¿Descentralización o centralización expandida?

¿DESCENTRALIZACIÓN O CENTRALIZACIÓN EXPANDIDA?

Por José Ramón González Chávez

(Publicado en agosto de 2018)

Entre los temas que se ha lanzado a la opinión pública justo después de las elecciones federales –no para comunicar decisiones sino ver la reacción de la opinión pública y los distintos sectores y actores políticos, económicos y sociales- es el de la “Descentralización” de las Secretarías de Estado a las capitales de las entidades de la federativas.

Apenas a una semana de las elecciones AMLO anunciaba ante líderes de la Concamin su “Plan para descentralizar” Dependencias y Entidades, bajo la premisa de “que el fin es que haya desarrollo parejo en todo el territorio” pues los estados del norte, centro y occidente crecen más mientras que los del sur están estancados o de plano han decrecido.

Como especialista en Administración Pública y desarrollo regional me siento comprometido precisar al menos tres aspectos técnicos fundamentales sobre el tema:

1. El término “descentralización” es poco adecuado para denominar esa medida.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal prevé en su artículo 1° que ésta es Centralizada y Paraestatal; la primera integrada por Dependencias (Secretarías de Estado, Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y Órganos Reguladores Coordinados, además de que también en este rubro técnicamente están los Departamentos que desde mi opinión erróneamente los han desaparecido) y la segunda por Entidades (organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones y organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y fideicomisos públicos).

En este segundo rubro, la doctrina señala que la descentralización es una forma de organización administrativa distinta de la centralización y la desconcentración por por tener régimen jurídico y patrimonio propio, así como autonomía de gestión, motivo por el que las Secretarias en tanto Dependencias del ejecutivo federal no pueden ser descentralizadas, ya que forman parte de la administración pública central y como tales no cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propios, ni autonomía de gestión; por lo mismo, tampoco podrían considerarse como organismos desconcentrados, puesto que las Delegaciones Estatales ya lo son de estas, son sus representantes a nivel local. De darse así, se caería en la aberración de tener organismos desconcentrados de organismos desconcentrados, extendiéndose el problema a la organización y funcionamiento de los también propuestos “Delegados Generales”, provocando contraposición o duplicidad con el régimen jurídico, administrativo y de gestión de las Secretarias en los Estados donde serían reubicadas y llevándonos a una especie de centralización expandida y simplemente dispersa hacia los territorios estatales, que podría traer más desventajas que bondades.

2. La mera presencia de una Secretaria en la capital de un estado no provoca por sí misma el desarrollo en una entidad federativa.

Según datos del INEGI[1], dentro de las entidades que crecen por arriba de la media nacional también hay sureñas como Yucatán y Quintana Roo y entre las que tienen una contribución al crecimiento menor a la media o incluso tasa negativa, también hay estados del norte y del centro, como Baja California Sur, Coahuila, Tamaulipas, Nayarit, Zacatecas y Morelos. También se contradice con el caso de la Secretaria de Economía, que supuestamente sería reubicada en la capital de Nuevo Leon, estado con uno de los mayores índices de crecimiento económico del país, que no ha requerido de la presencia de ninguna Secretaria en su territorio para lograrlo.

Independientemente de lo que signifique el término “crecimiento parejo” el próximo ejecutivo federal debería impulsar el desarrollo regional no a partir del aumento de la burocracia federal en los territorios estatales, sino mediante el fortalecimiento de la organización y la actividad económica y social en cada estado y sus municipios; del relanzamiento de la participación transversal de las dependencias y entidades a través de sus delegaciones para acompañar los proyectos y programas locales prioritarios; con el soporte financiero de la Secretaría de Hacienda hacia esos proyectos y su correspondiente supervisión y evaluación en cuanto a contenidos, montos y resultados.

3. La medida tal como ha sido expuesta en los medios no reúne las características requeridas para ser considerada técnicamente un “Plan”.

Hasta el momento se desconoce de la existencia de un verdadero Plan en términos estratégicos que en sí mismo exige tiempo, dinero y trabajo, debiendo contemplar visión, misión, objetivos, políticas, estrategias y acciones, derivadas del análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y desafíos; tomadas en cuenta las necesarias estimaciones económicas, sindicales, laborales, sociales, de logística, tiempos de implementación, infraestructura adecuada en las ciudades que recibirían de un golpe a miles de trabajadores con sus familias, cuyos miembros necesitan escuelas, hospitales, vías de comunicación, transportes, mercados, servicios urbanos, compatibilidad en caso de que haya en la familia quienes trabajen en diferentes dependencias o entidades federales, implicaciones culturales de adaptabilidad, entre otros muchos temas delicados de los cuales por cierto se ha prescindido de consulta, tanto ciudadana como de especialistas y de los organismos públicos, estados y municipios y afectados.

El espacio se agota y quedan muchas aristas siquiera por señalar. Cerraré la nota comentando que la idea (eso es hasta el momento) tal como se ha venido planteando carece de elementos técnicos básicos para la concreción de un Plan de desarrollo de alcance nacional, que para tener utilidad práctica que en lugar de basarse en llenar de burocracia federal a las capitales estatales, lo haga en políticas públicas transversales que realmente logren que ningún estado contribuya a menos del 0.1% del PIB nacional, con especial atención a los cinco estados que se mantienen con tasa negativa, lo que realmente sí sería un logro a nivel nacional.

Quizá por eso sea que de hecho la mal llamada “descentralización” ya ha sido descartada públicamente por varios de los colaboradores cercanos del presidente electo, entre ellos Alfonso Romo su designado jefe de gabinete y Esteban Moctezuma propuesto como Secretario de Educación Pública. Usted mi único lector, ¿qué opina?


[1] http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/cn/pibe/default.aspx.

Descentralización y Estado Constitucional

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DESCENTRALIZACION Y ESTADO CONSTITUCIONAL

 Por José Ramón González Chávez

 

La descentralización es al mismo tiempo una forma estructural de organización de la administración de la rama ejecutiva del poder público y un modo de distribución y ejercicio de gobierno

En lo administrativo, la descentralización alude a un sistema distribuido de políticas, programas y acciones, encaminados a dar armonía, congruencia, eficiencia y transparencia a los actos de gobierno en sus distintas escalas (municipal, estatal, regional, federal).

Sin embargo, en lo político, la descentralización es un sistema relaciones multidireccionales que dan vida y sentido al gobierno. En tal sentido, se refiere evidentemente a la forma en que se ejerce el poder, ya sea como la facultad de crear Derecho, hacer política pública y finalmente convertir en hechos las iniciativas tendentes a mejorar el modo y la calidad de vida de la sociedad, que es uno de los fines primordiales y primigenios del Estado.

De ahí que la descentralización no puede seguir siendo considerada meramente como una categoría formal y lógica de organización y ejercicio gubernamental, sino mucho más ampliamente como una política no de gobierno sino de Estado; un sistema integral que atiende a principios básicos, primero de constitucionalidad y luego, en consecuencia, de civilidad política y social, capaz de permitir que instituciones y sociedad interactúen para mejorar el entorno objetivo a todas las escalas mencionadas, respetando desde luego sus propios entornos, circunstancias y esferas de acción e igualmente, que las relaciones entre gobernantes y gobernados, tanto de tipo vertical, esto es, entre órdenes de gobierno, como horizontal o transversal, en cuanto a los distintos aspectos que abarca la actividad pública, sean más amplios, directos y fluidos.

 

La Descentralización y la forma de Estado:

El artículo 40 constitucional establece la forma del Estado mexicano, proclamándose como una República que posee tres atributos esenciales: es Democrática, Representativa y Federal.

Vista desde esa perspectiva, en primer lugar, la descentralización contribuye a la construcción de un Estado Democrático, al impulsar la unidad en la diversidad, al propiciar la consolidación del ente federal a partir del respeto a las condiciones propias y específicas de cada región, de cada entidad, de cada municipio; al fomentar la participación de la ciudadanía en la planeación, diseño, ejecución, control y evaluación de las políticas, planes y programas de gobierno.

En segundo lugar, la descentralización es Representativa, porque permite una actividad más coordinada y eficiente entre los actores, las instituciones y los ciudadanos, al establecer y mantener un flujo adecuado de decisiones y acciones dentro de las escalas municipal, local, regional y federal.

Por último, la descentralización es el medio más claro y objetivo para instrumentar el Federalismo al transferir a los gobiernos de las entidades – y por derivación de éstas a los municipios- atribuciones, recursos, información, decisiones y responsabilidades propios y compartidos, dando con ello mayor consistencia al Estado y a la sociedad.

 

Descentralización y la forma de gobierno:

La concepción moderna del Poder como elemento constitutivo del Estado, ya no como facultad de fuerza impuesta al otro, sino como capacidad para crear y modificar el marco jurídico y de gobierno, implica a la vez unidad de mando sin soslayar lo diverso, plural y activo de la vida pública, cualidades que se reflejan en términos de Estado y gobierno en la existencia y convivencia dentro del mismo espacio de diversas instancias de poder y decisión, reales y formales.

La descentralización como opción política y administrativa es sin lugar a dudas una decisión fundamental de Estado y Gobierno y como tal, dada la forma de gobierno presidencial establecida en el artículo 42 constitucional, depende del titular del poder ejecutivo y de este en relación con los ejecutivos de las entidades federativas y municipales.

En tal sentido, el fondo y la forma de esta decisión, permeada de factores históricos, políticos, económicos, sociales y culturales, determinarán el nivel de profundidad y alcance de descentralización, pues definirá las características de integración del poder a través de las instituciones y la forma en que se organiza y estructura la acción de gobierno.

 ¿Por qué no hay una política ya no de Estado, siquiera de gobierno en nuestro país? Esa es una buena pregunta que habrá de ser formulada a nuestros gobernantes y a los candidatos tan vacíos de propuestas concretas en sus campañas y tan faltos de acciones una vez que acceden al gobierno.