigación y propuestas de solución a la problemática del ramo.

En fin, dada su estrecha relación con la dinámica social, el Derecho en nuestro país necesita de manera impostergable, de un renovado camino de conocimiento científico, lo mismo que de métodos y técnicas ágiles y eficientes para la investigar, comprender y aplicar lo jurídico -con todo lo que ese término significa-  que nos sean útiles para estar en capacidad de generar soluciones que constituyan un factor real y positivo de Cambio, así con “C” mayúscula, en el más amplio y profundo sentido de la palabra. Al final de cuentas, la ciencia se inventó para eso…

 

[1] Consultor y Investigador jurídico. Profesor de Derecho de la Universidad Anahuac del Sur. jrglezch@hotmail.com