Manifiesto por la Libertad de Conciencia

Sorprende que a más de una década, el documento tiene más vigencia que nunca…

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Manifiesto por la libertad de conciencia

Traducido al español por José Ramón González Chávez

Domingo 3 de julio de 2011

  • La humanidad ha nacido libre.
  • La naturaleza no ha creado ni valores, ni religiones, ni iglesias, ni la censura, ni la propiedad.
  • La humanidad se ha hecho a si misma, saliendo de la prehistoria en una larga lucha contra las dificultades terribles de un mundo que ni conocía ni entendía; escapando de forma gradual a las limitaciones y los obstáculos, incluidos aquellos que ella misma creó, haciendo valer sus derechos.
  • Los derechos de la humanidad no son ni solemnes ni desgarrados frente a otros supuestos “derechos” de origen desconocido. Ellos existen porque la humanidad existe.
  • Los derechos de la humanidad son “verdades evidentes por sí mismas”. El primero de estos derechos, es el derecho a pensar libremente. La libertad primera y fundamental es la libertad de conciencia.
  • De hecho, antes de las iglesias, está la Humanidad. En efecto, por encima de la iglesia, está la Humanidad. Dioses, iglesias, supersticiones, dogmas, todos ellos no son mas que creaciones humanas.

Cada vez más conciencia

“Más luz! “

  • A siglos de distancia, hacemos nuestra la frase póstuma de Goethe.
  • La libertad de conciencia es la libertad de la humanidad para explorar y examinarse si misma.
  • La humanidad es falible e imperfecta, ya que está dotada de razón, por supuesto de critica.
  • Lo que la humanidad ha hecho, puede deshacerlo.
  • Las generaciones sucesivas no pueden ser mutuamente vinculadas entre sí y para siempre.
  • A la diferencia de las religiones, la humanidad libre y consciente negó, y niega la infalibilidad.
  • La humanidad es perfectible, es decir, se puede corregir y mejorar, no ve el cielo como un pasado culpable y acabado ni como un porvenir inaccesible y mítico, sino como una parte de todos los días, permitida por la libertad de conciencia.
  • Podemos decir, después de Protágoras que “el hombre es la medida de todas las cosas”
  • La mente humana es ilimitada. Capaz de dividir las células más pequeñas del universo, también es capaz de cambiar su propia estructura, para conquistar planetas, para trabajar en el origen del mundo y pensar sobre su propio futuro y por desgracia posee tambien la posibilidad de programar su propia destrucción.
  • El destino de la humanidad es el proyecto de la humanidad y en la mitología Prometeo, el rebelde, tenía razón al arrebatar el fuego a aquellos que eran los dueños para darlo a los hombres. Es una metáfora para la humanidad en su lucha por la emancipación, afirmando la libertad de conciencia, que no es otra cosa que la libertad de la humanidad.
  • La humanidad siempre se ha enfrentado a los dogmas religiosos.
  • Cada vez que la humanidad ha avanzado, independientemente de la forma de afirmar sus derechos, las iglesias le han condenado.

Historia

  • La lista de los mártires y héroes de la libertad de conciencia es interminable, más allá de los breves recuerdos que podemos hacer aquí:

     – Sócrates fue condenado a la cicuta porque él llamó a los jóvenes a pensar por sí mismo.

     – El filósofo de la Sorbona, Abelardo fue mutilado al sentir que su propia opinión valía tanto como la de sus “padres”.

     – El científico Galileo fue condenado por no cumplir las verdades profesadas en la Biblia sino las que producieron sus

       propias investigaciones.

     – Sucedió lo mismo con Etienne Dolet, Giordano Bruno, Miguel Servet., Vanino Vanini y muchos otros.

  • Cuando fue publicado el primer texto que estableció derechos humanos en Occidente (la “Carta Magna de Juan sin Tierra” en Inglaterra, en 1215)   el arzobispo de Canterbury, Langton, que había apoyado el texto, fue suspendido por el Papa.
  • La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en Francia, fue condenada por el Papa.
  • Charles Bradlaugh, que fue elegido democráticamente al parlamento de Westminster en 1880, libro una larga batalla por el derecho de sentarse en el Parlamento sin tener que jurar fidelidad a la fe anglicana.
  • El profesor y librepensador de España, Francisco Ferrer i Guardia fue asesinado en 1909 a petición de la jerarquía católica.
  • El librepensador Chevalier de la Barre, fue ejecutado por orden de la Iglesia
  • El líder de la libertad de pensamiento alemán Max Sievers fue ejecutado en Hamburgo en 1943 por los nazis.

La lista es larga …

Refleja la lucha incesante entre el dogma y la libertad de conciencia.

Hoy en día

  • Todo el mundo ve que las iglesias siguen reprimiendo y persiguiendo las conciencias. Las iglesias no han cambiado.
  • A modo de ejemplo, en Pakistán, el Dr. Younus Shaikh, acusado de blasfemia fue condenado a muerte en 2001 solicitó refugio en Europa, la que le fue concedida después de una campaña internacional de solidaridad. Pasó más de 3 años en el “corredor de la muerte”.
  • En Nigeria, el militante Leo Igwe ha sido varias veces detenido y golpeado por la policía por defender a los acusados de “brujería”. Fue puesto en libertad en enero de 2011, después de una campaña internacional en su nombre.
  • El juez italiano Luigi Tosti continúa liderando la lucha para ser reintegrado en todos sus derechos después de haber sido destituido de su cargo por haberse negado a celebrar una reunión en una sala de justicia decorada con un crucifijo.
  • El “Great Room”, una apelación formal ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, incautado por el gobierno de Berlusconi, el 18 de marzo de 2011, ha dado razón al Estado italiano que pretende seguir imponiendo la presencia de crucifijos en las escuelas públicas en la península (caso conocido como “Lautsi).
  • Hay muchos otros ejemplos, como la reciente destrucción de obras de arte en Avignon en Francia, por un comando católico, que las consideró “blasfemas”.

Arrebatar, defender o restaurar la libertad de conciencia

  • Al igual que cualquier ley, la libertad de conciencia debe ser incluida en los textos, sean declaraciones, constituciones, leyes o instrumentos jurídicos. En algunos países, estos textos existen, como en el caso de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que dice: “El Congreso no aprobará ninguna ley que otorge una preferencia a una religión, o prohibiendo el libre ejercicio, limitando la libertad de expresión, la libertad de la prensa o el derecho de los ciudadanos a reunirse pacíficamente y para enviar peticiones al gobierno para la reparación de los daños sufridos. “(1791). Tambien, la Ley de Separación de Iglesia y Estado en Francia (1905) postula que: ” La República no reconoce, sufraga ni subvención a ninguna religión. En consecuencia, a partir del 1 de enero siguiente a la promulgación de esta Ley, deberán ser retirados de los presupuestos del Estado, de los departamentos y municipios, todos los gastos relacionados con el ejercicio de la religión “. Igulamente la Carta Magna de Portugal, la de la Rusia revolucionaria en 1917, el referéndum constitucional en Bolivia (2009) la Constitución “provisional” de Nepal (2007), entre otros. Vale la pena recordar que estos textos son a menudo maltratados y que su defensa o recuperación son necesarias, como en el caso de Francia, donde todos los gobiernos desde el gobierno de Vichy han violado la Ley de Separación entre la Iglesia y el Estado.
  • Por eso saludamos a todos los combates que caminan en dirección a la libertad de conciencia, incluyendo la reciente derogación del delito de blasfemia en el Reino Unido.
  • En Polonia, en marzo de 2010, la revista GOSC Niedzielny Episcopal archidiócesis de Katowice fueron condenados por haber comparado la feminista Alicja Tysiac con los criminales de guerra nazis. Otros ejemplos de victorias son conocidos.
  • Acogemos con satisfacción las manifestaciones anticlericales en Polonia, Italia, y saludamos a las Decenas de miles de personas que marchan por las calles de Beirut diciendo “El secularismo es la solución” en un país donde el sistema es una mezcla compleja de cuotas de reparto de poder basado en la comunidad; de miles de manifestantes que en Túnez hacen suyo el lema “La laicidad y la tolerancia = Libertad Para Túnez laica”; los miles de manifestantes que marcharon en Londres durante la visita del jefe de la Iglesia Católica a decir” ¡Que pague el Papa; igual los manifestantes laicos en España …
  • Bajo todas las latitudes, en todos los continentes, la forma es variable, pero el fondo es el mismo: la exigencia de la libertad de conciencia!
  • Nosotros luchamos por la derogación de todos los concordatos, en contra de todas las guerras de religiones y en contra de cualquier “choque de civilizaciones”

Reflexiones

  • Nuestras tradiciones y nuestras luchas, incluyendo las mociones y resoluciones del Congreso Mundial del libre Pensamiento en Roma en 1904, son la promesa y la promesa de nuestros compromisos.
  • En la tradición del Congreso Mundial de Roma en 1904, los presentes o representados en el Congreso Mundial de Oslo, 12 de agosto de 2011, de fundación de la AILP (Asociación Internacional de Libre Pensamiento) deciden implementar dos campañas: la verdad sobre la financiación de la religión y la justicia para las víctimas de las Iglesias.
  • Porque estamos a favor de la libertad de conciencia, que implica la separación de Iglesia y Estado, queremos claridad en la financiación de las religiones, esta “economía púrpura” que une a los presupuestos del Estado a costa de la Salud, la Educación, a favor de beneficiarios sólo que se califican como “guías espirituales”.
  • Queremos justicia para las víctimas de las Iglesias.
  • La justicia no es el arrepentimiento. Este es un conjunto de conceptor que las iglesias religiosas, colocan por encima de las leyes humanas.
  • Queremos justicia, lo que implica que si se reconoce culpable se apliquen sanciones jurídicas, financieras y morales.
  • Justicia para las víctimas de abuso sexual de Iglesias; se ha demostrado que el abuso sexual realizado por los clérigos es una institución desde la época de la Inquisición.
  • Justicia para las víctimas de la discriminación, el IV Concilio de Letrán de 1215, condenando a los Judios a llevar un distintivo amarillo, la Inquisición golpeando judíos, musulmanes o “herejes”.
  • Justicia para los pueblos colonizados y “evangelizados” privados de sus derechos y su tierra en África, Asia, América Latina, América del Norte. Hacemos nuestras las palabras de J. Kenyatta “Cuando los blancos vinieron a África, teníamos la tierra y ellos tenían la Biblia. Nos enseñaron a rezar con los ojos cerrados: Cuando los abrimos, la tierra era de los blancos y nosotros teníamos la Biblia. “
  • Queremos que la plena libertad de investigación científica en el respeto de la conciencia individual.
  • Queremos que el derecho de las mujeres a controlar sus cuerpos.
  • Queremos la separación completa de la educación y la religión y que ésta no puede impartirse en la escuela pública. Las familias pueden aprender lo que consideren bueno para sus hijos.
  • Basta de reproches a las opiniones de los hombres.
  • Criticamos las instituciones religiosas por pretender imponer sus puntos de vista.

Perspectivas

  • Nosotros, presentes o representados en el Congreso Mundial del Libre Pensamiento en Oslo, tanto por nuestra investigación sobre la situación que guarda un asunto fundamental como la libertad de conciencia, sin perjuicio de la labor que realizan otras asociaciones y organizaciones, nacionales e internacionales, afirmamos que:

     – La libertad de conciencia es un elemento constitutivo de la democracia;

     – La libertad de conciencia es parte integrante de la emancipación de la Humanidad.

     Nos comprometemos a:

     – Defender la Libertad, en todas partes y para todos

     – Expresar solemnemente nuestra solidaridad fraternal a todos los que son o pudieran ser perseguidos por sus opiniones.

     – Pedir a todos aquellos que se reconocen en este manifiesto a unirse a esta lucha.

Este Manifiesto es objeto de debate y sera propuesto a la votación del Congreso Mundial de Librepensadores de Oslo, que se celebrará 10 de agosto 2011. Este Congreso Mundial se realizará con miras a reconstituir la Asociación Internacional del Libre Pensamiento

FUENTE: www.cilalp.org/

Violencia y Democracia

VIOLENCIA Y DEMOCRACIA

Por José Ramón González Chávez

La democracia es causa eficiente, motor y razón del Estado Constitucional. Sin embargo, pareciera ser frágil ante factores que en la actualidad le son tan determinantes como la violencia, flagelo social de configuración dinámica y compleja al que incluso en un principio podría considerársele antagónico, pues la primera implica tolerancia, inclusión, acuerdos en lo fundamental, en lo que nos es común y nos afecta a todos independientemente de nuestros intereses y preferencias personales, y la segunda, la imposición de la fuerza a la razón y por ende, la negación de todos aquellos principios.

Para nadie es ajeno que la violencia es un gran instrumento mediático; el morbo que provoca el llamado “gancho de sangre” ha llevado a muchos medios de comunicación a emplearlo como modus vivendi y por ello durante años -si no es que décadas- se han dedicado a cultivarlo; lo fortalecen y lo hacen permanecer a tal grado que algunos de ellos han llegado a dedicarle casi la totalidad de sus espacios.

Morbo, temor, expectativa, divulgación, entre otras muchas cosas más, han venido generando y acrecentando una verdadera opinión pública que gira alrededor de la violencia; ha dejado de ser tema de especialistas o comunicadores de nota roja o amarilla para convertirse en vox populi. Todos hablan de ella, refieren anécdotas propias o ajenas, se convierten en jueces penales o criminólogos. Desde hace tiempo es más conocido el nombre de los grandes exponentes de la violencia que de muchos personajes de nuestra historia, pero casi nadie sabe qué es, quién la crea y la alimenta, por qué y cómo opera, para qué, para quién y cómo afecta a la vida democrática y al tan invocado Estado de Derecho. Quizá por ello todos, de una forma u otra, en mayor o menor medida, tengamos algo de culpa en el empoderamiento del tema.

Al igual que la seguridad, la violencia es ante todo una percepción. Lo preocupante es que esta ha permeado profundamente en muchas democracias contemporáneas incluyendo la nuestra. Ahora parece que un candidato, un partido o un gobierno es más popular ya no por sus propuestas de solución a los problemas sociales, económicos o políticos sino en la medida en que su discurso se torna violento hacia sus opositores, hacia las instituciones y los gobiernos, constituidos o precedentes.

Lo vimos en el reciente proceso electoral, tanto en los “debates” como en sus declaraciones ante los medios, cuando un candidato resultaba mejor calificado no en la medida en que era capaz de ofrecer soluciones convincentes a los problemas comunes, sino mientras más insultos profería a sus contendientes, convirtiendo el intercambio y discusión de visiones de gobierno en una simple, llana y triste guerra de lodo

Esto tal vez pudiera deberse a una lectura equivocada de la actitud ciudadana de considerar la violencia en el lugar más alto en sus preocupaciones, por encima de temas tan cruciales para el desarrollo democrático y social como la seguridad, el empleo, la salud, la educación, la gobernabilidad; y es que la violencia rasga ese entramado de relaciones, intereses y expectativas individuales y de grupo que llamamos el tejido social con balas, descuartizamientos, genocidios, terror, impunidad; la violencia llegó para quedarse en él y ocupa desde hace tiempo ya y por quien sabe cuánto tiempo un lugar de privilegio en las historias locales y por supuesto en la nacional.

Todos, gobernantes gobernados, líderes de opinión, ciudadanos de a pie, hemos aprendido a vivir con la violencia, en hacerla parte de nuestro entorno cotidiano; a volvernos resistentes y a veces hasta indolentes ante los delitos, los abusos, los insultos, las amenazas; indiferentes frente a crímenes de lesa humanidad, ante los genocidios de campesinos, de migrantes, ante las fosas clandestinas llenas de gente sin cara, sin nombre, mostrándonos que la violencia quizá no sea más que la cara visible de un conflicto social que prevalece en el fondo, lo que nos mete en un ciclo autodestructivo que pareciera llevarnos a un callejón sin salida.

En este estado de cosas, surge obligadamente preguntas como ¿qué relación hay entre transición democrática e incremento uniformemente acelerado de la violencia y la criminalidad? ¿de qué forma construir y mantener un sistema democrático en este entorno? ¿Será posible superar este panorama, pasar de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón, sin más crueldad, sin más violencia, sin derramar más sangre?

Los estudios sobre violencia y democracia surgen en Sudamérica a inicios de los años 60, en países que desde esas épocas han sufrido esta cruda situación como Colombia (vid Guzmán, Fals y Umaña “La Violencia en Colombia. Estudio de un Proceso Social”, Bogotá, Ed. Tercer Mundo”, 1962).

En México, el fenómeno de la relación entre violencia y democracia está modificando la estructura, conducta e imagen del país tanto al interior como al exterior y por ende trastoca la planeación, diseño y operación de la política pública y la denominada gobernanza a todos los niveles: federal, estatal, municipal; sin embargo, existen muy pocos textos sobre el tema y los que hay son superficiales o poco recientes. Basta un simple chapuzón a la Internet para constatarlo.

Parece paradójico que la violencia sea un tema de mayor preocupación en la opinión pública y que contradictoriamente exista poco interés o una especie de “autocensura” para estudiar y comprender con seriedad su naturaleza y características, causas y consecuencias, así como su obligada vinculación con la democracia y el Estado Constitucional, a fin de buscar y ofrecer opciones viables para su solución, lo que hasta el momento no ha sucedido y por desgracia no vemos cómo pueda suceder, tomando en consideración el discurso que hasta el momento ha mantenido el gobierno entrante.

Uso de la Fuerza Pública y Derechos Fundamentales

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USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

Por José Ramón González Chávez

El Estado tiene dentro de sus fines originarios y sustanciales el de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público. Para lograrlo cuenta con la atribución excepcional de hacer uso de la fuerza pública cuyos límites se ubican en todo Estado constitucional en el marco de respeto y protección a los derechos humanos.

El artículo primero de la Constitución General de la República[1] y sus correlativos internacionales en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[2] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3] comprende la atribución positiva de fomentar, proteger y salvaguardar los derechos humanos, y por ende, la obligación negativa de no privar de la vida o imprimir sufrimiento a las personas bajo su jurisdicción, por lo que para cumplir con uno de sus fines primordiales como lo es el de la seguridad, debe observar en todo momento el hacerlo sin menoscabo a los derechos fundamentales y con plena observancia a la normativa nacional e internacional en la materia.

El Relator Especial sobre las ejecuciones denominadas “extrajudiciales” -¿alguna sería judicial?- ha expresado que “El Estado moderno […] no puede funcionar sin la policía […] El sistema de derechos humanos tampoco puede funcionar eficazmente por sí mismo sin la policía y en ocasiones, sin el uso de la fuerza, [ya que éstos] desempeñan una importante función en relación con la protección de la sociedad frente a la violencia, el cumplimiento de las medidas adoptadas por la administración de justicia y la salvaguarda de los derechos de las personas[4].

Los cuerpos de policía civil tienen una misión imprescindible para el adecuado funcionamiento del sistema democrático, garantizar la seguridad de la población y mantener el clima de orden social lo que implica una gran responsabilidad en el ejercicio de sus funciones al ser de las instituciones públicas que tienen un contacto más cercano y directo con la población. Es más, el propio sistema de derechos humanos no puede funcionar con eficacia sin una policía eficaz e inclusive sin el uso de la fuerza pública en ciertos casos[5]. De ahí que en un Estado Constitucional, la policía debiera ser la única institución pública con atribuciones para requerir a los ciudadanos la realización de determinadas conductas y en el exclusivo afán de garantizar la seguridad y el orden público, aplicar legítimamente, en casos excepcionales, la fuerza pública.

Al respecto cabe señalar la preocupación de que en México como en muchos otros países, es frecuente encontrar que derivado de la aplicación por décadas del modelo de estado y derecho positivista, las autoridades mantienen la visión de subordinar el ejercicio del derecho a la protesta social, al presunto “mantenimiento del orden público y la paz social”, cuya conceptualización vaga y ambigua permite la justificación de decisiones que restringen o reprimen ciertos derechos individuales y colectivos. La noción de orden público y paz social que se ha venido imponiendo hasta el momento parece preocuparse solo por garantizar el orden como una expresión del poder público del Estado y poner a salvo los derechos e intereses de quienes puedan verse afectados circunstancialmente por los actos de protesta, haciendo caso omiso la visión de protección y defensa de los derechos fundamentales, tanto de la población como de quienes protestan o se manifiestan socialmente.

A pesar de que se han llevado a cabo algunos avances normativos –empujados quizá por los acontecimientos de años recientes sucedidos en distintos puntos del país- el uso desproporcionado de la fuerza que se sigue observando en no pocos casos indica que los gobiernos, sus cuerpos de seguridad e incluso un amplio sector de la población, todavía se inclinan a deslegitimar de manera sistemática e inmediata la protesta social por la afectación que pueda causar, por ejemplo, a vías de tránsito, acceso a servicios, etc., ignorando la importancia para una sociedad democrática de garantizar el ejercicio de los derechos de expresión y petición por las lesiones que hechos sociales y/o actos de gobierno en sus diversas esferas han provocado.

A fin de contribuir a la construcción de una visión de la seguridad con enfoque humanista, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha insistido en manifestar que corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales manejar las situaciones de seguridad y violencia en el ámbito interno[6].

Uso de la Fuerza, Seguridad Pública y Cuerpos Militares.

Sobre este rubro, merece poner a la vista el tema de la participación, intervención y en ciertos casos superposición de las fuerzas militares en las acciones gubernamentales de seguridad pública, incluidas desde luego las vinculadas al uso de la fuerza.

En México y en gran cantidad de países, la historia muestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en contextos violentos en muchos casos ha ido acompañada de violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, su creciente intervención en tareas propias de los cuerpos de seguridad pública basada en la ineficacia de estos para hacer frente a situaciones de riesgo para la sociedad -y paradójicamente la ausencia de políticas públicas claras para fortalecer y mejorar a la policía civil-, ha provocado entre otras cosas la militarización de los procedimientos, equipamiento y las prácticas de los cuerpos policiacos, que anteponen el uso de la fuerza a los medios de persuasión y disuasión previos.

En adición, es notable el incremento del gasto público dedicado a las corporaciones militares con la pretendida justificación de requerirse para hacer frente a sus labores de recuperar y mantener la seguridad interna[7].

Dado el interés social imperativo que tiene el ejercicio de los derechos involucrados en los contextos de protesta o manifestación pública para la vida democrática, la CIDH ha considerado que en este ámbito específico esas razones adquieren mayor fuerza para que se excluya la participación de militares y fuerzas armadas en dicho control. De ahí que sea aconsejable evitar su intervención en este ámbito[8].

Otro aspecto que resulta determinante para el conocimiento y comprensión del tema de la seguridad y el uso de la fuerza es el de la participación de empresas privadas que prestan servicios denominados de seguridad y protección, incluso en instalaciones e instituciones públicas, además de una notoria desvinculación al tema de los derechos humanos por dejar de ser un servicio a la población y convertirse en un producto comercial sujeto a la oferta y la demanda.

En términos generales ni este tipo de organismos ni los elementos que contrata, cuentan con ningún parámetro de regulación o al menos de lineamientos generales a nivel federal, por ser considerada atribución de los gobiernos de las entidades. Pero además dentro de estos marcos locales en la gran mayoría de los casos tampoco cuentan con registros, reglas y procedimientos claros y homogéneos para el reclutamiento, selección, contratación, escalafón, capacitación y adiestramiento, operación, armamento y equipo necesarios para desempeñar sus funciones, las que en muchos casos, lejos de ser diferentes y complementarias a las que realizan los cuerpos de seguridad pública, llegar a convertirse en sustitutos de sus funciones operativas sin contar con capacidades para realizarlas, menos aún las vinculadas al uso de la fuerza pública en sus distintos grados además de que por su naturaleza y características este tipo de corporaciones en ninguna caso deberían de intervenir en acontecimientos donde se atente contra la seguridad de los individuos y de la población, limitándose exclusivamente a la protección física de bienes e instalaciones, custodia de valores y protección de personas[9].

Sin embargo la creación de este tipo de empresas observa un incremento constante, dado el aumento de la percepción ciudadana de inseguridad, aunado al pretexto de que las corporaciones de gobierno son insuficientes para atender la demanda de seguridad ciudadana, incremento que en América Latina, en términos generales alcanza un promedio de 10% anual[10].

Concepto de Fuerza Pública:

Atribución legítima y legal otorgada a los servidores públicos de ciertos organismos para prevenir, monitorear, contener y en su caso, reprimir en nombre de la colectividad, acciones violentas capaces de transgredir el orden público mediante intervenciones persuasivas, disuasivas e incluso coercitivas que pueden llegar en casos excepcionales al uso de la fuerza física”.

En toda acción de fuerza pública, que por lo general significa la restricción o suspensión temporal del ejercicio de algún derecho, las diversas corporaciones de seguridad pueden recurrir a ella sin necesidad de intervención previa de un órgano de carácter jurisdiccional, administrativo o constitucional autónomo. Esta atribución implica una gran responsabilidad dado que en ningún momento puede emplearse de manera arbitraria sino como una medida de carácter extraordinario, excepcional y eventual.

El nuevo paradigma constitucional, retoma la idea original de la fuerza pública como una herramienta eficaz para mantener el orden y la paz públicos, nunca como un medio de represión, de control gubernamental o de sujeción al poder político.

Dentro de nuestro régimen interior, el uso de la fuerza pública encuentra sustento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos jurídicos secundarios.

La policía es la institución de carácter administrativo encargada de hacer cumplir, incluso de manera compulsiva, la normativa vigente. De allí resulta fácil comprender la sinonimia, tan propia del lenguaje común, cuando se habla de fuerza pública para aludir, de manera genérica, a algún cuerpo de policía.

Seguridad Pública y Uso de la Fuerza.

Algo digno de resaltar es que el concepto de Fuerza pública en cuanto al empleo que de ella hacen los cuerpos de Seguridad Pública, abarca exclusivamente el uso de la fuerza física o material, dado que la aplicación de la “fuerza no física” concepto que según Varenik [11] en su amplitud incluye entre otros aspectos como la fuerza psicológica (presencia, persuasión, dispersión) que por lo regular no afecta o altera directamente la integridad corporal de quien la sufre, exclusión que no pocos estudiosos ponen en tela de duda. En efecto, el dilema no es menor; existe una amplia gama de experiencias teóricas y prácticas que en este ámbito se confrontan a los hechos, al constatar su forma de uso y a veces abuso en medios generadores de opinión pública como la prensa y las redes sociales.

Dentro de su informe 2015 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)[12] menciona respecto del uso de la fuerza pública que durante el periodo reportado cientos de personas perdieron la vida, fueron afectadas en su integridad física o limitados en el ejercicio de sus derechos en diversos contextos a causa del empleo arbitrario y excesivo la fuerza pública, ignorando los estándares establecidos a  nivel internacional, lo que refleja de manera evidente y primordial la falta de entrenamiento, coordinación, protocolos y supervisión de policías civiles o especiales, fuerzas armadas y agentes privados. Esto –señala la CIDH- se pone de manifiesto sobe todo en la represión intolerante y la discriminación de grupos vulnerables, activistas y defensores de los derechos humanos en diversas expresiones del ejercicio del derecho individual y colectivo a la expresión de las ideas reivindicatorias de derechos y manifestantes del descontento social.

Señala también como preocupante la cada vez más recurrente práctica de involucrar al ejército en tareas de seguridad pública.

Elementos de necesaria concurrencia para la aplicación de la fuerza pública:

  1. Oportunidad; esto es, el momento preciso en que es necesario utilizarla. Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos también han coincidido al estimar que el deber de adecuada planeación preventiva de las actividades de sus agentes debe estar necesariamente vinculada al principio de proporcionalidad: Dado que conlleva necesariamente a minimizar el empleo de la fuerza; la planeación requiere la evaluación de las situaciones amenazantes a los valores que los funcionarios del orden están llamados a resguardar, además de que permite valorar el uso de los medios alternativos menos lesivos.
  1. El tipo o grado de aplicación y la intensidad en su ejecución, que siempre deberá estar acorde a los hechos a contener. Puede ir desde la Presencia, pasando por la persuasión o disuasión (física o verbal), la disolución hasta el empleo de la fuerza letal. Este principio de proporcionalidad ha sido entendido por la CIDH como la moderación en el actuar de los agentes del orden que procurará minimizar los daños y lesiones que pudieren resultar de su intervención, garantizando la inmediata asistencia a las personas afectadas y procurando informar a los familiares y allegados lo pertinente en el plazo más breve posible[13]. Los agentes legitimados para hacer uso de la fuerza deben “aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de la fuerza, según corresponda[14]. Circunstancias como “la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica” son determinantes al momento de evaluar la proporcionalidad de las intervenciones de las autoridades del orden, pues su despliegue de fuerza debe perseguir en todo momento “reducir al mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse a cualquier persona. La dificultad está en la inmediatez de la toma de la decisión por parte de las fuerzas del orden público, lo que debe requerir una capacitación y un entrenamiento muy acuciosos.
  1. Tal como lo ha señalada la Corte Interamericana[15] de Derechos Humanos, debe existir un marco previo y actualizado de normas jurídicas internas que regulen la actuación de los órganos del poder público del estado para su aplicación observando en todo momento la normativa internacional sobre el respeto a los derechos fundamentales de las personas a las que les debe ser aplicada. Basado en tal principio, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la Organización de Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado en Materia de Derechos Humanos postulan en su numeral 11 que la normativa interna debe:
  2. a) Especificar las circunstancias en que tales funcionarios estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados;
  3. b) Asegurar que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios;
  4. c) Prohibir el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;
  5. d) Reglamentar el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado;
  6. e) Señal los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego; y
  7. f) Establecer un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones
  1. “Responsabilización”, es decir, la acción responsable de quienes deben aplicarla, lo que supone la preexistencia de protocolos de actuación, niveles de responsabilidad, de coordinación, etc.
  1. Sustentabilidad institucional, mediante una policía moderna, que opera bajo criterios de legitimidad, profesionalización, eficiencia, eficacia, transparencia y control operativo, siempre dentro de un marco de pleno respeto a la constitucionalidad y sus preceptos fundamentales.
  1. Excepcionalidad, esto es, la consideración de que la aplicación de la fuerza pública es un recurso de última instancia y con carácter excepcional y de que siempre habrá que prevenir y disminuir a si mínima expresión el riesgo de un eventual abuso, previendo las sanciones y medidas correctivas correspondientes. Refiere a la posibilidad de recurrir a “las medidas de seguridad ofensivas y defensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo derechos fundamentales de la personas [16]”, refrendado en el Principios sobre el empleo de la fuerza n° 4, al establecer:

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que de conformidad con las circunstancias del caso, resulta “preciso verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger[17]. De manera concreta ha establecido también que no se puede acreditar este requisito cuando las personas no representan un peligro directo, “inclusive cuando la falta del uso de la fuerza resultare en la pérdida de la oportunidad de captura”.[18]

  1. Humanidad, es decir el uso de este recurso excepcional con plena observancia y respeto a los derechos fundamentales y la normativa nacional e internacional aplicable.

La forma en que son consideradas estas premisas varia también del contexto, geográfico, demográfico, cultural, político, contingencias por desastres, etc. donde deban de ser aplicadas.

Estos criterios se han generalizado prácticamente en todos los países de América latina, dando un matiz homogéneo a la conceptualización del uso de la fuerza en los países de la región, aunque existe diversidad de criterios, primeramente, en cuanto a su uso y la forma de controlar el riesgo de un eventual abuso; luego en la modernización a las normas e instrumentos para controlar su ejercicio, y finalmente para involucrar procesos de mejora continua en términos de profesionalización y responsabilización policial (police accountability).

Medidas de coacción:

Si bien la aplicación de la fuerza es de carácter excepcional, los casos en los que esta puede darse son múltiples y de muy variada naturaleza. El asunto no está en su aplicación legítima sino en sus también muy diversas expresiones inadecuadas que se dan por el abuso, el exceso, la ilegitimidad, que lejos de ser actos de fuerza pública, se convierten en manifestaciones de violencia, inobservancia de principios constitucionales básicos y violaciones a los derechos humanos de quienes las sufren. Entre las medidas de coacción de empleo más generalizado entre los cuerpos de seguridad pública se encuentra el arresto, el cual tiene diversas modalidades entre las que se encuentran las siguientes:

  1. Detención en flagrancia, para impedir la comisión de un delito o falta o bien, la huida de quien pudiera haberlo cometido en ese momento.
  2. Detención y puesta a disposición de la autoridad competente para verificar ordenes de aprehensión pendientes; o como medida cautelar en el marco de una investigación jurisdiccional.
  3. Detención por sospecha, como resultado, por ejemplo, de una acción de verificación de identidad, vinculación a grupos de crimen organizado.
  4. Detención por razones de orden público, por la comisión de actos ilícitos en manifestaciones, marchas, protestas, etc., que alteren la paz y el orden social.
  5. Custodia temporal por la comisión de faltas administrativas o mientras una autoridad decide sobre su prisión formal.
  6. Detención por hechos relacionados con una investigación delictiva (interrogatorios, aporte de pruebas).
  7. Restricción a la circulación vehicular o peatonal por diversas causas de la actividad urbana.

El incumplimiento o desacato, podría provocar la aplicación forzosa de la norma o en su caso, de la sanción respectiva.

Contención de la Violencia en Centros de Detención y Reclusorios.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha detectado algunas causas por las que principalmente se da la violencia en este tipo de centros: a) las condiciones precarias de detención y la falta de servicios básicos esenciales para la vida de las personas privadas de libertad; b) el hacinamiento; c) los altos niveles de corrupción y la falta de supervisión y control institucional; d) las disputas entre internos o entre bandas criminales por el mando de las prisiones o el control de los espacios, la droga y otras actividades delictivas; y e) la posesión de armas por los reos[19].

En tal sentido la misma Comisión considera que el uso de la fuerza pública para contener o neutralizar este tipo de actos de violencia en centros de detención y reinserción debe aplicarse solo en casos excepcionales y como último recurso, después de haber agotado los medios de persuasión, disuasión y negociación, y que en tal situación podrá realizarse únicamente en las siguientes circunstancias: a) cuando corra peligro la integridad física o la vida de las personas (legítima defensa); b) cuando haya una tentativa de evasión; y c) cuando haya una resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos; y que en caso de presentarse motines, las autoridades responsables deben aplicar sus estrategias y acciones “con el mínimo daño para la vida e integridad física de los reclusos”[20].

Uso de la Fuerza Pública en acciones de control migratorio.

Por desgracia son cada vez más recurrentes las noticias donde se da a conocer el los cuerpos de seguridad y militares en el desarrollo de tareas relacionadas con el control fronterizo, operativos migratorios o actividades de control de diversos tipos, ejercen la fuerza de manera excesiva contra migrantes.

Un ejemplo ilustrativo se da desde el ámbito oficial del gobierno norteamericano en el reporte que hace la oficina de aduanas y protección fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) sobre los incidentes presentados y las respectivas acciones realizadas durante el quinquenio 2011 – 2015, en donde se han empleado armas letales y menos letales. Si bien el reporte significa un paso en la rendición de cuentas de este organismo, el Consejo Americano de Inmigración (American Immigration Coucil) señala la grave omisión que ha cometido al no especificar ni transparentar la forma y el contexto en que fueron usadas dichas armas, los procedimientos y protocolos empleados, la metodología para la medición de los incidentes y la determinación sobre su uso[21].

Uso de la Fuerza Pública contra trabajadores de los medios de comunicación.

No podemos dejar de señalar este aspecto que en México se ha convertido de la mayor relevancia dado el incremento tan notorio de acciones desde el poder público contra los enviados de los medios de difusión masiva de información, no obstante que en muchos de los ordenamientos, manuales y protocolos ya se prevén normas y lineamientos especiales para salvaguardar la integridad física reporteros, camarógrafos, periodistas, personal de apoyo técnico en el desarrollo de su labor tan importante y tan ligada al ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas por parte de los grupos que se manifiestan y protestan en actos públicos por diversas acciones gubernamentales y de otros tipos.

Uso de la fuerza letal como último recurso.

Como fuera expresado por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, durante la audiencia de la CIDH sobre Protesta social y derechos humanos en América[22], el uso de la fuerza letal es regido por el principio de protección a la vida, ya que su uso será legítimo, proporcional y necesario solo si es el último recurso disponible para proteger otra vida, y por ende, su empleo no será justificado cuando se busca, por ejemplo, proteger la propiedad, evitar lesiones leves, o restablecer el orden público

Si bien vale mencionar que en la mayor parte de los países del continente americano se han puesto en vigor diversos ordenamientos en materia de uso de la fuerza púbica[23], que ya contemplan entre otros aspectos estándares internacionales, principios generales, protección de los derechos humanos de los contenidos y detenidos y mecanismos de gradualidad para su aplicación operativa. Sin embargo, en algunos de ellos quedan aún sin resolver temas como la intervención de cuerpos militares en las acciones de seguridad, claridad de conceptos en cuanto a la justificación del uso de la fuerza ante manifestaciones sociales; diferenciación de los diversos escenarios donde puede y debe ser aplicada; vacío normativo que da pie a la discrecionalidad y la impunidad.

En todo caso, lo que ha faltado hasta el momento en términos generales es el diseño y puesta en operación de políticas, programas y acciones concretas para cambiar la cultura institucional de los cuerpos de seguridad para asumirla como un instrumento de seguridad ciudadana y reiteramos, la capacitación y el adiestramiento de los elementos de estos cuerpos para poder aplicar la normativa y los procedimientos de acuerdo a las circunstancias que exija cada evento.

En el caso de las entidades federativas de la República Mexicana, es importante remarcar que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal ya prohíbe el uso de armas letales “en la dispersión de manifestaciones” y en su artículo 25 dispone que “en caso de que una manifestación sea violenta” la “Policía preventiva y complementaria debe: i) conminar a los manifestantes a que desistan de su actitud violenta; ii) advertir claramente que de no cesar la actitud violenta, se usará la fuerza; iii) en caso de que los manifestantes no atiendan al Policía, ésta hará uso de la fuerza conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento; iv) ejercitar los distintos niveles de uso de la fuerza, solamente hasta el relativo a la utilización de armas incapacitantes no letales”.

No obstante que la CIDH ha manifestado su “preocupación” por la vaguedad y amplitud (sic) de los términos que utiliza ese ordenamiento para determinar que una manifestación será considerada como “violenta”, cuando “en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se provoca la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana”[24].

Al respecto cabe mencionar también que es preciso resolver en definitiva, al menos para efectos normativos, el marco de reciprocidad de derechos y obligaciones tanto de parte de los cuerpos de seguridad y el uso de la fuerza pública que puedan ejercer y de parte de los grupos de manifestantes quienes no obstante estar en toda libertad de ejercer sus derechos civiles a la libre expresión y manifestación de sus ideas, deben como en el caso de los demás derechos fundamentales hacerlo en un marco de orden y respeto a los derechos de terceros, pues por el contrario, tal como sucede en la actualidad seguirían manejándose en un contexto de contradicciones y contraposición de derechos, lo cual es perfectamente viable, tal como lo demostró la manifestación de estudiantes y maestros del politécnico el 29 de septiembre de 2014[25].

En tal sentido El Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo, publicada el 4 de julio de 2014. En la que permite el uso de las vías públicas para manifestaciones, pero al mismo tiempo determina que los particulares “no podrán limitar o restringir el tránsito de peatones y vehículos” además de prohibir el bloqueo de vías públicas (Artículos 15 y 29, fracción XXXV). Algunas de las infracciones que considera son la de “realizar actos que de manera ilícita afecten el normal funcionamiento de las acciones del Estado, los municipios, la actividad económica, turística y social política del estado de Quintana Roo” o hacer ruido excesivo (Art. 29. VI y XXXVII). En adición, dispone que la administración pública “tomará las medidas necesarias” si durante las manifestaciones, marchas o plantones “se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculice la prestación de un servicio público o se produjera [sic] actos de violencia” (Art. 18)[26].

En fin, referente a este punto, es pertinente mencionar que la CIDH reconoce que no obstante es absolutamente necesario que las corporaciones de seguridad pública eviten el uso de armas letales en las manifestaciones, admite que es lícito que en los operativos pueden contemplar que en algún lugar fuera del radio de acción de la manifestación se disponga de armas de fuego y municiones de plomo para los casos excepcionales en los que se produzca una situación de riesgo real, grave e inminente para las personas que amerite su uso[27].

Mecanismos de Instrumentación Jurídico normativa: Mejora Regulatoria, Marco jurídico, manuales de organización, procedimientos y procesos.

Uno de los grandes problemas para la consolidación del Estado Constitucional es la ausencia de mecanismos para la el enfrentamiento y eliminación de la impunidad. En muchos casos se usa y abusa de la fuerza pública, no bajo el argumento de un estado de necesidad y de excepcionalidad, sino porque el elemento de seguridad sabe que no tendrá ninguna sanción si comete el abuso o exceso de fuerza.

Los hechos donde se presentan este tipo de actos a todas luces ilegales por la misma impunidad no cuentan con un respaldo de datos e información sobre ellos y por lo mismo su apreciación se mantiene en el terreno de la subjetividad.

De ahí que sea absolutamente imprescindible que todos los actos de organismos y servidores públicos en donde se ponga de manifiesto el uso abusivo de la fuerza pública y sus secuelas contra la vida, la integridad física y patrimonial de las personas y los grupos sociales, así como también los actos vandálicos y delictivos que se escudan en la supuesta protesta social, sean cuantificados, analizados, evaluados y en su caso sancionados.

En el primer caso, un avances significativo podría ser obtenido a partir de la puesta en operación de algunos mecanismos que den efectividad y mejores servicios de atención ciudadana, además de transparencia en la operación y una adecuada  rendición de cuentas en el uso de la fuera pública, entre los que señalamos de manera meramente enunciativa, los siguientes:

  1. Mejora Regulatoria y Modernización Administrativa para la optimización de la infraestructura, de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos y de los servicios brindados).
  2. Profesionalización de los servidores públicos, con capacitación y adiestramiento adecuados en todas las instituciones y sus áreas y a todos los niveles. El bajo nivel de profesionalización es en buena medida el causante de las deficiencias y abusos en el uso de la fuerza pública, pues a causa de ello las instituciones con incapaces de general un marco regulatorio y protocolos de operación eficientes.
  3. Políticas, programas y acciones institucionales de responsabilización (accountability), que implica distribución de responsabilidades, protocolos de actuación, entre otros aspectos.

Esta evidente necesidad de gobernanza contrasta con la realidad institucional que viven desde hace tiempo las fuerzas de seguridad pública, que si bien normalmente cuentan con preceptos constitucionales que la prevén al menos de forma declarativa, se carece de la legislación secundaria y normas administrativas de organización, funcionamiento interno y operación externa en la materia que permita su adecuada instrumentación y logre su eficacia en términos objetivos. Esto es quizá la causa principal de la anarquía y la discrecionalidad en la aplicación de la ley, pues a un lado de esta se crean normas, códigos y protocolos subjetivos y por lo tanto extra legales, que generan confusión, contradicción y al final de cuentas, impunidad.

Criterios para el uso de la fuerza según el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes 25 de marzo de 2013

  1. Legal: Que su acción se encuentre estrictamente apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la presente Ley y a los demás ordenamientos aplicables.
  2. Racional: Que el uso de la fuerza esté justificado por las circunstancias específicas y acordes a la situación que se enfrenta:
  3. Cuando es producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar, como de la Policía;
  4. Cuando sea estrictamente necesario en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas de la Policía;
  5. Cuando se haga uso diferenciado de la fuerza;
  6. Cuando se usen en la medida de lo posible los medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de las armas;
  7. Cuando se utilice la fuerza y las armas so lamente después de que otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
  • Congruente: Que exista relación y equilibrio entre el nivel de uso de fuerza utilizada y el detrimento que se cause a la persona.
  1. Oportuno: que se aplique el uso de la fuerza de manera inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública; y
  2. Proporcional: que el uso de la fuerza sea adecuado y corresponda a la acción que se enfrenta o intenta repeler. Ningún Policía podrá ser sancionado por negarse a ejecutar una orden notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito. Toda orden con estas características deberá ser reportada al superior jerárquico inmediato de quien la emita.
    Los motivos por los cuales se da la intervención de la Policía, por lo que se refiere al tipo del delito o de orden a cumplir, no justifican por sí mismo el uso de las armas letales o fuerza letal, inclusive si los delitos de que se trate hayan sido violentos.

Algunas Reflexiones Finales:

Si bien el inicio de la emisión de normatividad jurídica en nuestro país respecto de los contenidos, formas y procedimientos para el uso de la Fuerza Pública por parte de los cuerpos de seguridad implica un avance significativo, hay que decir que existe coincidencia generalizada en que esta formalidad normativa no puede pensarse que sea eficaz por sí sola; tendrá siempre y en todo caso que ir acompañada de cambios en los manuales operativos, en los procesos y procedimientos, y sobre todo en la formación, capacitación y adiestramiento de los elementos de todas las corporaciones en los tres ámbitos de gobierno para transformar no solo de forma, sino de fondo la cultura institucional y de Cuerpo respecto de los distintos escenarios en los que resulte preciso el uso legítimo de la fuerza pública que abandone la visión represiva y se enfoque en una perspectiva de protección ciudadana y salvaguarda de los derechos humanos, tanto de los propios sujetos pasivos como de la población.

La actualización permanente del marco regulatorio, resulta ser de vital importancia en el uso de equipos y tecnologías para la contención y rechazo de las amenazas al orden y seguridad públicos, pues siempre tendrán que adaptarse a su creciente variedad, avance y sofisticación tecnológica, no solo en cuanto a su mera operación técnica, sino también a la adecuación de su empleo a las propias circunstancias de cada evento y en consideración a los principios básicos rectores del uso de la fuerza, y por supuesto previendo las sanciones respectivas por su uso inadecuado.

En todo caso, resulta de primer orden que se establezca a nivel sectorial en todos los ámbitos de gobierno además de la obligación de adecuar el marco regulatorio interno, la de dotar a los agentes de las corporaciones de seguridad con los equipos necesarios y apropiados para cumplir con sus atribuciones y a cada variable contemplada en los manuales y protocolos de actuación respectivos, y con un marco de sanciones formal, claro y transparente para quien no las observe; implementar adecuados medios de selección de personal, ofrecer entrenamiento y capacitación constante, así como evaluar regularmente y de forma integral el marco regulatorio jurídico, administrativo y operativo, la eficiencia institucional y las capacidades y desempeño individuales y colectivas.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

[2] Declaración Americana de los derechos del Hombre. UNAM, Cátedra UNESCO. http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/2_instrumentos_regionales/1_Declaraciones/1.pdf

[3] Convención Americana sobre Derechos Humanos. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

[4] ONU, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, A/HRC/26/36, 1 de abril de 2014, párrafo 22.

[5] ONU, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, A/HRC/26/36, 1 de abril de 2014, párrafo 22.

[6] Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH. Informe Anual 2015. Op. Cit, p. 541

[7] Emeequis. México aumentó 92% su gasto militar en los últimos 9 años, reporta SIPRI. 7 de abril de 2016. http://www.m-x.com.mx/2016-04-07/mexico-aumento-su-gasto-militar-en-un-92-en-los-ultimos-9-anos-reporta-el-sipri/ .

Véase también: Banco Mundial: Gasto Militar % del PIB. http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS

[8] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 31 de diciembre de 2009. París, Francia. pp. 100-101

[9] Ver por ejemplo Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. Artículo 3 y ss. http://psm.du.edu/media/documents/national_regulations/countries/americas/mexico/mexico_ley_de_seguridad_privada_para_el_distrito_federal_24-01-05.pdf

[10] PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano. Diagnóstico y propuesta para América Latina, p. 150.

[11] En Accountability, Sistema Policial de rendición de cuentas. Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE). Instituto para la Seguridad y la Democracia, México, 2005. p. 154.

[12] Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Informe Anual 2015. http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/indice.asp

[13] Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2009. Párrafo 119.

[14] Corte IDH: Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros Vs Venezuela. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 281, párr. 134; y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 85.

[15] Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2009, párrafo 97.

[16] Corte Internacional de Derechos Humanos. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 31 de diciembre de 2009. Párrafo 116.

[17] Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párrs. 67-68; y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 85.

[18] Corte IDH: Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros Vs Venezuela. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Excepciones Preliminares, Fondos, Reparaciones y Costas. Serie C No. 281, párr. 134; Caso Nadege Dorzema y otros. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 85; y Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Kakoulli v. Turquía, No. 38595/97. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 108.

[19] Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 64, 31 diciembre 2011, párr. 115 se puede consultar en www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf

[20] Heyns Christof. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A/HRC/26/36. ONU, Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. 1° de abril de 2014. Consultable en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9931.pdf?view=1,%20p%C3%A1rr.%2076

[21] American Immigration Council. CBP Releases Use of Force Breakdown. Unclear what it means. 21 de octubre de 2015. Se puede consultar en http://immigrationimpact.com/2015/10/21/customs-and-border-protection-use-of-force/

[22] Audiencia sobre protesta social y derechos humanos en América. 154° período de sesiones. 16 de marzo 2015.

[23] Comisión interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 2015. Op. Cit. 537 y ss.

[24] Asamblea Legislativa del Distrito Federal. IV Legislatura. Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal. Se puede consultar en http://www.aldf.gob.mx/archivo-f9c89a9ff39e8126800e6180ee86e224.pdf

[25] Olivares Emir y Martínez Fabiola. Osorio sale a la calle para dialogar con politécnicos. Diario La Jornada, 30 de septiembre de 2014. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/30/cientos-de-estudiantes-del-ipn-salen-en-marcha-rumbo-a-gobernacion-4688.html

[26] Congreso del Estado de Quintana Roo. Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo. Disponible en http://congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/1anio/2PO/dec110/D1420140430110.pdf

[27] Consejo de Derechos Humanos, Resolución A/HRC/25/L.20, 24 de marzo de 2014, párrafo 10.

Eleccion del Ombudsman en el Distrito Federal: Hacia una nueva forma de legitimidad democrática

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ELECCION DEL OMBUDSMAN EN EL DISTRITO FEDERAL.

HACIA UNA NUEVA FORMA LEGITIMIDAD DEMOCRATICA.

Por José Ramón González Chávez (2009)

 

Dado el desarrollo evolutivo de su actividad, el Ombudsman de nuestros días guarda una estrecha vinculación con la cultura de los derechos fundamentales y los procesos de transformación social, económica y política de los Estados interesados en constituir o fortalecer sus sistemas democráticos y se encamina a extender su campo de acción hacia otros aspectos cruciales de la vida comunitaria entre los que se encuentran los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, en armonía e interacción con los principios y objetivos de otras grandes corrientes institucionales globalizadoras del presente siglo, como el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.

De ahí que resulte indispensable continuar los esfuerzos tendientes a la democratización de las instituciones que sustentan el Estado Constitucional de Derecho en México, entre las que por supuesto el Ombudsman ocupa un lugar preponderante.

Recientemente, en el marco de la Segunda Asamblea del Parlamento Ciudadano de México, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictó una conferencia magistral a la que denominó “Situación de los derechos humanos en México”. En ella señaló que la falta de respeto a los derechos fundamentales en un Estado constitucional pone en riesgo la gobernabilidad. En tal sentido, estos derechos no sólo dan contenido formal y sustantivo a la democracia, sino crean una relación directa entre la ciudadanía y las instancias públicas. Asimismo, que el desarrollo democrático se encuentra estrechamente ligado al respeto de estos derechos, por lo que como indicador sustantivo de la gobernabilidad en nuestro país, debe estar incluido en el diseño y la ejecución de las políticas públicas (Notimex, 15 de mayo de 2010, http://mx.news.yahoo.com/s/15052010/7/mexico-atada-democracia-respeto-derechos-humanos.html).

Bajo tales premisas cabe reflexionar en sentido inverso sobre la democratización del proceso de elección del titular de la Comisión Nacional de derechos humanos como expresión de un derecho fundamental, universal, imprescriptible y no negociable, a la vez que condición de legitimidad y baluarte de esa gobernabilidad invocada.

 

I.- Origen, Naturaleza y Objeto del Ombudsman:

 Origen. 

El término Ombudsman, de origen sueco, se traduce como “representante” o “comisionado”. El antecedente más remoto de esta Institución se localiza en la figura del “Justittie Kansler” creado en el siglo XVI en Suecia para defender los intereses de los ciudadanos ante abusos que pudieran cometer los funcionarios del Estado, examinando la correcta aplicación de las leyes por parte de la administración pública.

Más tarde, la Institución se consagra en la Constitución Sueca de 1809, quedando su ejercicio a cargo de un funcionario designado por el Parlamento, con la misión de vigilar la actividad de los tribunales y analizar las quejas de los ciudadanos contra los actos gubernamentales.

La Constitución sueca de 1947 mantiene esta figura y actualmente es regulada por el documento constitucional denominado “Instrumento de Gobierno “, en vigor desde 1975, de conformidad con el cual su titularidad continúa a cargo de un funcionario dependiente del Parlamento, pero con autonomía funcional y con la atribución primordial de recibir las reclamaciones de los gobernados contra las autoridades administrativas cuando afecten sus derechos e intereses legítimos.

Naturaleza.

Luego de aparecer como Institución Constitucional en Suecia a partir de 1809, el Ombudsman empieza a demostrar su eficacia como órgano controlador de los actos del poder público. Así, traspasa sus fronteras originales, a medida que se va adaptando a las exigencias de una nueva forma de organización social en occidente, producto de la ampliación exponencial de las ramas de acción de la administración pública, reflejada en la propia dinámica impuesta a todos y a todo por la revolución industrial. En paralelo, esta expansión funcional de la actividad administrativa del poder público condujo al crecimiento también constante de los derechos ciudadanos fundamentales, entre los que se encuentran algunos de carácter primordial, como el de audiencia y el de petición.

El modelo de Ombudsman español ejerció gran influencia en Latinoamérica, a medida que los países de la región fueron conquistaron su independencia. Posteriormente, la dinámica globalizadora indujo cambios notables en la organización constitucional del poder público y por ende en su relación con los gobernados. De ahí que a partir de mediados de los años 80 del siglo pasado, se diera prácticamente en cascada un proceso de reformas para insertar la figura del Ombudsman en las constituciones de los países latinoamericanos, al igual que en las de todo el mundo, hasta llegarse a conformar en 1995, en la Unión Europea, de manera realmente innovadora y digna de estudio, como Institución supranacional.

Objeto.

El objeto original del Ombudsman es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante la obtención de un pronto arreglo, o bien, en caso de no lograrlo, iniciando una investigación para formular recomendaciones a las autoridades administrativas, publicándolas en informes periódicos, generalmente de carácter anual, rendidos al órgano legislativo del poder público.

Sin perjuicio de los matices que naturalmente puedan encontrarse en cada país, el Ombudsman en términos generales es un cargo público caracterizado por su independencia, sus amplias atribuciones de investigación y por su labor pública de atención a las demandas de la ciudadanía contra actos de la administración gubernamental que pudieran lesionar sus derechos fundamentales.

 

II. El Ombudsman en México y su Capital:

El Ombudsman en México.

La defensa de los derechos humanos en México encuentra su antecedente institucional más remoto, no en el ámbito federal (habría que ahondar en las razones) sino a nivel local, con la promulgación en 1847 de la Ley de Procuraduría de Pobres de San Luis Potosí impulsada por Ponciano Arriaga.

Más de un siglo después, hacia el último tercio del Siglo XX, en respuesta a una enérgica demanda social suscitada en el contexto de profundas transformaciones en el ámbito internacional, comienzan a surgir –aunque incipientes- algunas iniciativas institucionales de dimensión nacional, tendientes a la protección ciertos derechos individuales, como la Procuraduría Federal del Consumidor, en 1975; En la Defensoría de los Derechos Universitarios en la UNAM (29 de mayo de 1985); la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal (25 de enero de 1989). Pero el mayor impulso se siguió dando en los estados y municipios. Como ejemplos de carácter meramente enunciativo, puede mencionarse la creación de la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos en el estado de Nuevo León (3 de enero de 1979); la Procuraduría de Vecinos del ayuntamiento de la ciudad de Colima (1983) cuyo ordenamiento jurídico de soporte, la Ley Orgánica Municipal de Colima (8 de diciembre de 1984), ofrece la opción a los demás municipios de esa entidad federativa a crear instituciones similares. Entre 1986 y 1987 se fundaron la Procuraduría para la Defensa del Indígena en el estado de Oaxaca y la Procuraduría Social de la Montaña en el estado de Guerrero, respectivamente. Más adelante, el 14 de agosto de 1988, en el estado de Aguascalientes se creó la Procuraduría de Protección Ciudadana, incluyéndola en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos. Algunos meses después, el 22 de diciembre siguiente, surge en el Municipio de Querétaro la Defensoría de los Derechos de los Vecinos.

Respecto de los antecedentes directos de la CNDH, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó el 13 de febrero de 1989 la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde (6 de junio de 1990) nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), constituyéndose como un organismo desconcentrado y por lo tanto dependiente de dicha Secretaría. Otro paso importante se dio el 28 de enero de 1992, al reformarse el apartado B del artículo 102 de la Carta Magna, e instituir dicho organismo bajo la naturaleza jurídica de Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dando origen al llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. En fin, se dio una nueva reforma constitucional el 13 de septiembre de 1999, mediante la cual se erige un organismo constitucional autónomo, con plena autonomía jurídica, presupuestaria y de gestión, con la denominación de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, uno de los temas más debatidos en cuanto a su naturaleza jurídica es la forma de designación o elección de su titular, lo que ha provocado a lo largo del tiempo reformas graduales –aunque desde nuestro punto de vista, insuficientes- para democratizarla. La propia evolución histórica de la institución da muestra de ello.

El Ombudsman en la ciudad de México.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se creó el 30 de septiembre de 1993. No obstante tratarse de la capital del país y de la sede de los poderes de la federación, es el más joven de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos en México. Tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social. Respecto de la forma en que es designado su titular, el artículo 9º de la Ley de dicho organismo señala expresamente que será nombrado por la asamblea legislativa del Distrito Federal, tratándose entonces no de una elección indirecta, sino más bien de una designación colegiada del legislativo local, con un alta dependencia decisoria del partido político mayoritario, que además desde hace más de 12 años sigue siendo el mismo y el mismo también que desde entonces ha postulado y llevado al poder al ejecutivo local en turno, quien por supuesto en tales condiciones es consultado por su propia fracción parlamentaria respecto del aspirante ungido, situación que obviamente pone a este funcionario en una delicada posición de compromiso o acaso alta presión política respecto de sus actuaciones ante quienes lo nombraron.

 

III. Ombudsman, Democracia y Derechos:

Los derechos políticos, estructuran un marco de relaciones entre el Poder Público y el ciudadano que facilitan el diálogo entre gobernantes y gobernados. Desde el punto de vista del derecho constitucional, estos derechos son considerados como todas aquellas condiciones e instrumentos de poder político con que el ciudadano cuenta para participar, configurar y decidir en la vida política del Estado[1].

 

De manera enunciativa, que no limitativa, entre los derechos políticos fundamentales se encuentran los de votar, ser elegido, participar en el gobierno, ser admitido a cargos públicos, ejercer la acción de petición política, asociarse y reunirse con fines políticos, que en su conjunto integran un elemento que sustenta de manera imprescindible el Sistema Constitucional y deben conformar la razón de ser primera y última del Derecho Electoral, encargado establecer las reglas básicas de la democracia, al instrumentar dichos derechos en términos jurídicos y objetivos y garantizarlos en la práctica.

 

Esta relación entre derecho electoral y democracia es doble e interactiva, pues por un lado, el derecho electoral, en tanto que técnica jurídica al servicio de la democracia se erige en el instrumento que la garantiza, al afianzarla mediante el correcto funcionamiento de los procesos electorales; pero también la legitima, en la medida que permite la certeza de que la representación política corresponde a la voluntad ciudadana expresada mediante el voto.

En este último sentido, el derecho subjetivo a elegir está íntimamente relacionado con los demás derechos políticos: en primer lugar con el de libertad de expresión y asociación; al mismo tiempo con el de igualdad de participación en las decisiones políticas del Estado y en general -como afirma Manuel Aragón- “con el resto de los derechos del hombre que por serlo, es precisamente un ciudadano, esto es, un hombre libre que participa en el gobierno de su comunidad[2].

Hoy en día resultaría insostenible una posición que pretendiera negar a los derechos políticos su condición de derechos humanos. Estos se reconocen de manera prácticamente universal, tanto en la esfera de los sistemas constitucionales como en la política y el derecho internacional. Es ahí donde el vínculo entre democracia y derechos humanos cobra un sentido profundo, al ser contrastado con la forma de elección del ombudsman en México.

 

IV. Hacia la evolución Democrática del Ombudsman capitalino:

Cuando se trata de reformas al sistema jurídico, sobre todo en temas como el que nos ocupa, se debe ser muy objetivo, Tal como lo señala Nohlen[3], la historia nos demuestra que solo existe un margen reducido -aunque no inviable- para los cambios en los sistemas electorales, a causa evidente de los densos filtros impuestos por el poder a través de los partidos políticos y el gobierno, naturalmente defensores de un statu quo que solo serán capaces de transformar en la medida que no afecten sus intereses o en el intercambio no haya desventajas.

Es ahí donde una reforma que permita la participación directa de la ciudadanía en la elección del Ombudsman capitalino cobra solidez, pues constituiría para la ciudadanía una garantía de legitimidad; para las fuerzas políticas -especialmente las ubicadas en la oposición, que juntas por cierto, forman mayoría- una garantía de legalidad ante los actos del partido en el gobierno, cualquiera que este sea; y para la institución y su titular una manera de ejercicio objetivo de su autonomía, que si bien no eliminaría, sí al menos disminuiría considerablemente la influencia de los partidos y grupos de presión en la toma de sus decisiones y por ende, dotaría de mayor fuerza y efectividad a sus acciones.

La historia jurídico administrativa de nuestro país nos muestra la extraña paradoja dado nuestro tradicional centralismo administrativo, de que es en las entidades federativas donde con mayor frecuencia se han dado las condiciones para la creación de instituciones innovadoras, cuyo éxito, ha determinado su proyección a escala nacional. Bajo esta pauta, podría ser viable como un ejercicio de transición hacia una elección democrática plena del Ombudsman capitalino un procedimiento mixto, donde la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hiciera de manera previa la entrevista de los postulantes y seleccionara una terna, sobre la cual pudieran elegir los ciudadanos. Igualmente, haciendo uso de tiempos oficiales en medios, podría asignarse del presupuesto de los partidos un cierto porcentaje, no ominoso pero suficiente, para que los miembros de dicha terna expusieran públicamente su visión y su proyecto, con lo cual la elección sería mucho mejor razonada y legitimada por la ciudadanía.

La evolución del Ombudsman se dirige indefectiblemente a la democratización del proceso para seleccionar a quien debe ejercer tal cargo. Sin duda, la elección directa de un Ombudsman es rasgo distintivo de niveles de desarrollo democrático mayores. Experiencias exitosas de este modelo ya pueden observarse a nivel local, en ciudades como Portland, Oregon (EUA); Erfurt, (RFA); y Sofía (Bulgaria), solo por mencionar algunos ejemplos. Una simple encuesta en el Distrito Federal sería un indicador muy ilustrativo para conocer la disposición de la ciudadanía a elegir a su Ombudsman, dándole total independencia del gobierno y con ello plena capacidad de confrontar y cuestionar decisiones del poder cuando éstas pueden afectar los derechos fundamentales, así como intervenir ante actos que impliquen abusos de la autoridad, exigiendo un actuar apegado a derecho y en su caso la reparación del daño, independientemente de los mecanismos de control y sanción que los órganos del poder público pudieran aplicar a sus funcionarios.

Tal como la experiencia positiva de la figura del Ombudsman sueco se convirtió en paradigmática y trajo como consecuencia su adopción a nivel mundial, así también su elección directa, dada la propia naturaleza de la institución, está cobrando cada vez mayor auge, tal como ya sucede en algunos países en los que al menos a nivel local, los defensores de los derechos humanos son electos directamente por la ciudadanía. Con ello, se garantiza que los candidatos son personalidades realmente cercanas a la comunidad, pero además que no van a responder sino a las exigencias y demandas de quien los elige, es decir, la ciudadanía.

En el Derecho y en la democracia, no hay sistemas ideales, superiores o infalibles, la experiencia histórica nos enseña que el mejor sistema es el que se adapta mejor a las circunstancias cambiantes para cumplir con su misión en un lugar y en un momento determinados. Por eso es importante conocer la evolución de las instituciones jurídicas y democráticas y comprenderlas en su justa dimensión, a fin de aprovechar los elementos que nos sean útiles en la construcción las propias y del futuro de nuestra comunidad política.

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NOTAS AL PIE DE PAGINA:

[1] Dietr Nohlen et. Al. “Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina”. FCE. México 2007, p.1299.

[2] Aragón Reyes, M. “Tendencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo”. Discurso de Apertura del II Congreso Internacional de Derecho electoral, XXIII-XXXVII UNAM, México, 1993.

[3] Nohlen, Dietr, “Los Sistemas Electorales en su Contexto”. Op. Cit. p.36

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BIBLIOGRAFÍA:

  • Ferrajoli, Luigi, “Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales”, Trotta, Madrid, España, 2ª Edición, 2005.
  • Nohlen, Dietr, “Los Sistemas Electorales en su Contexto”. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Autónoma de Puebla. México, 2008.
  • Nohlen, Dietr, Zovato, Daniel (compiladores). “Tratado de Derecho Electoral Comparado en América Latina”. Ed. FCE, Sección de obras de política y derecho. México, 2007.
  • Ombudsman de las Naciones Unidas. “Defensor de la equidad”. http://www.un.org/spanish/ombudsman/faq.html. Consultada el 25 de octubre de 2009.
  • Rocatti Mireille. “El Ombudsman. Su impacto en los países latinoamericanos”. Revista electrónica “Razón y Palabra”. Núm. 22. Julio 2001. http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_mroccatti.html
  • Venegas Álvarez, Sonia. “Origen y Devenir del Ombudsman. Una Institución Encomiable?”. UNAM, Serie G, Estudios Doctrinales, núm. 117. México, 1988.

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  • Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Constitucionalidad y Violencia Contra la Mujer

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CONSTITUCIONALIDAD Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Por José Ramón González Chávez

Entre los dedicados al estudio de la Política y el Derecho hay quienes sostienen –y no les falta razón- que las mujeres, al interactuar con otras personas y grupos, han sufrido una enorme y recurrente cantidad de violencia en el trabajo, en la familia y en la sociedad. Sin embargo, Alain Tourraine en su libro “El Mundo de las Mujeres” manifiesta su sorpresa al constatar entre los resultados de una encuesta que aplicó a mujeres, en la que les pidió que se definieran como tales y la mayoría de ellas nunca lo hicieron como víctimas, sino como madres, profesionales, emprendedoras, originarias de un país o ciudad, pero ante todo como mujeres, además de manifestar en la gran mayoría de los casos que su meta era construirse a plenitud como eso: como mujeres que son.

Sin duda, la construcción de sí mismo(a) es una cosa seria en un mundo líquido como el actual, en el que todo nos llama a escapar de nosotros mismos. Hasta hace relativamente poco, los seres humanos nos definíamos a partir de nuestra vinculación con el mundo; ahora esa autodefinición se relaciona primordialmente con lo que somos y queremos ser.

En un primer vector de investigación, las mujeres, más que los hombres, pasan por este híper individualismo orientado a construir una identidad propia a partir del cuidado personal y el desarrollo profesional. La indumentaria, el maquillaje, el ejercicio, las dietas, la cirugía estética y todo lo demás que los hombres piensan que son medios de seducción, -dice Tourraine- en la actualidad no son más que mecanismos que las mujeres tienen más bien para seducirse a ellas mismas, para estar satisfechas con lo que son. La meta final de la mujer ya no gira alrededor del hombre, sino que se basa en los nexos consigo misma; comienza a construir su propia realidad a partir de su sexualidad, de su relación y conformidad con su cuerpo y con ella misma.

Lo curioso es que, ante este panorama, en los hechos las mujeres enfrentan hoy una nueva dominación: la de los medios y la publicidad, que las transforma en hiperconsumidoras. Las mujeres se avergüenzan de cómo las usan en muchos anuncios, están en contra de la publicidad que roba su imagen al tomarlas como objeto sexual, como medio para sexualizar mercancías; pero paradójicamente son las que ven más publicidad y consumen mucho más que los hombres.

En un segundo vector –el profesional-, las mujeres que han sufrido una dominación histórica y casi total, ahora están ocupando cada vez más espacios en las aulas, en el trabajo público, en el privado y el social; aunque este hecho –cabe decirlo- vaya aunado a una depreciación considerable de la fuerza laboral sin distingo de género, donde se trabaja más y se gana menos que antes.

Bajo esta pauta doble, las mujeres encuestadas son conscientes de que la combinación de vida personal y trabajo es en la actualidad la mejor opción de vida. Saben que una participación limitada ya sea con su carrera o con sus hijos obstaculiza su éxito, por lo que consideran necesario combinar ambas y esto implica un cambio profundo productor de toda una nueva ética: son ahora ellas las que en el terreno práctico están formulando los grandes temas de la reconciliación del cuerpo y el intelecto, de lo material y lo intelectual, del pasado y el futuro, de lo privado y de lo público, de la razón y de la emoción. En lugar de elegir entre una postura y otra –dice el autor-, las unen sin confundirlas”.

Todo esto da pie a una seria reflexión de carácter jurídico en cuanto a la misión básica que toda reforma constitucional en materia de derechos fundamentales específicos para las mujeres y sus correspondientes garantías debería tener, a fin de construir un sólido marco de principios, normas y prácticas que les faciliten dejar de ser víctimas para convertirse en actoras estelares del sistema jurídico, político y social.

Es aquí donde surge otra sorpresa dentro del propio sistema constitucional mexicano, pues solo en 7 artículos de la Carta Magna existe referencia a las mujeres, de los cuales, 5 hacen referencia a hombres y mujeres, ya sea como parte de la sociedad en general (art. 4°; 6°; 18, 30; 34) o de ciertos sectores sociales (indígenas, migrantes, reos del orden penal); y en solo dos de ellos hace mención a las mujeres en específico (artículo 2°, apartados A) y B), y su fracción VIII (respeto a la integridad y dignidad de la mujer indígena en la aplicación de usos y costumbres; derecho a votar y ser votadas y a participar en el gobierno; difundir la igualdad de genero por radio comunitaria(?!); y el artículo 123 apartados A) y B) que se refiere a la protección de la mujer trabajadora durante la gestación, el parto y la lactancia, aunque con curiosas e injustificadas diferencias entre ambos dada la forma de otorgar los días de descanso, como si las mujeres que trabajan en la iniciativa privada fueran diferentes en su fisiología que las burócratas.

De la lectura de estos artículos se desprende: a) que el constituyente mantiene una visión de derechos fundamentales tradicional, esto es, genérica y congruente con el artículo 4° y la doctrina internacional al considerar a todos -hombres y mujeres- como seres humanos en su conjunto; y b) que en el caso de derechos específicos de las mujeres los únicos dos artículos los postulan lo hacen de forma a todas luces parcial, en cuanto a su mera condición de gestadoras y madres y/o en cuanto a su relación con los hombres.

El acucioso estudio de Tourraine nos lleva a pensar nuestra constitucionalidad desde esa nueva perspectiva, que considera el nuevo posicionamiento de la mujer en la vida política, económica, social, cultural, ante todo como un asunto de actitud y acción, soportada por el andamiaje del nuevo paradigma constitucional, tanto en lo que se refiere a derechos fundamentales, como a la legislación secundaria y a los mecanismos e instituciones que los garanticen y conviertan en hechos tangibles.

Los nuevos Rostros de la Esclavitud

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Los Nuevos Rostros de la Esclavitud: Negación de la Libertad de los Seres Humanos

Por José Ramón González Chávez *

* Publicado en el Diario “La Crisis” en 2004

 

ABSTRACT:

El tema de la Libertad constituye uno de los tópicos medulares de la Filosofía y del Derecho del mundo occidental en nuestros días; junto con la igualdad y la convivencia armónica, integra el triángulo axiológico sobre el que se sustentan nuestros principios como sociedad democrática. Sin embargo, su concepción en nuestro tiempo está lejos de ser fácilmente accesible. Por ello, ahondaré hilando algunas ideas y propuestas de carácter general, aunque siguiendo a Michel Foucault (Las Palabras y las Cosas…) lo haré en sentido contrario, es decir, desde la óptica de su antítesis: la Esclavitud y sus nuevas formas de expresión.

 Esto tiene una razón fundamental: La Libertad como valor absoluto permanece preponderantemente en el terreno de las ideas, del deber ser, de los buenos propósitos; pero precisamente como tal, constituye una Luz al fondo del camino hacia la cual debemos dirigir nuestros pasos como seres humanos y como sociedad. Pero en lo que concierne a la Esclavitud, contrariamente a lo que pudiera pensarse, por desgracias es un hecho actual, tangible, real y objetivo, que muerde nuestro corazón, todos los días, a todas horas, en todo lugar. Por eso, reflexionar y actuar para combatir la Esclavitud es una forma de realizar la Libertad, de garantizar su pleno ejercicio.

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Introducción:

La Libertad es un valor de naturaleza sensible, reconocido como parte de la esencia del ser humano y fundamento de la convivencia social. Todos intuimos su importancia en nuestro bagaje axiológico aunque paradójicamente aún no logremos saber a ciencia cierta qué es.

Hay varios ámbitos desde donde se ha intentado diseñar un concepto de libertad: en el plano Religioso, se cuestiona si el hombre (por supuesto que me refiero al género humano) puede actuar con autonomía ante un ser supremo, si la conducta de aquel no está condicionada por Dios[1]; en el terreno Psicológico, materialmente plantea la imposibilidad de hacer lo que se quiere además de que el ser humano ordinario no sabe lo que quiere o bien, cree una cosa y hace otra, de lo cual se infiere que la conducta verdaderamente libre, ese grado de conciencia suprema, es escasa o acaso inexistente en los seres humanos[2]; desde la óptica de lo Político, la crisis de la libertad como concepto y como valor se manifiesta en todas partes[3].

En este orden de ideas, la perspectiva jurídica constitucional resulta de gran utilidad para comprender el significado del concepto Libertad y clasificar sus formas de expresión, ya que esta disciplina tiene precisamente como leitmotif garantizar el ejercicio de la libertad y al mismo tiempo limitarlo en razón de los derechos de los demás; de tal de tal forma, se asimila por el Derecho constitucional como libertad pública, consagrándola como un derecho fundamental primordial, procurado y garantizado mediante el ejercicio del poder público[4].

Sin embargo, las libertades públicas tienen gran cantidad de limitantes lícitas e ilícitas entre las que se encuentran las nuevas formas de esclavitud, aberraciones sociales sobre las que por lo general ningún país se prepara, independientemente de su nivel de desarrollo. Me parece que una misión que podría asumir la sociedad civil en la actualidad, es la de –parafraseando a Dworkin[5]– realizar esfuerzos en serio para difundir a nivel mundial este grave problema, sumando voluntades, conciencias y acciones para combatirla y prevenirla.

 

Las Nuevas formas de esclavitud:

Desde el surgimiento del Estado Moderno, la esclavitud, contrapuesta a todas luces al principio de libertad postulado por el liberalismo, ha sido un asunto de interés mayor y a escala mundial. Sin embargo, a pesar de su condena histórica y universal, en sus nuevas formas de expresión la esclavitud persiste en nuestros días a nivel global, incluso en países con alto nivel de desarrollo, no solo en los del “tercer mundo”, considerándosele como un fenómeno de crimen organizado similar al narcotráfico, esto es, un asunto donde los países pobres son los productores y los poderosos los mayores consumidores.

En el nuevo paradigma del Estado Constitucional, la multifacética palabra Esclavitud, abarca en la actualidad gran cantidad de violaciones a los derechos humanos. Además de la tradicional trata de personas, se manifiesta en abusos como la esclavitud doméstica de migrantes (nacionales o extranjeros); la servidumbre por deudas; la venta de niños; la prostitución infantil; la utilización de niños en la pornografía; la explotación del trabajo infantil; la utilización de niños en conflictos armados, el tráfico de sangre y órganos humanos, entre otros[6].

En Europa, por ejemplo, en países como España, Alemania Francia e Italia, se presentan los mayores problemas de tráfico ilegal de personas de todo el continente, siendo las víctimas principalmente provenientes de Colombia, Brasil, Venezuela y Ecuador, Hungría, República Checa, Ucrania y países del norte de África. Una de las principales causas que le dan origen es la precaria situación económica y la ignorancia en las que viven hombres y mujeres que son en su gran mayoría trabajadores migrantes, sin papeles y con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años. Muchos de ellos llegan a Europa dejando una importante deuda en sus países de origen para pagar sus gastos de viaje, con la esperanza de encontrar trabajo o engañados por las redes de traficantes con falsas promesas sobre la posibilidad de encontrar un empleo. La mayor parte de las víctimas de este tipo de esclavitud no pueden defenderse, provienen de los grupos socioeconómicos más vulnerables en sus países de origen; no hablan el idioma local; no conocen sus derechos; viven en aislamiento del mundo exterior y no saben a quién pedir ayuda; temen a las represalias de sus traficantes; no sienten que la policía pueda protegerles y en muchos casos no denuncian por miedo a ser deportadas y deportados. En casi todos los casos, han sido sometidas y sometidos a malos tratos, verbales o físicos y/o abusos sexuales[7].

En lo tocante a las redes de prostitución, en gran cantidad de países se dan muchos casos de violencia física y moral y violaciones para forzar a las mujeres y a menores a ejercer el comercio sexual. Muchos aguantan el trabajo excesivo y condiciones de vida deplorables con la esperanza de conseguir algún día ingresos suficientes y ser capaces de enviar algún dinero a sus familias. La promesa de una posible regularización migratoria mantiene a las mujeres en esa situación de dependencia y sumisión forzada. Además, el confinamiento, la mala calidad de vida y de condiciones laborales, la violencia física, el abuso sexual, la falta de contacto con el mundo exterior y con su país de origen, producen en la víctima serios traumas psicológicos. Esta situación se presenta de manera muy evidente en los Estados Unidos de América, respecto de personas provenientes en su mayor parte de Centroamérica y México.

Como obviamente las prácticas contemporáneas de esclavitud son clandestinas, no es posible tener información 100% objetiva y confiable sobre su magnitud, por lo que se hace complejo descubrirla y sancionarla; menos aún suprimirla. No obstante, existen evidencias suficientes de que las nuevas formas de esclavitud tienen una marcada presencia y se hallan muy difundidas en prácticamente todo el mundo occidental. Basta con señalar que de acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estima que en la actualidad se explota en diversas modalidades el trabajo de 100 millones de niños (1.6% de la población mundial)[8].

Gracias a gran cantidad de pruebas y estudios presentados ante los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, se han generado importantes datos oficiales, de los que se deduce que no existe una distinción neta entre las causas que originan las diversas formas de esclavitud contemporánea, aunque si existe consenso en que su caldo de cultivo es una mezcla de pobreza material, moral e intelectual, de parte tanto de victimas como de victimarios[9].

 

Datos sobre las formas más comunes de esclavitud en la actualidad:

1. El Apartheid y las nuevas formas de colonialismo. El apartheid no es sólo un problema de discriminación racial susceptible de resolverse con medidas de educación y de reforma política. En realidad, el apartheid (expreso o tácito) ha desposeído a la población negra del continente africano, a la que se le ha impuesto un sistema colonial. Recurriendo a medidas coercitivas –que tal vez pudieran ser legales en el estricto sentido de la palabra, pero ilegítimas en términos de derecho natural- se explota el trabajo de las poblaciones nativas en beneficio de los inversionistas blancos. Al suprimir los derechos humanos de poblaciones enteras, el Apartheid y otras formas de colonialismo, expuestas o veladas, tienen por consecuencia la esclavitud colectiva o de grupo. Uno de sus aspectos más perniciosos es que no se ofrece a las poblaciones sometidas elección alguna: nacen en una situación de esclavitud y disponen de muy pocos medios –o de ninguno- para oponerse a ella y superarla[10].

En este mismo sentido, aunque de una forma más oculta e hipócrita, las nuevas formas de colonialismo ejercidas por los países más poderosos sobre los más débiles para imponer modelos culturales, económicos y políticos, son sin duda, expresiones refinadas y renovadas de la esclavitud social, cuyo combate, también vale decirlo, requiere el mismo nivel de refinamiento, desde la sociedad civil, los medios y el gobierno.

2. La Esclavitud tradicional en nuestros días. En el texto legal, la esclavitud como sistema de trabajo y vida civil ha sido abolida en todas partes. La Convención sobre la Esclavitud de 1926 de la Sociedad de Naciones, fue ratificada por la ONU desde su creación. Hasta 1990, esta convención ha sido ratificada por 86 Estados (La ONU agrupa más de 200 países, esto quiere decir que casi las dos terceras partes de sus miembros no han firmado esta convención todavía(!!!). No obstante, en los hechos esta práctica deplorable está muy lejos de haber quedado suprimida: se sabe por ejemplo, que todavía existen mercados de esclavos en muchas partes del mundo[11].

3. La Servidumbre por deudas. Es difícil distinguir la servidumbre por deudas de la esclavitud tradicional, puesto que la víctima no puede dejar su trabajo o la tierra que cultiva mientras no reembolse el dinero que debe al patrón. Aunque en teoría una deuda puede pagarse en un determinado período de tiempo, la servidumbre se presenta cuando a pesar de todos los esfuerzos, el deudor no consigue cancelarla. Por lo general, la deuda es heredada por los hijos del trabajador en servidumbre. El arriendo de tierras a cambio de una parte de la cosecha es una forma frecuente de someter a los campesinos a este tipo de esclavitud[12].

En el mundo occidental habría que preguntarse si esto no se presenta también aunque de manera enmascarada entre las instituciones de crédito (débito?) y los usuarios de sus diversos servicios, que utilizan esquemas de “financiamiento” que llegan a ser realmente leoninos y provocan deudas en muchos casos, impagables. Solo hay que remitirse a la cartera vencida de las instituciones bancarias de cualquier país para darse una idea de la magnitud de este problema.

4. La Trata de personas y la explotación sexual. El reclutamiento, el transporte clandestino y la explotación de las mujeres como prostitutas, así como la prostitución organizada de niños y adolescentes de ambos sexos, son hechos bien documentados en todos los países. Se ha comprobado el vínculo que existe regularmente entre la prostitución y la pornografía –en particular y sobre todo, con explotación de niños- y la promoción e incremento del turismo sexual[13].

5. La Venta de niños. Se ha descubierto que es posible obtener enormes ganancias entregando a niños de hogares pobres a personas con medios económicos en todos los países sin garantías ni vigilancia de ninguna clase con el pretexto de proteger los intereses del menor. En tales casos, el beneficio de los padres “compradores” –que en muchos casos tienen a los niños “comprados” como una especie sofisticada de mascotas, más que como miembros de una verdadera familia- así como la utilidad económica de los intermediarios otorga a la operación el carácter de una trata de niños y por ende, de crimen organizado[14].

6. El Trabajo infantil. Es a menudo duro y peligroso, afecta irreversiblemente la salud de los niños, los priva de la educación y del goce natural de sus primeros años. Esta modalidad de esclavitud ha sido estudiada por Abdel Wahab Boudhiba, quien en 1981 presentó un informe a la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, donde demostró que el trabajo que hacen los niños altera muchas veces su salud y pervierte el concepto del trabajo como fuerza liberadora o medio de desarrollo hacia la madurez, lo cual es muy grave, no solo a nivel individual de quien lo sufre, sino a nivel de la sociedad en su conjunto[15].

Este tipo de esclavitud es muy solicitada por barata y porque los niños son naturalmente más dóciles y fáciles de disciplinar que los adultos y tienen demasiado miedo para protestar. Muchas veces ocurre que se ofrece trabajo a los niños en lugar de a sus padres desempleados. La razón es obvia: hay gran cantidad de niños de 7 a 10 años de edad que trabajan de 12 a 14 horas diarias y ganan menos de la tercera parte del salario que podría obtener por el mismo trabajo un adulto. Sus explotadores utilizan su baja estatura y su habilidad manual para ciertas labores: Los niños empleados en el servicio doméstico no sólo trabajan muchas horas por un sueldo miserable, sino que están particularmente expuestos a abusos físicos y aún sexuales; en ciertos casos extremos, se secuestra a los niños y se les obliga a trabajar en canteras y en la construcción de carreteras, se les retiene en campamentos remotos, donde se les encadena por las noches para evitar que huyan, etc.

Algunas ONG’s han propuesto la creación de un programa internacional para erradicar las formas más graves de explotación infantil, que comprenda al menos las siguientes medidas:

  1. Eliminar todos los campamentos de trabajo forzoso en un plazo de 12 meses;
  2. Excluir a los niños de las formas más peligrosas de trabajo definidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional de Trabajo (OIT);
  3. Suprimir todas las formas de trabajo de niños menores de diez años de edad (proscritas ya el Convenio 138 de la OIT) y
  4. Reducir a la mitad las del grupo de edad de 10 a 14 años. No obstante, aun aprobándose, la aplicación efectiva de estas normas está muy lejos de convertirse en realidad.

7. La Actividad de los niños en los conflictos armados. Se ha denunciado en infinidad de foros el reclutamiento forzado de niños para el servicio militar. Las consecuencias son gravísimas. Muchos niños pierden la vida o quedan inválidos en los conflictos armados, mientras que otros son interrogados, torturados, golpeados o se les mantiene como prisioneros de guerra[16].

 

Las Soluciones:

 Poco se conoce sobre los instrumentos actuales que buscan evitar y combatir las nuevas formas de esclavitud. De ahí que resulte inaplazable –reiteramos- hacer un esfuerzo para dar a conocer esta realidad y comenzar a crear y estimular una cultura nacional e internacional, única manera efectiva de pasar de la retórica a los hechos:

1. Instrumentos de Derecho Internacional. La protección contra la violación de los derechos humanos que tienen que ver con la esclavitud contemporánea se pretende garantizar a través de diversos instrumentos jurídicos internacionales, entre los cuales de manera enunciativa se encuentran: La Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; la Convención sobre los Derechos del Niño.

Existen algunos Comités locales que vigilan interiormente la aplicación de los mencionados instrumentos jurídicos en cada Estado signatario, aunque cabe señalar que a nivel Constitucional, existe una gran laguna ya no en términos de derechos fundamentales, dada la reciente reforma de 2010, sino de garantías constitucionales, que solo puede comenzar a ser llenada –repito- mediante la participación activa, directa y conjunta de sociedad civil, medios de comunicación, instituciones ad-hoc  y órganos del poder público.

2. Organismos específicos de las Naciones Unidas. La ONU dispone de mecanismos para recibir las denuncias de violaciones a los derechos humanos relacionadas con las nuevas formas de esclavitud. El denominado Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud es el órgano de las Naciones Unidas encargado de estudiar la esclavitud contemporánea en todos sus aspectos. El Grupo se reunió por primera vez en 1975 con el título de Grupo de Trabajo sobre la Esclavitud y en 1988se le dio el nombre que actualmente ostenta[17].

En 1984, un informe actualizado preparado por Benjamin Whitaker sobre la esclavitud actual[18], abarcó temas como el trabajo forzado; el tráfico ilícito de trabajadores migrantes; las prácticas esclavizadoras que afectan a la mujer, tales como el matrimonio sin consentimiento, la venta de mujeres, los asesinatos por causa del sistema dotal y las mutilaciones genitales de las niñas. En sus propuestas sobre su acción a futuro, este Grupo de Trabajo ha recomendado algunas medidas, entre las cuales mencionamos las siguientes:

  • Crear un fondo fiduciario o de contribuciones voluntarias que permita a las organizaciones más directamente interesadas participar en las actividades del Grupo de Trabajo;
  • En los casos de actividades laborales donde se corriera el riesgo de emplear mano de obra infantil, que el producto fabricado lleve una etiqueta indicando que no se ha empleado a niños. Se debe pedir a los consumidores que exijan que este tipo de productos lleven tal marca. Asimismo, emprender campañas de información que sugieran el boicoteo de productos fabricados con mano de obra infantil;
  • La OIT, en coordinación con otros organismos, debe organizar un seminario o curso práctico sobre la servidumbre por deudas;
  • Las Naciones Unidas, organismos especializados, bancos de desarrollo y otras instituciones intergubernamentales deben contribuir a la eliminación de este abuso y evitar que se presente cualquier tipo de servidumbre en sus proyectos de desarrollo;
  • Los Estados deben colaborar en la elaboración de un Convenio sobre la adopción internacional de medidas contra las nuevas formas de esclavitud, tal como se propuso en la pasada Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

Al estudiar los problemas actuales de la esclavitud, fijar prioridades para su labor, determinar los hechos y formular recomendaciones, el Grupo de Trabajo ha recogido información de varias fuentes. Los gobiernos firmantes cooperan y participan en esta labor, al igual que diversos organismos de las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales y las organizaciones no gubernamentales. Dichos gobiernos reciben del Grupo servicios de asesoramiento para aplicar a nivel local las convenciones de las Naciones Unidas correspondientes, así como para coordinar esfuerzos dirigidos a combatir la trata de personas e incluir el tema de la explotación sexual en sus agendas políticas nacionales.

Existen ONG’s y otros organismos especializados que hacen ya una contribución importante a las actividades del Grupo de Trabajo, comunicándole periódicamente sus opiniones sobre la situación que guardan las nuevas formas de esclavitud en muchas partes del mundo y describiendo sus trabajos y experiencias en la eliminación de las prácticas señaladas en las distintas convenciones sobre la esclavitud. Sus actividades consisten, por lo general en:

  • Asistencia a los niños afectados por los estados de excepción;
  • Servicios de rehabilitación para niños víctimas de conflictos armados;
  • Campañas para la supresión de la prostitución infantil;
  • Asistencia en la formulación de leyes sobre adopción internacional y
  • Programas de asistencia para el desarrollo de niños que corren el riesgo de ser víctimas de la explotación sexual.

No obstante, sigue siendo notable la falta la instrumentación y articulación de todos estos esfuerzos para convertirlos en hechos concretos y directos contra estas aberrantes prácticas.

3. Cooperación internacional. En adición a los esfuerzos por eliminar las formas contemporáneas de esclavitud participan también organizaciones internacionales que poseen esferas de acción propias y colaboran con el Grupo de Trabajo mencionado arriba, tales como la OIT, la OMS, la UNESCO, la FAO, la UNICEF, la ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados), la INTERPOL y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.

4. Mecanismos para un combate en serio. El marco normativo internacional para el análisis de la problemática y la definición de principios contra las nuevas formas de esclavitud es amplio; sin embargo, por su propia naturaleza no coercitiva, el derecho internacional y las actividades de organizaciones públicas y privadas orientadas al combate a las nuevas formas de esclavitud, carecen de eficacia en términos reales. Es imprescindible entonces -regresando al tema constitucional- incluir primero que nada en las respectivas Cartas Magnas de los países firmantes, con especial interés en aquellos productores y consumidores que tienen un lugar preponderante en el problema, disposiciones específicas tendientes a reconocer la existencia de nuevas formas de esclavitud y definir –al menos remitiendo a la norma secundaria- las sanciones para aquellos que la ejerzan de manera directa o indirecta, tácita o expresa.

A partir de estas necesarias reformas constitucionales, la legislación secundaria de cada país en materia civil, penal, de seguridad pública, de migración, de crimen organizado, etc., debe de actualizarse y armonizarse para establecer con claridad la naturaleza y características de las nuevas formas de esclavitud, sus causas y efectos; la organización y marco funcional de los organismos públicos responsables y su coordinación con las organizaciones civiles y la sociedad. Solo así, por un lado, los acuerdos internacionales ratificados por los Congresos de cada nación serían dotados de una verdadera constitucionalidad, con todo lo que esto implica; y por otro, se fundamentaría y legitimaría un marco adecuado de normas, políticas públicas y programas concretos tendientes a su combate y prevención, así como a la protección de las víctimas, la reparación del daño y la sanción a los culpables.

5. Participación de la Sociedad Civil. Para combatir la esclavitud contemporánea en cualquiera de sus formas ningún esfuerzo es menor: todos tenemos algo que decir y qué hacer. Los acuerdos internacionales, las leyes nacionales y los procedimientos y acciones de carácter legislativo, ejecutivo y judicial respectivos, son una buena base, pero la experiencia demuestra que las leyes y actos de gobierno por sí solos no bastan. También es preciso que cambien las actitudes y las costumbres inadecuadas, que muchas veces se hallan profundamente arraigadas entre la población. “¿Qué podemos hacer en lo individual y lo colectivo?”. Hay muchas cosas que se pueden hacer y a todos los niveles, desde el ámbito familiar hasta en el terreno internacional. Es aquí donde ciudadanos y organizaciones, medios y gobierno, tienen ocasión de asumir la responsabilidad histórica conjuntar esfuerzos para crear conciencia individual y social a todas las escalas, llevando a cabo acciones concretas para evitar y combatir la esclavitud, independientemente de los rostros que adopte.

6. Acciones Concretas. Hemos recogido algunas sugerencias de organismos internacionales y ONG’s para combatir y prevenir actos contra la libertad:

  • Establecer comisiones municipales, regionales y nacionales que protejan y promuevan los derechos humanos, sobre todo en defensa de los grupos más vulnerables y en general todos los seres humanos que puedan ser víctimas de cualquier tipo de esclavitud;
  • Formar y participar en organizaciones dedicadas a dar a conocer a sus miembros y al público en general el carácter inhumano de las nuevas formas de esclavitud y la frecuencia e intensidad con que éstas se practican a nivel local, regional, nacional y mundial.
  • Proponer que las organizaciones públicas, privadas y sociales difundan mediante exposiciones, foros, entrevistas, etc., las graves consecuencias de las nuevas caras de la esclavitud y extenderlo a las fábricas, empresas, sindicatos, talleres, oficinas públicas y privadas y centros de educación en todos sus niveles.
  • Organizar certámenes nacionales y utilizar las obras premiadas en carteles y sellos postales, anuncios de radio, prensa escrita y televisión. Igualmente por Internet crear “Anuncios (Banners)”, “Etiquetas (Tags)” y otros recursos gráficos para ser colocados en los sitios, páginas y portales de todas aquellas personas u organizaciones interesadas en esta labor.
  • Aprovechar el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre, aniversario de la proclamación de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948) para llamar la atención de la opinión pública local, nacional y mundial sobre los problemas de la explotación mediante prácticas esclavizadoras;
  • Organizar eventos culturales, deportivos, sociales, etc. que recauden fondos para proyectos de desarrollo comunitario de autogestión, servicios de defensa de los derechos humanos, programas de formación e información sobre el tema;
  • Sensibilizar a los medios –televisión, radio, cine, prensa, redes sociales- para que se pronuncien contra la esclavitud contemporánea en sus programas y artículos así como en sus informaciones;
  • Conseguir el apoyo de personalidades de reconocido prestigio a nivel local, nacional, internacional, para que informen al público acerca de los problemas de la esclavitud contemporánea y las formas de combatirla;
  • Crear conciencia entre los grupos que defienden grupos vulnerables, consumidores y en la industria del turismo, sobre las nuevas formas de esclavitud y sus consecuencias para la salud y el desarrollo de las víctimas y la sociedad en general.

El asunto de las nuevas formas de esclavitud está lejos, muy lejos de ser un asunto menor. Hagamos conciencia de su dimensión real y llevemos a cabo acciones concretas para prevenirla y combatirla.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Widow, Juan Antonio. La Libertad y sus Servidumbres. Centro de Estudios Tomistas. RIL Editores. Santiago de Chile, 2014. P. 27 y ss.

[2] Begué Lezaun, Juan José. Sobre las tribulaciones del bien jurídico protegido en los delitos contra la libertad. En Revista del Ministerio de Justicia. N° 13. Madrid, España. 2005. P. 67 y ss.

[3] Maldonado, Carlos Eduardo. Dubitabilidad de un mundo basado en la persona. En Rujana Quintero, Miguel (compilador). Teoría Jurídica. Reflexiones Críticas. Siglo del Hombre, Editores, Universidad Libre, Cátedra Gerardo Molina. Bogotá, Colombia, 2003. P. 169 y ss.

[4] Häberle, Peter. La Libertad Fundamental en el Estado Constitucional.  Pontifica Universidad Católica de Peru. Lima., Perú, 2007. 409 págs.

[5] Dworkin Ronald. Los derechos en serio. Editorial Ariel, 5ª reimpresión. Barcelona, España. 2002.

[6] Organización de Naciones Unidas (ONU), Comision de Estudios para América Latina (CEPAL). Derechos Humanos y Trata de Personas en las América: Resumen y Aspectos destacados en la Conferencia Hemisférica sobre Migración Internacional. Serie Seminarios y Conferencias, n° 33. Santiago de Chile, 2003.

[7] Gobierno de España. Ministerio de Justicia. Abogacía General del Estado. Dirección del Servicio Jurídico del Estado. XXIX Jornadas de Estudio. Derecho, Inmigración e Integración. Ministerio de Justicia, Secretaria General Técnica. España. 2008, p. 189 y ss.

[8] ONU. Oficina Internacional del Trabajo (OIT). Conferencia Internacional del Trabajo. 87ª Reunión. 1999. Informe IV (2A) Trabajo Infantil. Primera Edición. Ginebra. Suiza, 1999.

[9] Al respecto, vid. Pogge, Thomas. Hacer Justicia a la Humanidad. UNAM, Instituto de Investigaciones Filosóficas. Editorial Fondo de Cultura Económica. Colección Problemas de Ética Práctica. Primera Edición. México, 2009.

[10] Ferro, Marc, Et. Al. El Libro Negro del Colonialismo; Siglos XVI a XXI. Del exterminio al arrepentimiento. Universidad de Indiana. EUA. 2005.

[11] ConcertacióN/S Frères des Hommes Europa. La Esclavitud en el 2000. Icaria Editorial. Barcelona, España. 1998.

[12] Oficina Internacional del Trabajo (OIT), 91ª Reunión. Informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (Informe III, Parte 1A. Primera Edición. Ginebra, Suiza. 2003.

[13] García Arán, Mercedes y Quintero Olivares, Gonzalo. Trata de Personas y Explotación Sexual. Biblioteca Comares de Ciencia Jurídica. Vol 79. Estudios de Derecho Penal y Criminología. Granada, España. 2003.

[14] ONU. General Assembly. 25th session. Agenda Item 3. (documento original). Report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography, Najat Maalla M’jid.  23 december 2013.

[15] ONU. Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Folleto informativo n° 14. Formas contemporáneas de esclavitud. http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet14sp.pdf. Consulta más reciente el 15 de diciembre de 2013.

[16] Ídem.

[17] Weissbrodt, David. La Abolición de la esclavitud y sus formas contemporáneas. Oficina del Alto Comisionado para Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Documento HR/PUB/02/4. Nueva York y Ginebra 2002.

[18] Whitaker, Benjamin. La esclavitud: Informe en el que se actualiza el informe sobre la esclavitud presentado a la Subcomisión en 1966. Publicación de las Naciones Unidas, nº de venta:  S.84.XIV.1, Naciones Unidas, Nueva York, 1984.

Instrumentos Internacionales de Protección a los Derechos Humanos

derechoshumanos

INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN

A LOS DERECHOS HUMANOS

(Síntesis introductoria)

Por José Ramón González

Mucho se habla del Control de la Convencionalidad, esa nueva institución constitucional que obliga a ponderar la aplicación de los instrumentos internacionales en tanto que forman parte de la Constitucion en sentido amplio, principalmente en materia de DDHH, pero poco se conoce el contenido y alcances de estos instrumentos. Esto puede deberse a dificultades y limitaciones prácticas no solo técnicas, dada la amplitud de este marco normativo como de la complejidad en su aplicación objetiva.

La intención de este escrito es aproximar al lector de forma meramente descriptiva a los contenidos de los instrumentos internacionales básicos en la materia, motivar a su estudio más profundo, ponderar su aplicación real y reflexionar sobre los mecanismos que en tal caso podrían ser los más idóneos para su utilización práctica en aras de construir a través del acontecer jurídico cotidiano el Estado Constitucional que requerimos y merecemos los mexicanos.

 

LA ONU

La Carta Universal de Derechos Humanos 1948, surgida a consecuencia del genocidio y los abusos cometidos, sobre todo en la 2ª Guerra mundial, detonó la creación de un extenso marco normativo en la materia, así como de mecanismos jurídicos políticos y sociales ad-hoc (aún en proceso de definición) para poderlos instrumentar y convertir en realidad en los hechos.

En cuanto a los ordenamientos y disposiciones de carácter jurídico, desde su origen fueron establecidos con el objeto de proteger a las personas contra los abusos de los poderes públicos, poniendo a su disposición una serie de mecanismos (jurídicos, políticos y sociales) que permitan:

  1. Controlar la efectiva implementación de los tratados internacionales en sus respectivos regímenes jurídicos; o bien
  2. Denunciar las violaciones realizadas por autoridades y organismos gubernamentales.

De estos instrumentos, los tratados internacionales son los que pueden tener mayor efectividad dado su carácter vinculatorio, una vez que ya firmados por los estados han sido ratificados por el Senado.

Respecto de la generación y aplicación de mecanismos para la instrumentación y actualización de estos dispositivos de derecho internacional, por tratarse de un tema preponderantemente político administrativo, aunado a que la política pública en la materia no se va a producir de manera espontánea desde el gobierno, la participación ciudadana y de las ONGs están contribuyendo cada vez con mayor contundencia en el diseño y puesta en operación de planes, programas y acciones concretas para hacerlos efectivos.

I.- MecanismosConvencionales. Son los procedimientos instituidos en tratados internacionales de DDHH. Según el órgano internacional al que se traslada la queja y el carácter que adopta su decisión pueden ser:

I.1.- Contenciosos. Aquellos en los que se produce una controversia como consecuencia de violaciones a DDHH que puede ser sometida al conocimiento y decisión de un órgano jurisdiccional, es decir, ante un Tribunal internacional.

La aplicación de este tipo de mecanismos supone la acción de la Corte Internacional de Justicia, cuya sentencia, según los tratados internacionales formalizados, tiene carácter obligatorio, y por ende, no requiere de una declaración expresa del Estado parte aceptando la jurisdicción contenciosa de la Corte. Esta instancia ha participado ya con su capacidad contenciosa y consultiva en algunos asuntos vinculados a derecho humanos.[1].

Sin embargo, en los hechos, en casi todos los tratados, los estados tienen la capacidad de adoptar reservas de exclusión a la jurisdicción de la Corte, por lo que solo se aplicaría su jurisdicción a aquellos estados que no hayan utilizado dicha reserva de exclusión. Además, la persona víctima de una violación no tiene acceso a la Corte, dado que ante ella tan solo están legitimados los estados.

Fueron reconocidos por primera vez en 1948, en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (art. IX) [2] y cuya aplicación práctica se dio 45 años después, en 1993 durante la guerra de secesión de Yugoslavia (conflicto Serbio – Bosnio). Constituyó un detonador de una producción importante de tratados internacionales sobre DDHH (16) [3],entre los que se encuentran, por ejemplo:

  • La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (Art. 22) (1965, en vigor en 1969); y
  • La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (Art. 30.1) (1984, en vigor en 1987).

Con el tiempo, se han ido creando otros tribunales internacionales ad-hoc, como los de Yugoslavia o Ruanda, que terminarían su labor luego de juzgar a todos los acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad en sus respectivas guerras civiles.

En 2002 se creó el Tribunal Penal Internacional, con carácter permanente,

  • Para perseguir violaciones a los DDHH por parte de individuos o de Estados, con jurisdicción solo en los países que hayan firmado y ratificado el tratado respectivo, lo que limita considerablemente su vocación de tribunal internacional.
  • Tiene una gran presión por ser originado a partir de la exigencia de grupos sociales, no como regularmente sucede por acuerdos diplomáticos entre Estados; por lo mismo, tiene grandes opositores como china y EU, que intentan boicotear todo su trabajo[4]. 

I.2.- No Contenciosos. Se emplean cuando se quiere conocer la opinión de un organismo internacional no jurisdiccional, en caso de duda sobre el grado de aplicación o integración en el derecho interno de algún estado de alguno de los derechos reconocidos en un Tratado internacional. Pueden ser:

I.2.1. Informes periódicos. Giran en torno a la obligación de los Estados firmantes, los organismos especializados de la ONU y las ONGs, de informar al comité especial de informes periódicos en el seno de la Comisión de Derechos Humanos, el que evaluará y emitirá su opinión al respecto, La Resolución del Consejo Económico Social 624 B,XII, 1º de agosto de 1956, no obstante haber sido abrogada por ineficaz mediante instrumento similar el 17 de diciembre de 1980, ha dado pie al establecimiento de otras convenciones que pretenden lograr los mismos objetivos[5]:

  • Generar una obligación para los Estados de rendir cuentas acerca del grado de aplicación en su derecho interno de los derechos reconocidos en cada tratado.
  • La obligación de los Estados de presentar un informe inicial y luego informes periódicos en los plazos establecidos ante el órgano previsto en cada uno de los tratados.
  • El establecimiento en cada tratado de organismos particulares, distintos a la Comisión de Derechos Humanos para llevar esta función de control, evaluarlos y opinar al respecto.

Entre los rasgos comunes de estos instrumentos podemos mencionar que:

  1. Son de carácter obligatorio para todos los estados partes.
  2. Los estados tienen que informar de las medidas adoptadas y los progresos logrados en la efectividad de los derechos reconocidos.
  3. Se desarrolla un dialogo entre el órgano competente para examinar el informe y los representantes estatales.
  4. Se faculta al órgano de control para realizar los comentarios generales que estime pertinentes y para que formule las recomendaciones al respecto. 

I.2.2. Investigaciones. Solo se prevé en la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. Se centra en su atribución para autorizar, aun ex oficio, la realización de investigaciones cuando se reciban informes fiables sobre la existencia de violaciones a los DDHH relacionados con el tratado respectivo en alguno de los países firmantes (art. 19). Su eficacia está limitada por requerirse en la mayoría de los casos la autorización del país que se va a investigar. Pueden ser de varios tipos:

I.2.2.1. Visitas. Procedimiento basado en los principios de cooperación y confidencialidad. Refiere a que los estados partes de la Convención pueden ser investigados salvo que al momento de firmar, ratificar o adherirse hayan formulado una reserva de exclusión a la competencia del Comité. Esto quiere decir que los Estados parte realizan una aceptación tácita cuando no rechazan expresamente el mecanismo de la investigación. Pueden ser:

  • In loco (Previsto solo en la convención europea contra la tortura), cuando el Comité necesita de la autorización del Estado para realizar la investigación
  • Ad Hoc. Cuando el Comité solo avisa al Estado que va a realizar la investigación. 

I.3. Cuasi Contenciosos. Cuando se solicita que un órgano internacional emita su opinión sobre una situación, proponiendo algún tipo de arreglo.

  • Se utiliza cuando existe controversia no contenciosa y es sometida al conocimiento de un órgano internacional no jurisdiccional.
  • El órgano no jurisdiccional conocerá el asunto y emitirá solo una opinión, no una decisión.
  • La acción procesal es la queja, que puede provenir tanto de particulares como entre estados que aleguen ser víctimas de la violación de alguno de los derechos contenido en el tratado Internacional respectivo. Cuando proviene de personas se llama “Comunicación” o “Queja individual” Se contempla en 4 convenciones y ofrece acción directa o indirecta a las víctimas [6]; cuando se da entre Estados partes se denomina “Comunicación” o “Queja interestatal, pero estos deben estar de acuerdo en su aplicación. Las actuaciones son confidenciales. Se contempla solo en tres instrumentos en la materia [7] y hasta la fecha nunca ha sido usada.
  • El procedimiento origina la puesta en marcha de un mecanismo de conciliación, orientado a la investigación y el arreglo pacífico.
  • Rasgos comunes a todos los tratados en la materia:
  1. Facultativos: Para que un individuo pueda presentar una queja contra un estado parte, debe reconocer en una declaración unilateral la competencia del órgano internacional;
  2. Subsidiarios. Los individuos han tenido que agotar previamente todos los recursos internos disponibles;
  3. Escritos.
  4. Confidenciales
  5. Contradictorios: tanto las víctimas como los estados presentaran cuantas alegaciones y replicas consideren oportunas a fin de defender sus posturas.

Crítica: A pesar de la evidente proliferación de organismos internacionales durante 65 años, los mecanismos convencionales han sido incapaces de hacer llegar ante ellos la voz de las víctimas de violaciones de DDHH y atender con eficacia sus reclamos. Este fracaso se explica por:

  1. La incapacidad sancionadora de los órganos de control, ya que solo pueden emitir recomendaciones;
  2. La no aceptación de los estados (sobre todo los más poderosos), de las atribuciones de los órganos de control para investigar sobre las quejas presentadas;
  3. Burocratismo, ante las rigurosas reglas de admisibilidad por las que debe pasar una queja para que pueda dársele trámite; y la lentitud de los procedimientos, que provoca que la masa de quejas y comunicaciones que constantemente llegan a Naciones Unidas rebase la capacidad de respuesta de dichos organismos [8].
  4. La escasa disponibilidad del mecanismo de reclamaciones de particulares que se consideren víctimas de violaciones de DDHH, ya que, únicamente están previstos en cuatro de los instrumentos internacionales de la ONU en la materia.

Mecanismos Extraconvencionales. Como su nombre lo indica, se trata de todos aquellos procedimientos creados mediante instrumentos distintos a los tratados internacionales. Aparecen a iniciativa de la Comisión de DDHH de la ONU, a la que se le otorgan facultades en la materia, dada la ineficacia de los mecanismos convencionales. Tienen reglas más sencillas para la presentación de quejas. Y no es tan decisivo el consentimiento de los Estados. Sus órganos de control actúan en todos los países miembros dela ONU. El documento que tienen como base para determinar la existencia de violación a los DDHH se basa en la Declaración Universal de 1948, no en un tratado. Los Principales son: 

A) Sistema de informes periódicos 1959. Instituido por el Consejo Económico y Social (resolución 624 B (XII,1 de agosto de 1956) para comprobar las medidas adoptadas por los estados miembros en la materia.

B) Comité Especial de Informes Periódicos. Dependiente de la CDDHH que lo extinguió en diciembre de 1980 por ineficaz (cada tratado establecía su propio comité de informes por lo que había duplicidad).

C) Resolución 1235 (XLII) del Consejo Económico y Social de 6 de Junio de 1967. Permite a la Comisión de DD HH establecer un organismo de investigación por violaciones graves y masivas sin necesidad de autorización del Estado sujeto a control “sobre todo en los países sudafricanos”, como en los casos de racismo en Rhodesia y el Apartheid. 

Procedimiento público General. La Comisión de DD HH conoce de las denuncias y emite recomendaciones también generales. 

Procedimiento Especial por países. La comisión hace investigaciones y evaluaciones y emite recomendaciones a algún país colonial dependiente y/o practicante del racismo y el apartheid(Chile 1975).

Posteriormente, poco a poco estos órganos especiales de investigación fueron asumiendo facultades de protección, so pretexto de que las violaciones podrían atentar contra la paz y la seguridad internacionales.

Procedimiento confidencial 1503.

Procedimiento especial por materias (por ej. desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias), nombrándose un relator especial (1982) y ordenando capacitar a funcionarios públicos para evitar este tipo de violaciones. Desde 1980, sus alcances se fueron extendiendo a temas de éxodos masivos (1981); tortura, tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes (1985); Intolerancia religiosa (1986); Mercenarios (1987); niños (1990); Desplazados (1992); derecho al desarrollo y libertad de expresión (1993); justicia y mujeres (1994); desechos tóxicos (1995); Inmigrantes y ajuste estructural (1997).

Al paso del tiempo, se han llevado a cabo medidas de ajuste para hacer más ágil la toma de decisiones cuando hay una violación flagrante.

Sus rasgos generales son:

  1. Poner fin a las violaciones de DDHH donde quiera que ocurran.
  2. No se requieren el consentimiento del estado bajo control, a menos que se realice una investigación “in loco”.
  3. La investigación y sus resultados deja de ser confidencial.
  4. Para la aplicación práctica del procedimiento se crea un órgano “ad hoc” con un relator especial, ya sea personal o como grupo de trabajo, integrado por expertos independientes que actúan a título personal.
  5. Hay una gran flexibilidad en cuanto a la admisión y trámite de denuncias: Si se inicia una investigación, el órgano “ad hoc” decide sobre la base de las informaciones recibidas de cualquier fuente que estime fiables. Determinados órganos “ad hoc” tienen capacidad para iniciar acciones urgentes por razones humanitarias.

Debilidades:

  • Como los integrantes de la Comisión son representantes de los Estados no pueden separarse de su compromiso político con sus representados. Esto choca con los integrantes del órgano de control, que son especialistas independientes, lo que obstaculiza las soluciones.
  • Las comunicaciones individuales se contestan en masa, por lo que no reciben un tratamiento especializado.
  • Por no prever sanción alguna, la eficacia de las acciones de la Comisión se limita a su publicidad internacional.
  • Existen limitaciones financieras, técnicas y de seguridad para instruir todos los procedimientos que se presentan y que son cada vez más complejos por su creciente multidimensionalidad.
  • Las violaciones se focalizan en países subdesarrollados y la implementación de sus eventuales medidas correctivas resulta difícil cuando no imposible.

 

Otros mecanismos:

Procedimientos “de buenos oficios y de contactos directos”;

  • Los instituidos en la OIT y laUNESCO.

 

 

UNIÓN EUROPEA

Resolución 1503 (XLVIII) del Consejo Económico y social (27 de mayo de 1970). Crea el procedimiento confidencial para el tratamiento de comunicaciones individuales, aunque son sometidas a estrictos requisitos de admisibilidad. Con la confidencialidad se pretendía facilitar la cooperación del Estado concernido, pero en la práctica sucedió lo contrario. Preveía su aplicación universal, superando su limitación a países coloniales o dependientes; sin embargo, resultaba ineficaz al requerirse la autorización del Estado a investigar (?), además de poder aplicarse contra la resolución 1503 que se dio en casos de discriminación como en Sudáfrica e Israel. La decisión de investigar se tomaría por la Subcomisión de DDHH a partir de la detección de eventuales violaciones graves.

En el papel, la Comisión tenía la atribución de declarar público un procedimiento confidencial, dadas las circunstancias. La confidencialidad afectaba además la transparencia de las gestiones y las decisiones y aumentaba la presión política a la Comisión, además de dañar la imagen política del Estado ante la comunidad internacional, lo que limitaba cuando no hacia nugatoria la posibilidad de solucionar eventuales violaciones. Sin embargo, sigue vigente por razones políticas.

 

El Consejo Europeo (Principales Tratados):

  1. Convención Europea sobre los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales. Fue el primer tratado en establecer un sistema de garantía y protección a los derechos reconocidos en su texto, tanto para estados y personas. Sus principales instituciones son:

1.1. La Comisión de Derechos Humanos. Establece un sistema de denuncias interestatal (art. 24) sin requisito de nacionalidad de las víctimas y un Sistema de denuncias individuales (art. 25). Recibe las denuncias y hace estudio previo;

1.2. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Órgano de jurisdicción opcional creado en 1998; los Estados parte se comprometen a reconocer su capacidad para juzgar. Actuaba a instancia del Comité cuando los Estados parte así lo permitían, siendo sus fallos jurídicamente vinculantes, obligándose a cumplir sus resoluciones. A partir de los 80 se empezó a considerar impráctico por el aumento de países miembros de la UE a partir de la caída del muro de Berlín, la acumulación de casos y el retraso en sus resoluciones. Fue modificado en 1993 (Viena) y 1997 (Estrasburgo) y desapareció en1999.

1.3. El Comité de Ministros. Órgano de decisión del Consejo de Europa, con atribuciones para supervisar los procesos de decisión de las denuncias declaradas admisibles por la Comisión. Desempeñaba la función de guardián del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Su intervención se reclamaba en caso de solución política del desacuerdo cuando la causa no era remitida al Tribunal. Al final del siglo XX perdió su competencia para conocer los detalles de los casos y emitir decisiones, aunque conservó la capacidad de monitorear el ejercicio y asegurar la eficacia del Tribunal, revisar y controlar la correcta ejecución de sus sentencias por los estados partes.

A partir de 1999 los tres órganos se fusionaron en uno solo: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, compuesto por un juez por cada estado miembro, elegidos por el Parlamento Europeo por un periodo de tiempo de entre tres y seis años. Tiene carácter permanente y establece un solo proceso de denuncias directas, lo cual hace que el sistema gane en rapidez y eficiencia. Desde entonces ha producido importante jurisprudencia, convirtiéndose en un referente básico de precedente judicial y de interpretación de derechos y obligaciones en la materia a nivel continental. También como órgano fiscalizador de la actuación de los Estados y generador de cultura de respeto y actuación en la materia.

  1. Carta Social Europea. Cada Estado debe presentar cada dos años al Secretario General del Consejo Europeo un informe de estado y avances en la materia. Los informes son públicos y pueden ser observados por las ONGs.

Se establece un Comité Europeo de Derechos Sociales, integrado por 9 miembros independientes e imparciales. Recibe los informes del Consejo, los revisa y evalúa. Pasa sus evaluaciones al Comité Gubernamental, compuesto por representantes de los Estados miembros que se comprometen a atender sus observaciones. El Comité de Ministros puede presionar a un Estado miembro a modificar su legislación para cumplir alguna observación considerada grave.

Los sindicatos, organizaciones de trabajadores internacionales, ONGs con estatus consultivo ante el Consejo de Europa, organizaciones de trabajadores nacionales de alguno de los estados parte de la Carta, y las organizaciones autorizadas por sus estados pueden denunciar violaciones de los derechos recogidos en la Carta Social que se estén produciendo en alguno de los Estados parte que han ratificado el protocolo (hasta la fecha han ratificado el protocolo Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Portugal, Eslovenia y Suecia).

Las denuncias son examinadas por el Comité de Expertos Independientes, que decide sobre la admisibilidad de la denuncia en función de una serie de criterios establecidos en el protocolo. En caso de que sean admisibles realizará un informe recogiendo información de las partes implicadas, remitiéndolo al Comité de Ministros para que en su caso emita recomendaciones al Estado denunciado a fin de subsanar las situaciones que violan la Carta Social.

 

ENLACES Para Mayor Información:

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Instrumentos Internacionales

http://www.cndh.org.mx/Instrumentos_Internacionales_Derechos_Humanos

Derecho y Legislación Internacional

http://www.derechos.org/nizkor/ley/

 Violaciones a derechos humanos en el mundo:

Situación de los Derechos Humanos en Ucrania

http://www.dw.de/popups/mediaplayer/contentId_16009251_mediaId_15996498

Violaciones a derechos humanos en Europa

http://www.dw.de/ai-critica-violaciones-a-dd-hh-en-europa/a-16551204

Violaciones de derechos Humanos en Estados Unidos

http://www.dw.de/v%C3%ADctima-de-secuestro-de-la-cia-gana-caso/a-16452675

En el punto de la mira la luchaantiterrorista en Alemania

http://mediacenter.dw.de/spanish/video/#item/1129115/En_el_punto_de_mira_de_la_lucha_antiterrorista_en_Alemania/?&_suid=1379183847449016780985237468487

 

[1] A) En cuanto a su capacidad contenciosa, por ejemplo, el Asunto relativo al Estrecho de Corfu (sentencia 09 abril 1944); Asuntos relativos al Sudoeste africano (Etiopía y Liberia contra Sudáfrica, sentencia 18 julio 1966);Asunto sobre personal diplomático y consular de Estados Unidos en Teherán (sentencia 24 mayo 1980); Asuntos relativos a las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua (sentencia 27 junio 1986); Asunto Barcelona Traction (sentencia 5 febrero 1970). B) En ejercicio de su capacidad consultiva destacan: Opinión consultiva sobre la interpretación de los Tratados de paz con Bulgaria, Hungría y Rumania (1950); opinión consultiva relativa a ciertas reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del delito de Genocidio (1951); opinión consultiva relativa a Namibia (1971); opinión consultiva relativa a la convención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Unidas (1989).

[2] http://www2.ohchr.org/spanish/law/genocidio.htm

[3] Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio(artículo IX); Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena (artículo 22); Convención sobre el estatuto de refugiados (artículo 38); Convención sobre el derecho de rectificación (artículo V); Convención sobre los derechos políticos de la mujer(artículo IX); Convención sobre la Esclavitud (artículo 8); Convención sobre el estatuto de los apátridas (artículo 34), Convención suplementaria sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la esclavitud (artículo 10): Convención sobre la nacionalidad de la mujer casada (artículo 10); Convención UNESCO sobre la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza (artículo 8); Convención para reducirlos casos de apatridia (artículo 14); Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios (artículo 8); Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial (artículo 22); Convención internacional sobre la represión y el castigo del crimen del apartheid (artículoXII); Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (artículo 29); Y convención contra la Tortura y otras Penas o Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (artículo 30)

[4] Para asegurarse que el Tribunal Penal Internacional no pueda llevar a cabo ninguna acción contra sus ciudadanos, EEUU, además de no firmarla ratificación del Estatuto del Tribunal, ha adoptado la práctica de firmar acuerdos bilaterales con el resto de Estados del mundo para que cada Estado mediante la firma de un acuerdo se comprometan a no denunciar, y a no permitir que se denuncie, a ciudadanos estadounidenses ante el Tribunal.

[5] Convención sobre todas las formas de Discriminación Racial de 1965,Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966,Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, Convención internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid de 1973,Convención internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984, Convención sobre el Apartheid en los Deportes de 1985 y la Convención sobre los derechos del Niño de 1990.

[6] Convención para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial (art. 14), Protocolo facultativo anexo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (art. 22), y en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familias (aun sin vigor).

[7] Tratado para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación Racial (con carácter obligatorio, art. 11), Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Competencia del Comité facultativa, art. 41) y Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes (Ídem, art. 21).

[8] En su origen la Comisión de DDHH de la ONU fue creada para promover con base en los artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas la cultura de los DDHH (sobre todo en los países coloniales y dependientes),no para protegerlos, ni perseguir sus eventuales violaciones (Consejo Económico y Social, resolución 728 F XXVIII, 30 julio 1959).