Poder Público, Comunicación y Política Cultural

PODER PÚBLICO, COMUNICACIÓN Y POLÍTICA CULTURAL

Por José Ramón González Chávez

Abstract.

El poder y la política se resuelven en el proceso de construcción de la mente humana a través de la comunicación. En el tipo de sociedad en que vivimos, los medios de comunicación de masas son decisivos en la formación de la opinión pública, que condiciona la decisión política y por ende la cultura social.

Hoy más que nunca, la política es sobre todo política mediática, lo cual tiene consecuencias importantes sobre la política misma, ya que conduce a su personalización y a la subcultura política del escándalo.

La comunicación de masas y la comunicación política están siendo transformadas por las Tecnologías de Información y comunicación (TICs) primordialmente por la Web 2 y la comunicación inalámbrica. El surgimiento de lo que es denominado por Manuel Castells la autocomunicación de masa (redes sociales) abre el abanico de influencias en el campo de la comunicación y la cultura.

Al permitir una mayor intervención e interacción de individuos y grupos, acompañar a los movimientos sociales y a las políticas alternativas; pero también los políticos, las empresas, los gobiernos, los organismos globales, los entes de control geopolítico, intervienen cada vez más en la red con las mismas herramientas. De ahí que se presente necesariamente una gama muy amplia de tendencias sociales, contrapuestas y hasta contradictorias, expresadas en los medios de comunicación de masas, convencionales y nuevos. Las decisiones políticas y gubernamentales consideran cada vez más el espacio de comunicación multimodal, pudiendo llegar a afirmar que en la sociedad en que vivimos, el poder es cada vez más el poder de la comunicación.

¿Cómo asimilar estos procesos en la transformación cultural de nuestra sociedad?

¿Cómo encaminarse hacia una normalidad democrática en cuanto al uso de las nuevas tecnologías y las redes y hacia un entorno equilibrado entre oferentes y consumidores político electorales?

¿Cómo crear políticas públicas y gobernanza efectivas ante tal panorama?

Introducción.

A lo largo de la historia, la comunicación y la información han constituido la arena donde se ha desarrollado una gama muy amplia y compleja de enfrentamientos entre poder y contrapoder.

Aunque la coerción y el miedo han sido desde tiempos inmemoriales fuentes decisivas para que los dominantes impongan su voluntad a los dominados, pocos sistemas institucionales han durado mucho cuando se han basado de manera preponderante en una represión aguda. Poco a poco se han dado cuenta que torturar cuerpos es menos efectivo que persuadir, que modelar mentes; y de hecho más útil, teniendo en cuenta que la forma de pensar de una comunidad, la cultura social, influye sustancialmente en el diseño y operación de las normas, prácticas y valores sobre los que se construyen sus instituciones fundamentales.

Si a partir de este nuevo paradigma la mayoría de la gente ve transformada su manera de pensar respecto de los valores, normas y prácticas institucionalizados en el sistema jurídico y político, tarde o temprano el sistema cambiará, aunque no necesariamente para colmar las esperanzas de los agentes del cambio social y no necesariamente sin dolor. Es así que puede comprenderse la evolución de la praxis política basada en la personalidad, íntimamente ligada a la evolución de la política electoral y de gobierno que presenciamos con toda claridad en nuestros días.

En este juego, medios, grupos y actores políticos y sociedad participan e interactúan y contribuyen a la confección de la cultura política actual, pudiendo ser analizados y comprendidos en lo individual y en su conjunto:

1) Los Medios.

La hipermodernidad ha permeado la política y en consecuencia adopta como premisa principal de su nueva estructura argumentativa un principio básico en comunicación: el mensaje más poderoso es un mensaje sencillo adjunto a una imagen, ya sea gráfica o conceptual, y precisamente en política, el mensaje más sencillo es un rostro humano. De ahí que la política mediática tienda a la personalización de políticos que puedan vender su imagen adecuadamente, junto, claro está, a ciertas ideas-valor, lo que lejos de ser trivial, constituye un elemento sustancial si queremos comprender de qué va la cosa en las campañas electorales contemporáneas.

En este orden de ideas, la credibilidad, la confianza y el personaje se convierten en cuestiones primordiales a la hora de definir el resultado político, y por ende, la destrucción de la credibilidad y el asesinato –mediático- del contendiente, se convierten en las armas políticas más poderosas.

El Homo Videns político, es la encarnación simbólica de un mensaje de confianza alrededor de su personaje, arropado por ciertos valores. Cada vez más en la resolución de la contienda política electoral, el segmento de votantes independientes o indecisos decanta a través de los medios la balanza entre la derecha, los centros y la izquierda. Por ello, aunque existan diferencias sustanciales entre partidos y candidatos, generalmente los programas y las promesas de campaña se confeccionan por compañías publicitarias y consultores de marketing político, suficientemente flexibles para actuar de manera camaleónica de acuerdo al cliente en turno[1], para adaptarse al centro y a los indecisos, es decir, al voto útil.

Desde el primer debate televisado entre candidatos presidenciales (Kennedy – Nixon, 1961, hace más de 50 años) y hasta la fecha, muchos sistemas, líderes y actores políticos en todo el mundo se han visto sacudidos e incluso han sido destruidos a partir de una sucesión constante de escándalos mediatizados. Sistemas, partidos y políticos que parecían atrincherados sólidamente en el poder durante décadas, se han derrumbado, arrastrando en su desaparición el régimen que construyeron. En la mayoría de ellos, el tema mediático preferido de la caída ha sido la corrupción política.

El escándalo político se ha venido sofisticando a tal grado que ahora los medios son capaces de dosificarlo, hacerlo crecer poco a poco, modularlo, añadirle veracidad o ficción de acuerdo al rating, arrinconando a cada político o grupo de políticos hasta llevarlo eventualmente al clímax de un enjuiciamiento por parte de los poderes legislativo y/o judicial, cuyos miembros también negocian con los medios, garantizando su independencia a cambio de protección, luchando juntos por la democracia al tiempo que dosifican ellos también la filtración de información para ser publicada. Así, una vez acorralado, cada actor o grupo político es orillado a hacer un trato con los medios, con lo cual se cierra el ciclo y se retroalimenta el sistema.

Esto no significa que la dinámica del poder esté 100% a cargo de los medios[2]; los actores políticos ejercen también una considerable influencia sobre ellos. El actual formato “Carrusel” de estaciones de radio, canales de televisión y periódicos en línea, donde las noticias dan vuelta continuamente las 24 horas, aumenta la importancia de los políticos para los medios de comunicación, pues estos tienen que nutrirse permanentemente de nuevos contenidos.

2) Los políticos.

Según sondeos realizados en 2000 y 2002 por la ONU y el Foro Económico Mundial, dos tercios de los ciudadanos del mundo creían que su país no estaba gobernado según la voluntad del pueblo. Esto explica en parte por qué en todo el mundo, la mayoría de la población tiende a votar en contra de más que a favor de, eligiendo el menor de males, antes que la mejor de las propuestas. Esto obliga a que el candidato, una vez convertido en gobernante, deba presentarse en los medios buscando el apoyo -o al menos, la mínima hostilidad- de los ciudadanos, que en el mercado político mediático, permeado de hipermodernidad, se erigen más bien en consumidores.

Aunque la crisis de la legitimidad política en general no puede ser atribuida exclusivamente a los escándalos políticos y a la política mediática, tarde o temprano, los escándalos propician el escepticismo hacia la política formal y provocan el desencadenamiento de algo sin creencia, sin compromiso, que se declara a sí misma como la única solución y se auto denomina “el cambio político”, cuya conceptualización y forma de convertirse en hechos son poco o nada definibles.

3) La Sociedad.

Los ciudadanos no leen los programas de los partidos, ni los de los candidatos; prefieren confiar en la información que los medios dan de ellos. Al final, su decisión de voto estará en función de aquel que les produzca mayor confianza. Por lo tanto, el candidato o mejor dicho su personaje proyectado en los medios, pasa a ser esencial; porque los valores a los que se asocia – y que es lo que más importa a la mayoría de la gente- están encarnados en él independientemente de las ideologías y de las propuestas que pudieran estar a su derredor.

Tampoco el público se limita a seguir todo lo que le dicen los medios. Recordemos que los medios ganan más mientras más audiencia tengan, así que hay que cautivar y mantener la atención del público, siendo siempre creíbles, y este es justo el entorno en que se da entre ellos la lucha por el “Rating”. Cada medio crea y proyecta sutilmente un modelo de comunicación propio corporativo, que si no anula, sí merma drásticamente la autonomía de sus periodistas y redactores, que ven acotado su abanico de opiniones y temas políticos sobre los que informan, por los expresados dentro de la línea dominante en la compañía, casi siempre carentes de contenido, pero con un peso muy importante en el proceso de masificación informativa definido meramente por los hechos, por la coyuntura, por el escándalo.

¿Por qué está pasando esto? ¿Los sistemas y los actores políticos actuales son los más corruptos de la historia de la humanidad? Por supuesto que no. El uso y abuso del poder en beneficio personal o de un grupo ha sido una actitud connatural al ser humano como ente social. De hecho, debemos recordar que la democracia se inventó –parafraseando a Montesquieu- como una manera –si no la mejor, la más viable de las disponibles- de controlar al poder.

Información y Poder.

En la época en que el Monarca y los grupos de poder controlaban la información y su acceso, la maquinaria del sistema político se aceitaba de manera vertical y oficiosa, a espaldas de la sociedad.

Posteriormente, al aparecer los sistemas políticos ilustrados, la denuncia de corrupción se convirtió en una buena muestra del nivel democrático de un pueblo, manifestada gracias a la libertad de prensa, expresión del derecho a la información, consagrado desde las primeras constituciones liberales.

Pero en épocas recientes, aun con sistemas formalmente democráticos, se han presentado y expuesto públicamente estos sucesos de corrupción incluso con una intensidad creciente. Baste mencionar el Partido Demócrata Cristiano en Italia que sustituyó al modelo fascista; el Partido Democrático Liberal Japonés sustituto del modelo imperial tradicional, que en ambos casos fueron imposiciones del gobierno norteamericano, que con tal de evitar la contaminación comunista se hizo el ciego y sordo ante los vínculos del primero con la Mafia y del segundo con la Yacuza (algo similar a lo que sucedió, por ejemplo, en Libia). Pero también en su propia casa, baste recordar el caso Watergate, el asunto Irán-Contras y recientemente el operativo “Rápido y furioso”, solo por citar enunciativamente algunos ejemplos de corrupción al interior del gobierno.

Los Medios.

En el contexto de la interacción vectorial mencionada arriba, independientemente de la legitimidad o certeza de las denuncias de corrupción, el mecanismo de mercado informativo juega también sus juegos sucios, sus abusos y corruptelas. Se ofrece información sin fundamentos ni pruebas; cuando no se encuentra información suficientemente poderosa para desacreditar a un político o un grupo por su gestión, se acude a otras posibles fuentes de escándalo como los rumores, la sospecha, la conducta sexual, los hábitos dudosos, incluso a la invención; el escándalo va encima del hecho, con un consecuente daño político, a veces irreversible, pasando por encima de las estructuras y normas del propio sistema jurídico y aun del paradigma del pretendido Estado Constitucional (caso Anonymous – Zetas).

Analizando esta relación entre sistema democrático, información, medios y cultura política, podemos percibir un nexo directo entre el avance en el acceso material a la información, la diversidad y cobertura de medios y la ventilación pública cada vez mayor de actos de corrupción de los individuos y grupos de poder, no solo en el ámbito político, también en el económico, en el religioso, en el social. La diferencia es que ahora tienen un efecto cada vez más devastador en los sistemas y actores políticos y en los grupos de poder, sobre todo, a partir de la aparición de la Internet2 a lo que se ha venido a añadir el surgimiento de las llamadas Redes Sociales.

Cabría preguntarse, ¿por qué?, ¿para qué?

Para acercarnos a la respuesta debemos considerar diversos factores estructurales macropolíticos que contribuyen a la conformación del nuevo paradigma:

1) El Estado, considerado desde el surgimiento del Estado Nacional como el centro del poder, está siendo desafiado en todo el mundo. La aparición del Mundo Unipolar, cuyo símbolo mediático es la famosa caída del muro, trajo en consecuencia un intenso proceso de Reingeniería Geopolítica y con ella, el rediseño del concepto Globalización, quejunto con la narco economía política y las presiones del mercado hacia la desregulación, so pretexto de rendir culto a esa globalización, han debilitado los sistemas políticos nacionales, limitando la toma de decisiones soberanas y haciéndolos más vulnerables ante la confusión creada mediante líneas de opinión pública cada vez más abstractas y multidimensionales;

2) Las industrias culturales de la información y los medios corporativos se están caracterizando por la concentración empresarial y la segmentación del mercado, dirigiéndose hacia una competencia oligopólica extrema, a una distribución personalizada de mensajes y al establecimiento de redes verticales de la industria multimedia, dirigidas en las campañas electorales a forzar las estadísticas hacia el emparejamiento entre contendientes, a fin de generar más expectativa y producir y mantener el mayor Rating posible.

3) La oposición entre lo individual y lo comunitario define la cultura de las sociedades, al mismo tiempo que la construcción de las identidades funciona en una mecánica multidimensional, donde en un primer vector, la historia, el presente y el futuro; en un segundo, el contexto a la vez individual, local, nacional, internacional y planetario; y en un tercero en los aspectos económico, político y social, convergen de manera euclidiana, como un todo, constituyendo el espacio-tiempo-masa en el que vivimos y nos desarrollamos en la actualidad.

Pero si bien la cultura de lo comunitario -la politeia– tiene sus raíces en factores como la historia, la religión, la nación, la territorialidad, la etnia, el género y el entorno[3], se ve fuertemente determinada por el individualismo hipermoderno, que se manifiesta de diferentes formas[4], a través del consumismo dirigido por el mercado, al mismo tiempo que de un patrón de sociabilidad basado en el individualismo estructurado en redes y el deseo de autonomía individual, basada en proyectos vitales pseudo-autodefinidos.

4) En la escala política nacional, al llegar el fin de las ideologías, cada partido queda abandonado a su suerte y comienza el combate externo por el control del centro político y al interior, la lucha interna por el mero manejo de los hilos del poder, minimizado y casi anulado con ello la oferta ideológica y las propuestas y propiciando que una vez constituidos, los gobiernos padezcan una crisis de legitimidad política que debilita, por falta de sustancia, su influencia y credibilidad ante los gobernados.

En este marco, complejo y multidimensional, tenemos entonces que el proceso decisivo que da forma a la sociedad y la cultura política actual, tanto a nivel individual como colectivo, es la dinámica de las relaciones de poder, dependientes del proceso de comunicación socializada y expresadas en los medios.

En tal estado de cosas, los partidos y coaliciones juegan el juego del mejor postor en el mercado electoral, arrebatando las propuestas a sus contendientes y adelantándose al escándalo, ahora antepuesto al argumento, con lo que se desdibujan las propuestas y se personaliza la política al centrar la atención en los actores, de tal suerte que vencerá no el que tenga las mejores propuestas de solución a los problemas, sino el que cuente con la imagen mercadológica más poderosa; es decir, ganará no el que ofrezca mejores alternativas de atención a las necesidades fundamentales de la población, sino quien al final sea menos vulnerable a los escándalos. Así, al final, lo que importa ya no es el proyecto político y de gobierno, sino el producto mediático final sobre la opinión pública. Pero con ello, lejos de evolucionar, no se hace más que contribuir a la deslegitimación del sistema, de la política y en última instancia de la democracia y del Estado Constitucional de Derecho. Los apóstoles de esta nueva doctrina no reparan en el daño tan grave que hacen al Estado en su soberanía, en su fortaleza y dignidad como ente político democrático, supremo al interior e igual y competitivo ante los demás en el seno de la comunidad internacional.

A simple vista, pareciera también que esta ola de “información” sobre lo malo de la política y los políticos, abona a la construcción de nuevos y más fuertes esquemas democráticos; pero no es así: lo curioso es que lejos de propiciar el empoderamiento (empowerment) de la sociedad como cogobernante y medio de control del ejercicio del poder y por ende propiciar el perfeccionamiento del sistema democrático, al contrario, parece estar provocando el resquebrajamiento y deslegitimación de todo lo que huela a gobierno, a grado tal que lo que ondea en el ambiente de la opinión pública mediatizada es el hartazgo y el desencanto por la política y los políticos y las estructuras hegemónicas y de poder, pero sin ofrecer, en plena actitud hipermoderna, una alternativa integral o al menos un proyecto viable, posible y realizable. En su lugar, dentro de esa misma hipermodernidad, lo que importa no es la posibilidad de acceso y sustentabilidad en el poder, esto es, el buen gobierno, sino el dinero, independientemente de la actividad que se realice. Todo ello parece, en una sorprendente paradoja, constituir un campo fértil para el cultivo de mayor corrupción, ahora ampliada a todos –o casi todos- los ámbitos de la vida social.

Ante tal panorama, los grupos de poder y sus representantes se circunscriben y luchan acorralados en el ring de los medios, a ellos sí empoderándolos en términos económicos, financieros, tecnológicos, políticos y culturales (varios de los hombres más ricos del planeta son dueños de medios y TICs. Su interconexión, diversificación y globalización actual, les permiten escapar de los controles políticos a los que estamos sujetos el común de los mortales y en consecuencia gozar de una gran autonomía en cuanto a producción de mensajes y generación de opinión pública, a grado tal, que más que el Cuarto Poder, los medios se han convertido en el campo de batalla de la lucha por el poder, lo cual por supuesto en términos hipermodernos es sin duda mejor negocio. Simplemente habría que revisar los presupuestos del IFE para medios desde 1991 a la fecha.

Este complejo engranaje es por desgracia el que mueve la gran maquinaria que es el mercado de la información política, en México y en muchos otros lados. Nos encontramos sujetos a un entorno contra el que cada vez es más difícil ofrecer alternativas para la sociedad, pues cada vez es más costosa la producción mediática (marketing, encuestas, publicidad, imagen, acceso, procesamiento y difusión de información).

Las Tecnologías.

Ante la diversidad de las sociedades contemporáneas, se incrementa la autonomía, pero a la vez, la globalización obliga a una mayor integración, dando como resultado el nacimiento y crecimiento de las redes de cooperación e intercambio, apoyadas ahora en nuevas TIC’s, en particular:

  • La Internet (software), una tecnología antigua, utilizada por primera vez en 1969, pero que en la última década se ha extendido globalmente, excediendo en la actualidad los mil millones de usuarios y que ahora gracias a la Internet 2.0 adquiere una nueva dimensión al permitir la interacción virtual entre generadores y consumidores de información y de ahí su proyección de y a otros medios.
  • Las redes wifi y wimax (middleware), que contribuyen al establecimiento de las comunidades conectadas a la Red.
  • La comunicación móvil (hardware), que actualmente cuenta con 5,000 millones de titulares de teléfonos móviles, en contraste con los 16 millones de 1991. Así pues, incluso explicando la difusión diferencial en los países en vías de desarrollo y las regiones pobres, un porcentaje muy elevado de la población del planeta tiene acceso a la comunicación móvil, cuyo potencial, cabe señalar, aun no es explorado para su explotación en términos de comunicación masiva.

Con la convergencia entre estos tres elementos, el poder comunicador de la Internet está siendo distribuido en todos los ámbitos de la vida social, del mismo modo que la red de suministro eléctrico y el motor eléctrico distribuían energía en la sociedad industrial.

Las Redes.

Recientemente, se ha añadido a esta realidad un nuevo elemento que se ha sumado rápidamente al juego: Es el caso de los denominados Medios de Autocomunicación de Masas, más famosamente conocidos como Redes Sociales.

Si bien es cierto que la organización social basada en redes ha existido desde tiempos muy remotos, por ejemplo, en las sociedades rurales, donde surgieron espontáneamente alrededor de mercados, festivales religiosos, fuentes de recursos, situaciones de emergencia, etc., actualmente esta adquiere matices diferentes al contar con las TIC’s, que permiten su expansión hacia toda la estructura social[5].

El concepto antropológico de Red en su forma más básica, es decir, como campo social constituido por relaciones entre personas que mantienen de forma permanente una corriente de intercambio recíproco, al ser llevado al plano macro social podría ser redefinido como una organización social que coordina actores autónomos que voluntariamente intercambian información, bienes o servicios, con el fin de lograr un resultado conjunto[6].

El transcurrir de la vida colectiva, sumado al creciente desarrollo tecnológico, sobre todo en las sociedades urbanas, convergen hoy en lo que se conoce como la “era de la información”, donde la cultura hace referencia a sí misma bajo parámetros cada vez más abstractos y donde la organización social se basa en el flujo de información, independientemente del valor agregado de sus contenidos. La actual transformación provocada por las TIC’s en la Era, al mismo tiempo Digital en sus medios y de la Información en sus fines, amplía el alcance de los medios de comunicación a todas las esferas de la vida, en una red que es a un tiempo global y local, genérica y personalizada, abstracta y concreta, con un patrón siempre cambiante.

Las sociedades en los países occidentales industrializados y en las economías emergentes o en desarrollo, se organizan cada vez más en torno a la gran Red de la globalización, modificando su operación y los resultados de sus procesos de producción, la experiencia, el poder y la cultura[7].

En el tema que nos ocupa, es decir, en cuanto a los contenidos de esta comunicación, la “innovación” de la Red Virtual paradójicamente radica en la combinación de elementos inherentes a los dos patrones básicos de ordenamiento social y político presentes desde los orígenes de la civilización: el “mercado” y la “jerarquía”, esto es, la economía y la política[8]. Ambas se manifiestan a través de las redes en dos vertientes: por un lado, en una pluralidad de actores autónomos, productores de información -característica de todo mercado- y por otro, en la aptitud o al menos la actitud típica de las élites de avanzar hacia la coordinación entre actores en busca del centro hegemónico, al mismo tiempo que fomentar una nueva relación con los agentes sociales[9].

Lo anterior, a primera vista podría significar que nos encontramos ante la construcción de una sociedad diferenciada, donde las redes pretenden establecer canales de comunicación, intercambio e integración, retomando por un lado, los principios del “mercado” (libre juego de la oferta y la demanda, en este caso, de información) y por otro, una nueva forma de ejercicio jerárquico, que rompe con las formas verticales de coordinación y deja intacta la autonomía y hasta el anonimato de los actores (libre juego democrático), ambos factores capaces de generar confianza y solidaridad y permitir un entorno político y social adecuado y eficiente.

Sin embargo, en la práctica el modelo tiene sus riesgos: En primer lugar, las redes —sobre todo entre individuos y organizaciones que nacen y crecen como producto o so pretexto de carecer de canales institucionales adecuados de comunicación y/o de intercambio— pueden convertirse en un objetivo en sí mismas. La falta de control y la vulnerabilidad ante la carencia de una estructura organizativa y reglas formales, somete este tipo de grupos o proyectos a la permanente amenaza de desviarse de sus objetivos originales y no cubrir sus necesidades de comunicación. El problema aquí es que por un lado, no siempre los objetivos originales o coyunturales son establecidos de manera libre y democrática, sino a través de lo que podríamos llamar “Usuarios Alfa”, que en la mayoría de los casos son anónimos, pero guían o motivan la toma de decisiones en la red; y por otro, que el acompañamiento de éstas decisiones tampoco se hace de manera autocontrolada por el grupo, sino por lo que podríamos también denominar una especie de “Backend” político, capaz de diseñar y operar tanto los objetivos como el monitoreo y control de la red, a cargo en muchos casos de los medios de comunicación, propietarios de las tecnologías de redes.

Varios estudios, incluyendo el del World Values Survey[10], indican que muchos ciudadanos creen que pueden influir en el mundo con su movilización, sólo que no piensan que puedan hacerlo a través de la política, como sería lo habitual, esto es, se autodeclaran “apolíticos”; pero al mismo tiempo, creen en la regla de que son más efectivas muchas conspiraciones pequeñas en la red que una grande, una especie de guerra de guerrillas mediática, lo cual es en sí una actitud evidentemente política. Pero para que la estrategia pueda realizarse, es necesario el espacio mediático; y dado que, como ya comentamos arriba, este se determina en gran parte por las empresas (mercado) y los gobiernos establecen las reglas del juego político formal, pese a su pluralidad, la inminente aparición de políticos y grupos políticos “insurgentes”– como ya lo estamos viendo en las recientes campañas electorales- no podrá separarse de este nuevo tipo de espacio.

La Política Pública y las TICs.

¿Cómo entender y asumir este entorno y darle algún rumbo -al menos medianamente cierto- en términos de cultura política?

La inmediatez, el contacto constante, la posibilidad de acercarse a miles de ciudadanos con una comunicación fluida y transparente, son objetivos de los medios sociales que la política no puede eludir. Ese es el “Qué” y está claro; lo que no lo está tanto es el “Cómo”, es decir, la instrumentación de políticas, programas, mecanismos y acciones para el aprovechamiento de esta oportunidad estratégica. Sin lugar a dudas, quienes sepan explotar con mayor creatividad estos recursos, podrán mejorar sus formas de gestión pública y de comunicación política y por lo mismo ofrecer una mejor gobernanza.

Sin embargo, en nuestro país el dilema se contextualiza de manera muy peculiar: Una de las variables que en Mexico juegan un papel fundamental en el análisis estratégico del tema que nos ocupa, es el de la denominada “Brecha Tecnológica (Digital)” en los cuatro aspectos de las TICs mencionados arriba: ¿Cómo conseguir que estos recursos tecnológicos sean accesibles a la mayoría de la población y den la oportunidad de cambiar realmente las reglas del juego democrático y del gobierno?

Hoy en día la Internet se ha masificado a nivel mundial, pero la brecha digital sigue siendo amplia y no se arregla solo con infraestructura. El sueño de Howard Rheingold, acuñador del término “Comunidad Virtual” y de una nueva democracia electrónica podría hacerse realidad, siempre que las estructuras políticas y gubernamentales lograran adaptarse a la disponibilidad de nuevas herramientas con capacidad para fomentar la participación ciudadana en los asuntos comunes, pero también y sobre todo establecer mecanismos y programas que permitan el pleno acceso a las TICs y la producción de contenidos a todas las edades y escalas sociales y culturales.

En este sentido, es importante reflexionar en algunas necesidades de atención inmediata, a partir del 2 de julio:

  • Un pacto político, entre el nuevo gobierno y los distintos sectores y actores que intervienen en materia de TICs y Medios, a fin de acercar las herramientas, instrumentos y conocimientos a todos los grupos sociales;
  • La organización de un foro de consulta popular específico en estos campos, que busque una participación amplia de los sectores sociales, académicos, empresariales, etc. bajo el presupuesto de que en este como en muchos otros aspectos, todos tenemos algo que decir;
  • Como producto de lo anterior, un apartado especial en el Plan Nacional de Desarrollo dedicado a Información, comunicación y medios, y consecuentemente un programa específico en estos campos.
  • La inclusión en el texto constitucional de los derechos humanos de 4ª generación, relacionados con la información y la comunicación, los datos públicos y privados y la consecuente armonización y actualización de los ordenamientos y disposiciones jurídicos relacionados, nacionales e internacionales.
  • La restructuración de los organismos públicos involucrados, para darles autonomía y pluralidad, incluyendo por supuesto un observatorio nacional de medios y establecer mecanismos adecuados para darles trasparencia.

Gobernanza en la Era Digital.

En los últimos tiempos se habla mucho de la aplicación de la Web 2.0 a la labor de los actores políticos y las administraciones públicas. Aunque en un principio se utilizó más el concepto Política 2.0, en la medida en que sintetizaba la aplicación de blogs y redes sociales al mundo político, últimamente, la victoria de Obama en EE. UU. A generado el término Gobierno 2.0 que implica el uso de valores como la colaboración o la transparencia en el ejercicio de la labor institucional, dejando ahora el término Política 2.0 para referirse solo al aspecto electoral.

Entre las muchas implicaciones de Gobierno 2.0 en la gestión pública cotidiana ponemos enunciar de manera relevante las siguientes:

  • La supresión de intermediarios entre políticos y ciudadanos (y fundamentalmente, los medios de comunicación de masas);
  • La posibilidad de que los ciudadanos se organicen por sí mismos, al margen de los partidos e instituciones o de que colaboren abiertamente con la labor administrativa;
  • La disponibilidad de herramientas para que los ciudadanos controlen constantemente la actividad de sus representantes; y como producto de todo lo anterior
  • Mayor nivel de responsabilidad de los gobernantes en su gestión.

Trabajos publicados recientemente en Europa y América del Norte[11] coinciden en señalar a las redes sociales como la principal oportunidad con que cuentan, hoy por hoy, administraciones y ciudadanos para establecer una relación más productiva y satisfactoria.

Un estudio del CIS titulado Internet y participación política en España[12], destaca la especial capacidad de las redes para generar nuevos espacios de cooperación, participación e intercambio de información en materia de Gobernanza. Sus autores comentan que los internautas más activos, sensibles a las informaciones gubernamentales y políticas y a la vez más implicados en la mejora del sistema social, son precisamente los usuarios de blogs, foros y servicios en línea. De forma paralela, constatan que las redes sociales facilitan la participación en línea y la hacen menos costosa a los colectivos con mayores barreras digitales, hecho que cobra especial importancia en la relación con los gobiernos locales.

La Guía de usos y estilo en las redes sociales del Gobierno de Cataluña[13], es sólo una muestra de lo que puede hacer los gobiernos y administraciones–sobre todo los ayuntamientos- para aprovecharán el salto tecnológico y continuar mejorando los servicios que gestionan y con ello la presencia y la interacción con la ciudadanía.

Otro caso digno de mención es el gobierno Sueco cuyo Sitio Web[14] ha sido diseñado como una red cognitiva que genera, produce y actualiza su propio conocimiento en función de la necesidad de comparar todo el quehacer público en educación, salud, grupos vulnerables, trámites y servicios públicos, generando y actualizando información de desempeño útil para la gobernanza y la mejora regulatoria. Gracias a esta herramienta, por un lado, los ciudadanos pueden ver qué servidor público, dependencia u organismo es más eficiente y acudir a él – por ejemplo, una clínica, un cajero en una dependencia, etc. –y por el otro, la información obtenida es útil al gobierno para tomar decisiones acertadas y reducir tiempos y gasto operativo, mejorar el equipamiento y los recursos de atención, así como eliminar o sustituir personal ineficiente.

Pero no obstante estos casos de éxito, vale señalar que no todo va por esa vía: El anuncio del primer ministro de Reino Unido David Cameron de suprimir tres cuartas partes de los portales públicos de su gobierno abre una nueva polémica. Para algunos, la medida forma parte de un proceso lógico, tendiente a racionalizar la presencia de los organismos públicos en la Red; otros, sin embargo, temen que aprovechando la reciente oleada de recortes en la Unión Europea, comiencen a imponerse criterios exclusivamente economicistas y no sociales en el desarrollo del Gobierno y la Administración Pública Electrónica. Lo cierto es que -casualidad o no- este hecho coincide con la reciente publicación de distintos informes[15] que muestran una curiosa paradoja: si bien crece espectacularmente el número de usuarios de Internet y, con él, la cantidad y calidad de los servicios públicos que las administraciones ofrecen online a sus ciudadanos, también aumenta progresivamente la desconfianza de éstos hacia aquellas.

Otro caso paradigmático en este mismo sentido es el gobierno español, ha esalado de manera constante la última década en la clasificación de Naciones Unidas sobre E-Government[16] en materia de acceso electrónico y disponibilidad de trámites y servicios. Sin embargo, un porcentaje muy bajo de los internautas españoles declara usar la Red para interactuar con los poderes públicos[17]. Esta “segunda brecha digital” es preocupante por sí misma, pese a la fuerte apuesta gubernamental por las TIC’s; pero lo es aún más en combinación con los datos del barómetro de junio de 2010 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)[18], que muestran que el actual modelo de participación y representación que encarnan gobierno, políticos y partidos políticos constituye el séptimo mayor problema para los españoles, con un porcentaje de apoyo a esta percepción negativa cuatro veces superior al de hace sólo un año.

¿Qué está fallando entonces? ¿Qué hay más allá del front-office público capaz de ensombrecer los logros conseguidos hasta entonces en materia de modernización administrativa? La OCDE aporta una posible explicación en un reciente informe[19], en él se revela que dos de cada 10 usuarios creen que los organismos y departamentos oficiales españoles están desaprovechando los recursos tecnológicos, en especial Internet, para aumentar su transparencia. Con ello se apunta algo más: los ciudadanos no dudan tanto de sus administraciones sino de su escasa capacidad para influir e intervenir en ellas. Ello puede traducirse, a su vez, en apatía y frustración, cuando no en rechazo. Una de las recomendaciones que hace la OCDE al respecto, se refiere a pasar de un enfoque público basado fundamentalmente en la tecnología y la eficiencia económica a otro centrado en el usuario y en una comunicación con éste, más abierta, directa y participativa.

E-Gobierno en México.

Sin perjuicio de que este tema por su amplitud y profundidad exige un tratamiento más extensivo y minucioso que desde luego haremos en un trabajo posterior, vale hacer algunas reflexiones:

En México, desde hace tiempo, se contempla el uso de la Internet como medio de comunicación multinivel entre gobiernos y con la expectativa de una mayor y mejor interacción con los ciudadanos.

En el primer caso, los esfuerzos, el tiempo y el dinero empleados por el gobierno federal en programas como E-México, Plataforma Mexico, han tenido un débil impacto en términos reales, básicamente porque han sido diseñados de forma centralizada y unidireccional, lo que en un país plural y políticamente diverso como el nuestro resulta muy poco viable, sobre todo si tenemos en cuenta que en términos prácticos los gobiernos locales y municipales requieren compartir información tanto de manera horizontal en su respectivo ámbito de gobierno como de forma vertical, a la vez de y hacia el municipio, la entidad federativa y la federación.

Sin embargo de manera aislada, hay avances interesantes. Valga mencionar que desde hace más de una década el gobierno federal ha contemplado dentro de sus políticas, programas y acciones de gobernanza y mejora regulatorias la actualización de páginas sitios y portales web para acercar el gobierno a la población.

En la esfera estatal, en gobiernos como el de Nuevo León se emplea por ejemplo el chat como vía de comunicación con los ciudadanos. Existe una agenda definida con los días, horarios, nombres de quién participa y temas a tratar. Ese día los ciudadanos se pueden conectar al chat y mediante un moderador se pueden realizar preguntas al funcionario responsable del tema que corresponda, pudiendo guardar el chat en un archivo para quienes deseen leer después lo que aconteció en ese debate, las respuestas que se dieron, los compromisos que se hicieron.

Otra de las herramientas que va teniendo cada vez más aceptación para que gobierno y ciudadanía interactúen mejor es Google Moderator, utilizado por ejemplo, por la Presidencia del Senado Mexicano. Su explotación es reciente dentro del medio gubernamental, si bien hace ya algún tiempo que se viene usando al interior de algunas empresas para moderar las preguntas de las reuniones semanales de trabajo. Funciona de manera relativamente simple: los participantes envían sus preguntas y estas son votadas por los otros. Esto al final de un cierto tiempo va a generar preguntas con más votación que otras, lo que ayuda a determinar cuál o cuáles son las preguntas que deben tener prioridad frente a otras. En otras palabras, son los usuarios los que deciden la(s) pregunta(s) que más les interesa(n), siendo esta(s) a la(s) que se le dará prioridad a la hora de contestar y resolver.

Sin embargo el camino por andar en materia de TICs, medios y gobernanza es aun largo y sinuoso. Es necesario considerar como política de Estado el empleo racional y con rumbo de estos recursos para atender los asuntos más apremiantes de la agenda social. En materia de Educación y Cultura, de Salud, de Empleo, de Seguridad, de Justicia, de pleno ejercicio de los derechos fundamentales, de acceso global a las TICs y formación a todos los niveles y edades para su explotación; de una relación sana y transparente entre actores políticos, gobierno, medios y sociedad, nuestro país sigue en espera de una política coherente y articulada desde una perspectiva multinivel y multidimensional que genere acciones concretas, resultados.

El gobierno en turno durante el sexenio por venir, independientemente de su filiación política, deberá gobernar para todos y en ese tenor, se encuentra obligado a ofrecer alternativas claras y concretas en la materia.

Para finalizar, más que una conclusión permítaseme una reflexión: No perdamos de vista en la comprensión del tema que nos ocupa aquí (Política, Comunicación, Redes y gobierno) –y que por cierto debería ocupar un lugar más importante si es que en verdad fuera nuestro deseo hacer algo por la Reforma del Estado y el Gobierno- es que nos encontramos sobre todo ante una reforma Cultural. El sistema político es un sistema en sí y forma parte de la cultura social de una nación; por tal razón, cambiarlo es tarea por demás difícil. Sin embargo, igualmente hay que subrayar que la solución, lejos de ser exógena, tiene sus raíces en el origen mismo del problema, es decir, en la relación Estado – Poder Público – Sociedad y que esta relación puede y debe apoyarse en las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación y los Medios.

Pero esto exige primero que nada, un cambio de actitud para la creación de una Cultura que entienda y asuma que el cambio no puede darse mágicamente, por decreto, ni es cuestión –como la experiencia nos lo ha hecho ver- de “endosar” la responsabilidad mediante el voto y luego “exigir” o esperar que caiga del cielo la respuesta. Tampoco es –parafraseando a Crozier- sólo “cuestión de máquinas”, la tecnología es y seguirá siendo un medio, nunca un fin. El factor humano es fundamental en la cosa pública, en lo que nos atañe a todos.

De la sociedad por su parte se requiere no nada más de una actitud crítica y exigente, la cual es sin duda valiosa, pero no suficiente. En la nueva forma de ver el gobierno y su relación con los medios, la ciudadanía también tiene que colaborar activamente con los órganos del poder público, legislativos, ejecutivos, judiciales, autónomos. En este contexto, las organizaciones civiles y políticas, las propias redes sociales y sus usuarios individuales o colectivos tienen la importante misión de adoptar una posición crítica pero al mismo tiempo propositiva y proactiva, que les permita una participación más cercana y comprometida, en tanto que “ciudadanos-gobernantes”, en los asuntos que les afectan a todos los niveles, desde los más cercanos y concretos a los más abstractos, y contribuir al diseño y operación de una agenda de trabajo en la que se definan políticas, estrategias, programas y actividades en cada uno de los ámbitos de la vida nacional.

No podemos predecir el futuro, pero lo que sí podemos hacer es construirlo. Ahora más que nunca está claro que la tarea de todos no queda agotada en el ejercicio del sufragio. Nos encontramos en un momento propicio para contribuir, todos, a la conformación de una política pública y un gobierno modernos, echando mano de los recursos jurídicos, políticos, tecnológicos, mediáticos y sociales con que contamos, pues solo así podremos aspirar a primero la construcción de un nuevo modelo de país y luego al logro de su legitimidad, continuidad y permanencia.

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[1] Farrell, Kolodny & Medvic. Op. cit. pp.11-30.

[2] Mermin (Op. Cit.) desmitifica la idea de que los medios de comunicación indujeran la decisión del gobierno estadounidense de intervenir en Somalia, demostrando que aunque los periodistas finalmente tomaron la decisión de cubrir la crisis, esa cobertura mediática clave en las cadenas de televisión se produjo después y no antes de que los directivos clave de Washington (pág. 392) prestaran atención al tema. Véase también Entman (Op. Cit.), que ofrece pruebas de una teoría de “activación en cascada”, en la cual las estructuras mediáticas activan las decisiones políticas de elite y viceversa.

[3] Castells, 2004; y Ong, 2006.

[4] Charles, Sebastien. La Hipermodernidad, tumba de la postmodernidad? (Op. Cit. pp. 11 y ss.)

[5] Castells, Manuel. Comunicación y Poder. (Op. Cit. p. 505).

[6] Messner (Op. Cit., p. 95)

[7] Castells, Ídem.

[8] Ferrajoli, Luigi. Los Fundamentos de los Derechos fundamentales, España, 2005, p. 32

[9] Messner, op.cit. p.98.

[10] European Values Study Group and World Values Survey Association (2006). EUROPEAN AND WORLD VALUES SURVEYS FOUR-WAVE INTEGRATED DATA FILE, 1981-2004.

[11] En la bibliografía del presente documento se ofrecen algunos de ellos.

[12] Anduiza, Eva; Et. Al. (Op. Cit.)

[13] http://www.gencat.cat/web/meugencat/documents/20100607_GUIA_USOS_XARXA_CAS.pdf

[14] http://www.stockholm.se/jamfor

[15] Vid. Vgr. European Values Study Group and World Values Survey Association, (Op. Cit.)

[16] UN E-Government Survey (Op. Cit.)

[17] Informe Anual sobre desarrollo de la sociedad de la información 2011 (Op.Cit.)

[18] Op. Cit.

[19] Op. Cit.

Política, Comunicación Redes y Gobierno

Política, Comunicación, Redes y Gobierno

Por José Ramón González Chávez.

Abstract

El poder y la política se resuelven en el proceso de construcción de la mente humana a través de la comunicación. En el tipo de sociedad en que vivimos, los medios de comunicación de masas son decisivos en la formación de la opinión pública, que condiciona la decisión política.

 Hoy más que nunca, la política es sobre todo política mediática, lo cual tiene consecuencias importantes sobre la política misma, ya que conduce a su personalización y a la política del escándalo.

 La comunicación de masas y la comunicación política están siendo transformadas por la Internet y la Web 2.0, así como por la comunicación inalámbrica. El surgimiento de lo que es denominado por Castells la autocomunicación de masa (redes sociales) abre el abanico de influencias en el campo de la comunicación. Permite una mayor intervención de individuos y grupos, ayudando a los movimientos sociales y a las políticas alternativas; pero también los políticos, las empresas, los gobiernos, los organismos globales, los entes de control geopolítico, intervienen cada vez más en la red. De ahí que se presente necesariamente una gama muy amplia de tendencias sociales, contrapuestas y hasta contradictorias, expresadas tanto en los medios de comunicación de masas, tradicionales y nuevos. El poder se decide cada vez más en un espacio de comunicación multimodal, pudiendo llegar a afirmar que en la sociedad en que vivimos, el poder es el poder de la comunicación.

 ¿Como crear políticas públicas y gobernanza ante tal panorama?

______________________________________________

Introducción.

A lo largo de la historia, la comunicación y la información han constituido el campo en donde se ha desarrollado una gama muy amplia y compleja de enfrentamientos entre poder y contrapoder.

La forma en que la gente piensa determina el destino de las normas y valores sobre los que se construyen las sociedades. Aunque la coerción y el miedo son fuentes decisivas para que los dominantes impongan su voluntad a los dominados, pocos sistemas institucionales pueden durar demasiado si se basan de forma preponderante en una represión aguda. Torturar cuerpos es menos efectivo que modelar mentes.

Si la mayoría de la gente piensa de forma contradictoria respecto a los valores, normas y prácticas institucionalizados en el Estado y consagrados a través de leyes y reglas, al final el sistema cambiará, aunque no necesariamente para colmar las esperanzas de los agentes del cambio social y no necesariamente sin dolor.

En comunicación –lo sabemos- el mensaje más poderoso es un mensaje sencillo adjunto a una imagen, ya sea gráfica o conceptual. En política, el mensaje más sencillo es un rostro humano. La política mediática tiende a la personalización de políticos que puedan vender su imagen adecuadamente, junto, claro está, a ciertos valores. Esto no es tan trivial como el color de la corbata o la apariencia de un rostro. El político mediático es la encarnación simbólica de un mensaje de confianza en el entorno de su personaje y luego en términos de la proyección de esa imagen, arropada por ciertos valores.

La importancia de la política basada en la personalidad se encuentra íntimamente ligada a la evolución de la política electoral, que se determina normalmente por aquel segmento de votantes independientes o indecisos que hacen decantar en todos los países, la balanza entre la derecha, los centros y la izquierda (voto útil). De aquí que aunque existen diferencias sustanciales entre partidos y candidatos, en la mayoría de los países los programas y las promesas se confeccionan para adaptarse al centro y a los indecisos, con frecuencia a través de las mismas compañías publicitarias y consultores de marketing político, que actúan de manera camaleónica de acuerdo al cliente en turno[1].

Los ciudadanos no leen los programas de los candidatos, ni los de los partidos. Prefieren confiar en la información que les dan los medios de ellos. Al final, su decisión de voto estará en función de la confianza que les produzca alguno de ellos. Por lo tanto, el candidato, o mejor dicho su personaje, tal y como ha sido proyectado en los medios, pasa a ser esencial; porque los valores a los que se asocia – y que es lo que más importa a la mayoría de la gente- están encarnados en él.

Si la credibilidad, la confianza y el personaje se convierten en cuestiones primordiales a la hora de definir el resultado político, la destrucción de la credibilidad y el asesinato –mediático o hasta material- del personaje, se convierten en las armas políticas más poderosas. Desde el primer debate televisado entre candidatos presidenciales (Kennedy – Nixon, 1961) hace 50 años y hasta la fecha, muchos sistemas políticos en todo el mundo se han visto sacudidos y numerosos líderes políticos han sido destruidos en una sucesión constante de escándalos. En otros casos, se han derrumbado sistemas y partidos políticos que parecían atrincherados sólidamente en el poder por décadas, llevándose consigo en su desaparición el régimen que construyeron. (Demócrata-Cristianos en Italia, Gobierno de Japón, Congreso de la India, Color de Mello en Brasil). En la mayoría de ellos, el tema de la caída ha sido la corrupción política[2].

El escándalo se sofistica a tal grado que ahora se es capaz de dosificarlo, hacerlo crecer poco a poco, modularlo, añadirle veracidad o ficción de acuerdo al rating, arrinconando a cada político hasta el clímax del posible enjuiciamiento legislativo o judicial, cuyos miembros también negocian con los medios, garantizando su independencia a cambio de protección y luchando juntos por la democracia, al tiempo que dosifican ellos también la filtración de información para ser publicada, al grado que una vez acorralados, cada actor o grupo político llega a hacer un trato, con lo cual se cierra el ciclo y se retroalimenta el sistema.

Aunque la crisis de la legitimidad política en la mayor parte del mundo no puede ser atribuida exclusivamente a los escándalos políticos y a la política mediática, no obstante es probable que los escándalos constituyan un generador al mismo tiempo del escepticismo respecto a la política formal a largo plazo, así como un factor desencadenante del cambio político a corto plazo.

Según sondeos realizados en 2000 y 2002 por la ONU y el Foro Económico Mundial, dos tercios de los ciudadanos del mundo creían que su país no estaba gobernado según la voluntad del pueblo. Esto explica en parte por qué en todo el mundo, la mayoría de la población tiende a votar en contra de más que a favor de, eligiendo el menor de males, antes que la mejor de las propuestas.

Ya constituido, el gobierno en turno se presenta en los medios de comunicación a fin de obtener el apoyo -o al menos, la mínima hostilidad- de los ciudadanos, que dentro del mercado político, se convierten en consumidores.

Esto no significa que el poder esté 100% en manos de los medios[3]; los actores políticos ejercen también una considerable influencia sobre ellos. De hecho, el actual ciclo de noticias de 24 horas aumenta la importancia de los políticos para los medios de comunicación, que tienen que nutrirse permanentemente de contenidos.

Pero tampoco el público se limita a seguir todo lo que le dicen los medios, por eso deben transmitir los mensajes de manera muy sutil. Recordemos que los medios ganan más mientras más audiencia tengan, así que hay que mantenerla atenta y cautiva siendo siempre creíbles y justo en ese afán es que se da la competencia entre ellos. Cada uno crea modelos de comunicación corporativos que si no anulan, sí merman drásticamente la autonomía de los periodistas y redactores contratados por ellos, al acotar su abanico de opiniones y temas políticos sobre los que informan a los expresados dentro de la línea dominante en la compañía, casi siempre carentes de contenido, pero con un peso muy importante en el proceso de información definido meramente por los acontecimientos, por la coyuntura.

¿Por qué está pasando esto? ¿Los sistemas y los actores políticos actuales son los más corruptos de la historia de la humanidad? No lo creo. El uso y abuso del poder en beneficio personal o de un grupo ha sido una actitud connatural al ser humano como ente social. De hecho, la democracia se inventó –parafraseando a Montesquieu- como una manera –si no la mejor, la más viable de las disponibles- de controlar al poder.

Poder e Información.

En la época en que el Monarca y los grupos de poder controlaban la información y su acceso, la maquinaria del sistema político se aceitaba de manera vertical y oficiosa, a espaldas de la sociedad.

Posteriormente, al aparecer los sistemas políticos ilustrados, la denuncia de corrupción se convirtió en una buena muestra del nivel democrático de un pueblo, expresado a través de la libertad de prensa, causa y a la vez consecuencia del derecho a la información, consagrado desde las primeras declaraciones y constituciones liberales. Pero en épocas recientes, aun con sistemas formalmente democráticos, se han presentado y expuesto públicamente estos sucesos de corrupción (el Partido Demócrata Cristiano en Italia que sustituyó al modelo fascista; el Partido Democrático Liberal Japonés establecido en lugar del modelo imperial tradicional, ambos imposiciones del gobierno norteamericano, que se hizo el ciego y sordo ante los vínculos del primero con la Mafia y del segundo con la Yacuza, con tal de evitar la contaminación comunista (algo similar a lo que sucedió recientemente en Libia). Pero también en su propia casa, baste recordar el caso Watergate, el asunto Irán-Contras y recientemente el operativo “Rápido y furioso”, solo por citar enunciativamente algunos ejemplos de corrupción al interior del gobierno.

Analizando esta relación entre sistema democrático, información y medios, podemos percibir un nexo directo entre el avance en el acceso a la información, la diversidad y cobertura de medios y la ventilación pública cada vez mayor de actos de corrupción de los individuos y grupos de poder, no solo en el ámbito político, también en el económico, en el religioso, en el social. La diferencia es que ahora tienen un efecto cada vez más devastador en los sistemas y actores políticos y grupos de poder, sobre todo, a partir de la aparición de la Internet y más intenso aun con el surgimiento de las llamadas Redes Sociales. Cabría preguntarse, ¿por qué?

Para acercarnos a la pregunta debemos considerar diversos factores estructurales macropolíticos que contribuyen a la conformación del nuevo paradigma:

1) El Estado, considerado desde el surgimiento del Estado Nacional como el centro del poder, está siendo desafiado en todo el mundo:

  • Por el surgimiento del Mundo Unipolar que tuvo como símbolo la famosa caída del muro, que trajo en consecuencia un intenso proceso de Reingeniería Geopolítica, y con ella la reestructura del concepto de Globalización, y junto con ella, el surgimiento de la narco economía política, han debilitado los sistemas políticos nacionales, limitando la toma de decisiones soberanas y haciéndolos más vulnerables ante la confusión creada mediante líneas de opinión pública cada vez más abstractas y multidimensionales; y las presiones del mercado hacia la desregulación, so pretexto de rendir culto a la globalización, y que disminuyen la capacidad de intervención económica de los gobiernos nacionales;

2) Las industrias culturales y los medios corporativos se caracterizan al mismo tiempo por la concentración empresarial y la segmentación del mercado, dirigiéndose hacia una competencia oligopólica extrema, a una distribución personalizada de mensajes y al establecimiento de redes verticales de la industria multimedia[4].

3) La oposición mundial entre lo individual y lo comunitario, define la cultura de las sociedades, al tiempo que la construcción de la identidad funciona en una mecánica multidimensional, donde la historia, el presente y el futuro, en un contexto a la vez individual, local, nacional, internacional y planetario, en los aspectos económico, político y social, convergen de manera euclidiana, como un todo, constituyendo el espacio-tiempo-masa en el que vivimos y nos desarrollamos.

Pero si bien la cultura de lo comunitario tiene sus raíces en la religión, la nación, la territorialidad, la etnia, el género y el entorno[5], la cultura del individualismo en la actualidad se manifiesta de formas diferentes[6], a través del consumismo dirigido por el mercado, al mismo tiempo que en un patrón de sociabilidad basado en el individualismo estructurado en redes y el deseo de autonomía individual, basada en proyectos vitales pseudo-autodefinidos.

4) En la escala nacional, en el ámbito político llegar el fin de las ideologías, cada partido queda abandonado a su suerte y comienza la lucha interna por el manejo de los hilos del poder y el combate externo por el control del centro político, lo que ha minimizado y casi anulado la oferta ideológica; y en el ámbito gubernamental, se presenta una crisis de la legitimidad política que debilita la influencia de los gobiernos sobre sus ciudadanos.

En este marco, complejo y multidimensional, el proceso decisivo que da forma a la sociedad, tanto a nivel individual como colectivo, es la dinámica de las relaciones de poder, dependientes hoy del proceso de comunicación socializada y expresadas en los medios.

En el estado de cosas actual, los partidos y coaliciones juegan el juego del mejor postor en el mercado electoral, arrebatando las propuestas a sus contendientes y adelantándose al escándalo, ahora antepuesto al argumento, con lo que se desdibujan las propuestas y se personaliza la política al centrar la atención en los actores, de tal suerte que vence no el que tenga mejores propuestas de solución a los problemas, sino el que cuente con la imagen mercadológica más poderosa, es decir, gana no el que ofrezca mejores alternativas de atención a las necesidades fundamentales de la población, sino quien al final sea menos vulnerable a los escándalos. Así, al final, lo que importa ya no es el proyecto, sino el producto mediático final sobre la opinión pública. Pero no se dan cuenta (o si?) que lo que hacen es contribuir a la deslegitimación del sistema, de la política y en última instancia de la democracia y del Estado de Derecho; no reparan en el daño tan grave que hacen al Estado en su soberanía, en su fortaleza y dignidad como todo ente político democrático, supremo al interior e igual a los demás en el seno de la comunidad internacional.

Independientemente de la legitimidad o certeza de las denuncias de corrupción, el mecanismo de mercado informativo juega también sus juegos sucios, sus abusos y corruptelas. Se ofrece información sin fundamentos ni pruebas (armas químicas en Irak); cuando no se encuentra información suficientemente poderosa para desacreditar a un político o un grupo por su gestión, se acude a otras posibles fuentes de escándalo como los rumores, la sospecha, la conducta sexual, los hábitos dudosos, incluso a la invención; el escándalo va encima del hecho, con un consecuente daño político, a veces irreversible, pasando incluso por encima de las estructuras y normas del propio sistema jurídico y aun del paradigma del Estado de Derecho (caso Anonymous – Zetas) o del Estado Constitucional, como se pregona actualmente.

A simple vista, pareciera también que esta ola de información sobre lo malo de la política y los políticos, abona a la construcción de nuevos y más fuertes esquemas democráticos; pero no es así: lo curioso es que lejos de propiciar el empoderamiento de la sociedad como co-gobernante y medio de control del ejercicio del poder y por ende propiciar el perfeccionamiento del sistema democrático, al parecer la estrategia del escándalo está provocando el resquebrajamiento y deslegitimación de todo lo que huela a gobierno, a grado tal que lo que ondea en el ambiente de la opinión pública mediatizada (donde los medios tienen una cobertura cada vez mayor) es el hartazgo y el desencanto por la política y los políticos y las estructuras hegemónicas y de poder, sin ofrecer, en plena actitud hipermoderna, una alternativa o un proyecto viable, posible y realizable. En su lugar, dentro de esa misma hipermodernidad, lo que importa no es la posibilidad de acceso y sustentabilidad en el poder, el buen gobierno, sino el dinero, independientemente de la actividad que se realice. Todo ello parece, en una sorprendente paradoja, constituir un campo fértil para el cultivo de mayor corrupción, ahora ampliada a todos –o casi todos- los ámbitos de la vida social.

Ante tal panorama, la política, los actores y grupos de poder, se circunscriben y luchan en el ring de los medios, haciéndolos crecer desmedidamente, en términos económicos, financieros, tecnológicos y políticos (Los hombres más ricos del planeta [Slim, Salinas, Berlusconi, Gates, Jobs] son dueños medios y tecnologías de información y comunicaciones). Al mismo tiempo, la interconexión, diversificación y globalización actual de los medios, les permiten escapar de los controles políticos a los que se sujetan el común de los mortales y esto les da una gran autonomía en cuanto a producción de mensajes y la generación de opinión pública, a grado tal, que más que el Cuarto Poder, los medios se han convertido en el campo de batalla de la lucha por el poder, lo cual por supuesto en términos hipermodernos es sin duda mejor negocio (Presupuesto IFE = 16mmdp, +30% que en 2006 y de eso +42% para medios y campañas).

Esta situación, en su conjunto, produce un entorno contra el que cada vez es más difícil ofrecer alternativas, dado lo cada vez más costoso de la producción mediática (marketing, encuestas, publicidad, imagen, acceso, procesamiento y difusión de información). De ahí que los políticos necesitan cada vez más recursos financieros –legales o no- para usar los medios. Para los primeros, se recurre al esquema tributario; para los segundos, evidentemente al juego sucio, a los pactos bajo la mesa y en general, a la corrupción política sistémica, alrededor de la cual coexisten toda una red de negocios y negociantes intermedios, ya que en el trabajo de investigación de información mediática, se requiere pagar también asesores, analistas, compradores, rastreadores y chantajistas de información, periodistas, cadenas noticiosas. Al margen de la moralidad de los políticos individuales, estos agentes políticos están en venta para los miembros de los grupos de presión con diferentes grados de moralidad.

En este juego frenético, encerrados en la pecera o el ring de los medios, no hay actor ni grupo político que se salve. Este complejo engranaje es por desgracia el que mueve la gran maquinaria que es el mercado de la información política, en México y en muchos otros lados.

A un lado de esta realidad convive recientemente otra, aparentemente paralela, con el claro propósito de sumarse al juego: Es el caso de los denominados Medios de Autocomunicación de Masas, más famosamente conocidos como Redes Sociales.

Si bien es cierto que la organización social basada en redes ha existido desde tiempos muy remotos, por ejemplo, en las sociedades rurales, donde estas surgen espontáneamente alrededor de mercados, pozos, festivales religiosos, situaciones de emergencia, etc., actualmente adquiere matices diferentes al contar con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’s), permitiendo su expansión a toda la estructura social[7].

El concepto antropológico de Red en su forma más básica, teóricamente hace referencia a un campo social constituido por relaciones entre personas que mantienen de forma permanente una corriente de intercambio recíproco. Este concepto, al ser llevado al plano macro social conserva su esencia y podría ser redefinido como una organización social que coordina actores autónomos, quienes voluntariamente intercambian información, bienes o servicios, con el fin de lograr un resultado conjunto[8].

El transcurrir de la vida colectiva, sumado al creciente desarrollo tecnológico, sobre todo en las sociedades urbanas, convergen hoy en día en lo que se conoce como la “era de la información”, donde la cultura hace referencia a sí misma bajo parámetros cada vez más abstractos y la organización social se basa en el flujo de información, independientemente del valor agregado de sus contenidos. La actual transformación provocada por las TIC’s en la Era Digital amplía el alcance de los medios de comunicación a todas las esferas de la vida, en una red que es a un tiempo global y local, genérica y personalizada, abstracta y concreta, según un patrón siempre cambiante.

Las sociedades en los países occidentales industrializados y de una u otra medida en las economías emergentes o en desarrollo, se organizan cada vez más en torno a redes, modificando la operación y los resultados de los procesos de producción, la experiencia, el poder y la cultura[9].

En suma, ante la diversidad de las sociedades contemporáneas se incrementa la autonomía, pero a la vez la necesidad de integración, dando como resultado el nacimiento y crecimiento de las redes de cooperación e intercambio, apoyadas ahora en las nuevas TIC’s, principalmente:

  • Internet (software), una tecnología antigua, utilizada por primera vez en 1969, pero que en la última década se ha extendido globalmente, excediendo en la actualidad los mil millones de usuarios.
  • La comunicación móvil (hardware), que supera actualmente los cinco mil millones de titulares de teléfonos móviles, en contraste con los 16 millones de 1991. Así pues, incluso explicando la difusión diferencial en los países en vías de desarrollo y las regiones pobres, una proporción muy elevada de la población del planeta tiene acceso a la comunicación móvil.
  • Las redes wifi y wimax (middleware), que contribuyen a establecer las comunidades conectadas a la Red.

Con la convergencia entre estos tres elementos, el poder comunicador de la Internet está siendo distribuido en todos los ámbitos de la vida social, del mismo modo que la red de suministro eléctrico y el motor eléctrico distribuían energía en la sociedad industrial.

Aunado a esto, de manera individual los actores, sujetos y grupos establecen lazos multicéntricos de cooperación para obtener resultados que no podrían lograr ellos solos, estableciéndose de manera flexible, horizontal, informal, mediante códigos de comunicación compartidos, objetivos comunes y que no obstante su volatilidad, son los que precisamente le dan vida a la Red.

En cuanto a los contenidos de esta comunicación, la “innovación” de la Red virtual paradójicamente radica en la combinación de elementos inherentes a los dos patrones básicos de ordenamiento social y político: el “mercado” y la “jerarquía”, esto es, la economía y la política, estructuras planteadas al menos desde Maquiavelo, y a las que recientemente se refiere Luigi Ferrajoli al plantear su innovadora Tesis sobre los derechos fundamentales[10], necesariamente vinculados al tema, pero que solo mencionamos de manera tangencial por exceder los alcances del presente ensayo.

Ambas –mercado y jerarquía- se manifiestan en las redes en dos vertientes: por un lado, en una pluralidad de actores autónomos, productores de información -característica de todo mercado- y por otro, en la aptitud o al menos la actitud típica de las élites de avanzar hacia sus objetivos a través de la acción coordinada[11], propiciando la unión de actores en metas colectivas más allá de los intereses de un centro hegemónico, fomentando una nueva relación entre agentes sociales.

Lo anterior, a primera vista podría significar que nos encontramos ante la construcción de una sociedad diferenciada, donde las redes pretenden establecer canales de comunicación, intercambio e integración, retomando por un lado, los principios del “mercado” (libre juego de la oferta y la demanda, en este caso, de información) y por otro, una nueva forma de ejercicio jerárquico, que rompe con las formas verticales de coordinación y deja intacta la autonomía y hasta el anonimato de los actores; ambos, factores capaces de generar confianza y solidaridad, que parecieran permitir condiciones de trabajo adecuadas y eficientar recursos y esfuerzos.

Sin embargo, en la práctica el modelo no queda exento de riesgos: En primer lugar, de que las redes —sobre todo entre organizaciones o individuos que nacen y crecen como producto o so pretexto de carecer de canales adecuados de comunicación y/o de intercambio— puedan convertirse en un objetivo en sí mismas. Esto podría evitarse si se mantiene como objetivo primordial tender a la satisfacción de las necesidades de los miembros y al mismo tiempo si sus actividades se mantienen monitoreadas adecuadamente[12]. El problema aquí es que no siempre los objetivos son establecidos de manera horizontal, sino a través de lo que podríamos llamar “Usuarios Alfa” que en la mayoría de los casos, guían o motivan la toma de decisiones en la red; y que el monitoreo de éstas tampoco se hace de manera autocontrolada, sino en lo que podríamos también denominar una especie de “Backend” político, capaz de diseñar y operar tanto los objetivos como el monitoreo. Varios estudios, incluyendo el del World Values Survey, indican que muchos ciudadanos creen que pueden influir en el mundo con su movilización. Sólo que no piensan que puedan hacerlo a través de la política, como sería lo habitual, pero al mismo tiempo afirman la regla de que son más efectivas muchas conspiraciones pequeñas que una grande, una especie de guerra de guerrillas mediática, lo cual es en sí una actitud evidentemente política.

Pero para esto se necesita el espacio mediático. Y dado que el espacio mediático está determinado en gran parte por las empresas, y los gobiernos establecen las reglas del juego político formal, pese a su pluralidad, la inminente aparición de políticos insurgentes no podrá separarse de este nuevo tipo de espacio: el espacio creado en torno al proceso de comunicación masiva individual.

Políticas públicas y gobernanza en la era digital.

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Estado desde su creación es el de cómo resolver su permanente paradoja de mantener, por un lado, lo Stato, lo que ahí esta y debe estar para mantener la integridad de la entidad Jurídica-Política-Social, sin descuidar, por el otro, su necesidad también invariable de adecuar su estructura, esencia y acción a las circunstancias que le marca su entorno objetivo y su momento histórico, y de tal suerte satisfacer las necesidades y expectativas de una sociedad cada vez más exigente.

En efecto, el Estado y sus medios de expresión a través de los órganos del Poder Público tienen siempre que hacer un esfuerzo ya no digamos para adelantarse, sino al menos seguirle el paso a la sociedad, y de ahí que estos deban echar mano a todo lo que esté a su alcance para satisfacer los requerimientos sociales, estableciendo prioridades, maximizando recursos y cubriendo espacios de atención con la mayor amplitud y eficiencia posibles.

Me parece que uno de los intentos más sobresalientes del pasado reciente para poder resolver esta paradoja es el surgimiento y evolución de las Políticas Públicas, como un medio de articular el deber ser y el ser de lo público, como una forma de comunicarnos e interactuar mejor entre el Estado y la Sociedad, aunque en muchos casos –ha-menester señalarlo- no se sepa a ciencia cierta qué significa esto, cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones.

Hoy más que nunca, el desarrollo de un país depende en gran medida de su capacidad estratégica y administrativa para planear, instrumentar y poner en operación políticas que ayuden al desarrollo integral de la sociedad y los diversos actores que participan en el Estado (población, territorio, poder): ciudadanos, instituciones, organizaciones y autoridades; solo esta plena convivencia es capaz de garantizar la pervivencia del sistema en su conjunto.

Las Políticas Públicas son una especie de bisagra entre la Ciencia Política y la Administración Pública, una forma en la que el gobierno, es decir, el conjunto de órganos del poder público, construye y desarrolla sus decisiones a fin de articular a todas las escalas (local, estatal, federal, internacional, global) su proyecto político con sus acciones concretas.

En los últimos tiempos se habla mucho de la aplicación de la Web 2.0 a la labor de los representantes políticos y las administraciones públicas. Aunque en un principio se utilizó más el concepto Política 2.0, en la medida en que sintetizaba la aplicación de blogs y redes sociales al mundo político, últimamente, tras la victoria de Obama en EE. UU. es el término Gobierno 2.0 el que se está imponiendo implicando el uso de valores como la colaboración o la transparencia en el ejercicio de la labor institucional y el término Política 2.0 se sigue empleando, aunque ahora más para referirse solo al aspecto electoral.

¿Qué es Gobierno 2.0? Básicamente, se trata de introducir en el mundo de la política y el gobierno los principios que inspiran la Web 2.0., en especial, la transparencia, la apertura y la colaboración.

Esto tiene muchas implicaciones: la supresión de intermediarios entre políticos y ciudadanos (y fundamentalmente, los medios de comunicación de masas), la posibilidad de que los ciudadanos se organicen por sí mismos, al margen de los partidos e instituciones o de que colaboren abiertamente con la labor administrativa o la disponibilidad de herramientas para que los ciudadanos controlen constantemente la actividad de sus representantes. Al mismo tiempo, los funcionarios adquieren un mayor nivel de responsabilidad en su gestión.

El problema es cómo conseguir que los recursos tecnológicos sean accesibles a la mayoría de la población y den la oportunidad de cambiar las reglas del juego democrático y del gobierno. Hoy en día la Internet se ha masificado y la brecha digital entre pobres y ricos y entre mujeres y hombres de acorta. Apenas persisten ciertas diferencias por edades, que podrían desaparecer con la democratización de los móviles con conexión a la Red. El sueño de Rheingold de una nueva democracia electrónica podría, hacerse realidad, siempre que las estructuras políticas y gubernamentales se adapten a la disponibilidad de nuevas herramientas con capacidad para fomentar la participación ciudadana en los asuntos comunes.

Trabajos publicados recientemente en Europa y América del Norte coinciden en señalar a las redes sociales como la principal oportunidad con que cuentan, hoy por hoy, administraciones y ciudadanos para establecer una relación más productiva y satisfactoria.

Un estudio del CIS Internet y Participación Política en España, destaca la especial capacidad de las redes para generar nuevos espacios de cooperación, participación e intercambio de información en materia de Gobernanza. Sus autores comentan que los internautas más activos, sensibles a las informaciones gubernamentales y políticas y a la vez más implicados en la mejora del sistema social, son precisamente los usuarios de blogs, foros y servicios en línea. De forma paralela, constatan que las redes sociales facilitan la participación en línea y la hacen menos costosa a los colectivos con mayores barreras digitales, hecho que cobra especial importancia en la relación con los gobiernos locales.

La Guía de Usos y estilo en las redes Sociales un documento publicado en junio del año pasado por el gobierno de Cataluña, es sólo un pequeño paso en el largo camino que los gobiernos y administraciones –sobre todo los ayuntamientos- deben recorrer. Sólo así aprovecharán el salto tecnológico para seguir mejorando los servicios que gestionan y recobrar el partenariado con la ciudadanía.

Otro caso digno de mención es el gobierno Sueco[13] cuyo sitio constituye una especie de comunidad o red de redes que agrupa a distintos perfiles y usuarios capaces de comparar bienes y servicios gubernamentales, generando y actualizando información de desempeño útil para la mejora de los servicios públicos. Constituye una red cognitiva que genera, produce y actualiza su propio conocimiento en función de la necesidad de comparar todo el quehacer público: las escuelas en todos los niveles, la atención hospitalaria y a personas de la tercera edad, los servicios públicos, las oficinas de gobierno, etc. Tiene una doble finalidad: por un lado, los ciudadanos pueden ver qué servidor público, dependencia u organismo es más eficiente y acudir a él – por ejemplo, una clínica, un cajero en una dependencia, etc. –y por el otro, brindarle información de transparencia y rendición de cuentas a su gobierno para que tome decisiones acertadas y reduzca tiempos, personal o gastos de organismos o personas poco eficientes.

Pero es importante aquí decir que no todo va por esa vía: El anuncio del primer ministro de Reino Unido David Cameron de suprimir tres cuartas partes de los portales públicos abre una nueva polémica. Para algunos, la medida forma parte de un proceso lógico, tendiente a racionalizar la presencia de los organismos públicos en la Red; otros, sin embargo, temen que aprovechando la oleada de recortes en el viejo continente, comiencen a imponerse criterios exclusivamente economicistas y no sociales en el desarrollo del Gobierno y la Administración Pública Electrónica.

Lo cierto es que -casualidad o no- este hecho coincide con la reciente publicación de distintos informes de países de Europa y de la Unión que muestran una curiosa paradoja: si bien crece espectacularmente el número de usuarios de Internet y, con él, la cantidad y calidad de los servicios públicos que las administraciones ofrecen online a sus ciudadanos, también aumenta progresivamente la desconfianza entre éstos hacia aquellas.

Otro caso paradigmático en este mismo sentido es el de España. En el último año, ha escalado en la clasificación de la ONU  sobre e-government 30 puestos, y sobre acceso electrónico 66 lugares, convirtiéndose en una de las máximas referencias mundiales. Sin embargo, hoy apenas un 30 por ciento de sus internautas declara usar la Red para interactuar con los poderes públicos, de acuerdo con el último estudio de la Fundación Orange sobre Sociedad de la Información. Esta “segunda brecha digital” es preocupante por sí misma, pese a la fuerte apuesta gubernamental por las TIC’s; pero lo es aún más en combinación con los datos del Barómetro de julio del 2010  del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que muestran que el actual modelo de participación y representación que encarnan gobierno, políticos y partidos políticos constituye el séptimo mayor problema para los españoles, con un porcentaje de apoyo a esta percepción negativa cuatro veces superior al de hace sólo un año.

¿Qué está fallando entonces? ¿Qué hay más allá del front-office público capaz de ensombrecer los logros conseguidos en materia de modernización administrativa? La OCDE aporta una posible explicación en su reciente Informe sobre Buena Gobernanza en las Políticas Digitales; en él se revela que dos de cada 10 usuarios creen que los organismos y departamentos oficiales españoles están desaprovechando los recursos tecnológicos, en especial Internet, para aumentar su transparencia. Con ello se apunta algo más: los ciudadanos no dudan tanto de sus administraciones sino de su escasa capacidad para influir e intervenir en ellas. Ello puede traducirse, a su vez, en apatía y frustración, cuando no en rechazo.

La OCDE, como la mayoría de los expertos implicados, hace una serie de recomendaciones al respecto. La más clara es la que invita a pasar de un enfoque público basado fundamentalmente en la tecnología y la eficiencia económica a otro centrado en el usuario y en una comunicación con éste, más abierta, directa y participativa.

Aplicaciones de e-gobierno en México.

En México, desde hace tiempo, el Gobierno del Estado de Nuevo León emplea el chat como vía de comunicación con los ciudadanos. Establece una agenda con los días, horarios, nombres de quién participa y temas a tratar. Ese día los ciudadanos se pueden conectar al chat y mediante un moderador se pueden realizar preguntas al funcionario responsable que corresponda, guardando el chat en un archivo para quienes deseen leer lo que aconteció en ese debate.

Otra de las herramientas que va teniendo cada vez más aceptación para interacción entre gobierno y ciudadanía es Google Moderator, utilizado por ejemplo, por la Suprema Corte de Brasil, y la Presidencia del Senado Mexicano.

Si bien es nueva para el público en general, hace mucho que se viene usando internamente a nivel empresarial para moderar las preguntas de las reuniones semanales de trabajo. El funcionamiento es simple: permite a los participantes enviar sus preguntas y que estas sean votadas por los otros. Esto al final de un cierto tiempo, va a generar preguntas con más votación que otras, por lo que va a marcar cuál o cuáles son las preguntas que deberían tener una prioridad frente a otras. En otras palabras, son los usuarios los que deciden la(s) pregunta(s) que más les interesa, siendo esta(s) a la(s) que se le dará prioridad a la hora de contestar.

Para finalizar, más que una conclusión permítaseme una reflexión: No perdamos de vista en la comprensión del tema que nos ocupa aquí (Política, Comunicación, Redes y gobierno) y que por cierto debería ocupar un lugar más importante si es que en verdad fuera nuestro deseo hacer algo por la Reforma del Estado, es que ésta es ante todo reforma cultural. El sistema político es un sistema en sí y forma parte de la cultura social de una nación; por tal razón, cambiarlo es tarea por demás difícil. Sin embargo, igualmente hay que subrayar que la solución, lejos de ser exógena, tiene sus raíces en el origen mismo del problema, es decir, en la relación Estado-Poder Público-Sociedad, y que esta relación puede apoyarse en las nuevas tecnologías de información y comunicación.

Pero esto exige primero que nada, un cambio de actitud para la creación de una cultura donde la cultura no puede darse mágicamente, por decreto, ni es cuestión –como la experiencia nos lo ha hecho ver- de “endosar” la responsabilidad mediante el voto y luego “exigir” o esperar del cielo la respuesta. Tampoco es –parafraseando a Crozier- sólo “cuestión de máquinas”, la tecnología es y seguirá siendo un medio, nunca un fin. El factor humano es fundamental en la cosa pública, en lo que nos atañe a todos.

De la sociedad por su parte se requiere no nada más de una actitud crítica y exigente, lo cual es sin duda valioso, pero no suficiente. En la nueva forma de ver el gobierno, la ciudadanía también tiene que colaborar activamente con los órganos del poder público, legislativos, ejecutivos, judiciales, autónomos. En este contexto, las organizaciones civiles y políticas, las propias redes sociales y sus usuarios individuales o colectivos tienen la importante misión de adoptar una posición crítica pero al mismo tiempo propositiva, que les permita una participación más cercana y comprometida, en tanto que “ciudadanos-gobernantes”, en los asuntos que les afectan a todos los niveles, desde los más cercanos y concretos a los más abstractos, y contribuir al diseño y operación de una agenda de trabajo en la que se definan políticas, estrategias, programas y actividades en cada uno de los ámbitos de la vida nacional.

No podemos predecir el futuro, pero lo que sí podemos hacer es construirlo. Ahora más que nunca está claro que la tarea de todos no se agota en el ejercicio del sufragio. Nos encontramos en un momento propicio para contribuir, todos, a la conformación de una política pública y un gobierno modernos, echando mano de los recursos jurídicos, políticos, tecnológicos y sociales con que contamos, pues solo así podremos aspirar a primero la construcción de un nuevo modelo de país y luego al logro de su legitimidad, continuidad y permanencia.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Farrell, Kolodny & Medvic, 2001; Jamieson, 1996;y Thurber & Nelson, 2000.

[2] Entendida según definición de Carl Edrich como “el hecho mediante el cual un responsable de un cargo es inducido por recompensas no legales, en dinero o especie, a realizar actos que favorecen al que las ofrece y perjudican a la sociedad y sus intereses”.

[3] Mermin (1997) desmitifica la idea de que los medios de comunicación indujeran la decisión del gobierno estadounidense de intervenir en Somalia, demostrando que aunque los periodistas finalmente tomaron la decisión de cubrir la crisis, esa cobertura mediática clave en las cadenas de televisión se produjo después y no antes de que los directivos clave de Washington (pág. 392) prestaran atención al tema. Véase también Entman (2003), que ofrece pruebas de una teoría de “activación en cascada”, en la cual las estructuras mediáticas activan las decisiones políticas de elite y viceversa.

[4] Crouteau & Hoynes, 2006; Hesmondhalgh, 2007;y Klinenberg, 2007.

[5] Castells, 2004; y Ong, 2006.

[6] Barber, Touraine, 2006; y Wellman & Haythornwaite, 2002.

[7] Castells, Comunicación y Poder. Madrid, 1999. p. 505).

[8] (Messner, 1999. p. 95)

[9] (Castells, Ídem.)

[10] (Ferrajoli, Luigi. Los Fundamentos de los Derechos fundamentales, España, 2005, p. 32)

[11] (Messner, op.cit. p.98).

[12] Haverkort et al., 2000: 33.

[13]  http://www.stockholm.se/jamfor

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Multimedia, Vida y Conocimiento. Reflexiones sobre el texto “Homo Videns” de Giovani Sartori

MULTIMEDIA, VIDA Y CONOCIMIENTO

Reflexiones sobre el libro “HOMO VIDENS, La Sociedad Teledirigida”

de Giovani Sartori.

Ed. Taurus, 2ª Ed. México 2001

Por José Ramón González Chávez

El Homo Sapiens, producto de la cultura del lenguaje –primero oral, luego escrito- se está transformando por la Televisión y la multimedia en un Homo Videns, que privilegia la imagen sobre la palabra. Sin duda, tecnología ligada al audiovisual, ocupa un lugar cada vez más preponderante en la vida de los individuos, a tal grado que está transformando las formas de pensamiento.

Ernst Cassirer (“Antropología Filosófica. Introducción a una Filosofía de la Cultura”, México, FCE, 5ª Ed. 1968, p. 27) define al Homo Sapiens como un “animal simbólico”. En efecto, la capacidad simbólica es lo que hasta ahora había hecho único al Ser Humano. En efecto, éste no vive en un universo puramente físico, sino de igual manera en un universo simbólico. Lengua, Mito, Arte, Religión (…) son los diversos hilos que componen el tejido simbólico. Cualquier progreso humano en el campo del pensamiento y de la experiencia refuerza este tejido.

La definición del hombre -por supuesto que me refiero a los dos componentes del género humano- como animal racional no ha perdido nada de su valor, pero es fácil observar que esta definición es solo parcial, porque al lado del lenguaje lógico o científico, esta el lenguaje simbólico, el de la imaginación poética; y es que al principio, el lenguaje no expresa pensamientos o ideas, sino sentimientos y afecto. Así pues, la expresión “animal symbolicum” comprende todas las formas de la vida cultural y en tal sentido, la capacidad simbólica de los seres humanos se despliega en el lenguaje-palabra; en la capacidad de comunicar mediante sonidos y signos “significantes”, es decir, provistos de significado; rasgo que lo distingue radicalmente de cualquier otro ser viviente.

Gracias al lenguaje, el ser humano es capaz de hablar de sí mismo, de reflexionar sobre lo que hace y dice. No solo el comunicar, sino también el pensar y el conocer que lo caracterizan como “animal simbólico” se construyen en el lenguaje y con el lenguaje, que se erige en instrumento no solo del comunicar, sino también del pensar. Y el pensar no necesita del uso de la vista; en tal sentido, las cosas en las que pensamos no son “visibles”.

Dentro de la perspectiva cultural, las civilizaciones se desarrollan mediante la palabra; es el tránsito de la comunicación oral a la escrita lo que desarrolla una civilización.

El Homo Sapiens multiplica su saber por la imprenta y con ello se vuelve Hombre de Gutemberg. La escritura, la imprenta, el telégrafo, el teléfono, la radio, atienden también a la naturaleza simbólica del hombre. Todos estos inventos difunden siempre cosas dichas con palabras. Pero la ruptura con este paradigma se produce al final de la segunda guerra mundial, con la llegada del televisor, aparato que, como su nombre lo indica, sirve para ver cosas que suceden a la distancia.

A diferencia de sus antecesores, privilegia el Ver sobre el Hablar y con ello, la palabra queda sometida a la imagen, con lo que la televisión como tecnología modifica radical y negativamente el aparato cognoscitivo del Homo Sapiens. La Televisión y ahora la multimedia modifican sustancialmente la relación entre entender y ver. El acto de Tele-Ver está cambiando la naturaleza del ser humano, de ahí que se le considere como un instrumento antropogenético, es decir, como un medio para crear un nuevo ser humano.

El Hombre video-in-formado, el telespectador –nótese la connotación pasiva del propio término spectare-, se ha convertido en alguien incapaz de comprender abstracciones, de entender conceptos; es más un animal vidente que un animal simbólico, para el cual las cosas representadas en imágenes cuentan más y pesan más que las cosas dichas con palabras. Pero la capacidad simbólica distancia al homo sapiens del animal, en tanto que el Ver lo lleva de regreso a su estado anterior, en una especie de paradigma paradójico vis a vis la denominada Revolución Multimedia, proceso complejo y amplio pero que sin embargo se caracteriza por un común denominador: Tele-Ver y Video-Vivir.

El mundo actual se apoya sobre los frágiles hombros del “Video-Niño” un flamante ejemplar de ser humano condicionado en el Tele-Ver, incluso antes de saber leer y escribir. En efecto, la televisión es la primera escuela del niño (como dice Sartori, la escuela divertida, que precede a la escuela aburrida), animal simbólico que no obstante, recibe su impronta educacional en imágenes de un mundo centrado en el hecho de ver. El problema es que el niño es una esponja que registra y absorbe indiscriminadamente todo lo que ve, ya que aún es incapaz de discriminar.

El niño formado en la imagen se reduce a ser un individuo que no lee y por tanto, en la mayoría de las veces es un ser reblandecido, atrofiado culturalmente por la televisión, adicto de por vida a los videojuegos, condenado a ser un adulto empobrecido, sordo también de por vida a los estímulos de la lectura, de la comunicación oral, en general, del saber transmitido por la cultura de la palabra.

Existe hoy más que nunca, una primacía de la imagen, una preponderancia de lo visible sobre lo inteligible, lo cual lleva a la mayor parte de la gente a ver sin entender. La “información” o mejor dicho el fenómeno “medio-mensaje-efecto” producido por los medios, en lugar de transformar la masa en energía, está creando cada vez más masa. La Televisión destruye más saber y más entendimiento que el que es capaz de transmitir. Esto adquiere una importancia capital si llevamos el fenómeno al plano político, donde la videopolítica, el poder político de la televisión en la formación de la “opinión pública” es cada vez más grande y evidente.

Lo que sucedió a principios del siglo XX con Western Union y Asociated Press en cuanto al monopolio de la información por telégrafo (uno enviándola y otro difundiéndola) pareciera repetirse ahora con La Televisión y las agencias de prensa multinacionales o entre Microsoft y las empresas de telecomunicaciones. Pero, mientras nos preocupamos de quién controla los medios de comunicación, no nos percatamos de que es el instrumento en sí mismo y por sí mismo lo que se nos ha escapado de las manos.

La televisión como medio de comunicación ha sido desbancada por la PC con Internet como soberana de la multimedialidad. La PC, instrumento por antonomasia de la tecnología multimedia, y ahora sus versiones móviles a través del Smart Phone, unifican no solo la palabra, el sonido y las imágenes, sino que además introducen en los “visibles” realidades simuladas, realidades “virtuales”.

La llamada “realidad virtual” es una irrealidad que se ha creado con la imagen y que es realidad solo en pantalla, ya que lo virtual, las simulaciones, amplían desmesuradamente las posibilidades de lo real, pero no son ni serán nunca realidades. Sin embargo, para el homo digitalis la digitalización es un instrumento formidable de descomposición – recomposición mediante el cual ya no existe una sola realidad que “se sostenga”. Para él cualquier conjunto de cosas puede ser manipulado y mezclado de miles de formas ad libitum, a su gusto o a gusto de la moda cognoscitiva.

Todo lo anterior nos lleva a reflexionar sobre el significado actual del término Progreso: etimológicamente, progresar es solo ir hacia delante, debiendo comportar un crecimiento. Pero no necesariamente un crecimiento tiene que ser positivo, también un tumor puede progresar y crecer. Sin embargo, desde la ilustración el término “progreso” se ha tomado como sinónimo de avance positivo, más aun en el caso de progresos tecnológicos como la Televisión o mejor dicho de un medio tecnológico que produce progreso. Si la televisión ahora integrada a la multimedia, está presente en cada vez más hogares, esto –tal como lo hemos podido constatar en más de medio siglo de su existencia- no ha significado un avance cualitativo de la humanidad, sino simplemente un aumento cuantitativo en la capacidad de penetración mediática y de manipulación de la “opinión pública”.

Al principio fue la palabra”, así dice el evangelio de Juan. Hoy se tendría que decir “Al principio fue la imagen”. El Homo Videns acaba por visualizar todo. Pero ¿qué pasa con lo no visualizable que es la mayor parte? El ser humano como animal simbólico vive en un contexto coordinado de valores, creencias, conceptos, y en definitiva de simbolizaciones que constituyen la cultura. En esta acepción genérica también el hombre primitivo o analfabeto poseen cultura. Pero cultura es además sinónimo de “saber”. En esta acepción restringida la cultura es “de los cultos” no de los ignorantes. Tomando ambos conceptos podemos afirmar entonces que la televisión provoca una “cultura de la incultura”. Los defensores de la TV se auto elogian afirmando que mientras que la cultura del libro es sólo para unos pocos, la cultura audiovisual es para la mayoría. Empero, si el costo político y social de esta cultura de todos es una subcultura que además es incultura (ignorancia cultural), entonces esta operación, lejos de ser un avance es una pérdida y al final de cuentas, un retroceso. ¿Queremos una cultura en la que nadie sepa nada? Bajo esta lógica si el maestro sabe más que el alumno entonces hay que matar al maestro y el que no piense así será un elitista y un antidemocrático, un reaccionario de la revolución multimedia.

La Televisión está en prácticamente cada casa, las PC’s, la Internet; los Smart Phones ya encuentran lugar en los electrodomésticos, todo esto es inevitable y hasta cierto punto útil, siempre que no desemboquemos en la vida inútil, en un modo de vivir que no consista solo en “matar el tiempo”.

Más aún desde el punto de vista cultural, la televisión y la multimedia ¿Podrían ser instrumentos que apoyen la comunicación del leguaje simbólico y del –Saber, la Scientia, no solo en su sentido material, como Episteme, sino también desde su perspectiva sustancial, como Arete? Los nuevos creadores de jeroglíficos en tanto que gráficos de Saber ¿podrían servirse de ellos para transmitir su mensaje mejor y de forma realmente global? Más aún, estas herramientas, dada su propia naturaleza y características en términos metafísicos ¿podrían provocar la creación de nuevos símbolos fundamentales, conducir a una nueva concepción de lo sagrado, un nuevo modo de acercar al ser humano con el principio universal?

La televisión y la multimedia pueden beneficiar o perjudicar, ayudar o hacer daño, mediatizar o hacer pensar. La importancia de la televisión y la multimedia como tecnologías no está a discusión, sino más bien sus metas y contenidos actuales. De ahí que debamos asumir una posición más responsable ante esta realidad hacia nosotros mismos, hacia nuestras, familias, hacia nuestra sociedad. No se trata de combatir a los medios de comunicación actuales, sino de transformarlos positivamente para hacerlos mejores y más provechosos.

Queden todas estas interrogantes a la reflexión individual…

El Feminicidio: Algunas Consideraciones

1 afeminicidio

 EL FEMINICIDIO: ALGUNAS CONSIDERACIONES

Por José Ramón González

(Investigación realizada para el Instituto de Estudios Legislativos “INESLE”

del Congreso del estado de México, octubre, 2010)

(Gracias A Mónica Soistata por su tan valiosa colaboración)

PARTE I.

Introducción y Marco Teórico.

Desde la revolución industrial en el Siglo XIX y por la reciente y profunda trasformación de los procesos económicos, se han producido una apertura gradual pero ininterrumpida de espacios para las mujeres, gracias a los cuales ellas día a día crean oportunidades y participan activamente en los más diversos ámbitos de la sociedad, la cultura, la economía y la política.

A fines del siglo XIX y principios del XX, mujeres de distintos países luchan en contra de la opresión y comienzan a crear una conciencia crítica sobre la condición de las mujeres, así como la necesidad de contar con principios, normas y prácticas sociales modernas y democráticas. Se denuncia la discriminación, la marginación, la explotación y la enajenación, la violencia y la complicidad, el encierro, el silencio y el tabú. Surge la ideología feminista, que a lo largo del siglo se fortalece y cobra un gran auge en los años 60, trasformando estructuras fundamentales en todos los ámbitos.

A fines del Siglo XX, una nueva transformación política económica: la unipolarización y uno de sus medios de expresión más contundentes: la globalización (al menos para los países del mundo occidental) dan forma a un modelo económico innovador que, entre otras cosas, considera la mano de obra femenina crucial para su implantación, y para tal fin exige la adecuación de los sistemas políticos, jurídicos sociales y culturales.

Los cambios en la vida y la dinámica social, el incremento de la inseguridad, la ruptura de tabúes, la denuncia pública de hechos antes callados, entre otros factores, exponen a la mujer a mayores riesgos de ser víctima de actos de violencia, segregación e inequidad, fobias y desigualdades, todo lo cual por ser a todas luces contrario a los derechos fundamentales, constituye uno de los problemas sociales más graves y de más urgente atención en México y el mundo.

A causa del modelo patriarcal, la mujer sufre diferentes acciones violentas, que en algunos países son ignoradas o menospreciadas por razones de índole cultural, religiosa, social y educativa. En tal contexto, la violencia denominada “de género” (por el vocablo inglés “gender”, referente al sexo de una persona) es una situación cultural que mantiene a las mujeres en desventaja y desigualdad social, les impide el acceso a bienes, recursos y oportunidades, y contribuye a desvalorizarlas y denigrarlas.

Al extremo de este tipo de violencia, el Feminicidio o Femicidio, neologismo producto de la traducción de los vocablos ingleses “femicide” o “gendercide“, referente a la muerte evitable de mujeres, ha sido objeto de una gran polémica, al alejarse de su concepción original, llegando a usarse incluso como sinónimo de homicidio genérico contra mujeres y adquiriendo una significación ya no jurídica, sino más política, ideológica, de clase y de género.

De hecho, como realidad social, desde hace ya algunas décadas el feminicidio ha sido adoptado por el feminismo como parte de su bagaje teórico ideológico, sintetizado primordialmente por las norteamericanas Jill Radford y Diana E. H. Russell (vid. “Femicide: The politics of woman killing” Twayne Publishers, New York, USA, 1992). Desde esta corriente ideológica, la violencia de género se coloca como un gran problema político a nivel mundial y afirma que el feminicidio se da a causa del ambiente ideológico y social de machismo, de misoginia, de violencia consentida o tolerada contra las mujeres, así como por la ausencia de normas jurídicas, políticas públicas y acciones concretas de carácter preventivo, educativo y coercitivo, lo que genera condiciones de inseguridad para las mujeres que impiden detectar, prevenir y eventualmente sancionar las conductas delictivas, llegando a poner en riesgo su vida y su integridad física y emocional. De ahí que considere el machismo como un factor determinante para la presentación y el crecimiento de este delito.

Algunas organizaciones feministas han sustentado interpretaciones más profundas y que retoman estos presupuestos, argumentando que los homicidios de mujeres son parte de una violencia contra las mujeres que sustentada en la histórica desigualdad entre mujeres y hombres y que impide reconocer a las mujeres como personas y sujetos de Derecho. En este mismo tenor, Bonino (1998)[1], nos habla de micro machismos, a los que clasifica en tres tipos:

1) Coercitivo, el más grave, ya que el varón usa la fuerza ya sea moral, psíquica, económica o de la propia personalidad para intentar doblegar a la mujer, limitar su libertad, expoliar su pensamiento y restringir su capacidad de decisión. Les provocan un acrecentado sentimiento de derrota cuando comprueban la pérdida, ineficacia o falta de fuerza y capacidad para defender las decisiones o razones propias. Todo esto suele promover en la mujer inhibición, desconfianza en sí misma y disminución de la autoestima, provocadora de un mayor desbalance de poder;

2) Intimidatorio, especie de violencia psicológica donde el varón genera temor cuando llega a contar con cierta fama (fantaseada o real) de ser abusivo o agresivo. Este tipo de hombre advierte expresa o tácitamente que de no ser obedecido algo le podrá suceder a la mujer. Ya sea con la mirada, el tono de voz, la postura o cualquier otra característica que pudiera ser utilizada como atemorizante y ejercer así alguna muestra de poder abusivo, ya sea físico, sexual o económico. Con este tipo de violencia psicológica el hombre llega a conseguir la disponibilidad de la mujer para realizar los actos que él desee y también el de no ser molestado o cuestionado cuando realice algún acto en contra de la mujer;

3) Insistencia abusiva, o como nos dice el mismo autor[2] en términos populares el “ganar por cansancio”, que consiste en obtener lo que quiere por insistencia inagotable, que hace que la mujer se canse de mantener su propia opinión y al final acepte lo impuesto a cambio de un poco de paz.

Como reflejo de la influencia cultural norteamericana, la palabra feminicidio surgió en castellano a partir de la traducción que del término inglés “femicide” hizo la doctora Marcela Lagarde[3], convirtiéndose en una voz homóloga a homicidio pero añadiéndole el ingrediente de género y concibiéndose como el conjunto de hechos de lesa humanidad que se relacionan con los crímenes y las desapariciones de mujeres de tipo masivo (una especie de genocidio específico hacia las mujeres) y que pueden darse tanto en condiciones de guerra como de paz, cuando las condiciones histórico culturales generan prácticas sociales que permiten o toleran atentados contra la integridad, la salud, la libertad y la vida de las mujeres.

Feminicidio, Conocimiento y Realidad Mundial.-

Gracias al apoyo de las ciencias sociales, ha sido posible definir distintas formas de violencia hacia la mujer, conocer sus causas y consecuencias de carácter social, jurídico, cultural y educacional, y con ello avanzar en el combate de actos inaceptables, como el crimen pasional, la violación, el estupro, el incesto, el acoso, la violencia conyugal y familiar, la violencia callejera, la inequidad, entre otras, que se presentan en los ámbitos laboral, patrimonial, psicológico, intelectual, simbólico, lingüístico, económico, jurídico o político, solo por citar algunos.

En el tiempo y el espacio se presentan actos lesivos contra las mujeres que conducen en muchos casos a una muerte violenta y cruel; y lo que resulta todavía más indignante al constatar que algunos de estos actos son cometidos personas conocidas de la víctima: sus parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; pero también son perpetrados por desconocidos y anónimos e incluso por miembros del crimen organizado. Sin embargo, todos tienen en común la consideración de los agresores de que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables, desechables y coinciden además en su extrema crueldad, por lo que el feminicidio ha llegado a ser considerado como crimen de odio.

Si bien, como se anotó previamente, existen diversos agentes de tipo cultural que influyen de manera determinante en la presentación de esta conducta, en términos de atención gubernamental es intolerable constatar la ineficacia del poder público para ofrecer garantías a las mujeres y crear condiciones de seguridad para el desarrollo de su vida en la comunidad, ya sea en la casa, en los espacios de trabajo, tránsito o esparcimiento; y más lamentable aún, que los servidores públicos sean poco o nada eficientes en sus funciones para prevenir, atender y sancionar este tipo de conductas, que se muestran con toda claridad por ejemplo, en la atención a víctimas, en las instancias de justicia, el maltrato a las internas en las cárceles y aun en el personal femenino, siendo llegado a considerar incluso como un Crimen de Estado.

Según el Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), maridos, ex cónyuges, novios, convivientes, son en la mayoría de los casos los responsables de las muertes violentas de mujeres. Más de 50% de las mujeres muere por ataques de sus parejas (en ciertos países llega a 70%). Adicionalmente a las muertes violentas por su condición femenina, a esta deben añadirse otros tipos de violencia a los que están mayormente expuestas en sus países y en sus familias y que sin llegar al homicidio también se consideran graves, como la agresión física y sexual (al menos 25% de las mujeres adultas sufrirá un ataque sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida), el acoso psicológico y otras conductas, como impedir que la mujer mantenga contacto con su familia o amistades y limitarle el acceso a la información o posible ayuda.

Otras estadísticas indican que a nivel mundial, el femicidio es la sexta causa de muerte de mujeres entre 15 y 49 años. Más de mil mujeres mueren anualmente a manos de sus parejas y se calcula que ascienden a 3 millones las mujeres que sufren abusos físicos por parte de sus maridos o novios cada año. En España, los cálculos oficiales cuentan entre 50 y 70 las mujeres muertas a causa de la violencia doméstica cada año. En Estados Unidos, en 1992, se contaron 5,373 casos de femicidio, la mitad de los cuales fueron perpetrados por esposos u hombres con quienes las víctimas habían mantenido relaciones. En Puerto Rico, la coordinadora de la organización Paz para la Mujer, informó que de 1990 a noviembre de 2002, se han presentado 287 feminicidios, según datos suministrados por la Policía nacional. De acuerdo a investigaciones realizadas por activistas, médicas, abogadas y periodistas involucradas en la Campaña de esa Red, la manera cómo los medios de comunicación, los jueces, abogados defensores y gran parte de la opinión pública abordan los casos de asesinatos de mujeres, está permeada por conceptos estereotipados y creencias culturales basados en una imagen devaluada de lo femenino. Las razones que afloran principalmente en los juzgados y en los medios son que cuando un hombre agrede y mata a su mujer, es porque “se encontraba ofuscado y perdió la cabeza”, “era celoso”, estaba “obsesionado” con ella. La policía suele decir “Mató por razones sentimentales”. En algunos titulares de prensa se puede leer “Fue un crimen pasional”, “mató bajo una emoción violenta”, de manera que se implanta a priori la sospecha que el comportamiento de la mujer fue el detonante del hecho.

PARTE II.

Situación del Feminicidio en México.

En México, muchas mujeres viven alguna forma de violencia en razón de su sexo, no solo de índole sexual, sino también racista, religiosa, judicial, política, laboral, cultural, entre otras. La mentalidad y la actitud de considerar en condiciones de inferioridad a las mujeres provienen de varios factores muchos de los cuales ya han sido señalados líneas arriba. Formas de imitación y aculturación verdaderamente ancestrales y otras adquiridas en distintos momentos han modelado las actitudes de hombres y mujeres, creando esquemas de carácter unilateral, antidemocrático, autoritario, a grado tal que, por ejemplo, el hombre es considerado proveedor absoluto en lo económico aun en los casos en que la mujer cuenta con un trabajo remunerado y aporta al gasto familiar.

Entre los datos nacionales que sobresalen respecto de esta situación, está el hecho de que existe un promedio anual de cerca de 1,200 homicidios dolosos contra mujeres entre los 21 y 40 años de edad[4]. 41% de esas víctimas murió por uso excesivo de fuerza y agresiones físicas como asfixia, heridas de armas punzocortantes y traumatismo craneoencefálico y 25% a causa de un disparo de arma de fuego. En cuanto a los sitios donde se han cometidos estos asesinatos, 41% fueron en la vía pública (lugares públicos, lotes baldíos, tiraderos de basura); 35% en casas-habitación; y lo que en aun más oprobioso: en 19% de los casos (casi uno de cada cinco, las mujeres también fueron víctimas de tortura y abuso sexual; y respecto de los sujetos activos, resulta indignante que 32% de ellos son familiares o personas cercanas y que 89% del total de los casos presentados quedan impunes.

En México, las desapariciones y homicidios de niñas y mujeres se consideran hechos aislados. Un esposo celoso, problemas de amantes, un homicida psicópata, una banda de narcotraficantes, delincuencia que cruza por la frontera o cualquier otro argumento sirve para aislar y minimizar el problema. En general, la tendencia sigue siendo responsabilizar a las mujeres de su muerte violenta a manos principalmente de hombres. Respecto a la denuncia y seguimiento por violencia contra las mujeres -incluido el feminicidio- han sido los familiares de las mujeres desaparecidas y asesinadas, principalmente sus madres, así como las organizaciones de mujeres y feministas quienes han encabezado la denuncia y recabado evidencias de los hechos. Han logrado hacer alianza con algunas legisladoras y funcionarias y en colaboración han consolidado mecanismos vinculatorios para las autoridades competentes a fin de de prevenir, atender, sancionar, reparar los daños y erradicar estas conductas, aunque hasta la fecha la respuesta no haya sido eficaz.

Ahora bien, socialmente, el feminicidio, aunque mediatizado hasta la explotación del escándalo, ha logrado tomar un lugar preponderante en la opinión pública nacional y gracias a ellos se ha conseguido la modificación de diversos ordenamientos legales. No obstante, en su concepción aun prevalecen multitud de mitos, tabúes, conceptos, indefiniciones y vaguedades que obstaculizan su positivación jurídica, política y cultural. Sin embargo, la actualización normativa es ineficaz o queda a nivel de meros buenos proósitos cuando no existen políticas y acciones concretas y articuladas de parte de los órganos del poder público y de la sociedad, orientadas a prevenir, educar, atender y castigar este tipo de conductas y garantizar los derechos fundamentales de las mujeres.

Las desapariciones y homicidios de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, así como las distintas hipótesis (elaboradas en muchos casos de manera poco informada fuera del país) que intentan explicar estos hechos en México, se han convertido en un referente usado para explicar la implantación de una figura sui generis de feminicidio que en nuestro país, en la que se mezclan otros subtipos de homicidio y aun otras clases de violencia donde la víctima es una mujer. En tal contexto, se ha generado una intensa especulación y hasta producción literaria y artística: documentales, obras de teatro, danza, obra plástica, entre otras formas, básicamente centrados en el tema de “las Muertas de Ciudad Juárez”, como si la incidencia de esta conducta delictiva se produjera solo en esa localidad. Incluso gran parte de la investigación realizada en otras entidades federativas tiene como punto de referencia o tiene que ver con los sucesos de Ciudad Juárez, cuando en otras entidades como por ejemplo, el Distrito Federal, es prácticamente nula la investigación y atención a estos casos.

Este concepto de feminicidio a la mexicana ha sido erróneamente asumido por algunas autoridades y medios de comunicación como el simple equivalente de un homicidio contra una mujer, por lo que llega a utilizarse hasta en plural, tal como lo exhibe el propio nombre de la “Comisión Especial de Feminicidios”, que después corrigió el error cambiando el término a singular, aunque en su uso mediático, coloquial y aun la propia presidente de dicha Comisión se ha seguido usando el término en plural. Con la misma perspectiva, también se ha comenzado a utilizar en México el término por demás abigarrado de feminicidio sexual sistémico, cuya definición aún sigue siendo poco clara[5].

En lo que a investigación en México se refiere, desde 1993 cuando se denunciaron las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, se ha realizado un amplio número de investigaciones nacionales, extranjeras e internacionales con distintos enfoques sobre el tema. Aunque como decíamos en su gran mayoría son recurrentes a lo que sucede en esa localidad, otras, por desgracia todavía las menos, comienzan a analizar y estudiar el desarrollo del fenómeno, ya sea con visión nacional o específicamente, de manera local. De manera enunciativa, la siguiente tabla muestra algunas de las más importantes:

Fecha Organización Título
Noviembre, 1999 ONU Informe de la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias
Enero, 2002 ONU Informe del relator especial sobre la Independencia de Jueces y Magistrados
Marzo, 2003 Comisión Interamericana de Derechos Humanos Informe de la Relatora sobre Derechos de las Mujeres de la “Situación de los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a no ser Objeto de Violencia y Discriminación”
Agosto, 2003 Amnistía Internacional Muertes intolerables: Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”
Noviembre, 2003 ONU contra la Droga y el Delito Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua
Diciembre, 2003 ONU Diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Enero, 2005 CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) Informe y recomendaciones resultado de la solicitud de organizaciones mexicanas de derechos de la mujer y con el apoyo del Gobierno mexicano
Mayo, 2005 Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo Informe de la Relatora del Comité de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres en México.
Enero, 2006 ONU Informe sobre violencia contra las Mujeres, sus causas y consecuencias. Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: la violencia contra la mujer
Noviembre, 2006 PGR Informe final de evaluación y monitoreo sobre el trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua

Homicidios en general cometidos contra mujeres en las entidades de la República.-

Estados como Veracruz, Morelos, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Sonora y Chiapas, ya han iniciado investigaciones locales. Sin embargo todavía no se logra un pronunciamiento generalizado de la sociedad civil mexicana sobre el delito específico de feminicidio y su distinción de otros tipos de homicidio y violencia contra las mujeres.

Otras investigaciones que incluyen a varias entidades de la república son las realizadas en 2003 por el Grupo de Educación Popular con Mujeres, A.C., en el Distrito Federal y los estados de Chihuahua, México y Michoacán y por la Red Nacional por un Milenio Feminista en 12 entidades: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Veracruz. En ambos estudios se documenta además del análisis legislativo, las políticas públicas y programas correspondientes, así como profundas entrevistas a mujeres que acuden a las diversas instituciones encargadas de la atención en este ámbito en dichas entidades. También realizan monitoreo a medios de comunicación masiva (TV y Prensa) y a los programas y acciones en instituciones de educación primaria, con el objetivo de evaluar la manera en que estos espacios contribuyen o no, a la sensibilización así como a la difusión de información acerca del tema.

Muchas de las investigaciones que se han realizado en torno a los homicidios de mujeres en México en general y en sus entidades federativas en particular, han sido compiladas en el Archivo del Feminicidio, administrado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque sería prudente distinguir de este importante trabajo del general de los asesinatos que se han cometido contra mujeres, aquellos con el móvil específico de feminicidio en los términos de su definición típica penal. Este Archivo cuenta con documentación oficial proporcionada por las Procuradurías de Justicia Estatales y del D. F. sobre el número de asesinatos en general de niñas y mujeres en cada entidad y por los Tribunales Estatales de justicia sobre las causas penales radicadas en cada uno de los expedientes relacionadas con dichos homicidios; además de libros, revistas, materiales audiovisuales y gráficos relacionados con la violencia contra las mujeres, principalmente en México, aunque también incluye datos de otros países.

De acuerdo con un reporte realizado por la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, en el periodo 1999-2005 en nuestro país 6,000 mujeres han sido asesinadas con violencia, esto es, un promedio de mil mujeres por año, sin contar las que pierden la vida por situaciones relacionadas con la violencia intrafamiliar, que siguen siendo calificadas como muerte natural. Sin perjuicio ello, entre los datos sobresalientes que arroja el informe, es que las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran principalmente en 10 entidades: Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, Estado de México, Colima, Nayarit y Baja California.

Otro informe de la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios, revela que entre 2006 y 2007 se contabilizaron en México 2,232 asesinatos de mujeres, denominándose genéricamente como “feminicidios”: El Distrito Federal y el Estado de México, entidades con la mayor población, son también aquellas donde se registra el mayor número de asesinatos de mujeres, reveló un estudio de la Cámara de Diputados Federal. El documento subraya que el Estado de México y el Distrito Federal ocuparon el primero y segundo lugar en número de homicidios de mujeres con 299 y 244 casos en ese período, respectivamente. Sin perjuicio de que la estadística criminal mide la incidencia de delitos por cada mil habitantes, lo que relativiza los porcentajes por ser estas las entidades más pobladas, estas cifras mueven a la reflexión sobre la dimensión metropolitana del asunto, pues es en esta región donde se concentra cerca del 20% de la población nacional. A estas dos entidades les siguió el Estado de Michoacán, con 202 homicidios; Guerrero, 129; Veracruz, con 135; Jalisco, 119; Puebla, 109; Baja California, 105; Chihuahua, 84; Sinaloa, 80; Tabasco, 59 y Sonora, con 57. Digno de resaltar es que todas estas entidades y otras más, superaron al norteño Chihuahua, donde se localiza Ciudad Juárez. Finalmente, el documento reporta que los estados mexicanos con el menor índice de homicidios de mujeres que en general se están denominando “feminicidios”, son Colima (3), Campeche (4), Yucatán (8), Tlaxcala y Aguascalientes (10 cada uno), Baja California Sur (11), Durango y Querétaro (16 cada uno).

En general, los datos oficiales disponibles sobre defunciones de mujeres por causas no naturales, sólo pueden ser obtenidos de estadísticas de seguridad pública y de salud, en las que desafortunadamente se encuentran mezclados tanto los homicidios como las muertes imprudenciales y accidentales, de manera que no se puede identificar de forma clara los asesinatos de mujeres y cuáles de esos podrían ser considerados como feminicidios. De ahí la necesidad de hacer un esfuerzo conjunto entre ciudadanía, ONG’s y autoridades para superar esta deficiencia y contar con registros confiables, tal como lo ha requerido a nuestro país la Corte Internacional de Justicia.

Al respecto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra las Mujeres, de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció que las estadísticas no reflejan la magnitud del problema de las agresiones en contra de las mujeres, ya que hay una “cifra negra”, de mujeres que no denuncia. Se menciona que dos terceras partes del registro de mujeres asesinadas en un año, de acuerdo con los datos oficiales, murieron a consecuencia de agresiones en el hogar, pero no sólo a manos del marido, sino también por novios, padres, hermanos, amigos, familiares y otro tipo de parientes. Agregó que los riesgos no se miden por las cifras, sino por el temor fundado que tienen las mujeres de terminar con la violencia. Ese es el riesgo y esa es la gravedad, ya que de acuerdo a los resultados de estudios, entrevistas, encuestas y denuncias, el problema de la violencia intrafamiliar es realmente grande.

En cuanto a otros tipos de violencia contra la mujer, algunos juristas han denunciado que la militarización de las ciudades causa una mayor vulnerabilidad hacia las mujeres, ya que por ejemplo, en lugares como Ciudad Juárez, en los retenes militares es común que en las “inspecciones” realizadas se llegue a abusar de la autoridad para lesionar su intimidad corporal.

Situación en Chihuahua.

Los datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua precisan que de 1993 cuando empezaron a documentarse los crímenes contra mujeres a la fecha, 890 mujeres han sido asesinadas.

Del 21 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2007 se tienen registrados 428 homicidios de mujeres, mientras que 2008 hubo 87; en 2009, 164; y de 2010 hasta el 15 de septiembre se habían cometido 211, esto es, un pormedio de 2 diarios.

En los casos anteriores a 2008, la causa principal de los homicidios fue la violencia intrafamiliar y los feminicidios, pero la situación cambió a causa de la guerra entre bandas de narcotraficantes.

En Ciudad Juárez, núcleo de atención estatal, nacional e internacional en materia de feminicidios, los homicidios de mujeres de han incrementado. Sin embargo, no todas las muertes violentas de mujeres pueden ni deben ser considerados feminicidios en los términos en que se ha expuesto a lo largo del presente documento, es decir, como homicidios donde el móvil primordial es el odio, la discriminación, el menosprecio a la mujer por el solo hecho de serlo.

Al respecto, hasta hace poco, la Procuradora General de Justicia Estatal, Patricia González Rodríguez[6], ha dicho que estos casos no pueden ser procesados como feminicidios a pesar de que es una cifra alta”, ya que, por ejemplo, “los homicidios relacionados con el crimen organizado son investigados como tales y no como la nueva figura delictiva creada por el Congreso del Estado de Ataque a la Mujer”, al cual se le ha dado en llamar Feminicidio.

La procuradora afirma que “el feminicidio es un crimen de misoginia y de odio contra la figura femenina, tipo que no corresponde a los asesinatos que se han presentado últimamente en el Estado, principalmente en Chihuahua y Ciudad Juárez, donde se vive una intensa lucha entre los cárteles de la droga”. Señaló que “en efecto, se tiene una mayor incursión de la mujer en el narcotráfico y los asesinatos recientes de mujeres serán investigados como tales por la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida”.

Bajo esta premisa, de los 211 crímenes de mujeres presentados en lo que va de este año, solamente 11 llegaron a ser considerados feminicidios e investigados como tales por la Fiscalía Especial de Homicidios contra Mujeres.

Situación en el Estado de México.

En el Estado de México la violencia contra las mujeres, es uno de los principales problemas que afectan a la sociedad mexiquense. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo, mientras que en el Estado de México 54 de cada 100 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia infligida por su pareja (ENDIREH, 2006).

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en el Estado de México ocurre el 23% de los homicidios dolosos contra mujeres registrados en el país. De tal suerte, el Estado de México encabeza la lista de mayor índice de homicidios de mujeres, con 672 casos en los últimos cuatro años; aunque esto debe ser dimensionado, teniendo en consideración que también es la entidad con mayor población en el país.

Otro dato sobresaliente es que en 100 de los 125 municipios mexiquenses, la cifra de feminicidios supera la media nacional, desde luego con las consideraciones de dimensionamiento señaladas en el párrafo anterior.

Datos del Observatorio Ciudadano de Feminicidios, revelan que en el Estado de México se cometieron 556 asesinatos hacia mujeres entre 2007 y 2009. La entidad está entre los tres estados con mayor índice de asesinatos violentos cometidos hacia mujeres. Las cifras van en aumento, y según el Observatorio, muchas de esas muertes quedan impunes.

En marzo del 2008 el Gobernador del Estado y los 125 municipios del Estado de México firmaron el Acuerdo para dar cumplimiento a la convocatoria del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que todos los Poderes de la Unión, los Gobiernos de las Entidades Federativas y los municipios se sumarán al Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se conoce del año 2000 al 2008, 641 mujeres han sido asesinadas en esa entidad y tan sólo entre 2006 y 2008, se registraron 362 feminicidios y al menos el 52% de los casos siguen de manera irresponsable sin ser solucionados por la institución estatal de procuración de justicia.

Al interior del Estado de México, la ciudad de Toluca mantiene la mayor tasa de homicidios del país (10 por cada 100,000 habitantes) y desde 2007, en promedio, una mujer es asesinada cada dos días en Ecatepec, Netzahualcóyotl, Chimalhuacán o los Reyes la Paz que son los otros municipios donde prevalecen de mayor manera esos crímenes. Lo más grave es que al gobierno del Estado de México no parece importarle la cuestión; ya que, además de desaparecer al Instituto Estatal de la Mujer y minimizar, por parte de las autoridades de procuración de justicia la trascendencia del problema, no se ha actualizado la legislación protectora de género, ni se tienen políticas públicas consistentes y suficientes para solucionar el entuerto.

El INEGI ha generado y difundido información estadística que contribuye a un conocimiento más objetivo de la magnitud y características de la violencia que sufren las mujeres, lo cual constituye un elemento de gran valor para determinar las acciones a emprender para su combate y erradicación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH), 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia de pareja, comunitaria, laboral, familiar o docente a lo largo de su vida. De estas formas de violencia la más frecuente es la ejercida por el esposo o compañero, declarada por 43.2% de las mujeres. Le siguen la comunitaria, padecida por 39.7% de las mujeres de 15 años y más, la laboral con 29.9% de mujeres, la familiar y escolar con 15.9 y 15.6%, respectivamente.

Lourdes Barrera, de Amnistía Internacional, menciona que ninguna mujer víctima de violencia en San Salvador Atenco durante el conflicto de 2006 ha podido acceder a justicia al denunciar las vejaciones sufridas en su contra por parte de los cuerpos policíacos del Estado de México.

PARTE III.

Marco Jurídico sobre la violencia hacia las mujeres.

Tener una vida libre de violencia es un derecho reconocido por las leyes Nacionales e internacionales.

En términos constitucionales, el artículo 4º de la Carta Magna establece la igualdad del hombre y la mujer ante la Ley. Esto implica la idea que ante la comisión de un acto ilícito, resulta indistinto que éste haya sido realizado en contra de un hombre o una mujer, o que el agresor haya sido un hombre o una mujer y en tal sentido, la penalidad en su caso deberá aplicarse tomando en consideración las circunstancias específicas en las que se llevó a cabo el acto respectivo, con independencia del sexo de los sujetos tanto activo como pasivo.

Bajo esta premisa, el feminicidio como tal no está previsto y por ende no es sancionado ni a nivel federal ni en las entidades federativas, aunque cabe mencionar que desde el 19 de diciembre de 2006, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque todavía no se ha publicado.

Dicha ley, propone entre otras cosas, la creación de un nuevo título en el código penal federal mexicano sobre delitos de género, en el que se aborde el feminicidio bajo el a nuestro juicio endeble argumento de que es un delito que se ha generalizado, y con base en él, propone sea tipificado como delito permanente y continuo, suponiendo que esta tipificación contribuirá a eliminar el silencio social y la falta de acciones concretas.

El mencionado proyecto de Ley propone para este delito la redacción siguiente: “A quien atente, sin importar la finalidad de la acción, en contra de la vida, la dignidad, la integridad física o mental de mujeres en una determinada comunidad o región donde de manera recurrente se hubieran cometido estos delitos, se le impondrá una pena de 20 a 40 años, además de las penas que corresponden por los delitos cometidos (homicidio, desaparición forzada, secuestro, violación, mutilación, lesiones graves, trata de personas, tráfico de personas, tortura, abuso sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, discriminación por orígenes étnicos, raciales, preferencias sexuales o por estado de gravidez)”.

Sin embargo, desde entonces (diciembre 2006) la propuesta permanece congelada en el Senado de la República. En tal sentido, Rocío García Gaytán, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), expresó ante la Comisión Especial para los Femicidios, que lamentablemente este delito (el femincidio) no está penalizado a nivel federal porque no existe en la ley. [7] En todo caso, la carencia de normatividad penal aplicable y por tanto coercible sobre el particular, trae como resultado que cualquier denuncia que llega a la fiscalía especializada para los casos de feminicidios queda impune.

En efecto, el feminicidio es definido en términos sociológicos, políticos, mediáticos, culturales, etc., pero no se encuentra legislado, y por ello, la discusión sobre el tema permanece en dichas áreas, aunque de manera poco sólida por falta de datos e información sólidos, objetivos, confiables, que permitan una adecuada argumentación, de ahí que aun no permeen en el terreno jurídico, no solo en el aspecto legal, sino en la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre jurídica, etc.

Legislación Federal:

Constitución Federal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º reconoce desde 1974 la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer y desde 2001 prohíbe en su artículo 1º la discriminación motivada por origen étnico o racial, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra conducta que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Existen argumentos para poder sustentar la necesidad de una legislación que impulse la equidad en el ejercicio de derechos fundamentales y oportunidades, como un paso imprescindible para alcanzar la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, tal como lo establece el Texto Constitucional Federal.

Para ello, es necesario que el poder público promueva y garantice dicha equidad a través de instrumentos legales e instituciones, mediante políticas, programas y acciones contra la discriminación, la violencia de un sexo contra el otro, que faciliten el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de mujeres y les permitan una vida libre de violencia, contribuyendo así a la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho, justo y democrático.

Es bajo tal entorno que el legislador ha remitido a la ley secundaria, expidiendo una serie de disposiciones defensoras de la equidad, entre las que se encuentran las siguientes:

Leyes Federales.

Es complicado definir desde el punto de vista técnico jurídico al feminicidio como “delito”, ya que el concepto no se encuentra previsto en la Ley Penal. En todo caso, el feminicidio podría ubicarse como una modalidad agravada del homicidio doloso cuando puedan detectarse y comprobarse elementos adicionales al subtipo, tales como el odio, la discriminación, el abuso sexual, o la violencia por el mero hecho de que la víctima sea mujer.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el delito de homicidio contempla en igualdad de jurídica tanto a hombres como a mujeres en atención a lo previsto por los ya mencionados artículos 1° y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el homicidio está catalogado como del fuero común, esto es, que el legislador de cada entidad federativa, debe de regular en específico, tomando en consideración a las condiciones históricas, económicas, sociales y culturales propias de la entidad.

Bajo tal contexto, en lo que toca precisamente al feminicidio, conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  • La causa estructural de la violencia de género es la desigualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres permanecen para la sociedad y el poder público, en una situación de subordinación, desigualdad y discriminación en relación con los hombres.
  • No existe un argumento sólido para justificar la subordinación de la mujer y su desigualdad jurídica y social, contraria a todas luces –repetimos- al derecho y la razón.
  • Mientras mayor es el arraigo de la cultura patriarcal en una comunidad, mayor es la subordinación, menores son las libertades y derechos de las mujeres y por ende menor el ejercicio de su condición de ciudadanas y su participación democrática.
  • Las comunidades y regiones con mayores tasas de inequidad en el desarrollo, de contraste social, de conflictividad y mayor índice delictivo, sumadas a la poca presencia de la autoridad pública, generan condiciones de mayor inseguridad, propicias para la violencia contra las mujeres y el feminicidio.
  • La violencia ligada a la condición de género, aunque en grados diferentes, abarca a todas las mujeres de todas las edades y estratos; está presente a lo largo de su vida y se presenta tanto en los ámbitos público como privado. El daño que provoca se incrementa al coincidir los tipos e intensidades de violencia ligados a otras formas de segregación y opresión de las mujeres, como edad, etnia, clase y grupo socioeconómico, situación educativa, profesional y cultural, salud, estado civil y estado legal.
  • En fin, la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide que las mujeres, en igualdad con los hombres, puedan ejercer a plenitud sus derechos y libertades. Por ello, enfrentar de manera integral y coordinada la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, requiere abordar el problema desde una perspectiva amplia que abarque todo el espectro de los derechos fundamentales.

1. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11de junio de 2003.

El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

2. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público, interés social y observancia general en todo el Territorio Nacional. Establece un Capítulo V denominado “De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”.

3. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al igual que el ordenamiento anterior, las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.

4. Ley para prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Tiene por objeto la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior. Esta Ley se aplicará en todo el territorio nacional en materia del Fuero Federal.

5. Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana. Tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de darle cumplimiento.

6. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de:

  • Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.
  • Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de género en los estados y municipios.
  • Fortalecimiento de vínculos, con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal.

7. Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo relativo al Poder Ejecutivo Federal y las bases de coordinación necesarias para su ejecución entre éste, las entidades federativas y los municipios.

8. Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres.

El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 (PROIGUALDAD), fue formulado para dar cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley del INMUJERES.

Para su integración, el Instituto Nacional de las Mujeres realizó una consulta ciudadana y derivado de ella consideró las recomendaciones derivadas de la aplicación en el país de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), además de otros instrumentos internacionales.

Contribuye al cumplimiento de los cinco ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y como innovación establece una plataforma de líneas básicas de acción y objetivos estratégicos para garantizar los derechos fundamentales para las mujeres, como la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad y fortalecer sus capacidades para ampliar sus oportunidades y potenciar su bienestar económico.

9. Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046-SSA2-2005) [8].

En materia de Salud. Publicada 16 de abril de 2009. Tiene el título “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención”. Establece los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación en materia de violencia familiar y sexual que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud, en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual.

Dicha norma actualiza la NOM-190-SSA1-1999, “Prestación de servicios de salud”, que define con mayor amplitud criterios para la atención médica de la violencia familiar, al hacer más explícita la atención en lo referente a la violencia sexual y contra las mujeres fuera del ámbito familiar.

Además, resalta que referente a los criterios específicos para el tratamiento de las mujeres afectadas por violencia sexual; enfatiza la obligación del personal de salud de proporcionarles servicios de anticoncepción de emergencia o en su defecto, informarles sobre las alternativas para la interrupción legal del embarazo en los términos de la legislación estatal aplicable y garantizarles el servicio médico si lo requieren.

Igualmente, establece la necesidad de brindar a las personas que viven en situación de violencia familiar o sexual una atención con el enfoque de género que permita comprender de manera integral el problema de la violencia; y define los criterios a observar en la notificación al Ministerio Público de los casos de violencia familiar o sexual detectados en los establecimientos de salud.

También contribuye a la prevención y atención de la violencia familiar y sexual; obliga al personal de salud a identificar oportunamente a las personas que viven en esa situación y brindarles una atención integral y de calidad, con el propósito de evitar o minimizar las consecuencias de la violencia vivida en su salud, integridad y desarrollo.

Establece que la atención médica integral de casos de violencia familiar y sexual comprende la promoción, protección y restauración de su salud física y mental a través de tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas e información de opciones frente a la violencia.

La actualización de la Norma es el resultado del impulso que se ha en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, logrando en primer término una serie de ordenamientos jurídicos para que todas tengan derecho a vivir una vida digna.

Instrumentos Internacionales.

Durante los últimos años, los organismos internacionales, los Estados y las organizaciones pro mujeres han subrayado la importancia de dar prioridad a la incorporación del enfoque de género y de derechos humanos en la formulación de políticas, la planeación y las estrategias de desarrollo. Asimismo, han visualizado el papel decisivo que las mujeres han jugado en los procesos de ampliación de la democracia y la consolidación de la paz en sus países. Los contenidos de estos avances encaminados a la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales de las mujeres han quedado plasmados en diversos tratados internacionales y leyes nacionales.

Para la ONU, el tema de los feminicidios en México es prioritario. Al respecto expresa que “son casos en los que hay impunidad, porque no hay una respuesta efectiva de justicia identificando a los responsables, sancionándolos y reparando el daño”. [9]

El Máximo organismo internacional destaca que el gobierno mexicano debe atender las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y las que le han hecho llegar los organismos internacionales preocupados por la violencia contra las mujeres “en especial los feminicidios, que son una preocupación internacional”. [10]

El artículo 133 de la constitución Mexicana establece que los tratados internacionales ratificados por el Senado de la República tienen vigencia en el territorio mexicano. Sin embargo, su lugar en la jerarquía normativa ha generado múltiples discusiones. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Constitución y por encima del derecho federal y local.

No obstante, cabe mencionar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha guardado silencio frente a la denuncia de Legisladores del Parlamento Europeo y fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en el sentido de que la diplomacia mexicana se ha empeñado en bloquear cualquier mención de los feminicidios durante la cumbre de la Unión Europa y América Latina. [11]

1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).

Conocida como “La Carta Magna de las Mujeres”, fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU. Tiene carácter jurídicamente vinculante por los países firmantes. Enuncia los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer que se aplican en todos los ámbitos.

El fundamento de la convención como su nombre lo indica, está en la “prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer”.

Exige además que se le reconozcan derechos en igualdad a los de los hombres.

Prescribe las medidas a adoptarse por las naciones firmantes para asegurar que en todas partes las mujeres puedan gozar de los derechos que les asisten.

El artículo 17 de la Convención prevé la creación de un Comité ad-hoc, cuya función principal es vigilar la aplicación de la Convención por los Estados Partes.

México ha ratificado esta Convención, su protocolo Facultativo y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

2. Otros instrumentos internacionales.-

  • Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, sobre los derechos humanos de las mujeres, como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos. (1993)
  • Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Resolución 48/104 de la Asamblea General de Naciones Unidas. (1993)
  • Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, (“Convención de Belem Do Para”). Organización de Estados Americanos. (1994).
  • Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo (1994).
  • Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. Incluye un Capítulo D, denominado La Violencia contra la Mujer (1995).
  • Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Asamblea General de Naciones Unidas. (1999).

Legislación Estatal.

1. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México.

Es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en todo el Estado de México. Establece la coordinación entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de cualquier edad. Define las políticas y acciones gubernamentales para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; impulsar su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, y garantizar con ello su desarrollo integral.

En su Capítulo V denominado “De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, define la Violencia Feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y de niñas”.

Igualmente describe la Alerta de Violencia de Género como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Cuando se presenten casos de violencia feminicida, los Gobiernos Estatal y Municipales dispondrán las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las situaciones de desigualdad en que se encuentren.

2. Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.

Expedido por Decreto el 18 de febrero de 2009. Contiene los principios específicos aplicables a la protección de la integridad física y psíquica, así como la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia.

3. Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.

Promueve el bienestar social integral de las mujeres y los adultos mayores, su incorporación plena y activa en los ámbitos económico, cultural, político y recreativo para mejorar su condición y el reconocimiento de la equidad de género en el Estado de México.

Algunas Conclusiones.

  • En términos jurídicos, con la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007, se dio inicio a un proceso normativo y de aculturación que requiere ser continuado y reforzado permanentemente.
  • En la actualidad, sigue pendiente una amplia agenda de compromisos –principalmente por parte del sector público, aunque no exclusivos- para actualizar y dotar de efectividad al marco normativo en la materia; dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los diversos organismos internacionales que se han referido al tema y vigilar el desempeño y la eficacia de los organismos dedicados a atender esta problemática, prevenirla y en su caso, aplicar las disposiciones relativas para corregirla y sancionar a quienes atenten contra los derechos fundamentales de las mujeres.
  • Es necesario abrir un amplio debate sobre la determinación de las medidas más eficaces para atender, prevenir y en su caso castigar la violencia contra las mujeres (cuidando desde luego lo dispuesto en los artículos 1º y 4º constitucionales), entre las que se encuentra la posibilidad de una eventual tipificación del delito de feminicidio, tanto a nivel federal como en el Estado de México en los términos que expresan las leyes locales que ya lo han abordado. Sin perjuicio de ello, nunca debe perderse de vista que las normas por sí solas difícilmente lograrán disminuir y eventualmente erradicar una conducta antisocial, si estas no se acompañan de políticas, programas y acciones claros y concretos, encaminados a lograr realmente una transformación positiva de la cultura social, encaminada al logro de la equidad y en última instancia, a la igualdad entre el hombre y la mujer y la no discriminación ni intolerancia de nadie contra nadie, derechos fundamentales y principios axiológicos consagrados en la Carta Magna.
  • En la consecución de este objetivo del mayor interés nacional, resulta imprescindible hacer una revisión integral del marco jurídico regulatorio correspondiente, a fin de actualizarlo, darle articulación así como capacidad de eficacia a través de planes, programas y acciones en los distintos ámbitos de gobierno.
  • Ello constituirá sin duda un detonante para llevar a cabo el proceso de revisión y armonización de este nuevo marco jurídico normativo nacional y estatal con los instrumentos y recomendaciones internacionales en la materia.
  • Existen condiciones políticas, normativas y financieras para crear un Fondo Nacional de Reparaciones a Violaciones a los Derechos Humanos, del que puedan hacer uso las víctimas, que refuerce y haga más efectiva la actividad actual de los organismos públicos de derechos humanos federal y estatales del país, y permita que quienes atenten contra ellos sean castigados y las víctimas sean atendidos y se logre su recuperación material y moral.
  • Deben eliminarse todo tipo de obstáculos para cumplir las sentencias y los compromisos adquiridos en este ámbito. El apoyo material del Instituto Nacional de las Mujeres, útil y hasta imprescindible, resulta un factor determinante para brindar la atención a las víctimas y sus familiares.
  • En tal sentido y reconociendo el papel clave que al respecto juegan las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, el Instituto Nacional de las Mujeres está en pláticas para constituir a propuesta de ellas una mesa de seguimiento, monitoreo y evaluación de los instrumentos y mecanismos dedicados a la implementación de la sentencia, para verificar la articulación de las disposiciones con las estrategias y acciones que faciliten y coadyuven con el Estado mexicano a dar cumplimiento dichas resoluciones y recomendaciones.
  • Sobre todo, se debe escuchar la voz de las mujeres, a efecto de que los principios de base, las normas emitidas y las acciones tomadas se adapten a las necesidades, requerimientos y expectativas de este sector que es pilar fundamental de nuestra sociedad y del Estado mexicano.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Las otras formas de violencia hacia las mujeres. Ponencia en el marco de las Jornadas “Mujer y acoso”, organizadas por el Centro de la Mujer de Guadalajara.

[2] Luis Bonino Méndez, “Las otras formas de violencia hacia las mujeres. Ponencia marco de Jornadas “Mujer y Acoso“, organizadas por el Centro de la Mujer de Guadalajara, 1998.

[3] Antropóloga y feminista, “Género y feminismo: desarrollo humano y democracia”, 1996.

[4] Se refiere a homicidio doloso en general, esto es, no solo feminicidio, y comprende solo 31 de las 33 entidades de la República. Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, periodo enero 2007 a julio 2008.

[5] Vid. “Feminicidio sexual sistémico: víctimas y familiares” Tesis doctoral en Ciencias Sociales, Julia Monárrez, UAM Xochimilco. 2005.

[6] Periódico “La Jornada”, 16 septiembre 2010, publicado por Rubén Villalpando.

[7] Califica al feminicidio como un crimen de Estado que se produce tanto en condiciones de guerra como de paz y reflexiona que es en la inexistencia de un Estado de Derecho y en sus fracturas donde se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo y donde se favorece la impunidad. Señala los casos de secuestros y desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional, llegando a hablar incluso de genocidio contra las mujeres, cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten continuos atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres en manos de conocidos y desconocidos, de violentos y violadores, de asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales. Estos crímenes, seriales o individuales, tienen en común el considerar a las mujeres como objetos usables, prescindibles, maltratables y desechables.

[8] Se refiere a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

[9] La representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liliana Valiña, publicado en el periódico la Jornada, con fecha 14 de mayo de 2010.

[10] Ibidem.

[11]  Dicha cumbre fue llevada a cabo en Madrid, España, el día 18 de mayo de 2010, contando con los principales líderes de América Latina.

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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • Jill Radford y Diana E. H. Russell , “Femicide: The politics of woman killing” Twayne Publishers, New York, USA, 1992.
  • Luis Bonino Méndez, “Las otras formas de violencia hacia las mujeres”, 1998.
  • Marcela Lagarde, “Género y feminismo: desarrollo humano y democracia”, 1996.
  • “Feminicidio sexual sistémico: víctimas y familiares” Tesis doctoral en Ciencias Sociales, desarrollada por Julia Monárrez, UAM Xochimilco. 2005.

 Referencias (páginas electrónicas)

  • Presidencia de la República (www.presidencia.gob.mx)
  • Cámara de Diputados Federal (cddhcu.gob.mx)
  • Procuraduría General de la República (www.pgr.gob.mx)
  • Senado de la República (www.senado.gob.mx)
  • Consejo Nacional de Población (www.conapo.gob.mx)
  • Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inegi.gob.mx)
  • Congreso del Estado de México (www.cddiputados.gob.mx)
  • Gobierno del Estado de México (edomex.gob.mx)
  • Procuraduría General de Justicia del Estado de México (pgjem.gob.mx)
  • Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (chihuahua.gob.mx)
  • Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (observatoriodelfeminicidio.blogspot.com)
  • Organización de las Naciones Unidas (onu.org.mx)
  • Organización Mundial de la Salud (www.oms.org.mx)

 

“Memecracia” y Aculturación Política

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Por Jose Ramon Gonzalez

Cada ocasión que surge un evento de alto impacto mediático, surge ipso facto un meme, versión recargada del grafiti político y social; pero poco pensamos en sus orígenes, su naturaleza y características, sus creadores y sus objetivos y más aún sobre los efectos que pudiera tener sobre la cultura política y la estructura social.

El meme es una forma de comunicación directa que se sostiene en hechos o personajes muy conocidos, compuesta de un gráfico al que se le añade una o dos frases cargadas de supuesto humor, ironía, ridículo y/o descrédito sin fundamento, llevando a la deslegitimación la y debilitación de la imagen del personaje y/o la institución, o bien a la minimización o maximización de un hecho sobre un tema común, cotidiano o solemne.

La palabra Meme viene del griego Mimema, que puede traducirse como “algo que se reproduce, que se imita”.

Específicamente en lo que se refiere a los memes políticos, se tiene la idea que estos se crean de forma espontánea por personas –siempre anónimas- que escudados en una interpretación seudo existencialista de la libertad de expresión y una supuesta e inofensiva superficialidad comunicativa de los mensajes, gracias a su creatividad, imaginación y ocurrencia comentan de manera jocosa o ingeniosa (aunque destructiva y nunca propositiva) algún hecho o dicho (o supuestamente dicho) por un actor político.

Sin embargo, la publicación de memes está lejos de tener un surgimiento espontáneo y menos un objetivo inocuo; muchos de ellos son generados en despachos y empresas consultoras de comunicación mediática y política para atacar o proteger a alguien o a algo, según la expectativa del cliente.

Hay quienes consideran que el meme actual es una interpretación descafeinada de la Teoría y la Filosofía del Absurdo, base del Existencialismo, corriente filosófica que tiene entre sus exponentes más distinguidos a personajes como Simone de Beauvoir, Jean Paul Sartre, Soren Kierkegard, Albert Camus, Franz Kafka. Bajo este modelo, el Zoon Politikon de Aristóteles se extingue para dar paso a la existencia humana a partir ya no de la sociedad sino del individuo, esto es: ante una realidad tan irracional, lo que importa es lo que yo piense, lo subjetivo, no lo objetivo, lo que dice el establishment que es lo política o socialmente correcto.

Sin perjuicio de lo anterior, el concepto actual de Meme tiene sus orígenes en la Teoría desarrollada por el genetista Richard Dawkins en 1976 (vid. “El Gen Egoísta”) donde sostiene que se trata de unidades de información cultural que tienden a crearse, evolucionar y extenderse de forma similar a los genes pero ya no en el patrimonio genético, sino en el medio social y que tienen un impacto neto en las neuronas espejo, fijando conductas o comportamientos ligados a su significado y contenido, similar al efecto del símbolo aunque con mayor contundencia por lo específico de su mensaje, en el cerebro, la conciencia y la cultura

Con ello, el meme se liga indefectiblemente a la reciente neurociencia social, bajo cuya óptica una de sus grandes fortalezas consiste en que sus contenidos sobreviven en la memoria para luego reproducirse (mimetizarse) en conductas o actitudes correlativas de forma individual y luego colectiva.

“Casualmente” los memes tal como los conocemos ahora surgieron casi de manera sincrónica con las redes sociales virtuales, lo cual es muy reciente teniendo en cuenta que Facebook se fundó en 2004 y la primera representación de la compañía en México se abrió en 2008.

Al inicio, los mensajes trataban sobre temas de poca relevancia, pero de forma paulatina y rápida han ido subiendo de intensidad, ubicándose ahora la mayor parte de ellos en el tema político, específicamente en la imagen pública de candidatos, gobernantes e instituciones.

En este orden de ideas, quienes “compran” el meme piensan que al mimetizarlo dándole like, reproduciéndolo y/o compartiéndolo ya con eso participan en democracia, cuando lo que hacen es justamente lo contrario: al repetir como pericos lo dicho por quién sabe quién, al negar el argumento, dejan de pensar por sí mismos, de reflexionar sobre el fondo de los problemas y pensar en soluciones, y con ello cierran la posibilidad a todo debate constructivo, alimentando de manera endémica el subdesarrollo democrático y social.

Cualquier declaración, comentario o incluso una sola frase o palabra puede de un actor político ser sujeto de un meme que de inmediato lo sumerge en el absurdo y lo desacredita sin necesidad de una mínima reflexión razonada sobre el fondo del asunto, volviéndose más viral en la medida de su ingenio, gracia o capacidad de humillación.

En la guerra de los memes, los anónimos memeideólogos y sus seguidores los memécratas –unos ingenuos y más identificables, otros virtuales y etéreos parte del negocio-, desacreditan al candidato o al gobernante sin importar que para ello se empleen infundios (aseveraciones sin fundamento), falacias (mentiras disfrazadas de verdad), alusiones inclusive a la complexión, la capacidad intelectual, la etnia, la imagen física; y los sujetos pasivos del meme sin saber todavía cómo reaccionar ante el ataque mediático viral, no han encontrado mejor opción que también desacreditar –por desgracia también en la mayoría de los casos, sin argumentos- todo lo que digan sus detractores

Esa desacreditación mutua sin contenido, rompe con las reglas más elementales de la argumentación, herramienta de comunicación que desde la época de los griegos es base de la participación y el desarrollo democrático, anulando cualquier posibilidad de debate razonado, con lo que en muchos casos un infundio, falacia o comentario denigrante, compartidos o retwiteados miles o cientos de miles de veces se convierte en “verdades” del mundo virtual.

Así, el ingenio gracioso, humillante, incapaz de tolerar, sustituye a la reflexión seria, profunda, constructiva, de los problemas de la democracia y del gobierno, sus mecanismos de acción y operadores, metiéndonos a todos en un contexto de frivolidad pasmosa, que lo único que produce aparte del denuesto del personaje afectado, es el debilitamiento de las instituciones políticas y sociales y el empoderamiento de una comunidad política ciega, sorda y muda, ignorante, incapaz de actuar en el terreno del debate real de ideas y en los hechos pero muy corrosiva en términos mediáticos.

Esto, sumado al miedo a contestar por parte del atacado convertido ya a sí mismo en un meme, con el fin según él de “no hacer el asunto más grande”, dada su incapacidad técnica para responder con argumentos al menos con las mismas armas de su oponente, no hace más que debilitar a la democracia y a la gobernanza como instituciones políticas fundamentales del Estado constitucional, y convertir los asuntos de la politeia (lo que nos incumbe a todos) en temas de espectáculo en los medios, lo cual sobra decir que para todos resulta algo muy delicado, pues con todo esto el concepto de democracia es trastocado desde sus raíces y su significado y trascendencia para la vida social se debilitan estrepitosamente en la misma medida en que el meme avanza ya ahora convertido en una forma de “aculturación” política.

De hecho, vemos que diversas encuestas aplicadas recientemente reflejan que para la mayoría de los jóvenes usuarios de redes sociales, es preferible un gobierno y un gobernante autoritarios que postule soluciones acordes con la memecracia, o bien que les da lo mismo de tener uno de ese tipo que uno resultante de una elección democrática, institución para ellos deslegitimada, anacrónica e inútil.

¿Qué hacer ante tal estado de cosas? Vaya pregunta más compleja, pues intentar responderla implica abordar la problemática desde sus múltiples y diferentes aristas. Sin embargo una de ellas, sin duda, es la necesidad de estar alertas, ser más cautelosos, menos ingenuos, más perspicaces. Algunos buscadores en Internet como Google ofrecen la posibilidad de rastrear la cadena comunicativa de los originadores de los memes y sus replicadores. Una exploración acuciosa de estos procesos podría llevarnos a interesantes sorpresas.