Supremacía Constitucional, Reforma e Inviolabilidad de la Constitución*

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Comentarios al Título Décimo Cuarto de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero

* Texto elaborado para la obra:

“Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero Comentada (julio 2015)”

Por José Ramón González

El respeto a la Constitución por todos (sujetos, actores, operadores jurídicos y autoridades), es una premisa de observancia primordial en cualquier sociedad que se considere civilizada, pues precisamente en ella se establecen los derechos y preceptos en los que todos estamos de acuerdo y la forma en que estos serán promovidos, respetados y garantizados. De ahí que en el constitucionalismo occidental contemporáneo, el principio de Supremacía Constitucional se yergue a la vez como presupuesto de la aplicación de los principios rectores y como eje organizador del sistema constitucional en su conjunto.
Este principio se aplica tanto a leyes como a personas. En el primer caso, todo ordenamiento o disposición debe contener en su esencia los principios y valores protegidos por la norma constitucionales, por lo que, en caso de encontrar que esta contradice estos los principios fundamentales, por ese solo hecho la autoridad estaría obligada a considerarla inaplicable; o bien, si algún acto de cualquier persona fuese en contra de lo previsto en la norma constitucional, este debería ser considerado inválido, cuando no violatorio al orden constitucional y, por ende, a todas luces sancionable.
En cuanto a la aplicación de este precepto, hasta hace relativamente poco tiempo, en México regía un sistema denominado centralizado o inquisitorio, que en su momento se justificó como una forma de instrumentación de un régimen jurídico de corte positivista en el que el único intérprete de la Supremacía Constitucional aplicada a los casos concretos, era la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El nuevo siglo trajo consigo también un cambio de paradigma en la forma de concebir y aplicar la Constitucionalidad: el modelo ha ido evolucionando, por ejemplo, hacia uno de corte acusatorio o difuso, mediante el cual, todo juzgador debe resolver sobre la constitucionalidad de las normas, con lo que la Suprema Corte ya no es la única, sino la última instancia para determinar la inaplicabilidad de un precepto o un ordenamiento por considerarlo contrario a la Constitución.
Concretamente, en el caso de la Constitución Política del Estado de Guerrero, a pesar de que se incluye dentro del encabezado del Título Décimo Cuarto, el tema de la Supremacía de la Constitución no aparece en ninguno de los artículos contenidos en este apartado, lo que es de considerarse una laguna importante, pues el constituyente ha omitido precisar de manera expresa la interacción que en este aspecto debe haber entre la Constitución Federal y la del Estado de Guerrero, trascendental en términos prácticos, por ejemplo, para la operación jurídica de los nuevos medios de control constitucional, como la acción de inconstitucionalidad y el juicio de controversia constitucional.
Por cuanto se refiere a las reformas al texto constitucional, la carta fundamental guerrerense sigue la línea establecida por el Constituyente Federal, al establecer la forma y términos generales en que puede sufrir modificaciones, ya sea para la creación reforma o extinción de sus preceptos, dejando a la norma secundaria, en este caso a la Ley Orgánica del Congreso, la definición específica del proceso legislativo correspondiente.
Quizá esta tendencia de apego de la Constitución del Estado a la Carta Magna haya provocado replicar la omisión que la primera tiene en el sentido de omitir la precisión de límites sobre la cantidad y amplitud de los cambios, dejando abierta la posibilidad de que una sola legislatura quede en plena libertad de cambiar, si así se lo propone, la gran mayoría –cuando no la totalidad- de sus artículos, lo que requeriría, al menos como requisito de legitimidad ética jurídica, de la instalación de un congreso constituyente, distinto por su naturaleza y características, al del poder constituido, pues de lo contrario, podría llegarse a caer en el supuesto de un golpe de Estado de facto.
Otra omisión producto –tal vez- de este seguimiento del texto federal por parte del constituyente de Guerrero, es la notoria ausencia de mecanismos de participación ciudadana en las modificaciones constitucionales, como la iniciativa constitucional ciudadana, el plebiscito y el referéndum, que en otros sistemas jurídicos son requisito sine qua non para la legitimidad y vigencia plena, en caso de reforma a las disposiciones jurídico políticas fundamentales.
Algo digno de tomar en consideración en el contexto de la reciente inclusión de figuras nuevas en el orden constitucional, es el tema del control constitucional a priori que debería realizar el Congreso cuando menos a las propuestas de iniciativa de modificación a normas constitucionales, lo que sería de gran utilidad para efectos de hacer más eficiente y propiciar una mayor eficacia del sistema de justicia en su conjunto, incluyendo, por supuesto, los nuevos medios de control.
El articulado del ordenamiento fundamental del estado de Guerrero culmina con una disposición relacionada con el principio de Inviolabilidad a la Constitución, que junto con el de Supremacía, que es su complemento interactivo, constituye la base sobre la que se sustenta el Estado Constitucional.
Como en el caso del dispositivo anterior, en lo tocante a este aspecto el constituyente también se limita a replicar lo dispuesto por la Carta Magna, lo que nos parece lamentable, pues si bien el sentido de Inviolabilidad Constitucional (la imposibilidad de trastocar, no una o varias normas constitucionales, sino el régimen jurídico establecido y con ello imposibilitar la garantía a los derechos fundamentales y la seguridad y certeza jurídicas que el mismo tiene a su cargo) sigue vigente, teniendo en cuenta el nuevo paradigma constitucional, el constituyente bien podría haber aprovechado el espacio para sustentar dicha inviolabilidad ya no en la mera imposición normativa de corte netamente positivista, sino en conceptos que van mucho más allá de esta visión ya rebasada, dándole con ello un sentido más fresco y evolucionado.
Sin perjuicio de lo anterior, cabe remarcar que al igual que en el caso Federal, la constitución del estado deja de lado el tratamiento al tema de las posibles sanciones a las personas o grupos que pudiesen atentar contra esa inviolabilidad constitucional, ausencia que también queda de manifiesto en la legislación secundaria.