Identidad de los Partidos y conformación del espectro político en el Legislativo

IDENTIDAD DE LOS PARTIDOS Y CONFORMACIÓN

DEL ESPECTRO POLÍTICO EN EL lEGISLATIVO

 (corte al 2006 (borrador)

 Por José Ramón González Chávez

Antecedentes:

Todo partido tiene en sus orígenes elementos que conforman su estructura ideológica y que por supuesto definen su posición o su estilo de gobierno.

PAN:

Derivado de una crisis de los grupos políticos de derecha que comienza a manifestarse en 1926 por la diversidad de opiniones en cuanto a sus estrategias de acción, sumada a la coyuntura del Vasconcelismo en 1929 y a la delicada situación económica que produjo la recesión, se generan dos fuertes corrientes, que posteriormente darían por resultado la creación, por una parte, de la Unión Nacional Sinarquista (1937), de tendencia moderada, que intentaba formar conciencia cívico religiosa en la sociedad, y por la otra, el Partido Acción Nacional, de postura más radical, que proponía luchar por cualquier medio para conseguir el poder.

Los tres sectores que aportaron su cuota a la fundación del PAN (los laicos formados a la militancia católica, los políticos liberales de inclinación conservadora y los identificados con el capital monopólico) cumplieron una función específica: los primeros le daban continuidad en el plano político a la lucha de la iglesia por la restitución de sus fueros y proveían al partido de su armazón ideológica a partir del Corpus doctrinario que institucionalizarón las encíclicas papales desde la Rerum Novarum. Los segundos en su mayoría portadores de eso que Carlos Monsiváis ha llamado la cultura del abogado, aseguraban la inserción del PAN en marco jurídico vigente para intentar su revisión dentro de las reglas del juego establecidas por el régimen. Y los terceros además del financiamiento aportaban la influencia de sus relaciones con la burocracia gobernante, que veía en ellos a su principal interlocutor, lo instrumentaba siguiendo una pauta simbiótica para obtener mediante presión un mayor margen de negociación de sus intereses de grupo [1].

Desde su nacimiento, el PAN consideró una amenaza para México o mejor dicho para las clases acomodadas del país, entre otras cosas, la sectorización del PNR ligada al reparto de tierras, la expropiación petrolera, el fortalecimiento del sindicalismo, la educación laica, la participación social en el proyecto revolucionario y la rectoría económica del Estado, amenaza que según su óptica, sólo podía combatirse a través de los principios de doctrina social de la iglesia católica y del liberalismo económico y político a ultranza.

En este contexto, el Partido Acción Nacional aparece como uno más de la buena cantidad de grupos sociales que se aglutinaron en torno a la candidatura del general Almazán, inconformes por el gobierno socialista promovido por el cardenismo.

El Partido Acción Nacional fue concebido en la sede del Banco de Londres de México. Varios de sus principales dirigentes eran además, banqueros o personajes ligados  de alguna manera a la actividad financiera[2]. Por esto, en sus inicios fue considerado como un partido de banqueros, pero también como un partido de católicos militantes que constituían el grueso de los fundadores de Acción Nacional. Según los analistas de aquel entonces, “los planteamientos del PAN no se diferenciaban de los del sinarquismo[3].

El PAN nace el 16 de septiembre de 1939, durante su Asamblea Constitutiva, reunida del 14 al 17 de ese mismo mes y año en en frontón “México” de la capital de la República, confirmada el 3 de febrero de 1946 de la unión de grupos católicos, empresariales, financieros, grupos de las clases media y alta, ex funcionarios e intelectuales. Representante del conservadurismo, su propósito original fue contrarrestar el régimen de reivindicaciones sociales de Lázaro Cárdenas y frenar con ello el “Desarrollo Socialista” del país[4], pugnando a la vez por el fortalecimiento de la influencia del clero en las decisiones políticas nacionales, deteriorada desde la Reforma.

En una entrevista concedida por el 25º aniversario de la fundación del PAN a los esposos Wilkie de la Universidad de California, Manuel Gómez Morín, uno de sus fundadores, se refiere a la situación que dio origen al partido como “intolerable, con amenazas de una nueva revolución que volvería a poner a otro general en el gobierno”. Según él, el problema político fundamental en México, era la falta de ciudadanía: “No habíamos sido formados ciudadanos; no teníamos antecedentes de ciudadanía. No tuvimos oportunidad de organizar nuestra democracia. Ante tal situación de largos antecedentes (Colonia, guerras civiles y de intervención, Porfiriato), pensamos que era indispensable reconocer esa realidad y empezar el trabajo desde la raíz: la formación de una conciencia y de una organización cívica. Decidimos entonces, la organización del partido”[5].

Durante el gobierno de Avila Camacho, las relaciones con el PAN mejoraron respecto de la gestión anterior. El Presidente ofreció a los dirigentes de Acción Nacional puestos dentro del gabinete, a decir de éstos. El panista Teófilo Olea y Leyva ingresó como ministro a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, el PAN mantenía sus acusaciones de corrupción y antidemocracia en contra del régimen, aunque suavizadas.

En la campaña de 1946, la candidatura de Miguel Alemán y la transformación del PRM en PRI provocó cierta desbandada de empresarios que habían participado en la fundación del PAN. Erráticamente, Acción Nacional, al no poder postular a Miguel Alemán, propuso a Luis Cabrera, quien no aceptó la oferta. Los militantes panistas quedaron en libertad para votar por cualquiera de los candidatos de los otros partidos, aunque la dirigencia se inclinó por Alemán.

En general, en sus primeros años, la presencia política del PAN fue precaria, sobre todo a causa de la desarticulación entre las facciones que lo integraban.

1947 ganó el PAN su primera presidencia municipal, la de Tacámbaro, Michoacán. En la legislatura local de este estado obtuvo una victoria, lo mismo que en el municipio oaxaqueño de Huajuapan de León. Las elecciones de 1949 confirmaron que el PAN había conseguido formar una corriente electoral estable y que se consolidaba ya como una fuerza importante

Por su parte, las políticas públicas alemanistas de industrialización y urbanización, propiciaron el surgimiento de nuevos grupos sociales que el PRI ni pudo coptar por su rígida y tradicional lógica de filiación corporativa (sectores obrero, campesino y popular), como en el caso de las clases medias urbanas, pequeños y medianos empresarios, así como agricultores y ganaderos, especialmente del norte del país. Como alternativa, la propuesta individualista del PAN se adaptó perfectamente a las aspiraciones de estos sectores medios en ascenso.

El crecimiento de la democracia cristiana.-

En este contexto, en 1951 se dio una fuerte campaña contra el artículo 3º constitucional, presentada por el PAN, la Unión Nacional de Padres de Familia y la Unión Nacional Sinarquista.

Durante los años 70 Frente al liberalismo capitalista y al colectivismo, Acción Nacional contiene el solidarismo, que se define como la participación responsable y solidaria de la persona en la convivencia y organización de la autoridad y las instituciones, para promover y garantizar el orden, el progreso y la paz a la persona, la familia y a los grupos sociales”[6].

A principios de los setenta, la doctrina panista comienza a flexibilizarse. Está actitud es promovida por su Presidente Jose Angel Conchello, quien la concibe como una estrategia coyuntural de Marketing político, dirigido a capitalizar en su favor el antipriísmo, coptando a las organizaciones de tipo empresarial que a consecuencia del divorcio de la I. P. con el gobierno de LEA, comienzan a acercarse al PAN como una medida estratégica para ejercer presión política. La mezcla de estas dos variables, trae como consecuencia el surgimiento de una nueva corriente, denominada Neopanismo, que se confrontará después a las posturas de la corriente Conservadora.

José Angel Conchello, hombre de extracción empresarial, simpatizó muy poco con la reforma social propuesta por los documentos básicos de su partido, orientando al PAN a combatir la corrupción y la demagogia del régimen[7].

El PAN fue incrementando su arraigo en los grandes centros urbanos, donde apoyado por las estrategias de comunicación política de los grandes empresarios para deslegitimar el gobierno de LEA, comenzaba a extenderse un fuerte pesimismo social por la crisis económica.

La segunda gran crisis del PAN se da en 1975, dentro de la perspectiva de las elecciones presidenciales de 1976, cuando se generó un sisma interno entre el grupo pro empresarial de Conchello y el grupo doctrinario de González Morfín. Ninguno de los precandidatos presidenciales logró obtener el 80% de votos que de acuerdo a sus estatutos era necesario para la nominación. El desenlace fue un divisionismo interno que impidió a Acción Nacional postular candidato presidencial y generó la renuncia, dos años después, en 1978, de varios dirigentes del grupo doctrinario, quienes declararon que “la ideología panista había sido vendida al mejor postor, es decir, al Grupo Monterrey“.

A raíz del proceso de reforma política, el PAN tuvo que enfrentar ya no solamente al PPS y a otras organizaciones que se desprendieron del oficialismo, sino a otros partidos de nueva creación, entre ellos:

El Partido Comunista, cuya larga trayectoria política sin registro legal, situación que lo colocaba como una auténtica posición de izquierda; y

El Partido Demócrata Mexicano, con perfil cercano al propio PAN.

La Línea empresarial.

En 1984, la Convención Nacional panista eligió a Pablo Emilio Madero como presidente del partido. “Con esto, se consolidó la hegemonía de la corriente no tradicional con amplias coincidencias con los grupos empresariales, a la que se ha denominado neopanista”[8]. También en ese año, Acción Nacional protagonizó un escándalo de prensa a raíz de la asistencia de representantes del CEN a la Convención del Partido Republicano de los Estados Unidos. En la plataforma electoral de 1985 se trató de paliar la acusación de tener inclinaciones pro norteamericanas, apelando a la mexicaneidad de los panistas.

El modelo empezo a dar frutos en el norte, corriendose después hacia el bajío, donde el PAN adaptó el modelo a las circunstancias específicas de cada localidad. Las clases medias abajeñas encontraron en el PAN un canal apropiado para manifestar su inconformidad por el decremento de su nivel de vida, la arbitrariedad gubernamental, la corrupción, etc.

Poco después, se fueron sumando algunos grupos obreros del norte, que vieron en el PAN un medio de participación política fuera de los canales corporativos del priísmo que, según ellos, “sólo sirve para satisfacer los intereses personales de sus líderes (Como ejemplo, citamos el caso de los Obreros de AHMSA en Monclova, antigua sección 288 del Sindicato Minero Metalúrgico, de inclinación maoísta [?], aliados al PAN para continuar su lucha contra el sindicalismo oficial)”.

Todos estos elementos se conjugaron en la segunda mitad de los ochenta para conformar lo que más tarde se denominaría Neopanismo, cuyo primer exponente máximo fue su candidato presidencial, Manuel J. Clouthier.

Desde entonces y durante los años 90 Acción Nacional observa un radical cambio en su actitud política frente al gobierno de la República y con el PRI. Pasó del llamado a la desobediencia civil, como estrategia de protesta ante los resultados electorales de los comicios de 1988, a una actitud de diálogo y de negociación permanente, lo que ha hecho mejorar los niveles de entendimiento entre AN y el gobierno Federal.

El neopanismo vio triunfar su proyecto político al hacer llegar al poder al grupo encabezado por el Actual Presidente FOX, donde el ala tradicional del partido a quedado relegada a segundo termino respecto de los miembros de extracción empresarial donde el actual candidato Calderón parece ser un factor de equilibrio capaz de representar ambos sectores.

PRI

BREVE HISTORIA DEL PRI

Bajo el régimen de Porfirio Díaz (1877-1911) México había logrado altas tasas de crecimiento económico, pero ello a costa de un inequitativo reparto de la riqueza y de una creciente dependencia hacia el exterior.

La caída de Díaz fue originada por un enfrentamiento armado, la Revolución Mexicana, que culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, la más avanzada en su tiempo, pues fue la primera del mundo en incorporar disposiciones de contenido social.

México no tenía un camino hecho para cumplir con su destino democrático. Había que diseñar las instituciones que le dieran sustento; transitar, paso a paso, sobre vías propias y adecuadas a nuestras condiciones, e imaginar los nuevos derroteros después de cada conquista.

El PNR surge en 1929 como un partido de partidos, de convocatoria amplia, institución donde convergen fuerzas políticas afines pero distintas.

El PNR sería la institución más poderosa para la competencia política; fue entonces el lugar para diseñar los primeros acuerdos y prácticas en la lucha por el poder público; el medio que llevó a la realización de relevos de gobiernos por medio de elecciones y en condiciones de estabilidad.

El amplio acuerdo hizo que el PNR surgiera con un gran predominio, porque en él convergieron los líderes y organizaciones más importantes del país, pero nunca propuso el totalitarismo a través de un Estado que negara la participación de otras fuerzas políticas.

De manera incipiente tuvo lugar un sistema de partidos, junto con el gran dominio del Partido de la Revolución Mexicana -en que se transformó el PNR-, ya que a partir de 1939 surgieron una serie de partidos con ideologías y principios diametralmente opuestos al cambio y a la transformación de la sociedad, caracterizados por su oposición ideológica a los postulados de la Revolución.

En paralelo se desarrollan las normas necesarias para regular y resolver la lucha por el poder, como sucedió en 1918 con la expedición de la primera ley electoral, y más adelante los ordenamientos que mejorarían la organización de las elecciones; la Comisión Federal de Vigilancia Electoral en 1946 y la Comisión Federal Electoral en 1951. México se ponía al día con las tendencias en la participación democrática del mundo, cuando en 1947 se reconoce el voto de la mujer en las elecciones municipales y en 1953 el derecho de votar y ser votada en cualquier elección.

La estabilidad de entonces iba de la mano con el predominio del PRI (que había sustituido al PRM en 1946); lo uno sin lo otro resulta difícil de imaginar, pero más que ello -en sí mismo no poco- la contribución del Partido estuvo en mirar siempre hacia una mejor democracia, aún cuando esa posición conduciría a elevar las exigencias que él mismo enfrentaba para la preservación y conquista de los espacios de poder público.

Con el PRI en el gobierno y por su compromiso con el destino democrático del país, fue posible superar las tentaciones hacia los autoritarismos de izquierda y de derecha, que aparecieron en el entorno de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría. Con el PRI se realizaría una transformación de gran profundidad, al dejar atrás la tradición de los gobiernos presididos por militares, para arribar a los de carácter civil, en un proceso sin fracturas ni enfrentamientos.

Un nuevo paso hacia delante hacía necesario llevar la pluralidad de partidos a una pluralidad política en la conformación del gobierno; el trayecto que se iniciaba en 1963 con los diputados de partido, a fin de asegurar que otras fuerzas políticas accedieran al Congreso y con ello se fortalecieran, enriqueciendo la vida política del país. Nuevamente el PRI vislumbra ese sendero y es quien lo lleva a la práctica.

El balance no puede omitir la emergencia de movimientos de inconformidad social suscitados a fines de los cincuenta y en los sesenta, que mostraron las limitaciones del sistema político, así como las contradicciones del esquema de desarrollo del país, con alto crecimiento económico y expansión de los servicios en un marco de estabilidad política y de precios, pero que no resultaban suficientes para una población que crecía a ritmo acelerado. Todo ello mostraba que el régimen político requería cambiar para mejorar su desempeño. Hacia ese punto se orientarían las transformaciones que el PRI alentaría.

El sistema de partidos y la afirmación de la pluralidad política tienen su impulso definitivo con la reforma electoral de 1977. Es a partir de entonces que los partidos son reconocidos en la Constitución como entidades de interés público. La visión de esa iniciativa priísta no puede ser escatimada ni debe olvidarse; ella tuvo lugar con una oposición que parecía diluirse cuando en 1976 el candidato postulado por el Partido no enfrentó adversario alguno para la elección presidencial. Esa propuesta fue aprobada cuando el viraje hacia las dictaduras de derecha se encontraba en pleno auge en el sur del continente, con sus dramáticos saldos de represión y violación de derechos humanos. En un marco que llamaba al autoritarismo en Latinoamérica, México abrazaba la democracia. Eso lo debemos recordar y de ello nos debemos enorgullecer.

El PRI recorría el trayecto hacia una democracia plural y competitiva, a través de grandes transformaciones en el sistema electoral; fundamentalmente, en torno a las normas para la organización de las votaciones, las características de la institución encargada de ello, el sistema para la calificación de los comicios y la regulación de los partidos como entidades de interés público, con una vida institucional fortalecida a través de las disposiciones legales.

Frente a la crisis electoral de 1988, el PRI miró, una vez más, hacia la democracia. En 1989 se inició un ciclo positivo de reformas electorales hacia la competencia política que culminan en 1996; este ciclo implicó la creación de instituciones y procedimientos que profesionalizaron y otorgaron autonomía a la organización de los comicios, crearon el órgano jurisdiccional para la calificación electoral y lograron construir bases de equidad entre los partidos políticos en la competencia por el poder público.

En efecto, el PRI logró una permanencia como partido en el gobierno que continuó más allá de lo alcanzado por otros partidos en regímenes democráticos, pero el balance de su gestión es también único si se ubica en el punto de partida de una democracia incipiente, con antecedentes de inestabilidad y fracturas, cercana todavía a los enfrentamientos propios de la etapa revolucionaria y con gran influencia o dependiente de quienes tenían mando de fuerzas armadas.

El punto de partida fue difícil; no menos fue el camino subsecuente, surcado por amenazas y riesgos de distintas fracturas. Con el PRI en el poder, el país registró siempre un comportamiento en línea ascendente hacia la democracia; los desaciertos y equívocos de quienes ejercieron responsabilidades públicas están sujetos a revisión en los términos de las leyes y quien se compruebe que cometió ilícitos debe responder por ello. El PRI se pronuncia por la necesidad de llevar hasta sus últimas consecuencias legales el combate a la corrupción y se deslinda de los militantes que hayan cometido actos de esa índole, pues ponen en entredicho la honorabilidad de los miembros del Partido.

Como partido, el PRI impulsó una mejor vida democrática a través de las normas. Así, se vivió un proceso de nuevos equilibrios generados por una pluralidad cada vez más firme y amplia; ello condujo a combatir los rasgos autoritarios en el régimen político.

La crítica más importante al PRI tal vez no sea sobre el balance de sus realizaciones, sino respecto del ritmo de las transformaciones que impulsó; es evidente que siempre hubiera sido deseable un trayecto más corto en los cambios practicados, pero en el análisis de la política y sus márgenes de maniobra en los casos concretos, queda a discusión responder a la pregunta de si ello era posible.

El PRI y sus predecesores son organizaciones políticas que conjuntaron más de 70 años en el ejercicio del poder público; constituyen, en ese sentido, el actor principal de la hazaña democrática de México, incluso cuando otros flaqueaban o cuando por el cálculo de ganancias parciales e inmediatas, negaron su contribución a las reformas democráticas de México, como sucedió en 1996, cuando otras opciones políticas se opusieron a aprobar modificaciones legislativas de avanzada en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que los legisladores priístas aprobaron sin ser acompañados por los legisladores, de ningún otro partido, después del consenso constituido para lograr las reformas constitucionales de ese año.

No debe olvidarse que cuando otros escatimaron su contribución, el PRI se puso al frente. Explicar ese comportamiento del Partido sólo puede hacerse si se piensa en una auténtica vocación democrática. Hay que reiterarlo, el PRI estuvo en la vanguardia del compromiso con las exigencias de la democracia; otros privilegiaron intereses electorales de corto plazo.

En México tuvo lugar la alternancia política porque había democracia; es falaz y mentiroso pretender que la alternancia del 2000 inaugura la democracia y que estamos en una transición. Esta opinión pervierte la realidad pero es la más conveniente para la derecha que ocupa la Presidencia de la República, pues crea la ilusión de ubicarla al frente de la vida democrática del país.

El PRI acreditó, en los hechos y por décadas, su compromiso con la democratización en la competencia por el ejercicio del poder público. Al hacerlo, fue democratizándose el propio ejercicio del poder y se vencían las tendencias al autoritarismo.

La alternancia del 2000 ocurrió sin necesidad de acuerdos especiales para vencer resistencias o para habilitar el traslado del poder de un partido a otro. No fue así porque había régimen democrático, no fue así porque el PRI actuó con responsabilidad democrática. En buena parte por el PRI, la alternancia ocurrió dentro de un régimen democrático y sin contratiempos, enfrentamientos o rupturas. Eso tampoco lo debemos olvidar.

Los hechos de la historia pudieron ser distintos si las decisiones se hubiesen encaminado por un rumbo diferente al emprendido por el PRI. Lo que se venció y se dejó a un lado fue el riesgo del totalitarismo, de un partido de Estado, de exclusión de los gobiernos civiles, de negación de la pluralidad, la competencia política y la alternancia. Lo que se dejó atrás fue el riesgo de la dictadura; de un proceso rumbo al autoritarismo, en vez de hacia la democracia en el régimen político. En todo ello ha sido fundamental el papel institucional que las fuerzas armadas de nuestro país han jugado a lo largo del siglo XX y en los inicios del siglo XXI. Sin su compromiso y lealtad a las instituciones y sin su labor en los distintos ámbitos de la vida social, el desarrollo político de nuestro país hubiera sido muy distinto.

Sin duda los priístas pudimos haber cometido errores, pero el Partido siempre optó por la democracia y cerró las opciones que hubiesen significado los costos más altos para todos. Porque ya había democracia, México no tuvo que pasar por una transición, y eso no es obra de la casualidad; así lo entendió e impulsó el PRI

El proceso que culminó en un ciclo hacia la democracia plenamente competitiva, con un sistema plural de partidos, mostró el arribo a un destino diseñado por la Constitución de 1917 al definir a México como una República representativa, democrática y federal. En ese sentido, el PRI cumplió con el proyecto de la Revolución Mexicana al comprometerse con el destino democrático que ésta se había propuesto alcanzar. El Partido Revolucionario Institucional luchará permanentemente por la preservación del régimen republicano, democrático, representativo y federal, sustentado en las grandes hazañas históricas liberales plasmadas en nuestra Carta Magna.

Ratificamos el fortalecimiento del sistema de división de poderes; así mismo seguiremos impulsando la integración a los congresos federal y locales de las minorías políticas que tengan un sustento popular, mediante el sistema de representación proporcional, que permite otorgar el espacio político que democráticamente le corresponda a las diversas corrientes de pensamiento que conforman el mosaico ideológico de la Nación Mexicana.

El PRI reivindica su contribución a la democracia; se asume como su principal promotor y compromete su visión para apoyar nuevas reformas que impulsen la democracia, la gobernabilidad y el compromiso social del Estado, así como para afirmar la realización más plena posible de la soberanía, porque ella da su vía de expresión al Estado Nacional Mexicano.

La perspectiva del porvenir pasa por la insistencia en los afanes democráticos a través de la consolidación de los partidos y de una competencia por el poder que privilegie la confrontación y contrastación de propuestas entre las fuerzas políticas y ajuste el papel e influencia del gasto en propaganda; la tarea de gobierno habrá de encontrar un andamiaje legal que le sea propicio, al tiempo que se deberá trabajar en el diseño que permita fincar nuevas capacidades de realización hacia el Estado social, que es la gran deuda del siglo XX, con todo y los avances que significaron los derechos sociales y las instituciones creadas para cumplirlos.

El PRI propone una visión del Estado, que se deriva de los afluentes que han orientado su devenir: el liberalismo de la Reforma, la política social, el nacionalismo, el compromiso por una vida normada por el derecho y la democracia.

El PRI se pronuncia a favor de un Estado democrático comprometido con el respeto irrestricto a las libertades individuales, que busca crear igualdad de condiciones para que cada individuo despliegue sus capacidades y encuentre las oportunidades que requiere para construir su destino; un Estado que crea opciones diferenciadas de desarrollo y que permite que el individuo elija entre alternativas diferentes y así ejerza cabalmente su libertad.

El PRI postula un Estado social, un Estado con claro compromiso con la justicia social, que se empeña en construir las mejores vías para superar los abismos de desigualdad entre grupos sociales, regiones o grupos étnicos; un Estado social que asume como la más grave injusticia la desigualdad fincada en la exclusión, la marginación y la falta de oportunidades; un Estado social empeñado en crear mejores posibilidades de desarrollo y opciones de superación para quienes mayor rezago enfrentan; un Estado social que se rebela a la idea de admitir como destino la pobreza para cualquier grupo de la sociedad y que busca recrear las condiciones del desarrollo de la Nación. De ahí, la vigencia de los valores expresados en el lema del Partido: Democracia y Justicia Social.

El PRI está por un Estado que viva en la ley, fundado en el derecho, como único medio para una convivencia armónica, en libertad y que otorgue certidumbre respecto del comportamiento de las autoridades y el desempeño del poder público promoviendo la justicia.

El PRI considera que el nacionalismo es expresión de la voluntad humana para vivir en comunidad, el derecho a poseer una identidad propia y a disfrutar de los recursos de un determinado territorio. El nacionalismo mexicano ha unido a los habitantes del país, incluso por encima de ideologías, ya que se sustenta en un pasado vivido en común, en una historia que se construyó en la lucha contra las intervenciones extranjeras, en la defensa de la soberanía del Estado y en un proyecto de país surgido de una revolución que se propuso hacer de México un país más justo y en virtud de ello reclamó para sí los recursos naturales. Los símbolos patrios son la expresión misma de nuestro nacionalismo y de nuestras raíces, nos pronunciamos por el respeto que éstos merecen dentro de la ley y por su defensa en contra de las expresiones publicitarias que los denigran y los pervierten.

Cada nacionalismo tiene su propia historia y expresión. El mexicano, a diferencia de otros, nunca pretendió fundarse en la expansión colonial, expandir su territorio o exportar sus principios. El nacionalismo mexicano ha sido, y deberá seguir siendo, pacifista, sin exclusivismos y respetuoso de la diversidad y, a la vez, celoso de la soberanía y opuesto a las hegemonías. Es el nacionalismo de la Revolución Mexicana.

Ese nacionalismo y su expresión, sin embargo, debemos llevarlo hacia delante, confrontarlo con la coyuntura y con la vida misma en la que la Nación está envuelta. Por ello el PRI se propone avanzar en la construcción de un Nacionalismo Democrático. Este deberá insistir en la vigencia de la Constitución Mexicana como una dinámica de cambio inconclusa, ya que existen muchas demandas insatisfechas. El Partido, entonces, deberá realizar una autocrítica de los errores del pasado, pero asumiendo la defensa de principios y demandas revolucionarias que siguen esperando su realización en el México actual.

El Nacionalismo Democrático define y defiende que sin hostilidades, ni exclusivismos, se privilegie la comprensión y solución de los problemas nacionales y así mismo asuma cabalmente, la defensa de nuestra independencia política y económica.

En conclusión, los priístas entendemos por Nacionalismo Democrático el cuerpo ideológico que conjuga la libertad, la igualdad, la democracia y la defensa de la soberanía. Un nuevo nacionalismo incluyente, moderno, firme en la defensa de los intereses populares y nacionales.

En suma, el PRI reivindica la aportación y capacidad que hacia el futuro otorgan cuatro afluentes principales, como lo son el pensamiento democrático-liberal, la justicia social, el orden jurídico como principio de la convivencia civilizada y el nacionalismo; en ese sentido la visión del PRI hacia el Estado es por uno de carácter liberal en lo político, social en sus propósitos y cuya acción siempre esté basada en el derecho; un Estado que honre la Constitución General de la República, como la máxima expresión de la soberanía y del acuerdo político. Un Estado que se realice en la Constitución y una Constitución que se realice a través del Estado.

El origen del PRI hay que buscarlo en la guerra civil que estalló en 1914. Como repuesta a este conflicto interno, surge una revolución de carácter izquierdista y laico, que más tarde quedaría estabilizada bajo el dominio del Partido Revolucionario Institucional, en el poder desde 1929.

La Revolución Mexicana deja un semblante de pobreza generalizada en el país al final de la segunda década del siglo XX. En medio de la preponderancia de caudillos poderosos y de severos problemas financieros con el exterior, se presenta la amenaza de un golpe de Estado.

Así, los partidos de tendencia revolucionaria se unen para formar el Partido Nacional Revolucionario. El nuevo partido servía como marco para la integración y organización de las facciones de la Revolución en un solo organismo político.

En diciembre de 1928 tiene lugar el primer Comité Organizador del PNR, con el general Plutarco Elías Calles como líder y presidente.

Sin embargo, la formación oficial del embrión del PRI tuvo que esperar hasta el 4 de marzo de 1929. Desde ese mismo año, no se ha apartado de las mieles del poder.

A lo largo de todo este tiempo, uno de los presidentes más emblemáticos ha sido, precisamente, el general Lázaro Cárdenas, que gobernó México entre 1934 y 1940, cuyo hijo concurre a estas elecciones como opositor al PRI.

La gestión de Lázaro Cárdenas todavía es reverenciada por el pueblo mexicano, por su amplio programa de reparto de tierras y por haber llevado a cabo la expropiación de la industria petrolera en1938. Esto le proporcionó al líder del entonces PRD gran popularidad entre obreros y campesinos.

El PRI, nacido a rebufo de la revolución, ha sido fundamentalmente un partido presidencialista: el jefe del Ejecutivo decidía casi todo. Durante más de seis decenios, ganó elecciones por aclamación, pero ahora se dio cuenta de que una creciente oposición, que empezaba a madurar, podía arrebatarle el liderazgo.

En medio de este panorama, en los últimos tiempos se hacía necesario imponer un clima de democratización en el seno del PRI. El Presidente en funciones, Ernesto Zedillo renunció a su capacidad de designar a su sucesor, como había sido tradición priísta. Con esta estrategia, dudada por muchos, se intentaba poner fin a una larga tradición de mecanismos como el «dedazo» o el «tapadismo».

Primer Comité Organizador del PNR. Lo integran: Plutarco Elías Calles, Luis. L. León, Manuel Pérez Treviño, Aarón Sáenz y Bartolomé García.

Se decide que el método de selección será la consulta abierta. El 7 de Noviembre de 1999 Francisco Labastida derrota a sus contrincantes: Manuel Bartlett, Roberto Madrazo y Humberto Roque. Así lo decidió la mayoría de los casi 10 millones de mexicanos que acudieron a las urnas. Labastida era el candidato oficial del partido, el favorito de Zedillo, como el propio presidente ha reconocido en los últimos días.

Más tarde, para propiciar la reconciliación tras la dura lucha interna de las primarias, Labastida consigue aparecer en los medios de comunicación abrazando a su principal opositor dentro del partido, el tabasqueño Roberto Madrazo.

Ahora sí. Con la foto de la reconciliación, se cierra un incómodo capítulo. El rebelde Madrazo vuelve al redil, se disipan los temores de ruptura interna y el PRI, más fortalecido que nunca, ya está listo para poner en marcha su maquinaria electoral para las presidenciales.

El PRI tiene mucho que ganar en estos comicios: Sobre todo, mantenerse en pie. Al menos, no echar por tierra el éxito en las urnas durante tanto tiempo.

En los últimos 65 años, el PRI había mantenido una mayoría absoluta que disminuyó paulatinamente desde el 98% en 1930 al 50,79% recibida en 1988.

Pero en 1994 perdió su histórica mayoría absoluta al obtener el 48,7% de los votos emitidos, mientras que la oposición sumó el 48,28.

PRD

Su origen se remonta a la denominada “Corriente Democrática” que se da al interior del PRI en 1986. Para 1987 los principales actores de esta corriente fueron expulsados del PRI, cuando Cuauhtemoc Cárdenas acepta ser postulado a la Presidencia de la República por el PARM. Posteriormente Cárdenas concitó el apoyo del PPS y el PFCRN, así como de agrupaciones de la llamada “izquierda social” tales como la Coordinadora Obrero-Campesino Estudiantil del Istmo de Oaxaca (COCEI), la Asamblea de Barrios, el Consejo Nacional de Obreros y Campesinos (CNOC), la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) y el Consejo Estudiantil Universitario (CEU) de la UNAM.

La izquierda socialdemócrata y poscomunista, que ensayaba un nuevo intento de unificación a través del Partido Mexicano Socialista (PMS), abanderó en un principio la candidatura de Heberto Castillo, pero ante el empuje del movimiento neocardenista optó finalmente por unirse a la postulación de Cárdenas. De esta forma, se conformó el Frente Democrático Nacional (FDN),para contender en los comicios a celebrarse el 6 de julio de 1988.

Tras el nombre de Cárdenas convivieron, lombardistas, comunistas (entre ellos disidentes del PRT), miembros de la llamada izquierda social o línea de masas (guerrilla rural y urbana), trotskistas, maoístas y ecologístas. Dos puntos en común los unieron: la renovación del discurso nacionalista y el objetivo de acabar con la hegemonía del PRI.

Entre los principales fundadores del FDN destacan: Carlos E. Cantú Rosas,PARM; Rafael Aguilar Talamantes,PFCRN; Jorge Cruickshank, PPS;  Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Roberto Robles Garnica, Ifigenia Martínez, principalmente, Corriente Democrática; Ana Irene Arellano, PSD; Arturo Martínez Nateras, Unidad Democrática; Eusebio Bravo,Partido Verde;  Celia Torres, Fuerzas Progresistas; Leopoldo López, Consejo Nacional de Obreros y Campesinos.

Después de las elecciones federales de 1988, las direcciones del PFCRN, del PPS y del PARM dijeron no a la invitación formal para iniciar los trabajos que darían con la  conformación de un nuevo partido, debido a las decisiones no concertadas que adoptó Cuauhtemoc Cárdenas para postular candidatos en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

El 21 de septiembre del mismo año, Cárdenas invita a todos los partidos y organizaciones democráticas a formar “un verdadero partido que luche por el poder y por las reivindicaciones sociales, políticas y económicas de los mexicanos”. Tras esta causa, el PMS cede su registro de manera que el día 5 de mayo de 1989 se funda el PRD, cuyo primer presidente fue su hasta ahora líder moral Cuauhtemoc Cárdenas.

El hecho respondió a que el PMS y numerosas organizaciones -ya mencionadas anteriormente-  sin registro pero con  fuerte presencia regional y ascendencia sectorial, predominantemente estudiantil, popular y magisterial, atendieron de manera inmediata el llamado del “hijo del general”.  Con esta decisión, se dijo que se tendría “…La confluencia orgánica de dos corrientes que han sido protagonistas importantes en la historia del país.  Por un lado, la corriente democratizadora que representa la continuación de la izquierda que emerge de la revolución mexicana y por el otro, la amplia corriente socialista -marxista que encabezaba el PMS, a la que se adhieren organizaciones antes dispersas”.

La discusión ideológica sobre la identidad del Partido se postergó hasta noviembre del 90, fecha en la que se realizó su Primer Congreso.  En ese espacio se confirmó la hegemonía de la Corriente Democrática y se definió el PRD como un partido de centro izquierda que pregona el nacionalismo revolucionario.  Las fuerzas provenientes del socialismo defendieron su origen y lograron el reconocimiento de algunos de sus postulados en la conformación del nuevo partido.

Derivado de las elecciones presidenciales de 88 el PRD cobra fuerza en algunas entidades donde los movimientos y partidos de izquierda han contando con presencia y sobre todo en la ciudad de México, donde estos movimientos y partidos cobraron una gran fuerza derivada de la desatención del gobierno federal a la problemática social causada y aflorada por los sismos de 1985.

En 1994 el PRI no obstante el surgimiento mediático del EZLN, la guerra sucia entre Colosio y Manuel Camacho, lo que llevaría desembocaría en el asesinato del primero, logro un amplio margen electoral en el Proceso Presidencial y en el gobierno del D. F. donde gano todos los distritos de mayoría.

En 1997 el PRD obtiene el triunfo en el Distrito Federal y Cuauhtemoc Cárdenas se convierte en el primer jefe de gobierno de la Ciudad de México, pero con el, se da también la lucha real por el poder, que produce la generación de las ahora denominadas “tribus” y la tendencia a engrosar sus filas con actores provenientes de otros partidos políticos, principalmente del PRI, que fueron ganando posiciones al interior del partido y luego en las candidaturas a puestos de elección popular a todos los niveles, desplazando al grupo fundador del cual pocos quedan en la estructura partidaria operativa e ideológica.

[1]Abraham Nuncio, “El PAN” pp. 194-195.

[2]A. Nuncio. El PAN. p.31

[3]V. Joaquín y J. Romero. Un PAN que no se come. Biografía de Acción Nacional. p.11.

[4]Secretaría de Gobernación,  Departamento de Estudios Comparados de Sistemas Políticos, Monografía sobre el Partido Acción Nacional, 1991.

[5]J. Wilkie y E. Monzón de W. México visto en el siglo XX. pp. 55,56.

[6] Id., p. 63.

[7]Id., p. 66.

[8]Id., p. 72

Ciudadanía, Partidos y Gobierno: La Renovación de una Alianza.

participacion ciudadana grupos

CIUDADANIA, PARTIDOS Y GOBIERNO:

LA RENOVACION DE UNA ALIANZA

por José Ramón González Chávez

 

INTRODUCCIÓN.

 

Democracia, seguridad y desarrollo son, desde hace tiempo ya, los puntos que constituyen el eje sobre el que gira la agenda política nacional. Ahora más que nunca, cuando parece que existen condiciones adecuadas para una verdadera transición, los elementos de esta trilogía no pueden ni deben concebirse de manera aislada, deben interactuar, pues de lo contrario el resultado sería nulo o en el mejor de los casos produciría una especie de amasijo retórico desarticulado, estéril.

 

La democracia es una condición para la seguridad y el desarrollo integral del país y a la vez la garantía más firme contra la violencia y el autoritarismo; pero en aras de asentarla sobre cimientos sólidos, debe tenerse en cuenta que la cultura política de una sociedad no se cambia de la noche a la mañana, la experiencia reciente nos hace ver que es necesario trabajar constantemente, conocer de viva voz las necesidades y demandas de la gente, andar y hacer camino sobre la accidentada orografía del acontecer político y social.

 

Sobre estos cimientos, Derecho, civilidad política y compromiso integran el andamiaje a partir del cual debe realizarse la constante y permanente construcción de nuestro edificio democrático. Lo verdaderamente importante en el México actual es que todos, ciudadanos, partidos y gobernantes, independientemente de nuestra preferencia ideológica y una vez superado el momento electoral, estemos interesados y comprometidos en hacer avanzar nuestro sistema político, económico y social en un ambiente sostenible de legalidad, confianza y certidumbre.

 

Debe asumirse de una vez por todas y por todos que la contienda electoral terminó; que son tiempos de sumar; que solo con la participación de todas y todos será posible lograr que el proceso de transformación integral y verdadera que requiere desde hace tiempo nuestro país –y de cuyos efectos nadie queda excluido, independientemente de la preferencia política- se convierta en parte de nuestra vida cotidiana.

 

  1. LEGALIDAD Y CONSENSO:

 

A pesar de todo, nuestro país ha tenido avances significativos que deben ser aprovechados e y fortalecidos. Debemos pasar del recurso argumentativo de estrategia electoral a un inventario de los avances y estancamientos, de lo que debe alejarse de la retórica y convertirse en hechos, si lo que realmente queremos es construir con seriedad un nuevo proyecto de nación.

 

La historia de la transformación profunda de nuestro sistema político electoral arrancó formalmente en 1973, con una mayor apertura de la oferta política y la búsqueda de la credibilidad y legitimidad de los comicios. Sin perjuicio de ello, resulta evidente que el esquema que ha determinado las instituciones políticas y los procesos electorales ha ido evolucionando del mero debate sobre los principios y procedimientos a la consecución de una renovada legitimidad electoral, pero también de la impugnación sistemática al establecimiento de mecanismos permanentes y consensuados entre partidos, gobierno y sociedad civil.

 

Hay quien ha dicho que la Democracia es como el pasto inglés: para que luzca en toda su plenitud y belleza se requiere de mucho trabajo, cuidado y perseverancia. El capítulo más reciente de la reforma electoral se tendrá que continuar escribiendo mediante un esfuerzo colectivo de constante perfeccionamiento. En efecto, al igual que sus precedentes, el proceso democrático no ha caminado solo, encuentra sus causas y sus cauces en una intensa actividad de la sociedad, las organizaciones políticas y el gobierno en sus diversas escalas, que ha llegado a conformar un profundo esquema de modificaciones sustanciales cuya permanencia y validez han quedado garantizados por el nuevo paradigma constitucional.

 

Sólo mediante este marco jurídico y el acuerdo político es posible conducir los cambios que la sociedad demanda para continuar su propia evolución. Es verdad que el disenso es un elemento inseparable de la democracia; en términos de filosofía política, es su causa eficiente; pero al mismo tiempo es innegable que un régimen democrático compele por naturaleza a vivir con base en un acuerdo general y un compromiso colectivo, al margen de los intereses particulares, sean estos de ciudadanos o de funcionarios, de grupos o de partidos. El consenso como vía para una verdadera transformación económica, política y social que se traduzca en ley y en hechos debe convertirse en una práctica cotidiana dentro de ese en apariencia contradictorio proceso permanente de transición de México hacia una democracia real.

 

A lo largo de nuestra historia, hemos podido constatar que siempre que gracias al acuerdo se suman razones y voluntades dentro del respeto a la pluralidad y a la ley, todos ganamos. Esa es la verdadera expresión de la Voluntad General, fruto característico de un esfuerzo plural, de todos a quienes nos interesa la cosa pública y el ejemplo más claro de que no hay marcha atrás, de que transitamos hacia una democracia más transparente y sólida y por lo mismo, de que vamos en la ruta hacia una verdadera cultura democrática, propia de toda sociedad abierta.

 

  1. COLABORAR PARA CONSTRUIR EL NUEVO ROSTRO DEL ESTADO:

 

La actividad social se distingue por su constante y cada vez más ágil transformación. De ahí la afirmación de Hegel: “El Estado es lo que ha sido y lo que es para llegar a ser”, lo cual significa que, en tanto entidad política sintetizadora de las realidades y aspiraciones de una colectividad, no obstante su carácter inmanente, el Estado adquiere el rostro que le marca su tiempo, imponiéndole la obligación de adaptarse a los cambios que la propia sociedad y el “espíritu de los tiempos” le exigen.

 

No debe perderse de vista que la Reforma del Estado es ante todo reforma cultural. El sistema político no opera solo, forma parte de la cultura social de una nación y por su interacción con los demás elementos es ésta, modificarlo resulta una tarea por demás difícil, pero no por ello imposible. La vía, lejos de ser exógena, está en el origen mismo del problema, es decir, en la relación Estado-Partidos-Sociedad.

 

En este contexto, una reforma del Estado Mexicano debería incluir necesariamente en su agenda al menos dos conceptos fundamentales:

 

  1. Modernización, sobre todo para promover y conseguir los indispensables cambios de actitud que nos permitan ir consolidando una nueva cultura política, que abra mayores y mejores canales de participación a los diversos actores y sujetos de la estructura social y que a su vez tienda a lograr una mayor capacidad de respuesta institucional, de cara a las demandas cada vez más amplias y crecientes de la población.

 

Este cambio verdadero que requerimos no puede darse mágicamente, ni por decreto, ni es cuestión –como la experiencia nos lo ha hecho ver- de “endosar” la responsabilidad mediante el voto y luego “exigir” o esperar del cielo la respuesta. Tampoco es –parafraseando a Michel Crozier- sólo “cuestión de máquinas”. El factor humano es fundamental.

 

Ponerse al día siempre ha sido necesario, pero hay que entender el cambio como medio y no como fin; me explico: no se trata de cambiar por cambiar. Por eso la modernización del Estado debe suponer primordialmente un cambio de mentalidad, una revolución de actitudes individuales y colectivas frente a todo lo que nos rodea y nos afecta, positiva o negativamente. De ahí también que sea necesaria la voluntad política conjunta de ciudadanos, partidos y gobierno para saltar esa alta y nada frágil barrera de la resistencia al cambio, que nos lleve a adquirir una mentalidad moderna, una idea renovada de lo privado, lo público y lo social.

 

  1. Corresponsabilidad, No podemos predecir el futuro de México, pero lo que sí podemos hacer es construirlo. Ahora más que nunca ha quedado claro que la tarea de todos no se agota en la reforma política y mucho menos en el ejercicio del sufragio.

 

Nos encontramos en un momento propicio para contribuir todos, a la conformación de un nuevo rostro para nuestro Estado y co-laborar en la renovación equilibrada del marco en el que se desenvolverá en lo sucesivo la triple relación ciudadanos-partidos-gobierno.

 

Al político le preocupa las siguientes elecciones; al estadista, las siguientes generaciones. Independientemente de los puntos de vista, de las ideas que cada cual tenga sobre nuestro destino más o menos cercano, es indudable que ya como gobierno, el triunfador en los procesos electorales tendrá que hacer frente a problemas de diferente intensidad y urgencia que afectan a la población y que se encuentran al margen de las ideologías, lejos de la retórica pero muy cerca de la realidad cotidiana.

 

Obtener el triunfo electoral nunca ha sido suficiente, pero menos ahora que nunca. Aunque no puede soslayarse la importancia de las ideologías o más precisamente de los diferentes posicionamientos, la sociedad política necesita viabilidad institucional para llevar a cabo acciones concretas que satisfagan las demandas sociales que requieren atención inmediata, continua y permanente.

 

Por su parte, las organizaciones sociales y políticas tienen ante sus miembros la importante misión de adoptar frente a las instituciones una posición crítica, pero al mismo tiempo propositiva, que les permita su participación cercana y comprometida, en tanto que “ciudadanos-gobernantes”, en los asuntos que afectan a la comunidad, complementado con ello la acción gubernamental.

 

Como ciudadanos este este es un momento inmejorable para pensar y hacer que nuestro Estado se erija en promotor por excelencia del interés general y su gobierno que es el instrumento para convertir sus expectativas en hechos, en un moderno sistema de organización y de gestión más plural e incluyente; en una entidad política que adquiera su fuerza en la Constitucionalidad y se legitime cotidianamente en la cultura social, que es lo que al fin de cuentas nos dará vida y razón de ser como nación.

 

Sin duda, este es un buen momento también para que todos, ciudadanía, partidos y gobiernos, empecemos a pensar en la nueva definición y las nuevas fronteras que tendrán necesariamente que asumir Estado, Poder Público, Gobierno y Administración como elementos vitales de la “Res Pública”.

 

III. EL ESTADO ANTE SUS CONTRADICCIONES:

 

La creciente interdependencia de los asuntos que deben ocuparnos, obligan a partidos y gobierno a esforzarse por seguirle el paso a un cada vez más apretado tejido social, orientando sus acciones al establecimiento de estrategias horizontales de gestión sobre la base de que actualmente, la eficacia de éstos condiciona el desarrollo de aquel, en un movimiento cíclico mediante el cual los tres elementos, ciudadanos, partidos y gobiernos se retroalimentan.

 

La actual dinámica económica, política y social nos impone a quienes de una u otra forma estamos involucrados en la cosa pública, la necesidad primordial de realizar un serio y profundo ejercicio de reflexión, con el ánimo de encontrar pautas que nos ayuden a concebir la forma y los términos en los que habrá de constituirse el nuevo equilibrio entre los componentes que tradicionalmente, al menos desde su creación, han integrado al Estado de Derecho, a saber: población, territorio, poder público, orden jurídico.

 

En lo económico, los temas centrales de la reforma del Estado son el combate a la marginación y el desempleo, así como el débil crecimiento interno, problemas de carácter estructural que son un obstáculo grande y fuerte para la participación social y política de la comunidad que impide –si no es que anula- cualquier intento de avance democrático.

 

No obstante ser un fenómeno esencialmente económico, la pobreza tiene severas repercusiones en lo político, en lo social e inclusive en lo cultural. La creciente deuda exterior, la aplicación estricta de los modelos económicos impuestos desde fuera, han provocado en muchos países de América Latina la agudización de un problema igual o mayor a éstos: la deuda social, cuya atención es urgente. Las causas que provocan la pobreza, constituyen en conjunto una de las formas más aberrantes de corrupción. Por eso, el bienestar social funge como fuente de legitimidad de la acción gubernamental y es condición inseparable de la vida democrática.

 

La pobreza es un estado de necesidad que lesiona la libertad de los seres humanos y que incide negativamente en el logro de la razón de ser del Estado: el bienestar colectivo. Los pobres de México, que son los más, se ven obligados a buscar y encontrar la manera de satisfacer sus necesidades más apremiantes. La inseguridad rampante, el deterioro de la calidad de vida y de la fuerza de trabajo, el desempleo, la baja cobertura y la pobre calidad de los servicios, el escaso acceso al conocimiento y las oportunidades de este amplio sector de la población, son asuntos deberían de ser antes que cualquier otra cosa la base de las agendas de todo gobierno a todas sus escalas. A un lado de los discursos, los pobres requieren de manera primordial y con hechos, ser atendidos al menos en sus necesidades más apremiantes. Esto es un requisito incondicional para el desarrollo del país y par aun verdadero ejercicio democrático del gobierno.

 

En lo político, autoridades y partidos están obligados a realizar esfuerzos para lograr un contacto real y directo con la comunidad, conocer sus realidades, requerimientos y aspiraciones; y propiciar los necesarios cambios para el ejercicio corresponsable del gobierno. Para ello hay que impulsar más y mejores métodos, estrategias y mecanismos para modernizar todos los aspectos de la vida pública; aprovechar las experiencias y potenciales que han funcionado y proyectarlas, complementando de tal suerte la acción gubernamental con la acción política y social.

 

En lo social –reitero- las organizaciones tienen ante sus miembros la responsabilidad compartida de adoptar frente al reto que implica la reforma estatal y de gobierno, una posición crítica, pero a la vez propositiva, que permita su participación más cercana y comprometida con los asuntos que afectan a su comunidad, sumándose a las tareas de gestión política y social del gobierno y partidos.

 

Al proceso de modernización económica, política y social del Estado debe unirse forzosamente la reforma de la administración, elemento de la acción gubernamental de vital relevancia por ser el que tiene un contacto más directo y por lo tanto, más sensible, más “de carne y hueso” con la ciudadanía.

 

La administración pública se enfrenta a grandes desafíos; su mayor reto es resolver la que tal vez sea su más profunda contradicción: por una parte, el creciente aumento de la demanda social para intervenir, que exige satisfacer la necesidad de cada vez mayores y mejores servicios de toda índole; y por otra, la presencia de una fuerte presión interna y externa que lo obliga a intervenir cada vez menos.

 

La administración pública mexicana tiene que darse a la difícil pero impostergable tarea de adecuarse a las exigencias, requerimientos y expectativas de la comunidad al servicio de la cual se encuentra. En este aspecto, la mejora regulatoria; la modernización de sistemas, métodos y procedimientos administrativos; la simplificación de trámites; el uso de nuevas herramientas y tecnologías para una mejor organización; la creación y mantenimiento de sistemas de información consistentes, que permitan un acceso más sencillo a todos los sectores sociales; la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas y una fiscalización eficiente; la descentralización; la co-gestión, son sólo algunos de los tópicos que deben ser atendidos por las administraciones públicas en los diferentes ámbitos de gobierno.

 

  1. LOS RETOS:

 

A manera de conclusión, podemos decir que del análisis más detallado de los matices del complejo e imparable proceso de transformación que estamos viviendo, es claro que la ciudadanía, los partidos y el gobierno tienen que realizar esfuerzos por obtener acuerdos conjuntos, fundados en un piso firme de legalidad, legitimidad y confianza:

 

  • Para el gobierno, el desafío se cifra en encontrar los mecanismos adecuados para armonizar las altas expectativas, los intereses y aspiraciones sociales dentro de amplios parámetros de tolerancia, inclusión y participación, con el objeto de instrumentar una transformación del Estado que dé a la ciudadanía la confianza y la credibilidad necesarias para que pueda llegarse a un verdadero cambio, ese cambio sin colores políticos, alejado de la retórica y cercano a la realidad, ese que todos queremos y esperamos.

 

  • Para los partidos, el trabajo no es fácil: se tendrán que seguir limando muchos y muy delicados puntos de discusión; hacer a un lado posiciones maniqueas u obsesiones políticas que sólo han servido para obstaculizar el tránsito hacia una nueva forma de hacer y entender la política; asumir que en esta dinámica de transición, las ideas no tienen dueños ni castillos dogmáticos que las contengan; que no es posible que alguna persona u organización reclame para sí la total paternidad de un solo proyecto; que en el ámbito legislativo, o mejor dicho, de los legislativos, se requiere más que de una razón de partido, de una razón de partidos, para conseguir con éxito una reforma política de fondo, que permita localizar puntos de coincidencia imprescindibles para delinear los nuevos “acuerdos en lo fundamental” que son la materia prima para conformar entre todos un renovado proyecto de nación.

 

  • Para los ciudadanos, las condiciones actuales son propicias para crear la conciencia colectiva en el sentido de que el compromiso con y por la democracia está lejos, muy lejos, de agotarse con el sufragio. Los avances logrados hasta el momento han propiciado sin duda mayor confianza y certidumbre en los procesos e instituciones electorales, dándoles al mismo tiempo mayor legitimidad. Por ello, continuar el trabajo para avanzar a una verdadera Politeia (aquello en lo que estemos de acuerdo, independientemente de nuestra apreciación o preferencia personal) es una de las más grandes tareas y de los más grandes retos a los que los mexicanos tendremos que seguir haciendo frente en los tiempos por venir. Al fin de cuentas, ¿no es eso el quehacer político?

 

Los grandes retos para construir el nuevo proyecto de nación que requerimos, solo podrán enfrentarse mediante el consenso y la participación conjunta de gobierno, partidos y ciudadanía. Los logros alcanzados nos obligan continuar y fortalecer principios, normas y prácticas para transitar hacia el nuevo proyecto democrático que todos esperamos. Al futuro, lo importante es encontrar la clave para mantenerlos permanentemente vigentes y vivientes, convertirlos en una forma de ver y vivir la realidad cotidiana y ganarnos de tal manera la oportunidad de contar con un mejor esquema de convivencia política y social. Así, todos saldremos ganando.