El Derecho y la Justicia en el Teatro de Víctor Hugo Rascón Banda

Conoci a Victor Hugo Rascon, abogado y dramaturgo (genial combinación!), durante mi estancia laboral en Oaxaca. Hombre de una sensibilidad, creatividad e intuicion admirables. Justo reconocimiento a su aportacion al arte y el conocimiento nacional. En horabuena.

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EL DERECHOY LA JUSTICIA EN EL TEATRO DE VICTOR HUGO RASCON BANDA

Desde épocas remotas los dramaturgos han llevado a los escenarios teatrales obras sobre sucesos que impactan a la sociedad, sobresaliendo los referentes a delitos, cuyo campo normativo corresponde al derecho penal. Este libro es novedoso e interesante porque está dedicado a la revisión de la biografía y dramaturgia de un autor mexicano contemporáneo con formación de jurista y literato. Víctor Hugo Rascón Banda (Uruáchic, Chihuahua, 1948-México, D.F., 2008) creó un amplio y sólido corpus dramático cuyos principales temas fueron los problemas actuales de la sociedad mexicana: la discriminación hacia las mujeres y los indígenas, la violación de los derechos humanos de los chicanos en Estados Unidos de Norteamérica y, en un lugar preponderante las conductas delictivas que laceran a México (corrupción de servidores públicos, feminicidios, narcotráfico, violencia intrafamiliar, robo, homicidio, secuestro).

Para los investigadores de la Sociología del Derecho y las Ciencias Penales esta obra puede revestir gran interés en virtud de que la dramaturgia de Rascón Banda fue vanguardista y premonitoria, pues en tiempos de gran conservadurismo se atrevió a abordar temas tabú como el de la homosexualidad, cuya represión o disimulo era el detonante de delitos como los que se describen en las obras La daga y La navaja (estrenadas en 1982). En la obra Contrabando (estrenada en 1991), Rascón retrató un conjunto de fenómenos sociales, producidos por el narcotráfico, que en ese tiempo eran nuevos y extraordinarios, mismos que con el transcurso de los años se han vuelto cotidianos y comunes.

En el primer capítulo del libro se expone una amplia biografía del escritor chihuahuense Víctor Hugo Rascón Banda, quien tuvo formación de literato, director y creador teatral (en el CADAC de la Ciudad de México) y además estudió la carrera de Derecho en la UNAM, carrera que ejerció en el sector bancario y el CONACYT hasta llegar a convertirse en presidente de la Sociedad General de Escritores de México (1998-2008). En dicho cargo impulsó importantes reformas a las leyes y reglamentos de cinematografía, derecho de autor y otras áreas de la cultura. En el ámbito de la creación teatral escribió más de 50 obras, además de una novela titulada Contrabando (publicada como obra póstuma) y un conjunto de cuentos publicados bajo el título de Volver a Santa Rosa. En su amplia carrera obtuvo varios premios, sus obras han sido representadas en varias naciones de Latinoamérica y Europa, así como en Estados Unidos de Norteamérica. La dramaturgia de Rascón Banda fue dirigida por importantes personajes de la escena nacional como Luis de Tavira, Ignacio Retes, Marta Luna y José Caballero. A su fallecimiento Rascón Banda pertenecía a la Academia Mexicana de la Lengua, sitio que ocupó gracias a la propuesta de los literatos Alí Chumacero y Carlos Montemayor, y del jurista Diego Valadés.

El segundo capítulo del libro está destinado a la exposición y análisis de las obras de Rascón sobre temas delincuenciales: Playa Azul, Por los caminos del Sur, Armas blancas, Homicidio calificado, Hotel Juárez, Contrabando, Fugitivos, Guerrero negro, La fiera del Ajusco y Manos arriba. En este capítulo también se estudia la trascendencia de la relación entre la literatura y el derecho, y se proporcionan nociones básicas sobre teoría literaria para ubicar la diferencia entre dramaturgia y narrativa.

En el último capítulo del libro se ofrece una visión panorámica de la narrativa del dramaturgo chihuahuense, la cual quedó plasmada en artículos periodísticos, principalmente publicados en las revistas Proceso, Paso de Gato y en la Revista de la Universidad de México. También se aborda la narrativa de Rascón en libros colectivos, como el texto que escribió en Homenaje a Andrés Henestrosa y La ciudad en el teatro. En los artículos periodísticos Rascón dejó un registro útil para construir la historia del teatro mexicano de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI.

La ficha técnica del libro es: Berrueco García, Adriana, “El derecho y la justicia en el teatro de Víctor Hugo Rascón Banda”, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2011.

(Se puede descargar en el sitio web del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM)

CORREO ELECTRÓNICO DE LA AUTORA: adriana_berrueco@yahoo.com.mx

TELÉFONO UNAM: 56-22-74-74 EXTS. 1200 Y 1218.

AUTORA: ADRIANA BERRUECO GARCIA

Caso Florence Cassez: Antiparadigma en la historia del Derecho en México.

Por José Ramón González Chávez

Mucho se ha escrito y seguramente mucho más se seguirá escribiendo y hablando sobre el caso Cassez. Sin perjuicio de ello, no puedo dejar pasar el momento sin expresar mi profunda indignación y tristeza por la resolución “de consigna” (por evidente resulta hasta grotesca) inducida por parte de tres miembros de la 1a sala de la Suprema Corte de “justicia” de la Nación sobre el caso Florence Cassez. Un asunto de simple argumentación (la forma no sustituye el fondo) se ha convertido en un paradigma de la injusticia y la impunidad en la historia jurídica de Mexico. He aquí algunas rápidas premisas, casi de escritura simultánea, que vienen a mi mente:

  • Resulta elemental –por ser de lógica básica- que errores de procedimiento (el teatro mediático armado por televisa-PGR-PF) no pueden anular hechos consumados (la coautoría intelectual y coparticipación en los secuestros) que constituyen en fondo de la Litis y que además fueron demostrados y resueltos judicialmente en 3 instancias diferentes, pero que de manera también lisa y llana como su “amparo” se ignoraron en la resolución de la Corte, como si importara más las deficiencias o errores en el proceso de detención, puesta a disposición y consignación, cuestiones todas ellas de forma, que la conducta delictiva, altamente peligrosa y continuada de esta persona, que es realmente el fondo del asunto, cuando una de las principales obligaciones de un juzgador es lograr un equilibrio congruente entre la verdad histórica y la verdad jurídica (un proverbio del derecho romano que sigue vigente en el derecho sustancial, reza: Daha Mihi Factum, Dabo Tibi Ius, dame los hechos, yo te daré el Derecho).
  • Si un principio general del Derecho es que Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde, y la mayoría de los miembros de la sala 1 determinó parcialmente que los errores del procedimiento conllevaban la liberación de Cassez, cabría preguntarse entonces, ¿que le corresponde entonces a los secuestrados por ella y a sus familias, que han sufrido un daño material, físico y sobre todo psicológico irreparables y que ahora han quedado con las manos y el corazón vacíos de justicia sufirendo también y para colmo una lesión jurídica igualmente irreparable? Qué tipo de precedente judicial establece esta resolución? Cuántos delincuentes más saldrán libres invocando esta resolución por errores de procedimiento, pasándose por el arco del triunfo el fondo de la Litis y la seguridad pública nacional?
  • Existen sin duda responsabilidades se derivan de los actos jurídicos que conllevaron a la liberación de Cassez y al estado de indefensión de las víctimas y sus familiares. ¿Dónde están los responsables, públicos y privados, de todo este entuerto? (sin omitir desde luego a Televisa, primero implicada en el armado del teatro mediático de la detención y ahora también en el de la liberación).
  • Hay quien dice que Cassez se ha usado como moneda de cambio contra el caso de Maude Bersini, ex esposa de Arturo Montiel, quien recientemente había, entre otras cosas, amenazado con denunciar casos de corrupción en el Estado de México (http://www.sinembargo.mx/13-01-2012/119494) en los que se encontrarían involucrados no pocos funcionarios de la actual Administración Pública Federal que fueron colaboradores de EPN en el gobierno de edomex y que este asunto fue “negociado” a partir de la reciente visita de EPN al presidente de Francia François Holland, cosa de la que por cierto muy poco se habla en los medios (el magistrado Ortiz Mena, especialista en cuestiones fiscales, no penales, es de familia originaria de Edomex y fue ingresado a la corte hace apenas unos días; fue su primer caso como ministro, pero su ponencia y voto, junto con el cambio de sentido de la resolución de la ministra Sanchez Cordero, decidieron la resolución). Además la liberación de Cassez se da el mismo día que se anuncia la asistencia de EPN a una cumbre latinoamericana convocada por la Unión Europea.

Todo esto le deja a la sociedad un mal sabor de boca, sienta un pésimo precedente, implica un grave riesgo para la percepción de seguridad, y por todo ello, los ministros de la Corte involucrados tienen que rendirle cuentas, o al menos le deben una explicación… Espero atento sus comentarios.

De la PGR a la Fiscalía General: Algunas implicaciones jurídicas

DE LA PGR A LA FISCALÍA GENERAL: ALGUNAS IMPLICACIONES JURÍDICAS

Por José Ramon González Chávez

Uno de los temas que ocupan un lugar preponderante en la agenda política nacional desde hace tiempo –al menos desde 2008 que comenzó el proceso de reforma al sistema de justicia- es el relativo a la conversión de la Procuraduría General de La República (PGR) en “Fiscalía General” y su esperada -por muchos- autonomía jurídico funcional. Vale mencionar que este asunto, que desde la campaña electoral está entre los previstos en la agenda del próximo ejecutivo federal, no es un asunto menor; tiene un buen número de aristas que deben de apreciarse en toda su amplitud y profundidad, primordialmente en materia jurídica y constitucional. En esta ocasión me referiré de manera tangencial y enunciativa solo a algunas de las más importantes:

Dentro de la estrategia transicional, es de la mayor relevancia separar del tema político de la designación del titular lo que es el delicado proceso de reingeniería institucional, tan necesario para lograr tanto la eficiencia del paradigma jurídico constitucional vigente y su nuevo sistema de justicia, como para evolucionar el modelo anterior de la hasta ahora PGR al nuevo requerido de una fiscalía general que entre otros tiene el gran reto de integrar además otros organismos de alta relevancia para la gobernanza de nuestro país, como las fiscalías anticorrupción y la electoral.

Ante todo, debe tenerse en cuenta que la procuración de justicia es un elemento imprescindible de todo sistema integral de seguridad y justicia, junto con las actividades de policía preventiva, administración de justicia y penitenciaria y el hasta ahora tan olvidado tema de la reinserción social, enfoque sistémico que debería por fin ser aplicado por la nueva administración federal, ya que las anteriores lo han mantenido en el mero terreno de la retórica.

Con base en lo anterior, el proceso de conversión de la PGR a Fiscalía General deberá prever una revisión seria de la situación que guardan los procesos internos de procuración de justicia, y con visión estratégica dimensionar los recursos que requiere la nueva institución para hacer frente a sus retos actuales y futuros, así como los mecanismos de coordinación intra e interinstitucional vitales para su eficiencia y eficacia operativa.

El plan estratégico para la transición deberá desarrollarse de forma armónica con los términos de la reforma, y comprender necesariamente el diseño de una nueva estructura orgánica y funcional, tarea técnica administrativa que deberá ser congruente con los retos y expectativas institucionales, así como a los planes programas y acciones específicas requeridos para su atención. En este ámbito faltará hacer, y sobre todo mantener actualizados, los manuales generales de organización, procedimientos y servicios al público, de lo cual –hay que decirlo- se ha carecido en términos reales hasta ahora.

En paralelo y por cuerda separada, la transición deberá abordar y resolver el delicado asunto de la designación del titular y sus demás funcionarios, que se ha convertido en una cabeza de turco que exige ser desenmarañada de una vez por todas. Todo indica que al menos por el momento no habrá necesidad de reformar el artículo 102 de la Constitución de la República (Creación de la Fiscalía General y desaparición de la PGR); sin embargo, habrá que poner en vigencia la aun pendiente ley orgánica del mismo, ordenamiento que debería prever con especial énfasis temas como la mencionada actualización permanente de la estructura orgánica y funcional y el reglamento interior; la creación de un Consejo Consultivo de la Fiscalía y de un Consejo ciudadano que se conciba como mecanismo de participación directa de la ciudadanía en las decisiones relacionadas con políticas, planes y programas, con su respectiva ponderación previa y evaluación una vez operados, con lo que se generen condiciones para conseguir la recuperación de la confianza ente los actores y sujetos involucrados dentro y fuera de la institución.

Todo parece indicar que no habrá el denominado “pase automático” de todo el personal de PGR a fiscalía. La transición implica forzosamente un proceso paulatino de depuración, que deberá estar acompañado de acciones jurídicas que lo fundamenten y den garantías al personal. Al mismo tiempo, para su consolidación y sustentabilidad de la nueva plantilla, deberá diseñarse y ponerse en operación un servicio de carrera que tendrá que ir acompañado de un soporte jurídico administrativo que permita la reestructuración en serio de plazas, puestos, salarios, prestaciones, equipamiento y acciones de formación, capacitación y actualización permanentes.

En cuanto al nombramiento del titular y otros funcionarios relevantes de la nueva fiscalía, cabe decir que es el aspecto que mantiene mayor opacidad; su manoseo e incluso enlodamiento en la instrumentación de las disposiciones constitucionales, han llevado a un estancamiento que hace otras cosas que la PGR carezca de titular hasta ahora, lo cual es verdaderamente inaceptable teniendo en cuenta que todo Estado debe garantizar la integridad seguridad jurídica de la población y, más allá de la mera aplicación a la letra de la ley, dar Justicia, que es lo que exige el nuevo sistema.

Es evidente que por la naturaleza de sus atribuciones el nuevo Fiscal General requerirá de una verdadera autonomía de decisión y acción respecto del presidente de la República, pero no se aprecia hasta el momento voluntad política para que así suceda en la realidad. En todo caso, el tema es por demás delicado, sobre todo si se tiene en consideración que se prevé que sea el Fiscal General ya no el Senado, quien a partir de ahora tenga la responsabilidad de nombrar a los fiscales anticorrupción y electoral. Lo cierto es que esto sigue sin quedarle muy claro a la ciudadanía a partir de las declaraciones hechas recientemente por el presidente electo, mismas que incluso han llegado a caer en contradicción con las de quien se supone estará a cargo del gobierno interior desde la Secretaría de Gobernación.

En la misma tesitura, algo que ha sido poco abordado por propios y extraños es lo referente al marco de autonomía o libertad de acción de los servidores públicos con cargos directivos hacia adentro de la Dependencia (vicefiscales, titulares de unidades especializadas en investigación y persecución del delito, servicios periciales, entre otros), para que puedan convertir en actos concretos los principios de imparcialidad interna, flexibilidad de nombramiento, actualización de estructuras, creación extinción de órganos, independencia de investigadores, entre otros tópicos que iremos abordando en entregas posteriores.

Todo lo anterior nos hace ver que el proceso de transición que debe llevar a la PGR a convertirse en Fiscalía General de la República ha rebasado por mucho la retórica electoral que debe ya quedar atrás, y que el reto ahora consiste en avocarse a su análisis transversal, multidisciplinario, minucioso y responsable por parte de la próxima administración, la ciudadanía y los medios.

La Justicia para Adolescentes en el nuevo Sistema Constitucional: Cómo mejorarla?

LA JUSTICIA PARA ADOLESCENTES EN EL NUEVO SISTEMA CONSTITUCIONAL: CÓMO MEJORARLA?

Por José Ramón González Chávez

Ante los escenarios que imponen los grandes cambios a nivel global de los que no debemos estar ajenos ni ser indiferentes, desde hace algunos años México se ha dado a la tarea de impulsar un proceso de evolución de su sistema jurídico transitando del paradigma positivista al Estado Constitucional, esto es, del Estado de Derecho o legalista al Estado de Derechos o garantista.

En este afán, y en el marco del nuevo sistema, a efecto de dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos a través de instrumentos como la Convención sobre Derechos del Niño –suscrito desde 1990 y cuya instrumentación plena ha estado pendiente desde entonces–, se han realizado esfuerzos significativos para modernizar jurídica e institucionalmente la normativa relacionada con la justicia para adolescentes, aquella franja de la población ubicada entre los 12 y los 18 años de edad.

Si bien la reforma del 12 de diciembre de 2005 al artículo 18 de la Carta Magna implica conceptualmente un cambio profundo y grandes retos en la materia al incorporar al texto constitucional los acuerdos de dicho convenio y reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos –y obligaciones- y ya no como simples objetos de tutela como los consideraba el sistema anterior, es digno de resaltar que su instrumentación sufre desde entonces un lento proceso de armonización que requiere agilizarse para convertir los principios y disposiciones que contiene en actos concretos mediante la creación y consolidación de un verdadero sistema especializado que brinde a los y las adolescentes la oportunidad de ejercer sus derechos pero también de asumir sus obligaciones ante la comisión de actos delictivos, así como desarrollar sus potencialidades y capacidades para ejercerlas en beneficio de la sociedad.

Existen muchos aspectos que requieren de un cambio de visión estratégica. Entre ellos puede destacarse primeramente la necesidad de considerar este sistema tanto o más importante que el sistema de justicia para adultos, pues hasta la fecha se le ha considerado como adjetivo de este, como un modelo “a escala”, variando si acaso solo en la intensidad de la aplicación de las penas, lo cual constituye una seria deficiencia de apreciación, teniendo en cuenta que en el nuevo paradigma constitucional el interés superior del menor es de los temas de mayor preponderancia.

En tal sentido es de reconocer que si bien ambos sistemas de justicia tienen similitudes sobre todo de carácter procedimental, también poseen por su propia naturaleza y características diferencias significativas, dado que se trata de valores jurídicos protegidos de distinto orden.

Tal como lo mencionaba al principio, además de que el nuevo sistema de justicia para adolescentes permite al menor responsabilizarse de las consecuencias derivadas de su actuar delictivo, pretende salvaguardar sus derechos al dar capacidad a los operadores para ahondar en las causas que propiciaron la conducta antijurídica y así poder brindarle un tratamiento integral, multidisciplinario (trabajo social, psicológico, familiar, educativo, etc.) y multidimensional (familiar, comunitario, social) durante la ejecución de su medida sancionadora, que tienda de forma realista a lograr su adecuada reinserción.

Una forma efectiva de lograr tal propósito es la aplicación de métodos socioeducativos de intervención, destinados a incidir en los factores internos y externos que llevaron al adolescente a la comisión del delito, con especial énfasis en los ámbitos familiar, escolar, laboral y comunitario para que se generen en el joven las capacidades y competencias que le permitan reducir la posibilidad de reiterar la conducta

Para ello, el Juez especializado es un actor y regulador sustancial en el nuevo sistema de justicia en la materia, al estar encargado de la fase de ejecución de la sentencia, donde se refleja con mayor claridad y objetividad la eficacia del sistema en su conjunto.

En segundo lugar, es de remarcar que observando el principio de proporcionalidad en concordancia con el pro persona y el de interés superior del menor, las sanciones impuestas a las y los adolescentes por la comisión de actos delictivos deben corresponder a la conducta realizada y sus consecuencias, tomando en cuenta el contexto específico en el que se desarrollaron los hechos, así como las circunstancias personales del infractor buscando para este el mayor beneficio –o menor perjuicio- posible.

Otro aspecto que merece atención especial es el relativo a la disfuncionalidad provocada por una incorrecta visión sobre el seguimiento al proceso de reinserción social del menor una vez que cumple la mayoría de edad. Mientras el menor cumple su sanción dentro o fuera del centro de internamiento la autoridad administrativa se encarga de dar seguimiento y en su caso informar al Juez de las desviaciones del menor en el cumplimiento de su plan individualizado de reinserción; pero al cumplir el infractor los 18 años, los operadores jurídicos se desentienden del caso, con lo que actúan de manera contraria a los principios y valores jurídicos que establece la nueva constitucionalidad, impiden medir la eficacia del sistema pues una adecuada reinserción es su objetivo principal y al final de cuentas anulan una verdadera impartición de justicia.

En el marco de los nuevos sistemas constitucional y de justicia penal acusatorio adversarial, el capítulo referente a la justicia para adolescentes, dada la evidente importancia social que reviste, juega un papel determinante para conseguir mejores condiciones de seguridad y lograr la eficacia real de la reforma del sistema jurídico mexicano.

El Feminicidio: Algunas Consideraciones

1 afeminicidio

 EL FEMINICIDIO: ALGUNAS CONSIDERACIONES

Por José Ramón González

(Investigación realizada para el Instituto de Estudios Legislativos “INESLE”

del Congreso del estado de México, octubre, 2010)

(Gracias A Mónica Soistata por su tan valiosa colaboración)

PARTE I.

Introducción y Marco Teórico.

Desde la revolución industrial en el Siglo XIX y por la reciente y profunda trasformación de los procesos económicos, se han producido una apertura gradual pero ininterrumpida de espacios para las mujeres, gracias a los cuales ellas día a día crean oportunidades y participan activamente en los más diversos ámbitos de la sociedad, la cultura, la economía y la política.

A fines del siglo XIX y principios del XX, mujeres de distintos países luchan en contra de la opresión y comienzan a crear una conciencia crítica sobre la condición de las mujeres, así como la necesidad de contar con principios, normas y prácticas sociales modernas y democráticas. Se denuncia la discriminación, la marginación, la explotación y la enajenación, la violencia y la complicidad, el encierro, el silencio y el tabú. Surge la ideología feminista, que a lo largo del siglo se fortalece y cobra un gran auge en los años 60, trasformando estructuras fundamentales en todos los ámbitos.

A fines del Siglo XX, una nueva transformación política económica: la unipolarización y uno de sus medios de expresión más contundentes: la globalización (al menos para los países del mundo occidental) dan forma a un modelo económico innovador que, entre otras cosas, considera la mano de obra femenina crucial para su implantación, y para tal fin exige la adecuación de los sistemas políticos, jurídicos sociales y culturales.

Los cambios en la vida y la dinámica social, el incremento de la inseguridad, la ruptura de tabúes, la denuncia pública de hechos antes callados, entre otros factores, exponen a la mujer a mayores riesgos de ser víctima de actos de violencia, segregación e inequidad, fobias y desigualdades, todo lo cual por ser a todas luces contrario a los derechos fundamentales, constituye uno de los problemas sociales más graves y de más urgente atención en México y el mundo.

A causa del modelo patriarcal, la mujer sufre diferentes acciones violentas, que en algunos países son ignoradas o menospreciadas por razones de índole cultural, religiosa, social y educativa. En tal contexto, la violencia denominada “de género” (por el vocablo inglés “gender”, referente al sexo de una persona) es una situación cultural que mantiene a las mujeres en desventaja y desigualdad social, les impide el acceso a bienes, recursos y oportunidades, y contribuye a desvalorizarlas y denigrarlas.

Al extremo de este tipo de violencia, el Feminicidio o Femicidio, neologismo producto de la traducción de los vocablos ingleses “femicide” o “gendercide“, referente a la muerte evitable de mujeres, ha sido objeto de una gran polémica, al alejarse de su concepción original, llegando a usarse incluso como sinónimo de homicidio genérico contra mujeres y adquiriendo una significación ya no jurídica, sino más política, ideológica, de clase y de género.

De hecho, como realidad social, desde hace ya algunas décadas el feminicidio ha sido adoptado por el feminismo como parte de su bagaje teórico ideológico, sintetizado primordialmente por las norteamericanas Jill Radford y Diana E. H. Russell (vid. “Femicide: The politics of woman killing” Twayne Publishers, New York, USA, 1992). Desde esta corriente ideológica, la violencia de género se coloca como un gran problema político a nivel mundial y afirma que el feminicidio se da a causa del ambiente ideológico y social de machismo, de misoginia, de violencia consentida o tolerada contra las mujeres, así como por la ausencia de normas jurídicas, políticas públicas y acciones concretas de carácter preventivo, educativo y coercitivo, lo que genera condiciones de inseguridad para las mujeres que impiden detectar, prevenir y eventualmente sancionar las conductas delictivas, llegando a poner en riesgo su vida y su integridad física y emocional. De ahí que considere el machismo como un factor determinante para la presentación y el crecimiento de este delito.

Algunas organizaciones feministas han sustentado interpretaciones más profundas y que retoman estos presupuestos, argumentando que los homicidios de mujeres son parte de una violencia contra las mujeres que sustentada en la histórica desigualdad entre mujeres y hombres y que impide reconocer a las mujeres como personas y sujetos de Derecho. En este mismo tenor, Bonino (1998)[1], nos habla de micro machismos, a los que clasifica en tres tipos:

1) Coercitivo, el más grave, ya que el varón usa la fuerza ya sea moral, psíquica, económica o de la propia personalidad para intentar doblegar a la mujer, limitar su libertad, expoliar su pensamiento y restringir su capacidad de decisión. Les provocan un acrecentado sentimiento de derrota cuando comprueban la pérdida, ineficacia o falta de fuerza y capacidad para defender las decisiones o razones propias. Todo esto suele promover en la mujer inhibición, desconfianza en sí misma y disminución de la autoestima, provocadora de un mayor desbalance de poder;

2) Intimidatorio, especie de violencia psicológica donde el varón genera temor cuando llega a contar con cierta fama (fantaseada o real) de ser abusivo o agresivo. Este tipo de hombre advierte expresa o tácitamente que de no ser obedecido algo le podrá suceder a la mujer. Ya sea con la mirada, el tono de voz, la postura o cualquier otra característica que pudiera ser utilizada como atemorizante y ejercer así alguna muestra de poder abusivo, ya sea físico, sexual o económico. Con este tipo de violencia psicológica el hombre llega a conseguir la disponibilidad de la mujer para realizar los actos que él desee y también el de no ser molestado o cuestionado cuando realice algún acto en contra de la mujer;

3) Insistencia abusiva, o como nos dice el mismo autor[2] en términos populares el “ganar por cansancio”, que consiste en obtener lo que quiere por insistencia inagotable, que hace que la mujer se canse de mantener su propia opinión y al final acepte lo impuesto a cambio de un poco de paz.

Como reflejo de la influencia cultural norteamericana, la palabra feminicidio surgió en castellano a partir de la traducción que del término inglés “femicide” hizo la doctora Marcela Lagarde[3], convirtiéndose en una voz homóloga a homicidio pero añadiéndole el ingrediente de género y concibiéndose como el conjunto de hechos de lesa humanidad que se relacionan con los crímenes y las desapariciones de mujeres de tipo masivo (una especie de genocidio específico hacia las mujeres) y que pueden darse tanto en condiciones de guerra como de paz, cuando las condiciones histórico culturales generan prácticas sociales que permiten o toleran atentados contra la integridad, la salud, la libertad y la vida de las mujeres.

Feminicidio, Conocimiento y Realidad Mundial.-

Gracias al apoyo de las ciencias sociales, ha sido posible definir distintas formas de violencia hacia la mujer, conocer sus causas y consecuencias de carácter social, jurídico, cultural y educacional, y con ello avanzar en el combate de actos inaceptables, como el crimen pasional, la violación, el estupro, el incesto, el acoso, la violencia conyugal y familiar, la violencia callejera, la inequidad, entre otras, que se presentan en los ámbitos laboral, patrimonial, psicológico, intelectual, simbólico, lingüístico, económico, jurídico o político, solo por citar algunos.

En el tiempo y el espacio se presentan actos lesivos contra las mujeres que conducen en muchos casos a una muerte violenta y cruel; y lo que resulta todavía más indignante al constatar que algunos de estos actos son cometidos personas conocidas de la víctima: sus parejas, parientes, novios, esposos, acompañantes, familiares, visitas, colegas y compañeros de trabajo; pero también son perpetrados por desconocidos y anónimos e incluso por miembros del crimen organizado. Sin embargo, todos tienen en común la consideración de los agresores de que las mujeres son usables, prescindibles, maltratables, desechables y coinciden además en su extrema crueldad, por lo que el feminicidio ha llegado a ser considerado como crimen de odio.

Si bien, como se anotó previamente, existen diversos agentes de tipo cultural que influyen de manera determinante en la presentación de esta conducta, en términos de atención gubernamental es intolerable constatar la ineficacia del poder público para ofrecer garantías a las mujeres y crear condiciones de seguridad para el desarrollo de su vida en la comunidad, ya sea en la casa, en los espacios de trabajo, tránsito o esparcimiento; y más lamentable aún, que los servidores públicos sean poco o nada eficientes en sus funciones para prevenir, atender y sancionar este tipo de conductas, que se muestran con toda claridad por ejemplo, en la atención a víctimas, en las instancias de justicia, el maltrato a las internas en las cárceles y aun en el personal femenino, siendo llegado a considerar incluso como un Crimen de Estado.

Según el Informe Mundial sobre Violencia y Salud de la Organización Mundial de la Salud (OMS), maridos, ex cónyuges, novios, convivientes, son en la mayoría de los casos los responsables de las muertes violentas de mujeres. Más de 50% de las mujeres muere por ataques de sus parejas (en ciertos países llega a 70%). Adicionalmente a las muertes violentas por su condición femenina, a esta deben añadirse otros tipos de violencia a los que están mayormente expuestas en sus países y en sus familias y que sin llegar al homicidio también se consideran graves, como la agresión física y sexual (al menos 25% de las mujeres adultas sufrirá un ataque sexual por parte de su pareja a lo largo de su vida), el acoso psicológico y otras conductas, como impedir que la mujer mantenga contacto con su familia o amistades y limitarle el acceso a la información o posible ayuda.

Otras estadísticas indican que a nivel mundial, el femicidio es la sexta causa de muerte de mujeres entre 15 y 49 años. Más de mil mujeres mueren anualmente a manos de sus parejas y se calcula que ascienden a 3 millones las mujeres que sufren abusos físicos por parte de sus maridos o novios cada año. En España, los cálculos oficiales cuentan entre 50 y 70 las mujeres muertas a causa de la violencia doméstica cada año. En Estados Unidos, en 1992, se contaron 5,373 casos de femicidio, la mitad de los cuales fueron perpetrados por esposos u hombres con quienes las víctimas habían mantenido relaciones. En Puerto Rico, la coordinadora de la organización Paz para la Mujer, informó que de 1990 a noviembre de 2002, se han presentado 287 feminicidios, según datos suministrados por la Policía nacional. De acuerdo a investigaciones realizadas por activistas, médicas, abogadas y periodistas involucradas en la Campaña de esa Red, la manera cómo los medios de comunicación, los jueces, abogados defensores y gran parte de la opinión pública abordan los casos de asesinatos de mujeres, está permeada por conceptos estereotipados y creencias culturales basados en una imagen devaluada de lo femenino. Las razones que afloran principalmente en los juzgados y en los medios son que cuando un hombre agrede y mata a su mujer, es porque “se encontraba ofuscado y perdió la cabeza”, “era celoso”, estaba “obsesionado” con ella. La policía suele decir “Mató por razones sentimentales”. En algunos titulares de prensa se puede leer “Fue un crimen pasional”, “mató bajo una emoción violenta”, de manera que se implanta a priori la sospecha que el comportamiento de la mujer fue el detonante del hecho.

PARTE II.

Situación del Feminicidio en México.

En México, muchas mujeres viven alguna forma de violencia en razón de su sexo, no solo de índole sexual, sino también racista, religiosa, judicial, política, laboral, cultural, entre otras. La mentalidad y la actitud de considerar en condiciones de inferioridad a las mujeres provienen de varios factores muchos de los cuales ya han sido señalados líneas arriba. Formas de imitación y aculturación verdaderamente ancestrales y otras adquiridas en distintos momentos han modelado las actitudes de hombres y mujeres, creando esquemas de carácter unilateral, antidemocrático, autoritario, a grado tal que, por ejemplo, el hombre es considerado proveedor absoluto en lo económico aun en los casos en que la mujer cuenta con un trabajo remunerado y aporta al gasto familiar.

Entre los datos nacionales que sobresalen respecto de esta situación, está el hecho de que existe un promedio anual de cerca de 1,200 homicidios dolosos contra mujeres entre los 21 y 40 años de edad[4]. 41% de esas víctimas murió por uso excesivo de fuerza y agresiones físicas como asfixia, heridas de armas punzocortantes y traumatismo craneoencefálico y 25% a causa de un disparo de arma de fuego. En cuanto a los sitios donde se han cometidos estos asesinatos, 41% fueron en la vía pública (lugares públicos, lotes baldíos, tiraderos de basura); 35% en casas-habitación; y lo que en aun más oprobioso: en 19% de los casos (casi uno de cada cinco, las mujeres también fueron víctimas de tortura y abuso sexual; y respecto de los sujetos activos, resulta indignante que 32% de ellos son familiares o personas cercanas y que 89% del total de los casos presentados quedan impunes.

En México, las desapariciones y homicidios de niñas y mujeres se consideran hechos aislados. Un esposo celoso, problemas de amantes, un homicida psicópata, una banda de narcotraficantes, delincuencia que cruza por la frontera o cualquier otro argumento sirve para aislar y minimizar el problema. En general, la tendencia sigue siendo responsabilizar a las mujeres de su muerte violenta a manos principalmente de hombres. Respecto a la denuncia y seguimiento por violencia contra las mujeres -incluido el feminicidio- han sido los familiares de las mujeres desaparecidas y asesinadas, principalmente sus madres, así como las organizaciones de mujeres y feministas quienes han encabezado la denuncia y recabado evidencias de los hechos. Han logrado hacer alianza con algunas legisladoras y funcionarias y en colaboración han consolidado mecanismos vinculatorios para las autoridades competentes a fin de de prevenir, atender, sancionar, reparar los daños y erradicar estas conductas, aunque hasta la fecha la respuesta no haya sido eficaz.

Ahora bien, socialmente, el feminicidio, aunque mediatizado hasta la explotación del escándalo, ha logrado tomar un lugar preponderante en la opinión pública nacional y gracias a ellos se ha conseguido la modificación de diversos ordenamientos legales. No obstante, en su concepción aun prevalecen multitud de mitos, tabúes, conceptos, indefiniciones y vaguedades que obstaculizan su positivación jurídica, política y cultural. Sin embargo, la actualización normativa es ineficaz o queda a nivel de meros buenos proósitos cuando no existen políticas y acciones concretas y articuladas de parte de los órganos del poder público y de la sociedad, orientadas a prevenir, educar, atender y castigar este tipo de conductas y garantizar los derechos fundamentales de las mujeres.

Las desapariciones y homicidios de niñas y mujeres en Ciudad Juárez, así como las distintas hipótesis (elaboradas en muchos casos de manera poco informada fuera del país) que intentan explicar estos hechos en México, se han convertido en un referente usado para explicar la implantación de una figura sui generis de feminicidio que en nuestro país, en la que se mezclan otros subtipos de homicidio y aun otras clases de violencia donde la víctima es una mujer. En tal contexto, se ha generado una intensa especulación y hasta producción literaria y artística: documentales, obras de teatro, danza, obra plástica, entre otras formas, básicamente centrados en el tema de “las Muertas de Ciudad Juárez”, como si la incidencia de esta conducta delictiva se produjera solo en esa localidad. Incluso gran parte de la investigación realizada en otras entidades federativas tiene como punto de referencia o tiene que ver con los sucesos de Ciudad Juárez, cuando en otras entidades como por ejemplo, el Distrito Federal, es prácticamente nula la investigación y atención a estos casos.

Este concepto de feminicidio a la mexicana ha sido erróneamente asumido por algunas autoridades y medios de comunicación como el simple equivalente de un homicidio contra una mujer, por lo que llega a utilizarse hasta en plural, tal como lo exhibe el propio nombre de la “Comisión Especial de Feminicidios”, que después corrigió el error cambiando el término a singular, aunque en su uso mediático, coloquial y aun la propia presidente de dicha Comisión se ha seguido usando el término en plural. Con la misma perspectiva, también se ha comenzado a utilizar en México el término por demás abigarrado de feminicidio sexual sistémico, cuya definición aún sigue siendo poco clara[5].

En lo que a investigación en México se refiere, desde 1993 cuando se denunciaron las desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, se ha realizado un amplio número de investigaciones nacionales, extranjeras e internacionales con distintos enfoques sobre el tema. Aunque como decíamos en su gran mayoría son recurrentes a lo que sucede en esa localidad, otras, por desgracia todavía las menos, comienzan a analizar y estudiar el desarrollo del fenómeno, ya sea con visión nacional o específicamente, de manera local. De manera enunciativa, la siguiente tabla muestra algunas de las más importantes:

Fecha Organización Título
Noviembre, 1999 ONU Informe de la Relatora Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias
Enero, 2002 ONU Informe del relator especial sobre la Independencia de Jueces y Magistrados
Marzo, 2003 Comisión Interamericana de Derechos Humanos Informe de la Relatora sobre Derechos de las Mujeres de la “Situación de los Derechos Humanos de la Mujer en Ciudad Juárez, México: El Derecho a no ser Objeto de Violencia y Discriminación”
Agosto, 2003 Amnistía Internacional Muertes intolerables: Diez años de desapariciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y Chihuahua”
Noviembre, 2003 ONU contra la Droga y el Delito Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la Misión en Ciudad Juárez, Chihuahua
Diciembre, 2003 ONU Diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Enero, 2005 CEDAW (Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) Informe y recomendaciones resultado de la solicitud de organizaciones mexicanas de derechos de la mujer y con el apoyo del Gobierno mexicano
Mayo, 2005 Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo Informe de la Relatora del Comité de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres en México.
Enero, 2006 ONU Informe sobre violencia contra las Mujeres, sus causas y consecuencias. Integración de los derechos humanos de la mujer y la perspectiva de género: la violencia contra la mujer
Noviembre, 2006 PGR Informe final de evaluación y monitoreo sobre el trabajo de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez, Chihuahua

Homicidios en general cometidos contra mujeres en las entidades de la República.-

Estados como Veracruz, Morelos, Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Sonora y Chiapas, ya han iniciado investigaciones locales. Sin embargo todavía no se logra un pronunciamiento generalizado de la sociedad civil mexicana sobre el delito específico de feminicidio y su distinción de otros tipos de homicidio y violencia contra las mujeres.

Otras investigaciones que incluyen a varias entidades de la república son las realizadas en 2003 por el Grupo de Educación Popular con Mujeres, A.C., en el Distrito Federal y los estados de Chihuahua, México y Michoacán y por la Red Nacional por un Milenio Feminista en 12 entidades: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Veracruz. En ambos estudios se documenta además del análisis legislativo, las políticas públicas y programas correspondientes, así como profundas entrevistas a mujeres que acuden a las diversas instituciones encargadas de la atención en este ámbito en dichas entidades. También realizan monitoreo a medios de comunicación masiva (TV y Prensa) y a los programas y acciones en instituciones de educación primaria, con el objetivo de evaluar la manera en que estos espacios contribuyen o no, a la sensibilización así como a la difusión de información acerca del tema.

Muchas de las investigaciones que se han realizado en torno a los homicidios de mujeres en México en general y en sus entidades federativas en particular, han sido compiladas en el Archivo del Feminicidio, administrado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque sería prudente distinguir de este importante trabajo del general de los asesinatos que se han cometido contra mujeres, aquellos con el móvil específico de feminicidio en los términos de su definición típica penal. Este Archivo cuenta con documentación oficial proporcionada por las Procuradurías de Justicia Estatales y del D. F. sobre el número de asesinatos en general de niñas y mujeres en cada entidad y por los Tribunales Estatales de justicia sobre las causas penales radicadas en cada uno de los expedientes relacionadas con dichos homicidios; además de libros, revistas, materiales audiovisuales y gráficos relacionados con la violencia contra las mujeres, principalmente en México, aunque también incluye datos de otros países.

De acuerdo con un reporte realizado por la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, en el periodo 1999-2005 en nuestro país 6,000 mujeres han sido asesinadas con violencia, esto es, un promedio de mil mujeres por año, sin contar las que pierden la vida por situaciones relacionadas con la violencia intrafamiliar, que siguen siendo calificadas como muerte natural. Sin perjuicio ello, entre los datos sobresalientes que arroja el informe, es que las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran principalmente en 10 entidades: Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, Estado de México, Colima, Nayarit y Baja California.

Otro informe de la Comisión Especial para Conocer las Políticas y la Procuración de Justicia Vinculada a los Feminicidios, revela que entre 2006 y 2007 se contabilizaron en México 2,232 asesinatos de mujeres, denominándose genéricamente como “feminicidios”: El Distrito Federal y el Estado de México, entidades con la mayor población, son también aquellas donde se registra el mayor número de asesinatos de mujeres, reveló un estudio de la Cámara de Diputados Federal. El documento subraya que el Estado de México y el Distrito Federal ocuparon el primero y segundo lugar en número de homicidios de mujeres con 299 y 244 casos en ese período, respectivamente. Sin perjuicio de que la estadística criminal mide la incidencia de delitos por cada mil habitantes, lo que relativiza los porcentajes por ser estas las entidades más pobladas, estas cifras mueven a la reflexión sobre la dimensión metropolitana del asunto, pues es en esta región donde se concentra cerca del 20% de la población nacional. A estas dos entidades les siguió el Estado de Michoacán, con 202 homicidios; Guerrero, 129; Veracruz, con 135; Jalisco, 119; Puebla, 109; Baja California, 105; Chihuahua, 84; Sinaloa, 80; Tabasco, 59 y Sonora, con 57. Digno de resaltar es que todas estas entidades y otras más, superaron al norteño Chihuahua, donde se localiza Ciudad Juárez. Finalmente, el documento reporta que los estados mexicanos con el menor índice de homicidios de mujeres que en general se están denominando “feminicidios”, son Colima (3), Campeche (4), Yucatán (8), Tlaxcala y Aguascalientes (10 cada uno), Baja California Sur (11), Durango y Querétaro (16 cada uno).

En general, los datos oficiales disponibles sobre defunciones de mujeres por causas no naturales, sólo pueden ser obtenidos de estadísticas de seguridad pública y de salud, en las que desafortunadamente se encuentran mezclados tanto los homicidios como las muertes imprudenciales y accidentales, de manera que no se puede identificar de forma clara los asesinatos de mujeres y cuáles de esos podrían ser considerados como feminicidios. De ahí la necesidad de hacer un esfuerzo conjunto entre ciudadanía, ONG’s y autoridades para superar esta deficiencia y contar con registros confiables, tal como lo ha requerido a nuestro país la Corte Internacional de Justicia.

Al respecto, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra las Mujeres, de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció que las estadísticas no reflejan la magnitud del problema de las agresiones en contra de las mujeres, ya que hay una “cifra negra”, de mujeres que no denuncia. Se menciona que dos terceras partes del registro de mujeres asesinadas en un año, de acuerdo con los datos oficiales, murieron a consecuencia de agresiones en el hogar, pero no sólo a manos del marido, sino también por novios, padres, hermanos, amigos, familiares y otro tipo de parientes. Agregó que los riesgos no se miden por las cifras, sino por el temor fundado que tienen las mujeres de terminar con la violencia. Ese es el riesgo y esa es la gravedad, ya que de acuerdo a los resultados de estudios, entrevistas, encuestas y denuncias, el problema de la violencia intrafamiliar es realmente grande.

En cuanto a otros tipos de violencia contra la mujer, algunos juristas han denunciado que la militarización de las ciudades causa una mayor vulnerabilidad hacia las mujeres, ya que por ejemplo, en lugares como Ciudad Juárez, en los retenes militares es común que en las “inspecciones” realizadas se llegue a abusar de la autoridad para lesionar su intimidad corporal.

Situación en Chihuahua.

Los datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua precisan que de 1993 cuando empezaron a documentarse los crímenes contra mujeres a la fecha, 890 mujeres han sido asesinadas.

Del 21 de enero de 1993 al 31 de diciembre de 2007 se tienen registrados 428 homicidios de mujeres, mientras que 2008 hubo 87; en 2009, 164; y de 2010 hasta el 15 de septiembre se habían cometido 211, esto es, un pormedio de 2 diarios.

En los casos anteriores a 2008, la causa principal de los homicidios fue la violencia intrafamiliar y los feminicidios, pero la situación cambió a causa de la guerra entre bandas de narcotraficantes.

En Ciudad Juárez, núcleo de atención estatal, nacional e internacional en materia de feminicidios, los homicidios de mujeres de han incrementado. Sin embargo, no todas las muertes violentas de mujeres pueden ni deben ser considerados feminicidios en los términos en que se ha expuesto a lo largo del presente documento, es decir, como homicidios donde el móvil primordial es el odio, la discriminación, el menosprecio a la mujer por el solo hecho de serlo.

Al respecto, hasta hace poco, la Procuradora General de Justicia Estatal, Patricia González Rodríguez[6], ha dicho que estos casos no pueden ser procesados como feminicidios a pesar de que es una cifra alta”, ya que, por ejemplo, “los homicidios relacionados con el crimen organizado son investigados como tales y no como la nueva figura delictiva creada por el Congreso del Estado de Ataque a la Mujer”, al cual se le ha dado en llamar Feminicidio.

La procuradora afirma que “el feminicidio es un crimen de misoginia y de odio contra la figura femenina, tipo que no corresponde a los asesinatos que se han presentado últimamente en el Estado, principalmente en Chihuahua y Ciudad Juárez, donde se vive una intensa lucha entre los cárteles de la droga”. Señaló que “en efecto, se tiene una mayor incursión de la mujer en el narcotráfico y los asesinatos recientes de mujeres serán investigados como tales por la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida”.

Bajo esta premisa, de los 211 crímenes de mujeres presentados en lo que va de este año, solamente 11 llegaron a ser considerados feminicidios e investigados como tales por la Fiscalía Especial de Homicidios contra Mujeres.

Situación en el Estado de México.

En el Estado de México la violencia contra las mujeres, es uno de los principales problemas que afectan a la sociedad mexiquense. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo, mientras que en el Estado de México 54 de cada 100 mujeres son víctimas de algún tipo de violencia infligida por su pareja (ENDIREH, 2006).

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en el Estado de México ocurre el 23% de los homicidios dolosos contra mujeres registrados en el país. De tal suerte, el Estado de México encabeza la lista de mayor índice de homicidios de mujeres, con 672 casos en los últimos cuatro años; aunque esto debe ser dimensionado, teniendo en consideración que también es la entidad con mayor población en el país.

Otro dato sobresaliente es que en 100 de los 125 municipios mexiquenses, la cifra de feminicidios supera la media nacional, desde luego con las consideraciones de dimensionamiento señaladas en el párrafo anterior.

Datos del Observatorio Ciudadano de Feminicidios, revelan que en el Estado de México se cometieron 556 asesinatos hacia mujeres entre 2007 y 2009. La entidad está entre los tres estados con mayor índice de asesinatos violentos cometidos hacia mujeres. Las cifras van en aumento, y según el Observatorio, muchas de esas muertes quedan impunes.

En marzo del 2008 el Gobernador del Estado y los 125 municipios del Estado de México firmaron el Acuerdo para dar cumplimiento a la convocatoria del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de que todos los Poderes de la Unión, los Gobiernos de las Entidades Federativas y los municipios se sumarán al Acuerdo Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Con cifras de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, se conoce del año 2000 al 2008, 641 mujeres han sido asesinadas en esa entidad y tan sólo entre 2006 y 2008, se registraron 362 feminicidios y al menos el 52% de los casos siguen de manera irresponsable sin ser solucionados por la institución estatal de procuración de justicia.

Al interior del Estado de México, la ciudad de Toluca mantiene la mayor tasa de homicidios del país (10 por cada 100,000 habitantes) y desde 2007, en promedio, una mujer es asesinada cada dos días en Ecatepec, Netzahualcóyotl, Chimalhuacán o los Reyes la Paz que son los otros municipios donde prevalecen de mayor manera esos crímenes. Lo más grave es que al gobierno del Estado de México no parece importarle la cuestión; ya que, además de desaparecer al Instituto Estatal de la Mujer y minimizar, por parte de las autoridades de procuración de justicia la trascendencia del problema, no se ha actualizado la legislación protectora de género, ni se tienen políticas públicas consistentes y suficientes para solucionar el entuerto.

El INEGI ha generado y difundido información estadística que contribuye a un conocimiento más objetivo de la magnitud y características de la violencia que sufren las mujeres, lo cual constituye un elemento de gran valor para determinar las acciones a emprender para su combate y erradicación.

De acuerdo con la Encuesta Nacional Sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares (ENDIREH), 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia de pareja, comunitaria, laboral, familiar o docente a lo largo de su vida. De estas formas de violencia la más frecuente es la ejercida por el esposo o compañero, declarada por 43.2% de las mujeres. Le siguen la comunitaria, padecida por 39.7% de las mujeres de 15 años y más, la laboral con 29.9% de mujeres, la familiar y escolar con 15.9 y 15.6%, respectivamente.

Lourdes Barrera, de Amnistía Internacional, menciona que ninguna mujer víctima de violencia en San Salvador Atenco durante el conflicto de 2006 ha podido acceder a justicia al denunciar las vejaciones sufridas en su contra por parte de los cuerpos policíacos del Estado de México.

PARTE III.

Marco Jurídico sobre la violencia hacia las mujeres.

Tener una vida libre de violencia es un derecho reconocido por las leyes Nacionales e internacionales.

En términos constitucionales, el artículo 4º de la Carta Magna establece la igualdad del hombre y la mujer ante la Ley. Esto implica la idea que ante la comisión de un acto ilícito, resulta indistinto que éste haya sido realizado en contra de un hombre o una mujer, o que el agresor haya sido un hombre o una mujer y en tal sentido, la penalidad en su caso deberá aplicarse tomando en consideración las circunstancias específicas en las que se llevó a cabo el acto respectivo, con independencia del sexo de los sujetos tanto activo como pasivo.

Bajo esta premisa, el feminicidio como tal no está previsto y por ende no es sancionado ni a nivel federal ni en las entidades federativas, aunque cabe mencionar que desde el 19 de diciembre de 2006, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa de Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aunque todavía no se ha publicado.

Dicha ley, propone entre otras cosas, la creación de un nuevo título en el código penal federal mexicano sobre delitos de género, en el que se aborde el feminicidio bajo el a nuestro juicio endeble argumento de que es un delito que se ha generalizado, y con base en él, propone sea tipificado como delito permanente y continuo, suponiendo que esta tipificación contribuirá a eliminar el silencio social y la falta de acciones concretas.

El mencionado proyecto de Ley propone para este delito la redacción siguiente: “A quien atente, sin importar la finalidad de la acción, en contra de la vida, la dignidad, la integridad física o mental de mujeres en una determinada comunidad o región donde de manera recurrente se hubieran cometido estos delitos, se le impondrá una pena de 20 a 40 años, además de las penas que corresponden por los delitos cometidos (homicidio, desaparición forzada, secuestro, violación, mutilación, lesiones graves, trata de personas, tráfico de personas, tortura, abuso sexual, prostitución forzada, esterilización forzada, discriminación por orígenes étnicos, raciales, preferencias sexuales o por estado de gravidez)”.

Sin embargo, desde entonces (diciembre 2006) la propuesta permanece congelada en el Senado de la República. En tal sentido, Rocío García Gaytán, titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), expresó ante la Comisión Especial para los Femicidios, que lamentablemente este delito (el femincidio) no está penalizado a nivel federal porque no existe en la ley. [7] En todo caso, la carencia de normatividad penal aplicable y por tanto coercible sobre el particular, trae como resultado que cualquier denuncia que llega a la fiscalía especializada para los casos de feminicidios queda impune.

En efecto, el feminicidio es definido en términos sociológicos, políticos, mediáticos, culturales, etc., pero no se encuentra legislado, y por ello, la discusión sobre el tema permanece en dichas áreas, aunque de manera poco sólida por falta de datos e información sólidos, objetivos, confiables, que permitan una adecuada argumentación, de ahí que aun no permeen en el terreno jurídico, no solo en el aspecto legal, sino en la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre jurídica, etc.

Legislación Federal:

Constitución Federal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º reconoce desde 1974 la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer y desde 2001 prohíbe en su artículo 1º la discriminación motivada por origen étnico o racial, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra conducta que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Existen argumentos para poder sustentar la necesidad de una legislación que impulse la equidad en el ejercicio de derechos fundamentales y oportunidades, como un paso imprescindible para alcanzar la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, tal como lo establece el Texto Constitucional Federal.

Para ello, es necesario que el poder público promueva y garantice dicha equidad a través de instrumentos legales e instituciones, mediante políticas, programas y acciones contra la discriminación, la violencia de un sexo contra el otro, que faciliten el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de mujeres y les permitan una vida libre de violencia, contribuyendo así a la consolidación de un Estado Constitucional de Derecho, justo y democrático.

Es bajo tal entorno que el legislador ha remitido a la ley secundaria, expidiendo una serie de disposiciones defensoras de la equidad, entre las que se encuentran las siguientes:

Leyes Federales.

Es complicado definir desde el punto de vista técnico jurídico al feminicidio como “delito”, ya que el concepto no se encuentra previsto en la Ley Penal. En todo caso, el feminicidio podría ubicarse como una modalidad agravada del homicidio doloso cuando puedan detectarse y comprobarse elementos adicionales al subtipo, tales como el odio, la discriminación, el abuso sexual, o la violencia por el mero hecho de que la víctima sea mujer.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que el delito de homicidio contempla en igualdad de jurídica tanto a hombres como a mujeres en atención a lo previsto por los ya mencionados artículos 1° y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Asimismo, el homicidio está catalogado como del fuero común, esto es, que el legislador de cada entidad federativa, debe de regular en específico, tomando en consideración a las condiciones históricas, económicas, sociales y culturales propias de la entidad.

Bajo tal contexto, en lo que toca precisamente al feminicidio, conviene tener en cuenta las siguientes consideraciones:

  • La causa estructural de la violencia de género es la desigualdad entre mujeres y hombres. Las mujeres permanecen para la sociedad y el poder público, en una situación de subordinación, desigualdad y discriminación en relación con los hombres.
  • No existe un argumento sólido para justificar la subordinación de la mujer y su desigualdad jurídica y social, contraria a todas luces –repetimos- al derecho y la razón.
  • Mientras mayor es el arraigo de la cultura patriarcal en una comunidad, mayor es la subordinación, menores son las libertades y derechos de las mujeres y por ende menor el ejercicio de su condición de ciudadanas y su participación democrática.
  • Las comunidades y regiones con mayores tasas de inequidad en el desarrollo, de contraste social, de conflictividad y mayor índice delictivo, sumadas a la poca presencia de la autoridad pública, generan condiciones de mayor inseguridad, propicias para la violencia contra las mujeres y el feminicidio.
  • La violencia ligada a la condición de género, aunque en grados diferentes, abarca a todas las mujeres de todas las edades y estratos; está presente a lo largo de su vida y se presenta tanto en los ámbitos público como privado. El daño que provoca se incrementa al coincidir los tipos e intensidades de violencia ligados a otras formas de segregación y opresión de las mujeres, como edad, etnia, clase y grupo socioeconómico, situación educativa, profesional y cultural, salud, estado civil y estado legal.
  • En fin, la violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide que las mujeres, en igualdad con los hombres, puedan ejercer a plenitud sus derechos y libertades. Por ello, enfrentar de manera integral y coordinada la violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, requiere abordar el problema desde una perspectiva amplia que abarque todo el espectro de los derechos fundamentales.

1. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11de junio de 2003.

El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato.

2. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.

Tiene por objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empoderamiento de las mujeres. Sus disposiciones son de orden público, interés social y observancia general en todo el Territorio Nacional. Establece un Capítulo V denominado “De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres”.

3. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al igual que el ordenamiento anterior, las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana.

4. Ley para prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Tiene por objeto la protección, atención y asistencia a las víctimas de estas conductas con la finalidad de garantizar el respeto al libre desarrollo de la personalidad de las víctimas y posibles víctimas, residentes o trasladadas al territorio nacional, así como a las personas mexicanas en el exterior. Esta Ley se aplicará en todo el territorio nacional en materia del Fuero Federal.

5. Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

Se fundamenta en el párrafo sexto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus disposiciones son de orden público, interés social y de observancia general en toda la República Mexicana. Tiene por objeto garantizar a niñas, niños y adolescentes la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.

La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán expedir las normas legales y tomarán las medidas administrativas necesarias a efecto de darle cumplimiento.

6. Ley del Instituto Nacional de las Mujeres.

El objeto general del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica y social del país, bajo los criterios de:

  • Transversalidad, en las políticas públicas con perspectiva de género en las distintas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a partir de la ejecución de programas y acciones coordinadas o conjuntas.
  • Federalismo, en lo que hace al desarrollo de programas y actividades para el fortalecimiento institucional de las dependencias responsables de la equidad de género en los estados y municipios.
  • Fortalecimiento de vínculos, con los Poderes Legislativo y Judicial tanto federal como estatal.

7. Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en lo relativo al Poder Ejecutivo Federal y las bases de coordinación necesarias para su ejecución entre éste, las entidades federativas y los municipios.

8. Programa Nacional de Igualdad para Mujeres y Hombres.

El Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2008-2012 (PROIGUALDAD), fue formulado para dar cumplimiento a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley del INMUJERES.

Para su integración, el Instituto Nacional de las Mujeres realizó una consulta ciudadana y derivado de ella consideró las recomendaciones derivadas de la aplicación en el país de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), además de otros instrumentos internacionales.

Contribuye al cumplimiento de los cinco ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y como innovación establece una plataforma de líneas básicas de acción y objetivos estratégicos para garantizar los derechos fundamentales para las mujeres, como la no discriminación, el acceso a la justicia y a la seguridad y fortalecer sus capacidades para ampliar sus oportunidades y potenciar su bienestar económico.

9. Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046-SSA2-2005) [8].

En materia de Salud. Publicada 16 de abril de 2009. Tiene el título “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención”. Establece los criterios a observar en la detección, prevención, atención médica y la orientación en materia de violencia familiar y sexual que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud, en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual.

Dicha norma actualiza la NOM-190-SSA1-1999, “Prestación de servicios de salud”, que define con mayor amplitud criterios para la atención médica de la violencia familiar, al hacer más explícita la atención en lo referente a la violencia sexual y contra las mujeres fuera del ámbito familiar.

Además, resalta que referente a los criterios específicos para el tratamiento de las mujeres afectadas por violencia sexual; enfatiza la obligación del personal de salud de proporcionarles servicios de anticoncepción de emergencia o en su defecto, informarles sobre las alternativas para la interrupción legal del embarazo en los términos de la legislación estatal aplicable y garantizarles el servicio médico si lo requieren.

Igualmente, establece la necesidad de brindar a las personas que viven en situación de violencia familiar o sexual una atención con el enfoque de género que permita comprender de manera integral el problema de la violencia; y define los criterios a observar en la notificación al Ministerio Público de los casos de violencia familiar o sexual detectados en los establecimientos de salud.

También contribuye a la prevención y atención de la violencia familiar y sexual; obliga al personal de salud a identificar oportunamente a las personas que viven en esa situación y brindarles una atención integral y de calidad, con el propósito de evitar o minimizar las consecuencias de la violencia vivida en su salud, integridad y desarrollo.

Establece que la atención médica integral de casos de violencia familiar y sexual comprende la promoción, protección y restauración de su salud física y mental a través de tratamiento, rehabilitación o referencia a instancias especializadas e información de opciones frente a la violencia.

La actualización de la Norma es el resultado del impulso que se ha en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, logrando en primer término una serie de ordenamientos jurídicos para que todas tengan derecho a vivir una vida digna.

Instrumentos Internacionales.

Durante los últimos años, los organismos internacionales, los Estados y las organizaciones pro mujeres han subrayado la importancia de dar prioridad a la incorporación del enfoque de género y de derechos humanos en la formulación de políticas, la planeación y las estrategias de desarrollo. Asimismo, han visualizado el papel decisivo que las mujeres han jugado en los procesos de ampliación de la democracia y la consolidación de la paz en sus países. Los contenidos de estos avances encaminados a la vigencia y eficacia de los derechos fundamentales de las mujeres han quedado plasmados en diversos tratados internacionales y leyes nacionales.

Para la ONU, el tema de los feminicidios en México es prioritario. Al respecto expresa que “son casos en los que hay impunidad, porque no hay una respuesta efectiva de justicia identificando a los responsables, sancionándolos y reparando el daño”. [9]

El Máximo organismo internacional destaca que el gobierno mexicano debe atender las recomendaciones formuladas por el Comité de Derechos Humanos de la ONU y las que le han hecho llegar los organismos internacionales preocupados por la violencia contra las mujeres “en especial los feminicidios, que son una preocupación internacional”. [10]

El artículo 133 de la constitución Mexicana establece que los tratados internacionales ratificados por el Senado de la República tienen vigencia en el territorio mexicano. Sin embargo, su lugar en la jerarquía normativa ha generado múltiples discusiones. Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Constitución y por encima del derecho federal y local.

No obstante, cabe mencionar que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha guardado silencio frente a la denuncia de Legisladores del Parlamento Europeo y fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de España en el sentido de que la diplomacia mexicana se ha empeñado en bloquear cualquier mención de los feminicidios durante la cumbre de la Unión Europa y América Latina. [11]

1. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés).

Conocida como “La Carta Magna de las Mujeres”, fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU. Tiene carácter jurídicamente vinculante por los países firmantes. Enuncia los principios aceptados internacionalmente sobre los derechos de la mujer que se aplican en todos los ámbitos.

El fundamento de la convención como su nombre lo indica, está en la “prohibición de todas las formas de discriminación contra la mujer”.

Exige además que se le reconozcan derechos en igualdad a los de los hombres.

Prescribe las medidas a adoptarse por las naciones firmantes para asegurar que en todas partes las mujeres puedan gozar de los derechos que les asisten.

El artículo 17 de la Convención prevé la creación de un Comité ad-hoc, cuya función principal es vigilar la aplicación de la Convención por los Estados Partes.

México ha ratificado esta Convención, su protocolo Facultativo y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.

2. Otros instrumentos internacionales.-

  • Declaración y Programa de Acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, sobre los derechos humanos de las mujeres, como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos. (1993)
  • Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Resolución 48/104 de la Asamblea General de Naciones Unidas. (1993)
  • Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer, (“Convención de Belem Do Para”). Organización de Estados Americanos. (1994).
  • Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, El Cairo (1994).
  • Declaración y Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial de la Mujer. Incluye un Capítulo D, denominado La Violencia contra la Mujer (1995).
  • Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, Asamblea General de Naciones Unidas. (1999).

Legislación Estatal.

1. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de México.

Es de orden público, interés social y de observancia general y obligatoria en todo el Estado de México. Establece la coordinación entre el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de cualquier edad. Define las políticas y acciones gubernamentales para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; impulsar su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, y garantizar con ello su desarrollo integral.

En su Capítulo V denominado “De la Violencia Feminicida y de la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres, define la Violencia Feminicida como “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres producto de la violación de sus Derechos Humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres y de niñas”.

Igualmente describe la Alerta de Violencia de Género como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad.

Cuando se presenten casos de violencia feminicida, los Gobiernos Estatal y Municipales dispondrán las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres y las niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las situaciones de desigualdad en que se encuentren.

2. Reglamento de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México.

Expedido por Decreto el 18 de febrero de 2009. Contiene los principios específicos aplicables a la protección de la integridad física y psíquica, así como la libertad sexual de la mujer y los miembros de su familia.

3. Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.

Promueve el bienestar social integral de las mujeres y los adultos mayores, su incorporación plena y activa en los ámbitos económico, cultural, político y recreativo para mejorar su condición y el reconocimiento de la equidad de género en el Estado de México.

Algunas Conclusiones.

  • En términos jurídicos, con la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007, se dio inicio a un proceso normativo y de aculturación que requiere ser continuado y reforzado permanentemente.
  • En la actualidad, sigue pendiente una amplia agenda de compromisos –principalmente por parte del sector público, aunque no exclusivos- para actualizar y dotar de efectividad al marco normativo en la materia; dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas por los diversos organismos internacionales que se han referido al tema y vigilar el desempeño y la eficacia de los organismos dedicados a atender esta problemática, prevenirla y en su caso, aplicar las disposiciones relativas para corregirla y sancionar a quienes atenten contra los derechos fundamentales de las mujeres.
  • Es necesario abrir un amplio debate sobre la determinación de las medidas más eficaces para atender, prevenir y en su caso castigar la violencia contra las mujeres (cuidando desde luego lo dispuesto en los artículos 1º y 4º constitucionales), entre las que se encuentra la posibilidad de una eventual tipificación del delito de feminicidio, tanto a nivel federal como en el Estado de México en los términos que expresan las leyes locales que ya lo han abordado. Sin perjuicio de ello, nunca debe perderse de vista que las normas por sí solas difícilmente lograrán disminuir y eventualmente erradicar una conducta antisocial, si estas no se acompañan de políticas, programas y acciones claros y concretos, encaminados a lograr realmente una transformación positiva de la cultura social, encaminada al logro de la equidad y en última instancia, a la igualdad entre el hombre y la mujer y la no discriminación ni intolerancia de nadie contra nadie, derechos fundamentales y principios axiológicos consagrados en la Carta Magna.
  • En la consecución de este objetivo del mayor interés nacional, resulta imprescindible hacer una revisión integral del marco jurídico regulatorio correspondiente, a fin de actualizarlo, darle articulación así como capacidad de eficacia a través de planes, programas y acciones en los distintos ámbitos de gobierno.
  • Ello constituirá sin duda un detonante para llevar a cabo el proceso de revisión y armonización de este nuevo marco jurídico normativo nacional y estatal con los instrumentos y recomendaciones internacionales en la materia.
  • Existen condiciones políticas, normativas y financieras para crear un Fondo Nacional de Reparaciones a Violaciones a los Derechos Humanos, del que puedan hacer uso las víctimas, que refuerce y haga más efectiva la actividad actual de los organismos públicos de derechos humanos federal y estatales del país, y permita que quienes atenten contra ellos sean castigados y las víctimas sean atendidos y se logre su recuperación material y moral.
  • Deben eliminarse todo tipo de obstáculos para cumplir las sentencias y los compromisos adquiridos en este ámbito. El apoyo material del Instituto Nacional de las Mujeres, útil y hasta imprescindible, resulta un factor determinante para brindar la atención a las víctimas y sus familiares.
  • En tal sentido y reconociendo el papel clave que al respecto juegan las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas, el Instituto Nacional de las Mujeres está en pláticas para constituir a propuesta de ellas una mesa de seguimiento, monitoreo y evaluación de los instrumentos y mecanismos dedicados a la implementación de la sentencia, para verificar la articulación de las disposiciones con las estrategias y acciones que faciliten y coadyuven con el Estado mexicano a dar cumplimiento dichas resoluciones y recomendaciones.
  • Sobre todo, se debe escuchar la voz de las mujeres, a efecto de que los principios de base, las normas emitidas y las acciones tomadas se adapten a las necesidades, requerimientos y expectativas de este sector que es pilar fundamental de nuestra sociedad y del Estado mexicano.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Las otras formas de violencia hacia las mujeres. Ponencia en el marco de las Jornadas “Mujer y acoso”, organizadas por el Centro de la Mujer de Guadalajara.

[2] Luis Bonino Méndez, “Las otras formas de violencia hacia las mujeres. Ponencia marco de Jornadas “Mujer y Acoso“, organizadas por el Centro de la Mujer de Guadalajara, 1998.

[3] Antropóloga y feminista, “Género y feminismo: desarrollo humano y democracia”, 1996.

[4] Se refiere a homicidio doloso en general, esto es, no solo feminicidio, y comprende solo 31 de las 33 entidades de la República. Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, periodo enero 2007 a julio 2008.

[5] Vid. “Feminicidio sexual sistémico: víctimas y familiares” Tesis doctoral en Ciencias Sociales, Julia Monárrez, UAM Xochimilco. 2005.

[6] Periódico “La Jornada”, 16 septiembre 2010, publicado por Rubén Villalpando.

[7] Califica al feminicidio como un crimen de Estado que se produce tanto en condiciones de guerra como de paz y reflexiona que es en la inexistencia de un Estado de Derecho y en sus fracturas donde se reproducen la violencia sin límite y los asesinatos sin castigo y donde se favorece la impunidad. Señala los casos de secuestros y desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso institucional, llegando a hablar incluso de genocidio contra las mujeres, cuando las condiciones históricas generan prácticas sociales que permiten continuos atentados contra la integridad, el desarrollo, la salud, las libertades y la vida de las mujeres en manos de conocidos y desconocidos, de violentos y violadores, de asesinos individuales y grupales, ocasionales o profesionales. Estos crímenes, seriales o individuales, tienen en común el considerar a las mujeres como objetos usables, prescindibles, maltratables y desechables.

[8] Se refiere a la violencia familiar, sexual y contra las mujeres.

[9] La representante adjunta de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liliana Valiña, publicado en el periódico la Jornada, con fecha 14 de mayo de 2010.

[10] Ibidem.

[11]  Dicha cumbre fue llevada a cabo en Madrid, España, el día 18 de mayo de 2010, contando con los principales líderes de América Latina.

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BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA:

  • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
  • Jill Radford y Diana E. H. Russell , “Femicide: The politics of woman killing” Twayne Publishers, New York, USA, 1992.
  • Luis Bonino Méndez, “Las otras formas de violencia hacia las mujeres”, 1998.
  • Marcela Lagarde, “Género y feminismo: desarrollo humano y democracia”, 1996.
  • “Feminicidio sexual sistémico: víctimas y familiares” Tesis doctoral en Ciencias Sociales, desarrollada por Julia Monárrez, UAM Xochimilco. 2005.

 Referencias (páginas electrónicas)

  • Presidencia de la República (www.presidencia.gob.mx)
  • Cámara de Diputados Federal (cddhcu.gob.mx)
  • Procuraduría General de la República (www.pgr.gob.mx)
  • Senado de la República (www.senado.gob.mx)
  • Consejo Nacional de Población (www.conapo.gob.mx)
  • Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inegi.gob.mx)
  • Congreso del Estado de México (www.cddiputados.gob.mx)
  • Gobierno del Estado de México (edomex.gob.mx)
  • Procuraduría General de Justicia del Estado de México (pgjem.gob.mx)
  • Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua (chihuahua.gob.mx)
  • Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (observatoriodelfeminicidio.blogspot.com)
  • Organización de las Naciones Unidas (onu.org.mx)
  • Organización Mundial de la Salud (www.oms.org.mx)

 

Eleccion del Ombudsman en el Distrito Federal: Hacia una nueva forma de legitimidad democrática

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ELECCION DEL OMBUDSMAN EN EL DISTRITO FEDERAL.

HACIA UNA NUEVA FORMA LEGITIMIDAD DEMOCRATICA.

Por José Ramón González Chávez (2009)

 

Dado el desarrollo evolutivo de su actividad, el Ombudsman de nuestros días guarda una estrecha vinculación con la cultura de los derechos fundamentales y los procesos de transformación social, económica y política de los Estados interesados en constituir o fortalecer sus sistemas democráticos y se encamina a extender su campo de acción hacia otros aspectos cruciales de la vida comunitaria entre los que se encuentran los derechos económicos, sociales, culturales y políticos, en armonía e interacción con los principios y objetivos de otras grandes corrientes institucionales globalizadoras del presente siglo, como el derecho a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.

De ahí que resulte indispensable continuar los esfuerzos tendientes a la democratización de las instituciones que sustentan el Estado Constitucional de Derecho en México, entre las que por supuesto el Ombudsman ocupa un lugar preponderante.

Recientemente, en el marco de la Segunda Asamblea del Parlamento Ciudadano de México, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos dictó una conferencia magistral a la que denominó “Situación de los derechos humanos en México”. En ella señaló que la falta de respeto a los derechos fundamentales en un Estado constitucional pone en riesgo la gobernabilidad. En tal sentido, estos derechos no sólo dan contenido formal y sustantivo a la democracia, sino crean una relación directa entre la ciudadanía y las instancias públicas. Asimismo, que el desarrollo democrático se encuentra estrechamente ligado al respeto de estos derechos, por lo que como indicador sustantivo de la gobernabilidad en nuestro país, debe estar incluido en el diseño y la ejecución de las políticas públicas (Notimex, 15 de mayo de 2010, http://mx.news.yahoo.com/s/15052010/7/mexico-atada-democracia-respeto-derechos-humanos.html).

Bajo tales premisas cabe reflexionar en sentido inverso sobre la democratización del proceso de elección del titular de la Comisión Nacional de derechos humanos como expresión de un derecho fundamental, universal, imprescriptible y no negociable, a la vez que condición de legitimidad y baluarte de esa gobernabilidad invocada.

 

I.- Origen, Naturaleza y Objeto del Ombudsman:

 Origen. 

El término Ombudsman, de origen sueco, se traduce como “representante” o “comisionado”. El antecedente más remoto de esta Institución se localiza en la figura del “Justittie Kansler” creado en el siglo XVI en Suecia para defender los intereses de los ciudadanos ante abusos que pudieran cometer los funcionarios del Estado, examinando la correcta aplicación de las leyes por parte de la administración pública.

Más tarde, la Institución se consagra en la Constitución Sueca de 1809, quedando su ejercicio a cargo de un funcionario designado por el Parlamento, con la misión de vigilar la actividad de los tribunales y analizar las quejas de los ciudadanos contra los actos gubernamentales.

La Constitución sueca de 1947 mantiene esta figura y actualmente es regulada por el documento constitucional denominado “Instrumento de Gobierno “, en vigor desde 1975, de conformidad con el cual su titularidad continúa a cargo de un funcionario dependiente del Parlamento, pero con autonomía funcional y con la atribución primordial de recibir las reclamaciones de los gobernados contra las autoridades administrativas cuando afecten sus derechos e intereses legítimos.

Naturaleza.

Luego de aparecer como Institución Constitucional en Suecia a partir de 1809, el Ombudsman empieza a demostrar su eficacia como órgano controlador de los actos del poder público. Así, traspasa sus fronteras originales, a medida que se va adaptando a las exigencias de una nueva forma de organización social en occidente, producto de la ampliación exponencial de las ramas de acción de la administración pública, reflejada en la propia dinámica impuesta a todos y a todo por la revolución industrial. En paralelo, esta expansión funcional de la actividad administrativa del poder público condujo al crecimiento también constante de los derechos ciudadanos fundamentales, entre los que se encuentran algunos de carácter primordial, como el de audiencia y el de petición.

El modelo de Ombudsman español ejerció gran influencia en Latinoamérica, a medida que los países de la región fueron conquistaron su independencia. Posteriormente, la dinámica globalizadora indujo cambios notables en la organización constitucional del poder público y por ende en su relación con los gobernados. De ahí que a partir de mediados de los años 80 del siglo pasado, se diera prácticamente en cascada un proceso de reformas para insertar la figura del Ombudsman en las constituciones de los países latinoamericanos, al igual que en las de todo el mundo, hasta llegarse a conformar en 1995, en la Unión Europea, de manera realmente innovadora y digna de estudio, como Institución supranacional.

Objeto.

El objeto original del Ombudsman es proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos mediante la obtención de un pronto arreglo, o bien, en caso de no lograrlo, iniciando una investigación para formular recomendaciones a las autoridades administrativas, publicándolas en informes periódicos, generalmente de carácter anual, rendidos al órgano legislativo del poder público.

Sin perjuicio de los matices que naturalmente puedan encontrarse en cada país, el Ombudsman en términos generales es un cargo público caracterizado por su independencia, sus amplias atribuciones de investigación y por su labor pública de atención a las demandas de la ciudadanía contra actos de la administración gubernamental que pudieran lesionar sus derechos fundamentales.

 

II. El Ombudsman en México y su Capital:

El Ombudsman en México.

La defensa de los derechos humanos en México encuentra su antecedente institucional más remoto, no en el ámbito federal (habría que ahondar en las razones) sino a nivel local, con la promulgación en 1847 de la Ley de Procuraduría de Pobres de San Luis Potosí impulsada por Ponciano Arriaga.

Más de un siglo después, hacia el último tercio del Siglo XX, en respuesta a una enérgica demanda social suscitada en el contexto de profundas transformaciones en el ámbito internacional, comienzan a surgir –aunque incipientes- algunas iniciativas institucionales de dimensión nacional, tendientes a la protección ciertos derechos individuales, como la Procuraduría Federal del Consumidor, en 1975; En la Defensoría de los Derechos Universitarios en la UNAM (29 de mayo de 1985); la Procuraduría Social del Departamento del Distrito Federal (25 de enero de 1989). Pero el mayor impulso se siguió dando en los estados y municipios. Como ejemplos de carácter meramente enunciativo, puede mencionarse la creación de la Dirección para la Defensa de los Derechos Humanos en el estado de Nuevo León (3 de enero de 1979); la Procuraduría de Vecinos del ayuntamiento de la ciudad de Colima (1983) cuyo ordenamiento jurídico de soporte, la Ley Orgánica Municipal de Colima (8 de diciembre de 1984), ofrece la opción a los demás municipios de esa entidad federativa a crear instituciones similares. Entre 1986 y 1987 se fundaron la Procuraduría para la Defensa del Indígena en el estado de Oaxaca y la Procuraduría Social de la Montaña en el estado de Guerrero, respectivamente. Más adelante, el 14 de agosto de 1988, en el estado de Aguascalientes se creó la Procuraduría de Protección Ciudadana, incluyéndola en la Ley de Responsabilidades para Servidores Públicos. Algunos meses después, el 22 de diciembre siguiente, surge en el Municipio de Querétaro la Defensoría de los Derechos de los Vecinos.

Respecto de los antecedentes directos de la CNDH, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó el 13 de febrero de 1989 la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde (6 de junio de 1990) nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), constituyéndose como un organismo desconcentrado y por lo tanto dependiente de dicha Secretaría. Otro paso importante se dio el 28 de enero de 1992, al reformarse el apartado B del artículo 102 de la Carta Magna, e instituir dicho organismo bajo la naturaleza jurídica de Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dando origen al llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. En fin, se dio una nueva reforma constitucional el 13 de septiembre de 1999, mediante la cual se erige un organismo constitucional autónomo, con plena autonomía jurídica, presupuestaria y de gestión, con la denominación de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, uno de los temas más debatidos en cuanto a su naturaleza jurídica es la forma de designación o elección de su titular, lo que ha provocado a lo largo del tiempo reformas graduales –aunque desde nuestro punto de vista, insuficientes- para democratizarla. La propia evolución histórica de la institución da muestra de ello.

El Ombudsman en la ciudad de México.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se creó el 30 de septiembre de 1993. No obstante tratarse de la capital del país y de la sede de los poderes de la federación, es el más joven de los organismos públicos de defensa de los derechos humanos en México. Tiene por objeto la protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, así como combatir toda forma de discriminación y exclusión, consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social. Respecto de la forma en que es designado su titular, el artículo 9º de la Ley de dicho organismo señala expresamente que será nombrado por la asamblea legislativa del Distrito Federal, tratándose entonces no de una elección indirecta, sino más bien de una designación colegiada del legislativo local, con un alta dependencia decisoria del partido político mayoritario, que además desde hace más de 12 años sigue siendo el mismo y el mismo también que desde entonces ha postulado y llevado al poder al ejecutivo local en turno, quien por supuesto en tales condiciones es consultado por su propia fracción parlamentaria respecto del aspirante ungido, situación que obviamente pone a este funcionario en una delicada posición de compromiso o acaso alta presión política respecto de sus actuaciones ante quienes lo nombraron.

 

III. Ombudsman, Democracia y Derechos:

Los derechos políticos, estructuran un marco de relaciones entre el Poder Público y el ciudadano que facilitan el diálogo entre gobernantes y gobernados. Desde el punto de vista del derecho constitucional, estos derechos son considerados como todas aquellas condiciones e instrumentos de poder político con que el ciudadano cuenta para participar, configurar y decidir en la vida política del Estado[1].

 

De manera enunciativa, que no limitativa, entre los derechos políticos fundamentales se encuentran los de votar, ser elegido, participar en el gobierno, ser admitido a cargos públicos, ejercer la acción de petición política, asociarse y reunirse con fines políticos, que en su conjunto integran un elemento que sustenta de manera imprescindible el Sistema Constitucional y deben conformar la razón de ser primera y última del Derecho Electoral, encargado establecer las reglas básicas de la democracia, al instrumentar dichos derechos en términos jurídicos y objetivos y garantizarlos en la práctica.

 

Esta relación entre derecho electoral y democracia es doble e interactiva, pues por un lado, el derecho electoral, en tanto que técnica jurídica al servicio de la democracia se erige en el instrumento que la garantiza, al afianzarla mediante el correcto funcionamiento de los procesos electorales; pero también la legitima, en la medida que permite la certeza de que la representación política corresponde a la voluntad ciudadana expresada mediante el voto.

En este último sentido, el derecho subjetivo a elegir está íntimamente relacionado con los demás derechos políticos: en primer lugar con el de libertad de expresión y asociación; al mismo tiempo con el de igualdad de participación en las decisiones políticas del Estado y en general -como afirma Manuel Aragón- “con el resto de los derechos del hombre que por serlo, es precisamente un ciudadano, esto es, un hombre libre que participa en el gobierno de su comunidad[2].

Hoy en día resultaría insostenible una posición que pretendiera negar a los derechos políticos su condición de derechos humanos. Estos se reconocen de manera prácticamente universal, tanto en la esfera de los sistemas constitucionales como en la política y el derecho internacional. Es ahí donde el vínculo entre democracia y derechos humanos cobra un sentido profundo, al ser contrastado con la forma de elección del ombudsman en México.

 

IV. Hacia la evolución Democrática del Ombudsman capitalino:

Cuando se trata de reformas al sistema jurídico, sobre todo en temas como el que nos ocupa, se debe ser muy objetivo, Tal como lo señala Nohlen[3], la historia nos demuestra que solo existe un margen reducido -aunque no inviable- para los cambios en los sistemas electorales, a causa evidente de los densos filtros impuestos por el poder a través de los partidos políticos y el gobierno, naturalmente defensores de un statu quo que solo serán capaces de transformar en la medida que no afecten sus intereses o en el intercambio no haya desventajas.

Es ahí donde una reforma que permita la participación directa de la ciudadanía en la elección del Ombudsman capitalino cobra solidez, pues constituiría para la ciudadanía una garantía de legitimidad; para las fuerzas políticas -especialmente las ubicadas en la oposición, que juntas por cierto, forman mayoría- una garantía de legalidad ante los actos del partido en el gobierno, cualquiera que este sea; y para la institución y su titular una manera de ejercicio objetivo de su autonomía, que si bien no eliminaría, sí al menos disminuiría considerablemente la influencia de los partidos y grupos de presión en la toma de sus decisiones y por ende, dotaría de mayor fuerza y efectividad a sus acciones.

La historia jurídico administrativa de nuestro país nos muestra la extraña paradoja dado nuestro tradicional centralismo administrativo, de que es en las entidades federativas donde con mayor frecuencia se han dado las condiciones para la creación de instituciones innovadoras, cuyo éxito, ha determinado su proyección a escala nacional. Bajo esta pauta, podría ser viable como un ejercicio de transición hacia una elección democrática plena del Ombudsman capitalino un procedimiento mixto, donde la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal hiciera de manera previa la entrevista de los postulantes y seleccionara una terna, sobre la cual pudieran elegir los ciudadanos. Igualmente, haciendo uso de tiempos oficiales en medios, podría asignarse del presupuesto de los partidos un cierto porcentaje, no ominoso pero suficiente, para que los miembros de dicha terna expusieran públicamente su visión y su proyecto, con lo cual la elección sería mucho mejor razonada y legitimada por la ciudadanía.

La evolución del Ombudsman se dirige indefectiblemente a la democratización del proceso para seleccionar a quien debe ejercer tal cargo. Sin duda, la elección directa de un Ombudsman es rasgo distintivo de niveles de desarrollo democrático mayores. Experiencias exitosas de este modelo ya pueden observarse a nivel local, en ciudades como Portland, Oregon (EUA); Erfurt, (RFA); y Sofía (Bulgaria), solo por mencionar algunos ejemplos. Una simple encuesta en el Distrito Federal sería un indicador muy ilustrativo para conocer la disposición de la ciudadanía a elegir a su Ombudsman, dándole total independencia del gobierno y con ello plena capacidad de confrontar y cuestionar decisiones del poder cuando éstas pueden afectar los derechos fundamentales, así como intervenir ante actos que impliquen abusos de la autoridad, exigiendo un actuar apegado a derecho y en su caso la reparación del daño, independientemente de los mecanismos de control y sanción que los órganos del poder público pudieran aplicar a sus funcionarios.

Tal como la experiencia positiva de la figura del Ombudsman sueco se convirtió en paradigmática y trajo como consecuencia su adopción a nivel mundial, así también su elección directa, dada la propia naturaleza de la institución, está cobrando cada vez mayor auge, tal como ya sucede en algunos países en los que al menos a nivel local, los defensores de los derechos humanos son electos directamente por la ciudadanía. Con ello, se garantiza que los candidatos son personalidades realmente cercanas a la comunidad, pero además que no van a responder sino a las exigencias y demandas de quien los elige, es decir, la ciudadanía.

En el Derecho y en la democracia, no hay sistemas ideales, superiores o infalibles, la experiencia histórica nos enseña que el mejor sistema es el que se adapta mejor a las circunstancias cambiantes para cumplir con su misión en un lugar y en un momento determinados. Por eso es importante conocer la evolución de las instituciones jurídicas y democráticas y comprenderlas en su justa dimensión, a fin de aprovechar los elementos que nos sean útiles en la construcción las propias y del futuro de nuestra comunidad política.

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NOTAS AL PIE DE PAGINA:

[1] Dietr Nohlen et. Al. “Tratado de Derecho Electoral Comparado de América Latina”. FCE. México 2007, p.1299.

[2] Aragón Reyes, M. “Tendencias contemporáneas del derecho electoral en el mundo”. Discurso de Apertura del II Congreso Internacional de Derecho electoral, XXIII-XXXVII UNAM, México, 1993.

[3] Nohlen, Dietr, “Los Sistemas Electorales en su Contexto”. Op. Cit. p.36

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BIBLIOGRAFÍA:

  • Ferrajoli, Luigi, “Los Fundamentos de los Derechos Fundamentales”, Trotta, Madrid, España, 2ª Edición, 2005.
  • Nohlen, Dietr, “Los Sistemas Electorales en su Contexto”. UNAM Instituto de Investigaciones Jurídicas, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Universidad Autónoma de Puebla. México, 2008.
  • Nohlen, Dietr, Zovato, Daniel (compiladores). “Tratado de Derecho Electoral Comparado en América Latina”. Ed. FCE, Sección de obras de política y derecho. México, 2007.
  • Ombudsman de las Naciones Unidas. “Defensor de la equidad”. http://www.un.org/spanish/ombudsman/faq.html. Consultada el 25 de octubre de 2009.
  • Rocatti Mireille. “El Ombudsman. Su impacto en los países latinoamericanos”. Revista electrónica “Razón y Palabra”. Núm. 22. Julio 2001. http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n22/22_mroccatti.html
  • Venegas Álvarez, Sonia. “Origen y Devenir del Ombudsman. Una Institución Encomiable?”. UNAM, Serie G, Estudios Doctrinales, núm. 117. México, 1988.

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  • Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

Comentarios al Articulo 165 de la Constitución de Guerrero (Instituto de la Defensoría Pública)

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Artículo 165 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero:

El Instituto de la Defensoría Pública

Por José Ramón González Chávez (*)

 

La Defensoría Pública es una actividad que forma parte de la función judicial y tiene como objetivo garantizar de manera gratuita el acceso pleno a la justicia en condiciones de igualdad a las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios privados de defensa legal para proteger, defender y reclamar sus derechos.

En México, en su calidad de institución jurídico política, la Defensoría de Oficio surgió en la constitución de 1857[1] como parte de las acciones tendentes a concretar la orientación liberalista social de la flamante Constitución Federal, en cuyo artículo 20 aparece como garantía del acusado en asuntos del orden criminal:

(…) 5ª. Que se le oiga en defensa por sí, ó por persona de su confianza, ó por ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio para que elija el que, ó los que le convengan (…).

En el mismo sentido garantista, la constitución de 1917[2] mantuvo el texto, aunque precisó el contenido:

Se le oirá en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará la lista de los defensores de oficio para que elija el que o los que le convengan. Si el acusado no quiere nombrar defensores, después de ser requerido para hacerlo, al rendir su declaración preparatoria, el juez le nombrará uno de oficio (…)

Cinco años después, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero y 25 de septiembre de 1922 respectivamente, la Ley de Defensoría de Oficio Federal y su Reglamento, siendo reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 18 de octubre del año siguiente. En dichos ordenamientos se establecía que el titular y los defensores adscritos formaban parte de ese alto tribunal y por lo mismo este contaba con atribuciones para nombrarlos y removerlos. El titular de los defensores tomaba protesta ante la SCJN, los defensores del Distrito Federal ante el titular de la Dependencia y los foráneos ante los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad federativa.

Siete décadas después, como parte de las importantes reformas constitucionales de 1993[3], el artículo 20 constitucional en su fracción IX (ahora Apartado “B”, fracción VIII) evolucionó en su redacción, precisando esta garantía de defensa para el acusado del orden penal:

“Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera…”

A partir del profundo proceso de reformas al sistema de justicia, iniciado en 1994, se modificó el 26 de mayo de 1995 la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporándose la Unidad de Defensoría del Fuero Federal al flamante Consejo de la Judicatura como órgano auxiliar; y en 1996, la fracción X del mismo artículo 20 del Código Supremo extendió formalmente la garantía de defensa jurídica a las víctimas:

“En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que señalen las leyes.”

El 28 de mayo de 1998 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Defensoría Pública Federal, que actualiza las normas garantes del derecho a la defensa en materia penal, pero también amplía su espectro hacia la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias administrativa, fiscal y civil y para instrumentar esta disposición, se crea el Instituto de la Defensoría Pública Federal como organismo dotado de independencia técnica y administrativa, cuyas bases de organización y funcionamiento se publicaron el 9 de febrero de 2002 y fueron revisadas 13 de septiembre de 2004 y 19 de mayo de 2008.

Como parte de su reforma en materia procesal penal, la constitución federal de 2008 en el penúltimo párrafo de su artículo 17 obliga a las entidades federativas a reformar la “defensoría de oficio” a fin de proporcionar un servicio de calidad, universal y gratuito:

“La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.”

El 29 de enero de 2016, se reformó el penúltimo párrafo del artículo 17 constitucional estableciendo la Defensoría Pública ya no solo como un derecho sino ahora como una garantía constitucional, al abordar los aspectos primordiales para su correcta operación:

“La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.”

De lo expuesto con anterioridad, puede apreciarse que la Defensoría Pública desde su nacimiento en la Constitución desde 1857 ha venido evolucionando hasta concebirse en la actualidad como una garantía que lejos de visualizare como elemento subsidiario al sistema de justicia, se erige en uno de sus elementos sustanciales en términos de establecer el derecho a la igualdad jurídica y su correlativa garantía de equidad, sentando las bases para avanzar hacia una verdadera justicia social, no solo en el aspecto retórico o axiológico, sino como un instrumento tangible, capaz de producir resultados objetivos.

No obstante, si bien en el ámbito federal, desde su creación hasta la fecha la Defensoría Pública se ha concebido como una Dependencia de la SCJN y como tal ha tenido avances jurídicos importantes para institucionalizarla, cabe mencionar que a nivel de las entidades federativas hace falta mucho por hacer, pues en muchas de ellas sigue teniendo que afrontar los avatares del positivismo jurídico y el centralismo político que se aprecia aun en la actualidad a pesar de los cambios teóricos, legislativos, jurisdiccionales y administrativos tendentes a la implantación del Estado Constitucional y su nuevo sistema de justicia.

En la práctica aún falta mucho por hacer para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional[4], pues en lo operativo se padece de escasez de personal, estrategias y programas de capacitación y actualización adecuado, así como limitaciones de recursos financieros, materiales y tecnológicos, que le son necesarios para atender con eficiencia y eficacia a una ciudadanía cada vez más demandante de servicios asociados a la administración e impartición de justicia, debido esto sobre todo a factores como el crecimiento demográfico, el aumento de la incidencia y las ya sistemáticas y crecientes restricciones de índole presupuestal.

En el estado de Guerrero, jurídicamente, la Constitución ha seguido en términos generales la línea marcada por el artículo 20 de la Carta Magna, aunque resalta la publicación en el periódico oficial del estado el 5 de agosto de 1988 de la Ley de Servicio de Defensoría de Oficio, como parte de un esfuerzo de transformación integral de los sistemas de seguridad pública y de administración e impartición de justicia en la entidad impulsado por el entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu, con el cual se amplió la cobertura de esta garantía a grupos vulnerables como las mujeres, los indígenas y los menores infractores.

En lo administrativo, la Defensoría Pública dependió del ejecutivo estatal a través de la Secretaría General de Gobierno hasta el segundo semestre de 2015, cuando en cumplimiento a las reformas a la Constitución política del estado llevadas a cabo en 2014 se procedió a formalizar su traslación hacia el poder judicial.

En cuanto al artículo 165 de la Constitución guerrerense que nos ocupa, cabe mencionar que este no define la naturaleza ni las características, objetivos y alcances de la Defensoría Pública, limitándose únicamente a establecer el Instituto de la Defensoría Pública y a mencionar la denominación de su titular (Defensor General) que será nombrado por el Consejo de la Judicatura, lo que técnicamente nos parece impreciso, pues si bien como estructura del poder judicial estatal, administrativamente se entiende que esta dependencia debe estar vinculada al Consejo, jurídicamente su titular debería ser nombrado por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia estatal, por ser una dependencia íntimamente ligada a la actividad jurídica operativa del poder judicial del estado, además de un factor determinante para la realización del nuevo modelo constitucional y su reciente sistema de justicia acusatorio adversarial, que exige ante todo igualdad y equidad entre las partes.

El apartado número “1” del mismo numeral que establece un Consejo Consultivo para la Defensoría, debería de mejorar su redacción a fin de precisar su naturaleza, objetivos y alcances y que son sus miembros, no el organismo, quienes tienen carácter honorífico y cuyo nombramiento y competencias deberán darse en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en la entidad.

Por su parte, el apartado “2” debería de actualizarse para disponer que los órganos del poder público estatal involucrados den cumplimiento a lo ordenado por el artículo 17 de la Constitución Federal, pues en la actualidad se limita a remitir al Estatuto y Reglamento del Instituto de la Defensoría Pública exclusivamente para definir lo relativo a la suficiencia de su personal jurídico y administrativo, omitiendo otros temas cruciales para su buena operación, como la necesidad de que esos recursos humanos se especialicen mediante programas y acciones de capacitación y actualización; además de que cuenten con los recursos materiales, financieros y tecnológicos necesarios para cumplir con su función.

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(*) José Ramón González Chávez.

Servidor público desde 1977; profesor e investigador desde 1991; consultor desde 1998. Licenciado en Derecho titulado por la UNAM. Estudios de maestría y doctorales en administración pública en el Instituto Internacional de Administración Pública (IIAP) de la Escuela Nacional de Administración (ENA) Paris, Francia y la Facultad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, Universidad de la Sorbona (Paris II). Doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Diplomado en Teoría y Análisis Político (Colmex et. al.) en Administración Estratégica (UIA) Modernización de la Administración Pública (INAP) en Justicia y Democracia (ITAM) y en Argumentación Jurídica (Universidad de Barcelona).

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BIBLIOGRAFÍA:

[1] Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1857, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1857.pdf.

[2] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma a la de 5 de febrero de 1857, texto original, versión facsimilar, Secretaría de Gobernación, Diario Oficial, Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana, tomo V, 4ª época, número 30, 5 de febrero de 1917.

[3] Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm.

[4] Fix Fierro, Héctor y Abad Suárez Avila, Alberto, “Hacia una defensa pública de calidad, El nuevo diseño institucional de las defensorías públicas en las entidades federativas de la República mexicana”, revista Cuestiones Constitucionales, n° 32 México, ene.-jun-2015, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932015000100006.

Comentarios a dos obras de José de Jesús Gudiño Pelayo

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Comentarios a las dos últimas obras José de Jesus Gudiño Pelayo

Por José Ramón González Chávez

Nota introductoria a partir de su lamentable deceso:

Conocí a José de Jesus Gudiño Pelayo. Mi encuentro vivencial con él fue siempre de sorpresa:

– La primera sorpresa que me dio fue cuando me lo topé como compañero de banca en el Doctorado en Derecho: nunca me hubiera imaginado ver a un hombre mayor, abogado consumado y Ministro de la Suprema Corte sentado en un pupitre de una escuela y menos aun en el salón donde yo estaba a punto de tomar mi primera clase doctoral.

– Luego me volvió a sorprender cuando con su trato destruyó la imagen que tenía de él, lo imaginaba adusto, serio, hasta lacónico, cercano al estereotipo del ministro que me produjo aun siendo estudiante de la Licenciatura el film “El Proceso” de Orson Wells, basado en el para mi inolvidable texto de Franz Kafka.

– Posteriormente me volvió a sorprender, cuando me lo encontré integrando del claustro de profesores de la Universidad Iberoamericana. En ese entonces yo daba el curso de Teoría Política en la Licenciatura en Derecho, tenía un semestre de haber entrado y se me ocurrió concursar para una plaza de profesor de tiempo completo en esa universidad, llegó el momento de la evaluación de la terna finalista y al entrar al salón donde era la cita me encuentro que él era parte del claustro que me iba a evaluar. Me reconoció, al final de mi participación hubo una pausa, se me acercó y me dijo con su tono serio pero al mismo tiempo bromista e irónico: “No te preocupes la decisión está tomada a priori pero si te consuela no sabes de la que te salvas de no tener que ver tan seguido a estos compañeros. Me reí y le agradecí el gesto sincero, el destino nos juega a veces travesuras y a las pocas semanas me encontraba trabajando en Oaxaca como Coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso.

– La siguiente sorpresa fue cuando la Universidad de Tlaxcala me pidió que hiciera la presentación de sus dos libros entonces más recientes. Nunca me imagine presentando un libro ya no de un ministro sino de un compañero de generación, bromeé comentándole en privado ahora puedo decirlo. “mi querido ministro acabó usted primero sus dos libros que su tesis doctoral”. Reímos un momento, fue solo un instante la gente se arremolinaba en el ritual de las felicitaciones y las firmas de sus libros.

– La última sorpresa que me dio fue su repentina muerte. Veía el domingo 19 de septiembre (aniversario del sismo de 1985) en la noche las noticias en la tele antes de dormir y las palabras del comentarista noticioso me dejaron estupefacto.

En fin cosas de la vida.

Aquí les dejo la reseña que realicé de sus dos últimos libros, a petición del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas (CIJUREP) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala:

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“LABERINTOS DE LA JUSTICIA”

Obra de José de Jesús Gudiño Pelayo

(Reseña elaborada por José Ramón González Chávez[1])

Publicada el 13 de marzo del 2012

En esta obra se reúnen 15 estudios publicados previamente por el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo en la Revista Lex: Difusión y Análisis, relacionados con temas que el propio autor ha distribuido en tres bloques conceptuales:

  1.     Democracia y Justicia
  • Participación de la SCJN en la construcción del modelo democrático mexicano
  • Transparencia y Democracia: Límites y Excesos
  • Democracia, Estado de Derecho y acceso al juez como derecho fundamental
  • Democracia y reforma judicial.
  1.     El Ejercicio de la Jurisdicción
  • Lo confuso del control difuso de la Constitución. Propuesta de interpretación del art. 133 Constitucional
  • La improcedencia y el sobreseimiento en la controversia constitucional
  • El diálogo judicial contemporáneo en México
  • La especialización como condición para la excelencia de los Tribunales Colegiados de Circuito
  • La Calidad en la Justicia: corresponsabilidad de los jueces, litigantes y partes
  • Preocupación, inquietud y tolerancia. Reflexiones en torno a un nuevo libro de Genaro Góngora
  • Independencia y carrera judicial

III.    Reflexiones en torno al tema de los derechos humanos

  • Recomendación e impunidad: Una respuesta al informe rendido por la Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
  • El Concepto de Derechos Humanos y el marco jurídico de los organismos gubernamentales previstos en el apartado B del art. 102 constitucional.
  • La atribución de protección a los derecho humanos que establece el apartado B del art. 102 constitucional y la jurisdicción de amparo
  • Reflexiones en torno a la obligatoriedad de la Jurisprudencia, inconstitucionalidad del primer párrafo de los arts. 192 y 193 de la ley de amparo.

Dada su variedad temática, igual que en el caso de “Disensos y Coincidencias”, obra publicada casi en paralelo a esta, es difícil dar una opinión particular sobre cada uno de los ensayos incluidos y en tal sentido, “Laberintos de la Justicia” se aprecia con toda su dimensión y brillantez al admirarla en su conjunto.

Democracia, Justicia, Derechos Humanos, son tres de los ejes fundamentales del Estado de Derecho mexicano del siglo XXI, De ahí que haya menester el observarlos –tal como lo hace Gudiño- con una visión de gran angular, que al a vez nos ayudará a comprender mejor al autor, observándolo como en un espejo de tres lunas, en sus facetas de ser humano, intelectual y profesional de la justicia.

Apreciamos en “Laberintos de la Justicia” la continuación congruente y un rico complemento al trabajo como juzgador de Gudiño en el pleno de la Corte, pues muchas de las reflexiones que hace en sus ensayos son reafirmaciones consistentes de lo señalado en sus votos como Ministro y viceversa.

García Ramírez afirma que “la construcción de un orden jurídico se asemeja a la elevación de una pirámide, similar a las que edificaron nuestros antepasados en la extensa superficie de mesoamérica. Estas grandes obras se hicieron a merced al esfuerzo de sucesivas generaciones, cada una en su hora, puso una nueva capa en el magnífico edificio. La suma de esas aportaciones dio cuerpo a la obra, animada por un solo designio común, que es hilo conductor de todos los esfuerzos y razón de todos los afanes. Eso mismo sucede con el sistema jurídico y con los bienes y valores eminentes que recoge y preserva: a partir de ciertos orígenes, nuevos capítulos concurren a establecer la obra compartida, en constante perfeccionamiento, a pesar de las vicisitudes que enfrenta y de los obstáculos que a menudo se le oponen[2].

Consciente de esta superposición evolutiva, el ministro Gudiño Pelayo refiere a los grandes temas de nuestro presente sin desprenderlos de su origen, ni aislándolos de su devenir. Los expone con maestría a manera de mojoneras o linderos, marcando el área sobre la cual ha de transcurrir el examen de nuestras instituciones fundamentales.

En efecto, los temas abordados por él en cada uno de los 15 ensayos que compila esta obra, están por mucho, muy lejos de ser menores. Al contrario, comportan asuntos torales para el presente y el devenir de nuestra Nación, como entidad jurídica – política – social que es, mismos que por ende se encuentran íntimamente relacionados. De tal suerte en la sistematización que realiza, pone al descubierto la trilogía axiológica democracia – justicia – derechos humanos.

La Constitución es expresión pura y fiel de la Democracia, ya que como Ley Suprema de la Nación, está directamente referida a la soberanía del pueblo. En ella se alojan decisiones políticas fundamentales, producto de luchas históricas, experiencias, convicciones, expectativas. Entre ellas destacan sin duda las que inciden en la Justicia como valor e institución fundamental que garantice y proteja la dignidad humana por sobre todas las cosas y que permita asimismo, en instrumentación de este principio y fin primordial, un sano y armónico equilibrio entre los poderes públicos y las diversas instancias de nuestro sistema federal de gobierno.

Y es que como bien lo reflexiona Gudiño a lo largo de sus ensayos, todo Estado moderno es al final de cuentas, antropocéntrico. La Constitución establece, define e instrumenta primordialmente, el compromiso con el ser humano, alrededor del cual hace girar todo el aparato jurídico político. De ahí que la legitimación política del Estado descanse sobre la estructura y características de su Sistema de Derechos fundamentales.

En ese contexto, otro de los temas recurrentes en los ensayos que ahora publica nuestro autor, es el control de la constitucionalidad de normas, que tiene su espacio natural en la impugnación de aquellas que entran en conflicto con la Ley Suprema, incluso en la hipótesis de que no haya lesión ni afectación directa en agravio del demandante de la declaración jurisdiccional. Este asunto, de indudable carácter medular en la construcción de todo esquema de justicia constitucional, hoy por hoy ampliamente examinado en las fuentes de Derecho de gran cantidad de países, está en el centro de las disertaciones del Ministro Gudiño a lo largo de sus ensayos.

Hasta hace muy poco, en México y en muchos otros países, el Poder Judicial era irrelevante para efectos de la explicación de la naturaleza y funcionamiento del sistema político. Los partidos políticos no la consideraban dentro de su plataforma electoral, y si acaso aparecía en algún rincón de la declaración de principios de algunos de ellos. En las campañas electorales a veces se invocaba como un buen deseo o como adjetivo de la forma de gobernar propuesta por los candidatos; los ciudadanos la traían a colación en sus eventuales asuntos de barandilla, pero sin saber ni interesarles a ciencia cierta qué hacían los juzgadores y cómo. Los medios, si acaso, la insertaban en los encabezados de sus páginas salpicadas de rojo y amarillo. Ni siquiera entre los dedicados al tema en el ámbito jurídico y político le prestaban interés, prueba de ello son los escasos estudios al respecto, aunque por fortuna en proliferación reciente como es el caso que hoy nos ocupa[3].

No obstante, en la actualidad e igualmente no solo en México, se comienza a considerar al sistema judicial, su naturaleza libre e independiente, su actuar en tanto que dador del Derecho y atemperador del poder público, como una de las columnas de sustento del edificio democrático.

En sus disertaciones, Gudiño Pelayo nos hace reflexionar en que una verdadera reforma de la Justicia en nuestro país para ser plena y efectiva tiene que atender además de los aspectos que el propio García Ramírez denomina como “macrojusticia”[4] –en parangón con la “macroeconomía”, término hace tiempo tan de moda-, la que atañe a los sujetos políticos y que comprende el equilibrio entre poderes, la división de competencias, los resultados electorales, la distribución correcta de recursos públicos, también los asuntos vinculados a la “microjusticia”, es decir, a la forma en que esta reforma institucional “macro” se manifiesta positivamente y se proyecta sobre la justicia cotidiana, la que afecta a la población para decirlo en términos llanos, y los medios en que los propios ciudadanos pueden activar este proceso mediante los mecanismos previstos para el caso dentro del marco jurídico. Es ahí donde esta obra que hoy comentamos llama nuestra atención, al hacernos ver que democracia, justicia y derechos humanos constituyen la trilogía nuclear de la Reforma del Estado en México.

En su evolución, la democracia mexicana va transcurriendo cíclicamente en una espiral ascendente del terreno de los hechos al terreno del Derecho, con lo que poco a poco encuentra su lugar ya no como situación de facto sino como institución del Estado de Derecho. En este largo y sinuoso transcurrir por los “Laberintos de la Justicia”, José de Jesús Gudiño Pelayo nos guía con su saber y experiencia, mostrándonos el camino, sus avatares y recovecos, e indicándonos la ruta para salir de él victoriosos en la difícil tarea de ser mas democráticos, mas justos, mas humanos.

José de Jesús Gudiño Pelayo

“Laberintos de la Justicia”

Editorial Laguna, México, 2006.

285 p. 23 cm.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Profesor de Derecho de la Universidad Anahuac del Sur.

[2] Exposición en la mesa redonda “Los Derechos Humanos en México”. Organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Secretaría de Gobernación. 4 de diciembre de 2002.

[3] Carbonel, Miguel. “El nuevo papel del poder judicial y la transición a la democracia en México”. En Estudios sobre federalismo, justicia, democracia y derechos humanosHomenaje a Pedro J. Frías. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Serie Doctrina Jurídica. Núm. 146. 1ª Edición. México 2003

[4] García Ramírez Sergio, “Poder Judicial y Ministerio Público”. 2ª ed. México, Porrúa, 1997, pp. 15 y 16.

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“DISENSOS Y COINCIDENCIAS”

Obra de José de Jesús Gudiño Pelayo

(Reseña elaborada por José Ramón González Chávez[1])

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal de los mexicanos, es una de las expresiones más claras del sistema democrático, tanto hacia el interior del propio Estado como en su relación con la sociedad. En el primer caso, conforma el medio de equilibrio de la acción de los órganos e instancias del poder público, al menos en dos sentidos: uno vertical, para resolver las controversias entre el Ejecutivo y el Legislativo; el otro horizontal, para dar el derecho –como decía Ulpiano- en los distintos niveles de gobierno.

El Patrimonio jurídico que la intervención de la Suprema Corte y los tribunales electorales han creado en esta conflictiva etapa de la historia patria, deja a generaciones venideras numerosos precedentes y tesis que interpretan y brindan mayor certeza acerca del contenido de nuestra Constitución y del régimen electoral, y revelan con más claridad dónde están las líneas que entre poderes y gobiernos impone respetarse.. Ese rico patrimonio es su aportación a la construcción de la democracia”[2].

De ahí que la función del órgano cúspide del sistema judicial, hoy más que nunca, en estos tiempos de veloz y profunda transformación, resulte primordial para el desarrollo político de nuestro país, al reducir tensiones y construir al mismo tiempo una salida pacífica a conflictos en temas esenciales para la vida de la comunidad; al convertirse en garante de principios medulares para la convivencia civilizada y pacífica, como la libertad de pensamiento; la tolerancia; la actitud constructiva, el sentido de la necesidad de sobreponer la convergencia en los fondos a las diferencias de matiz en las formas.

Es bajo esta tónica que se inscribe la obra “Disensos y Coincidencias”, editada por la Universidad Autónoma de Coahuila en Coedición con editorial laguna, que se suma a la importante cantidad de publicaciones bajo la autoría de mi estimado compañero de academia en la Universidad Iberoamericana y condiscípulo en el doctorado en Derecho, el ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en la que reúne las argumentaciones de los votos particulares que ha emitido en la toma de decisiones trascendentales para el Derecho mexicano en el seno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como los razonamientos de voto de ciertas causas constitucionales, que si bien resultaron coincidentes con los de la mayoría de los miembros del pleno, poseen causas argumentales que por su distinción consideró menester debían ser expuestas, en loable afán de hacer coincidir el sentir de la mayoría de sus colegas con la Voluntad General, en el más amplio y profundo sentido Roussoniano de la palabra.

Comentar una obra como la que provoca estas líneas, hacer palabra que preceda a la palabra, es labor realmente difícil. Sin embargo, aceptamos el reto yendo más bien sobre nuestros sentimientos y reacciones a la misma que sobre los muchos y muy complejos pormenores jurídicos, técnicos, teóricos y filosóficos que surgen inexorablemente de una lectura detenida y acuciosa.

Al leer esta obra del ministro Gudiño Pelayo, palpamos con gran cercanía el pensar, sentir y actuar de un hombre comprometido consigo mismo, con su sociedad, con su nación.

Es, como opina el ministro en retiro José Vicente Aguinaco, su prologador, “un retablo de lucha dialéctica judicial”, en donde el autor participa con la lanza en ristre de su criterio de jurista en una mano, y con la rienda de su saber y su experiencia de hombre de Estado en la otra.

Disensos y Coincidencias” como ha titulado el autor a esta publicación que se nos presenta ante todo como una “memoria de faena”, es un encomiable ejercicio de recopilación y sistematización, que ordena su contenido en dos grandes apartados:

  • 19 Votos Particulares;
  • 4 razonamientos de voto: uno referente a una contradicción de tesis, uno sobre acción de inconstitucionalidad y dos más sobre controversias constitucionales.

Por supuesto que a cada uno de los muchos quienes con gran interés y hasta pasión nos hemos abocado a la lectura de esta obra, nos llamarán la atención ciertos puntos en específico. Pero creo que donde se aprecia en toda su justa amplitud y brillantez el valor de esta publicación es al admirarla en su conjunto, como creación de una sola pieza.

Bajo esta óptica, la percibimos al mismo tiempo como un documento de Testimonio, de Instrucción y de Exhibición:

  • De testimonio, por la importancia del legado histórico documental del desempeño del autor, en un determinado lapso de su devenir como integrante del máximo tribunal de la República;
  • De instrucción, porque su lectura ilustra –no solo a los estudiantes y a los practicantes del derecho, sino también al público en general- acerca de el fondo y la esencia del quehacer de la Corte en momentos –como ya señalábamos- donde la nación se debate entre la nostalgia al alejarse sin remedio de su pasado y la incertidumbre de su andar por el camino de su porvenir;
  • De exhibición, en fin, porque es testimonio de un arduo esfuerzo de reflexión interna y a la vez expresión de una profunda convicción profesional sobre la ciencia y el arte de dar a cada quien lo que le corresponde, con lo que la obra llega a adquirir un aire realmente autobiográfico:

En un acto de confesión del ser humano ante sí y ante la sociedad de la que forma y se siente parte, Gudiño Pelayo se enfrenta al espejo de su propia realidad objetiva, con el afán de ser a su vez –en sorprendente y bella paradoja- juzgado por la ciudadanía según sus dichos, fiel a sí mismo y a la misión que el destino le asignó como estudiante, practicante y dador de justicia.

A partir de esta última cavilación, llega a nuestra memoria Nietsche, quien afirma en su obra póstuma “Ecce Homo” que un hombre agradecido con la vida, tiene el deber y el gusto de contársela a sí mismo y a los demás. “Narrar la propia vida –sostiene- es al final de cuentas la mejor forma de hacer filosofía”.

Explicarse y explicar a la sociedad las razones por las que ha hecho valer su dicho ante sus iguales y ante la sociedad al fin, es propio de un filósofo, es decir, de un amante de la sabiduría, de un hombre de pensar, vivir y actuar buenos y dignos.

En los disensos, la obra de Gudiño Pelayo es muestra del gallardo ejercicio de la libertad de pensamiento, ese respeto racional a las divergencias, que no son antagónicas, sino solo diferentes; en las coincidencias, su pensar es signo del reconocimiento de la igualdad y armonía de posiciones respecto de sus demás compañeros de pleno.

Como músico tocado por la mano de Themis, da su propia versión de lo que se encuentra escrito en la partitura de la vida social, partiendo del choque dialéctico entre el Ser y el Deber Ser.

Disensos y Coincidencias” es una obra de lectura y estudio promordial, para todos aquellos –juristas o no- que creemos que los altos valores de la Democracia y la Justicia, no obstante ser absolutos, constituyen una luz al final del túnel que nos impulsa a seguir avanzando en el largo y sinuoso camino que nos toca recorrer como polis y como sociedad, para irlos convirtiendo en hechos concretos y tangibles.

Agradeceré para siempre la distinción que me hiciera el autor, como colega, condiscípulo de estudios en el doctorado, y compañero en los colegios de profesores en Derecho de la Universidad Iberoamericana y la Autónoma de Tlaxcala.

José de Jesús Gudiño Pelayo

“Disensos y Coincidencias”

Editorial Laguna – Universidad Autónoma de Coahuila

Colección “Diez Años”

México, D. F., 2006

516 p. 23cm

[1] Profesor de la Universidad Anahuac del Sur.

[2] Gudiño Pelayo, José de Jesús: “El papel de los jueces en la construcción de la democracia”. Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación, “Capilla” del Instituto Cultural Helénico, Miércoles 22 de Marzo de 2006.

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Categorías Sospechosas y Ajustes Razonables

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Por José Ramón González Chávez

La Corte Suprema de Estados Unidos de América y la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) denominan “Categoría Sospechosa” al criterio de interpretación y aplicación del Derecho (normas, principios y prácticas jurídicas) que tiene como fin conseguir la realización del principio fundamental de igualdad de todos ante la Ley ante cuando existan situaciones en la que esta pueda verse amenazada[1].

El origen del concepto “Categoría Sospechosa” se encuentra subsumido en la doctrina del Escrutinio Estricto, elaborado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica para determinar si una regulación afectaba o no la igualdad ante la ley[2]. El primer caso que da cuenta de esta doctrina se encuentra en el fallo “United States vs. Carolene Products Co”, en el que la recurrente postulaba contra de las regulaciones económicas impuestas en el contexto del “New Deal” y que se referían al comercio interestatal de la leche. En el fallo se señaló que:

“… no es necesario considerar ahora si la legislación que restringe los procesos políticos que ordinariamente se pueden esperar para llevar a la derogación de la legislación indeseada estará sujeta a un más elevado escrutinio judicial bajo las prohibiciones generales de la enmienda catorce que otros tipos de la mayoría de legislación”

El principio de Escrutinio Estricto se percibe con claridad en el caso “Bolling vs. Sharpe” en el que se reclamaba contra la segregación en los colegios públicos del distrito escolar de Columbia, que afectaba los derechos de los niños de color que se encontraban asegurados en la quinta enmienda de la carta fundamental. La Corte Suprema acogió la demanda, y en cuanto al tema de la segregación, declaró que:

“…clasificaciones basadas sólo en la raza deben ser escrutadas con un cuidado particular (el subrayado es mío) porque son contrarias a nuestras tradiciones y por lo tanto constitucionalmente sospechosas”.

Si bien el concepto “Categoría Sospechosa” ha sido utilizada por décadas en la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de aparición relativamente reciente y en muchos casos se ve confrontada a la aplicación de los principios de Control de Constitucionalidad e Interpretación Conforme, tal como lo muestra el paradigmático caso para el tema que nos ocupa denominado Atala, Riffo y niñas vs. Chile[3].

En México, la Categoría Sospechosa se entiende como todo aquel rasgo prohibido que menoscaba o amenaza la dignidad humana por medio de un trato diferenciado, que produce desventaja hacia determinados grupos estereotipados sin que exista una razón que la justifique[4].

En nuestro orden Constitucional, de manera meramente enunciativa, la vinculación del principio de igualdad con otros derechos podemos constatarla desde el inicio mismo de la redacción del primer artículo de la Carta Magna:

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. (…)

Lo mismo sucede en el caso de las resoluciones jurisdiccionales, en las que sistemáticamente el principio de igualdad se encuentra presente y relacionado con muy diversas situaciones de hecho y de Derecho derivadas de conductas de particulares o de autoridades y órganos del poder público del Estado, por ejemplo, cuando el legislador puede cometer un error en la determinación del supuesto abstracto (desigualdad formal) o cuando el juzgador omite este criterio al aplicar la norma al caso concreto o bien, en sentido negativo, cuando no aplica un trato diferenciado cuando lo sujetos se encuentran en condiciones de desigualdad (desigualdad sustantiva)[5].

El nuevo modelo constitucional garantista y los principios que lo sustentan, como la supremacía de los derechos fundamentales, el principio pro persona, el interés superior del menor, el control de convencionalidad, la interpretación conforme, la integración al sistema de los instrumentos jurídicos y decisiones jurisdiccionales de carácter internacional, solo por mencionar algunos. requieren de una aplicación más sistemática de este criterio para hacerlo realizable, lo más justo y lo menos dependiente posible de las apreciaciones subjetivas por parte de los distintos operadores jurídicos. Eso es a lo que podemos llamar “ajuste razonable” esto es, el control de los parámetros usados por el tomador de decisiones jurídicas para dar justicia conforme al principio jurídico universal de igualdad en el marco del nuevo modelo constitucional, cuando esta se violenta o se corre el riesgo de que sea transgredida.

Es importante mencionar que la igualdad tiene una naturaleza transversal respecto de otros derechos fundamentales; por ello, de forma directa o indirecta, siempre se encuentra vinculada a estos. Lo amplio del tema por sí solo da para hacer toda una tesis sobre la presencia del principio de igualdad solamente el ámbito constitucional.

El derecho a la igualdad también se relaciona estrechamente con una de sus garantías más importantes: la equidad. En tal sentido, como lo señalan los fallos de la corte Suprema de Argentina números 124:122; 126:280; 127:118; 151:359; 157:28; y 184:592[6]:

“… la garantía de igualdad no impide que se contemplen en forma distinta, situaciones que se consideran diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria, ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo…”

Afirmación que es coincidente con el apotegma que postula:

“Justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”,

lo que nos lleva a ligar este principio con el de razonabilidad, sin duda igualmente determinante en la realización del nuevo modelo constitucional, pues en todo caso el legislador, o el juzgador o en general todo tomador de decisiones jurídicas debe hallar un límite a cierto tipo de argumentaciones que, sobre la base de que las personas desiguales en alguna característica, intentan, por esa sola razón, justificar diferencias de trato entre ellas[7] y cuándo una restricción a un derecho resulta compatible con la Ley Fundamental, en ambos casos por razones de muy variada índole, tales como las siguientes:

  1. Sexo: Recurso frecuentemente utilizado para argumentar desigualdad por ser de sexo o preferencia sexual diferente.
  2. Religión: se arguyen prácticas religiosas que se confrontan con normas jurídicas, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová y los símbolos nacionales, el servicio militar obligatorio, la transfusión sanguínea en caso de emergencia, etc.
  3. Edad: Empleado en muchos casos para pretender justificar el ejercicio o cese de una actividad profesional o la limitación a ciertos derechos individuales o colectivos por el simple hecho de tener cierta edad.
  4. Origen étnico: Cuando por razones jurídicas, políticas, sociales y hasta culturales, a veces de carácter histórico, se hace nugatorio el ejercicio de derechos fundamentales, o se exigen otros de los cuales los demás que no pertenecen a ese grupo, no gozan.
  5. Discapacidad: Caso en el que similar al anterior se discrimina y se niega o impide el goce de derechos fundamentales por ese solo hecho.
  6. Pertenencia Gremial: Usado generalmente para rechazar, de un lado, o pretender y gozar en exclusiva de ciertas canonjías, del otro, por el hecho de pertenecer a una organización, sindicato, asociación, etc.
  7. Condición socioeconómica: se presenta generalmente en condiciones de facto o de iure pueden darse exclusiones del ejercicio de ciertos derechos o goce de otros en exclusiva, por tal causa.

Todos estos aspectos nos hacen reflexionar sobre la naturaleza tan delicada y sensible de la determinación de las Categorías Sospechosas y sobre todo, de los Ajustes Razonables que todo operador jurídico debe hacer en la comprensión, interpretación, argumentación y resolución del caso concreto cuando la igualdad está o puede estar en juego.

Es justamente en la aplicación práctica de la norma constitucional al caso concreto que se presenta con la mayor claridad la disyuntiva en cuanto al momento, forma y términos de aplicación del Ajuste Razonable para hacer efectivo el principio fundamental de igualdad, pues no siempre resulta más o menos evidente, como en el caso de los grupos vulnerables y a veces las fronteras de aplicación son muy frágiles y de tratamiento no solo jurídico, sino también político, social e incluso cultural, como en el caso de los extranjeros respecto de los nacionales, la migración, la discriminación, entre muchos otros. De ahí que se requiera de parámetros ciertos y concretos para poder hacer una interpretación y aplicación jurídica eficaz.

Así pues, si bien el concepto de Categoría Sospechosa permite avanzar formalmente en la defensa y protección del derecho fundamental a la igualdad, es necesario que esta se complemente desde el punto de vista material poniendo énfasis en que el Estado adopte medidas tendentes a remover los obstáculos que impidan de facto su pleno goce y disfrute y que los operadores jurídicos haga uso cuidadoso del Ajuste Razonable en su argumentación y la consecuente resolución del caso.

 

 

BIBLIOGRAFIA:

 

[1] Treacy, Op cit. p. 181 y ss.

[2] Íñiguez Manso, Op. Cit.

[3] Se puede consultar la resolución de la CIDH sobre este caso en la página http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf

[4] Avendaño, et al., Op. Cit., pp. 46 y ss

[5] Ídem.

[6] Treacy, Op. Cit., p. 184.

[7] Treacy, Op. Cit., p. 185.

 

Amnistía: Posibilidad o Falacia

amnistia
Por José Ramon González Chávez
Uno de los objetivos esenciales que explican la existencia misma del Estado es la necesidad de garantizar por parte del poder público, dentro del territorio o fuera de él en casos específicos, la integridad física, familiar y patrimonial de la población. Como parte de este fin primordial del Estado, el reconocimiento, protección y promoción de los derechos fundamentales mediante instrumentos e instituciones que los garanticen, conforma uno de los principales pilares en los que se sustenta todo sistema constitucional contemporáneo.
En consonancia con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Plan nacional de desarrollo, contempla en síntesis pasar de un Estado de Derecho, meramente legalista, a una Sociedad de derechos, garantista, en donde todos, sin excepción, tengamos posibilidad de ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras correlativas obligaciones apoyados en las garantías constitucionales y mediante el establecimiento de políticas públicas, programas y acciones específicos soportados en los medios necesarios que permitan convertirlos en actos concretos.
En todo Estado Constitucional, deberes y derechos se integran correlativamente en la actividad social y política. En tal sentido, a un lado de este marco de derechos y garantías, que son de y para todos, está el cumplimiento del deber, también de todos y todas, de acatar el orden constitucional.
Factores de distinta naturaleza que afectan actualmente al país, como la pobreza, la marginación y la inseguridad, inciden negativamente en el desarrollo armónico de la sociedad. Provocan, por parte de diversos grupos sociales, manifestaciones y protestas dirigidas a autoridades de los distintos ámbitos de gobierno, y en la exigencia de solución a sus planteamientos, algunos de sus miembros se ven involucrados en la comisión de actos delictivos, con el consecuente ejercicio de acciones legales en su contra.
Superada la etapa crítica del conflicto político y social y teniendo por supuesto que los móviles que indujeron en su caso a la comisión de actos delictuosos pudieron tener una intención altruista, aunque fuesen en su caso equivocados los medios puestos en práctica para modificar las injusticias reales o supuestas que dieron pie a la alteración del orden, es deber del poder público del Estado resarcir las heridas y encauzar la vida pública hacia una plena normalidad, propiciando el olvido de las diferencias surgidas, haciendo posible que las personas que pudieron haber cometido actos presuntamente constitutivos de delitos, se reintegren a la vida cotidiana en beneficio de su comunidad, su entidad y el país, sin detrimento del derecho a la reparación del daño de quienes pudiesen haber sido afectados por tales actos y el compromiso legal de no reincidencia de sus comisores.
Es así que la amnistía concilia partes en pugna para recuperar la armonía social. El proceso construcción de una paz duradera, a nivel local o nacional, exige la creación de condiciones que generen confianza en la sociedad, entre las que por supuesto se encuentra la creación y aplicación de disposiciones jurídicas de cumplimiento inmediato que hagan propicia la reconciliación y reunificación de los intereses en pugna y la reivindicación de los derechos de los afectados por ellos, en un marco de armonía, concordia y respeto compartidos.
En todo caso, la amnistía como acto del poder público del Estado –uno de los muchos mecanismos que deben intervenir para una paz duradera y constructiva-, debe contener ciertos elementos indispensables ente los más importantes: a) Ser decretada por razones de orden público para extinguir las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de delitos comunes e infracciones contravencionales o disciplinarias que se hubiesen cometido con anterioridad; esto es, delitos no tipificados como graves por el derecho penal vigente; b) Produce la extinción de todas sus consecuencias represivas, sin individualizar a los destinatarios del beneficio, quienes no pueden renunciarlo; y, c) una vez reconocido por una resolución judicial como cosa juzgada, es irrevocable, pero d) Subsiste la reparación de daños y perjuicios y la responsabilidad civil, quedando a salvo los derechos de quienes puedan exigirla por haber sido victimas de daños a su integridad física o patrimonial, e incluye e) el compromiso de no reincidencia, esto es, de los que realizaron tales daños de no volver a actuar de esa manera.
Uno de los requisitos indispensables de toda Ley de Amnistía es su temporalidad. Lo que no es otra cosa que precisar por parte del Poder Legislativo del caso que corresponda el período de tiempo que va a cubrir en el que se dieron los acontecimientos delictivos y los daños a resarcir, lo que debe de ser concertado previamente con las partes y terceros involucrados, a fin de abonar a una reconciliación basada en el consenso general;
Los supuestos descritos con anterioridad se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73 fracción XXII, dispositivo que otorga al Congreso de la Unión la atribución de conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la federación y que para decretarla a nivel estatal, deba hacerse mediante una Ley; que los delitos sean del fuero común, preferentemente vinculados a situaciones de conflicto social, y que beneficie a una pluralidad.
Sin embargo, la medida tiene un impacto mayor si atiende lo relativo a las consecuencias materiales y morales sufridas por las víctimas de los actos delictivos que se pretende olvidar, en el más decidido afán de encontrar puntos objetivos de encuentro entre las necesidades de paz y los estándares mínimos de otorgamiento de justicia que garanticen los derechos fundamentales de las víctimas y para los ofendidos, la verdad y la reparación del daño.
En el mismo sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 485 fracción VI prevé la amnistía como una de las causas que extinguen la pretensión punitiva o la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas, sin perjuicio de la reparación del daño –reitero- necesariamente correlativa a la amnistía en términos de dar realmente justicia, lo que por cierto nunca se ha mencionada ni siquiera de refilón en la mencionada propuesta del ocurrente y gracioso candidato presidencial.
Por su parte, la legislación federal de la materia insta a la Secretaría de Gobernación a proponer a los gobiernos de las entidades federativas a realizar las gestiones ante sus respectivos congresos para promulgar leyes de amnistía concordantes con lo dispuesto por el ordenamiento federal.
Por todo lo expuesto, podemos ver con toda claridad que lo dicho por el candidato del MoReNa y muchos de sus seguidores poco instruidos política y jurídicamente sobre la amnistía que pretende dar a narcotraficantes, sus cómplices o copartícipes de ganar las elecciones es poco o más bien nada innovador, pues la figura ya existe con antelación en la Carta Magna y sus leyes derivadas y ha sido desde siempre perfectamente aplicable y sus presupuestos jurídicos y políticos totalmente claros y comprensibles.
Pero además es falso, pues la posibilidad de aplicarla según la Constitución Federal es para delitos comunes y por actos relacionados con reivindicaciones políticas, no por razones de narcotráfico, delito que es del orden federal, sin contar otros aunados a este también graves los homicidios, los secuestros, las desapariciones, el lavado de dinero, entre otros y más falso aun pretender aplicarla sin sanciones para sus comisores ni reparación del daño para las víctimas, lo cual a todas luces convierte ese dicho en una real y soberana falacia.
Cierro mi exposición con un comentario marginal respecto del Indulto, figura jurídica que por ignorancia o ceguera política de mala o buena fe, incorrectamente se ha llegado a confundir o tomar como sinónimo de la Amnistía.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el indulto como “La Gracia que excepcionalmente concede el jefe del Estado, por la cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna” o bien puede exceptuarla o eximir a alguien de sus obligaciones para con la ley. En concordancia con esta definición, jurídicamente el indulto implica la extinción de la responsabilidad penal por perdón de la autoridad bajo ciertas circunstancias.
En la legislación mexicana, el indulto se prevé en primer lugar dentro de las atribuciones conferidas al Presidente de la República en el artículo 89 fracción XIV en el sentido de: “Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales” del cual podemos extraer tres elementos característicos sustanciales: 1) Es atribución exclusiva del Ejecutivo como Jefe de Estado; 2) Se concede conforme a las leyes, esto es, según lo dispuesto en los ordenamientos secundarios de la materia; y 3) se otorga a los reos de delitos federales, quedando a cargo de los gobiernos estatales la expedición de sus respectivas leyes de indulto para quienes cometan ilícitos locales.
De ahí tenemos que el Indulto es distinto a la amnistía, pues en esta se trata del olvido del acto delictivo del orden común cometido por razones políticas, con el fin de lograr la paz y la armonía social; mientras que el Indulto supone el perdón de la pena, es decir, que el reo sigue siendo culpable de un delito federal pero se le ha perdonado la pena por encuadrarse a ciertas circunstancias de contexto, como por ejemplo: ser primo delincuente; no tratarse de un delito de crimen organizado y/o infamante o que tenga que ver con la vida e integridad de las víctimas; que se haya cumplido más de la mitad de la pena y que durante este lapso se haya tenido buena conducta, solo por mencionar las más comunes.
Además, el indulto a diferencia de la amnistía puede set total (extinción de las penas por todos los delitos cometidos) o parcial (remisión de alguna pena o conmutación por otra menos grave), y general (a todos quienes entren en el supuesto) o particular (a una persona en específico).
Por lo tanto, esta figura tampoco podría ser aplicada tal como lo propone el candidato presidencial del MoReNa para los narcotraficantes, sus cómplices, coautores o copartícipes, tal como lo han reconocido varios de sus asesores, pues tanto en el indulto como en la amnistía, los delitos de crimen organizado están excluidos del beneficio del olvido o del perdón.
Grave es construir falsas expectativas mediante falacias, pero más grave aún aprovecharse de la ignorancia o la buena fe de los ciudadanos –o ambas cosas- para hacerse el simpático pasándose por el arco del triunfo la ley y con ello pretender conseguir más votos.