Categorías Sospechosas y Ajustes Razonables

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Por José Ramón González Chávez

La Corte Suprema de Estados Unidos de América y la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH) denominan “Categoría Sospechosa” al criterio de interpretación y aplicación del Derecho (normas, principios y prácticas jurídicas) que tiene como fin conseguir la realización del principio fundamental de igualdad de todos ante la Ley ante cuando existan situaciones en la que esta pueda verse amenazada[1].

El origen del concepto “Categoría Sospechosa” se encuentra subsumido en la doctrina del Escrutinio Estricto, elaborado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica para determinar si una regulación afectaba o no la igualdad ante la ley[2]. El primer caso que da cuenta de esta doctrina se encuentra en el fallo “United States vs. Carolene Products Co”, en el que la recurrente postulaba contra de las regulaciones económicas impuestas en el contexto del “New Deal” y que se referían al comercio interestatal de la leche. En el fallo se señaló que:

“… no es necesario considerar ahora si la legislación que restringe los procesos políticos que ordinariamente se pueden esperar para llevar a la derogación de la legislación indeseada estará sujeta a un más elevado escrutinio judicial bajo las prohibiciones generales de la enmienda catorce que otros tipos de la mayoría de legislación”

El principio de Escrutinio Estricto se percibe con claridad en el caso “Bolling vs. Sharpe” en el que se reclamaba contra la segregación en los colegios públicos del distrito escolar de Columbia, que afectaba los derechos de los niños de color que se encontraban asegurados en la quinta enmienda de la carta fundamental. La Corte Suprema acogió la demanda, y en cuanto al tema de la segregación, declaró que:

“…clasificaciones basadas sólo en la raza deben ser escrutadas con un cuidado particular (el subrayado es mío) porque son contrarias a nuestras tradiciones y por lo tanto constitucionalmente sospechosas”.

Si bien el concepto “Categoría Sospechosa” ha sido utilizada por décadas en la Suprema Corte de los Estados Unidos de América, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es de aparición relativamente reciente y en muchos casos se ve confrontada a la aplicación de los principios de Control de Constitucionalidad e Interpretación Conforme, tal como lo muestra el paradigmático caso para el tema que nos ocupa denominado Atala, Riffo y niñas vs. Chile[3].

En México, la Categoría Sospechosa se entiende como todo aquel rasgo prohibido que menoscaba o amenaza la dignidad humana por medio de un trato diferenciado, que produce desventaja hacia determinados grupos estereotipados sin que exista una razón que la justifique[4].

En nuestro orden Constitucional, de manera meramente enunciativa, la vinculación del principio de igualdad con otros derechos podemos constatarla desde el inicio mismo de la redacción del primer artículo de la Carta Magna:

“Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece”. (…)

Lo mismo sucede en el caso de las resoluciones jurisdiccionales, en las que sistemáticamente el principio de igualdad se encuentra presente y relacionado con muy diversas situaciones de hecho y de Derecho derivadas de conductas de particulares o de autoridades y órganos del poder público del Estado, por ejemplo, cuando el legislador puede cometer un error en la determinación del supuesto abstracto (desigualdad formal) o cuando el juzgador omite este criterio al aplicar la norma al caso concreto o bien, en sentido negativo, cuando no aplica un trato diferenciado cuando lo sujetos se encuentran en condiciones de desigualdad (desigualdad sustantiva)[5].

El nuevo modelo constitucional garantista y los principios que lo sustentan, como la supremacía de los derechos fundamentales, el principio pro persona, el interés superior del menor, el control de convencionalidad, la interpretación conforme, la integración al sistema de los instrumentos jurídicos y decisiones jurisdiccionales de carácter internacional, solo por mencionar algunos. requieren de una aplicación más sistemática de este criterio para hacerlo realizable, lo más justo y lo menos dependiente posible de las apreciaciones subjetivas por parte de los distintos operadores jurídicos. Eso es a lo que podemos llamar “ajuste razonable” esto es, el control de los parámetros usados por el tomador de decisiones jurídicas para dar justicia conforme al principio jurídico universal de igualdad en el marco del nuevo modelo constitucional, cuando esta se violenta o se corre el riesgo de que sea transgredida.

Es importante mencionar que la igualdad tiene una naturaleza transversal respecto de otros derechos fundamentales; por ello, de forma directa o indirecta, siempre se encuentra vinculada a estos. Lo amplio del tema por sí solo da para hacer toda una tesis sobre la presencia del principio de igualdad solamente el ámbito constitucional.

El derecho a la igualdad también se relaciona estrechamente con una de sus garantías más importantes: la equidad. En tal sentido, como lo señalan los fallos de la corte Suprema de Argentina números 124:122; 126:280; 127:118; 151:359; 157:28; y 184:592[6]:

“… la garantía de igualdad no impide que se contemplen en forma distinta, situaciones que se consideran diferentes, siempre que la discriminación no sea arbitraria, ni responda a un propósito de hostilidad contra determinada persona o grupo de personas, o importe indebido favor o privilegio personal o de grupo…”

Afirmación que es coincidente con el apotegma que postula:

“Justicia es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales”,

lo que nos lleva a ligar este principio con el de razonabilidad, sin duda igualmente determinante en la realización del nuevo modelo constitucional, pues en todo caso el legislador, o el juzgador o en general todo tomador de decisiones jurídicas debe hallar un límite a cierto tipo de argumentaciones que, sobre la base de que las personas desiguales en alguna característica, intentan, por esa sola razón, justificar diferencias de trato entre ellas[7] y cuándo una restricción a un derecho resulta compatible con la Ley Fundamental, en ambos casos por razones de muy variada índole, tales como las siguientes:

  1. Sexo: Recurso frecuentemente utilizado para argumentar desigualdad por ser de sexo o preferencia sexual diferente.
  2. Religión: se arguyen prácticas religiosas que se confrontan con normas jurídicas, por ejemplo, en el caso de los testigos de Jehová y los símbolos nacionales, el servicio militar obligatorio, la transfusión sanguínea en caso de emergencia, etc.
  3. Edad: Empleado en muchos casos para pretender justificar el ejercicio o cese de una actividad profesional o la limitación a ciertos derechos individuales o colectivos por el simple hecho de tener cierta edad.
  4. Origen étnico: Cuando por razones jurídicas, políticas, sociales y hasta culturales, a veces de carácter histórico, se hace nugatorio el ejercicio de derechos fundamentales, o se exigen otros de los cuales los demás que no pertenecen a ese grupo, no gozan.
  5. Discapacidad: Caso en el que similar al anterior se discrimina y se niega o impide el goce de derechos fundamentales por ese solo hecho.
  6. Pertenencia Gremial: Usado generalmente para rechazar, de un lado, o pretender y gozar en exclusiva de ciertas canonjías, del otro, por el hecho de pertenecer a una organización, sindicato, asociación, etc.
  7. Condición socioeconómica: se presenta generalmente en condiciones de facto o de iure pueden darse exclusiones del ejercicio de ciertos derechos o goce de otros en exclusiva, por tal causa.

Todos estos aspectos nos hacen reflexionar sobre la naturaleza tan delicada y sensible de la determinación de las Categorías Sospechosas y sobre todo, de los Ajustes Razonables que todo operador jurídico debe hacer en la comprensión, interpretación, argumentación y resolución del caso concreto cuando la igualdad está o puede estar en juego.

Es justamente en la aplicación práctica de la norma constitucional al caso concreto que se presenta con la mayor claridad la disyuntiva en cuanto al momento, forma y términos de aplicación del Ajuste Razonable para hacer efectivo el principio fundamental de igualdad, pues no siempre resulta más o menos evidente, como en el caso de los grupos vulnerables y a veces las fronteras de aplicación son muy frágiles y de tratamiento no solo jurídico, sino también político, social e incluso cultural, como en el caso de los extranjeros respecto de los nacionales, la migración, la discriminación, entre muchos otros. De ahí que se requiera de parámetros ciertos y concretos para poder hacer una interpretación y aplicación jurídica eficaz.

Así pues, si bien el concepto de Categoría Sospechosa permite avanzar formalmente en la defensa y protección del derecho fundamental a la igualdad, es necesario que esta se complemente desde el punto de vista material poniendo énfasis en que el Estado adopte medidas tendentes a remover los obstáculos que impidan de facto su pleno goce y disfrute y que los operadores jurídicos haga uso cuidadoso del Ajuste Razonable en su argumentación y la consecuente resolución del caso.

 

 

BIBLIOGRAFIA:

 

[1] Treacy, Op cit. p. 181 y ss.

[2] Íñiguez Manso, Op. Cit.

[3] Se puede consultar la resolución de la CIDH sobre este caso en la página http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_239_esp.pdf

[4] Avendaño, et al., Op. Cit., pp. 46 y ss

[5] Ídem.

[6] Treacy, Op. Cit., p. 184.

[7] Treacy, Op. Cit., p. 185.

 

Nuevo Sistema de Justicia, pero abogados con el Viejo “Chip”

 

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA, PERO ABOGADOS CON EL VIEJO “CHIP”

Por Jose Ramon Gonzalez

Dentro del largo y hasta ahora relativamente infructuoso proceso de instrumentación del tan cacareado Nuevo Sistema de Justicia Penal que dio inicio a mediados del 2008 e independientemente de su instauración por decreto el 16 de junio de 2016, sigue pendiente su puesta en operación real, particularmente debido a sus serias deficiencias en lo que respecta a la capacitación de sus denominados “operadores jurídicos”, es decir, de todos los abogados y el personal de apoyo que de manera directa o indirecta deben intervenir en los diferentes momentos del nuevo proceso.

En efecto, uno de los no pocos aspectos que sorprendentemente fueron puestos en segundo o aún tercer plano dentro de la implantación de este Nuevo Sistema es el asunto de la formación inicial y continua de quienes se erigen en su columna vertebral: los abogados y sus auxiliares.

Por un lado –claro está- la deficiencia es evidente en la capacitación y adiestramiento de los servidores públicos actuales que se encuentran laborando en las distintas áreas involucradas: defensores de oficio ministerios públicos, agentes de las policías preventiva y ministerial y peritos; juzgadores y su personal adscrito, primordialmente sus secretarios de acuerdos, actuarios y personal secretarial; quienes trabajan en los ahora llamados Centros de Reinserción Social encargados de las tareas administrativas y de soporte logístico y de custodia. En este ámbito e independientemente de lo cualitativo, cuantitativamente podemos mencionar después de ocho años que supuestamente inició el proceso de reforma, apenas el 10% en promedio de todo este personal ha recibido algún tipo de capacitación, ya sea general sobre el sistema o bien específica en el “qué” y “cómo” del marco jurídico y los derechos que deben salvaguardar; de las obligaciones que deben cumplir y de con quién y cómo se deben coordinar; de los requisitos de transparencia y rendición de cuentas que deben observar.

Las autoridades encargadas de la implementación del nuevo sistema a nivel federal y en las entidades federativas siguen sin aterrizar un programa de capacitación y actualización congruente y consistente, que se aleje del anticuado modelo positivista del siglo pasado y se acerque más al nuevo modelo de Estado Constitucional. Adicionalmente, en la mayoría de las instalaciones dedicadas a impartir este nuevo tipo de justicia, se carece de salones para llevar a cabo los procesos orales, así como del equipo y materiales necesarios aunque sea para impartir los cursos que ya se están ofreciendo.

Por su parte, en lo que toca al ejercicio privado de la profesión, sigue pendiente la capacitación, adiestramiento y actualización de los abogados litigantes a través de las barras, colegios y otras organizaciones gremiales a las que se supone –de acuerdo al nuevo modelo- que todos deben pertenecer, primero para poder operar en el flamante sistema y luego para refrendar la actualización permanente de sus conocimientos y con ello acreditar su continuación en el ejercicio de esta labor.

Valga mencionar que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al primer trimestre de 2016 y de acuerdo con la clave 2135: “Abogados” del Sistema Nacional de Clasificación de Ocupaciones (SINCO), la población ocupada como abogado en México se cuenta en poco más de 342 mil personas, de las cuales una tercera parte (más de cien mil) trabajan por su cuenta (una cuarta parte de ellos –Señor Mancera- ubicados en la ciudad de México), esto sin contar a los auxiliares de servicios jurídicos quienes también y por supuesto deberían recibir capacitación y adiestramiento, pues ayudan a la recopilación de hechos y evidencias, elaboran, procesan, registran, organizan y actualizan documentos con valor legal para efectos del proceso, además de recibir y atender inicialmente a los clientes o ciudadanos que requieren asesoría jurídica.

En adición hay que mencionar que menos de 2 de cada 100 abogados habla alguna lengua indígena, lo que también es preocupante para el nuevo sistema, que sustenta parte de su visión en la cobertura universal basada en el apoyo jurídico a la población en su lengua materna. En tal sentido, el diseño ha olvidado también incluir la capacitación para estos abogados, pues no solo basta con saber una lengua original, sino que se debe conocer y comprender la correcta traducción técnica en ambas vías de los términos jurídicos que a veces ni en español son claros, sin tocar lo relacionado con sus raquíticos sueldos, asunto delicado tanto en México como en todos los países en los que se ha tratado aplicar.

La insuficiencia e ineficiencia de la capacitación, aunadas a la falta de voluntad individual y colectiva, la negligencia de las instituciones gremiales y la mera implantación por decreto del nuevo sistema, están provocando –por ejemplo- que los abogados litigantes sean desalojados de las salas de juicios orales por los juzgadores bajo el argumento de la incompetencia profesional, lo que los está llevando a ya no tomar este tipo de casos para evitar ser exhibidos públicamente, con el consecuente y drástico impacto en los resultados esperados por las autoridades.

Pero algo tanto o más grave es lo referente a la formación profesional impartida por los centros de educación superior del país, tanto públicos, como privados. Es verdaderamente significativo el hecho de que en 90% de los casos, después de ocho años, las carreras de Derecho y afines siguen sin modificar sus planes de estudio y programas académicos para adecuarlos al nuevo sistema.

Las instituciones de enseñanza profesional del Derecho siguen careciendo de simuladores y talleres de juicios orales; han omitido la actualización obligatoria de sus profesores por profesores certificados a fin de que sean capaces de impartir tanto las nuevas materias como las que ameriten actualización, pues de nada sirve pretender impartir nuevas materias con docentes formados y deformados teórica y prácticamente en el sistema positivista anterior.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) desde que comenzó formalmente el proceso de reforma en el 2008 y hasta la fecha no ha metido un solo dedo para convocar, organizar y coordinar esfuerzos encaminados a que las instituciones de educación superior afiliadas se pongan a trabajar en la puesta al día de sus carreras de Derecho.

Todas estas carencias en la actual oferta educativa debería de preocupar –y más que nada de ocupar- a todas las instituciones de enseñanza del Derecho del país. Pero parecen no inmutarse, quizá consideren poco rentable invertir tiempo, trabajo y recursos en ello, ignorando que la carrera de abogado sigue siendo de las 10 más demandadas en México por los milenians y que obviamente será más competitivo quien tenga una mejor oferta de preparación profesional.

En todo caso, todos los involucrados en la implantación real del nuevo sistema deberían cambiar su “chip” como abogados y tener en cuenta que la capacitación y actualización es crucial para su éxito o fracaso, lo que implica fundamentalmente el conocimiento y comprensión del nuevo modelo de constitucionalidad, además del combate de la corrupción y la transparencia, temas a los que nos avocaremos en entregas posteriores.