El Día de los Inocentes y el Derecho

EL DÍA DE LOS INOCENTES Y EL DERECHO

Por José Ramón González Chávez

El 28 de diciembre se conmemora el día del año 2 de la Era Cristiana en que según el libro de Mateo de la biblia Herodes I El Grande mandó asesinar a todos los niños varones de menores de dos años que vivían en Belén, Judea, con el fin de eliminar a Jesús de Nazareth.

Algunos historiadores dicen que esa matanza no ocurrió en esa fecha, sino un par de días después de que se llevara a cabo la tan famosa Adoración de los Reyes a Jesús, que aunque no se sabe a ciencia cierta la fecha exacta, como pasa también con todas las fechas de la temporada por no estar en los evangelios bíblicos, tradicionalmente se festeja el 6 de enero.

Sea cierto o no, el asunto es que como sucede con muchas cosas serias e incluso poco agradables y hasta deplorables, en México y Latinoamérica ya saben que todo se agarra para broma, sarcasmo, etc. y es así que desde tiempos seculares es casi un deporte nacional que el 28 de diciembre todo el mundo diga mentiras o haga a quien se deje toda clase de bromas, desde las más ingenuas hasta pesadas o de mal gusto. Llega ese día y hasta nos despertamos con la idea de hacerle una broma o correrle una mentira al prójimo.

Si el tema no pasara de ahí, de lo privado, pues bueno, quedaría todo en el terreno de las relaciones personales; pero cuando una supuesta inocentada llega a rozar o traspasar los límites de la legalidad, es ahí donde ya se involucra el tema jurídico, pues hay veces que se llegan a cometer actos contrarios a derechos fundamentales como el derecho a la información o transgresores del derecho civil, entre otros, todos ellos quedando impunes debido –cuando no a la ignorancia o a la conciencia subdesarrollada- a una mala interpretación de la exigibilidad de la norma por el simple y sencillo pretexto de la fecha, perdiendo de vista que el contenido de valor de toda norma jurídica debe protegerse todos los días, a todas horas. Me explico en un par de ejemplos:

Simular públicamente una situación de peligro o catástrofe, ya sea de índole natural, económica, política o social, tal como lo hacen muchos medios de comunicación masiva en esta fecha, llegando a provocar confusión y hasta daños materiales y humanos, puede traer consecuencias importantes en países como España, donde este acto antijurídico se castiga hasta con un año de prisión y multa. Aquí en México este tipo de publicaciones son hasta festejadas, y es más, parece que existiera competencia entre los medios para ver quien publica la nota más ingeniosa y creíble, con total impunidad en términos no solo de la ley de la materia sino constitucionales, de acuerdo lo dispuesto por el artículo 6° de la Carta Magna.

En Internet, en donde ya parece normal la violación sistemática a derechos, obligaciones y disposiciones en materia civil, en otros países quien haga una publicación donde sea, que vulnere la fama pública, el honor, la intimidad o la propia imagen de una persona deberá pagarle una indemnización por daños y perjuicios más los gastos y costos judiciales. Aquí a todos esos actos también se les hace fiesta, así, como perritos moviendo la cola. Se vuelven virales sin importar el daño que se le hace a quien es víctima de sus ofensas; se compite para ser el más gracioso, ocurrente y/o difamante (si contiene todo eso junto mucho mejor) y no contentos con eso, hasta los replican, convirtiéndose jurídicamente en coautores de la infamia.

Todos estos actos antijurídicos quedan impunes, en términos no solo civiles, sino aun constitucionales, atendiendo al artículo 6° apartado A fracción II (protección de la vida privada y los datos personales) y apartado B fracción III (la radiodifusión es un servicio público de interés general que debe prestarse en condiciones de calidad, beneficio cultural, etc. preservando la veracidad de la información publicada); el artículo 16 párrafo doceavo (las comunicaciones personales son inviolables y su violación constituye delito) relacionado al 73 fracción XXI penúltimo párrafo (competencia de las autoridades federales en la materia para hacerlo aplicable) y al tan mentado y “novedoso” pero por desgracia tan poco respetado Principio Pro Persona uno de los principales garantes del principio universal de Dignidad Humana (artículo 1°, párrafo segundo, interpretación de las normas siempre favorable a la persona y la más amplia protección de sus derechos).

Ante todo esto hay quien erróneamente arguye el ejercicio de su libertad de expresión. Nada más falso, pues esta libertad no es un derecho absoluto, tiene límites, entre los que se encuentran la imagen, la fama pública, el honor, la intimidad de las personas a las que se involucra negativamente y en su perjuicio.

Hace poco en Madrid, 5 jóvenes vestidos de payasos irrumpieron en un cine provocando el horror colectivo mientras filmaban felices el evento para subirlo a YouTube. Provocaron la movilización de la fuerza pública; fueron detenidos. A ese ejemplo pueden sumarse otros en los que se disque informa de robos, se amenaza con hacer explotar bombas o sacando un arma falsa diciendo que se va a usar contra la gente, ataques terroristas, suicidios, accidentes, que han llegado a provocar daños en la salud física y psicológica de quienes las ven o leen, además de que pueden incitar a que los afectados lesionen o vulneren derechos al bromista, provocando también consecuencias legales en su contra. Esto sin mencionar el tema de que los sujetos activos o pasivos sean menores de edad, donde entrarían otros principios y normas jurídicos cuyo tratamiento excede los alcances de esta columna.

¿Se puede hacer cualquier cosa con el pretexto de que “pues es que es día de los inocentes”? Donde está el límite? Hasta dónde una broma o mentira deja de ser eso para convertirse en un acto antijurídico, constitucional, civil, penal o de otra índole? Como dice Luigi Ferrajoli, el Sentido Común en Derecho siempre será el principio a considerar, aunque como ya sabemos por desgracia, tal como afirmó Plastócrates de Efeso “es el menos común de los sentidos”.

Recordemos que exactamente lo mismo pasaba con los baños y el despilfarro de agua el Sábado de Gloria, otro día de conmemoración religiosa, que todo el mundo festejaba con el pretexto del “es que hoy pos si se vale” hasta que tuvo que ser regulado por el derecho administrativo y el penal y que también trae a colación el lamentable y troglodita asunto de la producción venta y uso de explosivos (unos light y otros no tan light) denominados coloquialmente “cuetes” (cohetes para los amantes del buen decir), que siguen usándose sin control, ni regulación, ni sanción jurídica porque “pues es que es para las fiestas religiosas”; “es que es pa’ la pachanga”, aunque contaminen el aire, con el ruido, la basura, provoquen incendios forestales, lesiones, mutilaciones y hasta muertes, como las que lamentablemente sucedieron hace unos días, tema que da para una columna en exclusiva.

12 de julio: Día del Abogado

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ENTRE ABOGADOS TE VEAS: 12 DE JULIO, DÍA DEL ABOGADO

Por José Ramón González Chávez

Reconocidos por unos, insultados por otros, pero necesarios para todos, los abogados de México festejarán el próximo domingo 12 de Julio festejarán, tal como lo han hecho desde hace 55 su día.

El término de Abogado proviene del latín advocatus, “llamado en auxilio”, lo que hace referencia a aquellos que se dedican a defender en juicio por escrito o de palabra, los intereses o causas litigiosas, pudiendo representar a particulares, empresas o gobiernos en asuntos jurídicos ante los tribunales competentes.

La historia de esta celebración data de 1960, cuando por petición del periódico el Diario de México de la capital del país, el Presidente de la República, el Lic. Adolfo López Mateos, decretó la celebración oficial de esta fecha. Federico Bracamontes, fundador de Grupo Diario de México, tomó el 12 de julio para festejar a los abogados a partir de dos sucesos de relevante trascendencia para el Derecho en América ya que, por un lado, fue precisamente el 12 de julio de 1533 cuando se estableció en la Nueva España –y más bien, en todo el continente americano- la primera cátedra para la enseñanza del Derecho y además se dictaron las primeras Ordenanzas de Buen Gobierno.

Todo empezó cuando Carlos V de España y I de Alemania ordenara por cédula expedida el 21 de septiembre de 1551 el establecimiento de un estudio de universidad de las ciencias, inaugurándose al poco tiempo –para ser exactos, el 25 de enero de 1553- la Real y Pontificia Universidad de México, con las facultades de Cánones y de Leyes, dando con ello inicio a la historia de la educación superior en nuestro país.

Durante el Virreinato hubo una división entre jurisconsultos y abogados. Los primeros estudiaban y desahogaban consultas en su biblioteca y los segundos asistían a los tribunales. La Facultad de Leyes de la Real y Pontificia Universidad de México contaba con cinco cursos anuales de Prima y Vísperas de Derecho y dos cursos más de Jurisprudencia Civil. Así fue que el 12 de julio de 1553, Bartolomé de Frías y Albornoz leyó ante testigos una ponencia sobre Prima de Leyes.

Los abogados virreinales llevaban una vestimenta específica que los distinguía: traje negro con calzón corto, chinelas o zapatos sin talón con hebilla de oro o plata según la alcurnia y la posición económica, con una toga. Después de la Independencia se quitó la solemnidad de la toga para los abogados.

Cabe mencionar que la facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México conmemora también el 3 de junio, pues en esa fecha del mismo año de 1533 inauguraron los cursos en la Real y Pontificia Universidad de México y se pronunció la primera lección jurídica en América por parte de don Pedro Morones.

El Día del Abogado se celebra todos los años a manera de recordatorio de los deberes que todos los mexicanos, tenemos de cumplir y hacer cumplir la Ley y hacer que se haga justicia, pero con un compromiso aun mayor para los abogados.

El primer festejo nacional se llevó a cabo en la ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, el 12 de julio de 1960, asistió en representación del Presidente Adolfo López Mateos –abogado- el entonces Procurador General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, Fernando Román Lugo, declarando formalmente instituido el Día del Abogado.

Para el festejo de 1961, el presidente López Mateos recibió de manos de Federico Bracamontes, fundador de Grupo Diario de México, el galardón “La Cruz de Honor a la Dignidad Profesional”, otorgada por el Comité Fundador del Día del Abogado, en reconocimiento a su carrera en las leyes y la instauración de este festejo.

A partir de esta celebración, los mandatarios Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo, fueron recurrentes invitados de honor a este festejo; mientras que los ejecutivos Miguel de la Madrid Hurtado, Carlos Salinas de Gortari (economista), Ernesto Zedillo Ponce de León (economista), Vicente Fox Quesada (ciudadano), Felipe Calderón –abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho– y Enrique Peña Nieto (abogado de la Universidad Panamericana) han asistido a la festividad.

Los Abogados y la Estadística

Según datos del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI) extraídos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del primer trimestre de 2014, el número de abogados en México, suma un poco más de 321 mil personas, de las cuales  58% son hombres y 42% son mujeres (La primera mujer abogada en el país fue María Asunción Sandoval en 1891).

La edad promedio de los abogados mexicanos es de 37.4 años; en los hombres es de 39.2 mientras que en las mujeres es de 34.9 años. La mayoría tienen de 25 a 34 años. Su promedio de escolaridad es de 16.7 años, lo que equivale a cinco años de licenciatura e incluso hasta un año de posgrado.

En el contexto de la al parecer inminente implantación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, vale la pena mencionar que apenas 3.3% de los abogados mexicanos habla alguna lengua indígena además del español.

Uno de cada doscientos abogados presenta en alguna discapacidad, pero casi en su totalidad se refiere a la dificultad para ver, aun usando lentes.

En el terreno económico, la proporción de abogados respecto del total de ocupados a nivel nacional es de 0.7 por ciento. En el Distrito Federal alcanza el porcentaje más alto, con 1.7%, en tanto que Tlaxcala tiene el porcentaje más bajo con 0.2 por ciento.

36 de cada 100 personas que estudiaron Derecho, están ocupados y son remunerados, se dedican a actividades diferentes a su profesión y otro 48% -casi la mitad- son investigadores, especialistas y docentes, lo que significa que solo el 16% se dedica a actividades litigiosas, como litigantes, ministerios públicos y juzgadores u otras como notarios y legisladores.

Los abogados en México ganan en promedio por hora trabajada alrededor de 73 pesos y trabajan 8 horas. La cantidad es mayor si se trabaja por cuenta propia (83 pesos) o como empleadores (entre 75 y 86 pesos por hora, dependiendo el sexo) y menor cuando son empleados, manteniendo también las mujeres una posición de desigualdad en este rubro.

Sólo seis de cada 100 abogados ejercen un puesto de mando como director, gerente, coordinador, jefe de área o juez calificador en los servicios de salud, enseñanza y sociales. Otro 10% tienen puestos técnicos en oficinas.

Un 59 por ciento son trabajadores subordinados y remunerados, 33 por ciento trabaja por su cuenta, siete son empleadores y uno por ciento es trabajador no remunerado.

De los abogados subordinados, remunerados o asalariados, 43% gana de 3 a 5 salarios mínimos, 31% más de cinco y 19 entre dos y tres, además de que 56% carece de prestaciones a instituciones de salud.

El sector terciario (servicios) es donde más se emplean los abogados mexicanos (97 por ciento del total), principalmente en los que van desde comercio, restaurante, hoteles, transporte y correo hasta servicio financieros, corporativos, sociales y de gobierno u organismos internacionales. Sólo el 3% restante se desenvuelve en industrias como la minería, las manufacturas, la construcción y la electricidad.

Los abogados se distribuyen por toda la geografía nacional, aunque 99% se ubica en zonas urbanas, concentrándose principalmente en cinco entidades federativas (Distrito Federal, Jalisco, México, Puebla y Veracruz), en las que reside 58.3% de la población.

En algunas entidades federativas el número de mujeres abogadas es mayor que el de sus colegas hombres, como Guanajuato (63%), Tabasco (59%), Michoacán (54%) y el Distrito Federal (50.4%).

En el otro extremo, hay otras entidades que tienen bajos porcentajes de abogadas respecto a la media nacional, como Hidalgo y Querétaro (20%) y Nuevo León (25%), pero cabe destacar que Guerrero es el estado que tiene el menor porcentaje de mujeres abogadas, pues solo 16 de cada 100 profesionales del Derecho son del sexo femenino.