Sociología, Educación y Comunicación Jurídicas en el Nuevo Modelo de Estado Constitucional

SOCIOLOGÍA, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN JURÍDICAS

EN EL NUEVO MODELO DE ESTADO CONSTITUCIONAL

Por José Ramón González Chávez

El hecho social es al mismo tiempo la causa eficiente y el objetivo de todo sistema jurídico. Provoca a través de la interpretación, la creación de normas y disposiciones, que a través de la persuasión y la coercitividad se aplican en la sociedad, la que a su vez al reflejarse en la actividad cotidiana, dan validez social a la norma y al mismo tiempo provocan ajustes que reciclan en términos positivos, -esto es, visto el Derecho a la vez como orden normativo, realidad social y catálogo de valores jurídicos- el sistema en su conjunto.

La sociología del Derecho, es la disciplina que estudia los problemas, los principios, objetivos, implicaciones y prácticas concernientes a las relaciones entre el sistema jurídico y la sociedad y la eficacia de lo jurídico como sistema regulador de la conducta social, aplicado por los órganos del poder público del Estado.

De ahí su estrecha relación con el Derecho Constitucional, fuente normativa primordial del sistema constitucional de toda nación, de la cual se desprende el marco de libertades y derechos fundamentales y sus mecanismos para garantizarlos; así como la organización política jurídica del Estado y la actuación de los órganos del poder público encargados de convertir en actos jurídicos concretos sus postulados primordiales.

En cuanto al segundo punto (organización política del Estado y del poder público como su brazo ejecutor) vale remarcar que las normas constitucionales son fundamentales en cuanto ellas expresan un marco general de principios rectores, que por su estabilidad y permanencia sirven de sustento a la organización de la comunidad, tanto interna como en la comunidad internacional, mismos que pueden ser de naturaleza orgánica y procedimental o bien, de contenido material.

Los primeros, señalan las tareas que el poder público del Estado debe cumplir; configuran las competencias e instituyen los órganos que las realizan; gracias a ellos, se regulan los procesos de creación y aplicación de las normas y se establecen mecanismos de coordinación entre ellos y los medios de control para atender y resolver abusos en el ejercicio del poder.

Los segundos consagran los objetivos primordiales del Estado, los principios y valores máximos de la sociedad y los ámbitos de libertades, derechos y obligaciones de los individuos, los distintos grupos sociales y la comunidad política.

En cuanto al marco de libertades y derechos fundamentales la Constitución está concebida de tal manera que lo que antes se denominaba Parte Orgánica sólo adquiere sentido y razón de ser a partir de la aplicación y puesta en operación objetiva de los principios, derechos y obligaciones que proclama.

La sociología nace del acercamiento al tema del impacto de la interacción entre lo jurídico y lo social abordado por los clásicos de la Sociología desde su origen como disciplina. Hay que recordar que sus tres fundadores Marx, Durkheim y Weber hicieron su tesis de grado en Derecho. De ellos solo el último desarrolló una conceptualización específica para el Derecho y en particular para la disciplina.

En México, recientemente se han llevado a cabo profundas reformas constitucionales que en su conjunto modificarán sustancialmente la estructura, organización y funcionamiento de nuestra vida como país: Derechos Fundamentales, Garantismo, nuevas instituciones como el principio Pro Persona, el interés superior del menor; flamantes medios de control constitucional y de solución de conflictos, nuevo sistema de Justicia; modernos esquemas de participación ciudadana, solo por contar algunos. Sin embargo, en muchos casos, su complejidad técnica y la manipulación que de sus contenidos hacen los medios y redes sociales, los líderes y organizaciones políticas, hacen difícil conocerlos por iniciativa propia.

El Derecho en general y el Derecho Constitucional en particular, deben de una vez por todas dejar de ser un tema de especialistas e iluminados para convertirse en parte de la cultura política y social de los mexicanos de todas las edades, y niveles educativos. Pero para que eso suceda no solo es necesaria la voluntad política de los gobernantes a todas las escalas, sino ante todo, la acción directa y decidida de quienes de una u otra forma participamos en la vida cotidiana de lo jurídico, desde todas y cada una de sus tan variadas trincheras: en la docencia, el proceso legislativo, en la actividad ejecutiva y jurisdiccional, en la gestión pública y social, los medios de comunicación, la asesoría y defensa jurídica, en fin, en todas las ramas del quehacer humano donde incide el Derecho de forma preponderante.

Es por ello que desde nuestro punto de vista el nuevo modelo educativo que se pretende implantar ha omitido la necesidad de la aculturación jurídica de la sociedad para conocer y asumir el nuevo modelo de Estado Constitucional, siendo que forzosamente tiene que ser parte integrante del mismo, sin olvidar por supuesto el papel crucial que juegan los medios de comunicación como conductos o vehículos para divulgar y asumir sus principios, fines y organización; sus nuevas instituciones, ordenamientos, disposiciones y normas; sus nuevas prácticas y actitudes.

De lo contrario las meras reformas legales llevadas a cabo hasta el momento no tendrán más destino que convertirse en catálogos de buenas intenciones cuando no en letra muerta.

El Día de los Inocentes y el Derecho

EL DÍA DE LOS INOCENTES Y EL DERECHO

Por José Ramón González Chávez

El 28 de diciembre se conmemora el día del año 2 de la Era Cristiana en que según el libro de Mateo de la biblia Herodes I El Grande mandó asesinar a todos los niños varones de menores de dos años que vivían en Belén, Judea, con el fin de eliminar a Jesús de Nazareth.

Algunos historiadores dicen que esa matanza no ocurrió en esa fecha, sino un par de días después de que se llevara a cabo la tan famosa Adoración de los Reyes a Jesús, que aunque no se sabe a ciencia cierta la fecha exacta, como pasa también con todas las fechas de la temporada por no estar en los evangelios bíblicos, tradicionalmente se festeja el 6 de enero.

Sea cierto o no, el asunto es que como sucede con muchas cosas serias e incluso poco agradables y hasta deplorables, en México y Latinoamérica ya saben que todo se agarra para broma, sarcasmo, etc. y es así que desde tiempos seculares es casi un deporte nacional que el 28 de diciembre todo el mundo diga mentiras o haga a quien se deje toda clase de bromas, desde las más ingenuas hasta pesadas o de mal gusto. Llega ese día y hasta nos despertamos con la idea de hacerle una broma o correrle una mentira al prójimo.

Si el tema no pasara de ahí, de lo privado, pues bueno, quedaría todo en el terreno de las relaciones personales; pero cuando una supuesta inocentada llega a rozar o traspasar los límites de la legalidad, es ahí donde ya se involucra el tema jurídico, pues hay veces que se llegan a cometer actos contrarios a derechos fundamentales como el derecho a la información o transgresores del derecho civil, entre otros, todos ellos quedando impunes debido –cuando no a la ignorancia o a la conciencia subdesarrollada- a una mala interpretación de la exigibilidad de la norma por el simple y sencillo pretexto de la fecha, perdiendo de vista que el contenido de valor de toda norma jurídica debe protegerse todos los días, a todas horas. Me explico en un par de ejemplos:

Simular públicamente una situación de peligro o catástrofe, ya sea de índole natural, económica, política o social, tal como lo hacen muchos medios de comunicación masiva en esta fecha, llegando a provocar confusión y hasta daños materiales y humanos, puede traer consecuencias importantes en países como España, donde este acto antijurídico se castiga hasta con un año de prisión y multa. Aquí en México este tipo de publicaciones son hasta festejadas, y es más, parece que existiera competencia entre los medios para ver quien publica la nota más ingeniosa y creíble, con total impunidad en términos no solo de la ley de la materia sino constitucionales, de acuerdo lo dispuesto por el artículo 6° de la Carta Magna.

En Internet, en donde ya parece normal la violación sistemática a derechos, obligaciones y disposiciones en materia civil, en otros países quien haga una publicación donde sea, que vulnere la fama pública, el honor, la intimidad o la propia imagen de una persona deberá pagarle una indemnización por daños y perjuicios más los gastos y costos judiciales. Aquí a todos esos actos también se les hace fiesta, así, como perritos moviendo la cola. Se vuelven virales sin importar el daño que se le hace a quien es víctima de sus ofensas; se compite para ser el más gracioso, ocurrente y/o difamante (si contiene todo eso junto mucho mejor) y no contentos con eso, hasta los replican, convirtiéndose jurídicamente en coautores de la infamia.

Todos estos actos antijurídicos quedan impunes, en términos no solo civiles, sino aun constitucionales, atendiendo al artículo 6° apartado A fracción II (protección de la vida privada y los datos personales) y apartado B fracción III (la radiodifusión es un servicio público de interés general que debe prestarse en condiciones de calidad, beneficio cultural, etc. preservando la veracidad de la información publicada); el artículo 16 párrafo doceavo (las comunicaciones personales son inviolables y su violación constituye delito) relacionado al 73 fracción XXI penúltimo párrafo (competencia de las autoridades federales en la materia para hacerlo aplicable) y al tan mentado y “novedoso” pero por desgracia tan poco respetado Principio Pro Persona uno de los principales garantes del principio universal de Dignidad Humana (artículo 1°, párrafo segundo, interpretación de las normas siempre favorable a la persona y la más amplia protección de sus derechos).

Ante todo esto hay quien erróneamente arguye el ejercicio de su libertad de expresión. Nada más falso, pues esta libertad no es un derecho absoluto, tiene límites, entre los que se encuentran la imagen, la fama pública, el honor, la intimidad de las personas a las que se involucra negativamente y en su perjuicio.

Hace poco en Madrid, 5 jóvenes vestidos de payasos irrumpieron en un cine provocando el horror colectivo mientras filmaban felices el evento para subirlo a YouTube. Provocaron la movilización de la fuerza pública; fueron detenidos. A ese ejemplo pueden sumarse otros en los que se disque informa de robos, se amenaza con hacer explotar bombas o sacando un arma falsa diciendo que se va a usar contra la gente, ataques terroristas, suicidios, accidentes, que han llegado a provocar daños en la salud física y psicológica de quienes las ven o leen, además de que pueden incitar a que los afectados lesionen o vulneren derechos al bromista, provocando también consecuencias legales en su contra. Esto sin mencionar el tema de que los sujetos activos o pasivos sean menores de edad, donde entrarían otros principios y normas jurídicos cuyo tratamiento excede los alcances de esta columna.

¿Se puede hacer cualquier cosa con el pretexto de que “pues es que es día de los inocentes”? Donde está el límite? Hasta dónde una broma o mentira deja de ser eso para convertirse en un acto antijurídico, constitucional, civil, penal o de otra índole? Como dice Luigi Ferrajoli, el Sentido Común en Derecho siempre será el principio a considerar, aunque como ya sabemos por desgracia, tal como afirmó Plastócrates de Efeso “es el menos común de los sentidos”.

Recordemos que exactamente lo mismo pasaba con los baños y el despilfarro de agua el Sábado de Gloria, otro día de conmemoración religiosa, que todo el mundo festejaba con el pretexto del “es que hoy pos si se vale” hasta que tuvo que ser regulado por el derecho administrativo y el penal y que también trae a colación el lamentable y troglodita asunto de la producción venta y uso de explosivos (unos light y otros no tan light) denominados coloquialmente “cuetes” (cohetes para los amantes del buen decir), que siguen usándose sin control, ni regulación, ni sanción jurídica porque “pues es que es para las fiestas religiosas”; “es que es pa’ la pachanga”, aunque contaminen el aire, con el ruido, la basura, provoquen incendios forestales, lesiones, mutilaciones y hasta muertes, como las que lamentablemente sucedieron hace unos días, tema que da para una columna en exclusiva.

Reforma del Estado y Profesionalización de la Función Pública

REFORMA DEL ESTADO Y PROFESIONALIZACION DE LA FUNCIÓN PUBLICA

Por José Ramón González Chávez

Uno de los temas cruciales del desarrollo de la cultura política y social en nuestro país, y en particular de la Reforma del Estado, es sin duda el de la burocracia; y al utilizar este término, no lo hago en el sentido peyorativo que emplearan por primera vez los detractores del absolutismo en Francia e Inglaterra para criticar la forma antidemocrática mediante la cual la élite cortesana accedía a los cargos públicos como un privilegio otorgado por el monarca. De acuerdo con Weber, me refiero a ella más bien como la institución integrada por servidores públicos que cuentan con sueldos fijos y ciertos, que establece entre ellos relaciones de autoridad legales, legítimas y ordenadas sistemáticamente, separando al titular del puesto y en donde nombramientos y ascensos dependen tanto de acuerdos contractuales regulados previamente, como de la  preparación técnica y de la experiencia particular de cada trabajador.

Ya en otra ocasión comentábamos que la administración pública no es sólo cuestión de ciencia y de técnica, sino también de visión y voluntad políticas, de sentido común, de inteligencia y de convicción social; en pocas palabras, de factor humano, elemento sin el cual resultaría difícil concebir una estrategia modernizadora integral de y en la administración pública, ya se trate de la federación, de las entidades federativas o de los municipios, o bien, de la administración central o paraestatal.

Una idea generalmente aceptada en la opinión pública, es la que se refiere al hecho de que en materia de modernización, la administración pública se enfrenta a grandes retos externos, sobre todo ante el incremento de la comunicación administrativa que está trayendo como resultado, entre otras cosas, el porceso globalizador y en particular la puesta en marcha de los Tratados de Libre Comercio con las diversas regiones comerciales del mundo, la creciente participación ciudadana en las decisiones gubernamentales, las nuevas tecnologías de comunicación. Sin perjuicio de ello, a nuestro juicio, una buena forma de enfrentar esta situación, es estudiando y resolviendo primero, los problemas de modernización en nuestro país dentro de su propia esfera de acción.

En adición a lo anterior, puede afirmarse que si hablamos de una reforma integral del Estado, y sobre todo, si a ésta la enfocamos hacia adentro, tenemos que referirnos obligadamente al tratamiento profundo de los asuntos que inciden en aquella parte significativa de la ciudadanía que está a su servicio. De tal suerte que reformar la función pública implica al mismo tiempo, reformar significativamente la estructura estatal, ya que de lo contrario, puede caerse en una grave contradicción que haría de la modernización de la administración pública como parte de la reforma del Estado, nada más que un castillo de arena.

Por tal motivo, en los asuntos que atañen a la administración pública, en especial en el caso que nos ocupa, la función pública, debe existir una complementaridad de acciones, a efecto de que técnicos y políticos actúen conjuntamente para enfrentar y resolver, cada uno en el ámbito de su competencia, cuestiones con implicaciones complejas de uno y otro lados y al mismo tiempo requieren de una interpretación seria y comprometida del Derecho y del interés general.

En México parece que se ha tenido una precaución, hasta cierto punto excesiva, para evitar caer en la aparente contradicción entre la profesionalización de la función pública como un mecanismo eficaz para dar respuesta a la inminente necesidad de mejorar los índices de calidad y eficiencia en la gestión gubernamental y el adelgazamiento del aparato estatal por políticas públicas internas y presiones de la política financiera internacional, simplemente evitando la referencia a este tópico. No obstante, en términos reales, la contradicción no sólo es aparente, sino que las dos políticas -profesionalización burocrática y racionalización del aparato público- son perfectamente compatibles, siempre y cuando se empleen las herramientas de planeación estratégica adecuadas.

Hay que tomar en cuenta que la actividad cotidiana de los trabajadores de la administración pública determina en gran medida el grado de consecución de los objetivos del gobierno. Precisamente por esta razón debe pensarse en concebir una nueva idea de la función pública, integrada por trabajadores que tengan capacidad técnica basta y suficiente para atender los problemas que en todos los ámbitos del quehacer humano se presentan en la gestión pública, pero que también posean capacidad política, que estén conscientes del alcance e impacto de sus decisiones y sus actos, buenos o malos, dentro de la comunidad.

Es por eso que el marco de acciones tendientes a modernizar la función pública debería buscar garantizar a los servidores públicos la consecución de un nivel considerable de competencia técnica, siempre dentro de un marco eficiente de protección jurídica, propiciando un alto grado de responsabilidad en el ejercicio libre y creativo de sus funciones y facultades discrecionales, separando la actividad partidista de la función administrativa, lo que permitiría construir un piso sólido sobre el que podría establecerse en el mediano plazo un servicio público profesional en todos los ámbitos y niveles de gobierno.

Ante los nuevos retos que le plantea la modernidad, la administración pública mexicana tiene que darse a la difícil pero inpostergable tarea de adecuar al menos sus principales temas a las exigencias y expectativas de la comunidaduno d elos cuales es sin duda el de la función pública, que requiere modernizarse para responder con calidad y eficiencia a la demanda social contemporánea; para actuar con mayor transparencia y cercanía a la comunidad; para ser en realidad un verdadero motor del desarrollo nacional.

Mencionamos a continuación algunos de los asuntos más importantes en los que a nuestro juicio, habría que reflexionar en materia de función pública:

1.- Estabilidad en el empleo, cuestión íntimamente relacionada con los métodos de selección, reclutamiento y promoción de personal, misma que de ser meramente técnica-administrativa, se ha convertido en política y a la que se ha tratado de resolver de varias maneras. Tal vez un método de reclutamiento mixto que combinara equilibradamente las virtudes de los sistemas de concurso y cuotas podría traer buenos resultados, pues al abrir la oferta a la ciudadanía el proceso de reclutamiento se encaminaría a escoger los concursantes de mayor capacidad técnica y mejor perfil en una proporción representativa de los distintos grupos que integran la comunidad.

De igual forma, sería conveniente realizar o en su caso, mantener actualizado un censo de los recursos rumanos ya adscritos, a fin de saber la dimensión de la plantilla, conocer la distribución racional del personal, su escolaridad y tipo de formación, las necesidades institucionales en materia de capacitación y otros datos de incalculable valor dentro del proceso de planeación y desarrollo estratégico de dichos recursos (edad, estado civil, sexo, domicilio, número y edad de dependientes económicos, etc.).

Un censo confiable y objetivo, nos permitiría contar con valiosos datos para definir, por ejemplo, el catálogo de puestos, actualizar los tabuladores de sueldos para efectos de escalafón, planear estrategias adecuadas de capacitación, etc.

2.- Competencia Técnica, ligada estrechamente a la formación, la capacitación, el adiestramiento y la actualización, para una mayor y mejor capacidad de respuesta del servidor público ante la demanda comunitaria. En adición, un sistema eficiente de promoción del personal y de estabilidad en el empleo tendrá que estar forzosamente apoyado por un sólido programa institucional de capacitación, adiestramiento y formación continua.

Dentro de este rubro, sería ideal que los encargados de la función pública fueran capacitados para mejorar su actuación en aspectos de comunicación y relaciones humanas, a efecto de revalorar su trabajo, con lo que se lograría tener en cada servidor público un agente del cambio, mejorando con ello el clima organizacional y la calidad de su atención al público.

3.- Modernizar el marco jurídico administrativo que regula las relaciones entre el gobierno, los servidores públicos, los servicios prestados y la población, a efecto de hacerlo congruente con las necesidades de eficiencia y productividad que requiere el Estado en la gestión de los asuntos del gobierno, las exigencias ciudadanas de mas y mejores servicios, así como con la realidad laboral de los servidores públicos, que defina con claridad sus obligaciones, pero que también garantice el pleno ejercicio de sus derechos, eliminando vicios y simulaciones en su régimen de contratación como empleados de base, de confianza, por honorarios, iterinos, eventuales, etc.

4.- Algo digno de remarcar es que un análisis a fondo de la cultura organizacional para la adecuación de los métodos y procedimientos, a cargo de las unidades administrativas de cada organización, sería de gran apoyo en este rubro y ayudaría a transformar la Cultura del Servicio Público, aspecto de la mayor relevancia, cuya atención permitiría convertir en acciones concretas los propósitos que en el ámbito del Servicio Civil han sido señalados por el titular del ejecutivo en el Plan Nacional de Desarrollo vigente, en el sentido de promover un cambio de actitud, que involucre por igual a funcionarios tomadores de decisiones, a servidores públicos y a la sociedad civil, contribuyendo juntos a la construcción de un nuevo modelo que actualice y legitime la función pública bajo parámetros tanto de objetividad como de corresponsabilidad.

Un amplio y sistemático proceso de consulta popularserá muy útil para conocer el espectro de necesidades que la colectividad exige sean resueltos por el servidor público en términos cuantitativos y cualitativos, así como su grado de participación y las tareas en las que podría colaborar como gestor, contralor social e incluso en calidad de prestador de bienes y servicios.

No está por demás recalcar qla importancia de definir y aplicar estrategias adecuadas de modernización, empleando recursos materiales y técnicos que nos ayuden a tener un mejor servicio civil. Pero tanto o más lo es el hecho de que cualquier esfuerzo, por más encomiable que sea, será estéril si no existe voluntad política para tomar decisiones, coordinar esfuerzos (incluyendo los de cooperación, asistencia técnica e investigación básica y especializada), no sólo en las distintas instancias de gobierno, sino también a nivel intra e interinstitucional y -lo que es más importante- para acercarse a la comunidad, con objeto de conocer sus realidades, requerimientos, aspiraciones a fin de instrumentarlos y convertirlos en actos concretos de gobierno, con lo que se le otorgaría al servicio público su merecida calidad de motor del desarrollo y de la modernización nacional.

Por último, cabe mencionar que a pesar de que ya existen algunos casos en donde la profesionalización del servicio público, es todo un hecho, por ejemplo, en el servicio exterior y el servicio profesional electoral, deben redoblarse esfuerzos para extender esta profesionalización a todas las esferas del quehacer gubernamental.

Con ello, estaremos sentando las bases para un servicio público de calidad y acorde a las exigencias internas y externas de nuestro tiempo y contribuyendo a un verdadero cambio estructural en el Estado Mexicano

Poder Público, Comunicación y Política Cultural

PODER PÚBLICO, COMUNICACIÓN Y POLÍTICA CULTURAL

Por José Ramón González Chávez

Abstract.

El poder y la política se resuelven en el proceso de construcción de la mente humana a través de la comunicación. En el tipo de sociedad en que vivimos, los medios de comunicación de masas son decisivos en la formación de la opinión pública, que condiciona la decisión política y por ende la cultura social.

Hoy más que nunca, la política es sobre todo política mediática, lo cual tiene consecuencias importantes sobre la política misma, ya que conduce a su personalización y a la subcultura política del escándalo.

La comunicación de masas y la comunicación política están siendo transformadas por las Tecnologías de Información y comunicación (TICs) primordialmente por la Web 2 y la comunicación inalámbrica. El surgimiento de lo que es denominado por Manuel Castells la autocomunicación de masa (redes sociales) abre el abanico de influencias en el campo de la comunicación y la cultura.

Al permitir una mayor intervención e interacción de individuos y grupos, acompañar a los movimientos sociales y a las políticas alternativas; pero también los políticos, las empresas, los gobiernos, los organismos globales, los entes de control geopolítico, intervienen cada vez más en la red con las mismas herramientas. De ahí que se presente necesariamente una gama muy amplia de tendencias sociales, contrapuestas y hasta contradictorias, expresadas en los medios de comunicación de masas, convencionales y nuevos. Las decisiones políticas y gubernamentales consideran cada vez más el espacio de comunicación multimodal, pudiendo llegar a afirmar que en la sociedad en que vivimos, el poder es cada vez más el poder de la comunicación.

¿Cómo asimilar estos procesos en la transformación cultural de nuestra sociedad?

¿Cómo encaminarse hacia una normalidad democrática en cuanto al uso de las nuevas tecnologías y las redes y hacia un entorno equilibrado entre oferentes y consumidores político electorales?

¿Cómo crear políticas públicas y gobernanza efectivas ante tal panorama?

Introducción.

A lo largo de la historia, la comunicación y la información han constituido la arena donde se ha desarrollado una gama muy amplia y compleja de enfrentamientos entre poder y contrapoder.

Aunque la coerción y el miedo han sido desde tiempos inmemoriales fuentes decisivas para que los dominantes impongan su voluntad a los dominados, pocos sistemas institucionales han durado mucho cuando se han basado de manera preponderante en una represión aguda. Poco a poco se han dado cuenta que torturar cuerpos es menos efectivo que persuadir, que modelar mentes; y de hecho más útil, teniendo en cuenta que la forma de pensar de una comunidad, la cultura social, influye sustancialmente en el diseño y operación de las normas, prácticas y valores sobre los que se construyen sus instituciones fundamentales.

Si a partir de este nuevo paradigma la mayoría de la gente ve transformada su manera de pensar respecto de los valores, normas y prácticas institucionalizados en el sistema jurídico y político, tarde o temprano el sistema cambiará, aunque no necesariamente para colmar las esperanzas de los agentes del cambio social y no necesariamente sin dolor. Es así que puede comprenderse la evolución de la praxis política basada en la personalidad, íntimamente ligada a la evolución de la política electoral y de gobierno que presenciamos con toda claridad en nuestros días.

En este juego, medios, grupos y actores políticos y sociedad participan e interactúan y contribuyen a la confección de la cultura política actual, pudiendo ser analizados y comprendidos en lo individual y en su conjunto:

1) Los Medios.

La hipermodernidad ha permeado la política y en consecuencia adopta como premisa principal de su nueva estructura argumentativa un principio básico en comunicación: el mensaje más poderoso es un mensaje sencillo adjunto a una imagen, ya sea gráfica o conceptual, y precisamente en política, el mensaje más sencillo es un rostro humano. De ahí que la política mediática tienda a la personalización de políticos que puedan vender su imagen adecuadamente, junto, claro está, a ciertas ideas-valor, lo que lejos de ser trivial, constituye un elemento sustancial si queremos comprender de qué va la cosa en las campañas electorales contemporáneas.

En este orden de ideas, la credibilidad, la confianza y el personaje se convierten en cuestiones primordiales a la hora de definir el resultado político, y por ende, la destrucción de la credibilidad y el asesinato –mediático- del contendiente, se convierten en las armas políticas más poderosas.

El Homo Videns político, es la encarnación simbólica de un mensaje de confianza alrededor de su personaje, arropado por ciertos valores. Cada vez más en la resolución de la contienda política electoral, el segmento de votantes independientes o indecisos decanta a través de los medios la balanza entre la derecha, los centros y la izquierda. Por ello, aunque existan diferencias sustanciales entre partidos y candidatos, generalmente los programas y las promesas de campaña se confeccionan por compañías publicitarias y consultores de marketing político, suficientemente flexibles para actuar de manera camaleónica de acuerdo al cliente en turno[1], para adaptarse al centro y a los indecisos, es decir, al voto útil.

Desde el primer debate televisado entre candidatos presidenciales (Kennedy – Nixon, 1961, hace más de 50 años) y hasta la fecha, muchos sistemas, líderes y actores políticos en todo el mundo se han visto sacudidos e incluso han sido destruidos a partir de una sucesión constante de escándalos mediatizados. Sistemas, partidos y políticos que parecían atrincherados sólidamente en el poder durante décadas, se han derrumbado, arrastrando en su desaparición el régimen que construyeron. En la mayoría de ellos, el tema mediático preferido de la caída ha sido la corrupción política.

El escándalo político se ha venido sofisticando a tal grado que ahora los medios son capaces de dosificarlo, hacerlo crecer poco a poco, modularlo, añadirle veracidad o ficción de acuerdo al rating, arrinconando a cada político o grupo de políticos hasta llevarlo eventualmente al clímax de un enjuiciamiento por parte de los poderes legislativo y/o judicial, cuyos miembros también negocian con los medios, garantizando su independencia a cambio de protección, luchando juntos por la democracia al tiempo que dosifican ellos también la filtración de información para ser publicada. Así, una vez acorralado, cada actor o grupo político es orillado a hacer un trato con los medios, con lo cual se cierra el ciclo y se retroalimenta el sistema.

Esto no significa que la dinámica del poder esté 100% a cargo de los medios[2]; los actores políticos ejercen también una considerable influencia sobre ellos. El actual formato “Carrusel” de estaciones de radio, canales de televisión y periódicos en línea, donde las noticias dan vuelta continuamente las 24 horas, aumenta la importancia de los políticos para los medios de comunicación, pues estos tienen que nutrirse permanentemente de nuevos contenidos.

2) Los políticos.

Según sondeos realizados en 2000 y 2002 por la ONU y el Foro Económico Mundial, dos tercios de los ciudadanos del mundo creían que su país no estaba gobernado según la voluntad del pueblo. Esto explica en parte por qué en todo el mundo, la mayoría de la población tiende a votar en contra de más que a favor de, eligiendo el menor de males, antes que la mejor de las propuestas. Esto obliga a que el candidato, una vez convertido en gobernante, deba presentarse en los medios buscando el apoyo -o al menos, la mínima hostilidad- de los ciudadanos, que en el mercado político mediático, permeado de hipermodernidad, se erigen más bien en consumidores.

Aunque la crisis de la legitimidad política en general no puede ser atribuida exclusivamente a los escándalos políticos y a la política mediática, tarde o temprano, los escándalos propician el escepticismo hacia la política formal y provocan el desencadenamiento de algo sin creencia, sin compromiso, que se declara a sí misma como la única solución y se auto denomina “el cambio político”, cuya conceptualización y forma de convertirse en hechos son poco o nada definibles.

3) La Sociedad.

Los ciudadanos no leen los programas de los partidos, ni los de los candidatos; prefieren confiar en la información que los medios dan de ellos. Al final, su decisión de voto estará en función de aquel que les produzca mayor confianza. Por lo tanto, el candidato o mejor dicho su personaje proyectado en los medios, pasa a ser esencial; porque los valores a los que se asocia – y que es lo que más importa a la mayoría de la gente- están encarnados en él independientemente de las ideologías y de las propuestas que pudieran estar a su derredor.

Tampoco el público se limita a seguir todo lo que le dicen los medios. Recordemos que los medios ganan más mientras más audiencia tengan, así que hay que cautivar y mantener la atención del público, siendo siempre creíbles, y este es justo el entorno en que se da entre ellos la lucha por el “Rating”. Cada medio crea y proyecta sutilmente un modelo de comunicación propio corporativo, que si no anula, sí merma drásticamente la autonomía de sus periodistas y redactores, que ven acotado su abanico de opiniones y temas políticos sobre los que informan, por los expresados dentro de la línea dominante en la compañía, casi siempre carentes de contenido, pero con un peso muy importante en el proceso de masificación informativa definido meramente por los hechos, por la coyuntura, por el escándalo.

¿Por qué está pasando esto? ¿Los sistemas y los actores políticos actuales son los más corruptos de la historia de la humanidad? Por supuesto que no. El uso y abuso del poder en beneficio personal o de un grupo ha sido una actitud connatural al ser humano como ente social. De hecho, debemos recordar que la democracia se inventó –parafraseando a Montesquieu- como una manera –si no la mejor, la más viable de las disponibles- de controlar al poder.

Información y Poder.

En la época en que el Monarca y los grupos de poder controlaban la información y su acceso, la maquinaria del sistema político se aceitaba de manera vertical y oficiosa, a espaldas de la sociedad.

Posteriormente, al aparecer los sistemas políticos ilustrados, la denuncia de corrupción se convirtió en una buena muestra del nivel democrático de un pueblo, manifestada gracias a la libertad de prensa, expresión del derecho a la información, consagrado desde las primeras constituciones liberales.

Pero en épocas recientes, aun con sistemas formalmente democráticos, se han presentado y expuesto públicamente estos sucesos de corrupción incluso con una intensidad creciente. Baste mencionar el Partido Demócrata Cristiano en Italia que sustituyó al modelo fascista; el Partido Democrático Liberal Japonés sustituto del modelo imperial tradicional, que en ambos casos fueron imposiciones del gobierno norteamericano, que con tal de evitar la contaminación comunista se hizo el ciego y sordo ante los vínculos del primero con la Mafia y del segundo con la Yacuza (algo similar a lo que sucedió, por ejemplo, en Libia). Pero también en su propia casa, baste recordar el caso Watergate, el asunto Irán-Contras y recientemente el operativo “Rápido y furioso”, solo por citar enunciativamente algunos ejemplos de corrupción al interior del gobierno.

Los Medios.

En el contexto de la interacción vectorial mencionada arriba, independientemente de la legitimidad o certeza de las denuncias de corrupción, el mecanismo de mercado informativo juega también sus juegos sucios, sus abusos y corruptelas. Se ofrece información sin fundamentos ni pruebas; cuando no se encuentra información suficientemente poderosa para desacreditar a un político o un grupo por su gestión, se acude a otras posibles fuentes de escándalo como los rumores, la sospecha, la conducta sexual, los hábitos dudosos, incluso a la invención; el escándalo va encima del hecho, con un consecuente daño político, a veces irreversible, pasando por encima de las estructuras y normas del propio sistema jurídico y aun del paradigma del pretendido Estado Constitucional (caso Anonymous – Zetas).

Analizando esta relación entre sistema democrático, información, medios y cultura política, podemos percibir un nexo directo entre el avance en el acceso material a la información, la diversidad y cobertura de medios y la ventilación pública cada vez mayor de actos de corrupción de los individuos y grupos de poder, no solo en el ámbito político, también en el económico, en el religioso, en el social. La diferencia es que ahora tienen un efecto cada vez más devastador en los sistemas y actores políticos y en los grupos de poder, sobre todo, a partir de la aparición de la Internet2 a lo que se ha venido a añadir el surgimiento de las llamadas Redes Sociales.

Cabría preguntarse, ¿por qué?, ¿para qué?

Para acercarnos a la respuesta debemos considerar diversos factores estructurales macropolíticos que contribuyen a la conformación del nuevo paradigma:

1) El Estado, considerado desde el surgimiento del Estado Nacional como el centro del poder, está siendo desafiado en todo el mundo. La aparición del Mundo Unipolar, cuyo símbolo mediático es la famosa caída del muro, trajo en consecuencia un intenso proceso de Reingeniería Geopolítica y con ella, el rediseño del concepto Globalización, quejunto con la narco economía política y las presiones del mercado hacia la desregulación, so pretexto de rendir culto a esa globalización, han debilitado los sistemas políticos nacionales, limitando la toma de decisiones soberanas y haciéndolos más vulnerables ante la confusión creada mediante líneas de opinión pública cada vez más abstractas y multidimensionales;

2) Las industrias culturales de la información y los medios corporativos se están caracterizando por la concentración empresarial y la segmentación del mercado, dirigiéndose hacia una competencia oligopólica extrema, a una distribución personalizada de mensajes y al establecimiento de redes verticales de la industria multimedia, dirigidas en las campañas electorales a forzar las estadísticas hacia el emparejamiento entre contendientes, a fin de generar más expectativa y producir y mantener el mayor Rating posible.

3) La oposición entre lo individual y lo comunitario define la cultura de las sociedades, al mismo tiempo que la construcción de las identidades funciona en una mecánica multidimensional, donde en un primer vector, la historia, el presente y el futuro; en un segundo, el contexto a la vez individual, local, nacional, internacional y planetario; y en un tercero en los aspectos económico, político y social, convergen de manera euclidiana, como un todo, constituyendo el espacio-tiempo-masa en el que vivimos y nos desarrollamos en la actualidad.

Pero si bien la cultura de lo comunitario -la politeia– tiene sus raíces en factores como la historia, la religión, la nación, la territorialidad, la etnia, el género y el entorno[3], se ve fuertemente determinada por el individualismo hipermoderno, que se manifiesta de diferentes formas[4], a través del consumismo dirigido por el mercado, al mismo tiempo que de un patrón de sociabilidad basado en el individualismo estructurado en redes y el deseo de autonomía individual, basada en proyectos vitales pseudo-autodefinidos.

4) En la escala política nacional, al llegar el fin de las ideologías, cada partido queda abandonado a su suerte y comienza el combate externo por el control del centro político y al interior, la lucha interna por el mero manejo de los hilos del poder, minimizado y casi anulado con ello la oferta ideológica y las propuestas y propiciando que una vez constituidos, los gobiernos padezcan una crisis de legitimidad política que debilita, por falta de sustancia, su influencia y credibilidad ante los gobernados.

En este marco, complejo y multidimensional, tenemos entonces que el proceso decisivo que da forma a la sociedad y la cultura política actual, tanto a nivel individual como colectivo, es la dinámica de las relaciones de poder, dependientes del proceso de comunicación socializada y expresadas en los medios.

En tal estado de cosas, los partidos y coaliciones juegan el juego del mejor postor en el mercado electoral, arrebatando las propuestas a sus contendientes y adelantándose al escándalo, ahora antepuesto al argumento, con lo que se desdibujan las propuestas y se personaliza la política al centrar la atención en los actores, de tal suerte que vencerá no el que tenga las mejores propuestas de solución a los problemas, sino el que cuente con la imagen mercadológica más poderosa; es decir, ganará no el que ofrezca mejores alternativas de atención a las necesidades fundamentales de la población, sino quien al final sea menos vulnerable a los escándalos. Así, al final, lo que importa ya no es el proyecto político y de gobierno, sino el producto mediático final sobre la opinión pública. Pero con ello, lejos de evolucionar, no se hace más que contribuir a la deslegitimación del sistema, de la política y en última instancia de la democracia y del Estado Constitucional de Derecho. Los apóstoles de esta nueva doctrina no reparan en el daño tan grave que hacen al Estado en su soberanía, en su fortaleza y dignidad como ente político democrático, supremo al interior e igual y competitivo ante los demás en el seno de la comunidad internacional.

A simple vista, pareciera también que esta ola de “información” sobre lo malo de la política y los políticos, abona a la construcción de nuevos y más fuertes esquemas democráticos; pero no es así: lo curioso es que lejos de propiciar el empoderamiento (empowerment) de la sociedad como cogobernante y medio de control del ejercicio del poder y por ende propiciar el perfeccionamiento del sistema democrático, al contrario, parece estar provocando el resquebrajamiento y deslegitimación de todo lo que huela a gobierno, a grado tal que lo que ondea en el ambiente de la opinión pública mediatizada es el hartazgo y el desencanto por la política y los políticos y las estructuras hegemónicas y de poder, pero sin ofrecer, en plena actitud hipermoderna, una alternativa integral o al menos un proyecto viable, posible y realizable. En su lugar, dentro de esa misma hipermodernidad, lo que importa no es la posibilidad de acceso y sustentabilidad en el poder, esto es, el buen gobierno, sino el dinero, independientemente de la actividad que se realice. Todo ello parece, en una sorprendente paradoja, constituir un campo fértil para el cultivo de mayor corrupción, ahora ampliada a todos –o casi todos- los ámbitos de la vida social.

Ante tal panorama, los grupos de poder y sus representantes se circunscriben y luchan acorralados en el ring de los medios, a ellos sí empoderándolos en términos económicos, financieros, tecnológicos, políticos y culturales (varios de los hombres más ricos del planeta son dueños de medios y TICs. Su interconexión, diversificación y globalización actual, les permiten escapar de los controles políticos a los que estamos sujetos el común de los mortales y en consecuencia gozar de una gran autonomía en cuanto a producción de mensajes y generación de opinión pública, a grado tal, que más que el Cuarto Poder, los medios se han convertido en el campo de batalla de la lucha por el poder, lo cual por supuesto en términos hipermodernos es sin duda mejor negocio. Simplemente habría que revisar los presupuestos del IFE para medios desde 1991 a la fecha.

Este complejo engranaje es por desgracia el que mueve la gran maquinaria que es el mercado de la información política, en México y en muchos otros lados. Nos encontramos sujetos a un entorno contra el que cada vez es más difícil ofrecer alternativas para la sociedad, pues cada vez es más costosa la producción mediática (marketing, encuestas, publicidad, imagen, acceso, procesamiento y difusión de información).

Las Tecnologías.

Ante la diversidad de las sociedades contemporáneas, se incrementa la autonomía, pero a la vez, la globalización obliga a una mayor integración, dando como resultado el nacimiento y crecimiento de las redes de cooperación e intercambio, apoyadas ahora en nuevas TIC’s, en particular:

  • La Internet (software), una tecnología antigua, utilizada por primera vez en 1969, pero que en la última década se ha extendido globalmente, excediendo en la actualidad los mil millones de usuarios y que ahora gracias a la Internet 2.0 adquiere una nueva dimensión al permitir la interacción virtual entre generadores y consumidores de información y de ahí su proyección de y a otros medios.
  • Las redes wifi y wimax (middleware), que contribuyen al establecimiento de las comunidades conectadas a la Red.
  • La comunicación móvil (hardware), que actualmente cuenta con 5,000 millones de titulares de teléfonos móviles, en contraste con los 16 millones de 1991. Así pues, incluso explicando la difusión diferencial en los países en vías de desarrollo y las regiones pobres, un porcentaje muy elevado de la población del planeta tiene acceso a la comunicación móvil, cuyo potencial, cabe señalar, aun no es explorado para su explotación en términos de comunicación masiva.

Con la convergencia entre estos tres elementos, el poder comunicador de la Internet está siendo distribuido en todos los ámbitos de la vida social, del mismo modo que la red de suministro eléctrico y el motor eléctrico distribuían energía en la sociedad industrial.

Las Redes.

Recientemente, se ha añadido a esta realidad un nuevo elemento que se ha sumado rápidamente al juego: Es el caso de los denominados Medios de Autocomunicación de Masas, más famosamente conocidos como Redes Sociales.

Si bien es cierto que la organización social basada en redes ha existido desde tiempos muy remotos, por ejemplo, en las sociedades rurales, donde surgieron espontáneamente alrededor de mercados, festivales religiosos, fuentes de recursos, situaciones de emergencia, etc., actualmente esta adquiere matices diferentes al contar con las TIC’s, que permiten su expansión hacia toda la estructura social[5].

El concepto antropológico de Red en su forma más básica, es decir, como campo social constituido por relaciones entre personas que mantienen de forma permanente una corriente de intercambio recíproco, al ser llevado al plano macro social podría ser redefinido como una organización social que coordina actores autónomos que voluntariamente intercambian información, bienes o servicios, con el fin de lograr un resultado conjunto[6].

El transcurrir de la vida colectiva, sumado al creciente desarrollo tecnológico, sobre todo en las sociedades urbanas, convergen hoy en lo que se conoce como la “era de la información”, donde la cultura hace referencia a sí misma bajo parámetros cada vez más abstractos y donde la organización social se basa en el flujo de información, independientemente del valor agregado de sus contenidos. La actual transformación provocada por las TIC’s en la Era, al mismo tiempo Digital en sus medios y de la Información en sus fines, amplía el alcance de los medios de comunicación a todas las esferas de la vida, en una red que es a un tiempo global y local, genérica y personalizada, abstracta y concreta, con un patrón siempre cambiante.

Las sociedades en los países occidentales industrializados y en las economías emergentes o en desarrollo, se organizan cada vez más en torno a la gran Red de la globalización, modificando su operación y los resultados de sus procesos de producción, la experiencia, el poder y la cultura[7].

En el tema que nos ocupa, es decir, en cuanto a los contenidos de esta comunicación, la “innovación” de la Red Virtual paradójicamente radica en la combinación de elementos inherentes a los dos patrones básicos de ordenamiento social y político presentes desde los orígenes de la civilización: el “mercado” y la “jerarquía”, esto es, la economía y la política[8]. Ambas se manifiestan a través de las redes en dos vertientes: por un lado, en una pluralidad de actores autónomos, productores de información -característica de todo mercado- y por otro, en la aptitud o al menos la actitud típica de las élites de avanzar hacia la coordinación entre actores en busca del centro hegemónico, al mismo tiempo que fomentar una nueva relación con los agentes sociales[9].

Lo anterior, a primera vista podría significar que nos encontramos ante la construcción de una sociedad diferenciada, donde las redes pretenden establecer canales de comunicación, intercambio e integración, retomando por un lado, los principios del “mercado” (libre juego de la oferta y la demanda, en este caso, de información) y por otro, una nueva forma de ejercicio jerárquico, que rompe con las formas verticales de coordinación y deja intacta la autonomía y hasta el anonimato de los actores (libre juego democrático), ambos factores capaces de generar confianza y solidaridad y permitir un entorno político y social adecuado y eficiente.

Sin embargo, en la práctica el modelo tiene sus riesgos: En primer lugar, las redes —sobre todo entre individuos y organizaciones que nacen y crecen como producto o so pretexto de carecer de canales institucionales adecuados de comunicación y/o de intercambio— pueden convertirse en un objetivo en sí mismas. La falta de control y la vulnerabilidad ante la carencia de una estructura organizativa y reglas formales, somete este tipo de grupos o proyectos a la permanente amenaza de desviarse de sus objetivos originales y no cubrir sus necesidades de comunicación. El problema aquí es que por un lado, no siempre los objetivos originales o coyunturales son establecidos de manera libre y democrática, sino a través de lo que podríamos llamar “Usuarios Alfa”, que en la mayoría de los casos son anónimos, pero guían o motivan la toma de decisiones en la red; y por otro, que el acompañamiento de éstas decisiones tampoco se hace de manera autocontrolada por el grupo, sino por lo que podríamos también denominar una especie de “Backend” político, capaz de diseñar y operar tanto los objetivos como el monitoreo y control de la red, a cargo en muchos casos de los medios de comunicación, propietarios de las tecnologías de redes.

Varios estudios, incluyendo el del World Values Survey[10], indican que muchos ciudadanos creen que pueden influir en el mundo con su movilización, sólo que no piensan que puedan hacerlo a través de la política, como sería lo habitual, esto es, se autodeclaran “apolíticos”; pero al mismo tiempo, creen en la regla de que son más efectivas muchas conspiraciones pequeñas en la red que una grande, una especie de guerra de guerrillas mediática, lo cual es en sí una actitud evidentemente política. Pero para que la estrategia pueda realizarse, es necesario el espacio mediático; y dado que, como ya comentamos arriba, este se determina en gran parte por las empresas (mercado) y los gobiernos establecen las reglas del juego político formal, pese a su pluralidad, la inminente aparición de políticos y grupos políticos “insurgentes”– como ya lo estamos viendo en las recientes campañas electorales- no podrá separarse de este nuevo tipo de espacio.

La Política Pública y las TICs.

¿Cómo entender y asumir este entorno y darle algún rumbo -al menos medianamente cierto- en términos de cultura política?

La inmediatez, el contacto constante, la posibilidad de acercarse a miles de ciudadanos con una comunicación fluida y transparente, son objetivos de los medios sociales que la política no puede eludir. Ese es el “Qué” y está claro; lo que no lo está tanto es el “Cómo”, es decir, la instrumentación de políticas, programas, mecanismos y acciones para el aprovechamiento de esta oportunidad estratégica. Sin lugar a dudas, quienes sepan explotar con mayor creatividad estos recursos, podrán mejorar sus formas de gestión pública y de comunicación política y por lo mismo ofrecer una mejor gobernanza.

Sin embargo, en nuestro país el dilema se contextualiza de manera muy peculiar: Una de las variables que en Mexico juegan un papel fundamental en el análisis estratégico del tema que nos ocupa, es el de la denominada “Brecha Tecnológica (Digital)” en los cuatro aspectos de las TICs mencionados arriba: ¿Cómo conseguir que estos recursos tecnológicos sean accesibles a la mayoría de la población y den la oportunidad de cambiar realmente las reglas del juego democrático y del gobierno?

Hoy en día la Internet se ha masificado a nivel mundial, pero la brecha digital sigue siendo amplia y no se arregla solo con infraestructura. El sueño de Howard Rheingold, acuñador del término “Comunidad Virtual” y de una nueva democracia electrónica podría hacerse realidad, siempre que las estructuras políticas y gubernamentales lograran adaptarse a la disponibilidad de nuevas herramientas con capacidad para fomentar la participación ciudadana en los asuntos comunes, pero también y sobre todo establecer mecanismos y programas que permitan el pleno acceso a las TICs y la producción de contenidos a todas las edades y escalas sociales y culturales.

En este sentido, es importante reflexionar en algunas necesidades de atención inmediata, a partir del 2 de julio:

  • Un pacto político, entre el nuevo gobierno y los distintos sectores y actores que intervienen en materia de TICs y Medios, a fin de acercar las herramientas, instrumentos y conocimientos a todos los grupos sociales;
  • La organización de un foro de consulta popular específico en estos campos, que busque una participación amplia de los sectores sociales, académicos, empresariales, etc. bajo el presupuesto de que en este como en muchos otros aspectos, todos tenemos algo que decir;
  • Como producto de lo anterior, un apartado especial en el Plan Nacional de Desarrollo dedicado a Información, comunicación y medios, y consecuentemente un programa específico en estos campos.
  • La inclusión en el texto constitucional de los derechos humanos de 4ª generación, relacionados con la información y la comunicación, los datos públicos y privados y la consecuente armonización y actualización de los ordenamientos y disposiciones jurídicos relacionados, nacionales e internacionales.
  • La restructuración de los organismos públicos involucrados, para darles autonomía y pluralidad, incluyendo por supuesto un observatorio nacional de medios y establecer mecanismos adecuados para darles trasparencia.

Gobernanza en la Era Digital.

En los últimos tiempos se habla mucho de la aplicación de la Web 2.0 a la labor de los actores políticos y las administraciones públicas. Aunque en un principio se utilizó más el concepto Política 2.0, en la medida en que sintetizaba la aplicación de blogs y redes sociales al mundo político, últimamente, la victoria de Obama en EE. UU. A generado el término Gobierno 2.0 que implica el uso de valores como la colaboración o la transparencia en el ejercicio de la labor institucional, dejando ahora el término Política 2.0 para referirse solo al aspecto electoral.

Entre las muchas implicaciones de Gobierno 2.0 en la gestión pública cotidiana ponemos enunciar de manera relevante las siguientes:

  • La supresión de intermediarios entre políticos y ciudadanos (y fundamentalmente, los medios de comunicación de masas);
  • La posibilidad de que los ciudadanos se organicen por sí mismos, al margen de los partidos e instituciones o de que colaboren abiertamente con la labor administrativa;
  • La disponibilidad de herramientas para que los ciudadanos controlen constantemente la actividad de sus representantes; y como producto de todo lo anterior
  • Mayor nivel de responsabilidad de los gobernantes en su gestión.

Trabajos publicados recientemente en Europa y América del Norte[11] coinciden en señalar a las redes sociales como la principal oportunidad con que cuentan, hoy por hoy, administraciones y ciudadanos para establecer una relación más productiva y satisfactoria.

Un estudio del CIS titulado Internet y participación política en España[12], destaca la especial capacidad de las redes para generar nuevos espacios de cooperación, participación e intercambio de información en materia de Gobernanza. Sus autores comentan que los internautas más activos, sensibles a las informaciones gubernamentales y políticas y a la vez más implicados en la mejora del sistema social, son precisamente los usuarios de blogs, foros y servicios en línea. De forma paralela, constatan que las redes sociales facilitan la participación en línea y la hacen menos costosa a los colectivos con mayores barreras digitales, hecho que cobra especial importancia en la relación con los gobiernos locales.

La Guía de usos y estilo en las redes sociales del Gobierno de Cataluña[13], es sólo una muestra de lo que puede hacer los gobiernos y administraciones–sobre todo los ayuntamientos- para aprovecharán el salto tecnológico y continuar mejorando los servicios que gestionan y con ello la presencia y la interacción con la ciudadanía.

Otro caso digno de mención es el gobierno Sueco cuyo Sitio Web[14] ha sido diseñado como una red cognitiva que genera, produce y actualiza su propio conocimiento en función de la necesidad de comparar todo el quehacer público en educación, salud, grupos vulnerables, trámites y servicios públicos, generando y actualizando información de desempeño útil para la gobernanza y la mejora regulatoria. Gracias a esta herramienta, por un lado, los ciudadanos pueden ver qué servidor público, dependencia u organismo es más eficiente y acudir a él – por ejemplo, una clínica, un cajero en una dependencia, etc. –y por el otro, la información obtenida es útil al gobierno para tomar decisiones acertadas y reducir tiempos y gasto operativo, mejorar el equipamiento y los recursos de atención, así como eliminar o sustituir personal ineficiente.

Pero no obstante estos casos de éxito, vale señalar que no todo va por esa vía: El anuncio del primer ministro de Reino Unido David Cameron de suprimir tres cuartas partes de los portales públicos de su gobierno abre una nueva polémica. Para algunos, la medida forma parte de un proceso lógico, tendiente a racionalizar la presencia de los organismos públicos en la Red; otros, sin embargo, temen que aprovechando la reciente oleada de recortes en la Unión Europea, comiencen a imponerse criterios exclusivamente economicistas y no sociales en el desarrollo del Gobierno y la Administración Pública Electrónica. Lo cierto es que -casualidad o no- este hecho coincide con la reciente publicación de distintos informes[15] que muestran una curiosa paradoja: si bien crece espectacularmente el número de usuarios de Internet y, con él, la cantidad y calidad de los servicios públicos que las administraciones ofrecen online a sus ciudadanos, también aumenta progresivamente la desconfianza de éstos hacia aquellas.

Otro caso paradigmático en este mismo sentido es el gobierno español, ha esalado de manera constante la última década en la clasificación de Naciones Unidas sobre E-Government[16] en materia de acceso electrónico y disponibilidad de trámites y servicios. Sin embargo, un porcentaje muy bajo de los internautas españoles declara usar la Red para interactuar con los poderes públicos[17]. Esta “segunda brecha digital” es preocupante por sí misma, pese a la fuerte apuesta gubernamental por las TIC’s; pero lo es aún más en combinación con los datos del barómetro de junio de 2010 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)[18], que muestran que el actual modelo de participación y representación que encarnan gobierno, políticos y partidos políticos constituye el séptimo mayor problema para los españoles, con un porcentaje de apoyo a esta percepción negativa cuatro veces superior al de hace sólo un año.

¿Qué está fallando entonces? ¿Qué hay más allá del front-office público capaz de ensombrecer los logros conseguidos hasta entonces en materia de modernización administrativa? La OCDE aporta una posible explicación en un reciente informe[19], en él se revela que dos de cada 10 usuarios creen que los organismos y departamentos oficiales españoles están desaprovechando los recursos tecnológicos, en especial Internet, para aumentar su transparencia. Con ello se apunta algo más: los ciudadanos no dudan tanto de sus administraciones sino de su escasa capacidad para influir e intervenir en ellas. Ello puede traducirse, a su vez, en apatía y frustración, cuando no en rechazo. Una de las recomendaciones que hace la OCDE al respecto, se refiere a pasar de un enfoque público basado fundamentalmente en la tecnología y la eficiencia económica a otro centrado en el usuario y en una comunicación con éste, más abierta, directa y participativa.

E-Gobierno en México.

Sin perjuicio de que este tema por su amplitud y profundidad exige un tratamiento más extensivo y minucioso que desde luego haremos en un trabajo posterior, vale hacer algunas reflexiones:

En México, desde hace tiempo, se contempla el uso de la Internet como medio de comunicación multinivel entre gobiernos y con la expectativa de una mayor y mejor interacción con los ciudadanos.

En el primer caso, los esfuerzos, el tiempo y el dinero empleados por el gobierno federal en programas como E-México, Plataforma Mexico, han tenido un débil impacto en términos reales, básicamente porque han sido diseñados de forma centralizada y unidireccional, lo que en un país plural y políticamente diverso como el nuestro resulta muy poco viable, sobre todo si tenemos en cuenta que en términos prácticos los gobiernos locales y municipales requieren compartir información tanto de manera horizontal en su respectivo ámbito de gobierno como de forma vertical, a la vez de y hacia el municipio, la entidad federativa y la federación.

Sin embargo de manera aislada, hay avances interesantes. Valga mencionar que desde hace más de una década el gobierno federal ha contemplado dentro de sus políticas, programas y acciones de gobernanza y mejora regulatorias la actualización de páginas sitios y portales web para acercar el gobierno a la población.

En la esfera estatal, en gobiernos como el de Nuevo León se emplea por ejemplo el chat como vía de comunicación con los ciudadanos. Existe una agenda definida con los días, horarios, nombres de quién participa y temas a tratar. Ese día los ciudadanos se pueden conectar al chat y mediante un moderador se pueden realizar preguntas al funcionario responsable del tema que corresponda, pudiendo guardar el chat en un archivo para quienes deseen leer después lo que aconteció en ese debate, las respuestas que se dieron, los compromisos que se hicieron.

Otra de las herramientas que va teniendo cada vez más aceptación para que gobierno y ciudadanía interactúen mejor es Google Moderator, utilizado por ejemplo, por la Presidencia del Senado Mexicano. Su explotación es reciente dentro del medio gubernamental, si bien hace ya algún tiempo que se viene usando al interior de algunas empresas para moderar las preguntas de las reuniones semanales de trabajo. Funciona de manera relativamente simple: los participantes envían sus preguntas y estas son votadas por los otros. Esto al final de un cierto tiempo va a generar preguntas con más votación que otras, lo que ayuda a determinar cuál o cuáles son las preguntas que deben tener prioridad frente a otras. En otras palabras, son los usuarios los que deciden la(s) pregunta(s) que más les interesa(n), siendo esta(s) a la(s) que se le dará prioridad a la hora de contestar y resolver.

Sin embargo el camino por andar en materia de TICs, medios y gobernanza es aun largo y sinuoso. Es necesario considerar como política de Estado el empleo racional y con rumbo de estos recursos para atender los asuntos más apremiantes de la agenda social. En materia de Educación y Cultura, de Salud, de Empleo, de Seguridad, de Justicia, de pleno ejercicio de los derechos fundamentales, de acceso global a las TICs y formación a todos los niveles y edades para su explotación; de una relación sana y transparente entre actores políticos, gobierno, medios y sociedad, nuestro país sigue en espera de una política coherente y articulada desde una perspectiva multinivel y multidimensional que genere acciones concretas, resultados.

El gobierno en turno durante el sexenio por venir, independientemente de su filiación política, deberá gobernar para todos y en ese tenor, se encuentra obligado a ofrecer alternativas claras y concretas en la materia.

Para finalizar, más que una conclusión permítaseme una reflexión: No perdamos de vista en la comprensión del tema que nos ocupa aquí (Política, Comunicación, Redes y gobierno) –y que por cierto debería ocupar un lugar más importante si es que en verdad fuera nuestro deseo hacer algo por la Reforma del Estado y el Gobierno- es que nos encontramos sobre todo ante una reforma Cultural. El sistema político es un sistema en sí y forma parte de la cultura social de una nación; por tal razón, cambiarlo es tarea por demás difícil. Sin embargo, igualmente hay que subrayar que la solución, lejos de ser exógena, tiene sus raíces en el origen mismo del problema, es decir, en la relación Estado – Poder Público – Sociedad y que esta relación puede y debe apoyarse en las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación y los Medios.

Pero esto exige primero que nada, un cambio de actitud para la creación de una Cultura que entienda y asuma que el cambio no puede darse mágicamente, por decreto, ni es cuestión –como la experiencia nos lo ha hecho ver- de “endosar” la responsabilidad mediante el voto y luego “exigir” o esperar que caiga del cielo la respuesta. Tampoco es –parafraseando a Crozier- sólo “cuestión de máquinas”, la tecnología es y seguirá siendo un medio, nunca un fin. El factor humano es fundamental en la cosa pública, en lo que nos atañe a todos.

De la sociedad por su parte se requiere no nada más de una actitud crítica y exigente, la cual es sin duda valiosa, pero no suficiente. En la nueva forma de ver el gobierno y su relación con los medios, la ciudadanía también tiene que colaborar activamente con los órganos del poder público, legislativos, ejecutivos, judiciales, autónomos. En este contexto, las organizaciones civiles y políticas, las propias redes sociales y sus usuarios individuales o colectivos tienen la importante misión de adoptar una posición crítica pero al mismo tiempo propositiva y proactiva, que les permita una participación más cercana y comprometida, en tanto que “ciudadanos-gobernantes”, en los asuntos que les afectan a todos los niveles, desde los más cercanos y concretos a los más abstractos, y contribuir al diseño y operación de una agenda de trabajo en la que se definan políticas, estrategias, programas y actividades en cada uno de los ámbitos de la vida nacional.

No podemos predecir el futuro, pero lo que sí podemos hacer es construirlo. Ahora más que nunca está claro que la tarea de todos no queda agotada en el ejercicio del sufragio. Nos encontramos en un momento propicio para contribuir, todos, a la conformación de una política pública y un gobierno modernos, echando mano de los recursos jurídicos, políticos, tecnológicos, mediáticos y sociales con que contamos, pues solo así podremos aspirar a primero la construcción de un nuevo modelo de país y luego al logro de su legitimidad, continuidad y permanencia.

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[1] Farrell, Kolodny & Medvic. Op. cit. pp.11-30.

[2] Mermin (Op. Cit.) desmitifica la idea de que los medios de comunicación indujeran la decisión del gobierno estadounidense de intervenir en Somalia, demostrando que aunque los periodistas finalmente tomaron la decisión de cubrir la crisis, esa cobertura mediática clave en las cadenas de televisión se produjo después y no antes de que los directivos clave de Washington (pág. 392) prestaran atención al tema. Véase también Entman (Op. Cit.), que ofrece pruebas de una teoría de “activación en cascada”, en la cual las estructuras mediáticas activan las decisiones políticas de elite y viceversa.

[3] Castells, 2004; y Ong, 2006.

[4] Charles, Sebastien. La Hipermodernidad, tumba de la postmodernidad? (Op. Cit. pp. 11 y ss.)

[5] Castells, Manuel. Comunicación y Poder. (Op. Cit. p. 505).

[6] Messner (Op. Cit., p. 95)

[7] Castells, Ídem.

[8] Ferrajoli, Luigi. Los Fundamentos de los Derechos fundamentales, España, 2005, p. 32

[9] Messner, op.cit. p.98.

[10] European Values Study Group and World Values Survey Association (2006). EUROPEAN AND WORLD VALUES SURVEYS FOUR-WAVE INTEGRATED DATA FILE, 1981-2004.

[11] En la bibliografía del presente documento se ofrecen algunos de ellos.

[12] Anduiza, Eva; Et. Al. (Op. Cit.)

[13] http://www.gencat.cat/web/meugencat/documents/20100607_GUIA_USOS_XARXA_CAS.pdf

[14] http://www.stockholm.se/jamfor

[15] Vid. Vgr. European Values Study Group and World Values Survey Association, (Op. Cit.)

[16] UN E-Government Survey (Op. Cit.)

[17] Informe Anual sobre desarrollo de la sociedad de la información 2011 (Op.Cit.)

[18] Op. Cit.

[19] Op. Cit.

La Revolución Mexicana: Algunas reflexiones

“REFLEXIONES ACERCA DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA”

Por Raúl Ávila Ortiz y José Ramón González Chávez

“pecado de juventud”, publicado en conmemoración del 20 de noviembre. 1984.

CADA NACIÓN TIENE DETERMINADAS FECHAS QUE SIMBOLIZAN LA INFLUENCIA DEL PASADO EN EL PRESENTE, QUE MANIFIESTAN SU VIGENCIA EN EL EXISTIR ACTUAL. EN MÉXICO, HASTA LA RANCHERÍA MÁS REMOTA, EN LA CHOZA MÁS LEJANA, NO PUEDE PASAR INADVERTIDO UN DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE, UN VEINTE DE NOVIEMBRE, TAMPOCO ENTRE NOSOSTROS.

El presente trabajo busca brindar un breve marco general de referencia acerca de las causas, antecedentes, evolución y consecuencias de la Revolución Mexicana.

Para entender la naturaleza de ésta, es necesario, desde el punto de vista dialéctico, conocer la diferencia entre dos conceptos: Movimiento y Revolución.

Según distinguido autor, “Revolución es el cambio fundamental de las estructuras económicas; es la transformación  total de un sistema de vida por otro completamente distinto”(1) en tanto que “ Movimiento, es el cambio parcial de las estructuras económicas, y total o parcial de las estructuras sociales, políticas o jurídicas ”(2).

Para Carpizo (3), los movimientos son clasificables en base a dos criterios que no obstante ser diferentes se entrecruzan y dan las diferentes clases de movimientos que conoce la historia:

1. Según su finalidad, el movimiento puede ser de índole político o social

1.1. El movimiento político puede perseguir un cambio de persona, principios jurídicos, sistema o independencia.

A) El cambio de persona puede perseguir la destitución de: un gobernante constitucional, un gobierno de ipso, un usurpador o un dictador.

B) El cambio de principios jurídicos, por su parte, puede perseguir la adición o supresión de ciertas normas: fundamentales, si se refiere a una decisión fundamental del orden jurídico; primarias, si la norma es de índole constitucional; y secundarias si es una norma no constitucional.

C) El cambio de sistema es la renovación de una forma de gobierno que determina una modificación profunda en el orden jurídico.

1.2. El movimiento de finalidad social, por otro lado, persigue que el hombre viva una vida mejor acabando con las injusticias sociales.

2.- Desde la arista de quien realice el movimiento, este puede ser efectuado por: el pueblo, por una clase social, por uno o más de los poderes públicos, por él ejercito o parte de él, o por una minoría ágil. Según algunos autores, los movimientos sociales siempre implican un cambio político, es decir, son una etapa más avanzada en el desarrollo de los movimientos.

Expuesto lo anterior es dable afirmar que los llamados cuartelazos, asonadas, motines, revueltas, etc., bastante numerosos en el pasado siglo en México, fueron movimientos con finalidades políticas cuyos ejemplos más ilustrativos se encuentran en los cambios de un sistema federal a un sistema central y viceversa, consignados en diferentes ordenamientos jurídicos de esa centuria.

En este orden de ideas, pocas revoluciones registra la historia; El paso de la esclavitud al sistema de servidumbre, del de servidumbre al sistema liberal burgués y de éste, en algunos países, al socialismo. En México, entonces, ¿es posible llamar revolución a los hechos ocurridos a partir de 1910?

La Revolución Mexicana de 1910, o de 1913, como lo han afirmado varios autores, es mal llamada Revolución. No existió una transformación fundamental, de esencia, en las estructuras económicas. En realidad fue un movimiento que en 1910 tuvo una finalidad política doble: derrocar a una persona y su proyecto (el dictador Díaz y lo que representaba hasta el momento) y llevar a la Constitución el principio de la no-reelección. Este movimiento político se convirtió en movimiento social en 1913, aunque el movimiento de Carranza siempre tuvo carácter político y -aclarando, en desacuerdo con algunos autores que sostienen que fue un movimiento efectuado por el pueblo, por que del pueblo partió la idea de las reformas sociales y no de quienes conducían el movimiento-, que desde el punto de vista de quién lo efectúo, se conjuga una clase social, uno o más de los poderes públicos, el ejército o parte de él y una minoría ágil.

Las causas motivadoras de éste movimiento político-social fueron, según opiniones generalmente aceptadas: el régimen de gobierno en el cual se vivió al margen de la Constitución; el rompimiento de ligas del poder con el pueblo que consecuentó la deplorable situación del campesino y del obrero; el gobierno central, donde la única voluntad fue la del presidente; la inseguridad jurídica en que se vivió, donde el poderoso todo lo pudo y el menesteroso no fue protegido por la ley; el uso de la fuerza tanto para reprimir huelgas como para aniquilar a un pueblo o a un individuo; haberse permitido una especie de esclavitud donde las deudas se transmitían de generación en generación; intransigencia política que se representó en la rotunda negativa a cambiar al vicepresidente para el período 1910-1916; la entrega de la economía nacional al elemento extranjero; y el raquitismo político de una clase media cuya intervención en los asuntos públicos era completamente nula.

A manera de antecedentes de este acontecimiento histórico, en términos generales podemos citar los siguientes: el Programa del Partido Liberal Mexicano; el Plan de San Luis; las Huelgas de Río Blanco, de Cananea y la Ferrocarrilera, y las rebeliones campesinas, el mismo proceso electoral de 1910.

A continuación, y siempre tocando los puntos salientes, trataremos la evolución o desarrollo del movimiento de que venimos hablando.

En 1901 se forma el grupo “Ponciano Arriaga” que dirigió Camilo Arriaga y de cuyo seno saldrían más tarde los redasctores del Manifiesto del Partido Liberal. Éste, expedido en 1906 en Saint Louis, Mo. por Ricardo y Enrique Flores Magón, Juan y Manuel Sarabia, Antonio I. Villarreal, Librado Rivera y Rosalío Bustamante, luego de examinar profundamente nuestra situación política, social, económica y religiosa. Marcaba los puntos concretos a realizar, los que en forma sintética, pueden agruparse en: libertad de expresión, reformas de tipo político, de carácter educativo, control sobre la iglesia católica, disposiciones de carácter económico y medidas tendientes a mejorar las condiciones de obreros y campesinos. Este Manifiesto proporciona la fuerza ideológica que necesitaban éstos últimos para concretar sus acciones traducidas en las huelgas de Cananea y Río Blanco, por citar algunas.

La efervescencia política, sentida en 1908 debido a la supuesta apertura política propiciada por el General Díaz, con motivo de las próximas elecciones, propició la creación de los Partidos “Democrático”, “Nacionalista Democrático” y “Antirreleccionista”, ideológicamente contrapuestos al Partido Releccionista.

Francisco I. Madero, quien junto con Emilio Vázquez Gómez dirigían al penúltimo de los nombrados, publica el libro “La Sucesión Presidencial en 1910” obra que causara gran inquietud en la opinión pública. Oriundo del Estado de Nuevo León, Madero persigue un fin político al procurar una transacción con el Presidente electo Díaz, aceptando que continuará en el poder pero cediera la vicepresidencia y parte de las curules y gobernaturas al partido antirreleccionista. Después de estériles diálogos conciliatorios entre Madero y Díaz, éste se reelige, y ocupa la Vicepresidencia Ramón Corral, mediante proceso un electoral fraudulento. Madero, luego de ser apresado arbitrariamente, se fuga a los Estados Unidos y expide en octubre de 1910, en San Antonio Texas, el Plan de San Luis, que convocaba a la Insurgencia con obvias implicaciones políticas y cuya fecha de inicio se preveía para el 20 de noviembre. Dada la persistencia del clima político, el movimiento armado estalló en tal fecha en diversas partes del país.

Madero, luego de diferentes hechos de armas, toma Ciudad Juárez declarándola capital provisional de la República; de declara Presidente legítimo de México e integra su gabinete con personajes como Venustiano Carranza y José María Pino Suárez.

Por su parte, Díaz luego de firmado los tratados de la Cd. Juárez y ante la fuerte presión política y social, renuncia y marcha en autoexilio a Europa.

Siendo Presidente provisional Francisco León de la Barra, se convoca a nuevas elecciones. Madero, quién creó el Partido Constitucional Progresista suprimiendo el Nacional Antirreleccionista, triunfa en las elecciones de noviembre de 1911, ocupando la Vicepresidencia de José María Pino Suárez. El gabinete nombrado por el nuevo Presidente causó gran descontento, pues defraudo a los representantes de los intereses y ambiciones de los representantes de los grupos que apoyaron a Madero (vgr.: de los ocho secretarios de estado solo tres eran revolucionarios); pero el error fundamental consistió en ratificar el sistema porfirista, pues no hubo cambios en el sistema burocrático, político, administrativo o social.

Madero olvidó los principios que lo habían guiado en la lucha, se desentendió de las demandas del pueblo, del sector obrero y campesino que le habían dado el triunfo. Pronto empezaron las sublevaciones: Zapata desconoció el gobierno de Madero y lanzó el Plan de Ayala, de contenido primordialmente agrario, reconociendo como Jefe Revolucionario a Pascual Orozco. Wilson, por su parte, luego de fraguar maquiavélico plan en contra de Madero, respondiendo a mezquinos intereses, logró hacerle renunciar obligadamente en febrero diecinueve de 1913, imponiendo a Huerta, que ya como Presidente Provisional se conviertió en un simple pero incondicional ejecutor de las acciones dictadas por la embajada norteamericana,. Huerta, quién juró  no atentar contra la vida de Madero, mandó matarlo junto con J.M. Pino Suárez, el 22 de febrero de ese año, culminado con ello la llamada “decena trágica”.

De esta manera se cierra un capítulo para abrirse otro en la historia que nos ocupa. Ante tales hechos, Carranza, entonces Gobernador del Estado de Coahuila, mediante manipulación del Congreso Local, desconoció al Gobierno de Huerta instando a otros Estados a sublevarse. Investido con facultades extraordinarias para legislar, luego de varios hechos de armas, expide el Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, firmándolo entre otros, Álvaro Obregón. Dicho documento, que según Carranza “no era de contenido social por motivos estratégicos”, contenía proposiciones tales como las de derrocar el espurio gobierno de Huerta y formar un ejército constitucionalista. Después de luchas armadas, Carranza llega a Hermosillo en septiembre 20 de 1913, organiza su primer gabinete y reordena su ejército. Los Estados del Norte ya lo apoyaban. Allí habla de crear una nueva Constitución que aparentemente respondería a las demandas sociales. No implicaba un cambio de hombres en el poder, solo “amplias” reformas sociales.

En tanto, Orozco se vendía a Huerta, por lo que fue desconocido por Zapata en Mayo de 1913. Ante las tensiones políticas entre el Congreso y el Ejecutivo que produjeron la muerte del senador Belisario Domínguez, entre otros, y una posible intervención armada norteamericana, la fórmula Huerta-Blanquet, descaradamente, se postuló como postulante a las elecciones extraordinarias celebradas en octubre de 1913, Ante el incontenible avance de las fuerzas carrancistas, la pérdida de apoyo por parte del gobierno norteamericano y la inminente invasión a Veracruz, Huerta, renuncia al poder.

A fines de 1913 el movimiento constitucionalista llega a su apogeo; con Obregón como ariete militar, tenía en sus manos dos tercios del país.

En agosto de 1914 Carranza entra a México. Sin embargo, hay discordias entre Villa y Zapata.

Ante la intransigencia de Zapata y Villa, Carranza convoca a una Convención en la Ciudad de México, en la que es ratificado como Primer Jefe de la Nación. Trasladada la Convención a Aguascalientes, donde ocurrieron serias divergencias entre el pensamiento zapatista y el carrancista. Al adoptar como bandera el Plan de Ayala, la Convención de Aguascalientes nombra como Presidente provisional a Eulalio Gutiérrez, mientras que el Jefe del Ejército Convencionista nombra a Villa, desconociéndose a Carranza, quien huye a Veracruz. Entretanto, Villa y Zapata entran a la Capital.

Desde Veracruz, en diciembre de 1914, Carranza adiciona el Plan de Guadalupe. El movimiento político se convierte forzadamente en social, por evidentes razones de carácter político, pues Carranza y su grupo perdían la partida. De tales adiciones se derivan la Ley Agraria de 1915, la Ley de Relaciones Familiares y la Ley del Municipio Libre, fuentes directas de las futuras reformas constitucionales.

Paralelamente a lo anterior, Obregón destruye a las fuerzas Villistas, con lo que se preparaba el regreso de Carranza a la Ciudad de México.

De está manera, el Congreso Constituyente de 1916-1917, causa final del movimiento carrancista y causa eficiente de la Constitución de 1917 hoy vigente, uno y otra consecuencia política del proceso a grandes rasgos descrito, condensaría las vertientes ideológicas surgidas antes y durante el movimiento político mal llamado “Revolución Mexicana”, y conciliaría, asimismo los intereses económicos, políticos y sociales que le dieron origen.

El principio de la no-reelección, la reforma educativa, la reforma agraria, el municipio libre y la legislación laboral, principalmente, fueron los logros incorporados a la Constitución. No obstante ello, ésta no instrumentó cambios significativos en la estructura del Estado, simplemente legalizó ciertas situaciones de facto, producto del Movimiento sentido.

Los regímenes post-revolucionarios, a ejemplo, han tenido que luchar para dar solución a los problemas no resueltos desde la época porfiriana. Tales soluciones, en su gran mayoría, han sido de carácter político y buscando aliviar solamente a corto plazo dichos conflictos.

La importancia reconocida entonces al sector obrero como elemento de impulso al desarrollo nacional explica el gran avance manifiesto en la seguridad social pero el olvido del primero se traduce también en la crisis de la segunda; la derrota de la facción agrarista ha significado la postrer opresión del sector campesino, quien no fue ni ha podido ser incorporado a la producción nacional. Para nadie es un secreto que la Reforma Agraria resultó en un rotundo fracaso y la política de la dádiva desde hace décadas hasta la fecha resulta inútil cuando no es contraproducente.

Las exigencias del sector social, por otro lado, provocaron el conocido proteccionismo de Estado, cuyo peso ha soportado fundamentalmente la clase media hasta su deterioro paulatino desde mediados de los años 70 hasta la fecha.

La reciente historia de México es un intento frustrado por acercarse al orden jurídico ideal insito en la Carta Magna y las leyes complementarias; un intento a modo de algunos gobernantes por modificar la normativa referente los cada vez más agudos problemas sociales, y un contra-ataque de otros buscando retroceder al estado que guardaban las cosas a mediados antes de la caída de Díaz. Todo esto en medio de enormes presiones internas e internacionales que condicionan el rumbo de cualquier política de tinte genuinamente nacionalista, obligando a la sumisión, voluntaria o no, del neoliberalismo, del cambio neo demócrata cristiano, o como se le quiera llamar.

Coincidimos en que México está en el umbral de una nueva etapa histórica en cuanto a su desarrollo integral, lo que hace necesario un profundo conocimiento de nuestro pasado para comprender la situación actual y dar un paso firme hacia el futuro. Sostenemos que nadie puede participar efectivamente del cambio si no es consciente de la esencia y el objeto de ese cambio al que tanto se invoca.

Los ciudadanos que tenemos conciencia de nosotros mismos como células de la comunidad política y de nuestro entorno social, jugamos un papel decisivo en dicho proceso de conocimiento y concientización; conocimiento del deber de construir y mantener una visión del Estado al que pertenecemos y debemos vivificar con nuestra participación activa; y conscientización de que todos somos uno y de que cada uno somos todos.

¿En qué medida la ciudadanía participará en la definición de la naturaleza y características del tan mentado cambio y del rumbo que este deberá tomar para que haya una verdadera modificación de las estructuras políticas, económicas y sociales que redunden en beneficio de los mexicanos?

Esta en todos y en cada uno de nosotros, dar respuesta a esta tan delicada interrogante.

Estudio sobre el papel del legislativo y los legisladores en el perfeccionamiento de las estrategias de reducción de la pobreza en México

Estudio de aproximación sobre el papel del poder legislativo

y los legisladores en el perfeccionamiento de las estrategias

de reducción de la pobreza en México

Por José Ramón González Chávez

(elaborado para el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) con sede en Estocolmo, Suecia. México, enero de 2009)

INDICE

I.- Introducción  3  
II.- Marco de Referencia Política, Gobierno y PobrezaRealidad Actual  5
III.- Perspectivas y Visiones Vertiente InstitucionalVertiente Político PartidariaVertiente Académica  7
IV.- Aplicación de Cuestionario y sus Resultados Inclinaciones políticas y motivaciones para trabajar en el combate a la pobrezaVisión y sensibilidad respecto de la problemática y sus posibles formas de soluciónRecursos disponiblesConocimiento y vinculación con mecanismos de cooperación internacionalFactores complementarios  10 10     11     11   13     13  
V.- Conclusiones y Consideraciones Finales  13  
Referencias  15
Anexos Términos de Referencia Metodología de Evaluación Directorio de Legisladores entrevistados Matriz de análisis y contrastación Entrevistas escritas Entrevistas orales               

I.- INTRODUCCION.

Las nuevas tecnologías, la recomposición política del mundo, la dinámica poblacional, los cambios organizacionales, la explotación global de los recursos naturales, las nuevas formas de acceder y administrar la información, la dinámica financiera global, inciden de manera directa en el desarrollo de las naciones, dentro del cual, la pobreza ocupa también un lugar preponderante. Al reflexionar sobre este vínculo tan estrecho, se constata la cruda veracidad de una paradójica premisa: el progreso no necesariamente trae consigo bienestar, es más, pareciera ser que a medida que la ciencia, la tecnología y el mercado avanzan, más crecen los índices de marginación, la brecha social se ensancha.

De ahí que en la actualidad, el aumento de la pobreza recupere su posición privilegiada como elemento de interés y de especial atención a escala nacional e internacional. Resulta innegable que la implementación generalizada de las políticas neoliberales, el abandono paulatino del Estado en materia de programas sociales, la pobre o nula efectividad de las políticas de los gobiernos nacionales en la materia, constituyen en su conjunto la fórmula productora del empeoramiento de las condiciones socioeconómicas en Latinoamérica y por supuesto en México. Esta situación, sin duda, se verá acentuada por la denominada crisis financiera global, que contribuye de manera significativa a la intensificación del clima de incertidumbre, que por cierto, se vive ya desde hace tiempo.

Durante la década pasada, gran parte de los esfuerzos de cooperación internacional se han enfocado al apoyo y aseguramiento de condiciones apropiadas para desarrollar en cada país beneficiario estrategias efectivas de reducción de los índices de pobreza (PRS por sus siglas en inglés). Buena parte de estos fondos se dedicó a fortalecer el nivel de conocimiento y los recursos de los actores políticos para asumir un compromiso real con dichas estrategias. En la actualidad, ante el escenario global, los organismos internacionales financieros y de cooperación para el desarrollo se ven en la imperiosa necesidad de hacer un replanteamiento de sus políticas, estrategias y acciones, a fin de reorientar la asignación de recursos y apoyos hacia objetivos más precisos y confiables, que produzcan resultados más efectivos. Para lograrlo, la colaboración de los gobiernos beneficiarios resulta imprescindible.

En tal contexto, un elemento de importancia capital en el diseño, definición, implementación y aplicación de dichas estrategias consiste en evaluar las metas, así como el tipo de recursos y apoyos necesarios y acordes a las circunstancias específicas de cada país que recibe acciones de cooperación internacional encaminadas a disminuir sus indicadores de pobreza, haciendo que los resultados de los esfuerzos realizados tengan un mayor impacto.

Bajo la pauta indicada por el Instituto para la Democracia y el Desarrollo Electoral (IDEA), aplicada ya en varios países, y tal como subraya el reporte sobre el caso peruano, la arena legislativa constituye el escenario más representativo donde convergen los más diversos intereses, económicos, regionales, ideológicos, y en la que se llevan a cabo labores cruciales, tanto de definición y asignación de recursos, como de aplicación de medios de control sobre el ejecutivo federal para evaluar su ejercicio.

Por ello, el presente trabajo tiene por objetivo fundamental brindar elementos para identificar motivaciones, percepciones, recursos y capacidades de los legisladores del congreso federal de México (diputados y senadores), a fin de ampliar su margen de participación y hacer más efectivos los recursos y apoyos dedicados a tal fin.

El asunto no esta tarea fácil, pues si bien ya de suyo evaluar desde una perspectiva general el papel que juega la sociedad política, en particular los legisladores, en la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas de desarrollo y reducción de la marginación y la pobreza plantea importantes retos de tipo teórico y metodológico, realizarlo para comprender la realidad mexicana resulta por demás complejo, dada la cantidad, variedad y calidad de antecedentes económicos, políticos y sociales que existen en este rubro, así como la gran diversidad de políticas públicas, normas, instituciones y acciones gubernamentales que han existido y siguen existiendo en la materia, tanto a escala federal, como estatal, regional y municipal.

Para lograr el objetivo mencionado, la metodología de evaluación establecida de manera preliminar en los Términos de Referencia (TOR’s) se centra en la aplicación de un cuestionario, ya sea al oral (se anexan CD’s con entrevistas) o por escrito, a diputados federales y senadores que dentro del Congreso y del medio político nacional ocupan una posición protagónica en la toma de decisiones respecto de diversos aspectos que tienen que ver con el combate a la pobreza.

El espectro original previsto de legisladores fue de 26, de los cuales, 20 de ellos son diputados y 6 senadores. De ellos, solo fue posible entrevistar a 13 (7 diputados y 6 Senadores) no obstante nuestra insistencia para hacer contacto con ellos, aunque en la matriz de evaluación aparecen solo 10 muestras, dado que tres de ellos contestaron prácticamente en los mismos términos que la mayoría de los diputados, no sin aportar nada original a la base de datos, por lo que se tomó la decisión de no incluirlos en ella y evitar así volver redundante la información. Esta situación resulta digna de resaltarse, pues en cierta medida refleja su disposición para interactuar con fuentes de información y de investigación externas al propio Congreso.

Todos los parlamentarios seleccionados en la muestra se distinguen por el hecho de haber ocupado en otros momentos, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, cargos en la administración pública relacionados con diversos aspectos del desarrollo; Originalmente se previo una muestra de quince legisladores aunque por lo que, si bien la muestra pudiera apreciarse a primera vista como relativamente modesta, dada la calidad y peso político de los entrevistados, resulta ser bastante representativa y consistente.

Dentro de la metodología se ha considerado muy importante incluir en del marco de referencia un breve repaso a los hechos, políticas instituciones, programas y acciones que sobre el particular se han presentado en México a partir de inicios del siglo XX hasta la fecha, lo que permite descubrir y explorar tres ejes o perspectivas desde donde puede ser abordada la problemática: Hemos preferido dejar las tablas y estadísticas correspondientes en los apéndices con la documentación tomada como referencia, a fin de no apartarnos del propósito central del trabajo.

El siguiente apartado se dedica a la interpretación de las respuestas que dieron los legisladores entrevistados al cuestionario empleado, ordenándolas de acuerdo a los bloques temáticos en que fueron dispuestas, a saber: A) inclinaciones políticas y motivaciones para su participación en el combate a la pobreza; B) visión y sensibilidad respecto de la problemática y de sus posibles formas de solución; C) recursos disponibles para incidir en el tema; D) conocimiento de las estructuras, métodos y mecanismos disponibles a nivel internacional, útiles para fortalecer su participación en la definición, instrumentación, operación y evaluación de las normas, políticas, programas y acciones tendientes a reducir los índices de pobreza; y E) algunos otros factores no aplicables a los rubros anteriores pero que se consideren importantes de considerar para efectos del trabajo.

En la parte final se presenta una síntesis con los aspectos más relevantes que produjo esta aproximación y consideraciones finales sobre la forma en que podría lograrse una mayor eficacia en la aplicación de recursos y apoyos de cooperación internacional en la materia.

II.- MARCO DE REFERENCIA.

A) Política, Gobierno y Pobreza.

La pobreza es uno de los fenómenos que ha acompañado a la humanidad desde sus orígenes. Atender los tres indicadores más importantes para dimensionar la pobreza: alimentación, patrimonio y capacidad para afrontar las variables del entorno, ha sido una preocupación medular en todas las sociedades de todos los tiempos y lugares, al grado de llegar a constituir uno de fines primordiales del Estado y de la comunidad internacional.

En México, la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la marginación, es un problema ancestral, que persiste a pesar de las políticas adoptadas por los diferentes gobiernos y de los avances registrados a lo largo de la historia:

Ya desde fines del siglo XIX y principios del XX, los ideales de “Orden y Progreso” del liberalismo positivista, menguados a causa de la inestabilidad política, las asonadas militares locales y los cacicazgos, cobraron nueva fuerza durante el Porfiriato, que pretendió aspirar al desarrollo mediante la implantación desde el centro de un proyecto modernizador de alcance nacional, que preveía la inserción económica y cultural de México en el mundo “global” de entonces, pero a un alto costo político y social.

Después de la severa crisis económica de 1907, la organización de los obreros y los campesinos se tradujo en el movimiento armado de 1910, cuyas demandas se elevaría siete años más tarde en derechos sociales de carácter constitucional. No obstante, la endeble gobernabilidad, sumada a la presión de los poderosos intereses económicos extranjeros y trasnacionales, entre otros factores, constituyeron un gran obstáculo para la implementación de medidas contra la pobreza.

Los primeros gobiernos post revolucionarios hicieron intentos por integrar a los indígenas y los campesinos a la vida económica y social; sin embargo, la falta de capacidad técnica requerida por la modernización los excluyó nuevamente del proyecto de desarrollo, siendo sustituidos por la propuesta de las empresas privadas, que acomodaron los objetivos planteados por la Revolución a sus propios intereses.

En tal contexto, surge la figura del Presidente Lázaro Cárdenas, que relanza el proyecto nacionalista revolucionario con innovadoras formas de organización de corte social: se expropian las industrias ferroviaria y petrolera, que se encontraban en manos trasnacionales; se da una verdadera reforma agraria; se crean las grandes centrales obreras y organizaciones sindicales; surgen las instituciones de seguridad social. Se establece la educación básica gratuita y universal. El Partido Nacional Revolucionario se reorganiza en sectores sociales: obrero, campesino y popular.

La segunda guerra mundial impulsa el proceso de industrialización mexicano de los años 1940-50. La activación económica que produce genera empleo y por ende, propicia un mejoramiento en las condiciones económicas de una población que de manera creciente comienza a trasladarse del campo a las ciudades. Posteriormente, bajo el modelo de “desarrollo estabilizador” se dio un crecimiento económico elevado y sostenido con estabilidad de precios, que concentró sus beneficios en los centros urbanos y en los poseedores de grandes capitales, quienes gozaron de fuertes subsidios, un proteccionismo desmedido y una estructura oligopólica del mercado.

Buscando subsanar estas deficiencias, en 1971 el Presidente Luis Echeverría lanza su propia versión del modelo con el nombre de “desarrollo compartido”, plataforma que impulsó importantes reformas económicas y mecanismos de organización social, pero financiados mediante subsidios cubiertos por una creciente deuda externa. A partir de 1976, la vulnerabilidad de la economía mexicana se acentúa. El auge y luego la caída de los precios del petróleo y la rampante devaluación del peso, paralizan la política social y la convierten en un fracaso, reconocido incluso desde el gobierno.

B) Realidad Actual.

Si bien, a pesar de todo, los índices de pobreza y desigualdad, así como los indicadores sociales presentaron mejoras entre 1950 hasta fines de los años 1970, en los ochentas, la crisis de la deuda y su secuela, aumentarion la pobreza y la desigualdad; si bien los indicadores sociales continuaron mejorando, lo hicieron a tasas menores y beneficiaron solo a ciertos grupos pequeños.

En este momento comenzó la aplicación de las políticas neoliberales; una leve y breve recuperación económica de 1989 a 1992 trajo una disminución relativa de la pobreza, pero ubicada por encima de los niveles de 1984. La tendencia cambió negativamente entre 1992 y 1994, probablemente debido a la desaceleración de la tasa de crecimiento, recrudeciéndose la crisis del peso a fines de 1994. En los 6 años siguientes, a pesar de la estabilidad y la recuperación macroeconómica de la que el Presidente Zedillo hizo gala dentro y fuera del país, en términos reales los índices de marginalidad y pobreza aumentaron.

La alternancia política de 2000 no produjo cambios en la visión del gobierno sobre la pobreza y sus formas de atacarla, más aún la incrementó. Dadas las circunstancias actuales de crisis financiera global, el problema de la pobreza tiende a acentuarse, pues de nadie es ajeno que ante recesiones económicas o estancamientos en el crecimiento del PIB y altas tasas de inflación, la pobreza crece.

III.- Perspectivas y Visiones.

Derivado de esta amplitud y complejidad de variables apenas esbozada en el punto anterior, en el intento de explicar el fenómeno de la pobreza en México, su problemática, formas de atención y resultados, existen tres vertientes o perspectivas de información que pueden ser consideradas cruciales para una comprensión objetiva y amplia del tema:

A) Vertiente Institucional

En México, la transición política se ve reflejada no tanto en la alternancia en la titularidad del ejecutivo, como en la recomposición política del legislativo. La necesidad de logar consensos parlamentarios, de los cuales depende hoy en buena medida el éxito de las iniciativas enviadas por el Presidente de la República; la actividad de los grupos y comisiones parlamentarios que han dejado de ser un mero requisito de formalidad para aprobar los proyectos de leyes del ejecutivo, constituyendo ahora un medio de discusión intensa y debate serio de los grandes temas nacionales (ahí está como ejemplo claro el caso de la Reforma a Pemex), son factores que han incidido de manera determinante en la planeación, instrumentación y puesta en marcha de las políticas públicas para abatir el rezago económico de los grupos menos favorecidos.

Desde la perspectiva de la administración pública federal, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su informe ejecutivo sobre la pobreza en México 2007, admite que “a pesar de la tendencia a la reducción de la pobreza en los últimos años, … este indicador se encuentra hoy en niveles similares a los de 1992: 47% de la población del país está en situación de pobreza patrimonial y 18.2% en pobreza alimentaria. De no incrementarse de manera acelerada los salarios reales y el empleo en el país, la pobreza no podrá reducirse de manera sustantiva en el mediano y largo plazos”. Afirma en sus conclusiones que si bien los esfuerzos de política social han traído el mejoramiento de la cobertura de los servicios básicos, incluso entre la población en condiciones de pobreza, esto no se ha traducido en un incremento en los ingresos, que son la base para la reducción sostenida de la pobreza; por tanto, el reto más importante es: a) consolidar políticas públicas que continúen fortaleciendo el acceso a servicios básicos especialmente en las regiones económicamente más deprimidas; y b) coordinar una política económica y social que eleve el ingreso y el empleo, especialmente de la población que se encuentra en situación de pobreza, haciendo énfasis en la capacitación para el trabajo, que sufre de un rezago histórico.

En cuanto a las relaciones y la coordinación ejecutivo – legislativo, al menos a lo largo del primer tercio de la presente administración, se percibe que si bien, el primero no ignora, sí menosprecia el papel trascendental del congreso como factor decisivo para la planeación definición e instrumentación de los cambios importantes de la política publica nacional en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas. En ejemplo claro de ello ha sido el envío de la iniciativa de reforma a Pemex sin evidencia de ningún cabildeo previo, lo que produjo su rechazo unánime por parte de las fracciones de todos los partidos de oposición tal como venía, generando un desgaste político innecesario y una presión tal que hubo de realizarse a posteriori, desde el legislativo, y de manera correctiva en lugar de preventiva,un largo y denso proceso de consulta, que al final modificó puntos sustanciales del proyecto original.

B) Vertiente Político Partidaria.

El renovado sistema democrático mexicano, aunque con avances notables, no logra todavía -al menos desde los ejecutivos federal y locales- avanzar hacia una distinción neta entre política y administración pública. El Presidente de la República, muchos gobernadores e incluso presidentes municipales, dan la impresión de seguir en campaña electoral aún después de haber sido electos y encontrarse ejerciendo su cargo. En consecuencia, los temas de la pobreza, la marginación el apoyo a las comunidades más necesitadas, en muchos casos se siguen empleando como una herramienta político electoral, y no como lo que debiera ser: una política pública institucional. Las acciones concretas relacionadas con el abatimiento de la pobreza continúan ofreciendo resultados inmediatos mediante paliativos que nada tienen que ver con el ataque a fondo del asunto, en aras de ganar adeptos y votos para el próximo proceso electoral.

La composición dinámica y cambiante del mapa político electoral, la tonalidad ideológica del ejecutivo federal y la falta de acuerdos de éste con los ejecutivos estatales para lograr una coordinación efectiva en términos de administración pública, deja pendiente la conformación de una estrategia seria de descentralización que podría ser una buena manera de atacar los diversos aspectos de la pobreza; al distribuir facultades, recursos, decisiones y responsabilidades compartidas de manera más equitativa, se permitiría una planeación concertada, a la vez que un mejor esquema de control y evaluación de la eficiencia institucional y del impacto real en las condiciones socioeconómicas de la población.

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012, el Ejecutivo federal plantea como eje fundamental de su estrategia un concepto altamente subjetivo: el “Desarrollo Humano Sustentable” (uno de los ejes ideológicos históricos del Partido Acción Nacional -al que pertenece el Presidente). Al no haber pasado, tal como lo prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por un real proceso de consulta popular, convocante de los sectores público y privado así como de los actores más relevantes de la sociedad civil para conformar un instrumento rector de la política pública para el desarrollo nacional (artículos 25 y 26), el PND pareciera ser una mera carta de buenos propósitos, ubicados en el terreno retórico pero muy alejados de una verdadera línea directiva para elaborar los programas sectoriales e institucionales de rango federal y lograr una coordinación efectiva con los programas de desarrollo de las entidades federativas, regiones y municipios.

En otro de sus apartados denominado “Objetivos Nacionales” el PND establece en quinto lugar de su estrategia “Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución”; y en el sexto sitio “Reducir significativamente las brechas sociales, económicas y culturales persistentes en la sociedad, y que esto se traduzca en que los mexicanos sean tratados con equidad y justicia en todas las esferas de su vida, de tal manera que no exista forma alguna de discriminación”. En adición, el PND al plantear lo que denomina una estrategia integral de política pública, reconoce que “los retos que enfrenta nuestro país son multidimensionales” y que “avanzar en sólo algunos ámbitos de acción, descuidando la necesaria complementariedad entre las políticas públicas, es una estrategia condenada a un desarrollo desequilibrado e insuficiente”.Sin embargo, en los hechos, los programas de desarrollo y combate a la pobreza carecen de una articulación eficaz y siguen siendo financiados en buena medida desde el exterior.

C) Vertiente Académica.

Desde esta perspectiva, se advierte una tendencia poco optimista en la evaluación de las políticas, programas y acciones que se llevan a cabo, principalmente por el gobierno federal, para atender la pobreza y la marginación. El sustento de las críticas de una buena parte de este sector se encuentra en declaraciones como la que por ejemplo ha hecho el Banco Mundial (BM) casi al inicio de la presente administración (27 de septiembre de 2007) respecto del estancamiento en el proceso de reducción de la pobreza en México durante el sexenio 2000-2006, de la inequidad en la distribución del ingreso y del aumento de los niveles de marginación en las zonas rurales e indígenas. El reporte del BM advierte también la pervivencia de grupos de intereses creados que para mantener el “statu quo” obstaculizan las reformas de política económica y social que podrían contribuir a mejorar la situación del país, que continúan siendo los únicos los beneficiarios de un régimen de impuestos bajos; de la gran dependencia de las divisas generadas por el petróleo; de los altos costos de las telecomunicaciones: de la eliminación de subsidios al campo: de los altos costos del agua, la electricidad y en general de la energía, todo lo cual constituye una versión renovada de la situación que prevalecía en el país hace muchas décadas atrás.

Desde tal perspectiva, la supuesta disminución en términos macroeconómicos de los índices de pobreza en México según cifras oficiales, se debe no tanto al éxito de las políticas públicas correspondientes, sino a un reacomodo de la pobreza debido a factores tales como: a) El incremento sustancial de la migración, a los Estados Unidos de América y a los grandes centros urbanos del país, lo que estadísticamente reduce el índice poblacional y por ende elimina de las cifras a los que por falta de empleo y oportunidades tienen que irse de su lugar de origen; y b) el consecuente envío de remesas provenientes de recursos generados en el exterior, lo que eleva el nivel de ingresos de las familias de los trabajadores, con efectos exclusivamente de consumo, no de inversión. En consecuencia, en solo 6 años, la sombra de la pobreza ha pasado a cubrir del 50% al 70% de la población, impactando con un énfasis significativamente mayor a la población indígena, históricamente olvidada de los regímenes políticos, y aquella con ocupación de bajo nivel.

Al igual que como sucede con el ejecutivo federal, en términos generales, los académicos pasan por alto la importancia del legislativo como elemento determinante en la construcción, aplicación y evaluación de las políticas públicas y de la acción gubernamental para el combate a la pobreza. Esto puede ser debido en ambos casos, a la poca sensibilización del papel que juega el legislativo en la definición y armonización de las políticas públicas con la asignación de recursos y en los medios de control de la gestión pública de unas y otros.

IV.- APLICACIÓN DE CUESTIONARIO Y SUS RESULTADOS

A) Inclinaciones políticas y motivaciones para trabajar en el combate a la pobreza.

En general, los legisladores entrevistados conciben la política como el medio idóneo para dar cauce a su vocación de servicio, así como para localizar y utilizar todos los mecanismos adecuados para el mejoramiento de las condiciones de bienestar social.

Del mismo modo, existe una buena motivación al igual que una considerable disposición para colaborar en el perfeccionamiento de las formas de coordinación:

  • Vertical, entre los distintos órdenes de gobierno, federal, estatales, municipales, uno de cuyos detonantes es una política integral de descentralización, que dé mayor autonomía a las colectividades territoriales, pero también que establezca mejores mecanismos de control y evaluación; y
  • Horizontal, dado el carácter multidisciplinario de los múltiples y muy diversos aspectos que comprende la problemática de la pobreza y la marginación, con sus soluciones viables, posibles y realizables que redunden en el mejoramiento de la eficiencia institucional y sectorial de las dependencias, entidades y demás organismos públicos, privados y sociales que participan en su atención.

B) Visión y sensibilidad respecto de la problemática y sus posibles formas de solución.

Se percibe entre los legisladores entrevistados coincidencia en la percepción de los factores internos y externos que inciden en la gravedad del problema de la pobreza, al que conciben mayoritariamente como el principal dentro de la agenda nacional de gobierno a todos los niveles. Igualmente, se destaca la convicción por parte de los congresistas de la importancia del papel del legislativo en la formulación e instrumentación de las políticas públicas de combate la pobreza, aunque cabe reiterar la falta de reciprocidad del ejecutivo en este aspecto, pues en ninguno de los documentos analizados se encontró alguna mención de la corresponsabilidad y la coordinación entre ambos poderes en el diseño instrumentación, seguimiento y evaluación de programas y acciones en ese sentido.

No obstante, existe divergencia de opiniones en lo referente a los métodos más adecuados para combatir la pobreza y en cuáles de éstos que han sido aplicados han dado los mejores resultados. De manera paradójica, un buen número de los congresistas entrevistados da mayor importancia a la planificación de acciones a nivel centralizado, lo que parece contradecir su opinión de brindar mayores y más directos recursos y facultades a las comunidades.

Cabe subrayar que dentro de los métodos aludidos en la entrevista, se han considerado solamente aquellos de tipo cuantitativo y económico; esto nos parece una deficiencia considerable si se toma en consideración que históricamente el desarrollo y el crecimiento económico siempre han sido solo un medio, nunca el fin para alcanzar el mejoramiento de la calidad de vida de la población; existen otros factores de tipo cualitativo que también gozan del mismo peso e incidencia en la transformación de las condiciones de vida de los más pobres.

Vale indicar también que en sus respuestas, la totalidad los entrevistados omitió comentar lo referente a la evaluación de la gestión pública, la eficiencia del ejecutivo en la aplicación de los recursos y en la efectividad de los programas y acciones que se llevan a cabo en la materia, labores fundamentales que están a cargo del legislativo.

Los Diputados y Senadores entrevistados coinciden en que la legislación y la negociación de las partidas presupuestales en los diferentes aspectos que inciden en el tema constituyen la mejor forma de participar en las soluciones desde el legislativo y que esto lo realizan generalmente mediante el trabajo en comisiones.

C) Recursos disponibles.

La mayoría de los legisladores expresa que cuentan con mecanismos de comunicación permanente y directa con su electorado y que la llevan a cabo de forma material y electrónica: periódicamente visitan los municipios de su entidad y realizan sesiones de audiencia pública para oír de primera mano las necesidades y reclamos más sentidos de la población; cuentan con oficinas de atención para recibir y gestionar la demanda ciudadana, así como con equipos encargados de dar seguimiento de los asuntos planteados.

Las respuestas del cuestionario también arrojan como indicador de interés que los legisladores disponen cada vez más de medios y recursos tecnológicos para recibir solicitudes, denuncias, quejas, y mantener informada a la comunidad del estado de su gestión y de su labor legislativa, lo que a pesar del hecho de que la gran mayoría de los mexicanos de escasos recursos no tiene acceso a la Internet, abre no obstante la posibilidad de contar con una mayor capacidad de cobertura de atención y gestión, con una forma de comunicación más directa con la ciudadanía y desde luego con un medio de establecer y mantener contacto con organismos nacionales e internacionales que puedan brindarle información, capacitación y medios de apoyo y cooperación.

Tal como lo manifiestan la gran mayoría de los parlamentarios interrogados, si bien tienen conocimiento general de la problemática concreta en materia de pobreza y marginación de su electorado, parecieran encontrarse hasta cierto punto desvinculados de las soluciones o dan la impresión de no contar con conocimientos suficientes para ofrecerlas y gestionarlas.

  • La gran mayoría de los planteamientos hechos por la ciudadanía, desde el punto de vista de los legisladores, proviene de los grupos sociales más desprotegidos sin importar su filiación social o política, lo bien si realizan las peticiones y demandas a incluso a título personal. Esto demuestra, en términos de las necesidades reales de la población más necesitada, la presencia de facto de una desvinculación de ésta de los asuntos de la política -y sobre todo de los de la política partidista o electoral- a los de la administración pública, sobre todo en lo relacionado con la gestión de servicios y apoyos ligados al desarrollo social y urbano.
  • En términos generales, los requerimientos sociales planteados a los legisladores pueden clasificarse en tres tipos principales:
  1. asistencial inmediato (alimentación, bienes de primera necesidad);
    1. de infraestructura (obra civil, agua, caminos) y
    1. de servicios (educación, salud, empleo, apoyo al campo, ayuda para la gestión de trámites ante las autoridades)

Esto resulta por demás interesante, ya que la especificidad en los rubros que más afectan a la población de escasos recursos estaría dejando fuera de lugar muchos de los aspectos a los que se han aplicado por décadas los recursos y demás apoyos para atender a los grupos en condiciones de pobreza, lo que podría implicar además, la necesidad de realizar una transformación a fondo y un replanteamiento integral de las estrategias del gobierno y los organismos internacionales en ese en la materia.

D) Conocimiento y vinculación con mecanismos de cooperación internacional.

Se percibe de los legisladores un conocimiento muy general y poca familiaridad con los principios y fines de los organismos internacionales, la forma en que operan y los programas, mecanismos y acciones que éstos ofrecen para apoyar el desarrollo y combatir a la pobreza en nuestro país. En ese sentido, cabe mencionar, que sus respuestas a las preguntas del cuestionario fueron evasivas y evitaron referirse a puntos específicos de las propuestas de los organismos internacionales que les fueron enunciados.

No obstante, cabe subrayar que la mayor parte de los entrevistados reconoce la importancia de tomar cuenta sus indicadores y sugerencias para lograr un buen desempeño de su labor, lo cual indica ante todo su disposición a escuchar las propuestas y las ofertas de dichos organismos y llevaría a la reflexión sobre la conveniencia de incrementar los esfuerzos y recursos de dichas organizaciones para mejorar el nivel de conocimiento y la capacitación y actualización de los congresistas involucrados en el tema, así como de los miembros de sus respectivos equipos de apoyo y personal parlamentario en cuanto al os principios, organización, objetivos y oferta de cada uno de estos organismos.

E) Factores complementarios.

Se percibe a partir de las respuestas de los legisladores, que en general las decisiones políticas y legislativas son tomadas primero por la fracción parlamentaria correspondiente, y luego interpretadas en lo personal por cada legislador, tomando en consideración las pautas marcadas por su partido y su grupo.

Esto resulta interesante, pues los esfuerzos de cooperación internacional para la sensibilización y conocimiento de la problemática en materia de marginación y pobreza podrían enfocarse a los líderes de las fracciones parlamentarias, presidentes de comisiones y a los líderes nacionales y locales de los partidos, dado que cuentan con posición de liderazgo en la definición de las líneas ideológicas y de trabajo, acatadas o consideradas sustantivamente por cada uno de los legisladores en su labor.

V. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES.

En México, la lucha contra la desigualdad, la pobreza, la marginación, es parte de la propia historia nacional; un problema que a pesar de la extensa gama de políticas, normas, programas y acciones que se han llevado a cabo en distintos momentos por el gobierno en turno para combatirla, no han conseguido siquiera mantenerse bajo control, al contrario, ha ido en aumento, sobre todo en las últimas tres décadas.

El sistema presidencial junto con el modelo de partido predominante, producto ambos de la propia historia política nacional, trajeron consigo, entre muchas otras cosas, que las políticas programas y acciones para abatir los índices de marginación y pobreza se diseñaran y operaran de manera centralizada desde el ejecutivo federal, quedando las decisiones del legislativo subordinadas a las directrices marcadas por el Presidente de la República.

La transición política produjo la alternancia del ejecutivo federal y los gobiernos estatales, y singularmente una recomposición política del legislativo que han hecho necesaria una recomposición de los códigos de comunicación y coordinación entre poderes, cuyas reglas aún se siguen escribiendo. Una de ellas involucra precisamente el peso y la corresponsabilidad del legislativo en el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas, programas, desempeño y resultados en materia de combate a la pobreza, de donde resulta apremiante la actualización del marco jurídico y político que regula estas relaciones.

Existe una gran vulnerabilidad de la economía mexicana, respecto de las decisiones del exterior, que incide directamente en la toma decisiones y en los resultados vinculados al tema del combate a la pobreza. En tal escenario, la crisis financiera global, sin duda, agravará la situación prevaleciente, aunque alentará los procesos que tiendan al menos a contener el avance en el deterioro de las condiciones y la calidad de vida de los mexicanos más pobres. De ahí la necesidad de encontrar nuevos y mejores mecanismos para lograr resultados mas contundentes, labor cuyo éxito depende en una muy buena parte de la actividad del legislativo coordinada con la del ejecutivo y los programas y acciones de los organismos nacionales e internacionales de cooperación y apoyo.

Se percibe la convicción en la mayoría de los legisladores de ser parte activa y protagónica en la definición y la aplicación y evaluación de las políticas públicas para combatir la pobreza. No obstante, es de resaltar que ni en la ley ni en los planteamientos del ejecutivo, ni en la apreciación de los académicos, los parlamentarios son tomados en cuenta.

La gran mayoría de los parlamentarios entrevistados, no manifiesta una posición crítica respecto de las políticas, programas y acciones de la materia. Esto tal vez se deba a la falta de conocimiento puntual sobre los mismos y sobre el impacto real que estos han tenido en la disminución de los índices de pobreza alimentaria, patrimonial y de capacidades, labor en la que pueden colaborar de forma por demás eficiente los organismos internacionales.

Al igual que en muchos otros temas de la agenda nacional, no existe en materia de combate a la pobreza una política de Estado; en su lugar, se presentan, o más bien coexisten de manera desarticulada políticas de gobierno federales, con las estatales y municipales y las llevadas a cabo por las instituciones públicas de carácter nacional. Los esfuerzos que realizan organizaciones de la sociedad civil al respecto se ven desaprovechadas por falta de conducción y acompañamiento, tan necesarios para lograr resultados concretos y tangibles en este rubro.

En tal sentido, los legisladores tienen mucha tarea pendiente que hacer respecto de la simplificación y actualización permanente del marco legal que regula los derechos, atribuciones, funciones, reglas de operación, coordinación interinstitucional, participación horizontal, entre otros aspectos, de las distintas actividades relacionadas con el tema, a fin de hacerlas más fáciles de comprender y aplicar para todos.

Del mismo modo, existe como tarea pendiente la creación de reglas claras, que den forma y consistencia a un sistema de seguimiento y evaluación de las políticas, programas, acciones, el desempeño e impacto social que tienen que ver con el combate a la pobreza, a efecto de detectar, prevenir y resolver a tiempo posibles desviaciones, deficiencias y errores.

Sigue ausente de la estrategia de combate a la pobreza la descentralización, no solo de recursos y funciones, sino también de decisiones, en el marco del respeto a las prácticas y rasgos culturales de cada comunidad y con un esquema serio de evaluación de la gestión de recursos, de la eficiencia institucional y de la eficacia en los resultados. Igualmente resulta fundamental la consideración de variables cualitativas, no solo cuantitativas en la atención de este problema.

Por último, sería recomendable incrementar el apoyo y los recursos de cooperación internacional para elevar el nivel de conocimiento y actualización de legisladores y funcionarios del ejecutivo, sus equipos de trabajo y personal institucional respecto de la problemática, la desvinculación de la política con la administración y la gestión pública, así como de los factores cuantitativos y cualitativos que inciden en ella, sus alternativas de solución nacionales e internacionales y sus resultados.

REFERENCIAS:

  • Campos, Julieta. “Qué hacemos con los pobres? La reiterada querella por la Nación”. Editorial Aguilar. Col. Nuevo Siglo. México, 1995,
  • Centro de Estudios Estratégicos Nacionales. “México Hacia el 2025”. Coordinador Alberto Montoya Martín del Campo. Noriega Editores. Tomo 1. México, 2005. pp. 567 y ss.
  • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Informe ejecutivo sobre la pobreza en México, junio 2007.
  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
  • Heat, Johnattan. “Desarrollo Estabilizador?”. http://www.jonathanheath.net/index.php?option=com_content&task=view&id=836&Itemid=75 , consultada en noviembre de 2008.
  • Instituto Nacional de Geografía e Informática. Boletín de los Sistemas Nacionales Estadístico y de Información Geográfica. Vol. 3 Núm.3, sep.-dic. 2007.
  • Lustig, Nora Claudia y Szekely, Miguel. “Mexico: Evolución Económica, pobreza y desigualdad. Washington, D. C., E.U.A. Dic. 1997. http://www.iadb.org/sds/doc/877spa.pdf, consultada en noviembre de 2008.
  • Mejía Valladares, José. “Do legislatures –and legislators- matter for poverty reduction? Peru Country Report, for IDEA. nov. 2008.
  • Presidencia de la República. “Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012”. http://pnd.presidencia.gob.mx/ , consultada en noviembre de 2008.
  • Ramírez de la O, Rogelio. “¿Hacia un cambio de modelo económico en México?”. En Le Monde Diplomatique. Primera plana. México, 5 de enero de 2009.
  • Revista “Fortuna”: “Fox Incremento la pobreza rural”. Ramírez, Erika. Año IV, Vol. 44, septiembre 2006. http://www.revistafortuna.com.mx/opciones/archivo/2006/septiembre/htm/fox_pobreza_rural.htm, consultado en noviembre de 2008.
  • Verdeja López, Jorge. “Tres Décadas de Pobreza en México. 1970-2000. Diagnóstico y Propuestas”. Instituto Polítécnico Nacional. México, 2001.

Reinventar América

REINVENTAR AMERICA

Por José Ramón González Chávez 1

(escrito en la conmemoración del 500 aniversario del

“descubrimiento de América”, octubre de 1992)

Tiempos de serias dificultades económicas, en los que se vuelve imperioso abrir los mercados existentes y buscar nuevos caminos para reactivar el intercambio comercial. Tiempos que requieren de la reflexión para encontrar formas de organización política y cultural más eficientes. Tiempos de enfrentar retos y emprender aventuras; de grandes sorpresas que colocan al hombre en una situación de incertidumbre ante el futuro, ante los futuros. Tiempos para reinventar.

Esos fueron los tiempos del mundo hace ya más de quinientos años y esos son los de hoy, los de nuestro siglo XXI.

Al descubrirse en aquel entonces la existencia de aguas, tierras y culturas desconocidas, se abrió para el hombre la posibilidad de recrearse y de recrear al mundo y aún al universo, lo que constituyó el germen del pensamiento liberal, junto a algunas otras cosas como la Reforma Luterana y la Imprenta. Así como entonces, en estos momentos nos encontramos nuevamente ante el desafío de rendirnos cuentas para conocer y reconocer nuestros saldos, individuales y colectivos, locales y nacionales, regionales y mundiales; en otras palabras, para reinventar nuestra realidad.

En efecto, una de las cosas para lo que nos sirve la historia es para diseñar escenarios futuros a partir del diagnóstico comparativo entre el pasado -o mejor dicho, los diversos pasados- y la situación actual, que es su desenlace, situándonos en el medio como dice Duverger de las dos cabezas de Jano.

Tomando como punto de partida esta recurrencia histórica y los distintos escenarios ante los que se encuentra nuestro país, surgen algunas reflexiones sobre el destino de nuestra identidad como nación, integrante de varias regiones en cuanto a sus frutos, pero originaria de una sola en cuanto a sus raíces.

La actividad política, la actividad económica y la actividad social desde siempre han estado inmersas en un constante proceso de retroalimentación. Las reformas económicas, que ahora se llaman globales, pero que de alguna forma y con otros nombres se han presentado antes en distintos momentos de la historia del mundo civilizado, siempre han traído consigo reformas políticas y sociales, algunos de cuyos temas vertebrales han sido lógicamente el de la soberanía y, como consecuencia obligada, el de la residencia originaria del poder; la democracia, la justicia.

¿Qué nuevo rostro deberá de tener nuestra soberanía ante la inminencia del mundo global?, concepto a primera vista pareciera tan contradictorio y hasta paradójico, cuando se confronta al resurgimiento de los nacionalismos, la redefinición de las fronteras locales y regionales, la reaparición de los fundamentalismos y las guerras santas; o cuando por un lado, muestra para todos las bondades de la economía abierta, abriendo también por otro y quizás a su pesar, el desván donde se esconden no pocas de las grandes y penosas vergüenzas de la humanidad.

¿Qué y cómo hacer para conciliar definitivamente al crecimiento económico con la libertad política y el desarrollo de la sociedad? Los regímenes dictatoriales inscritos en la historia del mundo hispánico y ahora el tristemente famosos Neoliberalismo son el testimonio más claro del divorcio entre estos factores y probablemente un rasgo distintivo de nuestra conformación sociocultural, pero también pueden constituir una señal de aviso que nos lleve a reflexionar que en esta región del mundo llamada Arérica, la imposición de modelos globales como solución a problemas locales, independientemente de su color político ha sido en muchos casos desafortunada, y a su vez, una recomendación para andar los caminos que nosotros mismos debemos de construir.

Los indicadores políticos, económicos y sociales del tercer mundo, de América Latina y de México en particular nos muestran lo urgente que es el darnos a la tarea de repensarnos desde una perspectiva original para encontrar -pero no por una vez más, sino de una vez por todas- las soluciones a una problemática que no han sido capaces de resolver, a veces ni aún en sus propias casas, los modelos importados, provengan de donde provengan.

¿Cómo conciliar y reconciliar nuestra realidad hispánica con la realidad anglosajona vecina, con la cual tendremos que establecer lazos cada vez más estrechos? ¿qué actitudes habremos de tomar para enriquecernos mutuamente, de una manera mejor a como ya sucedió hace quinientos años?

¿Cuál tendrá que ser nuestra actitud frente a la realidad indígena, al margen de los folclores del pasado y del presente, para construir un habitat nacional y evitar con ello nuevas segregaciones, nuevos aislamientos?

¿Cómo hacer compatible al interior nuestra diversidad ideológica y cultural ante una realidad que nos afecta a todos, independientemente de nuestra filiación política, de nuestro punto de vista sobre el destino que nos deseamos como nación?

Nos guste o no, es evidente que la historia tiene mucho que enseñarnos: de nosotros tánto como de los demás y de nuestras relaciones recíprocas.

Tenemos -como dice Carlos Fuentes- que desenterrar el espejo para mirarnos a los ojos y de cuerpo entero, divisando al mismo tiempo a los demás, a los que no son como nosotros pero que son nuestros iguales al ser parte del todo, que es lo que conforma el verdadero espíritu global; para SER -así, con mayúscula-, como postulaba el antiguo saludo prehispánico, sólo reflejándonos en el otro.

La Tolerancia: Algunas reflexiones.

LA TOLERANCIA: ALGUNAS REFLEXIONES

Por José Ramón González Chávez *

Los tiempos que nos tocan vivir son severos. Junto a la falta de ética y de moral, se mantiene el materialismo, el “individualismo feroz”, un desenfrenado impulso por obtener “más” a costa de lo que sea. Todos los días, a toda hora, en todo lugar, somos testigos de la falta de solidaridad, de la intransigencia, de la indolencia, de la estulticia convertidas en costumbre; las vemos tan seguido que a veces hasta ignoramos su presencia, llegando a considerarlas aún parte de nuestra vida cotidiana.

En este entorno, la intolerancia emerge tentadora, lista para repetir la escena de la serpiente, el árbol y la manzana. Por ello, hoy más que nunca resulta de suma importancia reflexionar sobre el tema de la Tolerancia en estos momentos tan duros y difíciles. Cuesta mucho imbuirse de Tolerancia en momentos y lugares donde los valores democráticos que tanto nos ha costado conseguir, se encuentran en “almoneda“. Es duro ser tolerantes ante un Gobierno intolerante. Es duro ser tolerantes cuando la mentira se utiliza como “justificación de Estado“. Por ello resulta muy importante profundizar, ir al fondo, en la reflexión sobre la Tolerancia como principio fundamental que tanto anhela la humanidad y que sin embargo a algunos les cuesta un gran esfuerzo llevar a la práctica.

La Tolerancia se relaciona directamente con la aceptación y el intercambio de ideas en un ambiente de igualdad de posiciones, de respeto. Debe permitirnos acercar posiciones para superar las mínimas diferencias que nos separan y para centrarnos en lo mucho que nos une.

La Tolerancia para perfeccionarse, es decir para ser efectiva, real, debe de ser no solo una actitud individual sino ante todo una conducta social, pues justamente presupone como condición sine qua non una conducta distinta de la nuestra con la que debemos convivir. Constituye es uno de los signos más claros de la civilidad y la cultura social de un pueblo. Por eso debemos convertirla en practica común, en parte de nuestra actividad vital como sociedad.

Desde el punto de vista social y sobre todo desde el político, la Tolerancia por supuesto que no puede ser sinónimo de indiferencia, de indolencia, sumisión o vasallaje. Es una condición imprescindible de la democracia y el mecanismo por el cual todas las partes pueden exponer sus ideas con civilidad y la ciudadanía puede inclinarse por la que le parezca más compatible a su forma de pensar de acuerdo con las condiciones específicas del momento y del lugar, todo esto en la arena de la denominada “opinión pública”, fomentada y conducida por los medios de comunicación.

La Tolerancia nace con el Estado contemporáneo, y parece ser igual que la democracia, una planta frágil que debe ser cultivada con gran esmero, quizá hoy con mayor celo que antes. Para lograrlo tenemos que hacer a un lado la retórica y asumir como una forma de ver y vivir la vida que la Tolerancia no es otra cosa que reconocer que cada cual que tiene ante sí a alguien con el mismo derecho para opinar y concebir de forma distinta el mundo. Lo más execrable en materia de convivencia intelectual, es pretender clasificar o calificar a los que no piensan como nosotros, incluso a los que no son tolerantes.

La intolerancia proviene siempre del intolerante hacia los demás, no al revés; se sustancia en la Intransigencia, el fanatismo, la terquedad, la obcecación, la obstinación, la tozudez, que si bien son sinónimos, agravan el padecimiento. La tolerancia la rompe aquel que deja de tener respeto hacia el otro, poniendo en peligro el bienestar colectivo. De ahí que el abuso, todo aquello que causa quebranto, dolor, lo que nos aleja de la felicidad, que impide el ejercicio de nuestro libre pensamiento, que pretende anularnos como seres, son cosas y hechos que por su propia naturaleza atentan contra la tolerancia.

Los intolerantes tienen un rasgo propio y distintivo: son ignorantes, pero no analfabetos. Suelen dañar reputaciones sin medir las consecuencias; repudian lo que no entienden ni saben, ni comparten; como carecen de ideas nobles y ecuánimes, no esgrimen ideas: utilizan el puñal de la difamación, el filo de la palabra descalificadora.

La intolerancia, en todos los tiempos, viene precedida de un halo de “virtuosismo” fundamentalista, que pretende soslayar la necesaria ética que impone el respeto hacia el otro, hacia sus ideas y sus acciones. La “presunción”, junto con la Intolerancia, constituyen el caldo de cultivo -cuando no la causa- de todas las violencias y de una buena parte de los males sociales. No existe nada menos lamentable y triste que un hombre guiado por sus prejuicios, cerrado a la comprensión y más aún a la razón, y cuya conducta puede derivar en causar perjuicios a quienes no tolera.

Para lograr adquirir una visión más amplia y profunda del significado de Tolerancia basta con mirar la naturaleza y ver que en ella conviven diferentes especies cumpliendo cada una el rol que le corresponde. De tal suerte, tolerar es asumir la diversidad tal como se presenta, es aceptar al otro tal cual es, con sus ideas políticas y religiosas, su posición social, además de su intelecto y moralidad. Para practicarla debemos respetar todas las ideas, manifestadas de manera libre y abierta, vengan de quien vengan, con la única condición de que quien las expresa lo haga con respeto y consideración y reciprocidad hacia los demás, en un afán preponderantemente constructivo.

Con lo dicho hasta el momento, podríamos irnos acercando a una definición del término Tolerancia, concibiéndola en principio como la capacidad de saber escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y ubicarse en la vida, siempre que éstas no atenten contra los derechos fundamentales de los individuos.

De ahí que la Tolerancia, en términos sociales, más que reactiva deba ser proactiva, es decir, una Actitud, una forma de ver y vivir la vida que todos los seres humanos debemos tener frente a los demás en cuanto a sus ideas, gustos, formas de ser, etc. aunque no sean iguales a los nuestros; una forma de conducirnos ante los demás que implica a la vez el derecho y la obligación de procurar respeto a las divergencias. Puede que nuestras palabras no sean bien recibidas por otros, que haya gentes que piensen distinto, pero si respetan lo que decimos, deberán asumir culturalmente una actitud tolerante hacia nosotros.


* Profesor del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y de la Universidad Iberoamericana.

Sobre la Soberanía del Estado Mexicano

SOBRE LA SOBERANÍA DEL ESTADO MEXICANO

Por José Ramón González Chávez

La soberanía (del latín super–omnia: por sobre todas las cosas) es un concepto que sostiene nuestra organización política y robustece la dignidad de la Nación; nos da capacidad para tomar decisiones políticas fundamentales y crear normas en el marco de la constitución y fundamenta nuestra existencia como país libre e independiente; entraña supremacía dentro de las fronteras e igualdad en las relaciones con otros países.

Como forma de conciliar el poder de hecho con el de Derecho, la soberanía ha adquirido diversos matices según la manera en que se ha organizado y ejercido el poder político en una comunidad. Por la vinculación inevitable con aquél, desde que surgió, la soberanía ha sido uno de los tópicos más controvertidos de la Teoría Política y el Derecho Constitucional, a tal grado que es posible afirmar que hay tantos conceptos de soberanía como autores se han dedicado a su estudio, y que en sus respectivas argumentaciones la han defendido, atacado o aun negado.

Referencias Históricas

La soberanía, con las características que la han distinguido tradicionalmente, surgió en el medioevo como un instrumento para resolver los conflictos de poder entre el rey, el papado y los señores feudales. Al crear la figura del “soberano”, gobernante supremo del Estado-Nación, se legitima el poder al interior y al exterior del territorio. En el siglo XIV, Juan Bodino definió y sistematizó el concepto, y al hacerlo, legitimó el ejercicio del poder para crear las normas jurídicas y hacerlas cumplir coactivamente.

En el siglo XVIII, con el surgimiento del liberalismo, el concepto de soberanía se fue desplazando cada vez más del terreno político al jurídico. El debate en lo intelectual se centró entonces en la naturaleza, origen, residencia y ejercicio de la soberanía, y en los hechos, se reflejó en una contraposición de tesis: de un lado, los contractualistas (Hobbes, Locke, Rousseau) la situaron con todos sus atributos (inalienable, imprescriptible, suprema y absoluta) en una entidad colectiva: el pueblo, afirmando que la sociedad surge de un acuerdo de voluntades y que el Estado, producto de la razón, subsiste como unidad de poder que tiene su asiento en la “voluntad general”, auténtica soberana y, como tal, creadora de la constitución y el Derecho.

Del otro, los nacionalistas (La Salle, Sieyès) hicieron depositar la soberanía en la Nación, concepto basado en elementos de carácter sociológico, antropológico, étnico, geopolítico y cultural que permiten la permanencia de la tradición y crean en sus habitantes un sentido de identidad común. Esta última postura fue adoptada por la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y por la constitución francesa de 1791, de donde pasó a España y de ahí, al pensamiento político y al constitucionalismo en hispanoamérica.

Al poco tiempo, el concepto de soberanía se convirtió en base conceptual de los movimientos independentistas, de gran utilidad para justificar la autodeterminación política, la identidad socio-cultural propia, la descolonización y la protección del patrimonio nacional, y en el ámbito internacional, les dio argumentos para demandar a los demás países un trato igual.

Por otra parte, al referirnos a nuestro país, cabe recordar que el conflicto bélico en Europa y el vacío de poder por el exilio de Fernando VII a causa de la invasión napoleónica a España, permitieron la germinación de los movimientos de independencia en las colonias novohispanas desde dos posiciones políticas divergentes: de una parte, los “realistas”, conservadores, comerciantes, clérigos y militares, defensores de la monarquía y de la doctrina de la soberanía nacional porque ésta garantizaba el mantenimiento de sus privilegios; y de otra, los “insurgentes”, liberales, republicanos, en su mayoría de base criolla y mestiza, defensores de la doctrina de la soberanía popular.

En la Nueva España, entre los documentos constitucionales más relevantes de la época insurgente, destacan los “Sentimientos de la Nación” del 14 de septiembre de 1813, que expresan en su punto número cinco que “la soberanía es popular y que es voluntad del pueblo depositarla en sus representantes”. De manera sobresaliente, la Constitución de Apatzingán de 1814, define con claridad y amplitud el concepto de soberanía (facultad de dictar leyes y definir la forma de gobierno); sus características (inalienable, imprescriptible, absoluta), su residencia (en el pueblo); y la forma como se ejerce (de manera directa, por los principios de autodeterminación, autolimitación; y derivada, a través de la representación nacional y la división de poderes); a su vez, el Acta Constitutiva de la Federación, del 31 de enero de 1824, prescribió: “La soberanía reside radical y esencialmente en la Nación”.

En la constitución de 1824 la expresión “soberanía” está ausente; si acaso en su introducción es mencionada como atributo del congreso. Durante las tres décadas posteriores, los diversos grupos políticos que disputaban el poder, se arrogaban la posesión y defensa de la soberanía nacional, convirtiéndola en un recurso retórico que era indispensable invocar.

La constitución de 1857 proclamó en su artículo 39: “La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”. Con este precepto, aun vigente, el constituyente logró conciliar con gran sensibilidad y talento legislativo las nociones nacional y popular, e integrar los elementos básicos que conforman políticamente al estado mexicano: soberanía, pueblo, poder público y gobierno.

En la actualidad resurge en México, como en muchos otros países, un intenso debate sobre las distintas formas de concebir la soberanía, su naturaleza y características. Así, hay quienes postulan que la soberanía en un estado federal moderno se establece a partir de un arreglo institucional que permite una distribución vertical de competencias entre ámbitos de gobierno, la que se garantiza por el constituyente, único poder capaz de crearla y modificarla. En este marco de competencias, cada uno de ellos dispone de una soberanía limitada a su ámbito de acción. Otros afirman que si la soberanía es indivisible, los estados federados no gozan más que de una autonomía jurídica, política y administrativa.

Desde la perspectiva del constitucionalismo mexicano, según lo establecido en la Carta Magna, la soberanía se concibe como dual: su artículo 40 expresa que la república mexicana es “…democrática, representativa y federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación…”; por su parte, el artículo 41 dispone que “El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de éstos y por los de los Estados en lo que toca a sus regímenes interiores…”. Esto no quiere decir que existan dos soberanías, ya que ésta por su naturaleza indivisible tiene un solo origen e idéntica legitimación, proviene de la voluntar popular expresada mediante el voto, pero se expresa en dos distintas vías: los poderes de la Unión y los de los estados. Este esquema permite un equilibrio eficaz entre el ejercicio de la soberanía en el ámbito federal y la de los estados, que se manifiesta fundamentalmente en las facultades de expedir su propia constitución y de formar parte de importantes instancias como el constituyente permanente, responsable de las reformas y adiciones a la Carta Magna.

La soberanía puesta al día

En el siglo XX, el estado nacional entró en un proceso de profunda transformación. Los conflictos bélicos mundiales, la guerra fría, el surgimiento de bloques regionales integrados, como la Unión Europea y el debate sobre la “globalización” obligan hoy a una profunda revisión del concepto clásico de soberanía desde la perspectiva internacional. En la era de la globalización tecnológica, política, económica, social y cultural, la realidad internacional influye de manera contundente en la constitución de todo país, sea cual sea su forma de organización jurídica y política.

Desde esta perspectiva, la vieja pugna entre contractualistas y nacionalistas se da ahora, según Dietr Nöhlen, entre los neo idealistas y los neo realistas: los primeros afirman que la soberanía debe ser vista y comprendida en sus relaciones con el pensamiento regionalista o universalista sobre la responsabilidad global (paz, derechos humanos, multiculturalidad, medio ambiente), que conduzca a un nuevo orden internacional organizado federativamente y basado en un “contrato social mundial”; también, que el carácter absoluto de la soberanía nacional ha entrado en colisión con el postulado de la sociedad mundial, lo que impide resolver adecuadamente los problemas globales, tanto estructurales (subdesarrollo, hambruna, amenaza ecológica, armamentismo) como de coyuntura (proteccionismo, recesión, endeudamiento).

En contraparte, los segundos sostienen que la soberanía nacional es la única forma de mantener el poder de cada estado y justificar su existencia en el sistema internacional, haciendo valer sus intereses; que debe regresarse a los esquemas de protección y defensa de las identidades locales como forma eficiente de garantizar al interior, el bienestar y la seguridad, y al exterior, construir en el marco global una entidad ordenadora internacional con una soberanía estatal limitada. Una tercera posición manifiesta que la soberanía nacional es una ficción, que de hecho nunca ha existido en su estado puro, pues siempre se han dado relaciones de interdependencia e influencia entre estados y que, más bien, lo que hay son ciertos espacios de libertad, merced a los cuales, los estados nacionales establecen su régimen interno, tomando en cuenta las necesidades y los márgenes de aceptación social.

LOS RETOS DE LA SOBERANÍA EN MÉXICO

En nuestro país, como en todo el mundo, el concepto de soberanía demanda una revisión a fondo. La recomposición en el ejercicio del poder, la necesidad de revitalizar el federalismo, el surgimiento de una sociedad civil cada vez más demandante, la presencia de nuevos actores políticos, la magnitud de la problemática social, entre otros factores, obligan a interrogarnos si el concepto de soberanía incorporado en las constituciones federal y local sigue siendo adecuado y suficiente para dar la base que requiere nuestra organización jurídico-política, frente a un entramado de relaciones cada vez más complejas al interior y al exterior de nuestras fronteras.

Es evidente que el concepto es necesario y útil, como lo es que debe ser puesto al día. Quizá los textos constitucionales que consagran la idea de soberanía pueden mantenerse intactos, aunque podría ampliarse su aprovechamiento merced a una visión más moderna y eficaz del Derecho. Mantenerse anclados en la lógica tradicional es ignorar los retos y desafíos y, también, las ventajas y oportunidades que nos impone el cambio de época que nos ha tocado vivir.

Los preceptos alusivos a la soberanía en la Carta Magna, poseen elementos que mantienen su plena vigencia y positividad, como el que radica esencial y originalmente en el pueblo y que por tener ese origen popular, se perfecciona en su ejercicio frecuente, como es el caso del voto; que se expresa de manera dual, a través de los poderes públicos federal y local, y dentro de nuestra entidad federativa, también por medio de los ayuntamientos.

Adicionalmente, en la doctrina y en algunos textos constitucionales de otras latitudes, existen figuras jurídicas que permiten la manifestación frecuente de la voluntad soberana ciudadana, como es el caso de las formas de participación democrática directa, que en la constitución general están ausentes. Habrá que revisar la pertinencia de incorporar al texto fundamental figuras como el referéndum, la iniciativa ciudadana, el plebiscito y la revocación del mandato, tal como ya lo han hecho constituciones de algunas entidades federativas.

Por lo que atañe a la dimensión internacional del concepto, el ejercicio de la soberanía no debe limitarse a la salvaguarda del territorio y de sus habitantes, lo que entraña una actividad pasiva, sino aprovechar el potencial proveniente de la globalización y lograr los mejores acuerdos, en posición de igualdad, con otros países, con los diversos sujetos de Derecho Internacional Público e, incluso, con las crecientemente activas organizaciones sociales con presencia internacional.

Por otra parte, se podría explorar la posibilidad de que los estados, que hoy sólo pueden celebrar “acuerdos interinstitucionales” en el ámbito internacional, los cuales se asemejan a declaraciones de “buenas intenciones”, sean capaces de suscribir tratados, si éstos se limitan a sus “regímenes interiores” y a asuntos de su competencia, con la participación de los poderes legislativo y ejecutivo de la entidad y, eventualmente, del Senado de la República, para verificar su constitucionalidad y legalidad, habida cuenta que, actualmente, muchas relaciones políticas, comerciales, culturales, etcétera, con entes extranjeros, se fincan en los intereses y las posibilidades de los gobiernos locales que también se han abierto al mundo, sin que esto atente contra las autoridades nacionales.

Finalmente, si la libertad es a los individuos, lo que la soberanía es a las autoridades, ésta debe ser inteligentemente ejercida, buscando pactos que se conviertan en oportunidades para las personas, sin las cuales, ella carecería de sentido.

BIBLIOGRAFIA

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Política, Comunicación Redes y Gobierno

Política, Comunicación, Redes y Gobierno

Por José Ramón González Chávez.

Abstract

El poder y la política se resuelven en el proceso de construcción de la mente humana a través de la comunicación. En el tipo de sociedad en que vivimos, los medios de comunicación de masas son decisivos en la formación de la opinión pública, que condiciona la decisión política.

 Hoy más que nunca, la política es sobre todo política mediática, lo cual tiene consecuencias importantes sobre la política misma, ya que conduce a su personalización y a la política del escándalo.

 La comunicación de masas y la comunicación política están siendo transformadas por la Internet y la Web 2.0, así como por la comunicación inalámbrica. El surgimiento de lo que es denominado por Castells la autocomunicación de masa (redes sociales) abre el abanico de influencias en el campo de la comunicación. Permite una mayor intervención de individuos y grupos, ayudando a los movimientos sociales y a las políticas alternativas; pero también los políticos, las empresas, los gobiernos, los organismos globales, los entes de control geopolítico, intervienen cada vez más en la red. De ahí que se presente necesariamente una gama muy amplia de tendencias sociales, contrapuestas y hasta contradictorias, expresadas tanto en los medios de comunicación de masas, tradicionales y nuevos. El poder se decide cada vez más en un espacio de comunicación multimodal, pudiendo llegar a afirmar que en la sociedad en que vivimos, el poder es el poder de la comunicación.

 ¿Como crear políticas públicas y gobernanza ante tal panorama?

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Introducción.

A lo largo de la historia, la comunicación y la información han constituido el campo en donde se ha desarrollado una gama muy amplia y compleja de enfrentamientos entre poder y contrapoder.

La forma en que la gente piensa determina el destino de las normas y valores sobre los que se construyen las sociedades. Aunque la coerción y el miedo son fuentes decisivas para que los dominantes impongan su voluntad a los dominados, pocos sistemas institucionales pueden durar demasiado si se basan de forma preponderante en una represión aguda. Torturar cuerpos es menos efectivo que modelar mentes.

Si la mayoría de la gente piensa de forma contradictoria respecto a los valores, normas y prácticas institucionalizados en el Estado y consagrados a través de leyes y reglas, al final el sistema cambiará, aunque no necesariamente para colmar las esperanzas de los agentes del cambio social y no necesariamente sin dolor.

En comunicación –lo sabemos- el mensaje más poderoso es un mensaje sencillo adjunto a una imagen, ya sea gráfica o conceptual. En política, el mensaje más sencillo es un rostro humano. La política mediática tiende a la personalización de políticos que puedan vender su imagen adecuadamente, junto, claro está, a ciertos valores. Esto no es tan trivial como el color de la corbata o la apariencia de un rostro. El político mediático es la encarnación simbólica de un mensaje de confianza en el entorno de su personaje y luego en términos de la proyección de esa imagen, arropada por ciertos valores.

La importancia de la política basada en la personalidad se encuentra íntimamente ligada a la evolución de la política electoral, que se determina normalmente por aquel segmento de votantes independientes o indecisos que hacen decantar en todos los países, la balanza entre la derecha, los centros y la izquierda (voto útil). De aquí que aunque existen diferencias sustanciales entre partidos y candidatos, en la mayoría de los países los programas y las promesas se confeccionan para adaptarse al centro y a los indecisos, con frecuencia a través de las mismas compañías publicitarias y consultores de marketing político, que actúan de manera camaleónica de acuerdo al cliente en turno[1].

Los ciudadanos no leen los programas de los candidatos, ni los de los partidos. Prefieren confiar en la información que les dan los medios de ellos. Al final, su decisión de voto estará en función de la confianza que les produzca alguno de ellos. Por lo tanto, el candidato, o mejor dicho su personaje, tal y como ha sido proyectado en los medios, pasa a ser esencial; porque los valores a los que se asocia – y que es lo que más importa a la mayoría de la gente- están encarnados en él.

Si la credibilidad, la confianza y el personaje se convierten en cuestiones primordiales a la hora de definir el resultado político, la destrucción de la credibilidad y el asesinato –mediático o hasta material- del personaje, se convierten en las armas políticas más poderosas. Desde el primer debate televisado entre candidatos presidenciales (Kennedy – Nixon, 1961) hace 50 años y hasta la fecha, muchos sistemas políticos en todo el mundo se han visto sacudidos y numerosos líderes políticos han sido destruidos en una sucesión constante de escándalos. En otros casos, se han derrumbado sistemas y partidos políticos que parecían atrincherados sólidamente en el poder por décadas, llevándose consigo en su desaparición el régimen que construyeron. (Demócrata-Cristianos en Italia, Gobierno de Japón, Congreso de la India, Color de Mello en Brasil). En la mayoría de ellos, el tema de la caída ha sido la corrupción política[2].

El escándalo se sofistica a tal grado que ahora se es capaz de dosificarlo, hacerlo crecer poco a poco, modularlo, añadirle veracidad o ficción de acuerdo al rating, arrinconando a cada político hasta el clímax del posible enjuiciamiento legislativo o judicial, cuyos miembros también negocian con los medios, garantizando su independencia a cambio de protección y luchando juntos por la democracia, al tiempo que dosifican ellos también la filtración de información para ser publicada, al grado que una vez acorralados, cada actor o grupo político llega a hacer un trato, con lo cual se cierra el ciclo y se retroalimenta el sistema.

Aunque la crisis de la legitimidad política en la mayor parte del mundo no puede ser atribuida exclusivamente a los escándalos políticos y a la política mediática, no obstante es probable que los escándalos constituyan un generador al mismo tiempo del escepticismo respecto a la política formal a largo plazo, así como un factor desencadenante del cambio político a corto plazo.

Según sondeos realizados en 2000 y 2002 por la ONU y el Foro Económico Mundial, dos tercios de los ciudadanos del mundo creían que su país no estaba gobernado según la voluntad del pueblo. Esto explica en parte por qué en todo el mundo, la mayoría de la población tiende a votar en contra de más que a favor de, eligiendo el menor de males, antes que la mejor de las propuestas.

Ya constituido, el gobierno en turno se presenta en los medios de comunicación a fin de obtener el apoyo -o al menos, la mínima hostilidad- de los ciudadanos, que dentro del mercado político, se convierten en consumidores.

Esto no significa que el poder esté 100% en manos de los medios[3]; los actores políticos ejercen también una considerable influencia sobre ellos. De hecho, el actual ciclo de noticias de 24 horas aumenta la importancia de los políticos para los medios de comunicación, que tienen que nutrirse permanentemente de contenidos.

Pero tampoco el público se limita a seguir todo lo que le dicen los medios, por eso deben transmitir los mensajes de manera muy sutil. Recordemos que los medios ganan más mientras más audiencia tengan, así que hay que mantenerla atenta y cautiva siendo siempre creíbles y justo en ese afán es que se da la competencia entre ellos. Cada uno crea modelos de comunicación corporativos que si no anulan, sí merman drásticamente la autonomía de los periodistas y redactores contratados por ellos, al acotar su abanico de opiniones y temas políticos sobre los que informan a los expresados dentro de la línea dominante en la compañía, casi siempre carentes de contenido, pero con un peso muy importante en el proceso de información definido meramente por los acontecimientos, por la coyuntura.

¿Por qué está pasando esto? ¿Los sistemas y los actores políticos actuales son los más corruptos de la historia de la humanidad? No lo creo. El uso y abuso del poder en beneficio personal o de un grupo ha sido una actitud connatural al ser humano como ente social. De hecho, la democracia se inventó –parafraseando a Montesquieu- como una manera –si no la mejor, la más viable de las disponibles- de controlar al poder.

Poder e Información.

En la época en que el Monarca y los grupos de poder controlaban la información y su acceso, la maquinaria del sistema político se aceitaba de manera vertical y oficiosa, a espaldas de la sociedad.

Posteriormente, al aparecer los sistemas políticos ilustrados, la denuncia de corrupción se convirtió en una buena muestra del nivel democrático de un pueblo, expresado a través de la libertad de prensa, causa y a la vez consecuencia del derecho a la información, consagrado desde las primeras declaraciones y constituciones liberales. Pero en épocas recientes, aun con sistemas formalmente democráticos, se han presentado y expuesto públicamente estos sucesos de corrupción (el Partido Demócrata Cristiano en Italia que sustituyó al modelo fascista; el Partido Democrático Liberal Japonés establecido en lugar del modelo imperial tradicional, ambos imposiciones del gobierno norteamericano, que se hizo el ciego y sordo ante los vínculos del primero con la Mafia y del segundo con la Yacuza, con tal de evitar la contaminación comunista (algo similar a lo que sucedió recientemente en Libia). Pero también en su propia casa, baste recordar el caso Watergate, el asunto Irán-Contras y recientemente el operativo “Rápido y furioso”, solo por citar enunciativamente algunos ejemplos de corrupción al interior del gobierno.

Analizando esta relación entre sistema democrático, información y medios, podemos percibir un nexo directo entre el avance en el acceso a la información, la diversidad y cobertura de medios y la ventilación pública cada vez mayor de actos de corrupción de los individuos y grupos de poder, no solo en el ámbito político, también en el económico, en el religioso, en el social. La diferencia es que ahora tienen un efecto cada vez más devastador en los sistemas y actores políticos y grupos de poder, sobre todo, a partir de la aparición de la Internet y más intenso aun con el surgimiento de las llamadas Redes Sociales. Cabría preguntarse, ¿por qué?

Para acercarnos a la pregunta debemos considerar diversos factores estructurales macropolíticos que contribuyen a la conformación del nuevo paradigma:

1) El Estado, considerado desde el surgimiento del Estado Nacional como el centro del poder, está siendo desafiado en todo el mundo:

  • Por el surgimiento del Mundo Unipolar que tuvo como símbolo la famosa caída del muro, que trajo en consecuencia un intenso proceso de Reingeniería Geopolítica, y con ella la reestructura del concepto de Globalización, y junto con ella, el surgimiento de la narco economía política, han debilitado los sistemas políticos nacionales, limitando la toma de decisiones soberanas y haciéndolos más vulnerables ante la confusión creada mediante líneas de opinión pública cada vez más abstractas y multidimensionales; y las presiones del mercado hacia la desregulación, so pretexto de rendir culto a la globalización, y que disminuyen la capacidad de intervención económica de los gobiernos nacionales;

2) Las industrias culturales y los medios corporativos se caracterizan al mismo tiempo por la concentración empresarial y la segmentación del mercado, dirigiéndose hacia una competencia oligopólica extrema, a una distribución personalizada de mensajes y al establecimiento de redes verticales de la industria multimedia[4].

3) La oposición mundial entre lo individual y lo comunitario, define la cultura de las sociedades, al tiempo que la construcción de la identidad funciona en una mecánica multidimensional, donde la historia, el presente y el futuro, en un contexto a la vez individual, local, nacional, internacional y planetario, en los aspectos económico, político y social, convergen de manera euclidiana, como un todo, constituyendo el espacio-tiempo-masa en el que vivimos y nos desarrollamos.

Pero si bien la cultura de lo comunitario tiene sus raíces en la religión, la nación, la territorialidad, la etnia, el género y el entorno[5], la cultura del individualismo en la actualidad se manifiesta de formas diferentes[6], a través del consumismo dirigido por el mercado, al mismo tiempo que en un patrón de sociabilidad basado en el individualismo estructurado en redes y el deseo de autonomía individual, basada en proyectos vitales pseudo-autodefinidos.

4) En la escala nacional, en el ámbito político llegar el fin de las ideologías, cada partido queda abandonado a su suerte y comienza la lucha interna por el manejo de los hilos del poder y el combate externo por el control del centro político, lo que ha minimizado y casi anulado la oferta ideológica; y en el ámbito gubernamental, se presenta una crisis de la legitimidad política que debilita la influencia de los gobiernos sobre sus ciudadanos.

En este marco, complejo y multidimensional, el proceso decisivo que da forma a la sociedad, tanto a nivel individual como colectivo, es la dinámica de las relaciones de poder, dependientes hoy del proceso de comunicación socializada y expresadas en los medios.

En el estado de cosas actual, los partidos y coaliciones juegan el juego del mejor postor en el mercado electoral, arrebatando las propuestas a sus contendientes y adelantándose al escándalo, ahora antepuesto al argumento, con lo que se desdibujan las propuestas y se personaliza la política al centrar la atención en los actores, de tal suerte que vence no el que tenga mejores propuestas de solución a los problemas, sino el que cuente con la imagen mercadológica más poderosa, es decir, gana no el que ofrezca mejores alternativas de atención a las necesidades fundamentales de la población, sino quien al final sea menos vulnerable a los escándalos. Así, al final, lo que importa ya no es el proyecto, sino el producto mediático final sobre la opinión pública. Pero no se dan cuenta (o si?) que lo que hacen es contribuir a la deslegitimación del sistema, de la política y en última instancia de la democracia y del Estado de Derecho; no reparan en el daño tan grave que hacen al Estado en su soberanía, en su fortaleza y dignidad como todo ente político democrático, supremo al interior e igual a los demás en el seno de la comunidad internacional.

Independientemente de la legitimidad o certeza de las denuncias de corrupción, el mecanismo de mercado informativo juega también sus juegos sucios, sus abusos y corruptelas. Se ofrece información sin fundamentos ni pruebas (armas químicas en Irak); cuando no se encuentra información suficientemente poderosa para desacreditar a un político o un grupo por su gestión, se acude a otras posibles fuentes de escándalo como los rumores, la sospecha, la conducta sexual, los hábitos dudosos, incluso a la invención; el escándalo va encima del hecho, con un consecuente daño político, a veces irreversible, pasando incluso por encima de las estructuras y normas del propio sistema jurídico y aun del paradigma del Estado de Derecho (caso Anonymous – Zetas) o del Estado Constitucional, como se pregona actualmente.

A simple vista, pareciera también que esta ola de información sobre lo malo de la política y los políticos, abona a la construcción de nuevos y más fuertes esquemas democráticos; pero no es así: lo curioso es que lejos de propiciar el empoderamiento de la sociedad como co-gobernante y medio de control del ejercicio del poder y por ende propiciar el perfeccionamiento del sistema democrático, al parecer la estrategia del escándalo está provocando el resquebrajamiento y deslegitimación de todo lo que huela a gobierno, a grado tal que lo que ondea en el ambiente de la opinión pública mediatizada (donde los medios tienen una cobertura cada vez mayor) es el hartazgo y el desencanto por la política y los políticos y las estructuras hegemónicas y de poder, sin ofrecer, en plena actitud hipermoderna, una alternativa o un proyecto viable, posible y realizable. En su lugar, dentro de esa misma hipermodernidad, lo que importa no es la posibilidad de acceso y sustentabilidad en el poder, el buen gobierno, sino el dinero, independientemente de la actividad que se realice. Todo ello parece, en una sorprendente paradoja, constituir un campo fértil para el cultivo de mayor corrupción, ahora ampliada a todos –o casi todos- los ámbitos de la vida social.

Ante tal panorama, la política, los actores y grupos de poder, se circunscriben y luchan en el ring de los medios, haciéndolos crecer desmedidamente, en términos económicos, financieros, tecnológicos y políticos (Los hombres más ricos del planeta [Slim, Salinas, Berlusconi, Gates, Jobs] son dueños medios y tecnologías de información y comunicaciones). Al mismo tiempo, la interconexión, diversificación y globalización actual de los medios, les permiten escapar de los controles políticos a los que se sujetan el común de los mortales y esto les da una gran autonomía en cuanto a producción de mensajes y la generación de opinión pública, a grado tal, que más que el Cuarto Poder, los medios se han convertido en el campo de batalla de la lucha por el poder, lo cual por supuesto en términos hipermodernos es sin duda mejor negocio (Presupuesto IFE = 16mmdp, +30% que en 2006 y de eso +42% para medios y campañas).

Esta situación, en su conjunto, produce un entorno contra el que cada vez es más difícil ofrecer alternativas, dado lo cada vez más costoso de la producción mediática (marketing, encuestas, publicidad, imagen, acceso, procesamiento y difusión de información). De ahí que los políticos necesitan cada vez más recursos financieros –legales o no- para usar los medios. Para los primeros, se recurre al esquema tributario; para los segundos, evidentemente al juego sucio, a los pactos bajo la mesa y en general, a la corrupción política sistémica, alrededor de la cual coexisten toda una red de negocios y negociantes intermedios, ya que en el trabajo de investigación de información mediática, se requiere pagar también asesores, analistas, compradores, rastreadores y chantajistas de información, periodistas, cadenas noticiosas. Al margen de la moralidad de los políticos individuales, estos agentes políticos están en venta para los miembros de los grupos de presión con diferentes grados de moralidad.

En este juego frenético, encerrados en la pecera o el ring de los medios, no hay actor ni grupo político que se salve. Este complejo engranaje es por desgracia el que mueve la gran maquinaria que es el mercado de la información política, en México y en muchos otros lados.

A un lado de esta realidad convive recientemente otra, aparentemente paralela, con el claro propósito de sumarse al juego: Es el caso de los denominados Medios de Autocomunicación de Masas, más famosamente conocidos como Redes Sociales.

Si bien es cierto que la organización social basada en redes ha existido desde tiempos muy remotos, por ejemplo, en las sociedades rurales, donde estas surgen espontáneamente alrededor de mercados, pozos, festivales religiosos, situaciones de emergencia, etc., actualmente adquiere matices diferentes al contar con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), permitiendo su expansión a toda la estructura social[7].

El concepto antropológico de Red en su forma más básica, teóricamente hace referencia a un campo social constituido por relaciones entre personas que mantienen de forma permanente una corriente de intercambio recíproco. Este concepto, al ser llevado al plano macro social conserva su esencia y podría ser redefinido como una organización social que coordina actores autónomos, quienes voluntariamente intercambian información, bienes o servicios, con el fin de lograr un resultado conjunto[8].

El transcurrir de la vida colectiva, sumado al creciente desarrollo tecnológico, sobre todo en las sociedades urbanas, convergen hoy en día en lo que se conoce como la “era de la información”, donde la cultura hace referencia a sí misma bajo parámetros cada vez más abstractos y la organización social se basa en el flujo de información, independientemente del valor agregado de sus contenidos. La actual transformación provocada por las TIC’s en la Era Digital amplía el alcance de los medios de comunicación a todas las esferas de la vida, en una red que es a un tiempo global y local, genérica y personalizada, abstracta y concreta, según un patrón siempre cambiante.

Las sociedades en los países occidentales industrializados y de una u otra medida en las economías emergentes o en desarrollo, se organizan cada vez más en torno a redes, modificando la operación y los resultados de los procesos de producción, la experiencia, el poder y la cultura[9].

En suma, ante la diversidad de las sociedades contemporáneas se incrementa la autonomía, pero a la vez la necesidad de integración, dando como resultado el nacimiento y crecimiento de las redes de cooperación e intercambio, apoyadas ahora en las nuevas TIC’s, principalmente:

  • Internet (software), una tecnología antigua, utilizada por primera vez en 1969, pero que en la última década se ha extendido globalmente, excediendo en la actualidad los mil millones de usuarios.
  • La comunicación móvil (hardware), que supera actualmente los cinco mil millones de titulares de teléfonos móviles, en contraste con los 16 millones de 1991. Así pues, incluso explicando la difusión diferencial en los países en vías de desarrollo y las regiones pobres, una proporción muy elevada de la población del planeta tiene acceso a la comunicación móvil.
  • Las redes wifi y wimax (middleware), que contribuyen a establecer las comunidades conectadas a la Red.

Con la convergencia entre estos tres elementos, el poder comunicador de la Internet está siendo distribuido en todos los ámbitos de la vida social, del mismo modo que la red de suministro eléctrico y el motor eléctrico distribuían energía en la sociedad industrial.

Aunado a esto, de manera individual los actores, sujetos y grupos establecen lazos multicéntricos de cooperación para obtener resultados que no podrían lograr ellos solos, estableciéndose de manera flexible, horizontal, informal, mediante códigos de comunicación compartidos, objetivos comunes y que no obstante su volatilidad, son los que precisamente le dan vida a la Red.

En cuanto a los contenidos de esta comunicación, la “innovación” de la Red virtual paradójicamente radica en la combinación de elementos inherentes a los dos patrones básicos de ordenamiento social y político: el “mercado” y la “jerarquía”, esto es, la economía y la política, estructuras planteadas al menos desde Maquiavelo, y a las que recientemente se refiere Luigi Ferrajoli al plantear su innovadora Tesis sobre los derechos fundamentales[10], necesariamente vinculados al tema, pero que solo mencionamos de manera tangencial por exceder los alcances del presente ensayo.

Ambas –mercado y jerarquía- se manifiestan en las redes en dos vertientes: por un lado, en una pluralidad de actores autónomos, productores de información -característica de todo mercado- y por otro, en la aptitud o al menos la actitud típica de las élites de avanzar hacia sus objetivos a través de la acción coordinada[11], propiciando la unión de actores en metas colectivas más allá de los intereses de un centro hegemónico, fomentando una nueva relación entre agentes sociales.

Lo anterior, a primera vista podría significar que nos encontramos ante la construcción de una sociedad diferenciada, donde las redes pretenden establecer canales de comunicación, intercambio e integración, retomando por un lado, los principios del “mercado” (libre juego de la oferta y la demanda, en este caso, de información) y por otro, una nueva forma de ejercicio jerárquico, que rompe con las formas verticales de coordinación y deja intacta la autonomía y hasta el anonimato de los actores; ambos, factores capaces de generar confianza y solidaridad, que parecieran permitir condiciones de trabajo adecuadas y eficientar recursos y esfuerzos.

Sin embargo, en la práctica el modelo no queda exento de riesgos: En primer lugar, de que las redes —sobre todo entre organizaciones o individuos que nacen y crecen como producto o so pretexto de carecer de canales adecuados de comunicación y/o de intercambio— puedan convertirse en un objetivo en sí mismas. Esto podría evitarse si se mantiene como objetivo primordial tender a la satisfacción de las necesidades de los miembros y al mismo tiempo si sus actividades se mantienen monitoreadas adecuadamente[12]. El problema aquí es que no siempre los objetivos son establecidos de manera horizontal, sino a través de lo que podríamos llamar “Usuarios Alfa” que en la mayoría de los casos, guían o motivan la toma de decisiones en la red; y que el monitoreo de éstas tampoco se hace de manera autocontrolada, sino en lo que podríamos también denominar una especie de “Backend” político, capaz de diseñar y operar tanto los objetivos como el monitoreo. Varios estudios, incluyendo el del World Values Survey, indican que muchos ciudadanos creen que pueden influir en el mundo con su movilización. Sólo que no piensan que puedan hacerlo a través de la política, como sería lo habitual, pero al mismo tiempo afirman la regla de que son más efectivas muchas conspiraciones pequeñas que una grande, una especie de guerra de guerrillas mediática, lo cual es en sí una actitud evidentemente política.

Pero para esto se necesita el espacio mediático. Y dado que el espacio mediático está determinado en gran parte por las empresas, y los gobiernos establecen las reglas del juego político formal, pese a su pluralidad, la inminente aparición de políticos insurgentes no podrá separarse de este nuevo tipo de espacio: el espacio creado en torno al proceso de comunicación masiva individual.

Políticas públicas y gobernanza en la era digital.

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Estado desde su creación es el de cómo resolver su permanente paradoja de mantener, por un lado, lo Stato, lo que ahí esta y debe estar para mantener la integridad de la entidad Jurídica-Política-Social, sin descuidar, por el otro, su necesidad también invariable de adecuar su estructura, esencia y acción a las circunstancias que le marca su entorno objetivo y su momento histórico, y de tal suerte satisfacer las necesidades y expectativas de una sociedad cada vez más exigente.

En efecto, el Estado y sus medios de expresión a través de los órganos del Poder Público tienen siempre que hacer un esfuerzo ya no digamos para adelantarse, sino al menos seguirle el paso a la sociedad, y de ahí que estos deban echar mano a todo lo que esté a su alcance para satisfacer los requerimientos sociales, estableciendo prioridades, maximizando recursos y cubriendo espacios de atención con la mayor amplitud y eficiencia posibles.

Me parece que uno de los intentos más sobresalientes del pasado reciente para poder resolver esta paradoja es el surgimiento y evolución de las Políticas Públicas, como un medio de articular el deber ser y el ser de lo público, como una forma de comunicarnos e interactuar mejor entre el Estado y la Sociedad, aunque en muchos casos –ha-menester señalarlo- no se sepa a ciencia cierta qué significa esto, cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones.

Hoy más que nunca, el desarrollo de un país depende en gran medida de su capacidad estratégica y administrativa para planear, instrumentar y poner en operación políticas que ayuden al desarrollo integral de la sociedad y los diversos actores que participan en el Estado (población, territorio, poder): ciudadanos, instituciones, organizaciones y autoridades; solo esta plena convivencia es capaz de garantizar la pervivencia del sistema en su conjunto.

Las Políticas Públicas son una especie de bisagra entre la Ciencia Política y la Administración Pública, una forma en la que el gobierno, es decir, el conjunto de órganos del poder público, construye y desarrolla sus decisiones a fin de articular a todas las escalas (local, estatal, federal, internacional, global) su proyecto político con sus acciones concretas.

En los últimos tiempos se habla mucho de la aplicación de la Web 2.0 a la labor de los representantes políticos y las administraciones públicas. Aunque en un principio se utilizó más el concepto Política 2.0, en la medida en que sintetizaba la aplicación de blogs y redes sociales al mundo político, últimamente, tras la victoria de Obama en EE. UU. es el término Gobierno 2.0 el que se está imponiendo implicando el uso de valores como la colaboración o la transparencia en el ejercicio de la labor institucional y el término Política 2.0 se sigue empleando, aunque ahora más para referirse solo al aspecto electoral.

¿Qué es Gobierno 2.0? Básicamente, se trata de introducir en el mundo de la política y el gobierno los principios que inspiran la Web 2.0., en especial, la transparencia, la apertura y la colaboración.

Esto tiene muchas implicaciones: la supresión de intermediarios entre políticos y ciudadanos (y fundamentalmente, los medios de comunicación de masas), la posibilidad de que los ciudadanos se organicen por sí mismos, al margen de los partidos e instituciones o de que colaboren abiertamente con la labor administrativa o la disponibilidad de herramientas para que los ciudadanos controlen constantemente la actividad de sus representantes. Al mismo tiempo, los funcionarios adquieren un mayor nivel de responsabilidad en su gestión.

El problema es cómo conseguir que los recursos tecnológicos sean accesibles a la mayoría de la población y den la oportunidad de cambiar las reglas del juego democrático y del gobierno. Hoy en día la Internet se ha masificado y la brecha digital entre pobres y ricos y entre mujeres y hombres de acorta. Apenas persisten ciertas diferencias por edades, que podrían desaparecer con la democratización de los móviles con conexión a la Red. El sueño de Rheingold de una nueva democracia electrónica podría, hacerse realidad, siempre que las estructuras políticas y gubernamentales se adapten a la disponibilidad de nuevas herramientas con capacidad para fomentar la participación ciudadana en los asuntos comunes.

Trabajos publicados recientemente en Europa y América del Norte coinciden en señalar a las redes sociales como la principal oportunidad con que cuentan, hoy por hoy, administraciones y ciudadanos para establecer una relación más productiva y satisfactoria.

Un estudio del CIS Internet y Participación Política en España, destaca la especial capacidad de las redes para generar nuevos espacios de cooperación, participación e intercambio de información en materia de Gobernanza. Sus autores comentan que los internautas más activos, sensibles a las informaciones gubernamentales y políticas y a la vez más implicados en la mejora del sistema social, son precisamente los usuarios de blogs, foros y servicios en línea. De forma paralela, constatan que las redes sociales facilitan la participación en línea y la hacen menos costosa a los colectivos con mayores barreras digitales, hecho que cobra especial importancia en la relación con los gobiernos locales.

La Guía de Usos y estilo en las redes Sociales un documento publicado en junio del año pasado por el gobierno de Cataluña, es sólo un pequeño paso en el largo camino que los gobiernos y administraciones –sobre todo los ayuntamientos- deben recorrer. Sólo así aprovecharán el salto tecnológico para seguir mejorando los servicios que gestionan y recobrar el partenariado con la ciudadanía.

Otro caso digno de mención es el gobierno Sueco[13] cuyo sitio constituye una especie de comunidad o red de redes que agrupa a distintos perfiles y usuarios capaces de comparar bienes y servicios gubernamentales, generando y actualizando información de desempeño útil para la mejora de los servicios públicos. Constituye una red cognitiva que genera, produce y actualiza su propio conocimiento en función de la necesidad de comparar todo el quehacer público: las escuelas en todos los niveles, la atención hospitalaria y a personas de la tercera edad, los servicios públicos, las oficinas de gobierno, etc. Tiene una doble finalidad: por un lado, los ciudadanos pueden ver qué servidor público, dependencia u organismo es más eficiente y acudir a él – por ejemplo, una clínica, un cajero en una dependencia, etc. –y por el otro, brindarle información de transparencia y rendición de cuentas a su gobierno para que tome decisiones acertadas y reduzca tiempos, personal o gastos de organismos o personas poco eficientes.

Pero es importante aquí decir que no todo va por esa vía: El anuncio del primer ministro de Reino Unido David Cameron de suprimir tres cuartas partes de los portales públicos abre una nueva polémica. Para algunos, la medida forma parte de un proceso lógico, tendiente a racionalizar la presencia de los organismos públicos en la Red; otros, sin embargo, temen que aprovechando la oleada de recortes en el viejo continente, comiencen a imponerse criterios exclusivamente economicistas y no sociales en el desarrollo del Gobierno y la Administración Pública Electrónica.

Lo cierto es que -casualidad o no- este hecho coincide con la reciente publicación de distintos informes de países de Europa y de la Unión que muestran una curiosa paradoja: si bien crece espectacularmente el número de usuarios de Internet y, con él, la cantidad y calidad de los servicios públicos que las administraciones ofrecen online a sus ciudadanos, también aumenta progresivamente la desconfianza entre éstos hacia aquellas.

Otro caso paradigmático en este mismo sentido es el de España. En el último año, ha escalado en la clasificación de la ONU  sobre e-government 30 puestos, y sobre acceso electrónico 66 lugares, convirtiéndose en una de las máximas referencias mundiales. Sin embargo, hoy apenas un 30 por ciento de sus internautas declara usar la Red para interactuar con los poderes públicos, de acuerdo con el último estudio de la Fundación Orange sobre Sociedad de la Información. Esta “segunda brecha digital” es preocupante por sí misma, pese a la fuerte apuesta gubernamental por las TIC’s; pero lo es aún más en combinación con los datos del Barómetro de julio del 2010  del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que muestran que el actual modelo de participación y representación que encarnan gobierno, políticos y partidos políticos constituye el séptimo mayor problema para los españoles, con un porcentaje de apoyo a esta percepción negativa cuatro veces superior al de hace sólo un año.

¿Qué está fallando entonces? ¿Qué hay más allá del front-office público capaz de ensombrecer los logros conseguidos en materia de modernización administrativa? La OCDE aporta una posible explicación en su reciente Informe sobre Buena Gobernanza en las Políticas Digitales; en él se revela que dos de cada 10 usuarios creen que los organismos y departamentos oficiales españoles están desaprovechando los recursos tecnológicos, en especial Internet, para aumentar su transparencia. Con ello se apunta algo más: los ciudadanos no dudan tanto de sus administraciones sino de su escasa capacidad para influir e intervenir en ellas. Ello puede traducirse, a su vez, en apatía y frustración, cuando no en rechazo.

La OCDE, como la mayoría de los expertos implicados, hace una serie de recomendaciones al respecto. La más clara es la que invita a pasar de un enfoque público basado fundamentalmente en la tecnología y la eficiencia económica a otro centrado en el usuario y en una comunicación con éste, más abierta, directa y participativa.

Aplicaciones de e-gobierno en México.

En México, desde hace tiempo, el Gobierno del Estado de Nuevo León emplea el chat como vía de comunicación con los ciudadanos. Establece una agenda con los días, horarios, nombres de quién participa y temas a tratar. Ese día los ciudadanos se pueden conectar al chat y mediante un moderador se pueden realizar preguntas al funcionario responsable que corresponda, guardando el chat en un archivo para quienes deseen leer lo que aconteció en ese debate.

Otra de las herramientas que va teniendo cada vez más aceptación para interacción entre gobierno y ciudadanía es Google Moderator, utilizado por ejemplo, por la Suprema Corte de Brasil, y la Presidencia del Senado Mexicano.

Si bien es nueva para el público en general, hace mucho que se viene usando internamente a nivel empresarial para moderar las preguntas de las reuniones semanales de trabajo. El funcionamiento es simple: permite a los participantes enviar sus preguntas y que estas sean votadas por los otros. Esto al final de un cierto tiempo, va a generar preguntas con más votación que otras, por lo que va a marcar cuál o cuáles son las preguntas que deberían tener una prioridad frente a otras. En otras palabras, son los usuarios los que deciden la(s) pregunta(s) que más les interesa, siendo esta(s) a la(s) que se le dará prioridad a la hora de contestar.

Para finalizar, más que una conclusión permítaseme una reflexión: No perdamos de vista en la comprensión del tema que nos ocupa aquí (Política, Comunicación, Redes y gobierno) y que por cierto debería ocupar un lugar más importante si es que en verdad fuera nuestro deseo hacer algo por la Reforma del Estado, es que ésta es ante todo reforma cultural. El sistema político es un sistema en sí y forma parte de la cultura social de una nación; por tal razón, cambiarlo es tarea por demás difícil. Sin embargo, igualmente hay que subrayar que la solución, lejos de ser exógena, tiene sus raíces en el origen mismo del problema, es decir, en la relación Estado-Poder Público-Sociedad, y que esta relación puede apoyarse en las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Pero esto exige primero que nada, un cambio de actitud para la creación de una cultura donde la cultura no puede darse mágicamente, por decreto, ni es cuestión –como la experiencia nos lo ha hecho ver- de “endosar” la responsabilidad mediante el voto y luego “exigir” o esperar del cielo la respuesta. Tampoco es –parafraseando a Crozier- sólo “cuestión de máquinas”, la tecnología es y seguirá siendo un medio, nunca un fin. El factor humano es fundamental en la cosa pública, en lo que nos atañe a todos.

De la sociedad por su parte se requiere no nada más de una actitud crítica y exigente, lo cual es sin duda valioso, pero no suficiente. En la nueva forma de ver el gobierno, la ciudadanía también tiene que colaborar activamente con los órganos del poder público, legislativos, ejecutivos, judiciales, autónomos. En este contexto, las organizaciones civiles y políticas, las propias redes sociales y sus usuarios individuales o colectivos tienen la importante misión de adoptar una posición crítica pero al mismo tiempo propositiva, que les permita una participación más cercana y comprometida, en tanto que “ciudadanos-gobernantes”, en los asuntos que les afectan a todos los niveles, desde los más cercanos y concretos a los más abstractos, y contribuir al diseño y operación de una agenda de trabajo en la que se definan políticas, estrategias, programas y actividades en cada uno de los ámbitos de la vida nacional.

No podemos predecir el futuro, pero lo que sí podemos hacer es construirlo. Ahora más que nunca está claro que la tarea de todos no se agota en el ejercicio del sufragio. Nos encontramos en un momento propicio para contribuir, todos, a la conformación de una política pública y un gobierno modernos, echando mano de los recursos jurídicos, políticos, tecnológicos y sociales con que contamos, pues solo así podremos aspirar a primero la construcción de un nuevo modelo de país y luego al logro de su legitimidad, continuidad y permanencia.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Farrell, Kolodny & Medvic, 2001; Jamieson, 1996;y Thurber & Nelson, 2000.

[2] Entendida según definición de Carl Edrich como “el hecho mediante el cual un responsable de un cargo es inducido por recompensas no legales, en dinero o especie, a realizar actos que favorecen al que las ofrece y perjudican a la sociedad y sus intereses”.

[3] Mermin (1997) desmitifica la idea de que los medios de comunicación indujeran la decisión del gobierno estadounidense de intervenir en Somalia, demostrando que aunque los periodistas finalmente tomaron la decisión de cubrir la crisis, esa cobertura mediática clave en las cadenas de televisión se produjo después y no antes de que los directivos clave de Washington (pág. 392) prestaran atención al tema. Véase también Entman (2003), que ofrece pruebas de una teoría de “activación en cascada”, en la cual las estructuras mediáticas activan las decisiones políticas de elite y viceversa.

[4] Crouteau & Hoynes, 2006; Hesmondhalgh, 2007;y Klinenberg, 2007.

[5] Castells, 2004; y Ong, 2006.

[6] Barber, Touraine, 2006; y Wellman & Haythornwaite, 2002.

[7] Castells, Comunicación y Poder. Madrid, 1999. p. 505).

[8] (Messner, 1999. p. 95)

[9] (Castells, Ídem.)

[10] (Ferrajoli, Luigi. Los Fundamentos de los Derechos fundamentales, España, 2005, p. 32)

[11] (Messner, op.cit. p.98).

[12] Haverkort et al., 2000: 33.

[13]  http://www.stockholm.se/jamfor

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