12 de julio: Día del Abogado

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ENTRE ABOGADOS TE VEAS: 12 DE JULIO, DÍA DEL ABOGADO

Por José Ramón González Chávez

Reconocidos por unos, insultados por otros, pero necesarios para todos, los abogados de México festejarán el próximo domingo 12 de Julio festejarán, tal como lo han hecho desde hace 55 su día.

El término de Abogado proviene del latín advocatus, “llamado en auxilio”, lo que hace referencia a aquellos que se dedican a defender en juicio por escrito o de palabra, los intereses o causas litigiosas, pudiendo representar a particulares, empresas o gobiernos en asuntos jurídicos ante los tribunales competentes.

La historia de esta celebración data de 1960, cuando por petición del periódico el Diario de México de la capital del país, el Presidente de la República, el Lic. Adolfo López Mateos, decretó la celebración oficial de esta fecha. Federico Bracamontes, fundador de Grupo Diario de México, tomó el 12 de julio para festejar a los abogados a partir de dos sucesos de relevante trascendencia para el Derecho en América ya que, por un lado, fue precisamente el 12 de julio de 1533 cuando se estableció en la Nueva España –y más bien, en todo el continente americano- la primera cátedra para la enseñanza del Derecho y además se dictaron las primeras Ordenanzas de Buen Gobierno.

Todo empezó cuando Carlos V de España y I de Alemania ordenara por cédula expedida el 21 de septiembre de 1551 el establecimiento de un estudio de universidad de las ciencias, inaugurándose al poco tiempo –para ser exactos, el 25 de enero de 1553- la Real y Pontificia Universidad de México, con las facultades de Cánones y de Leyes, dando con ello inicio a la historia de la educación superior en nuestro país.

Durante el Virreinato hubo una división entre jurisconsultos y abogados. Los primeros estudiaban y desahogaban consultas en su biblioteca y los segundos asistían a los tribunales. La Facultad de Leyes de la Real y Pontificia Universidad de México contaba con cinco cursos anuales de Prima y Vísperas de Derecho y dos cursos más de Jurisprudencia Civil. Así fue que el 12 de julio de 1553, Bartolomé de Frías y Albornoz leyó ante testigos una ponencia sobre Prima de Leyes.

Los abogados virreinales llevaban una vestimenta específica que los distinguía: traje negro con calzón corto, chinelas o zapatos sin talón con hebilla de oro o plata según la alcurnia y la posición económica, con una toga. Después de la Independencia se quitó la solemnidad de la toga para los abogados.

Cabe mencionar que la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México conmemora también el 3 de junio, pues en esa fecha del mismo año de 1533 inauguraron los cursos en la Real y Pontificia Universidad de México y se pronunció la primera lección jurídica en América por parte de don Pedro Morones.

El Día del Abogado se celebra todos los años a manera de recordatorio de los deberes que todos los mexicanos, tenemos de cumplir y hacer cumplir la Ley y hacer que se haga justicia, pero con un compromiso aun mayor para los abogados.

El primer festejo nacional se llevó a cabo en la ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, el 12 de julio de 1960, asistió en representación del Presidente Adolfo López Mateos –abogado- el entonces Procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, Fernando Román Lugo, declarando formalmente instituido el Día del Abogado.

Para el festejo de 1961, el presidente López Mateos recibió de manos de Federico Bracamontes, fundador de Grupo Diario de México, el galardón “La Cruz de Honor a la Dignidad Profesional”, otorgada por el Comité Fundador del Día del Abogado, en reconocimiento a su carrera en las leyes y la instauración de este festejo.

A partir de esta celebración, los mandatarios Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, fueron recurrentes invitados de honor a este festejo; mientras que los ejecutivos Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari (economista), Ernesto Zedillo Ponce de León (economista), Vicente Fox Quesada (ciudadano), Felipe Calderón –abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho– y Enrique Peña Nieto (abogado de la Universidad Panamericana) han asistido a la festividad.

Los Abogados y la Estadística

Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) extraídos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del primer trimestre de 2014, el número de abogados en México, suma un poco más de 321 mil personas, de las cuales  58% son hombres y 42% son mujeres (La primera mujer abogada en el país fue María Asunción Sandoval en 1891).

La edad promedio de los abogados mexicanos es de 37.4 años; en los hombres es de 39.2 mientras que en las mujeres es de 34.9 años. La mayoría tienen de 25 a 34 años. Su promedio de escolaridad es de 16.7 años, lo que equivale a cinco años de licenciatura e incluso hasta un año de posgrado.

En el contexto de la al parecer inminente implantación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, vale la pena mencionar que apenas 3.3% de los abogados mexicanos habla alguna lengua indígena además del español.

Uno de cada doscientos abogados presenta en alguna discapacidad, pero casi en su totalidad se refiere a la dificultad para ver, aun usando lentes.

En el terreno económico, la proporción de abogados respecto del total de ocupados a nivel nacional es de 0.7 por ciento. En el Distrito Federal alcanza el porcentaje más alto, con 1.7%, en tanto que Tlaxcala tiene el porcentaje más bajo con 0.2 por ciento.

36 de cada 100 personas que estudiaron Derecho, están ocupados y son remunerados, se dedican a actividades diferentes a su profesión y otro 48% -casi la mitad- son investigadores, especialistas y docentes, lo que significa que solo el 16% se dedica a actividades litigiosas, como litigantes, ministerios públicos y juzgadores u otras como notarios y legisladores.

Los abogados en México ganan en promedio por hora trabajada alrededor de 73 pesos y trabajan 8 horas. La cantidad es mayor si se trabaja por cuenta propia (83 pesos) o como empleadores (entre 75 y 86 pesos por hora, dependiendo el sexo) y menor cuando son empleados, manteniendo también las mujeres una posición de desigualdad en este rubro.

Sólo seis de cada 100 abogados ejercen un puesto de mando como director, gerente, coordinador, jefe de área o juez calificador en los servicios de salud, enseñanza y sociales. Otro 10% tienen puestos técnicos en oficinas.

Un 59 por ciento son trabajadores subordinados y remunerados, 33 por ciento trabaja por su cuenta, siete son empleadores y uno por ciento es trabajador no remunerado.

De los abogados subordinados, remunerados o asalariados, 43% gana de 3 a 5 salarios mínimos, 31% más de cinco y 19 entre dos y tres, además de que 56% carece de prestaciones a instituciones de salud.

El sector terciario (servicios) es donde más se emplean los abogados mexicanos (97 por ciento del total), principalmente en los que van desde comercio, restaurante, hoteles, transporte y correo hasta servicio financieros, corporativos, sociales y de gobierno u organismos internacionales. Sólo el 3% restante se desenvuelve en industrias como la minería, las manufacturas, la construcción y la electricidad.

Los abogados se distribuyen por toda la geografía nacional, aunque 99% se ubica en zonas urbanas, concentrándose principalmente en cinco entidades federativas (Distrito Federal, Jalisco, México, Puebla y Veracruz), en las que reside 58.3% de la población.

En algunas entidades federativas el número de mujeres abogadas es mayor que el de sus colegas hombres, como Guanajuato (63%), Tabasco (59%), Michoacán (54%) y el Distrito Federal (50.4%).

En el otro extremo, hay otras entidades que tienen bajos porcentajes de abogadas respecto a la media nacional, como Hidalgo y Querétaro (20%) y Nuevo León (25%), pero cabe destacar que Guerrero es el estado que tiene el menor porcentaje de mujeres abogadas, pues solo 16 de cada 100 profesionales del Derecho son del sexo femenino.

Nuevo Sistema de Justicia, pero abogados con el Viejo “Chip”

 

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA, PERO ABOGADOS CON EL VIEJO “CHIP”

Por Jose Ramon Gonzalez

Dentro del largo y hasta ahora relativamente infructuoso proceso de instrumentación del tan cacareado Nuevo Sistema de Justicia Penal que dio inicio a mediados del 2008 e independientemente de su instauración por decreto el 16 de junio de 2016, sigue pendiente su puesta en operación real, particularmente debido a sus serias deficiencias en lo que respecta a la capacitación de sus denominados “operadores jurídicos”, es decir, de todos los abogados y el personal de apoyo que de manera directa o indirecta deben intervenir en los diferentes momentos del nuevo proceso.

En efecto, uno de los no pocos aspectos que sorprendentemente fueron puestos en segundo o aún tercer plano dentro de la implantación de este Nuevo Sistema es el asunto de la formación inicial y continua de quienes se erigen en su columna vertebral: los abogados y sus auxiliares.

Por un lado –claro está- la deficiencia es evidente en la capacitación y adiestramiento de los servidores públicos actuales que se encuentran laborando en las distintas áreas involucradas: defensores de oficio ministerios públicos, agentes de las policías preventiva y ministerial y peritos; juzgadores y su personal adscrito, primordialmente sus secretarios de acuerdos, actuarios y personal secretarial; quienes trabajan en los ahora llamados Centros de Reinserción Social encargados de las tareas administrativas y de soporte logístico y de custodia. En este ámbito e independientemente de lo cualitativo, cuantitativamente podemos mencionar después de ocho años que supuestamente inició el proceso de reforma, apenas el 10% en promedio de todo este personal ha recibido algún tipo de capacitación, ya sea general sobre el sistema o bien específica en el “qué” y “cómo” del marco jurídico y los derechos que deben salvaguardar; de las obligaciones que deben cumplir y de con quién y cómo se deben coordinar; de los requisitos de transparencia y rendición de cuentas que deben observar.

Las autoridades encargadas de la implementación del nuevo sistema a nivel federal y en las entidades federativas siguen sin aterrizar un programa de capacitación y actualización congruente y consistente, que se aleje del anticuado modelo positivista del siglo pasado y se acerque más al nuevo modelo de Estado Constitucional. Adicionalmente, en la mayoría de las instalaciones dedicadas a impartir este nuevo tipo de justicia, se carece de salones para llevar a cabo los procesos orales, así como del equipo y materiales necesarios aunque sea para impartir los cursos que ya se están ofreciendo.

Por su parte, en lo que toca al ejercicio privado de la profesión, sigue pendiente la capacitación, adiestramiento y actualización de los abogados litigantes a través de las barras, colegios y otras organizaciones gremiales a las que se supone –de acuerdo al nuevo modelo- que todos deben pertenecer, primero para poder operar en el flamante sistema y luego para refrendar la actualización permanente de sus conocimientos y con ello acreditar su continuación en el ejercicio de esta labor.

Valga mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al primer trimestre de 2016 y de acuerdo con la clave 2135: “Abogados” del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO), la población ocupada como abogado en México se cuenta en poco más de 342 mil personas, de las cuales una tercera parte (más de cien mil) trabajan por su cuenta (una cuarta parte de ellos –Señor Mancera- ubicados en la ciudad de México), esto sin contar a los auxiliares de servicios jurídicos quienes también y por supuesto deberían recibir capacitación y adiestramiento, pues ayudan a la recopilación de hechos y evidencias, elaboran, procesan, registran, organizan y actualizan documentos con valor legal para efectos del proceso, además de recibir y atender inicialmente a los clientes o ciudadanos que requieren asesoría jurídica.

En adición hay que mencionar que menos de 2 de cada 100 abogados habla alguna lengua indígena, lo que también es preocupante para el nuevo sistema, que sustenta parte de su visión en la cobertura universal basada en el apoyo jurídico a la población en su lengua materna. En tal sentido, el diseño ha olvidado también incluir la capacitación para estos abogados, pues no solo basta con saber una lengua original, sino que se debe conocer y comprender la correcta traducción técnica en ambas vías de los términos jurídicos que a veces ni en español son claros, sin tocar lo relacionado con sus raquíticos sueldos, asunto delicado tanto en México como en todos los países en los que se ha tratado aplicar.

La insuficiencia e ineficiencia de la capacitación, aunadas a la falta de voluntad individual y colectiva, la negligencia de las instituciones gremiales y la mera implantación por decreto del nuevo sistema, están provocando –por ejemplo- que los abogados litigantes sean desalojados de las salas de juicios orales por los juzgadores bajo el argumento de la incompetencia profesional, lo que los está llevando a ya no tomar este tipo de casos para evitar ser exhibidos públicamente, con el consecuente y drástico impacto en los resultados esperados por las autoridades.

Pero algo tanto o más grave es lo referente a la formación profesional impartida por los centros de educación superior del país, tanto públicos, como privados. Es verdaderamente significativo el hecho de que en 90% de los casos, después de ocho años, las carreras de Derecho y afines siguen sin modificar sus planes de estudio y programas académicos para adecuarlos al nuevo sistema.

Las instituciones de enseñanza profesional del Derecho siguen careciendo de simuladores y talleres de juicios orales; han omitido la actualización obligatoria de sus profesores por profesores certificados a fin de que sean capaces de impartir tanto las nuevas materias como las que ameriten actualización, pues de nada sirve pretender impartir nuevas materias con docentes formados y deformados teórica y prácticamente en el sistema positivista anterior.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desde que comenzó formalmente el proceso de reforma en el 2008 y hasta la fecha no ha metido un solo dedo para convocar, organizar y coordinar esfuerzos encaminados a que las instituciones de educación superior afiliadas se pongan a trabajar en la puesta al día de sus carreras de Derecho.

Todas estas carencias en la actual oferta educativa debería de preocupar –y más que nada de ocupar- a todas las instituciones de enseñanza del Derecho del país. Pero parecen no inmutarse, quizá consideren poco rentable invertir tiempo, trabajo y recursos en ello, ignorando que la carrera de abogado sigue siendo de las 10 más demandadas en México por los milenians y que obviamente será más competitivo quien tenga una mejor oferta de preparación profesional.

En todo caso, todos los involucrados en la implantación real del nuevo sistema deberían cambiar su “chip” como abogados y tener en cuenta que la capacitación y actualización es crucial para su éxito o fracaso, lo que implica fundamentalmente el conocimiento y comprensión del nuevo modelo de constitucionalidad, además del combate de la corrupción y la transparencia, temas a los que nos avocaremos en entregas posteriores.