Luigi Ferrajoli: Algunos de sus postulados fundamentales

LUIGI Ferrajoli

Algunos de sus postulados fundamentales

Por Jose Ramon Gonzalez

SOBRE GARANTISMO

1.-Papel del Garantismo en el paradigma del Estado constitucional.

  • El Garantismo es introducido en el léxico jurídico en Italia en los 70’s dentro del ámbito del derecho penal, Sin embargo, su aplicación puede extenderse a todo sistema de garantías de los derechos fundamentales. 
  • El Garantismo es sinónimo de Estado Constitucional de Derecho. 
  • En un sistema jurídico concebido como Estado de Derecho en sentido fuerte, la ley no es solo condicionante sino que también está condicionada por el respeto a los derechos fundamentales. 
  • En el paradigma constitucional las leyes están subordinadas no solo a normas formales sobre su producción, sino también a normas sustanciales, esto es, a derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La existencia de las normas depende del apego al procedimiento formal para su producción, mientras que la validez la da el respeto y la coherencia con los principios constitucionales. 
  • En el Estado Constitucional de Derecho se incorpora no solo el ser, sino el deber ser del Derecho. bajo este postulado puede caber la posibilidad de que se dé un derecho formalmente válido pero ilegítimo. 
  • La omnipotencia del Legislativo, de la política, del legislador es hoy inaceptable. El Estado Garantista o Constitucional de Derecho es un Estado de Derecho perfeccionado en el que no existe poder que no esté sujeto a la Ley.

2.- Interpetación del garantismo a la luz de la teoría política clásica.

  • Esto se puede interpretar como más Locke y menos Rousseau. La primacía Rousseauniana de la voluntad general como expresión de la voluntad popular es una dimensión política formal de la democracia, esencial, pero en la democracia constitucional ya no exclusiva. En este nuevo paradigma no siempre lo que decide la mayoría por ese sólo hecho adquiere validez. Ninguna mayoría, ni aún por unanimidad se puede suprimir o limitar los derechos fundamentales (dimensión sustancial). Una cosa es quién decide y cómo; otra es qué es lícito decidir y que no. 
  • Pero a diferencia de Locke no se trata aquí solo de derechos negativos como el de libertad o el de propiedad, por cierto, de naturaleza muy distinta unos de otros. En el constitucionalismo moderno, junto con los derechos de libertad también existen derechos a prestaciones positivas, derechos sociales a la educación, a la salud, a la subsistencia, al trabajo, es decir, derechos que involucran una expectativa al comportamiento ajeno y a los que deben corresponder obligaciones o deberes públicos de hacer.

3.- Papel de la Jurisdicción en la protección de los derechos.

  • Cuanto más se desarrolla un sistema de límites y vínculos a los poderes públicos, más aumenta el papel de la jurisdicción como órgano de control de la elaboración del derecho. 
  • Desde el punto de vista de la jurisdicción constitucional, el juez tiene a su cargo el control de la legalidad producida por los poderes públicos. Pero desde el punto de vista garantista la jurisdicción está fuertemente limitada. Su legitimidad no tiene una base democrática como en la rama ejecutiva o legislativa, sino en el apego a la Ley y en un sentido más amplio por la verdad de sus decisiones. 
  • Una sentencia es fundada, no solo válida sino también legítima o justa si su  motivación es verdadera. El consenso de la mayoría no hace que lo verdadero sea falso o viceversa. La verdad jurídica depende de la existencia de garantías y del apego a la legalidad. 
  • El sistema de garantías puede reducir el espacio de discrecionalidad judicial, pero no eliminarlo. Persiste siempre en varias partes del proceso pero lo importante es que existan esas acotaciones pues esto facilita la definición de la verdad.

4.- Garantismo ante la corrupción de los poderes públicos y privados.

  • El garantismo es un paradigma de carácter general que procura un sistema de límites y vínculos respecto de los poderes. 
  • La corrupción de los poderes públicos supone una ruptura del paradigma del Estado de Derecho y la lesión del sistema democrático y sus principios de publicidad, transparencia, responsabilidad, visibilidad. 
  • La concepción demócrata liberal de que el garantismo es solo equivalente a la imposición de límites a la actuación del juez dejando fuera de su alcance a los poderes económico (libertad igual a poder ilimitado del mercado) y político (libertad igual a poder ilimitado de la mayoría) es neo-absolutista. 
  • En este sentido, el Estado de Derecho consiste en la sujeción de los poderes a la Ley y la jurisdicción en el medio de control de la ilegalidad de los actos de estos.

5.- Constitucionalismo Global y ciudadanía.

  • La Carta de la ONU es una embrionaria Constitución global; también la declaración universal de los derechos humanos de 1948. son cartas que han cambiado la naturaleza del derecho internacional, subordinando también los Estados a la Ley. El Estado de Derecho puso límites a la soberanía interna, sujetando a todos los poderes a la Ley. La Carta de la ONU puso límites ala soberanía externa cambiando la naturaleza de las relaciones internacionales, han pasado de ser un código fáctico a un ordenamiento jurídico, ya no solo a nivel diplomático sino también jurídico, eliminando derechos como el de guerra, y limitados por la existencia de normas como los derechos fundamentales que ya no solo se protegen dentro de los Estados sino también frente a ellos, con fundamento en la Carta aunque todavía carente de coercitividad objetiva, básicamente por la carencia de jurisdicción internacional penal que pueda convertir las disposiciones normativas en justiciables. 
  • No obstante, existe una gran ilegitimidad jurídica, antes que política o moral, en el sistema de relaciones internacionales, posee la gran laguna de la ausencia de garantismo que la cultura jurídica debe denunciar y la política llenar. 
  • En ese sentido, el horizonte del constitucionalismo global aparece aun muy lejano, aunque utópico, es decir, se mantiene como punto de referencia, igual que como lo ha sido por tanto tiempo el paradigma democrático. 
  • La ciudadanía nace como una característica propia del concepto de soberanía, basada en la igualdad, como fundamento de los derechos civiles y de la inclusión en el ámbito interno. Pero en el contexto internacional, es un requisito premoderno, el último elemento que distingue a las personas por un accidente de nacimiento y esta situación deberá ir cambiando con el tiempo (ahí está el caso de la ciudadanía múltiple europea).

Importancia de la Investigación Jurídica en el México del Siglo XXI

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IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN EL MÉXICO DEL SIGLO XXI

Por José Ramón González[1]

(Publicado en la revista “Mundo del abogado”, agosto 2009)

 

La investigación es una de las actividades más importantes para el desarrollo de toda nación. Ésta, junto con la docencia y la extensión académica, conforma la trilogía básica con que debe contar toda institución de enseñanza superior, pública o privada.

En el campo del Derecho, históricamente y hasta hace relativamente poco, la investigación en México y en general en Latinoamérica ha tenido un carácter deontológico documental, es decir, se ha orientado al estudio de la norma jurídica escrita, debido sobre todo a la fuerte influencia del positivismo Kelseniano y sus variantes en la teoría y la praxis jurídica de toda la región y los países que la conforman.

Durante el siglo XX y más notablemente a partir de la década de los 70, el conocimiento ha sufrido un envejecimiento uniformemente acelerado. Mantenerse al día es cada vez más difícil para los dedicados al derecho, independientemente de su actividad profesional. El surgimiento y evolución de las redes, procesos y tecnologías de información y comunicaciones, aunados a lo que llama Luigi Ferrajoli la hiperinflación jurídica, hacen que lo que podemos llamar Derecho se vaya volviendo cada vez más complejo de conocer, comprender y aplicar, a tal grado que el mismo principio general que postula que la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento se encuentra en una severa crisis, productora de un serio debate que lo llega a poner en tela de duda.

Estudiar y comprender la realidad social para conducirla a través del Derecho; observar el impacto objetivo de las normas sobre las conductas del ente colectivo para perfeccionar el sistema jurídico, es un quehacer que desde siempre nos ha ocupado a los juristas. Pero a medida que la propia civilización avanza, que las personas, grupos y naciones amplían sus espectros de interacción, que la globalidad se impone objetivamente ante lo nacional y lo local, la profesión nos exige un cambio de actitud que nos permita al menos seguirle el paso a una sociedad cada vez más dinámica, y nos coloque a la altura de las circunstancias, convirtiendo en normas la realidad viviente.

Los problemas del presente y del futuro no pueden enfrentarse con herramientas y medios del pasado. La visión positivista o si se quiere formalista, que en su momento tuvo un gran alcance y utilidad, resulta cada vez más limitada, pues el Derecho, con todos los diferentes significados que pudiera implicar el término, se constriñe cada vez menos al mero producto del trabajo del legislador, del gobernante o del órgano jurisdiccional, abriéndose campo una visión más amplia, ubicada en una nueva perspectiva  que permite observarlo como un producto cultural, fuertemente permeado, en el plano horizontal, por los distintos factores del quehacer humano, ya sean sociales, económicos, políticos y culturales; y en lo vertical, como un fenómeno interactuante al mismo tiempo en diferentes ámbitos, que se circunscriben desde lo local, hacia lo nacional, lo internacional, lo regional y lo global.

En el contexto de la investigación jurídica, lo anterior nos lleva a afirmar que la contraposición de esta creciente complejidad y mutabilidad de la dinámica social en sentido amplio con los esquemas tradicionales y cerrados de producción de conocimiento jurídico, produce una contradicción esencial, primero al interior del Estado y luego en las instituciones de enseñanza superior, a la cual se intenta hacer frente desde diferentes trincheras.

Expliquémonos:

Desde su nacimiento como disciplina del saber humano, el Derecho ha tenido que buscar la manera –aunque hay que admitir que no siempre con éxito– de ponerse en forma y al día para seguirle el paso a la realidad, comprenderla, interpretarla y darle a la sociedad una forma de organización y convivencia más actual y eficiente. En este sentido, la investigación jurídica cumple un papel crucial en toda sociedad, en tanto que diagnostica un problema jurídico, entrega un pronóstico y ofrece posibles respuestas o alternativas de solución desde el punto de vista jurídico, considerado el Derecho como una triple conjunción entre ser, deber ser y tener que ser. De ahí que el Derecho requiera hoy más que nunca de una investigación documental y empírica actual, a fin de, entre otras muchas cosas:

  • Obtener más y mejores datos e información para analizarlos y tomar decisiones adecuadas en prácticamente todos los ámbitos del quehacer humano;
  • Profundizar aspectos de una cada vez más amplia realidad socio jurídica;
  • Conocer nuevas teorías y sus desarrollos, para resolver problemas más complejos;
  • Analizar conceptos e ideas, comprobar o verificar hipótesis, vertidos todos ellos en infinidad de documentos existentes, y crear a partir de su reflexión y estudio nuevos enfoques metodológicos, tendientes siempre a reciclar conocimiento con valor agregado;
  • Vincular la teoría con la práctica, el deber ser con el ser social;
  • Modificar (crear, reformar extinguir) los diversos productos jurídicos para atender mejor y de manera más expedita las necesidades de la comunidad;
  • Evaluar la eficacia de las normas jurídicas; diagnosticar y conocer el derecho y su evolución en el tiempo y en el espacio y la manera en que contribuye al enriquecimiento de nuestro patrimonio cultural, a todas las escalas;
  • Ayudar a resolver problemas jurídicos concretos (conflictos, negociaciones, contradicciones, lagunas, imprecisiones, demandas, etc.).

En el ámbito académico, en general, los juristas hemos reaccionado con relativa lentitud. No es sino hasta tiempos relativamente recientes (curiosamente primero en el postgrado, pero afortunadamente ahora también en licenciatura) que las instituciones de enseñanza superior se han preocupado –y sobre todo ocupado– por incluir al inicio de sus programas de estudio la materia de Metodología de la Investigación Jurídica, con el objetivo de aproximarse a la disciplina no solo en los estudios teóricos, sino también en la aplicación práctica de los principales métodos y técnicas, formas de análisis y observación de la realidad. Para tal efecto, han incorporado tal asignatura en calidad de obligatoria a veces, electiva en otras.

En licenciatura, empero, es necesario resolver ante todo, la contradicción (desde nuestro punto de vista solo aparente) entre la investigación científica del Derecho y la orientación específica de alto sentido pragmático de las universidades privadas que cuentan con esta carrera.

En cuanto al postgrado, la asignatura de Metodología de la Investigación Jurídica intenta, a partir de un nuevo enfoque tanto en las especialidades como en maestría, formar a un especialista con una visión integral y una actitud científica, de tal manera que enfrente la realidad con una posición que vaya más allá de lo que el formalismo jurídico le plantea; y por ende, que asuma un rol activo y creativo en los procesos de búsqueda, adquisición y aplicación de los conocimientos jurídicos, que se materializarán en la presentación de resultados, mediante tesis, reportes de prácticas de campo, estudios de caso, proyectos de ley de resoluciones judiciales, de políticas públicas, etc.

A nivel de Doctorado, la asignatura de Metodología de la Investigación Jurídica resulta un gran aporte cualitativo y cuantitativo para el estudioso en su labor de generación de un conocimiento jurídico relevante, particularmente dentro de las líneas de investigación denominadas emergentes. Es impostergable que las instituciones de ecuación superior asignen a sus profesores e investigadores objetivos institucionales de investigación, tal como se realiza desde hace tiempo en las universidades de los países con alto nivel de desarrollo. Esto antes que un asunto de recursos materiales, es cuestión de actitud y de organización, de lo cual ejemplos sobran.

Vale mencionar que gracias a las nuevas herramientas tecnológicas de comunicación como la Internet, se están creando a nivel nacional, internacional y global, bibliotecas, hemerotecas y centros de información multimedia, así como redes y foros de investigación jurídica en español, con lo que, si actuamos en el rumbo correcto, poco a poco podremos irnos colocando en posibilidad conocer los avances en la materia, sus tendencias y supuestos teóricos, sus implicaciones en cada país y región del mundo y podremos aportar nuestros propios productos de investigación y propuestas de solución a la problemática del ramo.

En fin, dada su estrecha relación con la dinámica social, el Derecho en nuestro país necesita de manera impostergable, de un renovado camino de conocimiento científico, lo mismo que de métodos y técnicas ágiles y eficientes para la investigar, comprender y aplicar lo jurídico -con todo lo que ese término significa-  que nos sean útiles para estar en capacidad de generar soluciones que constituyan un factor real y positivo de Cambio, así con “C” mayúscula, en el más amplio y profundo sentido de la palabra. Al final de cuentas, la ciencia se inventó para eso…

 

[1] Consultor y Investigador jurídico. Profesor de Derecho de la Universidad Anahuac del Sur. jrglezch@hotmail.com