160 Años de las Leyes de Reforma

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160 AÑOS DE LAS LEYES DE REFORMA:

 Entre la Independencia y la Revolución

 Por José Ramón González Chávez

 

El Siglo XIX mexicano -así lo pretenden evocar los actuales programas de “los Centenarios”- es época de Independencia y de Revolución, en la que se gestó y formó nuestro ser como nación y como Estado. No cabe duda que tal como lo afirmó Ortega y Gasset, el ser humano, para ser tal, debe ser comprendido junto con su circunstancia; y en tal sentido, constituyendo un parteaguas entre las fechas que marcan el inicio de estos procesos, el período de “La Reforma”, con actores, sujetos y sucesos, es ejemplo claro y brillante de esta realidad.

Es compartido por la mayoría de los historiadores políticos de México que la lucha por nuestra independencia se produjo en dos etapas: una de carácter humanista y profundo contenido social, encabezada por Hidalgo –padre de la Patria- y Morelos –padre de la República-; y otra jurídico política con Juárez –padre del Estado- y los grandes juristas e ideólogos que compartieron con él, el proyecto del Estado de Derecho liberal.

En aquella primera etapa, los ideales de religiosos y militares revolucionarios, próceres de la patria, fueron derrotados por los clérigos, terratenientes y militares, tan anónimos como reaccionarios, al consumarse el movimiento armado, con lo que estos últimos lograron mantener y proteger sus privilegios, pasando por encima de las grandes y urgentes necesidades de las mayorías populares, lo que propició un régimen peor que el colonial. El Acta de Independencia, “pactada en lo oscurito” en la iglesia de la profesa, no fue firmada por ningún insurgente, en ella se proclamaba la monarquía, entregando el trono al realista Iturbide, en cobarde traición al pacto de Acatempan.

Con la llamada “Declaración de Independencia”, en 1821 (solo unos meses después de que Fernando VII declarara el retorno de la vigencia de la Constitución de Cádiz en las colonias), los únicos beneficiarios fueron: el ejército, que mantuvo e incluso acrecentó sus canonjías, y el clero católico, que se quitó el yugo del Patronato ejercido por la corona española, además de que estableció como única la religión católica, sentó el monopolio del estado civil de las personas, de la impartición de justicia, de la educación, de la acción política ejercida casi en exclusiva por los militares o caciques aliados a ella, convirtiéndose así –como bien lo señala Jorge Carpizo (*) – en un Estado fuerte y sólido dentro de un Estado débil y en gestación, carente de pesos y contrapesos.

Ahí se encuentra una de las principales razones por las que nuestro naciente país se mantuvo por casi cuarenta años (de 1821 a 1859) inmerso en una cruenta guerra civil, que dividió a sus habitantes en dos bandos:

Por un lado, los “Conservadores” para los que la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad, baluartes del liberalismo político de la época, sonaban bonito pero en los hechos solo se aplicaban a unos cuantos; el “dejar hacer y dejar pasar”, lema del liberalismo económico y germen del modelo globalizador desde entonces, solo fue conocido y aplicado por quienes estaban en condiciones de sacar de él todas sus ventajas, rebajando al gobierno a la condición de un mero fantoche, gendarme protector de sus intereses y cuyas decisiones se impusieron a tabla rasa a todos los mexicanos, la mayoría de ellos sumidos en una pobreza indignante.

Por otro lado, los “Liberales” constructores de la resistencia, encabezada por Guerrero y otros seguidores del proyecto de Hidalgo y Morelos, que pugnaban por el establecimiento de la República, de un régimen de libertades y de garantías para avanzar hacia la igualdad de todos ante la ley; y por la eliminación de los fueros del clero y el ejército, mantenidos y solapados por tres siglos de régimen colonial.

En esas casi cuatro décadas de guerra civil y de inestabilidad política, México ha tenido más presidentes que en toda su historia. Este proceso de severo desgaste estructural, de carácter económico, social y político, concluyó en 1955 al triunfar el Plan de Ayutla, mientras Juárez y sus compañeros de lucha más cercanos se encontraban en el exilio. El dictador Santa Anna fue obligado a abandonar el poder y se convocó a un nuevo Congreso Constituyente para 1856-57.

Los diputados constituyentes lograron avances jurídicos y políticos de suma importancia, como la aprobación de la “Ley Juárez” (23 de noviembre de 1855) sobre administración de Justicia, que suprimía tanto el fuero eclesiástico en los asuntos civiles y la renuncia de éste en los asuntos penales del orden común, como el fuero militar en asuntos de carácter civil y penal. Igualmente; se promulgó la “Ley Lerdo” (25 de junio de 1856) con la que se desamortizaron los bienes inmuebles de las corporaciones civiles y eclesiásticas; y la “Ley Iglesias (11 de abril de 1857), que prohibió el cobro de derechos por servicios parroquiales a los pobres.

Una vez iniciado el período de sesiones del Congreso Constituyente, el debate se desarrolló entre los mismos dos bandos que se enfrentaran en la gesta independentista: en aquel entonces se les llamaba “insurgentes” contra “realistas”; ahora se trataba de “liberales” contra “conservadores”.

Los liberales deseaban la ruptura definitiva con el oscurantismo político, los privilegios, los fueros, el estado teocrático, los monopolios productivos, e implantar un proyecto nacional basado en la dignidad, la igualdad jurídica, los derechos y libertades, sobre todo la de conciencia (que es sustento y esencia de todas las demás) y la de cultos, elevando el laicismo a rango constitucional, al ser incrustado dentro del espíritu de la Ley. En tal sentido, la idea mantenida por la ignorancia y el tiempo (combinación que genera monstruos) de que los liberales eran antirreligiosos, inculcada por quienes se oponían y se oponen al avance democrático y a las ideas y acciones realmente reformadoras –premisa básica del liberalismo-, es a todas luces falsa. Muchos de ellos -empezando por Juárez- eran en lo personal católicos, pero como servidores de su patria, eran ante todo defensores de las libertades y de la democracia; ellos sabían que para que la democracia fuera tal, tenia que ser laica, que las mismas enseñanzas de su religión marcaban desde el huerto de los olivos las fronteras tan distintas e inconfundibles de lo que corresponde respectivamente al César y a Dios; estaban conscientes de que ningún pueblo puede ser libre si la economía y la política no son más que monopolios en manos de una pequeña “familia feliz”.

Por su parte, los conservadores, que por naturaleza se oponían a todo esto, pugnaban por el mantenimiento y fortalecimiento de los privilegios para las clases hegemónicas, es decir, el clero, el ejército y los caciques. Satanizaban la menor idea de cambio, puesto que iba en contra de sus intereses. El único cambio aceptado –entonces y siempre- era el que proponía que todo siguiera igual.

Las posturas de ambos bandos fueron inflexibles y al chocar en el debate legislativo produjeron confrontaciones a las que se sumaron las medias tintas de los villamelones que tomaban partido por unos o por otros y cambiaban de color según su conveniencia.

Al final, la libertad de cultos y la facultad exclusiva del Estado para regularla se establecieron en la Carta Magna, aunque el debate en torno al laicismo del Estado se trabó. Tendría que esperar hasta la llegada del nuevo milenio para ser puesto de nuevo en la mesa, ahora por el constituyente permanente (ahí está listo como asunto pendiente para la actual legislatura). Tal como profetizó Francisco Zarco hace siglo y medio: “el Estado laico acabará triunfando por su propio peso, es solo cuestión de tiempo”.

Ante la derrota legislativa, la reacción encontró en la satanización de la Carta Magna decretada por el papa Pío IX, el pretexto para expedir el “Plan de Tacubaya”, mediante el cual se desconocía la Constitución. Un abogado de origen francés, Ignacio Comonfort, destruyendo la base jurídica de su legitimidad, se auto propinó un golpe de Estado, siendo nombrado por Zuloaga presidente provisional, mientras que Juárez, entonces presidente de la Suprema Corte, fue de nuevo encarcelado. Al poco tiempo, solo unos cuantos meses, Zuloaga desconoce a Comonfort y en contraataque éste libera a Juárez, quien se traslada a Guanajuato. Comonfort, traicionado por los conservadores y despreciado por los liberales, no tiene más alternativa que el exilio. Ante la ausencia material del Presidente de la República, la ocupación del puesto recaía formalmente en el Presidente de la Corte, con lo que Juárez asume el ejecutivo, dando inicio la “Guerra de Tres Años” o “Guerra de Reforma” (1858-60).

Es precisamente durante ese período, que Juárez expide una serie de leyes que reglamentan aspectos esenciales de la Constitución de 1857 y buscan consolidar las disposiciones previstas en las anteriores leyes Juárez, Lerdo e Iglesias. A éstas leyes se les ha llamado “Leyes de Reforma”, que empiezan a publicarse a partir de julio de 1859 y concluyen en 1863 –justo a la mitad del camino entre 1810 y 1910- y que son las siguientes:

  1. Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos (12 de julio de 1859)
  2. Reglamento para el cumplimiento de la Ley General de Nacionalización (13 de julio de 1859)
  3. Ley del Matrimonio Civil (23 de julio de 1859)
  4. Ley Orgánica del Registro Civil (28 de julio de 1859)
  5. Decreto del Gobierno por el que se declara que cesa la intervención del clero en los cementerios y camposantos (31 de julio de 1859)
  6. Decreto del Gobierno por el que se declara qué días deben tenerse por festivos y prohíbe la asistencia oficial a las funciones de la iglesia (11 de agosto de 1859).
  7. Decreto del gobierno por el que quedan secularizados los hospitales y establecimientos de beneficencia (11 de agosto de 1859).
  8. Ley sobre libertad de cultos (4 de diciembre de 1860).
  9. Decreto del gobierno por el que se extinguen en toda la República las comunidades de religiosas (23 de febrero de 1863).

La respuesta no se hizo esperar. Los clérigos, militares y políticos de la reacción, ya mermados por las derrotas en la guerra armada de 3 años y en la guerra ideológica legislativa del Constituyente, en un acto puro de crimen organizado se confabularon contra la República para traer del santuario realista de Miramar a Maximiliano, un Habsburgo apoyado por las potencias mundiales de la época: Inglaterra y Francia, con la esperanza de restaurar y reforzar sus privilegios. Cuál sería su sorpresa cuando el mismo emperador espurio, creyente del Estado liberal, reconoció la validez de las Leyes de Reforma, por considerar su contenido cimiento de todo Estado libre y democrático.

Al final, del mismo modo que la Guerra de Reforma, la Guerra de invasión del imperio francés, la ganó el pueblo de México, a un lado de Juárez y sus compañeros de ideas y de acciones; y junto con ellos ganó la República, el laicismo, el Estado de Derecho, el régimen de libertades y muchas otras instituciones que han sido y siguen siendo orgullo de nuestra nación.

Pero así como la época de Reforma fue la segunda independencia de México, así también puede ser considerada la primera revolución ideológica y jurídica de nuestro país, puesto que fue precisamente el olvido de sus principios y fines y la recuperación y actividad de los poderes hegemónicos reaccionarios lo que trajo consigo el inicio de la Revolución mexicana, solo 50 años más tarde, en 1910, la cual no concluyó hasta que fue restaurado el orden constitucional de la Carta Magna de 1857, actualizada en 1917.

Las Leyes de Reforma constituyen la verdadera Independencia de México; retoman los ideales de Hidalgo y Morelos y los proyectan al futuro; proclaman la vitalidad y universalidad de los derechos fundamentales al consagrarlos por primera vez en nuestra historia en la Constitución de 1857, aboliendo desde entonces la esclavitud material y espiritual de los mexicanos; transforman desde el fondo a nuestra nación, dándole el carácter de Estado y de República; pero a la vez conforman una verdadera revolución jurídica, política, económica y social, que modeló para siempre nuestra personalidad como país, erigiéndose en piedra de fundación de nuestra identidad profunda y en ejemplo a seguir por muchos pueblos, aún aquellos que en esos momentos se consideraban de los más avanzados.

Que enfoquen bien su vista quienes ignoran o desprecian a esta etapa de nuestra historia, a los reformadores y sus actos: Las Leyes de Reforma son el águila de la razón y de la buena política que abate a la serpiente de la reacción y del oscurantismo ultramontano, siempre al acecho. Pero de ninguna manera implican el menor ataque a ninguna religión, ni menos un desplante de ateísmo. Por el contrario, dado su carácter laico, garantizan el respeto a todas las religiones y a los derechos fundamentales de todos para ejercer libremente la conciencia, patrimonio primero y último –en muchos casos el único- que tenemos todos los seres humanos y que nadie, por más que lo intente, por más fuerza que tenga, nos podrá quitar.

Juárez y lo que representa fue justo con los derrotados; eliminó la intolerancia; separó con maestría las actividades de las iglesias y el Estado y la no intervención de uno en la esfera del otro. Estos principios -aunque no les guste a algunos pocos- se han convertido en elemento inseparable de nuestra identidad nacional y garantía de paz y de estabilidad internas.

Juárez y su carruaje siguen su andar, ante los embates de la reacción, cobijados por el cálido manto del amor del pueblo con quien se identifica. Viajero incansable, carga a cuestas la República; en su equipaje, a la vez modesto y grandioso, lleva los valores más preciados de los mexicanos, uno de cuyos tesoros son precisamente las Leyes de Reforma.

Juárez aún tiene fija la mirada en quienes lucran con la ignorancia, con el fanatismo y con la ingenuidad y la buena fe de nuestra gente.

Juárez sigue señalando con su índice de fuego a los señores del poder en cualquiera de sus formas, que niegan, menosprecian o ignoran la ética liberal y reformadora.

Que no lo olviden quienes siguen llenando sus alforjas a costa de explotar las manos y las mentes de nuestro pueblo: Juárez sigue vivo, porque está en todos y en cada uno de nosotros, todos somos Juárez.

Que viva la Independencia, la Reforma y la Revolución y el pueblo que las ha hecho posibles!

Que viva Juárez! Qué viva México!

Nuevo Sistema de Justicia, pero abogados con el Viejo “Chip”

 

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA, PERO ABOGADOS CON EL VIEJO “CHIP”

Por Jose Ramon Gonzalez

Dentro del largo y hasta ahora relativamente infructuoso proceso de instrumentación del tan cacareado Nuevo Sistema de Justicia Penal que dio inicio a mediados del 2008 e independientemente de su instauración por decreto el 16 de junio de 2016, sigue pendiente su puesta en operación real, particularmente debido a sus serias deficiencias en lo que respecta a la capacitación de sus denominados “operadores jurídicos”, es decir, de todos los abogados y el personal de apoyo que de manera directa o indirecta deben intervenir en los diferentes momentos del nuevo proceso.

En efecto, uno de los no pocos aspectos que sorprendentemente fueron puestos en segundo o aún tercer plano dentro de la implantación de este Nuevo Sistema es el asunto de la formación inicial y continua de quienes se erigen en su columna vertebral: los abogados y sus auxiliares.

Por un lado –claro está- la deficiencia es evidente en la capacitación y adiestramiento de los servidores públicos actuales que se encuentran laborando en las distintas áreas involucradas: defensores de oficio ministerios públicos, agentes de las policías preventiva y ministerial y peritos; juzgadores y su personal adscrito, primordialmente sus secretarios de acuerdos, actuarios y personal secretarial; quienes trabajan en los ahora llamados Centros de Reinserción Social encargados de las tareas administrativas y de soporte logístico y de custodia. En este ámbito e independientemente de lo cualitativo, cuantitativamente podemos mencionar después de ocho años que supuestamente inició el proceso de reforma, apenas el 10% en promedio de todo este personal ha recibido algún tipo de capacitación, ya sea general sobre el sistema o bien específica en el “qué” y “cómo” del marco jurídico y los derechos que deben salvaguardar; de las obligaciones que deben cumplir y de con quién y cómo se deben coordinar; de los requisitos de transparencia y rendición de cuentas que deben observar.

Las autoridades encargadas de la implementación del nuevo sistema a nivel federal y en las entidades federativas siguen sin aterrizar un programa de capacitación y actualización congruente y consistente, que se aleje del anticuado modelo positivista del siglo pasado y se acerque más al nuevo modelo de Estado Constitucional. Adicionalmente, en la mayoría de las instalaciones dedicadas a impartir este nuevo tipo de justicia, se carece de salones para llevar a cabo los procesos orales, así como del equipo y materiales necesarios aunque sea para impartir los cursos que ya se están ofreciendo.

Por su parte, en lo que toca al ejercicio privado de la profesión, sigue pendiente la capacitación, adiestramiento y actualización de los abogados litigantes a través de las barras, colegios y otras organizaciones gremiales a las que se supone –de acuerdo al nuevo modelo- que todos deben pertenecer, primero para poder operar en el flamante sistema y luego para refrendar la actualización permanente de sus conocimientos y con ello acreditar su continuación en el ejercicio de esta labor.

Valga mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al primer trimestre de 2016 y de acuerdo con la clave 2135: “Abogados” del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO), la población ocupada como abogado en México se cuenta en poco más de 342 mil personas, de las cuales una tercera parte (más de cien mil) trabajan por su cuenta (una cuarta parte de ellos –Señor Mancera- ubicados en la ciudad de México), esto sin contar a los auxiliares de servicios jurídicos quienes también y por supuesto deberían recibir capacitación y adiestramiento, pues ayudan a la recopilación de hechos y evidencias, elaboran, procesan, registran, organizan y actualizan documentos con valor legal para efectos del proceso, además de recibir y atender inicialmente a los clientes o ciudadanos que requieren asesoría jurídica.

En adición hay que mencionar que menos de 2 de cada 100 abogados habla alguna lengua indígena, lo que también es preocupante para el nuevo sistema, que sustenta parte de su visión en la cobertura universal basada en el apoyo jurídico a la población en su lengua materna. En tal sentido, el diseño ha olvidado también incluir la capacitación para estos abogados, pues no solo basta con saber una lengua original, sino que se debe conocer y comprender la correcta traducción técnica en ambas vías de los términos jurídicos que a veces ni en español son claros, sin tocar lo relacionado con sus raquíticos sueldos, asunto delicado tanto en México como en todos los países en los que se ha tratado aplicar.

La insuficiencia e ineficiencia de la capacitación, aunadas a la falta de voluntad individual y colectiva, la negligencia de las instituciones gremiales y la mera implantación por decreto del nuevo sistema, están provocando –por ejemplo- que los abogados litigantes sean desalojados de las salas de juicios orales por los juzgadores bajo el argumento de la incompetencia profesional, lo que los está llevando a ya no tomar este tipo de casos para evitar ser exhibidos públicamente, con el consecuente y drástico impacto en los resultados esperados por las autoridades.

Pero algo tanto o más grave es lo referente a la formación profesional impartida por los centros de educación superior del país, tanto públicos, como privados. Es verdaderamente significativo el hecho de que en 90% de los casos, después de ocho años, las carreras de Derecho y afines siguen sin modificar sus planes de estudio y programas académicos para adecuarlos al nuevo sistema.

Las instituciones de enseñanza profesional del Derecho siguen careciendo de simuladores y talleres de juicios orales; han omitido la actualización obligatoria de sus profesores por profesores certificados a fin de que sean capaces de impartir tanto las nuevas materias como las que ameriten actualización, pues de nada sirve pretender impartir nuevas materias con docentes formados y deformados teórica y prácticamente en el sistema positivista anterior.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desde que comenzó formalmente el proceso de reforma en el 2008 y hasta la fecha no ha metido un solo dedo para convocar, organizar y coordinar esfuerzos encaminados a que las instituciones de educación superior afiliadas se pongan a trabajar en la puesta al día de sus carreras de Derecho.

Todas estas carencias en la actual oferta educativa debería de preocupar –y más que nada de ocupar- a todas las instituciones de enseñanza del Derecho del país. Pero parecen no inmutarse, quizá consideren poco rentable invertir tiempo, trabajo y recursos en ello, ignorando que la carrera de abogado sigue siendo de las 10 más demandadas en México por los milenians y que obviamente será más competitivo quien tenga una mejor oferta de preparación profesional.

En todo caso, todos los involucrados en la implantación real del nuevo sistema deberían cambiar su “chip” como abogados y tener en cuenta que la capacitación y actualización es crucial para su éxito o fracaso, lo que implica fundamentalmente el conocimiento y comprensión del nuevo modelo de constitucionalidad, además del combate de la corrupción y la transparencia, temas a los que nos avocaremos en entregas posteriores.