Impunidad Garantizada

Una reflexión del Profesor Diego Valadés hecha en agosto de 2018 pero cuyo contenido mantiene vigencia, mas aun que como puede constatarse, por desgracia los factores clave para la reversión del asunto, (liderazgo, voluntad política, decisiones oportunas y adecuadas) siguen brillando por su ausenci, y ahora con mayor fulgor, y no solo la situación se ha mantenido sino aun peor, se ha agravado.

Bien merece ser leída y por supuesto comentada. Saludos cordiales.

José Ramón González Chávez

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IMPUNIDAD GARANTIZADA
Por Diego Valadés

La violencia generalizada en el país tiene muchas causas. En términos generales el factor principal es el desarreglo institucional que se ha acumulado por décadas.Entre los elementos más perceptibles del déficit institucional que padecemos figura la discrecionalidad de quienes ejercen el poder.

Cuando un sistema está a expensas de las decisiones personales, lo mismo sucede que quien las toma lo haga con sabiduría política, honestidad y patriotismo, o que proceda de manera frívola, complaciente o caprichosa.

El mundo entero está presenciando y sufriendo los efectos de la discrecionalidad extrema en el poder. El hecho de que un solo sujeto, en este caso el presidente de Estados Unidos, pueda afectar la ecología planetaria y desfigurar el complejo sistema comercial del mundo sin que haya un aparato institucional que lo impida, denota las deficiencias agudas de los sistemas presidenciales que no se han renovado.

La situación de México es semejante. El régimen de gobierno se acomoda a las características de presidentes, gobernadores y alcaldes en sus respectivos ámbitos de poder, pues los mecanismos representativos son muy débiles. Las consecuencias son conocidas.

De cada titular en cada nivel de gobierno depende la solución de los problemas. Si los elegidos para esos cargos tienen atributos para resolver los agobios dominantes, son viables algunas soluciones, pero su vigencia está limitada a la presencia de los personajes, no a la permanencia de las instituciones jurídicas y políticas.

No dudo que en materia de seguridad el próximo gobierno federal ofrezca buenos resultados, aunque sus efectos estarán limitados al periodo sexenal. Si la fuente de los remedios sigue siendo una persona, lo más que se puede esperar es que también acierten los elegidos en 2024, en 2030 y así en lo sucesivo, en tanto carezcamos de instrumentos institucionales para que las políticas del Estado sean estables, evaluables, corregibles y controlables y duraderas.

En el caso del combate a la violencia todo indica que los titulares de los órganos gubernamentales incumbidos de llevarlo a cabo están tomando su papel en serio. Esto es positivo, pero no bastante si se mantiene incólume el deficiente entramado institucional que propicia la impunidad.

La violencia delictiva es un asunto que exige respuestas políticas y jurídicas; no es un tema de policías y ladrones. El meollo de la cuestión es que los sistemas federal, judicial, de gobierno, representativo y, de manera general, el ordenamiento jurídico, no están alineados para generar sinergias pues obedecen a lógicas distintas y se fueron construyendo de manera desordenada, fragmentaria e incluso contradictoria.

Ayudará cambiar de estilos, estrategias y tácticas, así como mejorar los sueldos, la capacitación y el equipamiento en las áreas de seguridad. Todo esto podrá dar resultados favorables que se adviertan en los indicadores delictivos. Empero, si subsisten las deficiencias jurídicas y políticas, la impunidad impedirá que esos efectos se consoliden en el largo plazo.

Está demostrado que la incidencia delictiva depende de la tasa de impunidad. Las acciones preventivas y represivas del delito son sólo una parte de lo que se requiere. En una gran estrategia de combate al delito, la integridad y la capacidad de las fuerzas de seguridad son indispensables; pero esto representa apenas un factor que debe ser complementado por otras medidas políticas y jurídicas.

Como en tantas ocasiones previas, la sociedad y sus expertos están siendo convocados a foros catárticos. Además del desahogo, habrá algunas opiniones valiosas. En cambio, falta que el Estado reaccione ante el desprestigio y también se escuche a sí mismo.

Contra el estereotipo, en el servicio público hay mucha gente honesta y experimentada. Existen administradores, juzgadores y agentes de seguridad al tanto de los errores legales y administrativos que propician la impunidad, pero lejanos a quienes deciden. A ellos también conviene oírlos.

Para que la pacificación del país sea amplia y duradera es menester revisar el federalismo, el amparo, el garantismo y el sistema de pruebas judiciales, porque en el ordenamiento jurídico nacional abundan las garantías para la impunidad, en perjuicio de las libertades y del Estado de derecho.

Violencia y Democracia

VIOLENCIA Y DEMOCRACIA

Por José Ramón González Chávez

La democracia es causa eficiente, motor y razón del Estado Constitucional. Sin embargo, pareciera ser frágil ante factores que en la actualidad le son tan determinantes como la violencia, flagelo social de configuración dinámica y compleja al que incluso en un principio podría considerársele antagónico, pues la primera implica tolerancia, inclusión, acuerdos en lo fundamental, en lo que nos es común y nos afecta a todos independientemente de nuestros intereses y preferencias personales, y la segunda, la imposición de la fuerza a la razón y por ende, la negación de todos aquellos principios.

Para nadie es ajeno que la violencia es un gran instrumento mediático; el morbo que provoca el llamado “gancho de sangre” ha llevado a muchos medios de comunicación a emplearlo como modus vivendi y por ello durante años -si no es que décadas- se han dedicado a cultivarlo; lo fortalecen y lo hacen permanecer a tal grado que algunos de ellos han llegado a dedicarle casi la totalidad de sus espacios.

Morbo, temor, expectativa, divulgación, entre otras muchas cosas más, han venido generando y acrecentando una verdadera opinión pública que gira alrededor de la violencia; ha dejado de ser tema de especialistas o comunicadores de nota roja o amarilla para convertirse en vox populi. Todos hablan de ella, refieren anécdotas propias o ajenas, se convierten en jueces penales o criminólogos. Desde hace tiempo es más conocido el nombre de los grandes exponentes de la violencia que de muchos personajes de nuestra historia, pero casi nadie sabe qué es, quién la crea y la alimenta, por qué y cómo opera, para qué, para quién y cómo afecta a la vida democrática y al tan invocado Estado de Derecho. Quizá por ello todos, de una forma u otra, en mayor o menor medida, tengamos algo de culpa en el empoderamiento del tema.

Al igual que la seguridad, la violencia es ante todo una percepción. Lo preocupante es que esta ha permeado profundamente en muchas democracias contemporáneas incluyendo la nuestra. Ahora parece que un candidato, un partido o un gobierno es más popular ya no por sus propuestas de solución a los problemas sociales, económicos o políticos sino en la medida en que su discurso se torna violento hacia sus opositores, hacia las instituciones y los gobiernos, constituidos o precedentes.

Lo vimos en el reciente proceso electoral, tanto en los “debates” como en sus declaraciones ante los medios, cuando un candidato resultaba mejor calificado no en la medida en que era capaz de ofrecer soluciones convincentes a los problemas comunes, sino mientras más insultos profería a sus contendientes, convirtiendo el intercambio y discusión de visiones de gobierno en una simple, llana y triste guerra de lodo

Esto tal vez pudiera deberse a una lectura equivocada de la actitud ciudadana de considerar la violencia en el lugar más alto en sus preocupaciones, por encima de temas tan cruciales para el desarrollo democrático y social como la seguridad, el empleo, la salud, la educación, la gobernabilidad; y es que la violencia rasga ese entramado de relaciones, intereses y expectativas individuales y de grupo que llamamos el tejido social con balas, descuartizamientos, genocidios, terror, impunidad; la violencia llegó para quedarse en él y ocupa desde hace tiempo ya y por quien sabe cuánto tiempo un lugar de privilegio en las historias locales y por supuesto en la nacional.

Todos, gobernantes gobernados, líderes de opinión, ciudadanos de a pie, hemos aprendido a vivir con la violencia, en hacerla parte de nuestro entorno cotidiano; a volvernos resistentes y a veces hasta indolentes ante los delitos, los abusos, los insultos, las amenazas; indiferentes frente a crímenes de lesa humanidad, ante los genocidios de campesinos, de migrantes, ante las fosas clandestinas llenas de gente sin cara, sin nombre, mostrándonos que la violencia quizá no sea más que la cara visible de un conflicto social que prevalece en el fondo, lo que nos mete en un ciclo autodestructivo que pareciera llevarnos a un callejón sin salida.

En este estado de cosas, surge obligadamente preguntas como ¿qué relación hay entre transición democrática e incremento uniformemente acelerado de la violencia y la criminalidad? ¿de qué forma construir y mantener un sistema democrático en este entorno? ¿Será posible superar este panorama, pasar de la razón de la fuerza a la fuerza de la razón, sin más crueldad, sin más violencia, sin derramar más sangre?

Los estudios sobre violencia y democracia surgen en Sudamérica a inicios de los años 60, en países que desde esas épocas han sufrido esta cruda situación como Colombia (vid Guzmán, Fals y Umaña “La Violencia en Colombia. Estudio de un Proceso Social”, Bogotá, Ed. Tercer Mundo”, 1962).

En México, el fenómeno de la relación entre violencia y democracia está modificando la estructura, conducta e imagen del país tanto al interior como al exterior y por ende trastoca la planeación, diseño y operación de la política pública y la denominada gobernanza a todos los niveles: federal, estatal, municipal; sin embargo, existen muy pocos textos sobre el tema y los que hay son superficiales o poco recientes. Basta un simple chapuzón a la Internet para constatarlo.

Parece paradójico que la violencia sea un tema de mayor preocupación en la opinión pública y que contradictoriamente exista poco interés o una especie de “autocensura” para estudiar y comprender con seriedad su naturaleza y características, causas y consecuencias, así como su obligada vinculación con la democracia y el Estado Constitucional, a fin de buscar y ofrecer opciones viables para su solución, lo que hasta el momento no ha sucedido y por desgracia no vemos cómo pueda suceder, tomando en consideración el discurso que hasta el momento ha mantenido el gobierno entrante.

¿La Paz por decreto?

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LA PAZ POR DECRETO?

Comentarios a declaraciones recientes del Ministro José Ramón Cossío

Por Jose Ramón Gonzalez

Hace unos días el ministro del a Suprema corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío publicó un artículo por el que expresa una especie “sugerencia” para que el ejecutivo Federal –y por ende es de suponerse que los ejecutivos de las entidades Federativas– tengan que justificar todas sus decisiones en materia de seguridad cuando intervienen las fuerzas armadas.[1]

El Argumento “cojea” notablemente al menos en su premisa principal, tanto en fondo como en forma, y más bien pareciera que ha sido producto de una invitación que le hubiera hecho “alguien” para escribir sobre el asunto, con el fin de preparar el camino a próximas reformas –tal como ha sucedido en ocasiones anteriores— que una idea propia que pretendiese atender y más aún resolver un asunto relevante de los muchos que por cierto tiene nuestra nutrida agenda constitucional. Se trata de la visión simplista y maniquea de la posición de las fuerzas armadas para determinar sus atribuciones, ya sea en tiempos de guerra o de paz, bajo la tónica de que si “no es blanco es negro”, lo que nos lleva a una falacia básica, cuando en el constitucionalismo moderno la interpretación y aplicación de las normas, prácticas y principios jurídicos se caracterizan por su flexibilidad, a fin de adaptarse a la realidad y su contexto y poder dar justicia, antes que aplicar de forma positivista a pie juntillas la ley, lo que es principio y fin del orden constitucional moderno.

En el terreno de las relaciones entre estados, una guerra, es decir, el fin del estado de Paz, se declara; hay tratados y protocolos internacionales al respecto. Pero una guerra interna es un hecho social que transgrede el orden establecido y al que el poder constituido debe hacer frente a fin de restablecer y mantener el orden constitucional, tal como lo señala la propia Carta Magna en sus artículos finales, 135 y 136.

Por si fuera poco, debemos recordar que en 2006 quizá el primer acto de gobierno del entonces presidente Felipe Calderón fue “declarar la guerra al crimen organizado”, a todo, no solo al que se dedica al narcotráfico; y el actual presidente, lejos de desmentir o extinguir esa declaración, ha comentado que lo que hay que hacer es un cambio de visión y estrategia, aunque todavía, a más de la mitad de su mandato, todavía no sabemos cuál sea y menos, por supuesto, cómo se pretenda aplicar y en los hechos, el mantener la tónica del régimen anterior.

Sin perjuicio de lo antes dicho, la atribución del ejecutivo para disponer de las fuerzas armadas por verse comprometida la seguridad del país, se encuentra en al artículo 89 fracción VI de la Constitución de la República y las atribuciones que se asignan en ese propio ordenamiento y en las leyes secundarias tanto al ejército como a la marina y fuerza aérea se entienden extendidas al ejecutivo, por ser este su comandante supremo.

La forma y términos en que ese ejecuta esta atribución se da en función de la naturaleza del problema a resolver (seguridad interior) y en atención al propio sistema de gobierno previsto en la Carta Magna: El ejecutivo, en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas puede y debe tomar decisiones tácticas y estratégicas para hacer frente a una contingencia de seguridad interior, tal como lo dispone el artículo 89 constitucional, mantener el orden y en su caso, restablecer la paz. Así sucede en cualquier otro país que en un momento de su historia ha tenido problemas de seguridad interior, como en EE UU, Reino Unido, Francia, España, etc.; ejemplos claros de cómo le han hecho frente a tales contingencias podemos ubicarlos fácilmente en el pasado reciente y aún en la actualidad. Baste ver lo sucedido en pasado 14 de julio ante el ataque terrorista en Niza, Francia.

Imagínense si para cada acción de defensa o de seguridad nacional se tuviera que hacer su respectiva y previa fundamentación legal; nos veríamos indefectiblemente en el riesgo de caer en una burocracia positivista que no abonaría en nada a la eficacia gubernamental que intenta imponer la nueva constitucionalidad.

En todo caso y en síntesis, me parece que antes que un asunto de legalidad, se trata de un tema de estrategia y táctica en términos de legitimidad política y de eficiencia operativa, en ejercicio de una atribución constitucional que busca la defensa y mantenimiento de la soberanía interior.

Pero aquí lo que sin duda ha descuidado el ejecutivo mexicano en años (sexenios?) recientes es lo relativo a la comunicación social interna y externa y a la administración y control de posibles riesgos a partir de las decisiones tomadas. No es un “asunto de semántica” como lo propone Cossío, sino de comunicación, de legitimidad y –reitero– de eficacia operativa. Ahí ni el ejecutivo ni sus fuerzas armadas, ni las de seguridad pública, han sabido encontrar el discurso y los métodos argumentativos adecuados para “vender” a la ciudadanía las decisiones tomadas, lo que se agrava aún más con una soberanía debilitada -desde adentro y desde afuera- por actores políticos y medios.

A donde va Cossio con su declaratoria? qué es lo que hay atrás? quizá habrá que releer a Karl Schmidt y/o a Kelsen y hurgar un poco en las hemerotecas para entender cómo se justificaron legalmente las acciones de Hitler, sin duda sustentadas en términos jurídicos, solapadas por el fanatismo político, pero de dudosa legitimidad en términos de derechos humanos.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] http://internacional.elpais.com/internacional/2016/07/13/mexico/1468377245_737792.html

Uso de la Fuerza Pública y Derechos Fundamentales

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USO DE LA FUERZA PÚBLICA Y DERECHOS FUNDAMENTALES

Por José Ramón González Chávez

El Estado tiene dentro de sus fines originarios y sustanciales el de garantizar la seguridad y salvaguardar el orden público. Para lograrlo cuenta con la atribución excepcional de hacer uso de la fuerza pública cuyos límites se ubican en todo Estado constitucional en el marco de respeto y protección a los derechos humanos.

El artículo primero de la Constitución General de la República[1] y sus correlativos internacionales en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[2] y la Convención Americana sobre Derechos Humanos[3] comprende la atribución positiva de fomentar, proteger y salvaguardar los derechos humanos, y por ende, la obligación negativa de no privar de la vida o imprimir sufrimiento a las personas bajo su jurisdicción, por lo que para cumplir con uno de sus fines primordiales como lo es el de la seguridad, debe observar en todo momento el hacerlo sin menoscabo a los derechos fundamentales y con plena observancia a la normativa nacional e internacional en la materia.

El Relator Especial sobre las ejecuciones denominadas “extrajudiciales” -¿alguna sería judicial?- ha expresado que “El Estado moderno […] no puede funcionar sin la policía […] El sistema de derechos humanos tampoco puede funcionar eficazmente por sí mismo sin la policía y en ocasiones, sin el uso de la fuerza, [ya que éstos] desempeñan una importante función en relación con la protección de la sociedad frente a la violencia, el cumplimiento de las medidas adoptadas por la administración de justicia y la salvaguarda de los derechos de las personas[4].

Los cuerpos de policía civil tienen una misión imprescindible para el adecuado funcionamiento del sistema democrático, garantizar la seguridad de la población y mantener el clima de orden social lo que implica una gran responsabilidad en el ejercicio de sus funciones al ser de las instituciones públicas que tienen un contacto más cercano y directo con la población. Es más, el propio sistema de derechos humanos no puede funcionar con eficacia sin una policía eficaz e inclusive sin el uso de la fuerza pública en ciertos casos[5]. De ahí que en un Estado Constitucional, la policía debiera ser la única institución pública con atribuciones para requerir a los ciudadanos la realización de determinadas conductas y en el exclusivo afán de garantizar la seguridad y el orden público, aplicar legítimamente, en casos excepcionales, la fuerza pública.

Al respecto cabe señalar la preocupación de que en México como en muchos otros países, es frecuente encontrar que derivado de la aplicación por décadas del modelo de estado y derecho positivista, las autoridades mantienen la visión de subordinar el ejercicio del derecho a la protesta social, al presunto “mantenimiento del orden público y la paz social”, cuya conceptualización vaga y ambigua permite la justificación de decisiones que restringen o reprimen ciertos derechos individuales y colectivos. La noción de orden público y paz social que se ha venido imponiendo hasta el momento parece preocuparse solo por garantizar el orden como una expresión del poder público del Estado y poner a salvo los derechos e intereses de quienes puedan verse afectados circunstancialmente por los actos de protesta, haciendo caso omiso la visión de protección y defensa de los derechos fundamentales, tanto de la población como de quienes protestan o se manifiestan socialmente.

A pesar de que se han llevado a cabo algunos avances normativos –empujados quizá por los acontecimientos de años recientes sucedidos en distintos puntos del país- el uso desproporcionado de la fuerza que se sigue observando en no pocos casos indica que los gobiernos, sus cuerpos de seguridad e incluso un amplio sector de la población, todavía se inclinan a deslegitimar de manera sistemática e inmediata la protesta social por la afectación que pueda causar, por ejemplo, a vías de tránsito, acceso a servicios, etc., ignorando la importancia para una sociedad democrática de garantizar el ejercicio de los derechos de expresión y petición por las lesiones que hechos sociales y/o actos de gobierno en sus diversas esferas han provocado.

A fin de contribuir a la construcción de una visión de la seguridad con enfoque humanista, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha insistido en manifestar que corresponde a una fuerza policial civil, eficiente y respetuosa de los derechos fundamentales manejar las situaciones de seguridad y violencia en el ámbito interno[6].

Uso de la Fuerza, Seguridad Pública y Cuerpos Militares.

Sobre este rubro, merece poner a la vista el tema de la participación, intervención y en ciertos casos superposición de las fuerzas militares en las acciones gubernamentales de seguridad pública, incluidas desde luego las vinculadas al uso de la fuerza.

En México y en gran cantidad de países, la historia muestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en contextos violentos en muchos casos ha ido acompañada de violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, su creciente intervención en tareas propias de los cuerpos de seguridad pública basada en la ineficacia de estos para hacer frente a situaciones de riesgo para la sociedad -y paradójicamente la ausencia de políticas públicas claras para fortalecer y mejorar a la policía civil-, ha provocado entre otras cosas la militarización de los procedimientos, equipamiento y las prácticas de los cuerpos policiacos, que anteponen el uso de la fuerza a los medios de persuasión y disuasión previos.

En adición, es notable el incremento del gasto público dedicado a las corporaciones militares con la pretendida justificación de requerirse para hacer frente a sus labores de recuperar y mantener la seguridad interna[7].

Dado el interés social imperativo que tiene el ejercicio de los derechos involucrados en los contextos de protesta o manifestación pública para la vida democrática, la CIDH ha considerado que en este ámbito específico esas razones adquieren mayor fuerza para que se excluya la participación de militares y fuerzas armadas en dicho control. De ahí que sea aconsejable evitar su intervención en este ámbito[8].

Otro aspecto que resulta determinante para el conocimiento y comprensión del tema de la seguridad y el uso de la fuerza es el de la participación de empresas privadas que prestan servicios denominados de seguridad y protección, incluso en instalaciones e instituciones públicas, además de una notoria desvinculación al tema de los derechos humanos por dejar de ser un servicio a la población y convertirse en un producto comercial sujeto a la oferta y la demanda.

En términos generales ni este tipo de organismos ni los elementos que contrata, cuentan con ningún parámetro de regulación o al menos de lineamientos generales a nivel federal, por ser considerada atribución de los gobiernos de las entidades. Pero además dentro de estos marcos locales en la gran mayoría de los casos tampoco cuentan con registros, reglas y procedimientos claros y homogéneos para el reclutamiento, selección, contratación, escalafón, capacitación y adiestramiento, operación, armamento y equipo necesarios para desempeñar sus funciones, las que en muchos casos, lejos de ser diferentes y complementarias a las que realizan los cuerpos de seguridad pública, llegar a convertirse en sustitutos de sus funciones operativas sin contar con capacidades para realizarlas, menos aún las vinculadas al uso de la fuerza pública en sus distintos grados además de que por su naturaleza y características este tipo de corporaciones en ninguna caso deberían de intervenir en acontecimientos donde se atente contra la seguridad de los individuos y de la población, limitándose exclusivamente a la protección física de bienes e instalaciones, custodia de valores y protección de personas[9].

Sin embargo la creación de este tipo de empresas observa un incremento constante, dado el aumento de la percepción ciudadana de inseguridad, aunado al pretexto de que las corporaciones de gobierno son insuficientes para atender la demanda de seguridad ciudadana, incremento que en América Latina, en términos generales alcanza un promedio de 10% anual[10].

Concepto de Fuerza Pública:

Atribución legítima y legal otorgada a los servidores públicos de ciertos organismos para prevenir, monitorear, contener y en su caso, reprimir en nombre de la colectividad, acciones violentas capaces de transgredir el orden público mediante intervenciones persuasivas, disuasivas e incluso coercitivas que pueden llegar en casos excepcionales al uso de la fuerza física”.

En toda acción de fuerza pública, que por lo general significa la restricción o suspensión temporal del ejercicio de algún derecho, las diversas corporaciones de seguridad pueden recurrir a ella sin necesidad de intervención previa de un órgano de carácter jurisdiccional, administrativo o constitucional autónomo. Esta atribución implica una gran responsabilidad dado que en ningún momento puede emplearse de manera arbitraria sino como una medida de carácter extraordinario, excepcional y eventual.

El nuevo paradigma constitucional, retoma la idea original de la fuerza pública como una herramienta eficaz para mantener el orden y la paz públicos, nunca como un medio de represión, de control gubernamental o de sujeción al poder político.

Dentro de nuestro régimen interior, el uso de la fuerza pública encuentra sustento jurídico en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos jurídicos secundarios.

La policía es la institución de carácter administrativo encargada de hacer cumplir, incluso de manera compulsiva, la normativa vigente. De allí resulta fácil comprender la sinonimia, tan propia del lenguaje común, cuando se habla de fuerza pública para aludir, de manera genérica, a algún cuerpo de policía.

Seguridad Pública y Uso de la Fuerza.

Algo digno de resaltar es que el concepto de Fuerza pública en cuanto al empleo que de ella hacen los cuerpos de Seguridad Pública, abarca exclusivamente el uso de la fuerza física o material, dado que la aplicación de la “fuerza no física” concepto que según Varenik [11] en su amplitud incluye entre otros aspectos como la fuerza psicológica (presencia, persuasión, dispersión) que por lo regular no afecta o altera directamente la integridad corporal de quien la sufre, exclusión que no pocos estudiosos ponen en tela de duda. En efecto, el dilema no es menor; existe una amplia gama de experiencias teóricas y prácticas que en este ámbito se confrontan a los hechos, al constatar su forma de uso y a veces abuso en medios generadores de opinión pública como la prensa y las redes sociales.

Dentro de su informe 2015 la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)[12] menciona respecto del uso de la fuerza pública que durante el periodo reportado cientos de personas perdieron la vida, fueron afectadas en su integridad física o limitados en el ejercicio de sus derechos en diversos contextos a causa del empleo arbitrario y excesivo la fuerza pública, ignorando los estándares establecidos a  nivel internacional, lo que refleja de manera evidente y primordial la falta de entrenamiento, coordinación, protocolos y supervisión de policías civiles o especiales, fuerzas armadas y agentes privados. Esto –señala la CIDH- se pone de manifiesto sobe todo en la represión intolerante y la discriminación de grupos vulnerables, activistas y defensores de los derechos humanos en diversas expresiones del ejercicio del derecho individual y colectivo a la expresión de las ideas reivindicatorias de derechos y manifestantes del descontento social.

Señala también como preocupante la cada vez más recurrente práctica de involucrar al ejército en tareas de seguridad pública.

Elementos de necesaria concurrencia para la aplicación de la fuerza pública:

  1. Oportunidad; esto es, el momento preciso en que es necesario utilizarla. Los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos también han coincidido al estimar que el deber de adecuada planeación preventiva de las actividades de sus agentes debe estar necesariamente vinculada al principio de proporcionalidad: Dado que conlleva necesariamente a minimizar el empleo de la fuerza; la planeación requiere la evaluación de las situaciones amenazantes a los valores que los funcionarios del orden están llamados a resguardar, además de que permite valorar el uso de los medios alternativos menos lesivos.
  1. El tipo o grado de aplicación y la intensidad en su ejecución, que siempre deberá estar acorde a los hechos a contener. Puede ir desde la Presencia, pasando por la persuasión o disuasión (física o verbal), la disolución hasta el empleo de la fuerza letal. Este principio de proporcionalidad ha sido entendido por la CIDH como la moderación en el actuar de los agentes del orden que procurará minimizar los daños y lesiones que pudieren resultar de su intervención, garantizando la inmediata asistencia a las personas afectadas y procurando informar a los familiares y allegados lo pertinente en el plazo más breve posible[13]. Los agentes legitimados para hacer uso de la fuerza deben “aplicar un criterio de uso diferenciado y progresivo de la fuerza, determinando el grado de cooperación, resistencia o agresión de parte del sujeto al cual se pretende intervenir y con ello, emplear tácticas de negociación, control o uso de la fuerza, según corresponda[14]. Circunstancias como “la intensidad y peligrosidad de la amenaza; la forma de proceder del individuo; las condiciones del entorno, y los medios de los que disponga el funcionario para abordar una situación específica” son determinantes al momento de evaluar la proporcionalidad de las intervenciones de las autoridades del orden, pues su despliegue de fuerza debe perseguir en todo momento “reducir al mínimo los daños y lesiones que pudieran causarse a cualquier persona. La dificultad está en la inmediatez de la toma de la decisión por parte de las fuerzas del orden público, lo que debe requerir una capacitación y un entrenamiento muy acuciosos.
  1. Tal como lo ha señalada la Corte Interamericana[15] de Derechos Humanos, debe existir un marco previo y actualizado de normas jurídicas internas que regulen la actuación de los órganos del poder público del estado para su aplicación observando en todo momento la normativa internacional sobre el respeto a los derechos fundamentales de las personas a las que les debe ser aplicada. Basado en tal principio, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, de la Organización de Naciones Unidas, Oficina del Alto Comisionado en Materia de Derechos Humanos postulan en su numeral 11 que la normativa interna debe:
  2. a) Especificar las circunstancias en que tales funcionarios estarían autorizados a portar armas de fuego y prescriban los tipos de armas de fuego o municiones autorizados;
  3. b) Asegurar que las armas de fuego se utilicen solamente en circunstancias apropiadas y de manera tal que disminuya el riesgo de daños innecesarios;
  4. c) Prohibir el empleo de armas de fuego y municiones que puedan provocar lesiones no deseadas o signifiquen un riesgo injustificado;
  5. d) Reglamentar el control, almacenamiento y distribución de armas de fuego, así como los procedimientos para asegurar que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley respondan de las armas de fuego o municiones que se les hayan entregado;
  6. e) Señal los avisos de advertencia que deberán darse, siempre que proceda, cuando se vaya a hacer uso de un arma de fuego; y
  7. f) Establecer un sistema de presentación de informes siempre que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley recurran al empleo de armas de fuego en el desempeño de sus funciones
  1. “Responsabilización”, es decir, la acción responsable de quienes deben aplicarla, lo que supone la preexistencia de protocolos de actuación, niveles de responsabilidad, de coordinación, etc.
  1. Sustentabilidad institucional, mediante una policía moderna, que opera bajo criterios de legitimidad, profesionalización, eficiencia, eficacia, transparencia y control operativo, siempre dentro de un marco de pleno respeto a la constitucionalidad y sus preceptos fundamentales.
  1. Excepcionalidad, esto es, la consideración de que la aplicación de la fuerza pública es un recurso de última instancia y con carácter excepcional y de que siempre habrá que prevenir y disminuir a si mínima expresión el riesgo de un eventual abuso, previendo las sanciones y medidas correctivas correspondientes. Refiere a la posibilidad de recurrir a “las medidas de seguridad ofensivas y defensivas estrictamente necesarias para el cumplimiento de las órdenes legítimas impartidas por la autoridad competente ante hechos violentos o delictivos que pongan en riesgo derechos fundamentales de la personas [16]”, refrendado en el Principios sobre el empleo de la fuerza n° 4, al establecer:

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Podrán utilizar la fuerza y armas de fuego solamente cuando otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.

Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que de conformidad con las circunstancias del caso, resulta “preciso verificar si existen otros medios disponibles menos lesivos para tutelar la vida e integridad de la persona o situación que se pretende proteger[17]. De manera concreta ha establecido también que no se puede acreditar este requisito cuando las personas no representan un peligro directo, “inclusive cuando la falta del uso de la fuerza resultare en la pérdida de la oportunidad de captura”.[18]

  1. Humanidad, es decir el uso de este recurso excepcional con plena observancia y respeto a los derechos fundamentales y la normativa nacional e internacional aplicable.

La forma en que son consideradas estas premisas varia también del contexto, geográfico, demográfico, cultural, político, contingencias por desastres, etc. donde deban de ser aplicadas.

Estos criterios se han generalizado prácticamente en todos los países de América latina, dando un matiz homogéneo a la conceptualización del uso de la fuerza en los países de la región, aunque existe diversidad de criterios, primeramente, en cuanto a su uso y la forma de controlar el riesgo de un eventual abuso; luego en la modernización a las normas e instrumentos para controlar su ejercicio, y finalmente para involucrar procesos de mejora continua en términos de profesionalización y responsabilización policial (police accountability).

Medidas de coacción:

Si bien la aplicación de la fuerza es de carácter excepcional, los casos en los que esta puede darse son múltiples y de muy variada naturaleza. El asunto no está en su aplicación legítima sino en sus también muy diversas expresiones inadecuadas que se dan por el abuso, el exceso, la ilegitimidad, que lejos de ser actos de fuerza pública, se convierten en manifestaciones de violencia, inobservancia de principios constitucionales básicos y violaciones a los derechos humanos de quienes las sufren. Entre las medidas de coacción de empleo más generalizado entre los cuerpos de seguridad pública se encuentra el arresto, el cual tiene diversas modalidades entre las que se encuentran las siguientes:

  1. Detención en flagrancia, para impedir la comisión de un delito o falta o bien, la huida de quien pudiera haberlo cometido en ese momento.
  2. Detención y puesta a disposición de la autoridad competente para verificar ordenes de aprehensión pendientes; o como medida cautelar en el marco de una investigación jurisdiccional.
  3. Detención por sospecha, como resultado, por ejemplo, de una acción de verificación de identidad, vinculación a grupos de crimen organizado.
  4. Detención por razones de orden público, por la comisión de actos ilícitos en manifestaciones, marchas, protestas, etc., que alteren la paz y el orden social.
  5. Custodia temporal por la comisión de faltas administrativas o mientras una autoridad decide sobre su prisión formal.
  6. Detención por hechos relacionados con una investigación delictiva (interrogatorios, aporte de pruebas).
  7. Restricción a la circulación vehicular o peatonal por diversas causas de la actividad urbana.

El incumplimiento o desacato, podría provocar la aplicación forzosa de la norma o en su caso, de la sanción respectiva.

Contención de la Violencia en Centros de Detención y Reclusorios.

La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha detectado algunas causas por las que principalmente se da la violencia en este tipo de centros: a) las condiciones precarias de detención y la falta de servicios básicos esenciales para la vida de las personas privadas de libertad; b) el hacinamiento; c) los altos niveles de corrupción y la falta de supervisión y control institucional; d) las disputas entre internos o entre bandas criminales por el mando de las prisiones o el control de los espacios, la droga y otras actividades delictivas; y e) la posesión de armas por los reos[19].

En tal sentido la misma Comisión considera que el uso de la fuerza pública para contener o neutralizar este tipo de actos de violencia en centros de detención y reinserción debe aplicarse solo en casos excepcionales y como último recurso, después de haber agotado los medios de persuasión, disuasión y negociación, y que en tal situación podrá realizarse únicamente en las siguientes circunstancias: a) cuando corra peligro la integridad física o la vida de las personas (legítima defensa); b) cuando haya una tentativa de evasión; y c) cuando haya una resistencia por la fuerza o por inercia física a una orden basada en la ley o en los reglamentos; y que en caso de presentarse motines, las autoridades responsables deben aplicar sus estrategias y acciones “con el mínimo daño para la vida e integridad física de los reclusos”[20].

Uso de la Fuerza Pública en acciones de control migratorio.

Por desgracia son cada vez más recurrentes las noticias donde se da a conocer el los cuerpos de seguridad y militares en el desarrollo de tareas relacionadas con el control fronterizo, operativos migratorios o actividades de control de diversos tipos, ejercen la fuerza de manera excesiva contra migrantes.

Un ejemplo ilustrativo se da desde el ámbito oficial del gobierno norteamericano en el reporte que hace la oficina de aduanas y protección fronteriza (Customs and Border Protection, CBP) sobre los incidentes presentados y las respectivas acciones realizadas durante el quinquenio 2011 – 2015, en donde se han empleado armas letales y menos letales. Si bien el reporte significa un paso en la rendición de cuentas de este organismo, el Consejo Americano de Inmigración (American Immigration Coucil) señala la grave omisión que ha cometido al no especificar ni transparentar la forma y el contexto en que fueron usadas dichas armas, los procedimientos y protocolos empleados, la metodología para la medición de los incidentes y la determinación sobre su uso[21].

Uso de la Fuerza Pública contra trabajadores de los medios de comunicación.

No podemos dejar de señalar este aspecto que en México se ha convertido de la mayor relevancia dado el incremento tan notorio de acciones desde el poder público contra los enviados de los medios de difusión masiva de información, no obstante que en muchos de los ordenamientos, manuales y protocolos ya se prevén normas y lineamientos especiales para salvaguardar la integridad física reporteros, camarógrafos, periodistas, personal de apoyo técnico en el desarrollo de su labor tan importante y tan ligada al ejercicio del derecho a la libre manifestación de las ideas por parte de los grupos que se manifiestan y protestan en actos públicos por diversas acciones gubernamentales y de otros tipos.

Uso de la fuerza letal como último recurso.

Como fuera expresado por el Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, durante la audiencia de la CIDH sobre Protesta social y derechos humanos en América[22], el uso de la fuerza letal es regido por el principio de protección a la vida, ya que su uso será legítimo, proporcional y necesario solo si es el último recurso disponible para proteger otra vida, y por ende, su empleo no será justificado cuando se busca, por ejemplo, proteger la propiedad, evitar lesiones leves, o restablecer el orden público

Si bien vale mencionar que en la mayor parte de los países del continente americano se han puesto en vigor diversos ordenamientos en materia de uso de la fuerza púbica[23], que ya contemplan entre otros aspectos estándares internacionales, principios generales, protección de los derechos humanos de los contenidos y detenidos y mecanismos de gradualidad para su aplicación operativa. Sin embargo, en algunos de ellos quedan aún sin resolver temas como la intervención de cuerpos militares en las acciones de seguridad, claridad de conceptos en cuanto a la justificación del uso de la fuerza ante manifestaciones sociales; diferenciación de los diversos escenarios donde puede y debe ser aplicada; vacío normativo que da pie a la discrecionalidad y la impunidad.

En todo caso, lo que ha faltado hasta el momento en términos generales es el diseño y puesta en operación de políticas, programas y acciones concretas para cambiar la cultura institucional de los cuerpos de seguridad para asumirla como un instrumento de seguridad ciudadana y reiteramos, la capacitación y el adiestramiento de los elementos de estos cuerpos para poder aplicar la normativa y los procedimientos de acuerdo a las circunstancias que exija cada evento.

En el caso de las entidades federativas de la República Mexicana, es importante remarcar que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal ya prohíbe el uso de armas letales “en la dispersión de manifestaciones” y en su artículo 25 dispone que “en caso de que una manifestación sea violenta” la “Policía preventiva y complementaria debe: i) conminar a los manifestantes a que desistan de su actitud violenta; ii) advertir claramente que de no cesar la actitud violenta, se usará la fuerza; iii) en caso de que los manifestantes no atiendan al Policía, ésta hará uso de la fuerza conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento; iv) ejercitar los distintos niveles de uso de la fuerza, solamente hasta el relativo a la utilización de armas incapacitantes no letales”.

No obstante que la CIDH ha manifestado su “preocupación” por la vaguedad y amplitud (sic) de los términos que utiliza ese ordenamiento para determinar que una manifestación será considerada como “violenta”, cuando “en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se provoca la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana”[24].

Al respecto cabe mencionar también que es preciso resolver en definitiva, al menos para efectos normativos, el marco de reciprocidad de derechos y obligaciones tanto de parte de los cuerpos de seguridad y el uso de la fuerza pública que puedan ejercer y de parte de los grupos de manifestantes quienes no obstante estar en toda libertad de ejercer sus derechos civiles a la libre expresión y manifestación de sus ideas, deben como en el caso de los demás derechos fundamentales hacerlo en un marco de orden y respeto a los derechos de terceros, pues por el contrario, tal como sucede en la actualidad seguirían manejándose en un contexto de contradicciones y contraposición de derechos, lo cual es perfectamente viable, tal como lo demostró la manifestación de estudiantes y maestros del politécnico el 29 de septiembre de 2014[25].

En tal sentido El Congreso de Quintana Roo aprobó la Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo, publicada el 4 de julio de 2014. En la que permite el uso de las vías públicas para manifestaciones, pero al mismo tiempo determina que los particulares “no podrán limitar o restringir el tránsito de peatones y vehículos” además de prohibir el bloqueo de vías públicas (Artículos 15 y 29, fracción XXXV). Algunas de las infracciones que considera son la de “realizar actos que de manera ilícita afecten el normal funcionamiento de las acciones del Estado, los municipios, la actividad económica, turística y social política del estado de Quintana Roo” o hacer ruido excesivo (Art. 29. VI y XXXVII). En adición, dispone que la administración pública “tomará las medidas necesarias” si durante las manifestaciones, marchas o plantones “se altera el orden o paz públicos, o se impide, entorpece u obstaculice la prestación de un servicio público o se produjera [sic] actos de violencia” (Art. 18)[26].

En fin, referente a este punto, es pertinente mencionar que la CIDH reconoce que no obstante es absolutamente necesario que las corporaciones de seguridad pública eviten el uso de armas letales en las manifestaciones, admite que es lícito que en los operativos pueden contemplar que en algún lugar fuera del radio de acción de la manifestación se disponga de armas de fuego y municiones de plomo para los casos excepcionales en los que se produzca una situación de riesgo real, grave e inminente para las personas que amerite su uso[27].

Mecanismos de Instrumentación Jurídico normativa: Mejora Regulatoria, Marco jurídico, manuales de organización, procedimientos y procesos.

Uno de los grandes problemas para la consolidación del Estado Constitucional es la ausencia de mecanismos para la el enfrentamiento y eliminación de la impunidad. En muchos casos se usa y abusa de la fuerza pública, no bajo el argumento de un estado de necesidad y de excepcionalidad, sino porque el elemento de seguridad sabe que no tendrá ninguna sanción si comete el abuso o exceso de fuerza.

Los hechos donde se presentan este tipo de actos a todas luces ilegales por la misma impunidad no cuentan con un respaldo de datos e información sobre ellos y por lo mismo su apreciación se mantiene en el terreno de la subjetividad.

De ahí que sea absolutamente imprescindible que todos los actos de organismos y servidores públicos en donde se ponga de manifiesto el uso abusivo de la fuerza pública y sus secuelas contra la vida, la integridad física y patrimonial de las personas y los grupos sociales, así como también los actos vandálicos y delictivos que se escudan en la supuesta protesta social, sean cuantificados, analizados, evaluados y en su caso sancionados.

En el primer caso, un avances significativo podría ser obtenido a partir de la puesta en operación de algunos mecanismos que den efectividad y mejores servicios de atención ciudadana, además de transparencia en la operación y una adecuada  rendición de cuentas en el uso de la fuera pública, entre los que señalamos de manera meramente enunciativa, los siguientes:

  1. Mejora Regulatoria y Modernización Administrativa para la optimización de la infraestructura, de los recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos y de los servicios brindados).
  2. Profesionalización de los servidores públicos, con capacitación y adiestramiento adecuados en todas las instituciones y sus áreas y a todos los niveles. El bajo nivel de profesionalización es en buena medida el causante de las deficiencias y abusos en el uso de la fuerza pública, pues a causa de ello las instituciones con incapaces de general un marco regulatorio y protocolos de operación eficientes.
  3. Políticas, programas y acciones institucionales de responsabilización (accountability), que implica distribución de responsabilidades, protocolos de actuación, entre otros aspectos.

Esta evidente necesidad de gobernanza contrasta con la realidad institucional que viven desde hace tiempo las fuerzas de seguridad pública, que si bien normalmente cuentan con preceptos constitucionales que la prevén al menos de forma declarativa, se carece de la legislación secundaria y normas administrativas de organización, funcionamiento interno y operación externa en la materia que permita su adecuada instrumentación y logre su eficacia en términos objetivos. Esto es quizá la causa principal de la anarquía y la discrecionalidad en la aplicación de la ley, pues a un lado de esta se crean normas, códigos y protocolos subjetivos y por lo tanto extra legales, que generan confusión, contradicción y al final de cuentas, impunidad.

Criterios para el uso de la fuerza según el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes 25 de marzo de 2013

  1. Legal: Que su acción se encuentre estrictamente apegada a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General que establece las bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, a la presente Ley y a los demás ordenamientos aplicables.
  2. Racional: Que el uso de la fuerza esté justificado por las circunstancias específicas y acordes a la situación que se enfrenta:
  3. Cuando es producto de una decisión que valora el objetivo que se persigue, las circunstancias del caso y las capacidades tanto del sujeto a controlar, como de la Policía;
  4. Cuando sea estrictamente necesario en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas de la Policía;
  5. Cuando se haga uso diferenciado de la fuerza;
  6. Cuando se usen en la medida de lo posible los medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de las armas;
  7. Cuando se utilice la fuerza y las armas so lamente después de que otros medios resulten ineficaces o no garanticen de ninguna manera el logro del resultado previsto.
  • Congruente: Que exista relación y equilibrio entre el nivel de uso de fuerza utilizada y el detrimento que se cause a la persona.
  1. Oportuno: que se aplique el uso de la fuerza de manera inmediata para evitar o neutralizar un daño o peligro inminente o actual, que vulnere o lesione la integridad, derechos o bienes de las personas, las libertades, la seguridad ciudadana o la paz pública; y
  2. Proporcional: que el uso de la fuerza sea adecuado y corresponda a la acción que se enfrenta o intenta repeler. Ningún Policía podrá ser sancionado por negarse a ejecutar una orden notoriamente inconstitucional o ilegal, o que pudiera constituir un delito. Toda orden con estas características deberá ser reportada al superior jerárquico inmediato de quien la emita.
    Los motivos por los cuales se da la intervención de la Policía, por lo que se refiere al tipo del delito o de orden a cumplir, no justifican por sí mismo el uso de las armas letales o fuerza letal, inclusive si los delitos de que se trate hayan sido violentos.

Algunas Reflexiones Finales:

Si bien el inicio de la emisión de normatividad jurídica en nuestro país respecto de los contenidos, formas y procedimientos para el uso de la Fuerza Pública por parte de los cuerpos de seguridad implica un avance significativo, hay que decir que existe coincidencia generalizada en que esta formalidad normativa no puede pensarse que sea eficaz por sí sola; tendrá siempre y en todo caso que ir acompañada de cambios en los manuales operativos, en los procesos y procedimientos, y sobre todo en la formación, capacitación y adiestramiento de los elementos de todas las corporaciones en los tres ámbitos de gobierno para transformar no solo de forma, sino de fondo la cultura institucional y de Cuerpo respecto de los distintos escenarios en los que resulte preciso el uso legítimo de la fuerza pública que abandone la visión represiva y se enfoque en una perspectiva de protección ciudadana y salvaguarda de los derechos humanos, tanto de los propios sujetos pasivos como de la población.

La actualización permanente del marco regulatorio, resulta ser de vital importancia en el uso de equipos y tecnologías para la contención y rechazo de las amenazas al orden y seguridad públicos, pues siempre tendrán que adaptarse a su creciente variedad, avance y sofisticación tecnológica, no solo en cuanto a su mera operación técnica, sino también a la adecuación de su empleo a las propias circunstancias de cada evento y en consideración a los principios básicos rectores del uso de la fuerza, y por supuesto previendo las sanciones respectivas por su uso inadecuado.

En todo caso, resulta de primer orden que se establezca a nivel sectorial en todos los ámbitos de gobierno además de la obligación de adecuar el marco regulatorio interno, la de dotar a los agentes de las corporaciones de seguridad con los equipos necesarios y apropiados para cumplir con sus atribuciones y a cada variable contemplada en los manuales y protocolos de actuación respectivos, y con un marco de sanciones formal, claro y transparente para quien no las observe; implementar adecuados medios de selección de personal, ofrecer entrenamiento y capacitación constante, así como evaluar regularmente y de forma integral el marco regulatorio jurídico, administrativo y operativo, la eficiencia institucional y las capacidades y desempeño individuales y colectivas.

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NOTAS AL PIE DE PÁGINA:

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/htm/1.htm

[2] Declaración Americana de los derechos del Hombre. UNAM, Cátedra UNESCO. http://catedraunescodh.unam.mx/catedra/SeminarioCETis/Documentos/Doc_basicos/2_instrumentos_regionales/1_Declaraciones/1.pdf

[3] Convención Americana sobre Derechos Humanos. Congreso de la Unión, Cámara de Diputados. http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm

[4] ONU, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, A/HRC/26/36, 1 de abril de 2014, párrafo 22.

[5] ONU, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, A/HRC/26/36, 1 de abril de 2014, párrafo 22.

[6] Comisión Interamericana de los Derechos Humanos CIDH. Informe Anual 2015. Op. Cit, p. 541

[7] Emeequis. México aumentó 92% su gasto militar en los últimos 9 años, reporta SIPRI. 7 de abril de 2016. http://www.m-x.com.mx/2016-04-07/mexico-aumento-su-gasto-militar-en-un-92-en-los-ultimos-9-anos-reporta-el-sipri/ .

Véase también: Banco Mundial: Gasto Militar % del PIB. http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS

[8] Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 31 de diciembre de 2009. París, Francia. pp. 100-101

[9] Ver por ejemplo Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal. Artículo 3 y ss. http://psm.du.edu/media/documents/national_regulations/countries/americas/mexico/mexico_ley_de_seguridad_privada_para_el_distrito_federal_24-01-05.pdf

[10] PNUD, Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con Rostro Humano. Diagnóstico y propuesta para América Latina, p. 150.

[11] En Accountability, Sistema Policial de rendición de cuentas. Centro de Investigación y Docencia Económicas, (CIDE). Instituto para la Seguridad y la Democracia, México, 2005. p. 154.

[12] Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Informe Anual 2015. http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2015/indice.asp

[13] Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2009. Párrafo 119.

[14] Corte IDH: Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros Vs Venezuela. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Serie C No. 281, párr. 134; y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 85.

[15] Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, 31 de diciembre de 2009, párrafo 97.

[16] Corte Internacional de Derechos Humanos. Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos. 31 de diciembre de 2009. Párrafo 116.

[17] Corte Internacional de Derechos Humanos (Corte IDH) Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párrs. 67-68; y Caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 85.

[18] Corte IDH: Caso Hermanos Landaeta Mejías y Otros Vs Venezuela. Sentencia de 27 de agosto de 2014. Excepciones Preliminares, Fondos, Reparaciones y Costas. Serie C No. 281, párr. 134; Caso Nadege Dorzema y otros. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012 Serie C No. 251, párr. 85; y Corte Europea de Derechos Humanos, Caso Kakoulli v. Turquía, No. 38595/97. Sentencia de 22 de noviembre de 2005, párr. 108.

[19] Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas. OEA/Ser.L/V/II.Doc. 64, 31 diciembre 2011, párr. 115 se puede consultar en www.oas.org/es/cidh/ppl/docs/pdf/ppl2011esp.pdf

[20] Heyns Christof. Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, A/HRC/26/36. ONU, Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. 1° de abril de 2014. Consultable en http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/BDL/2015/9931.pdf?view=1,%20p%C3%A1rr.%2076

[21] American Immigration Council. CBP Releases Use of Force Breakdown. Unclear what it means. 21 de octubre de 2015. Se puede consultar en http://immigrationimpact.com/2015/10/21/customs-and-border-protection-use-of-force/

[22] Audiencia sobre protesta social y derechos humanos en América. 154° período de sesiones. 16 de marzo 2015.

[23] Comisión interamericana de Derechos Humanos. Informe anual 2015. Op. Cit. 537 y ss.

[24] Asamblea Legislativa del Distrito Federal. IV Legislatura. Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública del Distrito Federal. Se puede consultar en http://www.aldf.gob.mx/archivo-f9c89a9ff39e8126800e6180ee86e224.pdf

[25] Olivares Emir y Martínez Fabiola. Osorio sale a la calle para dialogar con politécnicos. Diario La Jornada, 30 de septiembre de 2014. http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2014/09/30/cientos-de-estudiantes-del-ipn-salen-en-marcha-rumbo-a-gobernacion-4688.html

[26] Congreso del Estado de Quintana Roo. Ley de Ordenamiento Cívico del Estado de Quintana Roo. Disponible en http://congresoqroo.gob.mx/historial/14_legislatura/decretos/1anio/2PO/dec110/D1420140430110.pdf

[27] Consejo de Derechos Humanos, Resolución A/HRC/25/L.20, 24 de marzo de 2014, párrafo 10.

Las Policias Comunitarias en Guerrero: Algunas Reflexiones.

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LA POLICIA COMUNITARIA EN GUERRERO: 

Algunas Reflexiones Jurídicas, Políticas, Sociales

Por José Ramón González Chávez

Para acercarse y entender el tema, hay que mantener un enfoque autocrítico: Un informe reciente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señala que 71.9 % de los guerrerenses viven en condiciones inferiores a la línea del bienestar; en los 46 de los 81 municipios de la Entidad 68 % de la población se encuentra por debajo de esa línea y sin considerar Acapulco, llega a 75.6 % (la media nacional es de 51.6%).

De los indicadores establecidos por INEGI, Guerrero se ubica entre los lugares más bajos en desarrollo y más altos en inseguridad.

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Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (oct. 2014)

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Fuente: INEGI. Octubre 2013

Ya en 2013, antes de los lamentables hechos de Iguala, Guerrero ocupaba el primer lugar como la entidad con más violencia (Índice de Violencia por Entidad Federativa, Sistema Nacional de Seguridad Pública, milenio 23/10/2014), encabezando las listas de incidencia en delitos como Homicidio doloso, lesiones dolosas, robo con violencia, extorsión, secuestro.

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La solución que encontró el gobernador sustituto Aguirre, después de declarar la incapacidad gubernamental para afrontar la problemática en la materia, fue la autorización para crear las corporaciones de policía comunitaria.

La Policía comunitaria es una creación de las comunidades rurales en Latinoamérica. En México se sostiene socialmente sobre la premisa de la falta de capacidad de las autoridades locales o nacionales para afrontar la criminalidad en las zonas alejadas de los núcleos urbanos. En fechas recientes, algunas de estas organizaciones han tomado la decisión de reivindicar también derechos de carácter ecológico.

Por lo general sus elementos son voluntarios, sus cargos honoríficos, no remunerados; pero por otra parte, carecen de conocimientos operativos, tácticos y de derechos humanos, menos aún referentes al nuevo sistema constitucional.

En México y en el estado de Guerrero a esta premisa se le han añadido otros factores como la falta de presencia institucional de las autoridades de los tres órdenes de gobierno en las comunidades más afectadas: las severas deficiencias en los sistemas de seguridad preventiva, procuración e impartición de justicia, penitenciario y de reinserción social; la insuficiencia de recursos, la corrupción y la falta de capacitación en todos los organismos involucrados y a todos los niveles, por mencionar los más relevantes

En México, los estados donde han proliferado de manera más evidente son Michoacán y Guerrero, entidades con semejanzas en cuanto a sus entornos sociales, políticos, económicos y delictivos.

Surgimiento

En cuanto a las causas del surgimiento de estos cuerpos policiales en el estado de Guerrero, además de la inseguridad hay otros elementos también relevantes que deben considerarse como las severas carencias materiales, educativas y culturales, deficiencias en los sistemas de procuración e impartición de justicia, la corrupción y la insuficiencia de recursos para los municipios y localidades en rubros relacionados con la prevención y atención en seguridad.

La Policía Comunitaria es un sistema indígena basado en la iniciativa y aportación colectiva, el cual busca la seguridad pública y opera en materia de prevención, persecución y sanción de infracciones y delitos del fuero común (robo, violación, asesinato, abigeato, etcétera). La cual busca nuevas formas de reinserción del delincuente y del menor infractor.

La inseguridad pública y la falta de respuesta efectiva de las autoridades, fueron los principales factores que incubaron el Sistema de Policía Comunitaria. Si bien, los conflictos “tradicionales” en la región están conformados por riñas menores, violencia intrafamiliar, adulterio, abigeato, venganzas, asesinatos y pleitos por tierras, estos son generalmente problemas intracomunitarios, que son resueltos mediante mecanismos de las mismas autoridades.

En la década de los 80’s e inicio de los 90’s, a estos problemas se agregó un fenómeno de violencia armada y asaltos en los caminos de la Montaña y la Costa Chica. Las organizaciones y sociedades de producción, principalmente cafetaleras también fueron afectadas por la inseguridad en el traslado de sus productos y recursos económicos.

Cuando la seguridad pública es superada por condiciones sociales, crimen organizado, narcotráfico, y las acciones de la policía no son suficientes, podemos decir que hay una crisis de violencia social que impacta las estructuras de seguridad, he ahí la recurrencia a otras medidas de virtud de demandar a las dependencias de seguridad y justicia su intervención, o en el caso de los pueblos de la Costa Chica y Montaña asumir en sus propias manos nuevas modalidades de seguridad  como un intento de erradicar la delincuencia.

La ineficiencia y corrupción del sistema de seguridad pública en el estado fue uno de los principales factores para que entre 1993 y 1994, 40 comunidades mixtecas, tlapanecas, nahuas y mestizas e tres municipios de la Costa-Montaña, es decir los principales afectados por la inseguridad y constante violación de sus derechos fundamentales, apoyados por organizaciones sociales y la iglesia local, empezaron a reunirse para discutir y denunciar en asambleas los delitos padecidos. En estas asambleas participaron las organizaciones sociales y productivas de la región, pues además de la violencia como detonante para creación de la Policía Comunitaria, también lo fue la tradición organizativa para la región.

Las primeras comunidades en crear grupos de policías comunitarios fueron: Horcasitas (mestiza) y Cuanacaxtitlan (mixteca) ambas del municipio de San Luis Acatlán.

En 1995 se realizaron tres asambleas y en la tercera celebrada el 15 de octubre, se decidió crear la Policía Comunitaria, en principio integrada por voluntarios sin sueldo de las mismas comunidades, cuya función era recorrer los caminos y en caso necesario, detener a los delincuentes para remitirlos a las autoridades. Se crea el Sistema de Justicia Comunitario en el que se aplicaran sanciones y se administrara justicia. En el año de 1998, en la comunidad del Potrerillo Cuapinole, Municipio de San Luis Acatlán, se crea un órgano encargado de aplicar y administrar justicia comunitaria (con base en los usos y costumbres), dando nacimiento a la “Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias” (CRAC) de la Costa Chica- Montaña de Guerrero.

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Marco Jurídico Aplicable:

  1. A) Instrumentos Internacionales:
  2. Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
  • Artículo 4: Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho de libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas.
  • Artículo 5: Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.
  • Artículo 18. Los pueblos indígenas tienen derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopción de decisiones.
  • Artículo 20
  1. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, económicos y sociales, a disfrutar de forma segura de sus propios medios de subsistencia y desarrollo, y a dedicarse libremente a todas sus actividades económicas tradicionales y de otro tipo
  • Artículo 33:
  1. 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones. Ello no menoscaba el derecho de las personas indígenas a obtener la ciudadanía de los Estados en que viven.
  2. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las estructuras y a elegir la composición de sus instituciones de conformidad con sus propios procedimientos.
  • Artículo 34: Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos.
  • Artículo 35: Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar las responsabilidades de los individuos con sus comunidades.

Estos lineamientos hablan en términos muy generales sobre los usos y costumbres indígenas en el ámbito del sistema jurídico de los estados miembros; no hacen referencia al tema de la seguridad ni a los usos y prácticas que adoptan las comunidades que se van adhiriendo a las organizaciones.

La responsabilidad a la que se refiere es de carácter civil, esto es del individuo hacia su comunidad, no se refiere a responsabilidades administrativas ni menos penales.

  1. Convenio 169 de la OIT). El convenio n° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se refiere a la organización de las comunidades indígenas y tribales para asuntos de carácter laboral y de desarrollo, con el sentido de reivindicación de derechos colectivos originarios “arrebatados” por el Estado, argumento que es muy difícil aplicar de forma coherente, por ejemplo, en áreas urbanas como la capital del estado y en comunidades de reciente creación o establecimiento.
  • Artículo 8:
  • Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario. Dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias.
  • Artículo 9:
  • En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros.

El primer artículo se refiere a la consideración sus costumbres y derecho consuetudinario. Al respecto cabe mencionar que la propia carta magna federal señala que ninguna costumbre puede estar por encima de la Constitución.

En cuanto al segundo de los artículos citados es importante señalar que en otros idiomas como el inglés (en el que fue redactado originalmente el convenio) la palabra crime se usa para referirse no exclusivamente a los delitos, sino también a las faltas administrativas. Sería muy conveniente conocer el criterio de interpretación de la OIT de este apartado y no perder de vista que esta organización emite lineamientos y normas en materia laboral, no así de seguridad pública.

Cabe mencionar también que otras organizaciones invocan también de los artículos 1° al 7° e incluso, la totalidad del convenio.

En todo caso, valdría hacer una investigación jurídica formal sobre los instrumentos internacionales vinculantes en la materia.

B) Ordenamientos Nacionales

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

  • Artículo 2°: Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para:

  • Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
  • Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando la participación de las mujeres en condiciones de equidad frente a los varones, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados.

En la redacción de este artículo el constituyente procuró dejar a salvo con claridad los principios de supremacía constitucional y de respeto universal a los derechos humanos como condición previa para la aplicación de los usos y costumbres de las comunidades indígenas.

Algunas organizaciones también invocan los artículos 1° (Observancia general de los Derechos Humanos), 3° (Educación indígena) y 39 (Soberanía nacional). Curiosamente en ningún documento disponible se menciona el artículo 4° que es el que precisamente establece el régimen constitucional indígena.

Como en el caso anterior, es conveniente hacer un análisis jurídico minucioso para determinar las disposiciones de la constitución, las leyes secundarias, jurisprudencia, doctrina y otras fuentes e instrumentos jurídicos relativos y aplicables al tema de la seguridad pública en comunidades indígenas y en específico a la policía comunitaria.

C) Ordenamientos Locales.

Ley Número 701 De Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.

Es en esta ley, elaborada y publicada por el gobernador Ángel Aguirre, en donde encuentra realmente la policía comunitaria en el estado su fundamento legal directo.

  • Artículo 2. Es objeto de esta Ley el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Guerrero y de las personas que los integran; garantizarles el ejercicio de sus formas específicas de organización comunitaria, de gobierno y administración de justicia; el respeto, uso y desarrollo de sus culturas, cosmovisión, conocimientos, lenguas, usos, tradiciones, costumbres, medicina tradicional y recursos; así como el establecimiento de las obligaciones de la administración pública estatal y municipal del gobierno del estado y de los ayuntamientos para elevar la calidad de vida de los pueblos y comunidades indígenas, promoviendo su desarrollo a través de partidas específicas en los presupuestos de egresos respectivos.

Este artículo da fundamento a nivel de la legislación local, para el establecimiento de las policías comunitarias, su forma de organización y financiamiento a través de recursos del estado.

  • Artículo 6. Para efectos de esta ley se entiende por:
  • Autonomía. A la expresión de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas como parte integral del Estado de Guerrero, en concordancia con el orden jurídico vigente, para adoptar por si mismos decisiones e instituir prácticas propias relacionadas con su cosmovisión, territorio indígena, tierra, recursos naturales, organización sociopolítica, administración de justicia, educación, lenguaje, salud, medicina y cultura.

En este dispositivo al otorgar autonomía en materia de “administración de justicia”, faculta a las comunidades indígenas a erigirse también como órgano jurisdiccional, distinto a la realizada por las instancias judiciales, incluyendo por supuesto las derivadas de la implantación del nuevo sistema de justicia penal.

  • Autoridades Indígenas. Aquellas que los pueblos y comunidades indígenas reconocen de conformidad con sus sistemas normativos internos, derivado de sus usos y costumbres.
  • Sistemas normativos. Al conjunto de normas jurídicas orales y escritas de carácter consuetudinario, que los pueblos y comunidades indígenas reconocen como válidas y utilizan para regular sus actos públicos, organización, actividades y sus autoridades aplican para la resolución de sus conflictos.

Al respecto, se presenta un problema delicado en cuanto a la subjetividad en la determinación de estas normas que pueden ser coyunturales y por lo tanto carecer de carácter consuetudinario. Hasta el momento no existe un registro de esos usos y prácticas que para ser consideradas formalmente derecho consuetudinario deben tener a la vez continuidad en el tiempo y en su aplicación (inveterada consuetudo) y el reconocimiento general de la validez de sus contenidos (opinio iuris seu necesitatis).

  • Libre determinación. El derecho de los pueblos y comunidades indígenas para autogobernarse, tener su propia identidad como pueblo y decidir sobre su vida presente y futura.
  • Artículo 7. Al aplicar las disposiciones del presente ordenamiento y especialmente las relativas al ejercicio de la autonomía de los pueblos y las comunidades indígenas:
  • Los Poderes Ejecutivo y Judicial, así como los Ayuntamientos deberán:
    • Reconocer, proteger y respetar los sistemas normativos internos, los valores culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá considerarse la índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;
    • Reconocer los sistemas normativos internos en el marco jurídico general en correspondencia con los principios generales del derecho, el respeto a las garantías individuales y a los derechos humanos.

En este aspecto, reiterativo en los dos apartados que se citan, debió haberse asentado al principio de la redacción del artículo, añadiendo el respeto a la Constitución Federal y la estatal.

  • Artículo 8. Las comunidades indígenas del Estado de Guerrero tendrán personalidad jurídica para ejercer los derechos establecidos en la presente Ley.
  • Artículo 12. Esta Ley reconoce y protege a las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas, nombradas por sus integrantes de acuerdo a sus propias costumbres, garantizando la participación efectiva y equitativa de las mujeres y de los jóvenes mayores de dieciocho años, en un marco que respete la soberanía del Estado y la autonomía de sus municipios.

Estos artículos relacionados estrechamente, fueron redactados de manera laxa, pues solo proclaman la personalidad jurídica de las comunidades y la legalidad de los actos de sus autoridades, omitiendo precisar la forma de ejercicio en ambos casos ni las obligaciones correlativas a los derechos que establece.

CAPITULO I. DE LA AUTONOMÍA

  • Artículo 26. Esta Ley reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas del Estado a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía, para:
  • Aplicar sus sistemas normativos internos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución del Estado, respetando las garantías individuales, los derechos humanos, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres;

  • Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno.

Igual que en el caso del artículo 7°, la sujeción a la Constitución y por ende a los derechos fundamentales y sus garantías debió haberse incluido al principio de la redacción del artículo, pues de la misma forma deja suelto o sujeto a interpretaciones el concepto de libre determinación, correlativo por cierto al principio de autolimitación.

TÍTULO TERCERO: DE LA JUSTICIA INDÍGENA

CAPÍTULO I. DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS

  • Artículo 35. El Estado de Guerrero reconoce la existencia y la validez de sistemas normativos internos de los pueblos y comunidades indígenas con características propias y específicas en cada uno, basados en sus usos, costumbres y tradiciones ancestrales, que se han transmitido por generaciones, enriqueciéndose y adaptándose con el paso del tiempo, los cuales son aplicables en el ámbito de las relaciones familiares, de la vida civil, de la vida comunitaria y, en general, para la prevención y solución de conflictos al interior de cada comunidad. En el Estado, dichos sistemas se consideran actualmente vigentes y en uso y tienen como objeto, además de las ya mencionadas, abatir la delincuencia, erradicar la impunidad y rehabilitar y reintegrar social de los trasgresores, en el marco del respeto a los derechos humanos, las garantías individuales y los derechos de terceros, que marca el derecho punitivo vigente.

Este apartado faculta a las comunidades indígenas a contar con su propio sistema de seguridad pública, de procuración y administración de justicia, por lo que junto con la atribución legislativa de emitir sus propias normas jurídicas, también le otros facultades ejecutivas y judiciales.

  • Artículo 36. Para efectos de esta Ley se entiende por justicia indígena, el sistema conforme al cual se presentan, tramitan y resuelven las controversias jurídicas que se suscitan entre los miembros de las comunidades indígenas, o entre éstos y terceros que no sean indígenas; así como las formas y procedimientos que garantizan a las comunidades indígenas y a sus integrantes, el pleno acceso a la jurisdicción común de acuerdo con las bases establecidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la particular del Estado.

El procedimiento jurisdiccional para la aplicación de la justicia indígena, será el que cada comunidad estime procedente de acuerdo con sus usos, tradiciones y costumbres; con los límites que el estado de derecho vigente impone a la autoridad, a fin de que se garantice a los justiciables el respeto a sus garantías individuales y derechos humanos, en los términos que prevengan las leyes de la materia.

  • Artículo 37. El Estado de Guerrero reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa- Montaña y al Consejo Regional de Autoridades Comunitarias para todos los efectos legales a que haya lugar. Las leyes correspondientes fijaran las características de la vinculación del Consejo con el Poder Judicial del Estado y de su participación en el sistema estatal de seguridad pública, respetando la integralidad y las modalidades de las funciones que en cuanto a seguridad pública, procuración, impartición y administración de justicia se ejercen por el Consejo.

Conforme a lo previsto en Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y al orden de supletoriedad y objeto de la seguridad pública en ella establecidos, esta Ley confirma el reconocimiento de la Policía Comunitaria, respetando su carácter de cuerpo de seguridad pública auxiliar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias. Consecuentemente, los órganos del poder público y los particulares, respetarán sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones como actos de autoridad.

  • Artículo 38. Las decisiones tomadas por las autoridades de los pueblos y comunidades indígenas, con base en sus sistemas normativos internos, dentro de sus ámbitos jurisdiccionales, deberán ser respetadas por las autoridades estatales respectivas.

En el mismo sentido que en el comentario anterior, estos dos artículos dan fundamento legal local a la actuación de la policía comunitaria y las atribuciones legislativas ejecutivas y judiciales en la materia.

Tipos y Operación:

En la sociedad, los medios e incluso en el discurso político, influenciado el menos en su origen por el discurso del EZLN, suele considerarse erróneamente a la Policía comunitaria como similar a los grupos de autodefensa y otros tipos de organizaciones:

GruposModo y Ámbito de Operatividad
Policía Estatal y/o Fuerza Estatal.Cuerpo de seguridad del Estado, operativamente tiene presencia en todo el Estado de Guerrero; depende dela Secretaría de Seguridad Pública del Estado; está Uniformada y usa armamento autorizado, Su misión principal se centra en la prevención de delitos.

(Actúa dentro del marco legal)

 

Policía MinisterialCuerpo de Seguridad que está bajo las órdenes de la Fiscalía Estatal. Su función principal es investiga delitos y ejecutar órdenes ministeriales y judiciales.

(Actúa dentro del marco legal).

 

Policía MunicipalCuerpo de Seguridad correspondiente a los ayuntamientos estatales; está Uniformado y usa armamento autorizado. En algunos municipios (Tierra Caliente) se encuentra bajo el mando de la Policía Federal y en otros de la Fuerza Estatal y/o Municipal.

Su función es primordialmente preventiva.

(Actúa dentro del marco legal)

 

Policía RuralFue creado durante la gestión de Ángel Aguirre Rivero, con base en la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado, mediante Decreto número 292 de fecha 6 de diciembre de 2013, res reconocida como Órgano Operativo de Seguridad Pública del Estado. Cuenta con Reglamento Interno publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado el 7 de febrero de 2014, que precisa su actuación como Órgano Operativo Auxiliar de Seguridad Pública Estatal.

 

Actualmente conocida como Policía Estatal, está uniformada y debe hacer uso de armamento autorizado. Tiene actividad en la Sierra de Guerrero. Un destacamento de este grupo está en Chichihualco para convencer a las autoridades municipales a regularizar sus cuerpos de seguridad.

 

(Actúa dentro del marco legal)

 

Policía ComunitariaInicialmente conocida como la policía de las comunidades,

Responden a las estructuras de los pueblos indígenas; sus integrantes son nombrados por las asambleas comunales para brindar un servicio a los pueblos.

 

Organizada sobre la base de que se trata de un grupo de personas que buscan defenderse de la inseguridad ante la incapacidad de las autoridades de prestar el servicio.

 

Tiene a cargo funciones de policía preventiva, procuración de justicia, órgano jurisdiccional, institución moral.

 

Dice sustentar sus acciones en la ley 701 (aplicación de usos y costumbres indígenas) y el Convenio 169 de la OIT, con proyecto de seguridad indígena.

 

Principal Organización: CRAC-PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias).

 

Opera en Costa chica, Montaña y Región Centro.

 

Tiene Casas de Justicia en:

·         Espino Blanco, (Malinaltepec).

·         San Luis Acatlán.

·         Zitlaltepec (Metlatonoc)

·         El paraíso (Ayutla de los Libres)

·         Cochoapa (Ometepec)

 

Líderes: Nicasio Castro Agustín, Eliseo Villar Castillo, Abad García, Pablo Guzmán, entre otros.

 

Actúan al margen de la Ley.

 

Policía Ciudadana

 

Frente Ciudadano

 

Policía Ciudadana y popular.

Grupo de personas que buscan defenderse de la inseguridad causada por la delincuencia organizada y común, aunque algunos también dicen proteger a sus pueblos de intervenciones oficiales o de proyectos empresariales.

 

Opera en Huamuxtitlán

 

En Olinalá se ha vinculado con la CRAC-PC.

 

Principales Organizaciones:

 

1. Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana). UPOEG

 

Se instituye el 9 de enero de 2011.

 

Líder: Bruno Placido Valerio.

 

Opera en:

·         Marquelia

·         Cruz Grande

·         Ayutla

·         Tecoanapa

·         San Marcos

·         Tierra Colorada

·         Ocotito (Chilpancingo)

·         Xaltianguis (Acapulco).

·         En general, Costa Chica.

·         Petaquillas (Chilpancingo)

·         Mochitlán

·         Quechultenango

 

2. Frente Unido por la seguridad y el desarrollo del Estado de Guerrero. FUSDEG.

 

Opera al margen de la Ley.

 

Autodefensas.Son grupos de ciudadanos armados que buscan defenderse de las agresiones de la delincuencia organizada y los abusos policiacos. Sus integrantes no son nombrados por sus pueblos y por lo mismo, no les rinden cuenta de sus acciones.

 

Opera al margen de la Ley.

 

Movimiento “Adrián Castrejón”.

Opera en Apaxtla.

 

Organizaciones más importantes:

El 28 de junio de 1995 se presentó el hecho lamentable denominado después como la masacre de Aguas Blancas, que produjo la renuncia del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, siendo sustituido por Angel Aguirre Rivero. Una gran ola delictiva generada por la delincuencia organizada provocó que carreteras, caminos, veredas e  incluso las mismas  comunidades fueran víctimas de innumerables robos, asaltos, violaciones sexuales y asesinatos. Surge el EPR. Todas las autoridades fueron completamente rebasadas por la delincuencia, principalmente por complicidades con los delincuentes, omisiones, negligencias o, en el mejor de los casos, incapacidad y firmeza de decisión para combatirla.

El 28 de junio de 1995 la matanza de Aguas Blancas, generó una gran ola delictiva producida principalmente por el crimen organizado. Las mismas comunidades, y los usuarios de carreteras y caminos, fueron víctimas de innumerables robos, asaltos, delitos sexuales y asesinatos (en ese momento surge también el EPR). Las autoridades fueron completamente rebasadas por la delincuencia, no solo por los actos cometidos, sino además por complicidades de funcionarios con los delincuentes, omisiones, negligencias, sin contar la incapacidad y firmeza de decisión para enfrentarla.

En esta coyuntura, el 15 de octubre de 1995 nace en Santa Cruz del Rincón lo que sería la primera policía comunitaria. Impulsada por promotores como el cura de Tlapa, Mario Campos, logró conjuntar a representantes de 32 comunidades de la Montaña-Costa a lo que se sumaron las comunidades de Horcasitas (mestiza) y Cuanacaxtitlan (mixteca) ambas del municipio de San Luis Acatlán. Comenzaron haciendo recorridos y en su caso detenían a los delincuentes que iban detectando, poniéndolos a disposición del Ministerio Público que en la mayoría de los casos, los liberaba de inmediato, razón por la que en 1998 se creó el primer sistema de justicia comunitario en el potrerillo Cuapinole, también en San Luis Acatlán y con él la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC.

Ante varias divisiones por conflictos internos, esta organización posteriormente se autodenominaría “CRAC-PC (Policía Comunitaria), que a su vez se separaría en el grupo que dirige Cirino Plácido Valerio autodenominada “fundadores” y por otro la que dirigía Eliseo Castillo Villar y, actualmente lidera Abad García.

Entre sus líderes se encuentran Gonzalo Molina González, Arturo Mario Campos, Crino Plácido Valerio, Felicitas Martínez Solano, Jesús Reyes Bonifacio, Abad García, Pablo Guzmán entre otros.

Se estima que la CRAC-PC cuenta actualmente con cerca de mil trescientos elementos dentro de los territorios bajo su influencia, aunque este número es variable, ya que puede incrementarse en lo que denominan casos especiales.

  1. CRAC “Fundadores”.

Como resultado de las diferencias entre líderes, la organización original de la CRAC se fragmentó, dando creación a otros grupos.

Una de las fracciones era liderada por Eliseo Villar Castillo, quien ha sido considerado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CODEHUM) como luchador social. Sin embargo, a mediados de este año fue encarcelado en el penal de máxima seguridad de Perote, Veracruz y denunciado por los propios integrantes de la organización, quienes lo consideran un criminal, deslindándose de él. Según representantes de la organización como Ignacio Navarro Mosso, Armando Zavala Felipe, Jesús Carranza Rojas, Braulio Pimentel, argumentan que Eliseo Villar cometió infinidad de delitos (se le acusa de cerca de 40) y excesos, siendo apoyado desde su creación por el entonces Gobernador Aguirre Rivero.

Esta organización actualmente tiene su domicilio y centro de operaciones en la cabecera Municipal de San Luis Acatlán y es dirigida por Abad García, Pablo Guzmán, Felicitas Martínez Solano entre otros.

La otra fracción autodenominada “fundadores” tiene su centro de control en Santa Cruz del Rincón, está dirigida principalmente por Cirino Plácido Valerio, Jesús Reyes Bonifacio y otros.

  1. Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Surgió en 2012. Su antecedente organizativo está en la lucha de las comunidades por abusos en los altos cobros de las tarifas eléctricas. Se describe como una organización que surge en respuesta a los altos niveles de marginación y pobreza y para reivindicar el diálogo como la vía que incida en los procesos de gestión tendientes al desarrollo de sus zonas de influencia. Tiene como propósito promover el desarrollo comunitario y fortalecer su sistema de seguridad, defender la cultura y preservar los recursos naturales.

Es comandada por Bruno Plácido Valerio, quien ha sido beneficiario de medidas cautelares, que le han permitido contar entre otros privilegios, con transporte blindado y un grupo de policías estatales y armamento para su resguardo.

Opera en 21 municipios con cerca de 3,500 elementos, número que podría llegar a duplicarse en condiciones de lo que ellos denominan necesidad operativa.

  1. Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG)

Surgido recientemente como una separación de la UPOEG. A pesar de tener poco tiempo de creada, ya se han hecho públicas sus diferencias internas. Su zona de influencia abarca desde el municipio de Acapulco hasta Chilpancingo. El control de este corredor ha generado roces y enfrentamientos que han llegado a desembocar en homicidios entre bandos.

Varios de sus líderes han sido asesinados. Cuenta aproximadamente con 1,100 elementos activos (número variable) y ejerce su influencia en 5 municipios que integran dicho corredor.

Existe presencia de corporaciones de policía comunitaria en 46 de los 81 municipios del estado, la mayor parte de ellos ubicados en la costa, un corredor de la montaña hasta colindar con el estado de México y en los límites con el estado de Oaxaca.

Tanto su influencia y permanencia como su estado de fuerza no son uniformes, dadas las divisiones internas y la carencia hasta la fecha de un reglamento marco que ordene entre otros temas, el registro de efectivos, armamento, equipo y demás recursos.

Una amenaza importante para la paz social radica justamente en las diferencias entre los grupos de Policía Comunitaria; por diferencias de prioridades e intereses, que en muchos casos se reflejan en enfrentamientos armados en los que de manera sorprendente no es posible determinar el número de muertos y heridos (vgr. San Juan del Reparo, 30 de marzo de 2015; Xolapa, 6 de junio de 2015, Chilpancingo, 16 de julio de 2015).

Recientemente, se ha llegado a la firma de convenios de coordinación y colaboración entre la CRAC-PC y la UPOEG-SSJC con objeto de evitar enfrentamientos, aunque sus alcances en términos formales y materiales son muy limitados.

Presencia de las Policías Comunitarias en la entidad:

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos elaboró un mapa a partir de un estudio desarrollado en los municipios con presencia de policías comunitarias o ciudadanas. Como se desprende del siguiente gráfico, existe presencia de cuerpos de policía comunitaria en 46 de los 81 municipios del estado, distribuidos principalmente a lo largo de la costa, en un corredor en la montaña hasta la frontera con el estado de México y en los límites con el estado de Oaxaca.

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Su influencia, permanencia y estado de fuerza no son uniformes, dadas las divisiones internas y la carencia hasta la fecha de un reglamento que ordene entre otros temas, el registro de efectivos, armamento, equipo y demás recursos; depende de las circunstancias, pudiendo variar tanto el número de integrantes como su influencia territorial.

CORPORACIONESMunicipios donde tienen presenciaNúmero estimado de elementos
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC)

 

151,300
Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG)

 

213,500
Unión de Pueblos de la Costa Grande (UPCG)

 

4nd
Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP)

 

3nd
Policía Ciudadana de Olinalá

(CRAC-PCO)

 

1nd
FUSDEG

 

51,100
Nuevo Balsas

 

1200

Enfrentamientos entre corporaciones:

Una amenaza importante para la paz social radica justamente en las diferencias entre los grupos de Policía Comunitaria; por diferencias de prioridades e intereses, que en muchos casos se reflejan en enfrentamientos armados en los que de manera sorprendente no es posible determinar el número de muertos y heridos (vgr. San Juan del Reparo, 30 de marzo de 2015; Xolapa, 6 de junio de 2015, Chilpancingo, 16 de julio de 2015).

Recientemente, se ha llegado a la firma de convenios de coordinación y colaboración entre la CRAC-PC y la UPOEG-SSJC con objeto de evitar futuros enfrentamientos, aunque sus alcances en términos formales y materiales son muy limitados.

En un orden de ideas distinto, es importante destacar que existen en la constitución Federal disposiciones que impiden legalmente la existencia de cuerpos armados independientes del estado, ello sin perjuicio de que sus acciones en ciertos casos han llegado a ser violatorias de derechos fundamentales como el de legalidad, debido proceso, principio pro persona y de principios generales del derecho, como el de flagrancia, no hacerse justicia por propia mano, no penas infamantes, asumir en una misma organización facultades y funciones de carácter ejecutivo, legislativo y judicial, entre otros más.

El argumento en contra por parte de las corporaciones es que si estas desparecieran los pobladores de las comunidades bajo su mando quedarían en estado de indefensión, totalmente expuestos a agresiones de sus adversarios y de los propios delincuentes.

Imponen sanciones discrecionalmente, por conducto de la asamblea, sus principales o autoridades, anteponiendo el criterio de reparación, que pueden ser de tipo financiero (multas) y punitivo (encarcelamiento); e incluso sanciones de carácter moral englobadas en el término “Reeducación” cuya definición para el caso concreto es determinada por los principales, e implica el trabajo comunitario forzado durante períodos impuestos por ellos mismos; sesiones de charlas de reflexión sobre lo negativo de su conducta; manifestaciones de arrepentimiento, entre otras.

Reglamentación

Se ha explorado la posibilidad de presentar a las distintas organizaciones un Reglamento Tipo, que pudiera ser de utilidad para el establecimiento de un marco normativo básico para su organización, funcionamiento y relaciones con las autoridades en la materia, sin perjuicio de los matices naturales que pudieran llegar a tener por sus características propias.

Este Reglamento Marco se ha sugerido construirlo a partir de 5 ejes o vectores normativos:

1. Valores Sustantivos

 

  • Poner en el centro del Reglamento como valor jurídico protegido primordial a la comunidad, dentro del marco de respeto a los Derechos Humanos. Hacerla participar en las fases primordiales de creación y modificación de cada eje.
  • Incluir un Código de Conducta y Honor (decálogo)

 

2. Planeación.

 

Exponer con toda precisión:

  • ¿Qué es? (Definición, Concepto)
  • ¿Para qué se crea? (Visión)
  • ¿A quién sirve? (Misión, Objetivo)

 

3. Organización.Especificar:

  • ¿Cómo se integra? (forma de organización, mando)
  • ¿Cómo se crea su estructura orgánica, funcional; sus procedimientos?
  • ¿Con quién se integra (requisitos para pertenecer a ella, forma de elección y renovación de estado de fuerza, sin perjuicio de los establecidos por el sistema nacional)
  • ¿Cómo y quién hace los nombramientos, suspensiones y destituciones?
  • ¿Cómo y con qué organismos se coordina? (similares, estatal, nacional)
  • ¿A quién reporta? (Qué reporta al mando policiaco? ¿Qué reporta al Consejo estatal? al Sistema Nacional? ¿Qué reporta a la comunidad?
  • ¿Qué decisiones requieren refrendo o autorización de la comunidad?
  • ¿Cómo se crea y modifica su marco normativo?

 

4. Operación.

 

  • ¿Con qué presupuesto formal operará?
  • ¿Con que infraestructura y equipamiento?
  • Formación Inicial y Continua (operativa y administrativa)
  • Entrenamiento
  • Equipamiento (Armamento, Informática, Comunicaciones)
  • ¿Cuáles serán sus protocolos de operación? Quién los determina?
  • ¿Qué sanciones hay por incumplimiento, negligencia, violación a su marco normativo y de procedimientos?
  • ¿Quién impone las sanciones respectivas según el caso?

 

5. Evaluación
  • ¿Cómo serán evaluados tanto la institución como sus agentes? (evaluación normativa, técnica, operativa, administrativa)
  • ¿Quién hará la evaluación y ante quien se reportara la misma?
  • ¿Cómo rendirán cuentas? ¿Ante quién?

 

Bajo esta pauta  se elaboró un anteproyecto de Reglamento Marco de la policía comunitaria que fue puesto a consideración de las principales organizaciones (CRAC-PC) que iban a someterlo a análisis por parte de sus Asambleas, sin que hasta el momento se tengan noticias no observaciones al respecto.

Prospectiva.

La gobernabilidad más allá de aspectos teóricos, implica elementos prácticos. Involucra por un lado, equilibrio entre la legítima demanda social de seguridad y la capacidad de respuesta de las autoridades; pero por otro, responsabilidades compartidas entre gobierno y sociedad para construir y mantener condiciones adecuadas de orden, paz y seguridad.

La falta de compromiso y la indolencia de ambas partes, son elementos definitivos en la generación y el incremento de la incidencia delictiva, la impunidad y muchos de los agravios sociales que padece la entidad.

Es de reconocerse que en algunos casos, el fenómeno de la Policía Comunitaria en Guerrero ha pretendido mantener el espíritu original de contar con una organización autónoma que permita ofrecer seguridad, conciliar e impartir justicia en las comunidades indígenas de la entidad en un contexto históricamente violento y discriminatorio hacia sus pobladores. Sin embargo esta perspectiva no es la adoptada por la generalidad de este tipo de organizaciones, además de que en fechas recientes no se ubican exclusivamente en las zonas apartadas de los núcleos urbanos (se encuentran ya presentes en la propia capital del estado y Acapulco) y no necesariamente se integran por personas que pertenecen a comunidades indígenas ni menos aún tribales.

Por otra parte, grupos del crimen organizado y organizaciones con proyección e intereses divergentes a los principios que han impulsado su creación (vgr. CNTE; reforma energética, red de derechos humanos de Guerrero, #somos132), se han infiltrado en el mando y/o la operación de estos grupos lo que añade al tema un ingrediente de complejidad adicional.

Como solución, se ha intentado persuadirlas para integrarse a la figura constitucional de la Policía Rural, aunque se valora sus implicaciones en términos jurídicos, administrativos, presupuestales, pero también de control, transparencia y rendición de cuentas.

También se ha dejado de lado la forma y términos de la participación de este tipo de organizaciones en el esquema del nuevo sistema de justicia penal, dada la inminente instalación y puesta en operación de los centros integrales de justicia en diversas regiones de la entidad.

En estos momentos que inicia una nueva administración, es de urgente necesidad realizar un análisis que aborde el tema con la objetividad, amplitud y profundidad que merece y que desde hace tiempo ha quedado pendiente, que permita conocer y comprender en realidad sus ventajas y desventajas, aciertos y errores y que ayude a que las comunidades indígenas y afromexicanas apartadas de la entidad, puedan contar realmente con mayor seguridad, reducir sus niveles de violencia y conflictos locales, y ser consideradas como un factor importante pero no el único para lograr mejores estándares de vida, seguridad y desarrollo.

Sin duda el tema debe contemplarse dentro del marco de políticas públicas a establecerse en las políticas, programas y acciones del ejecutivo local en turno. En tal sentido, la finalidad del estudio es dar contenido y objetividad a los mismos, y con ello estar en posibilidad de ofrecer a la sociedad soluciones viables, posibles y realizables en materia de paz, seguridad y desarrollo.

Amnistía: Posibilidad o Falacia

amnistia
Por José Ramon González Chávez
Uno de los objetivos esenciales que explican la existencia misma del Estado es la necesidad de garantizar por parte del poder público, dentro del territorio o fuera de él en casos específicos, la integridad física, familiar y patrimonial de la población. Como parte de este fin primordial del Estado, el reconocimiento, protección y promoción de los derechos fundamentales mediante instrumentos e instituciones que los garanticen, conforma uno de los principales pilares en los que se sustenta todo sistema constitucional contemporáneo.
En consonancia con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Plan nacional de desarrollo, contempla en síntesis pasar de un Estado de Derecho, meramente legalista, a una Sociedad de derechos, garantista, en donde todos, sin excepción, tengamos posibilidad de ejercer nuestros derechos y cumplir con nuestras correlativas obligaciones apoyados en las garantías constitucionales y mediante el establecimiento de políticas públicas, programas y acciones específicos soportados en los medios necesarios que permitan convertirlos en actos concretos.
En todo Estado Constitucional, deberes y derechos se integran correlativamente en la actividad social y política. En tal sentido, a un lado de este marco de derechos y garantías, que son de y para todos, está el cumplimiento del deber, también de todos y todas, de acatar el orden constitucional.
Factores de distinta naturaleza que afectan actualmente al país, como la pobreza, la marginación y la inseguridad, inciden negativamente en el desarrollo armónico de la sociedad. Provocan, por parte de diversos grupos sociales, manifestaciones y protestas dirigidas a autoridades de los distintos ámbitos de gobierno, y en la exigencia de solución a sus planteamientos, algunos de sus miembros se ven involucrados en la comisión de actos delictivos, con el consecuente ejercicio de acciones legales en su contra.
Superada la etapa crítica del conflicto político y social y teniendo por supuesto que los móviles que indujeron en su caso a la comisión de actos delictuosos pudieron tener una intención altruista, aunque fuesen en su caso equivocados los medios puestos en práctica para modificar las injusticias reales o supuestas que dieron pie a la alteración del orden, es deber del poder público del Estado resarcir las heridas y encauzar la vida pública hacia una plena normalidad, propiciando el olvido de las diferencias surgidas, haciendo posible que las personas que pudieron haber cometido actos presuntamente constitutivos de delitos, se reintegren a la vida cotidiana en beneficio de su comunidad, su entidad y el país, sin detrimento del derecho a la reparación del daño de quienes pudiesen haber sido afectados por tales actos y el compromiso legal de no reincidencia de sus comisores.
Es así que la amnistía concilia partes en pugna para recuperar la armonía social. El proceso construcción de una paz duradera, a nivel local o nacional, exige la creación de condiciones que generen confianza en la sociedad, entre las que por supuesto se encuentra la creación y aplicación de disposiciones jurídicas de cumplimiento inmediato que hagan propicia la reconciliación y reunificación de los intereses en pugna y la reivindicación de los derechos de los afectados por ellos, en un marco de armonía, concordia y respeto compartidos.
En todo caso, la amnistía como acto del poder público del Estado –uno de los muchos mecanismos que deben intervenir para una paz duradera y constructiva-, debe contener ciertos elementos indispensables ente los más importantes: a) Ser decretada por razones de orden público para extinguir las acciones penales y las sanciones impuestas respecto de delitos comunes e infracciones contravencionales o disciplinarias que se hubiesen cometido con anterioridad; esto es, delitos no tipificados como graves por el derecho penal vigente; b) Produce la extinción de todas sus consecuencias represivas, sin individualizar a los destinatarios del beneficio, quienes no pueden renunciarlo; y, c) una vez reconocido por una resolución judicial como cosa juzgada, es irrevocable, pero d) Subsiste la reparación de daños y perjuicios y la responsabilidad civil, quedando a salvo los derechos de quienes puedan exigirla por haber sido victimas de daños a su integridad física o patrimonial, e incluye e) el compromiso de no reincidencia, esto es, de los que realizaron tales daños de no volver a actuar de esa manera.
Uno de los requisitos indispensables de toda Ley de Amnistía es su temporalidad. Lo que no es otra cosa que precisar por parte del Poder Legislativo del caso que corresponda el período de tiempo que va a cubrir en el que se dieron los acontecimientos delictivos y los daños a resarcir, lo que debe de ser concertado previamente con las partes y terceros involucrados, a fin de abonar a una reconciliación basada en el consenso general;
Los supuestos descritos con anterioridad se establecen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73 fracción XXII, dispositivo que otorga al Congreso de la Unión la atribución de conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la federación y que para decretarla a nivel estatal, deba hacerse mediante una Ley; que los delitos sean del fuero común, preferentemente vinculados a situaciones de conflicto social, y que beneficie a una pluralidad.
Sin embargo, la medida tiene un impacto mayor si atiende lo relativo a las consecuencias materiales y morales sufridas por las víctimas de los actos delictivos que se pretende olvidar, en el más decidido afán de encontrar puntos objetivos de encuentro entre las necesidades de paz y los estándares mínimos de otorgamiento de justicia que garanticen los derechos fundamentales de las víctimas y para los ofendidos, la verdad y la reparación del daño.
En el mismo sentido, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 485 fracción VI prevé la amnistía como una de las causas que extinguen la pretensión punitiva o la potestad de ejecutar las penas y medidas de seguridad impuestas, sin perjuicio de la reparación del daño –reitero- necesariamente correlativa a la amnistía en términos de dar realmente justicia, lo que por cierto nunca se ha mencionada ni siquiera de refilón en la mencionada propuesta del ocurrente y gracioso candidato presidencial.
Por su parte, la legislación federal de la materia insta a la Secretaría de Gobernación a proponer a los gobiernos de las entidades federativas a realizar las gestiones ante sus respectivos congresos para promulgar leyes de amnistía concordantes con lo dispuesto por el ordenamiento federal.
Por todo lo expuesto, podemos ver con toda claridad que lo dicho por el candidato del MoReNa y muchos de sus seguidores poco instruidos política y jurídicamente sobre la amnistía que pretende dar a narcotraficantes, sus cómplices o copartícipes de ganar las elecciones es poco o más bien nada innovador, pues la figura ya existe con antelación en la Carta Magna y sus leyes derivadas y ha sido desde siempre perfectamente aplicable y sus presupuestos jurídicos y políticos totalmente claros y comprensibles.
Pero además es falso, pues la posibilidad de aplicarla según la Constitución Federal es para delitos comunes y por actos relacionados con reivindicaciones políticas, no por razones de narcotráfico, delito que es del orden federal, sin contar otros aunados a este también graves los homicidios, los secuestros, las desapariciones, el lavado de dinero, entre otros y más falso aun pretender aplicarla sin sanciones para sus comisores ni reparación del daño para las víctimas, lo cual a todas luces convierte ese dicho en una real y soberana falacia.
Cierro mi exposición con un comentario marginal respecto del Indulto, figura jurídica que por ignorancia o ceguera política de mala o buena fe, incorrectamente se ha llegado a confundir o tomar como sinónimo de la Amnistía.
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua define el indulto como “La Gracia que excepcionalmente concede el jefe del Estado, por la cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna” o bien puede exceptuarla o eximir a alguien de sus obligaciones para con la ley. En concordancia con esta definición, jurídicamente el indulto implica la extinción de la responsabilidad penal por perdón de la autoridad bajo ciertas circunstancias.
En la legislación mexicana, el indulto se prevé en primer lugar dentro de las atribuciones conferidas al Presidente de la República en el artículo 89 fracción XIV en el sentido de: “Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales” del cual podemos extraer tres elementos característicos sustanciales: 1) Es atribución exclusiva del Ejecutivo como Jefe de Estado; 2) Se concede conforme a las leyes, esto es, según lo dispuesto en los ordenamientos secundarios de la materia; y 3) se otorga a los reos de delitos federales, quedando a cargo de los gobiernos estatales la expedición de sus respectivas leyes de indulto para quienes cometan ilícitos locales.
De ahí tenemos que el Indulto es distinto a la amnistía, pues en esta se trata del olvido del acto delictivo del orden común cometido por razones políticas, con el fin de lograr la paz y la armonía social; mientras que el Indulto supone el perdón de la pena, es decir, que el reo sigue siendo culpable de un delito federal pero se le ha perdonado la pena por encuadrarse a ciertas circunstancias de contexto, como por ejemplo: ser primo delincuente; no tratarse de un delito de crimen organizado y/o infamante o que tenga que ver con la vida e integridad de las víctimas; que se haya cumplido más de la mitad de la pena y que durante este lapso se haya tenido buena conducta, solo por mencionar las más comunes.
Además, el indulto a diferencia de la amnistía puede set total (extinción de las penas por todos los delitos cometidos) o parcial (remisión de alguna pena o conmutación por otra menos grave), y general (a todos quienes entren en el supuesto) o particular (a una persona en específico).
Por lo tanto, esta figura tampoco podría ser aplicada tal como lo propone el candidato presidencial del MoReNa para los narcotraficantes, sus cómplices, coautores o copartícipes, tal como lo han reconocido varios de sus asesores, pues tanto en el indulto como en la amnistía, los delitos de crimen organizado están excluidos del beneficio del olvido o del perdón.
Grave es construir falsas expectativas mediante falacias, pero más grave aún aprovecharse de la ignorancia o la buena fe de los ciudadanos –o ambas cosas- para hacerse el simpático pasándose por el arco del triunfo la ley y con ello pretender conseguir más votos.