Impunidad Garantizada

Una reflexión del Profesor Diego Valadés hecha en agosto de 2018 pero cuyo contenido mantiene vigencia, mas aun que como puede constatarse, por desgracia los factores clave para la reversión del asunto, (liderazgo, voluntad política, decisiones oportunas y adecuadas) siguen brillando por su ausenci, y ahora con mayor fulgor, y no solo la situación se ha mantenido sino aun peor, se ha agravado.

Bien merece ser leída y por supuesto comentada. Saludos cordiales.

José Ramón González Chávez

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IMPUNIDAD GARANTIZADA
Por Diego Valadés

La violencia generalizada en el país tiene muchas causas. En términos generales el factor principal es el desarreglo institucional que se ha acumulado por décadas.Entre los elementos más perceptibles del déficit institucional que padecemos figura la discrecionalidad de quienes ejercen el poder.

Cuando un sistema está a expensas de las decisiones personales, lo mismo sucede que quien las toma lo haga con sabiduría política, honestidad y patriotismo, o que proceda de manera frívola, complaciente o caprichosa.

El mundo entero está presenciando y sufriendo los efectos de la discrecionalidad extrema en el poder. El hecho de que un solo sujeto, en este caso el presidente de Estados Unidos, pueda afectar la ecología planetaria y desfigurar el complejo sistema comercial del mundo sin que haya un aparato institucional que lo impida, denota las deficiencias agudas de los sistemas presidenciales que no se han renovado.

La situación de México es semejante. El régimen de gobierno se acomoda a las características de presidentes, gobernadores y alcaldes en sus respectivos ámbitos de poder, pues los mecanismos representativos son muy débiles. Las consecuencias son conocidas.

De cada titular en cada nivel de gobierno depende la solución de los problemas. Si los elegidos para esos cargos tienen atributos para resolver los agobios dominantes, son viables algunas soluciones, pero su vigencia está limitada a la presencia de los personajes, no a la permanencia de las instituciones jurídicas y políticas.

No dudo que en materia de seguridad el próximo gobierno federal ofrezca buenos resultados, aunque sus efectos estarán limitados al periodo sexenal. Si la fuente de los remedios sigue siendo una persona, lo más que se puede esperar es que también acierten los elegidos en 2024, en 2030 y así en lo sucesivo, en tanto carezcamos de instrumentos institucionales para que las políticas del Estado sean estables, evaluables, corregibles y controlables y duraderas.

En el caso del combate a la violencia todo indica que los titulares de los órganos gubernamentales incumbidos de llevarlo a cabo están tomando su papel en serio. Esto es positivo, pero no bastante si se mantiene incólume el deficiente entramado institucional que propicia la impunidad.

La violencia delictiva es un asunto que exige respuestas políticas y jurídicas; no es un tema de policías y ladrones. El meollo de la cuestión es que los sistemas federal, judicial, de gobierno, representativo y, de manera general, el ordenamiento jurídico, no están alineados para generar sinergias pues obedecen a lógicas distintas y se fueron construyendo de manera desordenada, fragmentaria e incluso contradictoria.

Ayudará cambiar de estilos, estrategias y tácticas, así como mejorar los sueldos, la capacitación y el equipamiento en las áreas de seguridad. Todo esto podrá dar resultados favorables que se adviertan en los indicadores delictivos. Empero, si subsisten las deficiencias jurídicas y políticas, la impunidad impedirá que esos efectos se consoliden en el largo plazo.

Está demostrado que la incidencia delictiva depende de la tasa de impunidad. Las acciones preventivas y represivas del delito son sólo una parte de lo que se requiere. En una gran estrategia de combate al delito, la integridad y la capacidad de las fuerzas de seguridad son indispensables; pero esto representa apenas un factor que debe ser complementado por otras medidas políticas y jurídicas.

Como en tantas ocasiones previas, la sociedad y sus expertos están siendo convocados a foros catárticos. Además del desahogo, habrá algunas opiniones valiosas. En cambio, falta que el Estado reaccione ante el desprestigio y también se escuche a sí mismo.

Contra el estereotipo, en el servicio público hay mucha gente honesta y experimentada. Existen administradores, juzgadores y agentes de seguridad al tanto de los errores legales y administrativos que propician la impunidad, pero lejanos a quienes deciden. A ellos también conviene oírlos.

Para que la pacificación del país sea amplia y duradera es menester revisar el federalismo, el amparo, el garantismo y el sistema de pruebas judiciales, porque en el ordenamiento jurídico nacional abundan las garantías para la impunidad, en perjuicio de las libertades y del Estado de derecho.

Sistema Penitenciario: La cara olvidada de la reforma al Sistema de Justicia

A casi dos años de que la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en la administración anterior (en la actual la “Estrategia” se limita al campo de la retórica) dieran a conocer su denominada Estrategia Integral para la Transformación del Sistema Penitenciario, en México parece ser que en ese tema las cosas no solo no han mejorado sino que van de mal en peor.

Casualmente y casi como burla, después de la publicación de esta “estrategia” se siguen dando en muchos penales, quizá con mayor acento, las fugas y motines, sin contar otras tantas y tantas fugas –no tan famosas y por eso menos difundidas- de reos de prisiones, ahora llamadas con el rimbombante, postmoderno y hasta absurdo tilde de “centros de reinserción social” de todas las categorías, desde las municipales hasta los llamados Centros de “Máxima Seguridad”.

La Seguridad Pública es (debería ser) un sistema, compuesto de elementos  vinculados entre sí para que pueda ser considerado como tal y no, como se sigue apreciando, una serie de piezas de un rompecabezas sin armar. Las declaraciones recientes del Fiscal General Gertz Manero respecto del debido proceso y la presunción de inocencia son muy elocuentes respecto de esta desarticulación.

En un Sistema Integral de Seguridad Pública Nacional, el primer eslabón de la Cadena es la Seguridad Preventiva, representado por la policía de azul que en nuestro país ya es de muchos colores, pues en ella se supone que están interviniendo los cuerpos policiacos a todas las escalas de gobierno, que siguen jugando como equipo llanero sin llegar todavía a ponerse de acuerdo sobre qué hace cada una, en qué casos, bajo qué protocolos, etc.; pero también y ante su ineficiencia e ineficacia, desde la administración de Fox hasta la fecha también intervienen en esta labor todas las fuerzas armadas: el ejército, la marina y la fuerza aérea y ahora para sumarle al caos, la denominada Guardia Nacional. Se continúa gastando y gastando dinero de la ciudadanía en esto y los resultados incluso son peores que nunca. Prevalecen la falta de atención, de planeación, de información interna y externa, de capacitación (sigue habiendo una altísima rotación de personal, entre altas, bajas, cambios de adscripción, mayor a 40% al año), de coordinación operativa, de mejora regulatoria, de procesos y procedimientos, de participación ciudadana, además de la corrupción interna, la falta de transparencia y de evaluación honesta de resultados.

El segundo es la Procuración de Justicia, medio que padece los mismos males que el anterior, más vicios arraigados que se mantienen al interior de las procuradurías, ahora llamadas “fiscalías, y entre ministerios públicos, peritos, policías ahora llamados “ministeriales” y personal administrativo. Cambian y cambian los nombres, la retórica, pero la cultura organizacional, las formas de operación siguen siendo las mismas de siempre.

El tercero es la Administración de Justicia ámbito en cuya reforma también se han gastado miles de millones de pesos, incluyendo la pretendida implantación del nuevo modelo de justicia penal acusatorio, iniciado, aunque solo en materia penal (la justicia abarca muchos otros temas aparte de ese) en 2008, implantado después de 8 años por decreto, pero cuya operación real sigue no solo pendiente (en algunos estados ni se ha empezado o se lleva un avance mínimo) sino al parecer suspendida y sus resultados siguen siendo prácticamente imperceptibles para la población.

El cuarto eslabón de esta cadena es precisamente el Sistema Penitenciario que, como lo hemos hecho notar en no pocos foros, no ha sido tocado durante todo este tiempo, quedando virtualmente en el olvido hasta el lanzamiento en enero de 2016 de la mencionada “Estrategia” que de acuerdo al documento oficial de que disponemos como fuente consta (mientras no haya un ordenamiento que lo sustituya este sigue vigente) de seis “ejes”:

  1. Garantizar la gobernabilidad y despresurización de los penales federales y estatales;
  2. Mejorar y ampliar la infraestructura penitenciaria;
  3. Fortalecer la estructura tecnológica de todos los centros penitenciarios;
  4. Consolidar (sic) la capacitación y profesionalización del capital humano del sistema nacional penitenciario;
  5. Lograr la estandarización de todos los procesos y procedimientos del sistema penitenciario nacional; y
  6. Desarrollar un sistema integral para la reinserción social de las personas sentencias (sic) privadas de la libertad.

Pero además de estos “Ejes” la estrategia contiene cinco “Acuerdos” del Consejo del SNSP:

  • Consolidar el Registro Nacional de Información Penitenciaria;
  • Estandarizar la operación bajo protocolos homologados;
  • Crear un Sistema de Desarrollo Profesional que establezca la carrera penitenciaria;
  • Diseñar e implementar un modelo para la certificación de penales federales y estatales;
  • Elaborar un Programa Integral para la Reinserción Social.

Y como si fuera poco, a esto le siguen una serie de “Acciones” redactadas como cartas de buenos deseos en las que no voy a ahondar por exceder los límites de este espacio, además de que pueden consultarse en los sitios web de la Segob de l guardia nacional, la fiscalía general, e incluso con una breve investigación hemerográfica al respecto.

En lo que sí estará de acuerdo, mi único y distinguido lector, es que con todos estos Planes, estrategias “Ejes, Acuerdos y Acciones” y toda la verborrea burocrática oral y escrita que le acompaña, bien podría hacerse un libro o un ensayo amplio sobre todos y cada uno de ellos, analizando y reflexionando entre otras cosas: sobre lo que se ha hecho y gastado, lo que se piensa hacer para llevarlo realmente a cabo, el tiempo que tendrá que pasar para verlo convertido en realidad y con particular interés, qué se piensa hacer para darle significado objetivo, no meramente retórico, al término “reinserción social” que no sea otro que el dejar salir a los delincuentes de los penales, que es el que hasta ahora hemos visto y no sé por cuánto tiempo seguiremos viendo…