Constitución, Democracia y Tolerancia en el México actual

CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y TOLERANCIA EN EL MEXICO ACTUAL

Por José Ramón González Chávez

El avance de la ciencia en general y particularmente de las ciencias sociales, ha puesto en evidencia que no existen verdades únicas, ni absolutas; que nadie puede tener patente sobre la concepción de la realidad, al contrario, hay más que nunca presenciamos que lo que podemos llamar Verdad, solo es posible construirla a partir de la suma de todas las verdades posibles, siempre que nos sujetemos todos a las mismas reglas y procedimientos.

Esto en la práctica política y social aplica totalmente. Como sabemos, el disenso es un presupuesto de la democracia; si todos pensáramos igual, no la necesitaríamos, de ahí que la tolerancia sea uno de los valores democráticos y de ética social fundamentales y uno de los pilares que sostienen todo Estado Constitucional.

Sin embargo, cuando hablamos de tolerancia no debemos hacerlo en el sentido de tener que “sobrellevar, aguantar o sufrir al otro”, con lo que nos pondríamos cerca de una especie de sacrificio al estilo religioso, sino más bien entenderla como una actitud que nos permita reconocer y aceptar al otro, escucharlo para comprenderlo, contrastar sus ideas con las nuestras a fin de diluir las diferencias y encontrar puntos de acuerdo en lo fundamental respecto a lo que nos concierne a todos y así estar en posibilidad de construir un proyecto colectivo factible.

De ahí que la tolerancia sea un presupuesto de todo régimen democrático que ofrece exponer en un marco de civilidad, diversidad de opiniones, preferencias, visiones y proyectos sujetos a ser confrontados mediante el diálogo, a fin de diluir las controversias y encontrar puntos de acuerdo en lo fundamental. Al final de cuentas eso significa la palabra política, la verdadera política: lo que atañe a la polis, lo que nos incumbe a todos los ciudadanos, aquello en lo que podemos estar de acuerdo haciendo a un lado los matices propios de nuestras diferencias personales o de grupo.

Es en este contexto que hay que considerar, las manifestaciones que miles de ciudadanos, desde sus autos, se llevaron a cabo el sábado y domingo pasados (30 y 31 de mayo del 2020) en 77 ciudades del país de 21 entidades federativas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos bajo las siguientes premisas:

1. La Libertad de expresión y por consecuencia el Derecho a la libre manifestación de las ideas, son derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 6° párrafo segundo, apartado B), fracciones IV y V) , y como tales son de carácter universal, inalienables, independientes de la política o la economía; más aún, son prerrogativas ciudadanas, es decir, una combinación de derecho ciudadano y obligación de índole ética política.

2. De ahí que el poder público, sus ramas y órganos en los distintos órdenes de gobierno, tal como consagra también nuestra Carta Magna (art. 1°), tiene la obligación de respetarlos, promoverlos, defenderlos y ante todo, garantizarlos. En tal sentido denostar, discriminar, minimizar mediáticamente y sobre todo no escuchar sus planteamientos y estrategias sería característico de regímenes autoritarios y fundamentalistas, impropio de estados constitucionales como el nuestro.

3. A lo largo de la historia del mundo occidental, al menos desde la época de la ilustración a nuestros días –los ejemplos sobran en el mundo y en México-, los primeros en protestar por las condiciones políticas, económicas y sociales han sido los pequeños propietarios, los comerciantes, los intelectuales. A ese sector de la ciudadanía Marx y Lennin le llamaron “la vanguardia revolucionaria”, de hecho Marx y Engels estaban en ese sector de la población.

4. Denostar o pretender minimizar de forma intolerante las manifestaciones del fin de semana pasado con el falso argumento de que se trató de “puro fifi dueños de coches de lujo” refleja en quienes así se han expresado un padecimiento de ceguera política, pues A) suponiendo que así hubiese sido –que no lo fue, hay una buena cantidad de fotos y videos que así lo muestran- en cualquier sociedad que se jacte de ser democrática todos los ciudadanos tienen iguales derechos, obligaciones y prerrogativas y en ese sentido gozan del pleno derecho de manifestar sus ideas preferencias y planteamientos, a lo que B) quienes no estuvieren de acuerdo tienen primero la obligación de escuchar y comprender con tolerancia sus argumentos, y luego el derecho de replicar, debatir y argumentar exponiendo su versión, pero nunca de anular esa posibilidad al otro, o considerarlo como adversario, o peor aún, como enemigo, lo cual sería a todas luces antidemocrático.

5. Considerar a quienes marcharon y sobre todo a quienes ellos representan como una minoría insignificante, es otra aflicción de oftalmología política, pues bajo el supuesto expresado por los detractores de las “manifestaciones sobre ruedas” de hace unos días, hay que recordar que no hay trabajadores ni obreros sin empresas. Lo que se denomina la micro, pequeña y mediana industria representa el 90% de los empleos formales a nivel nacional y el 85% del total de quienes pagan impuestos, de donde se financian entre otras cosas, los distintos proyectos y programas gubernamentales.

6. Estas manifestaciones se realizaron en 77 ciudades de las más grandes del país, lo cual, a diferencia también de lo que han opinado sus detractores, está lejos de ser un “asunto menor” por lo que ni siquiera vale la pena ocuparse de ello. Eso tiene sin duda muchas lecturas y una de ellas habla de la capacidad de convocatoria y organización de ese grupo, lo que debería verse con mayor acuciosidad, dado que como lo afirmó dicho grupo por distintas fuentes, es solo el primero de una serie de actos que se llevarán a cabo de aquí en adelante.

7. Otros detractores más han expresado que esa no es la vía, ni el modo, y que para eso están las elecciones. En este caso, ellos también sufren del mal de amnesia política y social, pues han olvidado que este es uno de los medios más fuertes que empleó durante más de 18 años de campaña el ahora presidente y su grupo para llegar al gobierno. Imposible sería imaginarse que la única opción de su estrategia política para lograr el triunfo en las urnas hubiera sido dedicarse en exclusiva a participar en los procesos electorales.

Se esté de acuerdo o no con los principios y fines de quienes se manifiestan, todos los ciudadanos en un espíritu democrático volteriano tenemos la obligación de respetar y defender el derecho que tienen a hacerlo, y para el gobierno en turno la responsabilidad de escuchar para comprender e integrar.

La unidad, no la división, es la fórmula para superar nuestras debilidades y desafíos, económicos, políticos y sociales. Sumando, se multiplica y se avanza; restando, se divide y se retrocede.

Luigi Ferrajoli: Algunos de sus postulados fundamentales

LUIGI Ferrajoli

Algunos de sus postulados fundamentales

Por Jose Ramon Gonzalez

SOBRE GARANTISMO

1.-Papel del Garantismo en el paradigma del Estado constitucional.

  • El Garantismo es introducido en el léxico jurídico en Italia en los 70’s dentro del ámbito del derecho penal, Sin embargo, su aplicación puede extenderse a todo sistema de garantías de los derechos fundamentales. 
  • El Garantismo es sinónimo de Estado Constitucional de Derecho. 
  • En un sistema jurídico concebido como Estado de Derecho en sentido fuerte, la ley no es solo condicionante sino que también está condicionada por el respeto a los derechos fundamentales. 
  • En el paradigma constitucional las leyes están subordinadas no solo a normas formales sobre su producción, sino también a normas sustanciales, esto es, a derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La existencia de las normas depende del apego al procedimiento formal para su producción, mientras que la validez la da el respeto y la coherencia con los principios constitucionales. 
  • En el Estado Constitucional de Derecho se incorpora no solo el ser, sino el deber ser del Derecho. bajo este postulado puede caber la posibilidad de que se dé un derecho formalmente válido pero ilegítimo. 
  • La omnipotencia del Legislativo, de la política, del legislador es hoy inaceptable. El Estado Garantista o Constitucional de Derecho es un Estado de Derecho perfeccionado en el que no existe poder que no esté sujeto a la Ley.

2.- Interpetación del garantismo a la luz de la teoría política clásica.

  • Esto se puede interpretar como más Locke y menos Rousseau. La primacía Rousseauniana de la voluntad general como expresión de la voluntad popular es una dimensión política formal de la democracia, esencial, pero en la democracia constitucional ya no exclusiva. En este nuevo paradigma no siempre lo que decide la mayoría por ese sólo hecho adquiere validez. Ninguna mayoría, ni aún por unanimidad se puede suprimir o limitar los derechos fundamentales (dimensión sustancial). Una cosa es quién decide y cómo; otra es qué es lícito decidir y que no. 
  • Pero a diferencia de Locke no se trata aquí solo de derechos negativos como el de libertad o el de propiedad, por cierto, de naturaleza muy distinta unos de otros. En el constitucionalismo moderno, junto con los derechos de libertad también existen derechos a prestaciones positivas, derechos sociales a la educación, a la salud, a la subsistencia, al trabajo, es decir, derechos que involucran una expectativa al comportamiento ajeno y a los que deben corresponder obligaciones o deberes públicos de hacer.

3.- Papel de la Jurisdicción en la protección de los derechos.

  • Cuanto más se desarrolla un sistema de límites y vínculos a los poderes públicos, más aumenta el papel de la jurisdicción como órgano de control de la elaboración del derecho. 
  • Desde el punto de vista de la jurisdicción constitucional, el juez tiene a su cargo el control de la legalidad producida por los poderes públicos. Pero desde el punto de vista garantista la jurisdicción está fuertemente limitada. Su legitimidad no tiene una base democrática como en la rama ejecutiva o legislativa, sino en el apego a la Ley y en un sentido más amplio por la verdad de sus decisiones. 
  • Una sentencia es fundada, no solo válida sino también legítima o justa si su  motivación es verdadera. El consenso de la mayoría no hace que lo verdadero sea falso o viceversa. La verdad jurídica depende de la existencia de garantías y del apego a la legalidad. 
  • El sistema de garantías puede reducir el espacio de discrecionalidad judicial, pero no eliminarlo. Persiste siempre en varias partes del proceso pero lo importante es que existan esas acotaciones pues esto facilita la definición de la verdad.

4.- Garantismo ante la corrupción de los poderes públicos y privados.

  • El garantismo es un paradigma de carácter general que procura un sistema de límites y vínculos respecto de los poderes. 
  • La corrupción de los poderes públicos supone una ruptura del paradigma del Estado de Derecho y la lesión del sistema democrático y sus principios de publicidad, transparencia, responsabilidad, visibilidad. 
  • La concepción demócrata liberal de que el garantismo es solo equivalente a la imposición de límites a la actuación del juez dejando fuera de su alcance a los poderes económico (libertad igual a poder ilimitado del mercado) y político (libertad igual a poder ilimitado de la mayoría) es neo-absolutista. 
  • En este sentido, el Estado de Derecho consiste en la sujeción de los poderes a la Ley y la jurisdicción en el medio de control de la ilegalidad de los actos de estos.

5.- Constitucionalismo Global y ciudadanía.

  • La Carta de la ONU es una embrionaria Constitución global; también la declaración universal de los derechos humanos de 1948. son cartas que han cambiado la naturaleza del derecho internacional, subordinando también los Estados a la Ley. El Estado de Derecho puso límites a la soberanía interna, sujetando a todos los poderes a la Ley. La Carta de la ONU puso límites ala soberanía externa cambiando la naturaleza de las relaciones internacionales, han pasado de ser un código fáctico a un ordenamiento jurídico, ya no solo a nivel diplomático sino también jurídico, eliminando derechos como el de guerra, y limitados por la existencia de normas como los derechos fundamentales que ya no solo se protegen dentro de los Estados sino también frente a ellos, con fundamento en la Carta aunque todavía carente de coercitividad objetiva, básicamente por la carencia de jurisdicción internacional penal que pueda convertir las disposiciones normativas en justiciables. 
  • No obstante, existe una gran ilegitimidad jurídica, antes que política o moral, en el sistema de relaciones internacionales, posee la gran laguna de la ausencia de garantismo que la cultura jurídica debe denunciar y la política llenar. 
  • En ese sentido, el horizonte del constitucionalismo global aparece aun muy lejano, aunque utópico, es decir, se mantiene como punto de referencia, igual que como lo ha sido por tanto tiempo el paradigma democrático. 
  • La ciudadanía nace como una característica propia del concepto de soberanía, basada en la igualdad, como fundamento de los derechos civiles y de la inclusión en el ámbito interno. Pero en el contexto internacional, es un requisito premoderno, el último elemento que distingue a las personas por un accidente de nacimiento y esta situación deberá ir cambiando con el tiempo (ahí está el caso de la ciudadanía múltiple europea).

El Derecho y la Justicia en el Teatro de Víctor Hugo Rascón Banda

Conoci a Victor Hugo Rascon, abogado y dramaturgo (genial combinación!), durante mi estancia laboral en Oaxaca. Hombre de una sensibilidad, creatividad e intuicion admirables. Justo reconocimiento a su aportacion al arte y el conocimiento nacional. En horabuena.

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EL DERECHOY LA JUSTICIA EN EL TEATRO DE VICTOR HUGO RASCON BANDA

Desde épocas remotas los dramaturgos han llevado a los escenarios teatrales obras sobre sucesos que impactan a la sociedad, sobresaliendo los referentes a delitos, cuyo campo normativo corresponde al derecho penal. Este libro es novedoso e interesante porque está dedicado a la revisión de la biografía y dramaturgia de un autor mexicano contemporáneo con formación de jurista y literato. Víctor Hugo Rascón Banda (Uruáchic, Chihuahua, 1948-México, D.F., 2008) creó un amplio y sólido corpus dramático cuyos principales temas fueron los problemas actuales de la sociedad mexicana: la discriminación hacia las mujeres y los indígenas, la violación de los derechos humanos de los chicanos en Estados Unidos de Norteamérica y, en un lugar preponderante las conductas delictivas que laceran a México (corrupción de servidores públicos, feminicidios, narcotráfico, violencia intrafamiliar, robo, homicidio, secuestro).

Para los investigadores de la Sociología del Derecho y las Ciencias Penales esta obra puede revestir gran interés en virtud de que la dramaturgia de Rascón Banda fue vanguardista y premonitoria, pues en tiempos de gran conservadurismo se atrevió a abordar temas tabú como el de la homosexualidad, cuya represión o disimulo era el detonante de delitos como los que se describen en las obras La daga y La navaja (estrenadas en 1982). En la obra Contrabando (estrenada en 1991), Rascón retrató un conjunto de fenómenos sociales, producidos por el narcotráfico, que en ese tiempo eran nuevos y extraordinarios, mismos que con el transcurso de los años se han vuelto cotidianos y comunes.

En el primer capítulo del libro se expone una amplia biografía del escritor chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda, quien tuvo formación de literato, director y creador teatral (en el CADAC de la Ciudad de México) y además estudió la carrera de Derecho en la UNAM, carrera que ejerció en el sector bancario y el CONACYT hasta llegar a convertirse en presidente de la Sociedad General de Escritores de México (1998-2008). En dicho cargo impulsó importantes reformas a las leyes y reglamentos de cinematografía, derecho de autor y otras áreas de la cultura. En el ámbito de la creación teatral escribió más de 50 obras, además de una novela titulada Contrabando (publicada como obra póstuma) y un conjunto de cuentos publicados bajo el título de Volver a Santa Rosa. En su amplia carrera obtuvo varios premios, sus obras han sido representadas en varias naciones de Latinoamérica y Europa, así como en Estados Unidos de Norteamérica. La dramaturgia de Rascón Banda fue dirigida por importantes personajes de la escena nacional como Luis de Tavira, Ignacio Retes, Marta Luna y José Caballero. A su fallecimiento Rascón Banda pertenecía a la Academia Mexicana de la Lengua, sitio que ocupó gracias a la propuesta de los literatos Alí Chumacero y Carlos Montemayor, y del jurista Diego Valadés.

El segundo capítulo del libro está destinado a la exposición y análisis de las obras de Rascón sobre temas delincuenciales: Playa Azul, Por los caminos del Sur, Armas blancas, Homicidio calificado, Hotel Juárez, Contrabando, Fugitivos, Guerrero negro, La fiera del Ajusco y Manos arriba. En este capítulo también se estudia la trascendencia de la relación entre la literatura y el derecho, y se proporcionan nociones básicas sobre teoría literaria para ubicar la diferencia entre dramaturgia y narrativa.

En el último capítulo del libro se ofrece una visión panorámica de la narrativa del dramaturgo chihuahuense, la cual quedó plasmada en artículos periodísticos, principalmente publicados en las revistas Proceso, Paso de Gato y en la Revista de la Universidad de México. También se aborda la narrativa de Rascón en libros colectivos, como el texto que escribió en Homenaje a Andrés Henestrosa y La ciudad en el teatro. En los artículos periodísticos Rascón dejó un registro útil para construir la historia del teatro mexicano de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.

La ficha técnica del libro es: Berrueco García, Adriana, “El derecho y la justicia en el teatro de Víctor Hugo Rascón Banda”, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011.

(Se puede descargar en el sitio web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)

CORREO ELECTRÓNICO DE LA AUTORA: adriana_berrueco@yahoo.com.mx

TELÉFONO UNAM: 56-22-74-74 EXTS. 1200 Y 1218.

AUTORA: ADRIANA BERRUECO GARCIA

Categorías Sospechosas y Ajustes Razonables

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Por José Ramón González Chávez

La Corte Suprema de Estados Unidos de América y la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) denominan “Categoría Sospechosa” al criterio de interpretación y aplicación del Derecho (normas, principios y prácticas jurídicas) que tiene como fin conseguir la realización del principio fundamental de igualdad de todos ante la Ley ante cuando existan situaciones en la que esta pueda verse amenazada[1].

El origen del concepto “Categoría Sospechosa” se encuentra subsumido en la doctrina del Escrutinio Estricto, elaborado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica para determinar si una regulación afectaba o no la igualdad ante la ley[2]. El primer caso que da cuenta de esta doctrina se encuentra en el fallo “United States vs. Carolene Products Co”, en el que la recurrente postulaba contra de las regulaciones económicas impuestas en el contexto del “New Deal” y que se referían al comercio interestatal de la leche. En el fallo se señaló que:

“… no es necesario considerar ahora si la legislación que restringe los procesos políticos que ordinariamente se pueden esperar para llevar a la derogación de la legislación indeseada estará sujeta a un más elevado escrutinio judicial bajo las prohibiciones generales de la enmienda catorce que otros tipos de la mayoría de legislación”

El principio de Escrutinio Estricto se percibe con claridad en el caso “Bolling vs. Sharpe” en el que se reclamaba contra la segregación en los colegios públicos del distrito escolar de Columbia, que afectaba los derechos de los niños de color que se encontraban asegurados en la quinta enmienda de la carta fundamental. La Corte Suprema acogió la demanda, y en cuanto al tema de la segregación, declaró que:

“…clasificaciones basadas sólo en la raza deben ser escrutadas con un cuidado particular (el subrayado es mío) porque son contrarias a nuestras tradiciones y por lo tanto constitucionalmente sospechosas”.

Si bien el concepto “Categoría Sospechosa” ha sido utilizada por décadas en la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de aparición relativamente reciente y en muchos casos se ve confrontada a la aplicación de los principios de Control de Constitucionalidad e Interpretación Conforme, tal como lo muestra el paradigmático caso para el tema que nos ocupa denominado Atala, Riffo y niñas vs. Chile[3].

En México, la Categoría Sospechosa se entiende como todo aquel rasgo prohibido que menoscaba o amenaza la dignidad humana por medio de un trato diferenciado, que produce desventaja hacia determinados grupos estereotipados sin que exista una razón que la justifique[4].

En nuestro orden Constitucional, de manera meramente enunciativa, la vinculación del principio de igualdad con otros derechos podemos constatarla desde el inicio mismo de la redacción del primer artículo de la Carta Magna:

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. (…)

Lo mismo sucede en el caso de las resoluciones jurisdiccionales, en las que sistemáticamente el principio de igualdad se encuentra presente y relacionado con muy diversas situaciones de hecho y de Derecho derivadas de conductas de particulares o de autoridades y órganos del poder público del Estado, por ejemplo, cuando el legislador puede cometer un error en la determinación del supuesto abstracto (desigualdad formal) o cuando el juzgador omite este criterio al aplicar la norma al caso concreto o bien, en sentido negativo, cuando no aplica un trato diferenciado cuando lo sujetos se encuentran en condiciones de desigualdad (desigualdad sustantiva)[5].

El nuevo modelo constitucional garantista y los principios que lo sustentan, como la supremacía de los derechos fundamentales, el principio pro persona, el interés superior del menor, el control de convencionalidad, la interpretación conforme, la integración al sistema de los instrumentos jurídicos y decisiones jurisdiccionales de carácter internacional, solo por mencionar algunos. requieren de una aplicación más sistemática de este criterio para hacerlo realizable, lo más justo y lo menos dependiente posible de las apreciaciones subjetivas por parte de los distintos operadores jurídicos. Eso es a lo que podemos llamar “ajuste razonable” esto es, el control de los parámetros usados por el tomador de decisiones jurídicas para dar justicia conforme al principio jurídico universal de igualdad en el marco del nuevo modelo constitucional, cuando esta se violenta o se corre el riesgo de que sea transgredida.

Es importante mencionar que la igualdad tiene una naturaleza transversal respecto de otros derechos fundamentales; por ello, de forma directa o indirecta, siempre se encuentra vinculada a estos. Lo amplio del tema por sí solo da para hacer toda una tesis sobre la presencia del principio de igualdad solamente el ámbito constitucional.

El derecho a la igualdad también se relaciona estrechamente con una de sus garantías más importantes: la equidad. En tal sentido, como lo señalan los fallos de la corte Suprema de Argentina números 124:122; 126:280; 127:118; 151:359; 157:28; y 184:592[6]:

“… la garantía de igualdad no impide que se contemplen en forma distinta, situaciones que se consideran diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria, ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo…”

Afirmación que es coincidente con el apotegma que postula:

“Justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”,

lo que nos lleva a ligar este principio con el de razonabilidad, sin duda igualmente determinante en la realización del nuevo modelo constitucional, pues en todo caso el legislador, o el juzgador o en general todo tomador de decisiones jurídicas debe hallar un límite a cierto tipo de argumentaciones que, sobre la base de que las personas desiguales en alguna característica, intentan, por esa sola razón, justificar diferencias de trato entre ellas[7] y cuándo una restricción a un derecho resulta compatible con la Ley Fundamental, en ambos casos por razones de muy variada índole, tales como las siguientes:

  1. Sexo: Recurso frecuentemente utilizado para argumentar desigualdad por ser de sexo o preferencia sexual diferente.
  2. Religión: se arguyen prácticas religiosas que se confrontan con normas jurídicas, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová y los símbolos nacionales, el servicio militar obligatorio, la transfusión sanguínea en caso de emergencia, etc.
  3. Edad: Empleado en muchos casos para pretender justificar el ejercicio o cese de una actividad profesional o la limitación a ciertos derechos individuales o colectivos por el simple hecho de tener cierta edad.
  4. Origen étnico: Cuando por razones jurídicas, políticas, sociales y hasta culturales, a veces de carácter histórico, se hace nugatorio el ejercicio de derechos fundamentales, o se exigen otros de los cuales los demás que no pertenecen a ese grupo, no gozan.
  5. Discapacidad: Caso en el que similar al anterior se discrimina y se niega o impide el goce de derechos fundamentales por ese solo hecho.
  6. Pertenencia Gremial: Usado generalmente para rechazar, de un lado, o pretender y gozar en exclusiva de ciertas canonjías, del otro, por el hecho de pertenecer a una organización, sindicato, asociación, etc.
  7. Condición socioeconómica: se presenta generalmente en condiciones de facto o de iure pueden darse exclusiones del ejercicio de ciertos derechos o goce de otros en exclusiva, por tal causa.

Todos estos aspectos nos hacen reflexionar sobre la naturaleza tan delicada y sensible de la determinación de las Categorías Sospechosas y sobre todo, de los Ajustes Razonables que todo operador jurídico debe hacer en la comprensión, interpretación, argumentación y resolución del caso concreto cuando la igualdad está o puede estar en juego.

Es justamente en la aplicación práctica de la norma constitucional al caso concreto que se presenta con la mayor claridad la disyuntiva en cuanto al momento, forma y términos de aplicación del Ajuste Razonable para hacer efectivo el principio fundamental de igualdad, pues no siempre resulta más o menos evidente, como en el caso de los grupos vulnerables y a veces las fronteras de aplicación son muy frágiles y de tratamiento no solo jurídico, sino también político, social e incluso cultural, como en el caso de los extranjeros respecto de los nacionales, la migración, la discriminación, entre muchos otros. De ahí que se requiera de parámetros ciertos y concretos para poder hacer una interpretación y aplicación jurídica eficaz.

Así pues, si bien el concepto de Categoría Sospechosa permite avanzar formalmente en la defensa y protección del derecho fundamental a la igualdad, es necesario que esta se complemente desde el punto de vista material poniendo énfasis en que el Estado adopte medidas tendentes a remover los obstáculos que impidan de facto su pleno goce y disfrute y que los operadores jurídicos haga uso cuidadoso del Ajuste Razonable en su argumentación y la consecuente resolución del caso.

 

 

BIBLIOGRAFIA:

 

[1] Treacy, Op cit. p. 181 y ss.

[2] Íñiguez Manso, Op. Cit.

[3] Se puede consultar la resolución de la CIDH sobre este caso en la página http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf

[4] Avendaño, et al., Op. Cit., pp. 46 y ss

[5] Ídem.

[6] Treacy, Op. Cit., p. 184.

[7] Treacy, Op. Cit., p. 185.

 

Importancia de la Sociología Jurídica en el nuevo paradigma Constitucional

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Sociología Jurídica y Cambios Constitucionales en México.

Algunas reflexiones

Por Jose Ramon Gonzalez Chavez

El hecho social es al mismo tiempo la causa eficiente y el objetivo de todo sistema jurídico. Provoca mediante de la interpretación, la creación de normas y disposiciones que a través de la persuasión y la coercitividad se aplican en la comunidad, la que a su vez al reflejarse en la actividad cotidiana, provocan ajustes y el reciclaje positivo del sistema en su conjunto.

La sociología del Derecho es la disciplina que estudia los problemas, principios, objetivos, implicaciones  y prácticas concernientes a las relaciones entre el sistema jurídico y la sociedad así como la eficacia de lo jurídico como sistema regulador de la conducta social, aplicado por los órganos del poder público del Estado.

De ahí su estrecha relación con el Derecho Constitucional, conjunto normativo primordial del sistema jurídico de toda nación, del cual se desprende tanto el marco de libertades y derechos fundamentales como de las instituciones y mecanismos para garantizarlos y que conforman en su conjunto la organización política jurídica del Estado y la actuación de los órganos del poder público encargados de convertir en actos jurídicos concretos sus postulados primordiales.

En cuanto a la organización jurídico política del Estado, las normas constitucionales son fundamentales en cuanto expresan un marco general de principios rectores, que por su caracter abstracto, su estabilidad y permanencia sirven de cimiento a la organización de la comunidad

Estos principios pueden ser de naturaleza orgánica y procedimental, para señalar las tareas que el poder público del Estado debe cumplir y configuran las competencias e instituyen los órganos que las realizan; gracias a ellos, se regulan los procesos de creación, aplicación e interpretación de las normas y se establecen mecanismos de coordinación entre estos procesos y los necesarios medios de control a los abusos del poder.

Pero tambien pueden ser de contenido material, que consagran los objetivos sustanciales del Estado, los principios y valores máximos de la sociedad y los ámbitos de libertades, derechos y obligaciones de los individuos y los distintos grupos sociales.

Respecto del marco de libertades y derechos fundamentales, la Constitución está concebida actualmente de tal manera que estos principios, libertades, derechos y obligaciones sólo adquieren sentido y razón de ser en la medida en que pueden y deben ser aplicados y puestos en operación en la realidad cotidiana, no solo con el actuar del individuo que es su titular, sino tambien por existir instancias, órganos y mecanismos que permitan su ejercicio pleno.

En México, recientemente se han llevado a cabo profundas reformas constitucionales que en su conjunto se sustentan en un padarigma jurídico muy distinto al positivista tradicional y han modificado sustancialmente la estructura, organización y funcionamiento de nuestra vida como país. Sin embargo, en muchos casos, su complejidad técnica y la manipulación que de sus contenidos hacen los medios de comunicación, los líderes y organizaciones políticas, hacen difícil conocerlos objetivamente, en toda su amplitud y profundidad, por iniciativa propia.

De ahí la importancia para los estudiantes de Derecho y en general para todo ciudadano, de acercarse desde esta perspectiva que podemos denominar “socio jurídica” a cada una de las materias que comprende esta reforma de gran calado que se está implementando a nuestro sistema jurídico político fundamental y así comprender, reflexionar, asumir, comunicar y aplicar sus contenidos, principios, fines y mecanismos, creando con ello una verdadera opinión pública formada e informada.

Solo mediante la construcción de una verdadera cultura de la jurídicidad, como individuos y como sociedad, podremos avanzar en la conformación de unverdadero Estado Constitucional.

Derecho y Moral en Luigi Ferrajoli

lf

La Teoría Jurídica Crítica de Ferrajoli

Pietro Sferrazza Taibi

Universidad Carlos III Madrid, España

Instituto de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

(Fragmento)

 

1.2. TESIS DE LA SEPARACIÓN ENTRE DERECHO Y MORAL.

Todo aquel que se considere positivista debe aceptar la tesis de la separación entre el Derecho y la moral, de acuerdo con la cual no existe una conexión cierta o necesaria entre ellos. El autor italiano asume este postulado y además lo analiza desde una perspectiva teórica y axiológica.

Desde un enfoque teórico, FERRAJOLI sostiene que la separación entre Derecho y moral puede entenderse en un sentido asertivo y en un sentido prescriptivo. Él sostiene que la referida separación puede ser explicada sobre la base del desglose de seis tesis, de las cuales tres se refieren al sentido asertivo, denominándose tesis teóricas y las restantes, al sentido prescriptivo, asumiendo la calificación de axiológicas.

El sentido asertivo permite explicar la autonomía de los juicios jurídicos respecto de los juicios morales o políticos. El problema en cuestión es el de la legitimación interna o validez de las normas. El sentido prescriptivo permite plasmar la autonomía de las normas morales de las normas jurídicas. Se trata del problema político de la legitimación externa o de la justicia. A continuación esbozaré brevemente en qué consiste cada una de las tesis enunciadas

1.2.1.Tesis teóricas.

1.2.1.1. La tesis meta-lógica.

Es una manifestación de la falacia naturalista aplicada en lo jurídico. Según esta tesis, no es posible la derivación lógica del Derecho válido (Derecho que es) del Derecho justo (Derecho que debe ser) y viceversa. FERRAJOLI señala que es ideología toda postura que incurre en la referida falacia, considerando que las normas son válidas en cuanto sean éticamente justas o, viceversa, considerando que las normas son justas en cuanto sean válidas. La primera de estas ideologías coincide con el iusnaturalismo o moralismo jurídico, el cual conlleva una confusión del deber ser con el ser de las normas, mientras que la segunda corresponde al legalismo o estatalismo ético, el cual confunde el ser con el deber ser de las normas. Por otra parte, la falacia naturalista impide confundir tanto la efectividad de las normas con los valores de justicia relacionados con la legitimación externa, como la normatividad constitucional propia de la legitimación interna con la efectividad de las leyes ordinarias.

1.2.1.2. Tesis científica.

Esta tesis impide fundamentar la validez de las normas en parámetros de justicia, de modo tal que los criterios para su determinación deben ser esencialmente jurídicos y deducibles del ordenamiento. Es una tesis vinculada con el monopolio estatal de la producción normativa jurídica.

1.2.1.3. Tesis meta-científica.

Es aquella que defiende la recíproca autonomía entre legitimación interna, legitimación externa y enfoque sociológico. Así las cosas, el discurso sobre la validez debe desatender el moralismo jurídico, evitando la contaminación del papel descriptivo de la ciencia jurídica. Asimismo, todo estatalismo ético debe ser rechazado para salvar el carácter convencional de las normas, lo que posibilita su crítica desde la legitimación externa o desde enfoques sociológicos.

La interrelación entre las tres tesis anteriores configura una concepción positivista del Derecho, también denominada convencionalismo o formalismo jurídico.

1.2.2.Tesis axiológicas.

De acuerdo a esta tesis, relativa a la dimensión prescriptiva de separación entre Derecho y moral, el Derecho y el Estado se justifican en tanto garanticen los derechos y la seguridad de los ciudadanos. Esta tesis coincide con el utilitarismo jurídico, entendido por nuestro autor como un principio meta-jurídico que impone una carga de justificación al Derecho y al Estado. Esta posición se ha manifestado en la evolución del Derecho penal, especialmente, en la configuración de las nociones de delito, proceso y pena. Así las cosas, al tipificar el delito, el ius puniendi debe tender a criminalizar ciertas conductas que causen daños a terceros o, expresado técnicamente, que vulneres bienes jurídicos, procurando evitar manifestaciones de Derecho penal de autor en que se penalicen modos de ser de las personas. En consecuencia, en el proceso penal, el objeto de comprobación debe coincidir con hechos tipificados en la ley y no la moralidad o el carácter. Finalmente, la pena no tiene como finalidad la moralización del condenado, ya que “el Estado no tiene derecho a forzar que los ciudadanos a no ser malvados, sino sólo a impedir que se dañen entre sí. […] Y el ciudadano, si bien tiene el deber jurídico de no cometer hechos delictivos, tiene el derecho de ser interiormente malvado y de seguir siendo lo que es”…