El Derecho Constitucional Penal como expresión del “Nuevo Sistema de Justicia”: de las buenas intenciones a los hechos

EL DERECHO CONSTITUCIONAL PENAL COMO EXPRESIÓN DEL

“NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO:

De las buenas intenciones a los hechos

Por José Ramón González Chávez

Con estas breves líneas de Reflexión, intento que nos acerquemos a un tema poco estudiado por los juristas y doctrinarios del Derecho: el Derecho Constitucional Penal, disciplina que en nuestro país se encuentra en gestación, como producto de una recomposición del paradigma jurídico nacional e internacional en la materia, que nos impele a sacudirnos el normativismo positivista que venimos arrastrando por nuestra formación (o deformación) académica y profesional, y por ende a conocer, comprender y aplicar el nuevo modelo en el desarrollo cotidiano de nuestras actividades, independientemente de cual sea la trinchera jurídica en la que nos desempeñemos.

Como hemos podido constatar, las reformas Constitucionales y a la legislación secundaria federal y locales son de reciente cuño (algunas se siguen modificando en estos momentos). La actividad legislativa, ejecutiva y jurisdiccional apenas comienza a adaptar su estructura, organización y actividades a esta nueva realidad que ya dejó de ser una buena idea y se ha convertido en una obligación para todos los órganos del poder público y quienes trabajan en él.

En el ámbito académico, desde la perspectiva multidisciplinaria, no se diga: los programas académicos de las carreras de Derecho y de otras ciencias sociales(Ciencia Política, Administración Pública, Sociología, Antropología, Criminología, solo por nombrar algunas), en la gran mayoría de los casos aún no han sido actualizados y los proyectos de investigación apenas se comienzan a enfocarse en estos temas, por lo que el material sobre Derecho Constitucional Penal es escaso y poco atento del nuevo paradigma.

En el contexto intradisciplinario, esto es, -como dijera Kelsen- del Derecho dentro del Derecho, dada la cantidad y amplitud de sus ramas, tradicionales y nuevas, el Derecho Constitucional Penal ha sido poco estudiado como tal por los juristas y doctrinarios, menos aun de manera transversal, es decir, no solo como materia exclusiva del ámbito penal, sino como sujeto de análisis, investigación y práctica de otras ramas (internacional, administrativo, sociología y psicología jurídicas,filosofía del derecho, etc.) con las que de manera directa e indirecta debe tener contacto.

 En fin, como sujeto de estudio individual, el Derecho Constitucional Penal se encuentra en una situación delicada, pues debe ser el fundamento, material y formal, de un sistema que no existe todavía. Legisladores, gobernantes y medios hablan de un nuevo “Sistema de Justicia Penal” pero lo cierto es que más allá de su uso como instrumento demagógico, desde el punto de vista sistémico (si entendemos “Sistema” como un conjunto de elementos integrados entre sí, y cuya integración conforma una entidad individual y con identidad propia), tenemos que no hay tal y lo que urge hacer es construirlo.

Para ello, hay que tener en cuenta que si bien existen una serie de elementos que como piezas de un rompecabezas se encuentran dispersos, faltan otros más que hay que confeccionar; otros ya no embonan y tienen que ser remplazados por otros diferentes o en su caso, ser actualizados.

¿Cuáles son los engranes y demás componentes de esa maquinaria social que requiere un sistema de justicia para ser considerado como tal, de la manera en que sí los notamos más o menos presentes, por ejemplo, en materia de derechos humanos, electoral o de transparencia?.

¿Cuáles son sus principios, sus fines?

¿Cuáles su estructura, su forma correcta de funcionamiento, su interacción con las demás partes y con el todo de dicha maquinaria?

¿Cuáles su misión y función en el ámbito político, económico, social y cultural de nuestro país y en el contexto global?

A partir de todo lo anterior, cómo podría construirse una definición y un concepto de Derecho Constitucional Penal?

Solo así podremos estar hablando de un verdadero Sistema de Justicia Penal (aunque la justicia en otras ramas siga pendiente) y solo así el Derecho Constitucional Penal podrá tener más y mejores posibilidades de irse construyendo sobre un piso firme.

De la PGR a la Fiscalía General: Algunas implicaciones jurídicas

DE LA PGR A LA FISCALÍA GENERAL: ALGUNAS IMPLICACIONES JURÍDICAS

Por José Ramon González Chávez

Uno de los temas que ocupan un lugar preponderante en la agenda política nacional desde hace tiempo –al menos desde 2008 que comenzó el proceso de reforma al sistema de justicia- es el relativo a la conversión de la Procuraduría General de La República (PGR) en “Fiscalía General” y su esperada -por muchos- autonomía jurídico funcional. Vale mencionar que este asunto, que desde la campaña electoral está entre los previstos en la agenda del próximo ejecutivo federal, no es un asunto menor; tiene un buen número de aristas que deben de apreciarse en toda su amplitud y profundidad, primordialmente en materia jurídica y constitucional. En esta ocasión me referiré de manera tangencial y enunciativa solo a algunas de las más importantes:

Dentro de la estrategia transicional, es de la mayor relevancia separar del tema político de la designación del titular lo que es el delicado proceso de reingeniería institucional, tan necesario para lograr tanto la eficiencia del paradigma jurídico constitucional vigente y su nuevo sistema de justicia, como para evolucionar el modelo anterior de la hasta ahora PGR al nuevo requerido de una fiscalía general que entre otros tiene el gran reto de integrar además otros organismos de alta relevancia para la gobernanza de nuestro país, como las fiscalías anticorrupción y la electoral.

Ante todo, debe tenerse en cuenta que la procuración de justicia es un elemento imprescindible de todo sistema integral de seguridad y justicia, junto con las actividades de policía preventiva, administración de justicia y penitenciaria y el hasta ahora tan olvidado tema de la reinserción social, enfoque sistémico que debería por fin ser aplicado por la nueva administración federal, ya que las anteriores lo han mantenido en el mero terreno de la retórica.

Con base en lo anterior, el proceso de conversión de la PGR a Fiscalía General deberá prever una revisión seria de la situación que guardan los procesos internos de procuración de justicia, y con visión estratégica dimensionar los recursos que requiere la nueva institución para hacer frente a sus retos actuales y futuros, así como los mecanismos de coordinación intra e interinstitucional vitales para su eficiencia y eficacia operativa.

El plan estratégico para la transición deberá desarrollarse de forma armónica con los términos de la reforma, y comprender necesariamente el diseño de una nueva estructura orgánica y funcional, tarea técnica administrativa que deberá ser congruente con los retos y expectativas institucionales, así como a los planes programas y acciones específicas requeridos para su atención. En este ámbito faltará hacer, y sobre todo mantener actualizados, los manuales generales de organización, procedimientos y servicios al público, de lo cual –hay que decirlo- se ha carecido en términos reales hasta ahora.

En paralelo y por cuerda separada, la transición deberá abordar y resolver el delicado asunto de la designación del titular y sus demás funcionarios, que se ha convertido en una cabeza de turco que exige ser desenmarañada de una vez por todas. Todo indica que al menos por el momento no habrá necesidad de reformar el artículo 102 de la Constitución de la República (Creación de la Fiscalía General y desaparición de la PGR); sin embargo, habrá que poner en vigencia la aun pendiente ley orgánica del mismo, ordenamiento que debería prever con especial énfasis temas como la mencionada actualización permanente de la estructura orgánica y funcional y el reglamento interior; la creación de un Consejo Consultivo de la Fiscalía y de un Consejo ciudadano que se conciba como mecanismo de participación directa de la ciudadanía en las decisiones relacionadas con políticas, planes y programas, con su respectiva ponderación previa y evaluación una vez operados, con lo que se generen condiciones para conseguir la recuperación de la confianza ente los actores y sujetos involucrados dentro y fuera de la institución.

Todo parece indicar que no habrá el denominado “pase automático” de todo el personal de PGR a fiscalía. La transición implica forzosamente un proceso paulatino de depuración, que deberá estar acompañado de acciones jurídicas que lo fundamenten y den garantías al personal. Al mismo tiempo, para su consolidación y sustentabilidad de la nueva plantilla, deberá diseñarse y ponerse en operación un servicio de carrera que tendrá que ir acompañado de un soporte jurídico administrativo que permita la reestructuración en serio de plazas, puestos, salarios, prestaciones, equipamiento y acciones de formación, capacitación y actualización permanentes.

En cuanto al nombramiento del titular y otros funcionarios relevantes de la nueva fiscalía, cabe decir que es el aspecto que mantiene mayor opacidad; su manoseo e incluso enlodamiento en la instrumentación de las disposiciones constitucionales, han llevado a un estancamiento que hace otras cosas que la PGR carezca de titular hasta ahora, lo cual es verdaderamente inaceptable teniendo en cuenta que todo Estado debe garantizar la integridad seguridad jurídica de la población y, más allá de la mera aplicación a la letra de la ley, dar Justicia, que es lo que exige el nuevo sistema.

Es evidente que por la naturaleza de sus atribuciones el nuevo Fiscal General requerirá de una verdadera autonomía de decisión y acción respecto del presidente de la República, pero no se aprecia hasta el momento voluntad política para que así suceda en la realidad. En todo caso, el tema es por demás delicado, sobre todo si se tiene en consideración que se prevé que sea el Fiscal General ya no el Senado, quien a partir de ahora tenga la responsabilidad de nombrar a los fiscales anticorrupción y electoral. Lo cierto es que esto sigue sin quedarle muy claro a la ciudadanía a partir de las declaraciones hechas recientemente por el presidente electo, mismas que incluso han llegado a caer en contradicción con las de quien se supone estará a cargo del gobierno interior desde la Secretaría de Gobernación.

En la misma tesitura, algo que ha sido poco abordado por propios y extraños es lo referente al marco de autonomía o libertad de acción de los servidores públicos con cargos directivos hacia adentro de la Dependencia (vicefiscales, titulares de unidades especializadas en investigación y persecución del delito, servicios periciales, entre otros), para que puedan convertir en actos concretos los principios de imparcialidad interna, flexibilidad de nombramiento, actualización de estructuras, creación extinción de órganos, independencia de investigadores, entre otros tópicos que iremos abordando en entregas posteriores.

Todo lo anterior nos hace ver que el proceso de transición que debe llevar a la PGR a convertirse en Fiscalía General de la República ha rebasado por mucho la retórica electoral que debe ya quedar atrás, y que el reto ahora consiste en avocarse a su análisis transversal, multidisciplinario, minucioso y responsable por parte de la próxima administración, la ciudadanía y los medios.

Comentarios al Articulo 165 de la Constitución de Guerrero (Instituto de la Defensoría Pública)

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Artículo 165 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero:

El Instituto de la Defensoría Pública

Por José Ramón González Chávez (*)

 

La Defensoría Pública es una actividad que forma parte de la función judicial y tiene como objetivo garantizar de manera gratuita el acceso pleno a la justicia en condiciones de igualdad a las personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios privados de defensa legal para proteger, defender y reclamar sus derechos.

En México, en su calidad de institución jurídico política, la Defensoría de Oficio surgió en la constitución de 1857[1] como parte de las acciones tendentes a concretar la orientación liberalista social de la flamante Constitución Federal, en cuyo artículo 20 aparece como garantía del acusado en asuntos del orden criminal:

(…) 5ª. Que se le oiga en defensa por sí, ó por persona de su confianza, ó por ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio para que elija el que, ó los que le convengan (…).

En el mismo sentido garantista, la constitución de 1917[2] mantuvo el texto, aunque precisó el contenido:

Se le oirá en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentará la lista de los defensores de oficio para que elija el que o los que le convengan. Si el acusado no quiere nombrar defensores, después de ser requerido para hacerlo, al rendir su declaración preparatoria, el juez le nombrará uno de oficio (…)

Cinco años después, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero y 25 de septiembre de 1922 respectivamente, la Ley de Defensoría de Oficio Federal y su Reglamento, siendo reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 18 de octubre del año siguiente. En dichos ordenamientos se establecía que el titular y los defensores adscritos formaban parte de ese alto tribunal y por lo mismo este contaba con atribuciones para nombrarlos y removerlos. El titular de los defensores tomaba protesta ante la SCJN, los defensores del Distrito Federal ante el titular de la Dependencia y los foráneos ante los Tribunales Superiores de Justicia de cada entidad federativa.

Siete décadas después, como parte de las importantes reformas constitucionales de 1993[3], el artículo 20 constitucional en su fracción IX (ahora Apartado “B”, fracción VIII) evolucionó en su redacción, precisando esta garantía de defensa para el acusado del orden penal:

“Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera…”

A partir del profundo proceso de reformas al sistema de justicia, iniciado en 1994, se modificó el 26 de mayo de 1995 la Ley Orgánica del Poder Judicial, incorporándose la Unidad de Defensoría del Fuero Federal al flamante Consejo de la Judicatura como órgano auxiliar; y en 1996, la fracción X del mismo artículo 20 del Código Supremo extendió formalmente la garantía de defensa jurídica a las víctimas:

“En todo proceso penal, la víctima o el ofendido por algún delito, tendrá derecho a recibir asesoría jurídica, a que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda, a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le preste atención médica de urgencia cuando la requiera y, los demás que señalen las leyes.”

El 28 de mayo de 1998 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de la Defensoría Pública Federal, que actualiza las normas garantes del derecho a la defensa en materia penal, pero también amplía su espectro hacia la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias administrativa, fiscal y civil y para instrumentar esta disposición, se crea el Instituto de la Defensoría Pública Federal como organismo dotado de independencia técnica y administrativa, cuyas bases de organización y funcionamiento se publicaron el 9 de febrero de 2002 y fueron revisadas 13 de septiembre de 2004 y 19 de mayo de 2008.

Como parte de su reforma en materia procesal penal, la constitución federal de 2008 en el penúltimo párrafo de su artículo 17 obliga a las entidades federativas a reformar la “defensoría de oficio” a fin de proporcionar un servicio de calidad, universal y gratuito:

“La Federación, los Estados y el Distrito Federal garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.”

El 29 de enero de 2016, se reformó el penúltimo párrafo del artículo 17 constitucional estableciendo la Defensoría Pública ya no solo como un derecho sino ahora como una garantía constitucional, al abordar los aspectos primordiales para su correcta operación:

“La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público.”

De lo expuesto con anterioridad, puede apreciarse que la Defensoría Pública desde su nacimiento en la Constitución desde 1857 ha venido evolucionando hasta concebirse en la actualidad como una garantía que lejos de visualizare como elemento subsidiario al sistema de justicia, se erige en uno de sus elementos sustanciales en términos de establecer el derecho a la igualdad jurídica y su correlativa garantía de equidad, sentando las bases para avanzar hacia una verdadera justicia social, no solo en el aspecto retórico o axiológico, sino como un instrumento tangible, capaz de producir resultados objetivos.

No obstante, si bien en el ámbito federal, desde su creación hasta la fecha la Defensoría Pública se ha concebido como una Dependencia de la SCJN y como tal ha tenido avances jurídicos importantes para institucionalizarla, cabe mencionar que a nivel de las entidades federativas hace falta mucho por hacer, pues en muchas de ellas sigue teniendo que afrontar los avatares del positivismo jurídico y el centralismo político que se aprecia aun en la actualidad a pesar de los cambios teóricos, legislativos, jurisdiccionales y administrativos tendentes a la implantación del Estado Constitucional y su nuevo sistema de justicia.

En la práctica aún falta mucho por hacer para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional[4], pues en lo operativo se padece de escasez de personal, estrategias y programas de capacitación y actualización adecuado, así como limitaciones de recursos financieros, materiales y tecnológicos, que le son necesarios para atender con eficiencia y eficacia a una ciudadanía cada vez más demandante de servicios asociados a la administración e impartición de justicia, debido esto sobre todo a factores como el crecimiento demográfico, el aumento de la incidencia y las ya sistemáticas y crecientes restricciones de índole presupuestal.

En el estado de Guerrero, jurídicamente, la Constitución ha seguido en términos generales la línea marcada por el artículo 20 de la Carta Magna, aunque resalta la publicación en el periódico oficial del estado el 5 de agosto de 1988 de la Ley de Servicio de Defensoría de Oficio, como parte de un esfuerzo de transformación integral de los sistemas de seguridad pública y de administración e impartición de justicia en la entidad impulsado por el entonces gobernador José Francisco Ruiz Massieu, con el cual se amplió la cobertura de esta garantía a grupos vulnerables como las mujeres, los indígenas y los menores infractores.

En lo administrativo, la Defensoría Pública dependió del ejecutivo estatal a través de la Secretaría General de Gobierno hasta el segundo semestre de 2015, cuando en cumplimiento a las reformas a la Constitución política del estado llevadas a cabo en 2014 se procedió a formalizar su traslación hacia el poder judicial.

En cuanto al artículo 165 de la Constitución guerrerense que nos ocupa, cabe mencionar que este no define la naturaleza ni las características, objetivos y alcances de la Defensoría Pública, limitándose únicamente a establecer el Instituto de la Defensoría Pública y a mencionar la denominación de su titular (Defensor General) que será nombrado por el Consejo de la Judicatura, lo que técnicamente nos parece impreciso, pues si bien como estructura del poder judicial estatal, administrativamente se entiende que esta dependencia debe estar vinculada al Consejo, jurídicamente su titular debería ser nombrado por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia estatal, por ser una dependencia íntimamente ligada a la actividad jurídica operativa del poder judicial del estado, además de un factor determinante para la realización del nuevo modelo constitucional y su reciente sistema de justicia acusatorio adversarial, que exige ante todo igualdad y equidad entre las partes.

El apartado número “1” del mismo numeral que establece un Consejo Consultivo para la Defensoría, debería de mejorar su redacción a fin de precisar su naturaleza, objetivos y alcances y que son sus miembros, no el organismo, quienes tienen carácter honorífico y cuyo nombramiento y competencias deberán darse en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial vigente en la entidad.

Por su parte, el apartado “2” debería de actualizarse para disponer que los órganos del poder público estatal involucrados den cumplimiento a lo ordenado por el artículo 17 de la Constitución Federal, pues en la actualidad se limita a remitir al Estatuto y Reglamento del Instituto de la Defensoría Pública exclusivamente para definir lo relativo a la suficiencia de su personal jurídico y administrativo, omitiendo otros temas cruciales para su buena operación, como la necesidad de que esos recursos humanos se especialicen mediante programas y acciones de capacitación y actualización; además de que cuenten con los recursos materiales, financieros y tecnológicos necesarios para cumplir con su función.

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(*) José Ramón González Chávez.

Servidor público desde 1977; profesor e investigador desde 1991; consultor desde 1998. Licenciado en Derecho titulado por la UNAM. Estudios de maestría y doctorales en administración pública en el Instituto Internacional de Administración Pública (IIAP) de la Escuela Nacional de Administración (ENA) Paris, Francia y la Facultad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales, Universidad de la Sorbona (Paris II). Doctorando en Derecho Constitucional por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Diplomado en Teoría y Análisis Político (Colmex et. al.) en Administración Estratégica (UIA) Modernización de la Administración Pública (INAP) en Justicia y Democracia (ITAM) y en Argumentación Jurídica (Universidad de Barcelona).

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BIBLIOGRAFÍA:

[1] Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1857, http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/1857.pdf.

[2] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma a la de 5 de febrero de 1857, texto original, versión facsimilar, Secretaría de Gobernación, Diario Oficial, Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana, tomo V, 4ª época, número 30, 5 de febrero de 1917.

[3] Constitucion Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm.

[4] Fix Fierro, Héctor y Abad Suárez Avila, Alberto, “Hacia una defensa pública de calidad, El nuevo diseño institucional de las defensorías públicas en las entidades federativas de la República mexicana”, revista Cuestiones Constitucionales, n° 32 México, ene.-jun-2015, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932015000100006.

Nuevo Sistema de Justicia, pero abogados con el Viejo “Chip”

 

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA, PERO ABOGADOS CON EL VIEJO “CHIP”

Por Jose Ramon Gonzalez

Dentro del largo y hasta ahora relativamente infructuoso proceso de instrumentación del tan cacareado Nuevo Sistema de Justicia Penal que dio inicio a mediados del 2008 e independientemente de su instauración por decreto el 16 de junio de 2016, sigue pendiente su puesta en operación real, particularmente debido a sus serias deficiencias en lo que respecta a la capacitación de sus denominados “operadores jurídicos”, es decir, de todos los abogados y el personal de apoyo que de manera directa o indirecta deben intervenir en los diferentes momentos del nuevo proceso.

En efecto, uno de los no pocos aspectos que sorprendentemente fueron puestos en segundo o aún tercer plano dentro de la implantación de este Nuevo Sistema es el asunto de la formación inicial y continua de quienes se erigen en su columna vertebral: los abogados y sus auxiliares.

Por un lado –claro está- la deficiencia es evidente en la capacitación y adiestramiento de los servidores públicos actuales que se encuentran laborando en las distintas áreas involucradas: defensores de oficio ministerios públicos, agentes de las policías preventiva y ministerial y peritos; juzgadores y su personal adscrito, primordialmente sus secretarios de acuerdos, actuarios y personal secretarial; quienes trabajan en los ahora llamados Centros de Reinserción Social encargados de las tareas administrativas y de soporte logístico y de custodia. En este ámbito e independientemente de lo cualitativo, cuantitativamente podemos mencionar después de ocho años que supuestamente inició el proceso de reforma, apenas el 10% en promedio de todo este personal ha recibido algún tipo de capacitación, ya sea general sobre el sistema o bien específica en el “qué” y “cómo” del marco jurídico y los derechos que deben salvaguardar; de las obligaciones que deben cumplir y de con quién y cómo se deben coordinar; de los requisitos de transparencia y rendición de cuentas que deben observar.

Las autoridades encargadas de la implementación del nuevo sistema a nivel federal y en las entidades federativas siguen sin aterrizar un programa de capacitación y actualización congruente y consistente, que se aleje del anticuado modelo positivista del siglo pasado y se acerque más al nuevo modelo de Estado Constitucional. Adicionalmente, en la mayoría de las instalaciones dedicadas a impartir este nuevo tipo de justicia, se carece de salones para llevar a cabo los procesos orales, así como del equipo y materiales necesarios aunque sea para impartir los cursos que ya se están ofreciendo.

Por su parte, en lo que toca al ejercicio privado de la profesión, sigue pendiente la capacitación, adiestramiento y actualización de los abogados litigantes a través de las barras, colegios y otras organizaciones gremiales a las que se supone –de acuerdo al nuevo modelo- que todos deben pertenecer, primero para poder operar en el flamante sistema y luego para refrendar la actualización permanente de sus conocimientos y con ello acreditar su continuación en el ejercicio de esta labor.

Valga mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al primer trimestre de 2016 y de acuerdo con la clave 2135: “Abogados” del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO), la población ocupada como abogado en México se cuenta en poco más de 342 mil personas, de las cuales una tercera parte (más de cien mil) trabajan por su cuenta (una cuarta parte de ellos –Señor Mancera- ubicados en la ciudad de México), esto sin contar a los auxiliares de servicios jurídicos quienes también y por supuesto deberían recibir capacitación y adiestramiento, pues ayudan a la recopilación de hechos y evidencias, elaboran, procesan, registran, organizan y actualizan documentos con valor legal para efectos del proceso, además de recibir y atender inicialmente a los clientes o ciudadanos que requieren asesoría jurídica.

En adición hay que mencionar que menos de 2 de cada 100 abogados habla alguna lengua indígena, lo que también es preocupante para el nuevo sistema, que sustenta parte de su visión en la cobertura universal basada en el apoyo jurídico a la población en su lengua materna. En tal sentido, el diseño ha olvidado también incluir la capacitación para estos abogados, pues no solo basta con saber una lengua original, sino que se debe conocer y comprender la correcta traducción técnica en ambas vías de los términos jurídicos que a veces ni en español son claros, sin tocar lo relacionado con sus raquíticos sueldos, asunto delicado tanto en México como en todos los países en los que se ha tratado aplicar.

La insuficiencia e ineficiencia de la capacitación, aunadas a la falta de voluntad individual y colectiva, la negligencia de las instituciones gremiales y la mera implantación por decreto del nuevo sistema, están provocando –por ejemplo- que los abogados litigantes sean desalojados de las salas de juicios orales por los juzgadores bajo el argumento de la incompetencia profesional, lo que los está llevando a ya no tomar este tipo de casos para evitar ser exhibidos públicamente, con el consecuente y drástico impacto en los resultados esperados por las autoridades.

Pero algo tanto o más grave es lo referente a la formación profesional impartida por los centros de educación superior del país, tanto públicos, como privados. Es verdaderamente significativo el hecho de que en 90% de los casos, después de ocho años, las carreras de Derecho y afines siguen sin modificar sus planes de estudio y programas académicos para adecuarlos al nuevo sistema.

Las instituciones de enseñanza profesional del Derecho siguen careciendo de simuladores y talleres de juicios orales; han omitido la actualización obligatoria de sus profesores por profesores certificados a fin de que sean capaces de impartir tanto las nuevas materias como las que ameriten actualización, pues de nada sirve pretender impartir nuevas materias con docentes formados y deformados teórica y prácticamente en el sistema positivista anterior.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desde que comenzó formalmente el proceso de reforma en el 2008 y hasta la fecha no ha metido un solo dedo para convocar, organizar y coordinar esfuerzos encaminados a que las instituciones de educación superior afiliadas se pongan a trabajar en la puesta al día de sus carreras de Derecho.

Todas estas carencias en la actual oferta educativa debería de preocupar –y más que nada de ocupar- a todas las instituciones de enseñanza del Derecho del país. Pero parecen no inmutarse, quizá consideren poco rentable invertir tiempo, trabajo y recursos en ello, ignorando que la carrera de abogado sigue siendo de las 10 más demandadas en México por los milenians y que obviamente será más competitivo quien tenga una mejor oferta de preparación profesional.

En todo caso, todos los involucrados en la implantación real del nuevo sistema deberían cambiar su “chip” como abogados y tener en cuenta que la capacitación y actualización es crucial para su éxito o fracaso, lo que implica fundamentalmente el conocimiento y comprensión del nuevo modelo de constitucionalidad, además del combate de la corrupción y la transparencia, temas a los que nos avocaremos en entregas posteriores.