Constitución, Democracia y Tolerancia en el México actual

CONSTITUCIÓN, DEMOCRACIA Y TOLERANCIA EN EL MEXICO ACTUAL

Por José Ramón González Chávez

El avance de la ciencia en general y particularmente de las ciencias sociales, ha puesto en evidencia que no existen verdades únicas, ni absolutas; que nadie puede tener patente sobre la concepción de la realidad, al contrario, hay más que nunca presenciamos que lo que podemos llamar Verdad, solo es posible construirla a partir de la suma de todas las verdades posibles, siempre que nos sujetemos todos a las mismas reglas y procedimientos.

Esto en la práctica política y social aplica totalmente. Como sabemos, el disenso es un presupuesto de la democracia; si todos pensáramos igual, no la necesitaríamos, de ahí que la tolerancia sea uno de los valores democráticos y de ética social fundamentales y uno de los pilares que sostienen todo Estado Constitucional.

Sin embargo, cuando hablamos de tolerancia no debemos hacerlo en el sentido de tener que “sobrellevar, aguantar o sufrir al otro”, con lo que nos pondríamos cerca de una especie de sacrificio al estilo religioso, sino más bien entenderla como una actitud que nos permita reconocer y aceptar al otro, escucharlo para comprenderlo, contrastar sus ideas con las nuestras a fin de diluir las diferencias y encontrar puntos de acuerdo en lo fundamental respecto a lo que nos concierne a todos y así estar en posibilidad de construir un proyecto colectivo factible.

De ahí que la tolerancia sea un presupuesto de todo régimen democrático que ofrece exponer en un marco de civilidad, diversidad de opiniones, preferencias, visiones y proyectos sujetos a ser confrontados mediante el diálogo, a fin de diluir las controversias y encontrar puntos de acuerdo en lo fundamental. Al final de cuentas eso significa la palabra política, la verdadera política: lo que atañe a la polis, lo que nos incumbe a todos los ciudadanos, aquello en lo que podemos estar de acuerdo haciendo a un lado los matices propios de nuestras diferencias personales o de grupo.

Es en este contexto que hay que considerar, las manifestaciones que miles de ciudadanos, desde sus autos, se llevaron a cabo el sábado y domingo pasados (30 y 31 de mayo del 2020) en 77 ciudades del país de 21 entidades federativas, teniendo en cuenta los siguientes aspectos bajo las siguientes premisas:

1. La Libertad de expresión y por consecuencia el Derecho a la libre manifestación de las ideas, son derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (arts. 6° párrafo segundo, apartado B), fracciones IV y V) , y como tales son de carácter universal, inalienables, independientes de la política o la economía; más aún, son prerrogativas ciudadanas, es decir, una combinación de derecho ciudadano y obligación de índole ética política.

2. De ahí que el poder público, sus ramas y órganos en los distintos órdenes de gobierno, tal como consagra también nuestra Carta Magna (art. 1°), tiene la obligación de respetarlos, promoverlos, defenderlos y ante todo, garantizarlos. En tal sentido denostar, discriminar, minimizar mediáticamente y sobre todo no escuchar sus planteamientos y estrategias sería característico de regímenes autoritarios y fundamentalistas, impropio de estados constitucionales como el nuestro.

3. A lo largo de la historia del mundo occidental, al menos desde la época de la ilustración a nuestros días –los ejemplos sobran en el mundo y en México-, los primeros en protestar por las condiciones políticas, económicas y sociales han sido los pequeños propietarios, los comerciantes, los intelectuales. A ese sector de la ciudadanía Marx y Lennin le llamaron “la vanguardia revolucionaria”, de hecho Marx y Engels estaban en ese sector de la población.

4. Denostar o pretender minimizar de forma intolerante las manifestaciones del fin de semana pasado con el falso argumento de que se trató de “puro fifi dueños de coches de lujo” refleja en quienes así se han expresado un padecimiento de ceguera política, pues A) suponiendo que así hubiese sido –que no lo fue, hay una buena cantidad de fotos y videos que así lo muestran- en cualquier sociedad que se jacte de ser democrática todos los ciudadanos tienen iguales derechos, obligaciones y prerrogativas y en ese sentido gozan del pleno derecho de manifestar sus ideas preferencias y planteamientos, a lo que B) quienes no estuvieren de acuerdo tienen primero la obligación de escuchar y comprender con tolerancia sus argumentos, y luego el derecho de replicar, debatir y argumentar exponiendo su versión, pero nunca de anular esa posibilidad al otro, o considerarlo como adversario, o peor aún, como enemigo, lo cual sería a todas luces antidemocrático.

5. Considerar a quienes marcharon y sobre todo a quienes ellos representan como una minoría insignificante, es otra aflicción de oftalmología política, pues bajo el supuesto expresado por los detractores de las “manifestaciones sobre ruedas” de hace unos días, hay que recordar que no hay trabajadores ni obreros sin empresas. Lo que se denomina la micro, pequeña y mediana industria representa el 90% de los empleos formales a nivel nacional y el 85% del total de quienes pagan impuestos, de donde se financian entre otras cosas, los distintos proyectos y programas gubernamentales.

6. Estas manifestaciones se realizaron en 77 ciudades de las más grandes del país, lo cual, a diferencia también de lo que han opinado sus detractores, está lejos de ser un “asunto menor” por lo que ni siquiera vale la pena ocuparse de ello. Eso tiene sin duda muchas lecturas y una de ellas habla de la capacidad de convocatoria y organización de ese grupo, lo que debería verse con mayor acuciosidad, dado que como lo afirmó dicho grupo por distintas fuentes, es solo el primero de una serie de actos que se llevarán a cabo de aquí en adelante.

7. Otros detractores más han expresado que esa no es la vía, ni el modo, y que para eso están las elecciones. En este caso, ellos también sufren del mal de amnesia política y social, pues han olvidado que este es uno de los medios más fuertes que empleó durante más de 18 años de campaña el ahora presidente y su grupo para llegar al gobierno. Imposible sería imaginarse que la única opción de su estrategia política para lograr el triunfo en las urnas hubiera sido dedicarse en exclusiva a participar en los procesos electorales.

Se esté de acuerdo o no con los principios y fines de quienes se manifiestan, todos los ciudadanos en un espíritu democrático volteriano tenemos la obligación de respetar y defender el derecho que tienen a hacerlo, y para el gobierno en turno la responsabilidad de escuchar para comprender e integrar.

La unidad, no la división, es la fórmula para superar nuestras debilidades y desafíos, económicos, políticos y sociales. Sumando, se multiplica y se avanza; restando, se divide y se retrocede.

Manifiesto por la Libertad de Conciencia

Sorprende que a más de una década, el documento tiene más vigencia que nunca…

_____________________________________________

Manifiesto por la libertad de conciencia

Traducido al español por José Ramón González Chávez

Domingo 3 de julio de 2011

  • La humanidad ha nacido libre.
  • La naturaleza no ha creado ni valores, ni religiones, ni iglesias, ni la censura, ni la propiedad.
  • La humanidad se ha hecho a si misma, saliendo de la prehistoria en una larga lucha contra las dificultades terribles de un mundo que ni conocía ni entendía; escapando de forma gradual a las limitaciones y los obstáculos, incluidos aquellos que ella misma creó, haciendo valer sus derechos.
  • Los derechos de la humanidad no son ni solemnes ni desgarrados frente a otros supuestos “derechos” de origen desconocido. Ellos existen porque la humanidad existe.
  • Los derechos de la humanidad son “verdades evidentes por sí mismas”. El primero de estos derechos, es el derecho a pensar libremente. La libertad primera y fundamental es la libertad de conciencia.
  • De hecho, antes de las iglesias, está la Humanidad. En efecto, por encima de la iglesia, está la Humanidad. Dioses, iglesias, supersticiones, dogmas, todos ellos no son mas que creaciones humanas.

Cada vez más conciencia

“Más luz! “

  • A siglos de distancia, hacemos nuestra la frase póstuma de Goethe.
  • La libertad de conciencia es la libertad de la humanidad para explorar y examinarse si misma.
  • La humanidad es falible e imperfecta, ya que está dotada de razón, por supuesto de critica.
  • Lo que la humanidad ha hecho, puede deshacerlo.
  • Las generaciones sucesivas no pueden ser mutuamente vinculadas entre sí y para siempre.
  • A la diferencia de las religiones, la humanidad libre y consciente negó, y niega la infalibilidad.
  • La humanidad es perfectible, es decir, se puede corregir y mejorar, no ve el cielo como un pasado culpable y acabado ni como un porvenir inaccesible y mítico, sino como una parte de todos los días, permitida por la libertad de conciencia.
  • Podemos decir, después de Protágoras que “el hombre es la medida de todas las cosas”
  • La mente humana es ilimitada. Capaz de dividir las células más pequeñas del universo, también es capaz de cambiar su propia estructura, para conquistar planetas, para trabajar en el origen del mundo y pensar sobre su propio futuro y por desgracia posee tambien la posibilidad de programar su propia destrucción.
  • El destino de la humanidad es el proyecto de la humanidad y en la mitología Prometeo, el rebelde, tenía razón al arrebatar el fuego a aquellos que eran los dueños para darlo a los hombres. Es una metáfora para la humanidad en su lucha por la emancipación, afirmando la libertad de conciencia, que no es otra cosa que la libertad de la humanidad.
  • La humanidad siempre se ha enfrentado a los dogmas religiosos.
  • Cada vez que la humanidad ha avanzado, independientemente de la forma de afirmar sus derechos, las iglesias le han condenado.

Historia

  • La lista de los mártires y héroes de la libertad de conciencia es interminable, más allá de los breves recuerdos que podemos hacer aquí:

     – Sócrates fue condenado a la cicuta porque él llamó a los jóvenes a pensar por sí mismo.

     – El filósofo de la Sorbona, Abelardo fue mutilado al sentir que su propia opinión valía tanto como la de sus “padres”.

     – El científico Galileo fue condenado por no cumplir las verdades profesadas en la Biblia sino las que producieron sus

       propias investigaciones.

     – Sucedió lo mismo con Etienne Dolet, Giordano Bruno, Miguel Servet., Vanino Vanini y muchos otros.

  • Cuando fue publicado el primer texto que estableció derechos humanos en Occidente (la “Carta Magna de Juan sin Tierra” en Inglaterra, en 1215)   el arzobispo de Canterbury, Langton, que había apoyado el texto, fue suspendido por el Papa.
  • La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en Francia, fue condenada por el Papa.
  • Charles Bradlaugh, que fue elegido democráticamente al parlamento de Westminster en 1880, libro una larga batalla por el derecho de sentarse en el Parlamento sin tener que jurar fidelidad a la fe anglicana.
  • El profesor y librepensador de España, Francisco Ferrer i Guardia fue asesinado en 1909 a petición de la jerarquía católica.
  • El librepensador Chevalier de la Barre, fue ejecutado por orden de la Iglesia
  • El líder de la libertad de pensamiento alemán Max Sievers fue ejecutado en Hamburgo en 1943 por los nazis.

La lista es larga …

Refleja la lucha incesante entre el dogma y la libertad de conciencia.

Hoy en día

  • Todo el mundo ve que las iglesias siguen reprimiendo y persiguiendo las conciencias. Las iglesias no han cambiado.
  • A modo de ejemplo, en Pakistán, el Dr. Younus Shaikh, acusado de blasfemia fue condenado a muerte en 2001 solicitó refugio en Europa, la que le fue concedida después de una campaña internacional de solidaridad. Pasó más de 3 años en el “corredor de la muerte”.
  • En Nigeria, el militante Leo Igwe ha sido varias veces detenido y golpeado por la policía por defender a los acusados de “brujería”. Fue puesto en libertad en enero de 2011, después de una campaña internacional en su nombre.
  • El juez italiano Luigi Tosti continúa liderando la lucha para ser reintegrado en todos sus derechos después de haber sido destituido de su cargo por haberse negado a celebrar una reunión en una sala de justicia decorada con un crucifijo.
  • El “Great Room”, una apelación formal ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incautado por el gobierno de Berlusconi, el 18 de marzo de 2011, ha dado razón al Estado italiano que pretende seguir imponiendo la presencia de crucifijos en las escuelas públicas en la península (caso conocido como “Lautsi).
  • Hay muchos otros ejemplos, como la reciente destrucción de obras de arte en Avignon en Francia, por un comando católico, que las consideró “blasfemas”.

Arrebatar, defender o restaurar la libertad de conciencia

  • Al igual que cualquier ley, la libertad de conciencia debe ser incluida en los textos, sean declaraciones, constituciones, leyes o instrumentos jurídicos. En algunos países, estos textos existen, como en el caso de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que dice: “El Congreso no aprobará ninguna ley que otorge una preferencia a una religión, o prohibiendo el libre ejercicio, limitando la libertad de expresión, la libertad de la prensa o el derecho de los ciudadanos a reunirse pacíficamente y para enviar peticiones al gobierno para la reparación de los daños sufridos. “(1791). Tambien, la Ley de Separación de Iglesia y Estado en Francia (1905) postula que: ” La República no reconoce, sufraga ni subvención a ninguna religión. En consecuencia, a partir del 1 de enero siguiente a la promulgación de esta Ley, deberán ser retirados de los presupuestos del Estado, de los departamentos y municipios, todos los gastos relacionados con el ejercicio de la religión “. Igulamente la Carta Magna de Portugal, la de la Rusia revolucionaria en 1917, el referéndum constitucional en Bolivia (2009) la Constitución “provisional” de Nepal (2007), entre otros. Vale la pena recordar que estos textos son a menudo maltratados y que su defensa o recuperación son necesarias, como en el caso de Francia, donde todos los gobiernos desde el gobierno de Vichy han violado la Ley de Separación entre la Iglesia y el Estado.
  • Por eso saludamos a todos los combates que caminan en dirección a la libertad de conciencia, incluyendo la reciente derogación del delito de blasfemia en el Reino Unido.
  • En Polonia, en marzo de 2010, la revista GOSC Niedzielny Episcopal archidiócesis de Katowice fueron condenados por haber comparado la feminista Alicja Tysiac con los criminales de guerra nazis. Otros ejemplos de victorias son conocidos.
  • Acogemos con satisfacción las manifestaciones anticlericales en Polonia, Italia, y saludamos a las Decenas de miles de personas que marchan por las calles de Beirut diciendo “El secularismo es la solución” en un país donde el sistema es una mezcla compleja de cuotas de reparto de poder basado en la comunidad; de miles de manifestantes que en Túnez hacen suyo el lema “La laicidad y la tolerancia = Libertad Para Túnez laica”; los miles de manifestantes que marcharon en Londres durante la visita del jefe de la Iglesia Católica a decir” ¡Que pague el Papa; igual los manifestantes laicos en España …
  • Bajo todas las latitudes, en todos los continentes, la forma es variable, pero el fondo es el mismo: la exigencia de la libertad de conciencia!
  • Nosotros luchamos por la derogación de todos los concordatos, en contra de todas las guerras de religiones y en contra de cualquier “choque de civilizaciones”

Reflexiones

  • Nuestras tradiciones y nuestras luchas, incluyendo las mociones y resoluciones del Congreso Mundial del libre Pensamiento en Roma en 1904, son la promesa y la promesa de nuestros compromisos.
  • En la tradición del Congreso Mundial de Roma en 1904, los presentes o representados en el Congreso Mundial de Oslo, 12 de agosto de 2011, de fundación de la AILP (Asociación Internacional de Libre Pensamiento) deciden implementar dos campañas: la verdad sobre la financiación de la religión y la justicia para las víctimas de las Iglesias.
  • Porque estamos a favor de la libertad de conciencia, que implica la separación de Iglesia y Estado, queremos claridad en la financiación de las religiones, esta “economía púrpura” que une a los presupuestos del Estado a costa de la Salud, la Educación, a favor de beneficiarios sólo que se califican como “guías espirituales”.
  • Queremos justicia para las víctimas de las Iglesias.
  • La justicia no es el arrepentimiento. Este es un conjunto de conceptor que las iglesias religiosas, colocan por encima de las leyes humanas.
  • Queremos justicia, lo que implica que si se reconoce culpable se apliquen sanciones jurídicas, financieras y morales.
  • Justicia para las víctimas de abuso sexual de Iglesias; se ha demostrado que el abuso sexual realizado por los clérigos es una institución desde la época de la Inquisición.
  • Justicia para las víctimas de la discriminación, el IV Concilio de Letrán de 1215, condenando a los Judios a llevar un distintivo amarillo, la Inquisición golpeando judíos, musulmanes o “herejes”.
  • Justicia para los pueblos colonizados y “evangelizados” privados de sus derechos y su tierra en África, Asia, América Latina, América del Norte. Hacemos nuestras las palabras de J. Kenyatta “Cuando los blancos vinieron a África, teníamos la tierra y ellos tenían la Biblia. Nos enseñaron a rezar con los ojos cerrados: Cuando los abrimos, la tierra era de los blancos y nosotros teníamos la Biblia. “
  • Queremos que la plena libertad de investigación científica en el respeto de la conciencia individual.
  • Queremos que el derecho de las mujeres a controlar sus cuerpos.
  • Queremos la separación completa de la educación y la religión y que ésta no puede impartirse en la escuela pública. Las familias pueden aprender lo que consideren bueno para sus hijos.
  • Basta de reproches a las opiniones de los hombres.
  • Criticamos las instituciones religiosas por pretender imponer sus puntos de vista.

Perspectivas

  • Nosotros, presentes o representados en el Congreso Mundial del Libre Pensamiento en Oslo, tanto por nuestra investigación sobre la situación que guarda un asunto fundamental como la libertad de conciencia, sin perjuicio de la labor que realizan otras asociaciones y organizaciones, nacionales e internacionales, afirmamos que:

     – La libertad de conciencia es un elemento constitutivo de la democracia;

     – La libertad de conciencia es parte integrante de la emancipación de la Humanidad.

     Nos comprometemos a:

     – Defender la Libertad, en todas partes y para todos

     – Expresar solemnemente nuestra solidaridad fraternal a todos los que son o pudieran ser perseguidos por sus opiniones.

     – Pedir a todos aquellos que se reconocen en este manifiesto a unirse a esta lucha.

Este Manifiesto es objeto de debate y sera propuesto a la votación del Congreso Mundial de Librepensadores de Oslo, que se celebrará 10 de agosto 2011. Este Congreso Mundial se realizará con miras a reconstituir la Asociación Internacional del Libre Pensamiento

FUENTE: www.cilalp.org/

Uso de la Fuerza Pública y Derechos Fundamentales

1 auso 3

USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

Por José Ramón González Chávez

El Estado tiene dentro de sus fines originarios y sustanciales el de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público. Para lograrlo cuenta con la atribución excepcional de hacer uso de la fuerza pública cuyos límites se ubican en todo Estado constitucional en el marco de respeto y protección a los derechos humanos.

El artículo primero de la Constitución General de la República[1] y sus correlativos internacionales en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[2] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3] comprende la atribución positiva de fomentar, proteger y salvaguardar los derechos humanos, y por ende, la obligación negativa de no privar de la vida o imprimir sufrimiento a las personas bajo su jurisdicción, por lo que para cumplir con uno de sus fines primordiales como lo es el de la seguridad, debe observar en todo momento el hacerlo sin menoscabo a los derechos fundamentales y con plena observancia a la normativa nacional e internacional en la materia.

El Relator Especial sobre las ejecuciones denominadas “extrajudiciales” -¿alguna sería judicial?- ha expresado que “El Estado moderno […] no puede funcionar sin la policía […] El sistema de derechos humanos tampoco puede funcionar eficazmente por sí mismo sin la policía y en ocasiones, sin el uso de la fuerza, [ya que éstos] desempeñan una importante función en relación con la protección de la sociedad frente a la violencia, el cumplimiento de las medidas adoptadas por la administración de justicia y la salvaguarda de los derechos de las personas[4].

Los cuerpos de policía civil tienen una misión imprescindible para el adecuado funcionamiento del sistema democrático, garantizar la seguridad de la población y mantener el clima de orden social lo que implica una gran responsabilidad en el ejercicio de sus funciones al ser de las instituciones públicas que tienen un contacto más cercano y directo con la población. Es más, el propio sistema de derechos humanos no puede funcionar con eficacia sin una policía eficaz e inclusive sin el uso de la fuerza pública en ciertos casos[5]. De ahí que en un Estado Constitucional, la policía debiera ser la única institución pública con atribuciones para requerir a los ciudadanos la realización de determinadas conductas y en el exclusivo afán de garantizar la seguridad y el orden público, aplicar legítimamente, en casos excepcionales, la fuerza pública.

Al respecto cabe señalar la preocupación de que en México como en muchos otros países, es frecuente encontrar que derivado de la aplicación por décadas del modelo de estado y derecho positivista, las autoridades mantienen la visión de subordinar el ejercicio del derecho a la protesta social, al presunto “mantenimiento del orden público y la paz social”, cuya conceptualización vaga y ambigua permite la justificación de decisiones que restringen o reprimen ciertos derechos individuales y colectivos. La noción de orden público y paz social que se ha venido imponiendo hasta el momento parece preocuparse solo por garantizar el orden como una expresión del poder público del Estado y poner a salvo los derechos e intereses de quienes puedan verse afectados circunstancialmente por los actos de protesta, haciendo caso omiso la visión de protección y defensa de los derechos fundamentales, tanto de la población como de quienes protestan o se manifiestan socialmente.

A pesar de que se han llevado a cabo algunos avances normativos –empujados quizá por los acontecimientos de años recientes sucedidos en distintos puntos del país- el uso desproporcionado de la fuerza que se sigue observando en no pocos casos indica que los gobiernos, sus cuerpos de seguridad e incluso un amplio sector de la población, todavía se inclinan a deslegitimar de manera sistemática e inmediata la protesta social por la afectación que pueda causar, por ejemplo, a vías de tránsito, acceso a servicios, etc., ignorando la importancia para una sociedad democrática de garantizar el ejercicio de los derechos de expresión y petición por las lesiones que hechos sociales y/o actos de gobierno en sus diversas esferas han provocado.

A fin de contribuir a la construcción de una visión de la seguridad con enfoque humanista, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha insistido en manifestar que corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales manejar las situaciones de seguridad y violencia en el ámbito interno[6].

Uso de la Fuerza, Seguridad Pública y Cuerpos Militares.

Sobre este rubro, merece poner a la vista el tema de la participación, intervención y en ciertos casos superposición de las fuerzas militares en las acciones gubernamentales de seguridad pública, incluidas desde luego las vinculadas al uso de la fuerza.

En México y en gran cantidad de países, la historia muestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en contextos violentos en muchos casos ha ido acompañada de violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, su creciente intervención en tareas propias de los cuerpos de seguridad pública basada en la ineficacia de estos para hacer frente a situaciones de riesgo para la sociedad -y paradójicamente la ausencia de políticas públicas claras para fortalecer y mejorar a la policía civil-, ha provocado entre otras cosas la militarización de los procedimientos, equipamiento y las prácticas de los cuerpos policiacos, que anteponen el uso de la fuerza a los medios de persuasión y disuasión previos.

En adición, es notable el incremento del gasto público dedicado a las corporaciones militares con la pretendida justificación de requerirse para hacer frente a sus labores de recuperar y mantener la seguridad interna[7].

Dado el interés social imperativo que tiene el ejercicio de los derechos involucrados en los contextos de protesta o manifestación pública para la vida democrática, la CIDH ha considerado que en este ámbito específico esas razones adquieren mayor fuerza para que se excluya la participación de militares y fuerzas armadas en dicho control. De ahí que sea aconsejable evitar su intervención en este ámbito[8].

Otro aspecto que resulta determinante para el conocimiento y comprensión del tema de la seguridad y el uso de la fuerza es el de la participación de empresas privadas que prestan servicios denominados de seguridad y protección, incluso en instalaciones e instituciones públicas, además de una notoria desvinculación al tema de los derechos humanos por dejar de ser un servicio a la población y convertirse en un producto comercial sujeto a la oferta y la demanda.

En términos generales ni este tipo de organismos ni los elementos que contrata, cuentan con ningún parámetro de regulación o al menos de lineamientos generales a nivel federal, por ser considerada atribución de los gobiernos de las entidades. Pero además dentro de estos marcos locales en la gran mayoría de los casos tampoco cuentan con registros, reglas y procedimientos claros y homogéneos para el reclutamiento, selección, contratación, escalafón, capacitación y adiestramiento, operación, armamento y equipo necesarios para desempeñar sus funciones, las que en muchos casos, lejos de ser diferentes y complementarias a las que realizan los cuerpos de seguridad pública, llegar a convertirse en sustitutos de sus funciones operativas sin contar con capacidades para realizarlas, menos aún las vinculadas al uso de la fuerza pública en sus distintos grados además de que por su naturaleza y características este tipo de corporaciones en ninguna caso deberían de intervenir en acontecimientos donde se atente contra la seguridad de los individuos y de la población, limitándose exclusivamente a la protección física de bienes e instalaciones, custodia de valores y protección de personas[9].

Sin embargo la creación de este tipo de empresas observa un incremento constante, dado el aumento de la percepción ciudadana de inseguridad, aunado al pretexto de que las corporaciones de gobierno son insuficientes para atender la demanda de seguridad ciudadana, incremento que en América Latina, en términos generales alcanza un promedio de 10% anual[10].

Concepto de Fuerza Pública:

Atribución legítima y legal otorgada a los servidores públicos de ciertos organismos para prevenir, monitorear, contener y en su caso, reprimir en nombre de la colectividad, acciones violentas capaces de transgredir el orden público mediante intervenciones persuasivas, disuasivas e incluso coercitivas que pueden llegar en casos excepcionales al uso de la fuerza física”.

En toda acción de fuerza pública, que por lo general significa la restricción o suspensión temporal del ejercicio de algún derecho, las diversas corporaciones de seguridad pueden recurrir a ella sin necesidad de intervención previa de un órgano de carácter jurisdiccional, administrativo o constitucional autónomo. Esta atribución implica una gran responsabilidad dado que en ningún momento puede emplearse de manera arbitraria sino como una medida de carácter extraordinario, excepcional y eventual.

El nuevo paradigma constitucional, retoma la idea original de la fuerza pública como una herramienta eficaz para mantener el orden y la paz públicos, nunca como un medio de represión, de control gubernamental o de sujeción al poder político.

Dentro de nuestro régimen interior, el uso de la fuerza pública encuentra sustento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos jurídicos secundarios.

La policía es la institución de carácter administrativo encargada de hacer cumplir, incluso de manera compulsiva, la normativa vigente. De allí resulta fácil comprender la sinonimia, tan propia del lenguaje común, cuando se habla de fuerza pública para aludir, de manera genérica, a algún cuerpo de policía.

Seguridad Pública y Uso de la Fuerza.

Algo digno de resaltar es que el concepto de Fuerza pública en cuanto al empleo que de ella hacen los cuerpos de Seguridad Pública, abarca exclusivamente el uso de la fuerza física o material, dado que la aplicación de la “fuerza no física” concepto que según Varenik [11] en su amplitud incluye entre otros aspectos como la fuerza psicológica (presencia, persuasión, dispersión) que por lo regular no afecta o altera directamente la integridad corporal de quien la sufre, exclusión que no pocos estudiosos ponen en tela de duda. En efecto, el dilema no es menor; existe una amplia gama de experiencias teóricas y prácticas que en este ámbito se confrontan a los hechos, al constatar su forma de uso y a veces abuso en medios generadores de opinión pública como la prensa y las redes sociales.

Dentro de su informe 2015 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)[12] menciona respecto del uso de la fuerza pública que durante el periodo reportado cientos de personas perdieron la vida, fueron afectadas en su integridad física o limitados en el ejercicio de sus derechos en diversos contextos a causa del empleo arbitrario y excesivo la fuerza pública, ignorando los estándares establecidos a  nivel internacional, lo que refleja de manera evidente y primordial la falta de entrenamiento, coordinación, protocolos y supervisión de policías civiles o especiales, fuerzas armadas y agentes privados. Esto –señala la CIDH- se pone de manifiesto sobe todo en la represión intolerante y la discriminación de grupos vulnerables, activistas y defensores de los derechos humanos en diversas expresiones del ejercicio del derecho individual y colectivo a la expresión de las ideas reivindicatorias de derechos y manifestantes del descontento social.

Señala también como preocupante la cada vez más recurrente práctica de involucrar al ejército en tareas de seguridad pública.

Elementos de necesaria concurrencia para la aplicación de la fuerza pública:

  1. Oportunidad; esto es, el momento preciso en que es necesario utilizarla. Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos también han coincidido al estimar que el deber de adecuada planeación preventiva de las actividades de sus agentes debe estar necesariamente vinculada al principio de proporcionalidad: Dado que conlleva necesariamente a minimizar el empleo de la fuerza; la planeación requiere la evaluación de las situaciones amenazantes a los valores que los funcionarios del orden están llamados a resguardar, además de que permite valorar el uso de los medios alternativos menos lesivos.
  1. El tipo o grado de aplicación y la intensidad en su ejecución, que siempre deberá estar acorde a los hechos a contener. Puede ir desde la Presencia, pasando por la persuasión o disuasión (física o verbal), la disolución hasta el empleo de la fuerza letal. Este principio de proporcionalidad ha sido entendido por la CIDH como la moderación en el actuar de los agentes del orden que procurará minimizar los daños y lesiones que pudieren resultar de su intervención, garantizando la inmediata asistencia a las personas afectadas y procurando informar a los familiares y allegados lo pertinente en el plazo más breve posible[13]. Los agentes legitimados para hacer uso de la fuerza deben “aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de la fuerza, según corresponda[14]. Circunstancias como “la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica” son determinantes al momento de evaluar la proporcionalidad de las intervenciones de las autoridades del orden, pues su despliegue de fuerza debe perseguir en todo momento “reducir al mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse a cualquier persona. La dificultad está en la inmediatez de la toma de la decisión por parte de las fuerzas del orden público, lo que debe requerir una capacitación y un entrenamiento muy acuciosos.
  1. Tal como lo ha señalada la Corte Interamericana[15] de Derechos Humanos, debe existir un marco previo y actualizado de normas jurídicas internas que regulen la actuación de los órganos del poder público del estado para su aplicación observando en todo momento la normativa internacional sobre el respeto a los derechos fundamentales de las personas a las que les debe ser aplicada. Basado en tal principio, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la Organización de Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado en Materia de Derechos Humanos postulan en su numeral 11 que la normativa interna debe:
  2. a) Especificar las circunstancias en que tales funcionarios estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados;
  3. b) Asegurar que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios;
  4. c) Prohibir el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;
  5. d) Reglamentar el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado;
  6. e) Señal los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego; y
  7. f) Establecer un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones
  1. “Responsabilización”, es decir, la acción responsable de quienes deben aplicarla, lo que supone la preexistencia de protocolos de actuación, niveles de responsabilidad, de coordinación, etc.
  1. Sustentabilidad institucional, mediante una policía moderna, que opera bajo criterios de legitimidad, profesionalización, eficiencia, eficacia, transparencia y control operativo, siempre dentro de un marco de pleno respeto a la constitucionalidad y sus preceptos fundamentales.
  1. Excepcionalidad, esto es, la consideración de que la aplicación de la fuerza pública es un recurso de última instancia y con carácter excepcional y de que siempre habrá que prevenir y disminuir a si mínima expresión el riesgo de un eventual abuso, previendo las sanciones y medidas correctivas correspondientes. Refiere a la posibilidad de recurrir a “las medidas de seguridad ofensivas y defensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo derechos fundamentales de la personas [16]”, refrendado en el Principios sobre el empleo de la fuerza n° 4, al establecer:

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que de conformidad con las circunstancias del caso, resulta “preciso verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger[17]. De manera concreta ha establecido también que no se puede acreditar este requisito cuando las personas no representan un peligro directo, “inclusive cuando la falta del uso de la fuerza resultare en la pérdida de la oportunidad de captura”.[18]

  1. Humanidad, es decir el uso de este recurso excepcional con plena observancia y respeto a los derechos fundamentales y la normativa nacional e internacional aplicable.

La forma en que son consideradas estas premisas varia también del contexto, geográfico, demográfico, cultural, político, contingencias por desastres, etc. donde deban de ser aplicadas.

Estos criterios se han generalizado prácticamente en todos los países de América latina, dando un matiz homogéneo a la conceptualización del uso de la fuerza en los países de la región, aunque existe diversidad de criterios, primeramente, en cuanto a su uso y la forma de controlar el riesgo de un eventual abuso; luego en la modernización a las normas e instrumentos para controlar su ejercicio, y finalmente para involucrar procesos de mejora continua en términos de profesionalización y responsabilización policial (police accountability).

Medidas de coacción:

Si bien la aplicación de la fuerza es de carácter excepcional, los casos en los que esta puede darse son múltiples y de muy variada naturaleza. El asunto no está en su aplicación legítima sino en sus también muy diversas expresiones inadecuadas que se dan por el abuso, el exceso, la ilegitimidad, que lejos de ser actos de fuerza pública, se convierten en manifestaciones de violencia, inobservancia de principios constitucionales básicos y violaciones a los derechos humanos de quienes las sufren. Entre las medidas de coacción de empleo más generalizado entre los cuerpos de seguridad pública se encuentra el arresto, el cual tiene diversas modalidades entre las que se encuentran las siguientes:

  1. Detención en flagrancia, para impedir la comisión de un delito o falta o bien, la huida de quien pudiera haberlo cometido en ese momento.
  2. Detención y puesta a disposición de la autoridad competente para verificar ordenes de aprehensión pendientes; o como medida cautelar en el marco de una investigación jurisdiccional.
  3. Detención por sospecha, como resultado, por ejemplo, de una acción de verificación de identidad, vinculación a grupos de crimen organizado.
  4. Detención por razones de orden público, por la comisión de actos ilícitos en manifestaciones, marchas, protestas, etc., que alteren la paz y el orden social.
  5. Custodia temporal por la comisión de faltas administrativas o mientras una autoridad decide sobre su prisión formal.
  6. Detención por hechos relacionados con una investigación delictiva (interrogatorios, aporte de pruebas).
  7. Restricción a la circulación vehicular o peatonal por diversas causas de la actividad urbana.

El incumplimiento o desacato, podría provocar la aplicación forzosa de la norma o en su caso, de la sanción respectiva.

Contención de la Violencia en Centros de Detención y Reclusorios.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha detectado algunas causas por las que principalmente se da la violencia en este tipo de centros: a) las condiciones precarias de detención y la falta de servicios básicos esenciales para la vida de las personas privadas de libertad; b) el hacinamiento; c) los altos niveles de corrupción y la falta de supervisión y control institucional; d) las disputas entre internos o entre bandas criminales por el mando de las prisiones o el control de los espacios, la droga y otras actividades delictivas; y e) la posesión de armas por los reos[19].

En tal sentido la misma Comisión considera que el uso de la fuerza pública para contener o neutralizar este tipo de actos de violencia en centros de detención y reinserción debe aplicarse solo en casos excepcionales y como último recurso, después de haber agotado los medios de persuasión, disuasión y negociación, y que en tal situación podrá realizarse únicamente en las siguientes circunstancias: a) cuando corra peligro la integridad física o la vida de las personas (legítima defensa); b) cuando haya una tentativa de evasión; y c) cuando haya una resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos; y que en caso de presentarse motines, las autoridades responsables deben aplicar sus estrategias y acciones “con el mínimo daño para la vida e integridad física de los reclusos”[20].

Uso de la Fuerza Pública en acciones de control migratorio.

Por desgracia son cada vez más recurrentes las noticias donde se da a conocer el los cuerpos de seguridad y militares en el desarrollo de tareas relacionadas con el control fronterizo, operativos migratorios o actividades de control de diversos tipos, ejercen la fuerza de manera excesiva contra migrantes.

Un ejemplo ilustrativo se da desde el ámbito oficial del gobierno norteamericano en el reporte que hace la oficina de aduanas y protección fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) sobre los incidentes presentados y las respectivas acciones realizadas durante el quinquenio 2011 – 2015, en donde se han empleado armas letales y menos letales. Si bien el reporte significa un paso en la rendición de cuentas de este organismo, el Consejo Americano de Inmigración (American Immigration Coucil) señala la grave omisión que ha cometido al no especificar ni transparentar la forma y el contexto en que fueron usadas dichas armas, los procedimientos y protocolos empleados, la metodología para la medición de los incidentes y la determinación sobre su uso[21].

Uso de la Fuerza Pública contra trabajadores de los medios de comunicación.

No podemos dejar de señalar este aspecto que en México se ha convertido de la mayor relevancia dado el incremento tan notorio de acciones desde el poder público contra los enviados de los medios de difusión masiva de información, no obstante que en muchos de los ordenamientos, manuales y protocolos ya se prevén normas y lineamientos especiales para salvaguardar la integridad física reporteros, camarógrafos, periodistas, personal de apoyo técnico en el desarrollo de su labor tan importante y tan ligada al ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas por parte de los grupos que se manifiestan y protestan en actos públicos por diversas acciones gubernamentales y de otros tipos.

Uso de la fuerza letal como último recurso.

Como fuera expresado por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, durante la audiencia de la CIDH sobre Protesta social y derechos humanos en América[22], el uso de la fuerza letal es regido por el principio de protección a la vida, ya que su uso será legítimo, proporcional y necesario solo si es el último recurso disponible para proteger otra vida, y por ende, su empleo no será justificado cuando se busca, por ejemplo, proteger la propiedad, evitar lesiones leves, o restablecer el orden público

Si bien vale mencionar que en la mayor parte de los países del continente americano se han puesto en vigor diversos ordenamientos en materia de uso de la fuerza púbica[23], que ya contemplan entre otros aspectos estándares internacionales, principios generales, protección de los derechos humanos de los contenidos y detenidos y mecanismos de gradualidad para su aplicación operativa. Sin embargo, en algunos de ellos quedan aún sin resolver temas como la intervención de cuerpos militares en las acciones de seguridad, claridad de conceptos en cuanto a la justificación del uso de la fuerza ante manifestaciones sociales; diferenciación de los diversos escenarios donde puede y debe ser aplicada; vacío normativo que da pie a la discrecionalidad y la impunidad.

En todo caso, lo que ha faltado hasta el momento en términos generales es el diseño y puesta en operación de políticas, programas y acciones concretas para cambiar la cultura institucional de los cuerpos de seguridad para asumirla como un instrumento de seguridad ciudadana y reiteramos, la capacitación y el adiestramiento de los elementos de estos cuerpos para poder aplicar la normativa y los procedimientos de acuerdo a las circunstancias que exija cada evento.

En el caso de las entidades federativas de la República Mexicana, es importante remarcar que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal ya prohíbe el uso de armas letales “en la dispersión de manifestaciones” y en su artículo 25 dispone que “en caso de que una manifestación sea violenta” la “Policía preventiva y complementaria debe: i) conminar a los manifestantes a que desistan de su actitud violenta; ii) advertir claramente que de no cesar la actitud violenta, se usará la fuerza; iii) en caso de que los manifestantes no atiendan al Policía, ésta hará uso de la fuerza conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento; iv) ejercitar los distintos niveles de uso de la fuerza, solamente hasta el relativo a la utilización de armas incapacitantes no letales”.

No obstante que la CIDH ha manifestado su “preocupación” por la vaguedad y amplitud (sic) de los términos que utiliza ese ordenamiento para determinar que una manifestación será considerada como “violenta”, cuando “en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se provoca la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana”[24].

Al respecto cabe mencionar también que es preciso resolver en definitiva, al menos para efectos normativos, el marco de reciprocidad de derechos y obligaciones tanto de parte de los cuerpos de seguridad y el uso de la fuerza pública que puedan ejercer y de parte de los grupos de manifestantes quienes no obstante estar en toda libertad de ejercer sus derechos civiles a la libre expresión y manifestación de sus ideas, deben como en el caso de los demás derechos fundamentales hacerlo en un marco de orden y respeto a los derechos de terceros, pues por el contrario, tal como sucede en la actualidad seguirían manejándose en un contexto de contradicciones y contraposición de derechos, lo cual es perfectamente viable, tal como lo demostró la manifestación de estudiantes y maestros del politécnico el 29 de septiembre de 2014[25].

En tal sentido El Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo, publicada el 4 de julio de 2014. En la que permite el uso de las vías públicas para manifestaciones, pero al mismo tiempo determina que los particulares “no podrán limitar o restringir el tránsito de peatones y vehículos” además de prohibir el bloqueo de vías públicas (Artículos 15 y 29, fracción XXXV). Algunas de las infracciones que considera son la de “realizar actos que de manera ilícita afecten el normal funcionamiento de las acciones del Estado, los municipios, la actividad económica, turística y social política del estado de Quintana Roo” o hacer ruido excesivo (Art. 29. VI y XXXVII). En adición, dispone que la administración pública “tomará las medidas necesarias” si durante las manifestaciones, marchas o plantones “se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculice la prestación de un servicio público o se produjera [sic] actos de violencia” (Art. 18)[26].

En fin, referente a este punto, es pertinente mencionar que la CIDH reconoce que no obstante es absolutamente necesario que las corporaciones de seguridad pública eviten el uso de armas letales en las manifestaciones, admite que es lícito que en los operativos pueden contemplar que en algún lugar fuera del radio de acción de la manifestación se disponga de armas de fuego y municiones de plomo para los casos excepcionales en los que se produzca una situación de riesgo real, grave e inminente para las personas que amerite su uso[27].

Mecanismos de Instrumentación Jurídico normativa: Mejora Regulatoria, Marco jurídico, manuales de organización, procedimientos y procesos.

Uno de los grandes problemas para la consolidación del Estado Constitucional es la ausencia de mecanismos para la el enfrentamiento y eliminación de la impunidad. En muchos casos se usa y abusa de la fuerza pública, no bajo el argumento de un estado de necesidad y de excepcionalidad, sino porque el elemento de seguridad sabe que no tendrá ninguna sanción si comete el abuso o exceso de fuerza.

Los hechos donde se presentan este tipo de actos a todas luces ilegales por la misma impunidad no cuentan con un respaldo de datos e información sobre ellos y por lo mismo su apreciación se mantiene en el terreno de la subjetividad.

De ahí que sea absolutamente imprescindible que todos los actos de organismos y servidores públicos en donde se ponga de manifiesto el uso abusivo de la fuerza pública y sus secuelas contra la vida, la integridad física y patrimonial de las personas y los grupos sociales, así como también los actos vandálicos y delictivos que se escudan en la supuesta protesta social, sean cuantificados, analizados, evaluados y en su caso sancionados.

En el primer caso, un avances significativo podría ser obtenido a partir de la puesta en operación de algunos mecanismos que den efectividad y mejores servicios de atención ciudadana, además de transparencia en la operación y una adecuada  rendición de cuentas en el uso de la fuera pública, entre los que señalamos de manera meramente enunciativa, los siguientes:

  1. Mejora Regulatoria y Modernización Administrativa para la optimización de la infraestructura, de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos y de los servicios brindados).
  2. Profesionalización de los servidores públicos, con capacitación y adiestramiento adecuados en todas las instituciones y sus áreas y a todos los niveles. El bajo nivel de profesionalización es en buena medida el causante de las deficiencias y abusos en el uso de la fuerza pública, pues a causa de ello las instituciones con incapaces de general un marco regulatorio y protocolos de operación eficientes.
  3. Políticas, programas y acciones institucionales de responsabilización (accountability), que implica distribución de responsabilidades, protocolos de actuación, entre otros aspectos.

Esta evidente necesidad de gobernanza contrasta con la realidad institucional que viven desde hace tiempo las fuerzas de seguridad pública, que si bien normalmente cuentan con preceptos constitucionales que la prevén al menos de forma declarativa, se carece de la legislación secundaria y normas administrativas de organización, funcionamiento interno y operación externa en la materia que permita su adecuada instrumentación y logre su eficacia en términos objetivos. Esto es quizá la causa principal de la anarquía y la discrecionalidad en la aplicación de la ley, pues a un lado de esta se crean normas, códigos y protocolos subjetivos y por lo tanto extra legales, que generan confusión, contradicción y al final de cuentas, impunidad.

Criterios para el uso de la fuerza según el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes 25 de marzo de 2013

  1. Legal: Que su acción se encuentre estrictamente apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la presente Ley y a los demás ordenamientos aplicables.
  2. Racional: Que el uso de la fuerza esté justificado por las circunstancias específicas y acordes a la situación que se enfrenta:
  3. Cuando es producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar, como de la Policía;
  4. Cuando sea estrictamente necesario en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas de la Policía;
  5. Cuando se haga uso diferenciado de la fuerza;
  6. Cuando se usen en la medida de lo posible los medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de las armas;
  7. Cuando se utilice la fuerza y las armas so lamente después de que otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
  • Congruente: Que exista relación y equilibrio entre el nivel de uso de fuerza utilizada y el detrimento que se cause a la persona.
  1. Oportuno: que se aplique el uso de la fuerza de manera inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública; y
  2. Proporcional: que el uso de la fuerza sea adecuado y corresponda a la acción que se enfrenta o intenta repeler. Ningún Policía podrá ser sancionado por negarse a ejecutar una orden notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito. Toda orden con estas características deberá ser reportada al superior jerárquico inmediato de quien la emita.
    Los motivos por los cuales se da la intervención de la Policía, por lo que se refiere al tipo del delito o de orden a cumplir, no justifican por sí mismo el uso de las armas letales o fuerza letal, inclusive si los delitos de que se trate hayan sido violentos.

Algunas Reflexiones Finales:

Si bien el inicio de la emisión de normatividad jurídica en nuestro país respecto de los contenidos, formas y procedimientos para el uso de la Fuerza Pública por parte de los cuerpos de seguridad implica un avance significativo, hay que decir que existe coincidencia generalizada en que esta formalidad normativa no puede pensarse que sea eficaz por sí sola; tendrá siempre y en todo caso que ir acompañada de cambios en los manuales operativos, en los procesos y procedimientos, y sobre todo en la formación, capacitación y adiestramiento de los elementos de todas las corporaciones en los tres ámbitos de gobierno para transformar no solo de forma, sino de fondo la cultura institucional y de Cuerpo respecto de los distintos escenarios en los que resulte preciso el uso legítimo de la fuerza pública que abandone la visión represiva y se enfoque en una perspectiva de protección ciudadana y salvaguarda de los derechos humanos, tanto de los propios sujetos pasivos como de la población.

La actualización permanente del marco regulatorio, resulta ser de vital importancia en el uso de equipos y tecnologías para la contención y rechazo de las amenazas al orden y seguridad públicos, pues siempre tendrán que adaptarse a su creciente variedad, avance y sofisticación tecnológica, no solo en cuanto a su mera operación técnica, sino también a la adecuación de su empleo a las propias circunstancias de cada evento y en consideración a los principios básicos rectores del uso de la fuerza, y por supuesto previendo las sanciones respectivas por su uso inadecuado.

En todo caso, resulta de primer orden que se establezca a nivel sectorial en todos los ámbitos de gobierno además de la obligación de adecuar el marco regulatorio interno, la de dotar a los agentes de las corporaciones de seguridad con los equipos necesarios y apropiados para cumplir con sus atribuciones y a cada variable contemplada en los manuales y protocolos de actuación respectivos, y con un marco de sanciones formal, claro y transparente para quien no las observe; implementar adecuados medios de selección de personal, ofrecer entrenamiento y capacitación constante, así como evaluar regularmente y de forma integral el marco regulatorio jurídico, administrativo y operativo, la eficiencia institucional y las capacidades y desempeño individuales y colectivas.

_______________________________________

NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

[2] Declaración Americana de los derechos del Hombre. UNAM, Cátedra UNESCO. http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/2_instrumentos_regionales/1_Declaraciones/1.pdf

[3] Convención Americana sobre Derechos Humanos. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

[4] ONU, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, A/HRC/26/36, 1 de abril de 2014, párrafo 22.

[5] ONU, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, A/HRC/26/36, 1 de abril de 2014, párrafo 22.

[6] Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH. Informe Anual 2015. Op. Cit, p. 541

[7] Emeequis. México aumentó 92% su gasto militar en los últimos 9 años, reporta SIPRI. 7 de abril de 2016. http://www.m-x.com.mx/2016-04-07/mexico-aumento-su-gasto-militar-en-un-92-en-los-ultimos-9-anos-reporta-el-sipri/ .

Véase también: Banco Mundial: Gasto Militar % del PIB. http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS

[8] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 31 de diciembre de 2009. París, Francia. pp. 100-101

[9] Ver por ejemplo Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. Artículo 3 y ss. http://psm.du.edu/media/documents/national_regulations/countries/americas/mexico/mexico_ley_de_seguridad_privada_para_el_distrito_federal_24-01-05.pdf

[10] PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano. Diagnóstico y propuesta para América Latina, p. 150.

[11] En Accountability, Sistema Policial de rendición de cuentas. Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE). Instituto para la Seguridad y la Democracia, México, 2005. p. 154.

[12] Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Informe Anual 2015. http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/indice.asp

[13] Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2009. Párrafo 119.

[14] Corte IDH: Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros Vs Venezuela. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 281, párr. 134; y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 85.

[15] Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2009, párrafo 97.

[16] Corte Internacional de Derechos Humanos. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 31 de diciembre de 2009. Párrafo 116.

[17] Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párrs. 67-68; y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 85.

[18] Corte IDH: Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros Vs Venezuela. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Excepciones Preliminares, Fondos, Reparaciones y Costas. Serie C No. 281, párr. 134; Caso Nadege Dorzema y otros. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 85; y Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Kakoulli v. Turquía, No. 38595/97. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 108.

[19] Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 64, 31 diciembre 2011, párr. 115 se puede consultar en www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf

[20] Heyns Christof. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A/HRC/26/36. ONU, Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. 1° de abril de 2014. Consultable en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9931.pdf?view=1,%20p%C3%A1rr.%2076

[21] American Immigration Council. CBP Releases Use of Force Breakdown. Unclear what it means. 21 de octubre de 2015. Se puede consultar en http://immigrationimpact.com/2015/10/21/customs-and-border-protection-use-of-force/

[22] Audiencia sobre protesta social y derechos humanos en América. 154° período de sesiones. 16 de marzo 2015.

[23] Comisión interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 2015. Op. Cit. 537 y ss.

[24] Asamblea Legislativa del Distrito Federal. IV Legislatura. Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal. Se puede consultar en http://www.aldf.gob.mx/archivo-f9c89a9ff39e8126800e6180ee86e224.pdf

[25] Olivares Emir y Martínez Fabiola. Osorio sale a la calle para dialogar con politécnicos. Diario La Jornada, 30 de septiembre de 2014. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/30/cientos-de-estudiantes-del-ipn-salen-en-marcha-rumbo-a-gobernacion-4688.html

[26] Congreso del Estado de Quintana Roo. Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo. Disponible en http://congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/1anio/2PO/dec110/D1420140430110.pdf

[27] Consejo de Derechos Humanos, Resolución A/HRC/25/L.20, 24 de marzo de 2014, párrafo 10.

Constitucionalidad y Violencia Contra la Mujer

1 blob

CONSTITUCIONALIDAD Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Por José Ramón González Chávez

Entre los dedicados al estudio de la Política y el Derecho hay quienes sostienen –y no les falta razón- que las mujeres, al interactuar con otras personas y grupos, han sufrido una enorme y recurrente cantidad de violencia en el trabajo, en la familia y en la sociedad. Sin embargo, Alain Tourraine en su libro “El Mundo de las Mujeres” manifiesta su sorpresa al constatar entre los resultados de una encuesta que aplicó a mujeres, en la que les pidió que se definieran como tales y la mayoría de ellas nunca lo hicieron como víctimas, sino como madres, profesionales, emprendedoras, originarias de un país o ciudad, pero ante todo como mujeres, además de manifestar en la gran mayoría de los casos que su meta era construirse a plenitud como eso: como mujeres que son.

Sin duda, la construcción de sí mismo(a) es una cosa seria en un mundo líquido como el actual, en el que todo nos llama a escapar de nosotros mismos. Hasta hace relativamente poco, los seres humanos nos definíamos a partir de nuestra vinculación con el mundo; ahora esa autodefinición se relaciona primordialmente con lo que somos y queremos ser.

En un primer vector de investigación, las mujeres, más que los hombres, pasan por este híper individualismo orientado a construir una identidad propia a partir del cuidado personal y el desarrollo profesional. La indumentaria, el maquillaje, el ejercicio, las dietas, la cirugía estética y todo lo demás que los hombres piensan que son medios de seducción, -dice Tourraine- en la actualidad no son más que mecanismos que las mujeres tienen más bien para seducirse a ellas mismas, para estar satisfechas con lo que son. La meta final de la mujer ya no gira alrededor del hombre, sino que se basa en los nexos consigo misma; comienza a construir su propia realidad a partir de su sexualidad, de su relación y conformidad con su cuerpo y con ella misma.

Lo curioso es que, ante este panorama, en los hechos las mujeres enfrentan hoy una nueva dominación: la de los medios y la publicidad, que las transforma en hiperconsumidoras. Las mujeres se avergüenzan de cómo las usan en muchos anuncios, están en contra de la publicidad que roba su imagen al tomarlas como objeto sexual, como medio para sexualizar mercancías; pero paradójicamente son las que ven más publicidad y consumen mucho más que los hombres.

En un segundo vector –el profesional-, las mujeres que han sufrido una dominación histórica y casi total, ahora están ocupando cada vez más espacios en las aulas, en el trabajo público, en el privado y el social; aunque este hecho –cabe decirlo- vaya aunado a una depreciación considerable de la fuerza laboral sin distingo de género, donde se trabaja más y se gana menos que antes.

Bajo esta pauta doble, las mujeres encuestadas son conscientes de que la combinación de vida personal y trabajo es en la actualidad la mejor opción de vida. Saben que una participación limitada ya sea con su carrera o con sus hijos obstaculiza su éxito, por lo que consideran necesario combinar ambas y esto implica un cambio profundo productor de toda una nueva ética: son ahora ellas las que en el terreno práctico están formulando los grandes temas de la reconciliación del cuerpo y el intelecto, de lo material y lo intelectual, del pasado y el futuro, de lo privado y de lo público, de la razón y de la emoción. En lugar de elegir entre una postura y otra –dice el autor-, las unen sin confundirlas”.

Todo esto da pie a una seria reflexión de carácter jurídico en cuanto a la misión básica que toda reforma constitucional en materia de derechos fundamentales específicos para las mujeres y sus correspondientes garantías debería tener, a fin de construir un sólido marco de principios, normas y prácticas que les faciliten dejar de ser víctimas para convertirse en actoras estelares del sistema jurídico, político y social.

Es aquí donde surge otra sorpresa dentro del propio sistema constitucional mexicano, pues solo en 7 artículos de la Carta Magna existe referencia a las mujeres, de los cuales, 5 hacen referencia a hombres y mujeres, ya sea como parte de la sociedad en general (art. 4°; 6°; 18, 30; 34) o de ciertos sectores sociales (indígenas, migrantes, reos del orden penal); y en solo dos de ellos hace mención a las mujeres en específico (artículo 2°, apartados A) y B), y su fracción VIII (respeto a la integridad y dignidad de la mujer indígena en la aplicación de usos y costumbres; derecho a votar y ser votadas y a participar en el gobierno; difundir la igualdad de genero por radio comunitaria(?!); y el artículo 123 apartados A) y B) que se refiere a la protección de la mujer trabajadora durante la gestación, el parto y la lactancia, aunque con curiosas e injustificadas diferencias entre ambos dada la forma de otorgar los días de descanso, como si las mujeres que trabajan en la iniciativa privada fueran diferentes en su fisiología que las burócratas.

De la lectura de estos artículos se desprende: a) que el constituyente mantiene una visión de derechos fundamentales tradicional, esto es, genérica y congruente con el artículo 4° y la doctrina internacional al considerar a todos -hombres y mujeres- como seres humanos en su conjunto; y b) que en el caso de derechos específicos de las mujeres los únicos dos artículos los postulan lo hacen de forma a todas luces parcial, en cuanto a su mera condición de gestadoras y madres y/o en cuanto a su relación con los hombres.

El acucioso estudio de Tourraine nos lleva a pensar nuestra constitucionalidad desde esa nueva perspectiva, que considera el nuevo posicionamiento de la mujer en la vida política, económica, social, cultural, ante todo como un asunto de actitud y acción, soportada por el andamiaje del nuevo paradigma constitucional, tanto en lo que se refiere a derechos fundamentales, como a la legislación secundaria y a los mecanismos e instituciones que los garanticen y conviertan en hechos tangibles.

Instrumentos Internacionales de Protección a los Derechos Humanos

derechoshumanos

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN

A LOS DERECHOS HUMANOS

(Síntesis introductoria)

Por José Ramón González

Mucho se habla del Control de la Convencionalidad, esa nueva institución constitucional que obliga a ponderar la aplicación de los instrumentos internacionales en tanto que forman parte de la Constitucion en sentido amplio, principalmente en materia de DDHH, pero poco se conoce el contenido y alcances de estos instrumentos. Esto puede deberse a dificultades y limitaciones prácticas no solo técnicas, dada la amplitud de este marco normativo como de la complejidad en su aplicación objetiva.

La intención de este escrito es aproximar al lector de forma meramente descriptiva a los contenidos de los instrumentos internacionales básicos en la materia, motivar a su estudio más profundo, ponderar su aplicación real y reflexionar sobre los mecanismos que en tal caso podrían ser los más idóneos para su utilización práctica en aras de construir a través del acontecer jurídico cotidiano el Estado Constitucional que requerimos y merecemos los mexicanos.

 

LA ONU

La Carta Universal de Derechos Humanos 1948, surgida a consecuencia del genocidio y los abusos cometidos, sobre todo en la 2ª Guerra mundial, detonó la creación de un extenso marco normativo en la materia, así como de mecanismos jurídicos políticos y sociales ad-hoc (aún en proceso de definición) para poderlos instrumentar y convertir en realidad en los hechos.

En cuanto a los ordenamientos y disposiciones de carácter jurídico, desde su origen fueron establecidos con el objeto de proteger a las personas contra los abusos de los poderes públicos, poniendo a su disposición una serie de mecanismos (jurídicos, políticos y sociales) que permitan:

  1. Controlar la efectiva implementación de los tratados internacionales en sus respectivos regímenes jurídicos; o bien
  2. Denunciar las violaciones realizadas por autoridades y organismos gubernamentales.

De estos instrumentos, los tratados internacionales son los que pueden tener mayor efectividad dado su carácter vinculatorio, una vez que ya firmados por los estados han sido ratificados por el Senado.

Respecto de la generación y aplicación de mecanismos para la instrumentación y actualización de estos dispositivos de derecho internacional, por tratarse de un tema preponderantemente político administrativo, aunado a que la política pública en la materia no se va a producir de manera espontánea desde el gobierno, la participación ciudadana y de las ONGs están contribuyendo cada vez con mayor contundencia en el diseño y puesta en operación de planes, programas y acciones concretas para hacerlos efectivos.

I.- MecanismosConvencionales. Son los procedimientos instituidos en tratados internacionales de DDHH. Según el órgano internacional al que se traslada la queja y el carácter que adopta su decisión pueden ser:

I.1.- Contenciosos. Aquellos en los que se produce una controversia como consecuencia de violaciones a DDHH que puede ser sometida al conocimiento y decisión de un órgano jurisdiccional, es decir, ante un Tribunal internacional.

La aplicación de este tipo de mecanismos supone la acción de la Corte Internacional de Justicia, cuya sentencia, según los tratados internacionales formalizados, tiene carácter obligatorio, y por ende, no requiere de una declaración expresa del Estado parte aceptando la jurisdicción contenciosa de la Corte. Esta instancia ha participado ya con su capacidad contenciosa y consultiva en algunos asuntos vinculados a derecho humanos.[1].

Sin embargo, en los hechos, en casi todos los tratados, los estados tienen la capacidad de adoptar reservas de exclusión a la jurisdicción de la Corte, por lo que solo se aplicaría su jurisdicción a aquellos estados que no hayan utilizado dicha reserva de exclusión. Además, la persona víctima de una violación no tiene acceso a la Corte, dado que ante ella tan solo están legitimados los estados.

Fueron reconocidos por primera vez en 1948, en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (art. IX) [2] y cuya aplicación práctica se dio 45 años después, en 1993 durante la guerra de secesión de Yugoslavia (conflicto Serbio – Bosnio). Constituyó un detonador de una producción importante de tratados internacionales sobre DDHH (16) [3],entre los que se encuentran, por ejemplo:

  • La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Art. 22) (1965, en vigor en 1969); y
  • La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (Art. 30.1) (1984, en vigor en 1987).

Con el tiempo, se han ido creando otros tribunales internacionales ad-hoc, como los de Yugoslavia o Ruanda, que terminarían su labor luego de juzgar a todos los acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad en sus respectivas guerras civiles.

En 2002 se creó el Tribunal Penal Internacional, con carácter permanente,

  • Para perseguir violaciones a los DDHH por parte de individuos o de Estados, con jurisdicción solo en los países que hayan firmado y ratificado el tratado respectivo, lo que limita considerablemente su vocación de tribunal internacional.
  • Tiene una gran presión por ser originado a partir de la exigencia de grupos sociales, no como regularmente sucede por acuerdos diplomáticos entre Estados; por lo mismo, tiene grandes opositores como china y EU, que intentan boicotear todo su trabajo[4]. 

I.2.- No Contenciosos. Se emplean cuando se quiere conocer la opinión de un organismo internacional no jurisdiccional, en caso de duda sobre el grado de aplicación o integración en el derecho interno de algún estado de alguno de los derechos reconocidos en un Tratado internacional. Pueden ser:

I.2.1. Informes periódicos. Giran en torno a la obligación de los Estados firmantes, los organismos especializados de la ONU y las ONGs, de informar al comité especial de informes periódicos en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, el que evaluará y emitirá su opinión al respecto, La Resolución del Consejo Económico Social 624 B,XII, 1º de agosto de 1956, no obstante haber sido abrogada por ineficaz mediante instrumento similar el 17 de diciembre de 1980, ha dado pie al establecimiento de otras convenciones que pretenden lograr los mismos objetivos[5]:

  • Generar una obligación para los Estados de rendir cuentas acerca del grado de aplicación en su derecho interno de los derechos reconocidos en cada tratado.
  • La obligación de los Estados de presentar un informe inicial y luego informes periódicos en los plazos establecidos ante el órgano previsto en cada uno de los tratados.
  • El establecimiento en cada tratado de organismos particulares, distintos a la Comisión de Derechos Humanos para llevar esta función de control, evaluarlos y opinar al respecto.

Entre los rasgos comunes de estos instrumentos podemos mencionar que:

  1. Son de carácter obligatorio para todos los estados partes.
  2. Los estados tienen que informar de las medidas adoptadas y los progresos logrados en la efectividad de los derechos reconocidos.
  3. Se desarrolla un dialogo entre el órgano competente para examinar el informe y los representantes estatales.
  4. Se faculta al órgano de control para realizar los comentarios generales que estime pertinentes y para que formule las recomendaciones al respecto. 

I.2.2. Investigaciones. Solo se prevé en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. Se centra en su atribución para autorizar, aun ex oficio, la realización de investigaciones cuando se reciban informes fiables sobre la existencia de violaciones a los DDHH relacionados con el tratado respectivo en alguno de los países firmantes (art. 19). Su eficacia está limitada por requerirse en la mayoría de los casos la autorización del país que se va a investigar. Pueden ser de varios tipos:

I.2.2.1. Visitas. Procedimiento basado en los principios de cooperación y confidencialidad. Refiere a que los estados partes de la Convención pueden ser investigados salvo que al momento de firmar, ratificar o adherirse hayan formulado una reserva de exclusión a la competencia del Comité. Esto quiere decir que los Estados parte realizan una aceptación tácita cuando no rechazan expresamente el mecanismo de la investigación. Pueden ser:

  • In loco (Previsto solo en la convención europea contra la tortura), cuando el Comité necesita de la autorización del Estado para realizar la investigación
  • Ad Hoc. Cuando el Comité solo avisa al Estado que va a realizar la investigación. 

I.3. Cuasi Contenciosos. Cuando se solicita que un órgano internacional emita su opinión sobre una situación, proponiendo algún tipo de arreglo.

  • Se utiliza cuando existe controversia no contenciosa y es sometida al conocimiento de un órgano internacional no jurisdiccional.
  • El órgano no jurisdiccional conocerá el asunto y emitirá solo una opinión, no una decisión.
  • La acción procesal es la queja, que puede provenir tanto de particulares como entre estados que aleguen ser víctimas de la violación de alguno de los derechos contenido en el tratado Internacional respectivo. Cuando proviene de personas se llama “Comunicación” o “Queja individual” Se contempla en 4 convenciones y ofrece acción directa o indirecta a las víctimas [6]; cuando se da entre Estados partes se denomina “Comunicación” o “Queja interestatal, pero estos deben estar de acuerdo en su aplicación. Las actuaciones son confidenciales. Se contempla solo en tres instrumentos en la materia [7] y hasta la fecha nunca ha sido usada.
  • El procedimiento origina la puesta en marcha de un mecanismo de conciliación, orientado a la investigación y el arreglo pacífico.
  • Rasgos comunes a todos los tratados en la materia:
  1. Facultativos: Para que un individuo pueda presentar una queja contra un estado parte, debe reconocer en una declaración unilateral la competencia del órgano internacional;
  2. Subsidiarios. Los individuos han tenido que agotar previamente todos los recursos internos disponibles;
  3. Escritos.
  4. Confidenciales
  5. Contradictorios: tanto las víctimas como los estados presentaran cuantas alegaciones y replicas consideren oportunas a fin de defender sus posturas.

Crítica: A pesar de la evidente proliferación de organismos internacionales durante 65 años, los mecanismos convencionales han sido incapaces de hacer llegar ante ellos la voz de las víctimas de violaciones de DDHH y atender con eficacia sus reclamos. Este fracaso se explica por:

  1. La incapacidad sancionadora de los órganos de control, ya que solo pueden emitir recomendaciones;
  2. La no aceptación de los estados (sobre todo los más poderosos), de las atribuciones de los órganos de control para investigar sobre las quejas presentadas;
  3. Burocratismo, ante las rigurosas reglas de admisibilidad por las que debe pasar una queja para que pueda dársele trámite; y la lentitud de los procedimientos, que provoca que la masa de quejas y comunicaciones que constantemente llegan a Naciones Unidas rebase la capacidad de respuesta de dichos organismos [8].
  4. La escasa disponibilidad del mecanismo de reclamaciones de particulares que se consideren víctimas de violaciones de DDHH, ya que, únicamente están previstos en cuatro de los instrumentos internacionales de la ONU en la materia.

Mecanismos Extraconvencionales. Como su nombre lo indica, se trata de todos aquellos procedimientos creados mediante instrumentos distintos a los tratados internacionales. Aparecen a iniciativa de la Comisión de DDHH de la ONU, a la que se le otorgan facultades en la materia, dada la ineficacia de los mecanismos convencionales. Tienen reglas más sencillas para la presentación de quejas. Y no es tan decisivo el consentimiento de los Estados. Sus órganos de control actúan en todos los países miembros dela ONU. El documento que tienen como base para determinar la existencia de violación a los DDHH se basa en la Declaración Universal de 1948, no en un tratado. Los Principales son: 

A) Sistema de informes periódicos 1959. Instituido por el Consejo Económico y Social (resolución 624 B (XII,1 de agosto de 1956) para comprobar las medidas adoptadas por los estados miembros en la materia.

B) Comité Especial de Informes Periódicos. Dependiente de la CDDHH que lo extinguió en diciembre de 1980 por ineficaz (cada tratado establecía su propio comité de informes por lo que había duplicidad).

C) Resolución 1235 (XLII) del Consejo Económico y Social de 6 de Junio de 1967. Permite a la Comisión de DD HH establecer un organismo de investigación por violaciones graves y masivas sin necesidad de autorización del Estado sujeto a control “sobre todo en los países sudafricanos”, como en los casos de racismo en Rhodesia y el Apartheid. 

Procedimiento público General. La Comisión de DD HH conoce de las denuncias y emite recomendaciones también generales. 

Procedimiento Especial por países. La comisión hace investigaciones y evaluaciones y emite recomendaciones a algún país colonial dependiente y/o practicante del racismo y el apartheid(Chile 1975).

Posteriormente, poco a poco estos órganos especiales de investigación fueron asumiendo facultades de protección, so pretexto de que las violaciones podrían atentar contra la paz y la seguridad internacionales.

Procedimiento confidencial 1503.

Procedimiento especial por materias (por ej. desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias), nombrándose un relator especial (1982) y ordenando capacitar a funcionarios públicos para evitar este tipo de violaciones. Desde 1980, sus alcances se fueron extendiendo a temas de éxodos masivos (1981); tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1985); Intolerancia religiosa (1986); Mercenarios (1987); niños (1990); Desplazados (1992); derecho al desarrollo y libertad de expresión (1993); justicia y mujeres (1994); desechos tóxicos (1995); Inmigrantes y ajuste estructural (1997).

Al paso del tiempo, se han llevado a cabo medidas de ajuste para hacer más ágil la toma de decisiones cuando hay una violación flagrante.

Sus rasgos generales son:

  1. Poner fin a las violaciones de DDHH donde quiera que ocurran.
  2. No se requieren el consentimiento del estado bajo control, a menos que se realice una investigación “in loco”.
  3. La investigación y sus resultados deja de ser confidencial.
  4. Para la aplicación práctica del procedimiento se crea un órgano “ad hoc” con un relator especial, ya sea personal o como grupo de trabajo, integrado por expertos independientes que actúan a título personal.
  5. Hay una gran flexibilidad en cuanto a la admisión y trámite de denuncias: Si se inicia una investigación, el órgano “ad hoc” decide sobre la base de las informaciones recibidas de cualquier fuente que estime fiables. Determinados órganos “ad hoc” tienen capacidad para iniciar acciones urgentes por razones humanitarias.

Debilidades:

  • Como los integrantes de la Comisión son representantes de los Estados no pueden separarse de su compromiso político con sus representados. Esto choca con los integrantes del órgano de control, que son especialistas independientes, lo que obstaculiza las soluciones.
  • Las comunicaciones individuales se contestan en masa, por lo que no reciben un tratamiento especializado.
  • Por no prever sanción alguna, la eficacia de las acciones de la Comisión se limita a su publicidad internacional.
  • Existen limitaciones financieras, técnicas y de seguridad para instruir todos los procedimientos que se presentan y que son cada vez más complejos por su creciente multidimensionalidad.
  • Las violaciones se focalizan en países subdesarrollados y la implementación de sus eventuales medidas correctivas resulta difícil cuando no imposible.

 

Otros mecanismos:

Procedimientos “de buenos oficios y de contactos directos”;

  • Los instituidos en la OIT y laUNESCO.

 

 

UNIÓN EUROPEA

Resolución 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y social (27 de mayo de 1970). Crea el procedimiento confidencial para el tratamiento de comunicaciones individuales, aunque son sometidas a estrictos requisitos de admisibilidad. Con la confidencialidad se pretendía facilitar la cooperación del Estado concernido, pero en la práctica sucedió lo contrario. Preveía su aplicación universal, superando su limitación a países coloniales o dependientes; sin embargo, resultaba ineficaz al requerirse la autorización del Estado a investigar (?), además de poder aplicarse contra la resolución 1503 que se dio en casos de discriminación como en Sudáfrica e Israel. La decisión de investigar se tomaría por la Subcomisión de DDHH a partir de la detección de eventuales violaciones graves.

En el papel, la Comisión tenía la atribución de declarar público un procedimiento confidencial, dadas las circunstancias. La confidencialidad afectaba además la transparencia de las gestiones y las decisiones y aumentaba la presión política a la Comisión, además de dañar la imagen política del Estado ante la comunidad internacional, lo que limitaba cuando no hacia nugatoria la posibilidad de solucionar eventuales violaciones. Sin embargo, sigue vigente por razones políticas.

 

El Consejo Europeo (Principales Tratados):

  1. Convención Europea sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Fue el primer tratado en establecer un sistema de garantía y protección a los derechos reconocidos en su texto, tanto para estados y personas. Sus principales instituciones son:

1.1. La Comisión de Derechos Humanos. Establece un sistema de denuncias interestatal (art. 24) sin requisito de nacionalidad de las víctimas y un Sistema de denuncias individuales (art. 25). Recibe las denuncias y hace estudio previo;

1.2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Órgano de jurisdicción opcional creado en 1998; los Estados parte se comprometen a reconocer su capacidad para juzgar. Actuaba a instancia del Comité cuando los Estados parte así lo permitían, siendo sus fallos jurídicamente vinculantes, obligándose a cumplir sus resoluciones. A partir de los 80 se empezó a considerar impráctico por el aumento de países miembros de la UE a partir de la caída del muro de Berlín, la acumulación de casos y el retraso en sus resoluciones. Fue modificado en 1993 (Viena) y 1997 (Estrasburgo) y desapareció en1999.

1.3. El Comité de Ministros. Órgano de decisión del Consejo de Europa, con atribuciones para supervisar los procesos de decisión de las denuncias declaradas admisibles por la Comisión. Desempeñaba la función de guardián del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Su intervención se reclamaba en caso de solución política del desacuerdo cuando la causa no era remitida al Tribunal. Al final del siglo XX perdió su competencia para conocer los detalles de los casos y emitir decisiones, aunque conservó la capacidad de monitorear el ejercicio y asegurar la eficacia del Tribunal, revisar y controlar la correcta ejecución de sus sentencias por los estados partes.

A partir de 1999 los tres órganos se fusionaron en uno solo: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, compuesto por un juez por cada estado miembro, elegidos por el Parlamento Europeo por un periodo de tiempo de entre tres y seis años. Tiene carácter permanente y establece un solo proceso de denuncias directas, lo cual hace que el sistema gane en rapidez y eficiencia. Desde entonces ha producido importante jurisprudencia, convirtiéndose en un referente básico de precedente judicial y de interpretación de derechos y obligaciones en la materia a nivel continental. También como órgano fiscalizador de la actuación de los Estados y generador de cultura de respeto y actuación en la materia.

  1. Carta Social Europea. Cada Estado debe presentar cada dos años al Secretario General del Consejo Europeo un informe de estado y avances en la materia. Los informes son públicos y pueden ser observados por las ONGs.

Se establece un Comité Europeo de Derechos Sociales, integrado por 9 miembros independientes e imparciales. Recibe los informes del Consejo, los revisa y evalúa. Pasa sus evaluaciones al Comité Gubernamental, compuesto por representantes de los Estados miembros que se comprometen a atender sus observaciones. El Comité de Ministros puede presionar a un Estado miembro a modificar su legislación para cumplir alguna observación considerada grave.

Los sindicatos, organizaciones de trabajadores internacionales, ONGs con estatus consultivo ante el Consejo de Europa, organizaciones de trabajadores nacionales de alguno de los estados parte de la Carta, y las organizaciones autorizadas por sus estados pueden denunciar violaciones de los derechos recogidos en la Carta Social que se estén produciendo en alguno de los Estados parte que han ratificado el protocolo (hasta la fecha han ratificado el protocolo Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Portugal, Eslovenia y Suecia).

Las denuncias son examinadas por el Comité de Expertos Independientes, que decide sobre la admisibilidad de la denuncia en función de una serie de criterios establecidos en el protocolo. En caso de que sean admisibles realizará un informe recogiendo información de las partes implicadas, remitiéndolo al Comité de Ministros para que en su caso emita recomendaciones al Estado denunciado a fin de subsanar las situaciones que violan la Carta Social.

 

ENLACES Para Mayor Información:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instrumentos Internacionales

http://www.cndh.org.mx/Instrumentos_Internacionales_Derechos_Humanos

Derecho y Legislación Internacional

http://www.derechos.org/nizkor/ley/

 Violaciones a derechos humanos en el mundo:

Situación de los Derechos Humanos en Ucrania

http://www.dw.de/popups/mediaplayer/contentId_16009251_mediaId_15996498

Violaciones a derechos humanos en Europa

http://www.dw.de/ai-critica-violaciones-a-dd-hh-en-europa/a-16551204

Violaciones de derechos Humanos en Estados Unidos

http://www.dw.de/v%C3%ADctima-de-secuestro-de-la-cia-gana-caso/a-16452675

En el punto de la mira la luchaantiterrorista en Alemania

http://mediacenter.dw.de/spanish/video/#item/1129115/En_el_punto_de_mira_de_la_lucha_antiterrorista_en_Alemania/?&_suid=1379183847449016780985237468487

 

[1] A) En cuanto a su capacidad contenciosa, por ejemplo, el Asunto relativo al Estrecho de Corfu (sentencia 09 abril 1944); Asuntos relativos al Sudoeste africano (Etiopía y Liberia contra Sudáfrica, sentencia 18 julio 1966);Asunto sobre personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán (sentencia 24 mayo 1980); Asuntos relativos a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (sentencia 27 junio 1986); Asunto Barcelona Traction (sentencia 5 febrero 1970). B) En ejercicio de su capacidad consultiva destacan: Opinión consultiva sobre la interpretación de los Tratados de paz con Bulgaria, Hungría y Rumania (1950); opinión consultiva relativa a ciertas reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio (1951); opinión consultiva relativa a Namibia (1971); opinión consultiva relativa a la convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas (1989).

[2] http://www2.ohchr.org/spanish/law/genocidio.htm

[3] Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio(artículo IX); Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (artículo 22); Convención sobre el estatuto de refugiados (artículo 38); Convención sobre el derecho de rectificación (artículo V); Convención sobre los derechos políticos de la mujer(artículo IX); Convención sobre la Esclavitud (artículo 8); Convención sobre el estatuto de los apátridas (artículo 34), Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (artículo 10): Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada (artículo 10); Convención UNESCO sobre la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (artículo 8); Convención para reducirlos casos de apatridia (artículo 14); Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (artículo 8); Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (artículo 22); Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen del apartheid (artículoXII); Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículo 29); Y convención contra la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículo 30)

[4] Para asegurarse que el Tribunal Penal Internacional no pueda llevar a cabo ninguna acción contra sus ciudadanos, EEUU, además de no firmarla ratificación del Estatuto del Tribunal, ha adoptado la práctica de firmar acuerdos bilaterales con el resto de Estados del mundo para que cada Estado mediante la firma de un acuerdo se comprometan a no denunciar, y a no permitir que se denuncie, a ciudadanos estadounidenses ante el Tribunal.

[5] Convención sobre todas las formas de Discriminación Racial de 1965,Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Convención internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid de 1973,Convención internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, Convención sobre el Apartheid en los Deportes de 1985 y la Convención sobre los derechos del Niño de 1990.

[6] Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial (art. 14), Protocolo facultativo anexo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (art. 22), y en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias (aun sin vigor).

[7] Tratado para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial (con carácter obligatorio, art. 11), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Competencia del Comité facultativa, art. 41) y Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (Ídem, art. 21).

[8] En su origen la Comisión de DDHH de la ONU fue creada para promover con base en los artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas la cultura de los DDHH (sobre todo en los países coloniales y dependientes),no para protegerlos, ni perseguir sus eventuales violaciones (Consejo Económico y Social, resolución 728 F XXVIII, 30 julio 1959).