Derecho y Política Pública Cultural: Hacia la construcción de una agenda integral

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Derecho y Política Cultural

Hacia la construcción de una Agenda Integral (*)

Por José Ramón González Chávez

 

Uno de los grandes retos a los que se enfrenta el Estado desde su creación es el de cómo resolver su permanente paradoja de mantener, por un lado, lo Stato, lo que ahí esta y debe estar para mantener la integridad de la entidad Jurídica-Política-Social, sin descuidar, por el otro, su necesidad también invariable de adecuar su estructura, esencia y acción a las circunstancias que le marca su entorno objetivo y su momento histórico, y atender de tal suerte las necesidades y expectativas de una sociedad cada vez más exigente.

En efecto, el Estado y sus medios de expresión a través de los órganos del Poder Público tienen siempre que hacer un esfuerzo ya no para adelantarse, sino al menos seguirle el paso a la sociedad, y de ahí que echen mano a todo lo que esté a su alcance para satisfacer los requerimientos sociales estableciendo prioridades, maximizando recursos y cubriendo los espacios con la mayor amplitud y eficiencia posibles.

Me parece que uno de los intentos más sobresalientes del pasado reciente para poder resolver esta paradoja es el surgimiento y evolución de las Políticas Públicas, como un medio de articular el deber ser y el ser de lo público, como una forma de comunicarnos e interactuar mejor entre el Estado y la Sociedad, aunque en muchos casos –ha-menester señalarlo- no se sepa a ciencia cierta qué significa, cuáles son sus posibilidades y sus limitaciones. En la actualidad, el desarrollo de un país depende en gran medida de su capacidad estratégica y administrativa para planear, instrumentar y poner en operación políticas que ayuden al desarrollo integral de la sociedad y los diversos actores que participan en el Estado: ciudadanos, instituciones, organizaciones y autoridades; solo esta plena convivencia suministrará la estabilidad a sistema político, social y económico

Las Políticas Públicas son una especie de bisagra entre la Ciencia Política y la Administración Pública, una forma en la que el gobierno, es decir, el conjunto de órganos del poder público, construye y desarrolla sus decisiones a fin de articular a todas las escalas (local, estatal, federal, internacional, global) su proyecto político con sus acciones concretas, cuestión que tan poco se ha estudiado en nuestro país por quienes se han dedicado a una y otra ciencias, ocupados, los unos, en cuestiones históricas, filosóficas, teóricas o de coyuntura; y, los otros, perdidos en la doble trampa del legalismo que considera a la administración pública como derecho administrativo, y del burocratismo tecnócrata, que la considera una mera técnica.

Otra gran paradoja, entre las cosas de la cosa pública, es la del tema de la Cultura: de un lado, es axiológicamente considerada un valor fundamental de todo pueblo, esencia de los principios y fines colectivos, y por otro es generalmente poco valuada o hasta ignorada dentro de los textos constitucionales.

Hace ya algún tiempo Hugo Achugar afirmaba con base en Janusz Symonides que: “Los derechos culturales suelen calificarse de ‘categoría subdesarrollada’ de los derechos humanos.”[1], lo cual ha sido ratificado en la declaración de la “Conferencia Intergubernamental sobre políticas culturales para el desarrollo” promovida por la UNESCO y aprobada en Estocolmo, en 1998, al expresarse que La noción de derechos culturales tiene cada día más peso en la conciencia general de lo que son los derechos humanos, pero aún no ha alcanzado igual importancia en los programas políticos.

Por qué esta paradoja? Para intentar dar una respuesta, debemos resaltar un hecho que no es nuevo pero que sigue teniendo una gran vigencia: Por una parte, resulta más que evidente que la cultura, con todo lo que ella pueda significar, constituye el eje de nuestra identidad nacional. Si realizáramos una encuesta –ahora que están tan de moda- y le colocáramos esta sentencia a manera de pregunta de opinión, sin duda encontraríamos que gran cantidad de los encuestados estarían de acuerdo con ella. Sin embargo, seguramente muy pocos de los participantes en el muestreo podrían describir sus significados. Esto es, si bien es obvio que los derechos culturales son derechos a la cultura, no es obvio qué es lo que incluye exactamente el término Cultura, y esto ocurre a pesar de la existencia de gran cantidad de definiciones que pueden encontrarse en no pocos documentos nacionales e internacionales.

De lo anterior se desprende que la problemática de los llamados “derechos culturales”, en su condición de fuente de las políticas públicas culturales y basamento de la administración pública de los asuntos relacionados con la materia, proviene principalmente de un buen número de factores, entre los que podrían destacarse, aunque de manera solo enunciativa, tres:

  1. El que se les siga considerando en una posición secundaria o adjetiva respecto de los derechos humanos, razón por la cual, la UNESCO, a través de su “Plan de acción sobre Políticas para el desarrollo”, ha dispuesto con carácter de “necesidad urgente” la realización de un inventario de derechos culturales, cosa que no ha sucedido hasta la fecha.
  2. Su escasa si no es que nula contemplación en los programas políticos y de gobierno, dado que se sigue considerando a la cultura y, más aún, a los derechos culturales como un tema accesorio o decorativo.
  3. La tensión política e ideológica existente entre las diversas “realidades” o esferas de acción: local, estatal, federal, bilateral, latinoamericano, global, etcétera, así como el citado conflicto entre el universalismo de los derechos humanos y el “relativismo cultural”.

Por otra parte, pero en el mismo sentido, dentro del marco que nos proporciona el festín de la exaltación de la polaridad política que hemos venido padeciendo en este largo y fatigante proceso electoral federal 2006 en México, reflexionamos sobre una máxima expresada hace poco por Carlos Monsiváis, que por su obviedad casi cantinflesca salta a nuestra mente: “Para evitar que un país se polarice, hay que mantenerlo unido[2].

Para tal efecto y a fin de construir una agenda de trabajo articulada entre el Legislativo y el Ejecutivo Federal (y por supuesto sus correlativos locales) en materia de cultura, dada la natural condición, compleja y abstracta del término mismo, es de vital importancia traer a nuestra reflexión algunos conceptos primordiales:

Identidad Nacional

La cultura es un producto de la acción social, dinámico, de evolución espiral, y como tal, su concepción, alcances y expectativas evolucionan en el tiempo y en el espacio. En la actualidad, las condiciones del país y el mundo que vivimos nos exigen adquirir para lo cultural una visión que llamaría “euclidiana”, es decir, al mismo tiempo vertical, contemplando y armonizando todas las esferas de acción concéntricas donde producimos y consumimos cultura, esto es, a nivel local, estatal, regional, federal, bilateral, multilateral, regional y global; horizontal, por la necesidad de articularse con múltiples ámbitos del quehacer social, como la educación, el turismo, la ecología, el desarrollo económico y político, el Derecho, la administración; y transversal, manteniendo del pasado lo que consolida nuestro ser y actitud como mexicanos dentro y fuera de México, pero también desechando lo que ha sido superado e incluyendo elementos nuevos que lo enriquezcan, teniendo siempre al centro, en el núcleo, a nuestra sociedad.

Unidad en la Diversidad

Muchos mexicanos, quizá como producto de un postmodernismo tropicalizado de manera voluntaria o no, son dados a considerar como novedades cosas que cuentan con un pasado histórico remoto y profundo. El respeto a las diferencias y, al mismo tiempo, el reconocimiento de que éstas integran en su conjunto una realidad que llamamos México, es uno de los conceptos fundamentales del federalismo mexicano desde su construcción hace ya casi 200 años. Por lo visto en las exposiciones de motivos de diversos ordenamientos, así como en los programas y acciones en materia cultural de agendas legislativas, y proyectos y acciones del Ejecutivo anteriores y actuales, la Unidad en la Diversidad en materia cultural ha sido y sigue siendo un buen recurso retórico, pero que en los hechos aun no alcanza a definirse en sus principios, organización y finalidades. Ahí esta la muestra de más de un centenar de disposiciones jurídicas administrativas en materia cultural, y los proyectos políticos y de gobierno (cuando los hay) de los ejecutivos, concebidos y ejecutados de manera individual, pero que no han podido articularse de forma coherente y armónica hasta la fecha.

Política Cultural y Poder Legislativo.

Todo lo anterior nos proporciona material interesante para reflexionar sobre las Políticas Públicas en materia de Cultura que tendrán que observar el Legislativo y el Ejecutivo Federal en la construcción de su agenda de trabajo. Me explico:

Visión Tridimensional:

El Derecho, como producto la cultura, se somete a las mismas reglas de dinámica evolutiva de ésta y, al parecer, por fin ahora, a medio siglo de la concepción de la teoría tridimensional del Derecho de Miguel Reale, interpretada magistralmente por García Maynes, comienza a ser visto como una entidad formada al mismo tiempo por valores, expectativas sociales, y disposiciones creadas y aplicadas mediante un procedimiento formal.

A) Vector Axiológico

El “Plan de acción sobre Políticas para el desarrollo” de la UNESCO, (Estocolmo, Suecia, 1998) prevé como una necesidad urgente de los países firmantes, entre los que se encuentra México, realizar acciones para desarrollar e incluso inventariar los llamados “derechos culturales”, que son o deberían ser los ejes Sine Qua Non para la construcción del Derecho, las políticas públicas y las acciones en la materia, aunque desafortunadamente en nuestro país, como en muchos otros, esta tarea sigue pendiente. Pero desde una perspectiva metodológica elemental, para realizar este inventario de derechos debemos atender antes que nada los valores jurídicos que dichos derechos pretenden proclamar y proteger. Aquí cabe hacerse la pregunta: ¿Cuáles son los valores culturales, tradicionales y nuevos, que contribuirían a la construcción de dicho catálogo de derechos, que por supuesto deberá ser incluido en la Constitución Política Federal y desde luego en las respectivas de los Estados y con lo cual podríamos hacer que la cultura por fin deje de estar arrumbada en el patio trasero de la Educación y deje de ser una categoría subdesarrollada de los derechos humanos[3]?

B) Vector Social

Para conocer esta renovada escala de valores culturales es imprescindible realizar un trabajo de investigación multidisciplinario, serio y profundo, sobre cuáles son las concepciones, las preferencias de consumo, nichos de producción, expectativas etcétera, en materia cultural de los mexicanos del siglo XXI, diseñado desde esa visión que hemos denominado euclidiana, es decir, vertical horizontal y transversal. Hay esfuerzos en otros países de Latinoamérica y Europa, así como antecedentes en nuestro país, todos ellos dignos de consideración para la realización de esta tarea, que si bien ardua, no es imposible.

C) Vector Normativo Formal

Es en este rubro en que el Poder Legislativo tiene una grave responsabilidad como principal creador de normas de validez formal, puesto que las disposiciones en materia cultural no las deben hacer ni el Presidente ni los gobernadores, sino la sociedad civil de la mano con el legislativo, a fin de garantizar, más que su legalidad, sobre todo su legitimidad, continuidad y permanencia. Ya comentábamos líneas arriba que hay en el país más de un centenar de leyes y disposiciones relacionadas con la cultura y que no existe una articulación real entre ellas, que bien podría darse a través de una Ley Federal de Fomento a la Cultura, que defina jurisdicciones y competencias en los distintos ámbitos de gobierno. Asimismo, es urgente establecer en las disposiciones jurídicas federales y locales derechos y valores culturales de las comunidades, las regiones y las entidades federativas, a través de mecanismos eficientes de conocimiento de la realidad cultural en todas y cada una de las escalas. Para esto resultará de gran apoyo echar mano del tan olvidado Sistema Nacional de Planeación, previsto como derecho fundamental en los artículos 25 y 26 constitucional y de su marco regulatorio, encabezado por la Ley Federal de la Materia.

Política Cultural y Poder Ejecutivo.

Ante el inminente inicio de los trabajos para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, la reflexión sobre el valor y función de los derechos culturales, las políticas públicas que los definen, las acciones ejecutivas que operan y su vinculación entre sí para la realización de acciones concretas en la materia es fundamental para la construcción de un verdadero proyecto de nación renovado y coherente, capaz de poder ser convertido en disposiciones, políticas públicas y acciones de gobierno que concuerden con las necesidades y expectativas del México del siglo XXI.

La nueva administración federal tendrá a su cargo la responsabilidad de ordenar armónicamente la actividad de los organismos nacionales del sector que permitan el establecimiento formal o no de un Sistema Nacional de Cultura. En esa labor resulta imprescindible dotar de personalidad jurídica y patrimonio propio al CONACULTA, además de las atribuciones necesarias para fungir como coordinador del sistema.

Política Cultural y Poder Judicial.

En este ámbito, existe tradicionalmente una actitud legalista, o bien, formalista jurídica per se, en el estudio y solución de los casos concretos y, en general, en la impartición de justicia en los temas culturales, centrados básicamente en lo relacionado con el patrimonio cultural tangible.

Esto se debe principalmente a la falta de capacitación de los juzgadores y el personal judicial en todas las instancias. Por ello, se requiere de un programa serio de formación inicial y continua, a fin de que pueda lograr una visión informada, e integral, indispensable para poder evaluar casos concretos de los tópicos culturales que ya son recurrentes, nuevos y poco conocidos, como en el caso del patrimonio cultural intangible, y los usos y costumbres, dada la dinámica propia que sobre el particular se presenta en México y el mundo.

Política Cultural y Sociedad Civil.

La Reforma del Estado es ante todo reforma cultural. El sistema político es un sistema en sí y forma parte de la cultura social de una nación; por tal razón, cambiarla es tarea por demás difícil. Sin embargo, igualmente hay que subrayar que la solución, lejos de ser exógena, tiene sus raíces en el origen mismo del problema, es decir, en la relación Estado-Poder Público-Sociedad.

Un cambio de actitud para la creación de una cultura de la cultura no puede darse mágicamente, por decreto, ni es cuestión –como la experiencia nos lo ha hecho ver- de “endosar” la responsabilidad mediante el voto y luego “exigir” o esperar del cielo la respuesta. Tampoco es –parafraseando a Crozier- sólo “cuestión de máquinas”. El factor humano es fundamental.

No podemos predecir el futuro de las políticas culturales en México, pero lo que sí podemos hacer es construirlo. Ahora más que nunca está claro que la tarea de todos no se agota en el ejercicio del sufragio. Nos encontramos en un momento propicio para contribuir, todos, a la conformación de una política pública cultural echando mano de los recursos jurídicos, políticos y sociales con que contamos, a un lado del Legislativo y del Ejecutivo, ello como garantía –repito- de legitimidad, continuidad y permanencia de nuestro proyecto cultural como nación.

En este contexto, las organizaciones civiles y políticas tienen la importante misión de adoptar, frente a las instituciones del sector, una posición crítica pero al mismo tiempo propositiva que les permita su participación cercana y comprometida, en tanto que “ciudadanos-gobernantes”, en los asuntos culturales que les afectan a todos los niveles, desde los más cercanos y concretos a los más abstractos

Bajo esta óptica de perspectiva múltiple, y con los elementos que aporta seguramente  la Trilogía Estado-Poderes Públicos-Sociedad, se podrá conformar una agenda de trabajo para definir políticas, estrategias, programas y actividades que lleven a la cultura al lugar que se merece en la vida nacional.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

(*) Publicado en la revista “Derecho y Cultura” de la Academia Mexicana para el Derecho, la Educación y la Cultura, n° 16. nueva época, enero-abril 2007, México.

[1] Achugar, Hugo. “Derechos Culturales: una nueva frontera de las políticas públicas para la cultura?”. Publicado en Revista de Cultura “Pensar Iberoamérica”, núm 4. junio – septiembre, 2003. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

[2] (Sic) Discurso pronunciado en el evento de campaña del candidato a la presidencia por el PRD en el Polyforum Cultural Siqueiros, el 8 de junio de 2006, donde se reflexionó sobre los elementos a considerar para la elaboración de una agenda cultural en México.

[3] Citado por Achugar, Hugo en “Derechos Culturales: una nueva frontera de las políticas públicas para la cultura?”. Publicado en Revista de Cultura “Pensar Iberoamérica”, núm 4, junio – septiembre, 2003. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.

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BIBLIOGRAFíA:

AGUILAR VILLANUEVA, Luís, “La hechura de las políticas públicas”, Porrúa, México 1994.

BARADACH Eugene, “Los ocho pasos para el análisis de políticas publicas”, CIDE; México, 1998.

CASAS, María de la Luz. “Políticas públicas de comunicación en América del Norte”, Ed. Limusa/ITESM. México, 2006.

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, “Estudio sobre las políticas locales para la diversidad cultural”, Ayuntamiento de Barcelona, reporte del grupo de trabajo sobre Cultura, 28 de febrero de 2006. http://incp-ripc.org/announce/PDFs/GTC-CGLU-es-Circular3.pdf

CROZIER, Michel: “Estado moderno, Estado modesto: Estrategia para el cambio“, Fondo de Cultura Económica, México, 1989.

CROZIER, Michel: “Cómo reformar al Estado“, Fondo de Cultura Económica, México, 1992.

LAGOS, Ricardo y SAMPAIO Jorge. “Políticas Públicas y el Futuro Iberoamericano” (en la 15ª Cumbre Iberoamericana). Publicada en Diario El País Internacional, 14 de octubre de 2005.

MARTINELLI, José Maria, “Políticas públicas en el nuevo sexenio”, Plaza y Valdés editores, México, 2002

SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Arturo, “El proceso de diagnostico en la elaboración de políticas públicas”, en Perfiles Latinoamericanos, 1993.