Derecho y Estado Constitucional en el Siglo XXI

DERECHO Y ESTADO CONSTITUCIONAL EN EL SIGLO XXI

Por José Ramón González Chávez

Queremos la paz,

pero la paz no puede ser nunca mera ausencia de violencia,

sino que debe ser presencia y vigencia de la Constitución,

sin coacciones, extorsiones ni amenazas.

Fernando Savater

El uso de las Tecnologías y Sistemas de Información y Comunicación para producir conocimiento y en la práctica cotidiana sigue transformando cada vez con mayor fuerza nuestra realidad; por ello, la Ciencia en general y las ciencias sociales en específico han visto caer muchos de sus paradigmas que hasta hace poco parecían inalterables. En este contexto, el Derecho, el Estado y la Política, pilares en los que se sustenta el edificio constitucional, no están ajenos a este proceso de cambios tan profundos y trascendentes para el presente y el futuro de nuestra sociedad.

En la actualidad, una Constitución debe dejar de ser vista como un mero código, sino apreciarse ahora como un ordenamiento jurídico en sentido amplio, esto es, como un sistema ordenado de normas, principios y prácticas que independientemente de estar codificados o no, se consideran fundamentales y por lo tanto deben ser protegidos, exigidos y cumplidos por la autoridades y sociedad, dado que sobre ellos existe un sentido eminentemente político: un acuerdo en lo fundamental sobre el valor de sus contenidos, independientemente de las inclinaciones o gustos que cada individuo o grupo pueda tener.

De ahí que, al menos en su concepción sustancial, la Constitución sea ante todo y como su nombre lo indica, Política, si bien, en su aspecto técnico jurídico, el Estado Constitucional se conciba como una estructura institucional capaz de ofrecer un sistema jurídico político que, por un lado, establezca el más amplio espectro de derechos fundamentales, con sus respectivas obligaciones para ciudadanos y autoridades; y por el otro, determine las bases de la organización del poder público a fin de garantizar al interior, el ejercicio y cumplimiento de estos derechos y deberes, y al exterior, conducir acciones para promover y defender los intereses y expectativas del Estado como miembro de la comunidad internacional y a la vez influenciar la toma de decisiones globales, como un factor determinante de la soberanía en la actualidad.

¿En qué se distingue este nuevo régimen jurídico político denominado Estado Constitucional o Garantista del anterior llamado Estado de Derecho, o Legalista? Responder a esta pregunta excede por mucho los alcances de este breve texto; por tanto, de manera solo enunciativa me atreveré a señalar algunos de los elementos más importantes a riesgo de omitir algunos de similar envergadura:

  • En el antiguo régimen la positividad de una norma la daba su coercitividad es decir, su capacidad de ser impuesta, aun mediante el uso de la fuerza pública, en contra de la voluntad del sujeto de la misma. Por su parte, el nuevo modelo considera que una norma es positiva si al mismo tiempo se basa: a) en valores y principios; b) se produce formalmente de acuerdo a procesos previamente establecidos en el propio ordenamiento jurídico; y c) es dotada además del elemento coercitivo, de otro de carácter persuasivo por el contenido positivo de su esencia, que le da validez, al ser realmente observada y aplicada en la práctica social por considerarse que en su contenido existen valores que es importante cumplir por todos y de ahí su sentido político. Con ello, la norma – regla, es sustituida por la norma – principio.

En tal sentido, la Supremacía Constitucional debe ser respetada ahora ya no como cúspide de una estructura piramidal monolítica, tal como la consideraba Kelsen y el positivismo jurídico, sino como esencia nuclear de toda norma, principio o práctica que componga el sistema en su conjunto, pues de lo contrario, se despojaría a la Constitución, considerada tanto en su aspecto formal como material, de su carácter de Ley Primordial.

  • En los regímenes positivistas, la institucionalidad basada en leyes –que hasta cierto punto pudiera encontrar justificación histórica-, poseía por naturaleza un corte legalista, autoritario. De tal suerte, una gobernabilidad concebida desde esa óptica como Estado Legislativo, no trata de hacer justicia, sino de cumplir a pie juntillas con la disposición, aunque con ello pueda llegar a dejarse sin solución el fondo de la Litis, o en el peor de los casos, a producirse una injusticia, cayendo en un grave error de fondo: confundir legalidad con legitimidad de las decisiones jurídicas.
  • El modelo constitucional contemporáneo es de corte individualista. Coloca la dignidad humana y los derechos fundamentales en el centro de la estructura constitucional; mientras que, en el anterior sistema, las razones de Estado y el interés público se anteponían a los atributos jurídicos personales. De ahí que el nuevo modelo prevea un catálogo más amplio de derechos fundamentales y se internacionalice su protección, complementándose con un sistema complejo de mecanismos nacionales e internacionales encargados de garantizar su cobertura y ejercicio objetivo, cuando en el esquema de mediados del siglo XIX  a fines del XX el tema del contenido constitucional en la materia era, en última instancia, competencia exclusiva del régimen interior y de una sola instancia deliberativa en la materia: la Suprema Corte.
  • En la actualidad, todo código constitucional ya no es, como en el pasado, mero producto de una decisión legislativa suprema, sino más bien resultado del consenso mayoritario de los miembros de la comunidad política, con lo que la constitucionalidad adquiere ahora un sentido eminentemente democrático, ya no solo representativo, sino preponderantemente participativo, entendiéndose entonces la democracia como una consecuencia organizativa del ejercicio de la dignidad humana y en última instancia, de la constitucionalidad.
  • La rigidez formal que el principio de Supremacía Constitucional había impuesto secularmente el viejo esquema a la norma sustantiva abstracta, debe ahora de encontrar su justo medio, permitiendo que esta cuente con suficiente flexibilidad para que pueda materialmente ser capaz de ajustarse a las circunstancias que le marca el contexto en el que debe observarse, interpretarse y aplicarse a los casos concretos. En este esfuerzo, todos los operadores jurídicos, independientemente de la labor que realicemos, y la sociedad en su conjunto, tenemos el grave compromiso de lograr en la práctica cotidiana, construir, en el lenguaje de Häberle, una sociedad abierta a la interpretación constitucional, bajo la premisa de que todo aquel que vive la norma constitucional tiene el derecho y la obligación de interpretarla y aplicarla.

En efecto, en un Estado Constitucional y por ende democrático, todos tenemos algo –mucho- que decir y por lo mismo, habrá necesidad de aceptar diversas formas de hacerlo, todas ellas valiosas y considerables, bajo el entendido de que, tal como lo propone Stephen Hawkin, la verdad –en este caso, la verdad constitucional- deba ser conformada a partir de la suma y síntesis de todas las verdades posibles. Es ahí donde adquiere importancia medular la argumentación como requisito sine qua non de esta tan requerida interpretación, como vehículo indispensable para desentrañar la esencia profunda de la Lex (esencia profunda del sentido de justicia).

Esta tendencia a la justificación argumentativa (actuación en el sentido de justicia mediante argumentos), tiene su base en el principio actual de falibilidad de la ciencia e implica la necesidad de un mayor uso de la ponderación –con lo que la labor del juzgador adquiere un nuevo realce-, cuando en el viejo paradigma la subsunción y la decisión fundada en las atribuciones para tomarla bastaban para aplicar la Ley. El Derecho Constitucional se abre entonces a la multidisciplinariedad horizontal, cuando desde la Teoría Pura positivista el Derecho solo podía ser estudiado de forma vertical, desde el Derecho mismo.

  • En fin, desde la perspectiva neo constitucional, el Poder Constituyente cifra su legitimidad al pasar de ser el Gran Legislador, a erigirse en fuente principal de interpretación de la esencia primera y última de lo Constitucional, con el objeto de construir preceptos fundamentales que para ser válidos antes que coercibles, deberán reflejar de la manera más congruente posible el Ser, el Deber Ser y el Querer Ser del Estado, y habrán de estar contenidos en el núcleo de toda norma jurídica, independientemente de su materia y alcance, so pena de volverse inaplicables. Es ahí donde la Constitución adquiere en el nuevo paradigma toda su fuerza normativa, pasando de ser un mero manifiesto político a ser norma normarum, fuente del Derecho por excelencia y por ende, base del ordenamiento jurídico en su conjunto.

Sin perjuicio de lo anterior, valga decir que para pasar de la teoría a la práctica, el Estado Constitucional contemporáneo habrá de encontrar la fórmula de hacer convivir un modelo de Derecho Dúctil –tal como lo propone Zagrebelski, entre otros- que responda con eficacia a las exigencias de una sociedad líquida, producto de la Hipermodernidad globalizadora, cuya presencia, nos guste o no, es tangible e insoslayable, junto con los legítimos requerimientos de los núcleos sociales en desarrollo que, a pesar de todo, están haciendo un gran esfuerzo por construir una sustentabilidad política, económica, social y cultural y necesitan ser atendidos no solo de forma paliativa, sino en el largo plazo, al igual que las necesidades más imperiosas de comunidades de nuestro país, por desgracia no pocas, que deben ser rescatadas de una precariedad de corte pre moderno y se mantienen sumergidas desde hace décadas y aun siglos, en la exclusión y el olvido estructural.

¿Qué tan cerca o tan lejos está el sistema constitucional mexicano de convertir todos estos componentes del nuevo paradigma en actos jurídicos reales? Resulta indudable que podremos avanzar si todos asumimos con civilidad el compromiso de considerar la Constitución desde esta nueva óptica y volverla parte de nuestra cotidianeidad, hasta que el ejercicio continuo y permanente la conviertan en una forma de ver y vivir la vida social. Solo así podremos caminar realmente hacia la construcción y sustentabilidad de un verdadero Estado Constitucional para todas y todos los mexicanos.

Violencia y Democracia

VIOLENCIA Y DEMOCRACIA

Por José Ramón González Chávez

La democracia es causa eficiente, motor y razón del Estado Constitucional. Sin embargo, pareciera ser frágil ante factores que en la actualidad le son tan determinantes como la violencia, flagelo social de configuración dinámica y compleja al que incluso en un principio podría considerársele antagónico, pues la primera implica tolerancia, inclusión, acuerdos en lo fundamental, en lo que nos es común y nos afecta a todos independientemente de nuestros intereses y preferencias personales, y la segunda, la imposición de la fuerza a la razón y por ende, la negación de todos aquellos principios.

Para nadie es ajeno que la violencia es un gran instrumento mediático; el morbo que provoca el llamado “gancho de sangre” ha llevado a muchos medios de comunicación a emplearlo como modus vivendi y por ello durante años -si no es que décadas- se han dedicado a cultivarlo; lo fortalecen y lo hacen permanecer a tal grado que algunos de ellos han llegado a dedicarle casi la totalidad de sus espacios.

Morbo, temor, expectativa, divulgación, entre otras muchas cosas más, han venido generando y acrecentando una verdadera opinión pública que gira alrededor de la violencia; ha dejado de ser tema de especialistas o comunicadores de nota roja o amarilla para convertirse en vox populi. Todos hablan de ella, refieren anécdotas propias o ajenas, se convierten en jueces penales o criminólogos. Desde hace tiempo es más conocido el nombre de los grandes exponentes de la violencia que de muchos personajes de nuestra historia, pero casi nadie sabe qué es, quién la crea y la alimenta, por qué y cómo opera, para qué, para quién y cómo afecta a la vida democrática y al tan invocado Estado de Derecho. Quizá por ello todos, de una forma u otra, en mayor o menor medida, tengamos algo de culpa en el empoderamiento del tema.

Al igual que la seguridad, la violencia es ante todo una percepción. Lo preocupante es que esta ha permeado profundamente en muchas democracias contemporáneas incluyendo la nuestra. Ahora parece que un candidato, un partido o un gobierno es más popular ya no por sus propuestas de solución a los problemas sociales, económicos o políticos sino en la medida en que su discurso se torna violento hacia sus opositores, hacia las instituciones y los gobiernos, constituidos o precedentes.

Lo vimos en el reciente proceso electoral, tanto en los “debates” como en sus declaraciones ante los medios, cuando un candidato resultaba mejor calificado no en la medida en que era capaz de ofrecer soluciones convincentes a los problemas comunes, sino mientras más insultos profería a sus contendientes, convirtiendo el intercambio y discusión de visiones de gobierno en una simple, llana y triste guerra de lodo

Esto tal vez pudiera deberse a una lectura equivocada de la actitud ciudadana de considerar la violencia en el lugar más alto en sus preocupaciones, por encima de temas tan cruciales para el desarrollo democrático y social como la seguridad, el empleo, la salud, la educación, la gobernabilidad; y es que la violencia rasga ese entramado de relaciones, intereses y expectativas individuales y de grupo que llamamos el tejido social con balas, descuartizamientos, genocidios, terror, impunidad; la violencia llegó para quedarse en él y ocupa desde hace tiempo ya y por quien sabe cuánto tiempo un lugar de privilegio en las historias locales y por supuesto en la nacional.

Todos, gobernantes gobernados, líderes de opinión, ciudadanos de a pie, hemos aprendido a vivir con la violencia, en hacerla parte de nuestro entorno cotidiano; a volvernos resistentes y a veces hasta indolentes ante los delitos, los abusos, los insultos, las amenazas; indiferentes frente a crímenes de lesa humanidad, ante los genocidios de campesinos, de migrantes, ante las fosas clandestinas llenas de gente sin cara, sin nombre, mostrándonos que la violencia quizá no sea más que la cara visible de un conflicto social que prevalece en el fondo, lo que nos mete en un ciclo autodestructivo que pareciera llevarnos a un callejón sin salida.

En este estado de cosas, surge obligadamente preguntas como ¿qué relación hay entre transición democrática e incremento uniformemente acelerado de la violencia y la criminalidad? ¿de qué forma construir y mantener un sistema democrático en este entorno? ¿Será posible superar este panorama, pasar de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón, sin más crueldad, sin más violencia, sin derramar más sangre?

Los estudios sobre violencia y democracia surgen en Sudamérica a inicios de los años 60, en países que desde esas épocas han sufrido esta cruda situación como Colombia (vid Guzmán, Fals y Umaña “La Violencia en Colombia. Estudio de un Proceso Social”, Bogotá, Ed. Tercer Mundo”, 1962).

En México, el fenómeno de la relación entre violencia y democracia está modificando la estructura, conducta e imagen del país tanto al interior como al exterior y por ende trastoca la planeación, diseño y operación de la política pública y la denominada gobernanza a todos los niveles: federal, estatal, municipal; sin embargo, existen muy pocos textos sobre el tema y los que hay son superficiales o poco recientes. Basta un simple chapuzón a la Internet para constatarlo.

Parece paradójico que la violencia sea un tema de mayor preocupación en la opinión pública y que contradictoriamente exista poco interés o una especie de “autocensura” para estudiar y comprender con seriedad su naturaleza y características, causas y consecuencias, así como su obligada vinculación con la democracia y el Estado Constitucional, a fin de buscar y ofrecer opciones viables para su solución, lo que hasta el momento no ha sucedido y por desgracia no vemos cómo pueda suceder, tomando en consideración el discurso que hasta el momento ha mantenido el gobierno entrante.

De la PGR a la Fiscalía General: Algunas implicaciones jurídicas

DE LA PGR A LA FISCALÍA GENERAL: ALGUNAS IMPLICACIONES JURÍDICAS

Por José Ramon González Chávez

Uno de los temas que ocupan un lugar preponderante en la agenda política nacional desde hace tiempo –al menos desde 2008 que comenzó el proceso de reforma al sistema de justicia- es el relativo a la conversión de la Procuraduría General de La República (PGR) en “Fiscalía General” y su esperada -por muchos- autonomía jurídico funcional. Vale mencionar que este asunto, que desde la campaña electoral está entre los previstos en la agenda del próximo ejecutivo federal, no es un asunto menor; tiene un buen número de aristas que deben de apreciarse en toda su amplitud y profundidad, primordialmente en materia jurídica y constitucional. En esta ocasión me referiré de manera tangencial y enunciativa solo a algunas de las más importantes:

Dentro de la estrategia transicional, es de la mayor relevancia separar del tema político de la designación del titular lo que es el delicado proceso de reingeniería institucional, tan necesario para lograr tanto la eficiencia del paradigma jurídico constitucional vigente y su nuevo sistema de justicia, como para evolucionar el modelo anterior de la hasta ahora PGR al nuevo requerido de una fiscalía general que entre otros tiene el gran reto de integrar además otros organismos de alta relevancia para la gobernanza de nuestro país, como las fiscalías anticorrupción y la electoral.

Ante todo, debe tenerse en cuenta que la procuración de justicia es un elemento imprescindible de todo sistema integral de seguridad y justicia, junto con las actividades de policía preventiva, administración de justicia y penitenciaria y el hasta ahora tan olvidado tema de la reinserción social, enfoque sistémico que debería por fin ser aplicado por la nueva administración federal, ya que las anteriores lo han mantenido en el mero terreno de la retórica.

Con base en lo anterior, el proceso de conversión de la PGR a Fiscalía General deberá prever una revisión seria de la situación que guardan los procesos internos de procuración de justicia, y con visión estratégica dimensionar los recursos que requiere la nueva institución para hacer frente a sus retos actuales y futuros, así como los mecanismos de coordinación intra e interinstitucional vitales para su eficiencia y eficacia operativa.

El plan estratégico para la transición deberá desarrollarse de forma armónica con los términos de la reforma, y comprender necesariamente el diseño de una nueva estructura orgánica y funcional, tarea técnica administrativa que deberá ser congruente con los retos y expectativas institucionales, así como a los planes programas y acciones específicas requeridos para su atención. En este ámbito faltará hacer, y sobre todo mantener actualizados, los manuales generales de organización, procedimientos y servicios al público, de lo cual –hay que decirlo- se ha carecido en términos reales hasta ahora.

En paralelo y por cuerda separada, la transición deberá abordar y resolver el delicado asunto de la designación del titular y sus demás funcionarios, que se ha convertido en una cabeza de turco que exige ser desenmarañada de una vez por todas. Todo indica que al menos por el momento no habrá necesidad de reformar el artículo 102 de la Constitución de la República (Creación de la Fiscalía General y desaparición de la PGR); sin embargo, habrá que poner en vigencia la aun pendiente ley orgánica del mismo, ordenamiento que debería prever con especial énfasis temas como la mencionada actualización permanente de la estructura orgánica y funcional y el reglamento interior; la creación de un Consejo Consultivo de la Fiscalía y de un Consejo ciudadano que se conciba como mecanismo de participación directa de la ciudadanía en las decisiones relacionadas con políticas, planes y programas, con su respectiva ponderación previa y evaluación una vez operados, con lo que se generen condiciones para conseguir la recuperación de la confianza ente los actores y sujetos involucrados dentro y fuera de la institución.

Todo parece indicar que no habrá el denominado “pase automático” de todo el personal de PGR a fiscalía. La transición implica forzosamente un proceso paulatino de depuración, que deberá estar acompañado de acciones jurídicas que lo fundamenten y den garantías al personal. Al mismo tiempo, para su consolidación y sustentabilidad de la nueva plantilla, deberá diseñarse y ponerse en operación un servicio de carrera que tendrá que ir acompañado de un soporte jurídico administrativo que permita la reestructuración en serio de plazas, puestos, salarios, prestaciones, equipamiento y acciones de formación, capacitación y actualización permanentes.

En cuanto al nombramiento del titular y otros funcionarios relevantes de la nueva fiscalía, cabe decir que es el aspecto que mantiene mayor opacidad; su manoseo e incluso enlodamiento en la instrumentación de las disposiciones constitucionales, han llevado a un estancamiento que hace otras cosas que la PGR carezca de titular hasta ahora, lo cual es verdaderamente inaceptable teniendo en cuenta que todo Estado debe garantizar la integridad seguridad jurídica de la población y, más allá de la mera aplicación a la letra de la ley, dar Justicia, que es lo que exige el nuevo sistema.

Es evidente que por la naturaleza de sus atribuciones el nuevo Fiscal General requerirá de una verdadera autonomía de decisión y acción respecto del presidente de la República, pero no se aprecia hasta el momento voluntad política para que así suceda en la realidad. En todo caso, el tema es por demás delicado, sobre todo si se tiene en consideración que se prevé que sea el Fiscal General ya no el Senado, quien a partir de ahora tenga la responsabilidad de nombrar a los fiscales anticorrupción y electoral. Lo cierto es que esto sigue sin quedarle muy claro a la ciudadanía a partir de las declaraciones hechas recientemente por el presidente electo, mismas que incluso han llegado a caer en contradicción con las de quien se supone estará a cargo del gobierno interior desde la Secretaría de Gobernación.

En la misma tesitura, algo que ha sido poco abordado por propios y extraños es lo referente al marco de autonomía o libertad de acción de los servidores públicos con cargos directivos hacia adentro de la Dependencia (vicefiscales, titulares de unidades especializadas en investigación y persecución del delito, servicios periciales, entre otros), para que puedan convertir en actos concretos los principios de imparcialidad interna, flexibilidad de nombramiento, actualización de estructuras, creación extinción de órganos, independencia de investigadores, entre otros tópicos que iremos abordando en entregas posteriores.

Todo lo anterior nos hace ver que el proceso de transición que debe llevar a la PGR a convertirse en Fiscalía General de la República ha rebasado por mucho la retórica electoral que debe ya quedar atrás, y que el reto ahora consiste en avocarse a su análisis transversal, multidisciplinario, minucioso y responsable por parte de la próxima administración, la ciudadanía y los medios.

¿Descentralización o centralización expandida?

¿DESCENTRALIZACIÓN O CENTRALIZACIÓN EXPANDIDA?

Por José Ramón González Chávez

(Publicado en agosto de 2018)

Entre los temas que se ha lanzado a la opinión pública justo después de las elecciones federales –no para comunicar decisiones sino ver la reacción de la opinión pública y los distintos sectores y actores políticos, económicos y sociales- es el de la “Descentralización” de las Secretarías de Estado a las capitales de las entidades de la federativas.

Apenas a una semana de las elecciones AMLO anunciaba ante líderes de la Concamin su “Plan para descentralizar” Dependencias y Entidades, bajo la premisa de “que el fin es que haya desarrollo parejo en todo el territorio” pues los estados del norte, centro y occidente crecen más mientras que los del sur están estancados o de plano han decrecido.

Como especialista en Administración Pública y desarrollo regional me siento comprometido precisar al menos tres aspectos técnicos fundamentales sobre el tema:

1. El término “descentralización” es poco adecuado para denominar esa medida.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé en su artículo 1° que ésta es Centralizada y Paraestatal; la primera integrada por Dependencias (Secretarías de Estado, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Órganos Reguladores Coordinados, además de que también en este rubro técnicamente están los Departamentos que desde mi opinión erróneamente los han desaparecido) y la segunda por Entidades (organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones y organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y fideicomisos públicos).

En este segundo rubro, la doctrina señala que la descentralización es una forma de organización administrativa distinta de la centralización y la desconcentración por por tener régimen jurídico y patrimonio propio, así como autonomía de gestión, motivo por el que las Secretarias en tanto Dependencias del ejecutivo federal no pueden ser descentralizadas, ya que forman parte de la administración pública central y como tales no cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, ni autonomía de gestión; por lo mismo, tampoco podrían considerarse como organismos desconcentrados, puesto que las Delegaciones Estatales ya lo son de estas, son sus representantes a nivel local. De darse así, se caería en la aberración de tener organismos desconcentrados de organismos desconcentrados, extendiéndose el problema a la organización y funcionamiento de los también propuestos “Delegados Generales”, provocando contraposición o duplicidad con el régimen jurídico, administrativo y de gestión de las Secretarias en los Estados donde serían reubicadas y llevándonos a una especie de centralización expandida y simplemente dispersa hacia los territorios estatales, que podría traer más desventajas que bondades.

2. La mera presencia de una Secretaria en la capital de un estado no provoca por sí misma el desarrollo en una entidad federativa.

Según datos del INEGI[1], dentro de las entidades que crecen por arriba de la media nacional también hay sureñas como Yucatán y Quintana Roo y entre las que tienen una contribución al crecimiento menor a la media o incluso tasa negativa, también hay estados del norte y del centro, como Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Zacatecas y Morelos. También se contradice con el caso de la Secretaria de Economía, que supuestamente sería reubicada en la capital de Nuevo Leon, estado con uno de los mayores índices de crecimiento económico del país, que no ha requerido de la presencia de ninguna Secretaria en su territorio para lograrlo.

Independientemente de lo que signifique el término “crecimiento parejo” el próximo ejecutivo federal debería impulsar el desarrollo regional no a partir del aumento de la burocracia federal en los territorios estatales, sino mediante el fortalecimiento de la organización y la actividad económica y social en cada estado y sus municipios; del relanzamiento de la participación transversal de las dependencias y entidades a través de sus delegaciones para acompañar los proyectos y programas locales prioritarios; con el soporte financiero de la Secretaría de Hacienda hacia esos proyectos y su correspondiente supervisión y evaluación en cuanto a contenidos, montos y resultados.

3. La medida tal como ha sido expuesta en los medios no reúne las características requeridas para ser considerada técnicamente un “Plan”.

Hasta el momento se desconoce de la existencia de un verdadero Plan en términos estratégicos que en sí mismo exige tiempo, dinero y trabajo, debiendo contemplar visión, misión, objetivos, políticas, estrategias y acciones, derivadas del análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos; tomadas en cuenta las necesarias estimaciones económicas, sindicales, laborales, sociales, de logística, tiempos de implementación, infraestructura adecuada en las ciudades que recibirían de un golpe a miles de trabajadores con sus familias, cuyos miembros necesitan escuelas, hospitales, vías de comunicación, transportes, mercados, servicios urbanos, compatibilidad en caso de que haya en la familia quienes trabajen en diferentes dependencias o entidades federales, implicaciones culturales de adaptabilidad, entre otros muchos temas delicados de los cuales por cierto se ha prescindido de consulta, tanto ciudadana como de especialistas y de los organismos públicos, estados y municipios y afectados.

El espacio se agota y quedan muchas aristas siquiera por señalar. Cerraré la nota comentando que la idea (eso es hasta el momento) tal como se ha venido planteando carece de elementos técnicos básicos para la concreción de un Plan de desarrollo de alcance nacional, que para tener utilidad práctica que en lugar de basarse en llenar de burocracia federal a las capitales estatales, lo haga en políticas públicas transversales que realmente logren que ningún estado contribuya a menos del 0.1% del PIB nacional, con especial atención a los cinco estados que se mantienen con tasa negativa, lo que realmente sí sería un logro a nivel nacional.

Quizá por eso sea que de hecho la mal llamada “descentralización” ya ha sido descartada públicamente por varios de los colaboradores cercanos del presidente electo, entre ellos Alfonso Romo su designado jefe de gabinete y Esteban Moctezuma propuesto como Secretario de Educación Pública. Usted mi único lector, ¿qué opina?


[1] http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx.

La Justicia para Adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: Cómo mejorarla?

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL NUEVO SISTEMA CONSTITUCIONAL: CÓMO MEJORARLA?

Por José Ramón González Chávez

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no debemos estar ajenos ni ser indiferentes, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar un proceso de evolución de su sistema jurídico transitando del paradigma positivista al Estado Constitucional, esto es, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En este afán, y en el marco del nuevo sistema, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño –suscrito desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces–, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, aquella franja de la población ubicada entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma del 12 de diciembre de 2005 al artículo 18 de la Carta Magna implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado que brinde a los y las adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este, como un modelo “a escala”, variando si acaso solo en la intensidad de la aplicación de las penas, lo cual constituye una seria deficiencia de apreciación, teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor preponderancia.

En tal sentido es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así poder brindarle un tratamiento integral, multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) y multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado es un actor y regulador sustancial en el nuevo sistema de justicia en la materia, al estar encargado de la fase de ejecución de la sentencia, donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia con el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que actúan de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad, impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia.

En el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada la evidente importancia social que reviste, juega un papel determinante para conseguir mejores condiciones de seguridad y lograr la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

Trump y el regreso de Carlos Salinas

EL ESCENARIO TRUMP Y EL REGRESO DE CARLOS SALINAS

Por José Ramón González

Publicado el 6 de marzo de 2017

Hasta el momento, las reacciones al “discurso de las trumpadas” (denominación acuñada por los “genios” de comunicación social del Senado de la República) lejos de ayudar a los migrantes o impedir la conclusión del Muro de la Tortilla (como se le llamó al inicio de su construcción durante el gobierno de George Bush papá a principios de los 90) no ha hecho más que abonar al posicionamiento de Trump y rescatar del baúl de los recuerdos de los norteamericanos los viejos fantasmas consecuencia natural del nacionalismo blanco: la cerrazón, la intolerancia, el racismo, la exclusión.

Esta coyuntura, parece ser terreno fértil para el reposicionamiento de otro fantasma, en este caso mexicano: El salinismo que de una u otra manera ha mantenido su presencia no solo en la mente del ser colectivo nacional sino en la integración de los gabinetes de los ejecutivos federales y muchos estatales, desde 1994 a la fecha, con una doble intención:

1. En lo económico, fortalecer tanto a las empresas y grupos que lo patrocinaron como a los que creó, al poder participar en la versión actualizada y recargada de su máxima obra macroeconómica que viera la luz hace 23 años y continua vigente: el TLCAN que dio origen a la estrategia de libre comercio mexicana, la que al paso de los años y sexenios ha producido casi medio centenar de tratados y acuerdos con diversos países, regiones y grupos económicos internacionales y cuyos contenidos por cierto giran alrededor de las llamadas “Reformas Estructurales”, siendo Comunicaciones y Energía, las más relevantes en tal sentido; y

2. En lo político, mover estratégicamente sus piezas clave en el ajedrez de las decisiones de gobierno, a fin de reinstalar y continuar su proyecto y recomponer su poco envidiable imagen histórica, creada en gran medida –también hay que decirlo- más que por hechos reales y objetivos, por los innumerables detractores con que cuenta dentro y fuera de su partido.

Recordemos que a fines del año pasado primero en noviembre en entrevista con “The Economist” y luego en el Reforma y el Universal, Carlos Salinas de Gortari hizo declaraciones mediante las que, contrario a la visión de Trump, se erigió en portador de la bandera en la defensa y renegociación, no extinción, del TLC, lo que desde su apreciación, traería grandes ventajas como:

– Contar con una estrategia regional de competitividad ante las industrias y productos chinos;

– Las Grandes empresas ante el incremento de su productividad “jalarían” a las Pymes de ambos lados de la frontera, reactivando las economías internas por ser este tipo de empresas las que más empleos generan;

– Por lo mismo, en lugar de que se eliminaran millones de empleos por la extinción del TLC, su renegociación constituiría para ambos países una solución a sus economías internas, además de contribuiría a disminuir sensiblemente la migración indocumentada.

Inmediatamente después a la publicación de este ensayo, su Sobrina Claudia Ruiz Massieu, entonces Secretaria de Relaciones exteriores, se reunió con el Consejero de Estado Chino Yang Jiechi para resolver diplomáticamente las diferencias bilaterales en relación con la repentina no firma de dos contratos multimillonarios en dólares: el tren de alta velocidad México – Querétaro, y el Dragon Mart, en los que la intervención del ex presidente Salinas ha sido expuesta por diversos medios.

Inmediatamente después también gente de los medios ligada al ex mandatario, omitiendo nombres que se conocen a voces, hablaron sobre esa propuesta y pusieron en evidencia la intención del grupo liderado por Carlos salinas para apoderarse de la política exterior y la renegociación del TLC. Solo así se explican los posteriores cambios que hizo el Presidente Enrique Peña Nieto, solo por mencionar algunos, en la Secretaría de Relaciones Exteriores de Luis Videgaray por Claudia Ruiz Massieu Salinas (ahora Secretaria General como lo fue su Padre Jose Francisco y quizá próxima presidente del CEN del PRI) y el nombramiento del titular de la embajada de México en EUA, que increíblemente tenía bastante tiempo acéfala siendo la más importante del servicio exterior de nuestro país y el cambio del discurso de Trump inclinado ahora a la renegociación de lo que para ellos es acuerdo, el NAFTA, no tratado, lo es para nosotros el TLCAN.

De la influencia de Carlos Salinas en la Política interior y el forcejeo y distanciamiento con el actual Ejecutivo Federal, mi único y querido lector, ya ni hablar: en ella tiene incrustada gente de primer y segundo nivel en no pocas carteras, así como en el manejo político y de medios de los procesos contra algunos gobernadores, desde Moreira hasta Borge, lo cual será materia de otra entrega…

El Sistema Democrático Mexicano: Transición o Consolidación?

EL SISTEMA DEMOCRÁTICO MEXICANO:

¿TRANSICIÓN O CONSOLIDACIÓN?

Por José Ramón González Chávez

(Elaborado en julio de 2015)

El proceso de desarrollo del sistema democrático de un país es muy complejo y su eficacia objetiva y su velocidad de instauración dependen en gran medida tanto de la tradición histórica, de la cultura política de la sociedad civil, como de la voluntad política de los tomadores de decisiones, de la calidad y capacidad de liderazgo de los actores políticos e incluso de las propias condiciones del entorno jurídico, político, social, económico, cultural, etc. en el que surge y se desenvuelve.

En tal sentido, podría llegar a afirmarse que todo proceso de cambio democrático, en su evolución, presupone al menos tres etapas:

  1. Dos Factores de Hecho:

A) La Crisis del régimen anterior; y

B) la Elección que produce el cambio;

2. La Transición, que viene en consecuencia y en la que se van desechando en forma gradual las normas, principios y prácticas del pasado y los esquemas vinculatorios con los poderes de facto, suplantándose por nuevos valores, reglas, instituciones y actitudes hasta llegar a la Instauración democrática; y

3. La Consolidación del nuevo modelo a través de elementos que afianzan al nuevo régimen y lo legitiman tanto al interior del Estado como en la comunidad internacional. Entre ellos, destacan solo por mencionar algunos de los más importantes:

  • La gobernabilidad y su efectividad en términos económicos, políticos y sociales;
  • La forma de resolver las contradicciones y afrontar los desafíos;
  • La forma de entender y asumir la Reforma del Estado (Población, Territorio, Poder, orden Jurídico) y del Gobierno (los órganos del poder público: legislativo, ejecutivo, judicial, órganos constitucionales autónomos);
  • La modernización de la gestión pública, o más ampliamente, de “Lo Público”;
  • El papel de los partidos políticos y la ciudadanía en el proceso;
  • La renovación de relaciones del encargado del gobierno con los factores reales de poder y los grupos de presión;
  • La presencia, actuación e influencia del nuevo modelo y sus propuestas ante los organismos internacionales

Este tercer y último aspecto, la Consolidación, que por su naturaleza y características suele ser el más complejo, como concepto teórico político es de cuño relativamente reciente; tiene su origen en el proceso de sustitución del régimen dictatorial en España sucedido a partir de la muerte de Franco y sus equivalentes en Portugal y Grecia a mediados de los años 70 del siglo pasado, los tres contribuyentes significativos para la conformación del modelo.

Morlino la define como el “proceso de reforzamiento, afirmación, robustecimiento del sistema democrático, encaminado a aumentar su estabilidad, su capacidad de persistencia y a contrarrestar y prevenir posibles crisis” [1].

Con base en tal definición, ese proceso de robustecimiento del sistema democrático instaurado –como he afirmado arriba- de manera jurídica, política, social y cultural -diríamos en resumen, estructural-, se ha venido dando de manera constante y permanente en nuestro país, aunque no sin tropiezos ni desafíos, pero que finalmente han podido irse superando en la medida de que de una u otra forma se han dado e instrumentado los acuerdos entre las distintas fuerzas y actores políticos.

En efecto, dentro de los rasgos que a mi juicio caracterizan la consolidación del sistema democrático mexicano, se encuentra uno que algunos autores han dado en llamar “compromiso democrático” y que se presenta cuando los actores políticos significativos determinan la forma en que se va a presentar y desarrollar la legitimación política, mediante el acuerdo de un marco general de reglas del juego, aceptadas por ellos en primera instancia, luego refrendadas con amplitud por el electorado, y en fin, expresadas objetivamente mediante conductas y actitudes a todos los niveles y en todos los ámbitos del quehacer político.

En el caso de México, este acuerdo y estos comportamientos objetivos de los actores y sujetos políticos para avalar la transición y desechar el estado de cosas anterior, desde luego con sus matices, han estado y siguen estando presentes en su práctica cotidiana y constante, a través de los medios de comunicación, de la comunidad política y del gobierno, con sustento en la mencionada aceptación mayoritaria -tácita o expresa- de la ciudadanía, lo que desde mi apreciación conforman rasgos distintivos y evidentes de la transición, engarzados de manera tridimensional:

  • En el ámbito Normativo, a través de un marco de reglas de comportamiento e instituciones encargadas de su salvaguarda y ejecución, que en su conjunto sustentan la consolidación democrática en su sentido formal. Cabe hacer aquí la mención del Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que han contribuido de manera crucial a la instauración y consolidación institucional del nuevo sistema democrático y a darle credibilidad hacia la ciudadanía;
  • En el ámbito Axiológico, mediante valores y principios que al ser convertidos en actos y actitudes de actores y sujetos, contribuyen a la consolidación democrática en su sentido material.
  • En el ámbito Cognitivo: por medio de conocimientos, creencias y percepciones sociales respecto de los contenidos de normas, principios y acciones que van dando sentido cultural a dicha consolidación.

Este trayecto gradual hacia la consolidación democrática en México se ve reflejado en la pluralidad no solo de contendientes político electorales y los partidos que los postulan y sustentan, sino también en el equilibrio fáctico de la representación en los distintos espacios de gobierno ocupados por los funcionarios electos en los tres ámbitos de gobierno

1.- Competitividad en los poderes Ejecutivo y Legislativo federales

2.- Competitividad a Nivel de Gobiernos Estatales

3.- Competitividad a Nivel de Gobiernos Municipales

Si bien, la transición democrática de un régimen de partido dominante a uno plural y competitivo es un hecho real, tangible y aun medible, es conveniente también considerar junto con este tan importante factor, otros de igual relevancia en el esfuerzo de transformación de fondo, como el mejoramiento de las condiciones de bienestar social y económico y la gobernabilidad, esta última comprendida como el conjunto de condiciones necesarias para que pueda darse un gobierno que goce de eficacia, sobre todo en términos del mejoramiento de las condiciones de bienestar, de eficiencia en la administración de los recursos nacionales y de legitimidad y apoyo social.

Sin perjuicio de los avances logrados en materia político electoral, considero, siguiendo a Norbert Lechner, que al proceso político de consolidación del sistema democrático en México le falta un mapa mental de largo alcance, que defina con certeza el espacio y el rumbo políticos a seguir [3], cartografía que hasta el momento ni desde el gobierno, ni desde los partidos, ni de los actores políticos se ha logrado todavía concebir y que por lo visto, desde la ciudadanía por sí sola, resultaría difícil de construir y convertir en hechos.

Así parece ponerlo en evidencia el reporte más reciente de la Encuesta Nacional Sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP) [4], donde se remarca por un lado, que el electorado que mayoritariamente reconoce el valor de la democracia, la acepta como el “only game in town” [5] y rechaza el autoritarismo a cambio de mejoramiento de sus condiciones económicas; pero por otro, en cuanto al buen funcionamiento del sistema democrático y la confianza en instituciones y actores, el resultado es pobre; y en extraña paradoja, tal vez como producto del resabio proteccionista, destaca la poca intención de la ciudadanía de participar en el proceso de consolidación, siguiendo la línea de endosar dicha responsabilidad en el gobierno, concepto dentro del cual, por la misma razón, irían incluidos además de los órganos del poder público, las instituciones y los actores políticos, condiciones todas estas determinantes de un proceso de consolidación democrática plena.

Para algunos [6], la transición en México es un proceso aun inconcluso. La alternancia política y los gobiernos derivados de ella no han traído por sí mismos la evolución democrática en sentido amplio.

Pero para otros –entre los que me sumo-, existen signos claros, tanto de la transición como de la consolidación democrática, que se han ido dando de manera gradual y a los ritmos del entorno político económico y social propio de nuestro país y que se expresan en al menos tres vectores:

  • Desde el punto de vista jurídico, existe un marco de normas legales que regula con detalle el sistema electoral e instituciones jurisdiccionales y autónomas que se encargan de su aplicación;
  • Desde el ámbito Político la pluralidad es cada vez más parte de la cultura política, tal como lo muestran las gráficas expuestas arriba;
  • Desde la perspectiva social, porque la percepción ciudadana muestra la convicción del rechazo al regreso de las actitudes autoritarias y de la aceptación de la democracia como vía de solución de los conflictos políticos (vid. ENCUP 2008, op cit.).

La transición que se ha dado ha dejado sus huellas, pero aun hay un trecho importante por recorrer. Para que ésta pueda consolidarse, deberán concretarse al menos los siguientes presupuestos, desde la perspectiva poliárquica de Dahl:

  • Una perspectiva abierta en cuanto al futuro de la democracia, donde convivan y se mantengan:
  • Una certidumbre de derechos, obligaciones y procesos, y a la vez
  • Una incertidumbre en los resultados (movilidad de las mayorías), condición y presupuesto de la vida democrática;
  • Convergencia de intereses entre los distintos sectores de la sociedad civil, independientemente de sus naturales matices, con posibilidades reales y voluntad política para la participación en la elaboración de propuestas, en el co-gobierno y la evaluación de su efectividad y congruencia entre lo que se dice y se hace.
  • Credibilidad de los grupos de poder, para afianzar la legitimidad y la estabilidad del nuevo modelo de sistema democrático.

La Consolidación del Sistema Democrático en México tiene ante sí grandes retos, uno de los principales consiste en pasar de su condición meramente formal a la parte cualitativa, que supone no solo fortalecer el sistema electoral, sino también los sistemas de gobierno, de partidos, de medios y de participación ciudadana, tanto a nivel federal como de las entidades federativas.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Morlino, L. “Consolidamento Democratico: Definizione e Modelli”. Rivista Italiana de Scienza Poltica. 1986, Num, 2

[2] Fuente: Andreas Schedler, “Transiciones a la Democracia”, CIDE-TEPJF, México, Abril 2010.

[3] Las sombras del mañana. La dimensión subjetiva de la política. LOM Santiago, Chile, 2002 p.27, Citado por Roger Bartra “La Sombra del Futuro, reflexiones sobre la transición mexicana”, conferencia magistral en la cátedra Julio Cortázar, Universidad de Guadalajara, 30 de octubre de 2009, en revista Letras Libres, noviembre, 2009

[4] http://www.encup.gob.mx/encup/cuartaENCUP/Informe_ENCUP_2008.pdf

[5] J. Linz: «Transitions to Democracy» en Washington Quarterly Nº 13, 1990, p. 156. Valga solo señalar que esta afirmación sobre the only game in town o el único juego posible, entraña algunas ambigüedades dignas de reflexión pero que exceden los alcances del presente documento.

[6] vid. “Acuerdos básicos para la consolidación democrática”, http://www.cdhdf.org.mx/index.php?id=foro_acuerdos

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BIBLIOGRAFIA

  • Bachelet, Michel. “Los Avances y Desafíos para la Consolidación de la Democracia en América Latina a fines del Siglo XX”. Colegio Interamericano de Defensa, Departamento de Estudios. Washington, D. C., 1998.
  • Corona Armenta, Daniel (coordinador). “Los Poderes Federales en la Consolidación Democrática de México”. UNAM – Ediciones Guernica. México, 2006.
  • Dahl, Robert. 1957. “Decision_Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker”. Journal of Public Law 6: 297.
  • Diamond, L. “Is the Third Wave Over?”. Journal of Democracy, vol. 7, núm. 7, julio 1996.
  • Instituto Federal Electoral. “Las Nuevas Modalidades de la Interlocución Política en México”. México, D. F., 2003.
  • O’Donnel, Guillermo. “Ilusiones sobre la consolidación. Revista Nueva sociedad, 180-181, Jul. – Ago. / Sep. – Oct. 2002, pp 311-332, Caracas, Venezuela.
  • Ochman, Martha. “Reforma del Estado y la profundización de la democracia: el paradigma de la democracia directa”. REDIPAL Red de Investigadores Parlamentarios de América Latina. Congreso de la Unión, México, Abril, 2009.
  • Santamaría, Julián. “El papel del parlamento durante la consolidación de la democracia y después.
  • Secretaria de gobernación. Unidad para el desarrollo Político “Cultura Política y Participación Ciudadana antes y después de 2006”. 1ª Edición octubre de 2007.  
  • Tribunal electoral del poder judicial de la federación. “Informe de Labores 2007-2008”.

Thinking Fast and Slow: propuesta innovadora para la toma de decisiones

THINKING FAST AND SLOW (Pensar rápido y lento)

Reseña de un concepto de Daniel Kahnemann

Por José Ramón González Chávez

Daniel Kahnemann nació en 1934, es un psicólogo norteamericano-israelí, actualmente profesor emérito en Princeton e incluido hace poco en la lista de 100 pensadores globales más influyentes por la revista Foreign Policy.

Recibió el premio Nobel en 1992 junto con Amos Tversky por su contribución a la teoría económica, aunque las repercusiones de su trabajo son muy amplias, y prácticamente no hay un área de las ciencias humanas que pueda permitirse ignorarlas.

Su reciente publicación “Thinking. Fast and Slow”, orientada a no especialistas, abarca varias décadas de trabajo como psicólogo experimental y es uno de los libros científicos más comentados (y vendidos) de 2017.

IDEAS CLAVE:

Dos sistemas, un sólo cerebro

No intentes resolver este acertijo y procura emplear la intuición: Un bate y una pelota cuestan $1.10. El bate cuesta un dólar más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? La respuesta de 10¢ se presenta como una intuición rápida, potente y atractiva, pero es incorrecta. Para llegar a la solución correcta — 5¢–, muchos tendremos que recurrir al lápiz y al papel, transformando el acertijo en una ecuación matemática. Tendremos que recurrir a la forma más lenta y fatigosa de pensar que permite nuestro cerebro. Algunos psicólogos consideran que este tipo de test es un predictor más válido sobre la inteligencia que los test sobre cociente intelectual corrientes. En este caso, nos sirve para ilustrar que las intuiciones pueden ser erróneas, no importa lo poderosas que parezcan.

Aunque tenemos una sola mente, no tenemos una sola forma de decidir. Daniel Kahneman propone entender la toma humana de decisiones partiéndola en dos “sistemas” principales:

  • El Sistema 1 es un esclavo de las emociones y actúa “rápida y automáticamente, con pequeño o ningún esfuerzo y sin el sentimiento de un control voluntario.”
  • El Sistema 2, por contra, funciona como un agente racional que “concentra con esfuerzo la atención hacia las actividades mentales que así lo demandan, incluyendo las computaciones complejas. Las operaciones del Sistema 2 están asociadas a menudo con la experiencia subjetiva de la agencia, la elección y la concentracion.”

La mayoría de nuestros juicios diarios son obra del Sistema 1, ocurren de forma automática, intuitiva y emocionalmente, y nos permiten desenvolvernos de forma razonable en nuestra vida práctica. Pero el Sistema 1 también genera todo tipo de intuiciones erróneas con consecuencias triviales o catastróficas. Solamente cuando entra en juego el Sistema 2, postergando las gratificantes sugerencias del sistema emocional, y sólo tras invertir un gran esfuerzo cognitivo, podemos intentar resolver los problemas difíciles o contraintuitivos.

Hacia un nuevo concepto de racionalidad.

Kahneman sugiere que examinemos la naturaleza de la racionalidad a través de sus errores más que a través de sus triunfos. Estos errores o sesgos cognitivos tienen la virtud de aparecer de forma inadvertida para nuestra mente consciente, además de un carácter irresistible en los seres humanos psicológicamente sanos y se dan sistemáticamente si concurren las circunstancias adecuadas.

Para poner algunos ejemplos (la lista de errores cognitivos sistemáticos es bastante grande), la ilusión de causalidad se da de forma natural cada vez que inferimos erróneamente que dos eventos naturales están intencionalmente relacionados entre sí (el experimento de Heider y Simmel es una temprana ilustración experimental de este principio), un descubrimiento que arroja mucha luz sobre el origen del pensamiento religioso. El efecto Halo ocurre cuando tendemos a atribuir características excesivamente positivas o negativas en una persona basándonos en pistas parciales pero emocionalmente atractivas, lo cual ayuda a explicar por qué el público ama irracionalmente a las estrellas de cine, o por qué hemos convertido a Steve Jobs en una especie de santo laico.

La ilusión de validez afecta particularmente a los expertos en entornos difícilmente predecibles, como la política y las finanzas, provocando un exceso de confianza en predicciones infundadas y poniendo serias dudas sobre la eficacia de reputados especialistas y “pundits” mediáticos.

El Sistema 1 está preparado para creer, no para dudar y tiene tanto miedo de la incertidumbre y del azar que a menudo salta rápidamente a conclusiones precipitadas pero capaces de convertirse en buenas historias. Este hecho psicológico ayuda a entender por qué el fanatismo y la seguridad dogmática a menudo se sustentan en la ignorancia, o en evidencias claramente insuficientes, y por qué el escepticismo (una ardua operación del Sistema 2) sigue siendo tan costoso e impopular.

No es sólo la inteligencia, sino la racionalidad, es decir, la capacidad para amonestar a la parte más vaga de nuestro pensamiento, la propiedad que es realmente capaz de desvelar, y en algunos casos domar, los sesgos cognitivos naturales. Desde esta perspectiva, una persona “racional” no es ya aquella que tiene una visión del mundo más consistente, ni mucho menos la que es capaz de contar mejores historias. Tampoco es más racional quien rechaza las emociones en nombre de una inexistente razón desencarnada, sino aquella persona que es capaz de examinar sus propios prejuicios y de asumir que errar es natural. Una difícil empresa que, al fín y al cabo, hubiera firmado el mismo Sócrates: “Una vida sin examinar no merece ser vivida.

Ver: clase magistral de Daniel Kahneman en EDGE: The marvels and flaws of intuitive thinking http://edge.org/conversation/the-marvels-and-flaws-of-intuitive-thinking

Las nuevas tecnologías para el manejo de la información y su aplicación en la Administración pública

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA EL MANEJO DE INFORMACIÓN Y

SU APLICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLI­CA

Por José Ramón González Chávez

elaborado en 1992

En la actualidad, el uso de tecnologías avanzadas para el manejo de información implica para la administración pública un considerable mejoramiento técnico que le permite ejercer sus actividades con un mayor índice de eficiencia.

Las nuevas herramientas de tipo informático constituyen un invaluable apoyo teórico y práctico dentro de la mayor parte del proceso administrativo, incluyendo la comunicación, la formación, la capacitación y en general, todo lo que implica el Ma­nagement del quehacer público. No obstante,  cabe señalar que es sólo a partir de cierto grado de equipamiento y de cultura informática del personal usuario donde realmente se hacen sentir los beneficios reales que aportan en términos de productividad las nuevas tecnologías de la información que, aunque con lentitud, van ad­quiriendo cada vez mayor presencia en todas las formas de organización administrativa y en las distintas instancias de gobierno.

En efecto, para los organismos de la administración pública, ya sea centralizada, desconcentrada o paraestatal, se ha vuelto indispensable el uso de herramientas informáticas como las redes de información compartida, que permiten dinamizar el flujo y la transmisión de textos y datos, con objeto de hacer más ágil la toma de decisiones.

Hoy en día, sería casi suicida permitir que la comunicación interna y externa entre los diversos organismos del sector público se siga llevando a cabo a través de mecanismos tradicionales, de métodos manuales y montañas de papel que ha­cen en extremo difícil una intercomunicación eficiente y racional. Por una parte, en este momento el proceso administrativo en todas sus etapas exige una mayor y mejor comunicación, lo que sólo es posible realizar empleando la informática electrónica; por otra, nos encontramos ante la perspectiva de construir un espacio interadministrativo homogéneo dada la inminente firma del tratado trilateral de libre comercio.

La explotación de útiles informáticos modernos permitirá establecer un adecuado nivel de comunicación con las administraciones de los países con los que mantendremos relaciones cada vez más complicadas y estrechas, haciendo de lado las múltiples diferencias que existen entre ellas y la nuestra. Un ejemplo claro, lo tenemos en el servicio de mensajería de la administración pública, que de por sí en el ámbito interno es muy lento y difícil de llevar a cabo a través del sistema tradicional y prácticamente inoperante si pensamos en la prestación de este servicio a escala internacional, dada la gran extensión terri­torial que nos separa de nuestros dos vecinos norteamericanos.

Para ciertas áreas donde la información es considerada materia prima en el desarrollo de las actividades cotidianas, el uso de estas modernas tecnologías traen como consecuencia obligada cambios radicales en los métodos y en el desarrollo mismo del trabajo administrativo. Una red para compartir información une a las distintas unidades de gestión y/o decisión, creando algo así como metaunidades que pueden llegar a ser capaces de trascender estructuras jerárquicas y ciertas barreras burocráticas, convirtiéndose en verdaderos Think Tanks o “tanques de ideas”.

Asimismo, la explotación de este tipo de redes asociadas a sistemas multimedia, permite enriquecer y distribuir de manera más racional el conocimiento, y por lo mismo son susceptibles de convertirse en poderosas armas -por ejemplo- para la ca­pacitación y la formación continua de los servidores públicos, con lo que la administración pública estaría en condiciones reales de adaptarse al actual proceso de modernización, sirviendo al Estado con un óptimo nivel de eficiencia para el cumplimiento de sus fines.

Sin embargo, Hay que resaltar que si lo que se quiere es lograr un cambio profundo y exitoso en la estructura y funcionamiento de la administración pública, hay que pensar en vincular la modernización tecnológica a la reorganización de los procedimientos para su implementación, y sobre todo, en diseñar estrategias eficientes para lograr un cambio de actitud, una transformación cultural, tanto de la sociedad civil, como de los servidores públicos y las autoridades, meta prioritaria que en materia de servicio público establece el actual Plan Nacional de Desarrollo.

Uno de los grandes obstáculos a superar para poder implantar estas nuevas tecnologías y sobre todo, para comprender y asimilar la nueva cultura que la implanta­ción conlleva, es la formación del personal técnico y operativo -y aún el ejecutivo-, que en términos generales carece actualmente de conocimientos y experiencia en la materia. Indudablemente, comparada con las de otros países, nuestra planta de servidores públicos sufre un rezago que hasta el momento no ha podido -o tal vez querido- superar.

Otra grave dificultad consiste en la persistencia de fuertes barreras burocráticas para la asignación presupuestal de recursos destinados a la adquisición de equipos de punta. Debe pensarse en flexibilizar al máximo y en el corto plazo los procedimientos vigentes, por supuesto sin perder el control, para que este tipo de inversiones dejen de ser vistas, por un lado, como gastos dispendiosos, ignorando el alto costo-beneficio que trae consigo la utilización de estos nuevos instrumentos de trabajo y por otro, como un elemento de tensión organizacional, en virtud del supuesto desplazamiento de personal -sobre todo operativo- que conllevaría la informatización, siendo que al con­trario, propiciaría la reasignación de las funciones de estos recursos humanos para aumentar su productividad al eximirlos, por ejemplo, de infinidad de tareas repetitivas, con lo que sin duda se obtendría un considerable incremento de la productividad.

Estos y otros muchos problemas a los que se enfrenta la modernización administrativa en nuestro país nos mueven a reflexionar seriamente sobre la necesidad imperiosa de transformar los patrones de estructura, organización y funcionamiento del sector público, adaptándolos a las exigencias presentes y futuras que nos impo­ne la sociedad de nuestro tiempo. Solo así podremos participar dignamente dentro de la nueva dinámica global, en lo que a administración pública se refiere. Por esta razón, el tema tendrá que ocupar un espa­cio importante en las plataformas de los partidos políticos, de cara a los procesos electorales del año próximo.

Los nuevos sistemas para el manejo de in­formación tendrán que ir abarcando poco a poco cada una de las fases administrativas del sector público, desde la planeación hasta el reciclaje o feedback, en un proceso irreversible de mo­dernidad -como ya sucede en los países industrializados- pues de lo contrario, se correrá el grave riesgo de “perder el paso” en la veloz carrera de la modernización, más aun si se tiene en cuenta el aumento constante en la calidad y cantidad de los canales y flujos de información, que sin duda se mul­tiplicará geométricamente a partir de la puesta en marcha del Tratado Trila­teral de Libre Comer­cio con los Estados Unidos de América y Canadá.

Reforma del Estado y Profesionalización de la Función Pública

REFORMA DEL ESTADO Y PROFESIONALIZACION DE LA FUNCIÓN PUBLICA

Por José Ramón González Chávez

Uno de los temas cruciales del desarrollo de la cultura política y social en nuestro país, y en particular de la Reforma del Estado, es sin duda el de la burocracia; y al utilizar este término, no lo hago en el sentido peyorativo que emplearan por primera vez los detractores del absolutismo en Francia e Inglaterra para criticar la forma antidemocrática mediante la cual la élite cortesana accedía a los cargos públicos como un privilegio otorgado por el monarca. De acuerdo con Weber, me refiero a ella más bien como la institución integrada por servidores públicos que cuentan con sueldos fijos y ciertos, que establece entre ellos relaciones de autoridad legales, legítimas y ordenadas sistemáticamente, separando al titular del puesto y en donde nombramientos y ascensos dependen tanto de acuerdos contractuales regulados previamente, como de la  preparación técnica y de la experiencia particular de cada trabajador.

Ya en otra ocasión comentábamos que la administración pública no es sólo cuestión de ciencia y de técnica, sino también de visión y voluntad políticas, de sentido común, de inteligencia y de convicción social; en pocas palabras, de factor humano, elemento sin el cual resultaría difícil concebir una estrategia modernizadora integral de y en la administración pública, ya se trate de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, o bien, de la administración central o paraestatal.

Una idea generalmente aceptada en la opinión pública, es la que se refiere al hecho de que en materia de modernización, la administración pública se enfrenta a grandes retos externos, sobre todo ante el incremento de la comunicación administrativa que está trayendo como resultado, entre otras cosas, el porceso globalizador y en particular la puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio con las diversas regiones comerciales del mundo, la creciente participación ciudadana en las decisiones gubernamentales, las nuevas tecnologías de comunicación. Sin perjuicio de ello, a nuestro juicio, una buena forma de enfrentar esta situación, es estudiando y resolviendo primero, los problemas de modernización en nuestro país dentro de su propia esfera de acción.

En adición a lo anterior, puede afirmarse que si hablamos de una reforma integral del Estado, y sobre todo, si a ésta la enfocamos hacia adentro, tenemos que referirnos obligadamente al tratamiento profundo de los asuntos que inciden en aquella parte significativa de la ciudadanía que está a su servicio. De tal suerte que reformar la función pública implica al mismo tiempo, reformar significativamente la estructura estatal, ya que de lo contrario, puede caerse en una grave contradicción que haría de la modernización de la administración pública como parte de la reforma del Estado, nada más que un castillo de arena.

Por tal motivo, en los asuntos que atañen a la administración pública, en especial en el caso que nos ocupa, la función pública, debe existir una complementaridad de acciones, a efecto de que técnicos y políticos actúen conjuntamente para enfrentar y resolver, cada uno en el ámbito de su competencia, cuestiones con implicaciones complejas de uno y otro lados y al mismo tiempo requieren de una interpretación seria y comprometida del Derecho y del interés general.

En México parece que se ha tenido una precaución, hasta cierto punto excesiva, para evitar caer en la aparente contradicción entre la profesionalización de la función pública como un mecanismo eficaz para dar respuesta a la inminente necesidad de mejorar los índices de calidad y eficiencia en la gestión gubernamental y el adelgazamiento del aparato estatal por políticas públicas internas y presiones de la política financiera internacional, simplemente evitando la referencia a este tópico. No obstante, en términos reales, la contradicción no sólo es aparente, sino que las dos políticas -profesionalización burocrática y racionalización del aparato público- son perfectamente compatibles, siempre y cuando se empleen las herramientas de planeación estratégica adecuadas.

Hay que tomar en cuenta que la actividad cotidiana de los trabajadores de la administración pública determina en gran medida el grado de consecución de los objetivos del gobierno. Precisamente por esta razón debe pensarse en concebir una nueva idea de la función pública, integrada por trabajadores que tengan capacidad técnica basta y suficiente para atender los problemas que en todos los ámbitos del quehacer humano se presentan en la gestión pública, pero que también posean capacidad política, que estén conscientes del alcance e impacto de sus decisiones y sus actos, buenos o malos, dentro de la comunidad.

Es por eso que el marco de acciones tendientes a modernizar la función pública debería buscar garantizar a los servidores públicos la consecución de un nivel considerable de competencia técnica, siempre dentro de un marco eficiente de protección jurídica, propiciando un alto grado de responsabilidad en el ejercicio libre y creativo de sus funciones y facultades discrecionales, separando la actividad partidista de la función administrativa, lo que permitiría construir un piso sólido sobre el que podría establecerse en el mediano plazo un servicio público profesional en todos los ámbitos y niveles de gobierno.

Ante los nuevos retos que le plantea la modernidad, la administración pública mexicana tiene que darse a la difícil pero inpostergable tarea de adecuar al menos sus principales temas a las exigencias y expectativas de la comunidaduno d elos cuales es sin duda el de la función pública, que requiere modernizarse para responder con calidad y eficiencia a la demanda social contemporánea; para actuar con mayor transparencia y cercanía a la comunidad; para ser en realidad un verdadero motor del desarrollo nacional.

Mencionamos a continuación algunos de los asuntos más importantes en los que a nuestro juicio, habría que reflexionar en materia de función pública:

1.- Estabilidad en el empleo, cuestión íntimamente relacionada con los métodos de selección, reclutamiento y promoción de personal, misma que de ser meramente técnica-administrativa, se ha convertido en política y a la que se ha tratado de resolver de varias maneras. Tal vez un método de reclutamiento mixto que combinara equilibradamente las virtudes de los sistemas de concurso y cuotas podría traer buenos resultados, pues al abrir la oferta a la ciudadanía el proceso de reclutamiento se encaminaría a escoger los concursantes de mayor capacidad técnica y mejor perfil en una proporción representativa de los distintos grupos que integran la comunidad.

De igual forma, sería conveniente realizar o en su caso, mantener actualizado un censo de los recursos rumanos ya adscritos, a fin de saber la dimensión de la plantilla, conocer la distribución racional del personal, su escolaridad y tipo de formación, las necesidades institucionales en materia de capacitación y otros datos de incalculable valor dentro del proceso de planeación y desarrollo estratégico de dichos recursos (edad, estado civil, sexo, domicilio, número y edad de dependientes económicos, etc.).

Un censo confiable y objetivo, nos permitiría contar con valiosos datos para definir, por ejemplo, el catálogo de puestos, actualizar los tabuladores de sueldos para efectos de escalafón, planear estrategias adecuadas de capacitación, etc.

2.- Competencia Técnica, ligada estrechamente a la formación, la capacitación, el adiestramiento y la actualización, para una mayor y mejor capacidad de respuesta del servidor público ante la demanda comunitaria. En adición, un sistema eficiente de promoción del personal y de estabilidad en el empleo tendrá que estar forzosamente apoyado por un sólido programa institucional de capacitación, adiestramiento y formación continua.

Dentro de este rubro, sería ideal que los encargados de la función pública fueran capacitados para mejorar su actuación en aspectos de comunicación y relaciones humanas, a efecto de revalorar su trabajo, con lo que se lograría tener en cada servidor público un agente del cambio, mejorando con ello el clima organizacional y la calidad de su atención al público.

3.- Modernizar el marco jurídico administrativo que regula las relaciones entre el gobierno, los servidores públicos, los servicios prestados y la población, a efecto de hacerlo congruente con las necesidades de eficiencia y productividad que requiere el Estado en la gestión de los asuntos del gobierno, las exigencias ciudadanas de mas y mejores servicios, así como con la realidad laboral de los servidores públicos, que defina con claridad sus obligaciones, pero que también garantice el pleno ejercicio de sus derechos, eliminando vicios y simulaciones en su régimen de contratación como empleados de base, de confianza, por honorarios, iterinos, eventuales, etc.

4.- Algo digno de remarcar es que un análisis a fondo de la cultura organizacional para la adecuación de los métodos y procedimientos, a cargo de las unidades administrativas de cada organización, sería de gran apoyo en este rubro y ayudaría a transformar la Cultura del Servicio Público, aspecto de la mayor relevancia, cuya atención permitiría convertir en acciones concretas los propósitos que en el ámbito del Servicio Civil han sido señalados por el titular del ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, en el sentido de promover un cambio de actitud, que involucre por igual a funcionarios tomadores de decisiones, a servidores públicos y a la sociedad civil, contribuyendo juntos a la construcción de un nuevo modelo que actualice y legitime la función pública bajo parámetros tanto de objetividad como de corresponsabilidad.

Un amplio y sistemático proceso de consulta popularserá muy útil para conocer el espectro de necesidades que la colectividad exige sean resueltos por el servidor público en términos cuantitativos y cualitativos, así como su grado de participación y las tareas en las que podría colaborar como gestor, contralor social e incluso en calidad de prestador de bienes y servicios.

No está por demás recalcar qla importancia de definir y aplicar estrategias adecuadas de modernización, empleando recursos materiales y técnicos que nos ayuden a tener un mejor servicio civil. Pero tanto o más lo es el hecho de que cualquier esfuerzo, por más encomiable que sea, será estéril si no existe voluntad política para tomar decisiones, coordinar esfuerzos (incluyendo los de cooperación, asistencia técnica e investigación básica y especializada), no sólo en las distintas instancias de gobierno, sino también a nivel intra e interinstitucional y -lo que es más importante- para acercarse a la comunidad, con objeto de conocer sus realidades, requerimientos, aspiraciones a fin de instrumentarlos y convertirlos en actos concretos de gobierno, con lo que se le otorgaría al servicio público su merecida calidad de motor del desarrollo y de la modernización nacional.

Por último, cabe mencionar que a pesar de que ya existen algunos casos en donde la profesionalización del servicio público, es todo un hecho, por ejemplo, en el servicio exterior y el servicio profesional electoral, deben redoblarse esfuerzos para extender esta profesionalización a todas las esferas del quehacer gubernamental.

Con ello, estaremos sentando las bases para un servicio público de calidad y acorde a las exigencias internas y externas de nuestro tiempo y contribuyendo a un verdadero cambio estructural en el Estado Mexicano